Mes: septiembre 2025

J. K. Rowling y las Personas Trans

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸) 

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Los mundos de fantasía siempre nos han hecho soñar. En ellos todo es posible, desde los sueños más hermosos hasta las pesadillas más tenebrosas. De la ilusión que producen encontramos muchas veces el valor para hacer aquello que tanto anhelamos, pero, también, el miedo puede hacer que vivamos siempre en las sombras. Todo eso está presente en las novelas fantásticas de toda clase y, en los últimos años, sin duda J.K. Rowling, ha sido sido un nombre de referencia para millones de jóvenes lectores de todo el mundo.  

Sin embargo, el nombre de J. K. Rowling, la autora de Harry Potter, también se ha convertido en los últimos años en sinónimo de polémica. Lo que empezó como una escritora querida por millones de lectores, con lecturas infantiles cargadas de magia y valores, se ha transformado en un referente mundial para un sector que cuestiona los derechos de las personas trans. Recientemente, Emma Watson, actriz que daba vida al personaje de Hermione en la saga de películas de Harry Potter, y que se ha mostrado a favor de los derechos de las personas trans, ha sido calificada como “ignorante” por Rowling. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos es clara: ¿tiene razón Rowling cuando dice defender a las mujeres frente a lo que ella entiende como un peligro que supone la autodeterminación de género de las personas trans, particularmente de las mujeres trans?

La respuesta, lo adelanto desde el inicio, es clara: no, Rowling no tiene razón. Es más, está totalmente equivocada. Pero vale la pena detenerse para explicar con calma qué ha dicho, qué consecuencias tienen sus palabras y, sobre todo, qué dicen las leyes y organismos internacionales sobre el tema. Porque este debate no va de “opiniones sin más”: aquí hablamos de derechos humanos, de vidas concretas y de la dignidad humana inviolable de toda persona. 

¿Qué dice Rowling realmente? Rowling ha repetido en varias ocasiones, a través de artículos, conferencias y, sobre todo, en redes sociales, una serie de ideas que giran en torno a lo mismo. Primero, que las mujeres necesitan espacios seguros exclusivamente para ellas, y que permitir que las mujeres trans accedan a esos espacios supone un riesgo. Segundo, que la transición de menores debería restringirse mucho más, porque según ella puede tratarse de una decisión precipitada. Y tercero, que cuestionar estos asuntos no debería considerarse transfobia, sino un debate legítimo dentro del feminismo.

En apariencia, parecería que el discurso de Rowling encaja dentro de la corriente de pensamiento que busca proteger a las mujeres. Pero, si se analiza de cerca, en la práctica lo que hace es presentar a las personas trans como una amenaza. Y eso no se corresponde con la realidad ni con la evidencia disponible. Además, ¿acaso las mujeres trans no son mujeres? Por supuesto que lo son. Las mujeres trans son mujeres y no pueden, ni deben, existir debate alguno al respecto. 

Pero, ¿qué dicen las normas internacionales? Antes de nada, hay que dejar claro que no estamos hablando de ideología, estamos hablando de derechos humanos. Así, la Organización Mundial de la Salud eliminó en 2019 la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es decir, ser trans no es una patología, ni algo a curar, ni un trastorno. No hay nada “enfermo” y, por tanto, no hay nada que “curar”. Así pues, como primera conclusión, tratar a las personas trans como personas “enfermas” debe ser considerado como un discurso profundamente discriminatorio que, sin duda, ha de ser considerado como transfobia que, además, también conduce a la criminalización sistemática y generalizada de las personas trans. 

Por otra parte, la ONU, a través de sus muchos informes y relatorías, ha dicho claramente que los Estados tienen la obligación de garantizar a las personas trans el derecho al reconocimiento legal de su identidad de género y personalidad jurídica sin requisitos abusivos. Lo mismo sostiene el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en varias sentencias ha dejado claro que la identidad de género forma parte del derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En el caso de España, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como “Ley Trans y LGTBI”, recogió estos estándares y reconoció el principio de autodeterminación de género. Desde entonces, una persona mayor de 16 años puede cambiar su nombre y sexo registral en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos ni de someterse a tratamientos hormonales. Para menores de 14 a 16 años se requiere acompañamiento de los progenitores o tutores, y de 12 a 14 autorización judicial. Es decir, no estamos ante un capricho ideológico. Estamos ante un derecho reconocido legalmente, alineado con lo que recomiendan los organismos internacionales. Quizá no sea la mejor ley y, por supuesto, queda corta en algunos casos y deja fuera de reconocimiento a las personas no binarias. Además, tampoco establece una regulación concreta para las personas migrantes trans, pero sí reconoce el derecho a la rectificación registral para personas extranjeras que no puedan realizarlo en sus países de origen, siempre que cumplan con los requisitos de legitimación de la ley. Ahora bien, también es cierto que, en muchos casos, se ha denunciado que la implementación de la Ley Trans ha sido muy lenta y excesivamente burocrática, dificultando el acceso efectivo de las personas trans a la modificación de sus documentos de identidad y otros documentos relacionados con la tarjeta sanitaria, los historiales médicos, los documentos tributarios y los de la Seguridad Social. Algo que puede solucionarse, al menos, con una mejor coordinación entre administraciones y una mayor formación del personal encargado de la tramitación y gestión de estos trámites. 

Volviendo a las historias de fantasía, de magos y brujas, y también de las leyendas y mitos de antaño, nos encontramos igualmente con el viejo e inexistente mito del “choque de derechos”. Para Rowling y quienes piensan como ella se suele plantear la defensa de los derechos de las personas trans como si existiera un choque inevitable entre mujeres cis y mujeres trans. Como si reconocer a las personas trans pusiera en riesgo a las demás mujeres. 

Pues bien, esto es un mito. Los sistemas de protección, como las casas de acogida, los centros penitenciarios, los vestuarios en instalaciones deportivas y los baños públicos, cuentan ya con protocolos de seguridad. Nadie niega que haya que garantizar que todas estén seguras. Lo que sí es falso es que las mujeres trans sean un peligro para las mujeres cis. Los datos son claros: la violencia en esos espacios la ejercen casi siempre hombres cis, no personas trans. Los casos de agresión son, como mucho, meramente testimoniales y suponen un porcentaje ínfimo que no tiene reflejo estadístico. Sin embargo, lo que sí tiene un respaldo estadístico claro son los casos de violencia, tanto física como sexual, que sufren las personas trans constantemente. Así, de acuerdo con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), alrededor de 65% de las personas trans en Europa han sufrido discriminación y violencia, tanto física como sexual, en el último año o en su adolescencia. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos datos no reflejan una realidad en la que el porcentaje de infradenuncia es especialmente elevado en el conjunto del Colectivo LGTBIQ+, muy especialmente en relación con las personas trans. Por tanto, colocar a las mujeres trans en el lugar de amenaza reproduce un estereotipo que no solo es injusto, sino profundamente dañino. Esto las convierte en sospechosas permanentes, cuando en realidad lo que sufren es una constante situación de violencia, odio y discriminación. 

Sin lugar a dudas, las palabras tienen un gran impacto. Muchas veces se pasa por alto las consecuencias que las palabras pueden llegar a provocar. Cuando una persona con la visibilidad de Rowling insiste en este discurso, que debe ser considerado como tránsfobo, no está “abriendo un debate académico”. La razón es sencilla: los derechos humanos no son objeto de debate, solo de respeto inexcusable. Así que, lo que verdaderamente ocurre con este tipo de discursos y falsos debates, es que se legitima a quienes buscan recortar derechos ya conquistados. 

Los datos son claros al respecto. Tras algunas intervenciones de Rowling en redes sociales, asociaciones trans han documentado un aumento del acoso y de la hostilidad en internet. Y esto no es casual. Los discursos de figuras de relevancia pública alimentan los prejuicios y refuerzan la idea de que hay algo sospechoso en reconocer la identidad de las personas trans. Además, todo esto ocurre en un contexto de auge de la extrema derecha en muchos países, con grupos políticos que ya niegan el feminismo, que atacan a los migrantes y que recortan libertades. Estos mismos grupos encuentran en las palabras de Rowling un argumento perfecto para justificar los retrocesos que pretenden llevar a cabo. Y lo grave es que se usa la bandera nacional o la bandera del feminismo para negar los derechos humanos y fundamentales a una minoría extremadamente vulnerable.

La realidad de las personas trans es muy distinta de la que se pretende mostar a la sociedad. Más allá de las teorías absurdas, conviene mirar a la vida real. Las personas trans tienen tasas altísimas de discriminación en el empleo, en la educación y en la sanidad. Sufren violencia en la calle, insultos en redes y rechazo familiar. Y tienen unas tasas de suicidio mucho más elevadas que la media de la población. Pero todos los estudios que avalan estos datos coinciden en algo: cuando se reconoce la identidad, cuando se apoya social y legalmente a las personas, estos riesgos se reducen de forma drástica. Reconocer los derechos y respetar la dignidad inherente de toda persona no mata a nadie; pero negar esos derechos y esa dignidad sí lo hace. Por eso, decir que permitir que una persona cambie legalmente su nombre y sexo es un peligro resulta, en el fondo, tan cruel como criminal. No hay datos que respalden estos argumentos totalmente falaces, pero sí hay datos de sobra que muestran el daño que causa a las personas trans la falta de apoyo y la negación de sus derechos más básicos y elementales.

Desde siempre el feminismo y la defensa de los derechos de las personas trans han sido aliados, no enemigos. Rowling se equivoca al contraponer la defensa de las mujeres y los derechos de las personas trans. No son luchas opuestas, son luchas complementarias. ¿Por qué? Porque el feminismo nació para cuestionar un sistema patriarcal que imponía roles rígidos, que negaba la autonomía y la dignidad de las mujeres. Las personas trans, precisamente, desafían esos roles de género que el patriarcado quiere mantener inamovibles. La causa es la misma: la libertad de ser, de vivir y de decidir sin imposiciones de nadie ni de ninguna estructura social. Así que la verdadera amenaza para las mujeres no son las personas trans. Son las violencias machistas, la desigualdad laboral, la brecha salarial, los techos de cristal, la falta de corresponsabilidad en los cuidados, las agresiones sexuales y los asesinatos que siguen llenando portadas y cabeceras de los informativos. Distraernos poniendo el foco en las personas trans es, en el mejor de los casos, un error; en el peor, un acto de complicidad cobarde con el patriarcado.

Con todo lo dicho hasta ahora, es momento de repetir la pregunta del principio. ¿Tiene razón Rowling? No, no la tiene. No tiene razón ni en lo jurídico, ni en lo social, ni en lo humano. Sus palabras no defienden a las mujeres, sino que las usan como burda y falaz excusa para cuestionar derechos humanos y fundamentales. La autodeterminación de género no quita derechos a nadie. Tampoco hace que las mujeres estén menos protegidas. Lo que sí hace es que una minoría, que lleva siglos invisibilizada, pueda vivir con un mínimo de dignidad, libertad y respeto.

Rowling podría haber usado su influencia para defender la igualdad de todas, pero eligió hacerlo para sembrar sospechas y alimentar prejuicios. Y ese error, viniendo de alguien con su poder mediático, es especialmente grave. Todo un auténtico discurso que debe ser considerado tránsfobo y fuera de toda lógica y pensamiento humanista. 

Las personas trans no son una amenaza: son nuestras compañeras, nuestros amigos, nuestras hijas, nuestros hermanos. Merecen vivir libres y sin miedo.

Reconocer la identidad de alguien nunca resta, siempre suma. Y negar esos derechos no protege a nadie, pero sí destruye vidas.

Cuando reconocemos a todas las personas en su diversidad, el mundo no se rompe, se hace más justo.

Esa es la «verdadera magia” de la igualdad. 

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
J. K. Rowling and Trans People

Fantasy worlds have always made us dream. In them, anything is possible, from the most beautiful dreams to the darkest nightmares. From the wonder they inspire, we often find the courage to pursue what we most long for, but fear can also keep us living forever in the shadows. All of this is present in fantastic novels of every kind, and in recent years, J.K. Rowling has undoubtedly been a reference point for millions of young readers worldwide.

However, the name J.K. Rowling, the author of Harry Potter, has also, in recent years, become synonymous with controversy. What began as a beloved author for millions of readers, with magical and value-filled children’s books, has turned into a global reference for a sector that questions the rights of trans people. Recently, Emma Watson, the actress who brought Hermione to life in the Harry Potter films, and who has shown support for trans rights, was labeled “ignorant” by Rowling. Therefore, the question we must ask is clear: Is Rowling right when she claims to defend women against what she sees as the danger posed by trans people’s gender self-determination, particularly trans women?

The answer, I’ll state from the start, is clear: no, Rowling is not right. In fact, she is completely mistaken. But it is worth taking a moment to calmly explain what she has said, what consequences her words carry, and, above all, what laws and international organizations say on the matter. This debate is not about “opinions for the sake of it”: here we are talking about human rights, real lives, and the inviolable human dignity of every person.

What does Rowling really say? She has repeatedly expressed, through articles, lectures, and especially on social media, a set of ideas that revolve around the same points. First, that women need spaces exclusively for themselves, and that allowing trans women into those spaces poses a risk. Second, that the transition of minors should be far more restricted, because, according to her, it could be a hasty decision. And third, that questioning these matters should not be considered transphobia, but a legitimate debate within feminism.

On the surface, Rowling’s discourse may seem to fit within a line of thought aimed at protecting women. But if we look closely, in practice, what it does is present trans people as a threat. And that does not correspond with reality or available evidence. Moreover, aren’t trans women women? Of course they are. Trans women are women, and there can be no debate about it.

But what do international standards say? First of all, it must be clear that we are not talking about ideology; we are talking about human rights. The World Health Organization removed “transsexuality” from the list of mental disorders in 2019. In other words, being trans is not a pathology, not something to be cured, not a disorder. There is nothing “sick” and, therefore, nothing to “fix.” So, as a first conclusion, treating trans people as “sick” must be considered deeply discriminatory discourse, which without a doubt should be recognized as transphobia and which also leads to the systematic and widespread criminalization of trans people.

Furthermore, the United Nations, through its numerous reports and special rapporteurs, has made it clear that states have the obligation to guarantee trans people the right to legal recognition of their gender identity and legal personality without abusive requirements. The same is upheld by the Council of Europe and the European Court of Human Rights, which in several rulings have stated that gender identity is part of the right to private life recognized in Article 8 of the European Convention on Human Rights.

In Spain, Law 4/2023 of February 28, on the real and effective equality of trans people and to guarantee the rights of LGBTI people, better known as the “Trans and LGBTI Law,” adopted these standards and recognized the principle of gender self-determination. Since then, anyone over 16 can change their registered name and gender in the Civil Registry without medical reports or hormone treatments. For minors aged 14 to 16, parental or guardian accompaniment is required, and for those 12 to 14, judicial authorization is needed. In other words, this is not an ideological whim. It is a legally recognized right, aligned with international recommendations. It may not be a perfect law, and certainly leaves some gaps, excluding non-binary people. Additionally, it does not establish specific regulations for trans migrants, but it does recognize the right to registry correction for foreign people who cannot do so in their countries of origin, provided they meet legal requirements. That said, it is also true that in many cases the implementation of the Trans Law has been slow and excessively bureaucratic, hindering the effective access of trans people to modify their identification documents and other documents related to healthcare, medical records, tax documents, and Social Security. This can at least be addressed with better coordination among administrations and more training for staff responsible for processing and managing these procedures.

Returning to the fantasy worlds of wizards and witches, and also to legends and myths of old, we encounter the old, nonexistent myth of the “clash of rights.” For Rowling and those who think like her, defending trans rights is often presented as if there were an inevitable conflict between cis women and trans women. As if recognizing trans people puts other women at risk.

This, however, is a myth. Protection systems, such as shelters, prisons, sports facility changing rooms, and public restrooms, already have security protocols. No one denies that everyone’s safety must be guaranteed. What is false is that trans women are a danger to cis women. The data are clear: the violence in those spaces is almost always perpetrated by cis men, not trans people. Cases of assault are, at most, anecdotal and represent an infinitesimal percentage with no statistical reflection. What does have clear statistical support, however, are the cases of physical and sexual violence that trans people constantly suffer. According to the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), about 65% of trans people in Europe have suffered discrimination and violence, physical or sexual, in the last year or during adolescence. It should be noted that these figures do not reflect the reality of underreporting, which is particularly high among the LGBTIQ+ community, especially concerning trans people. Therefore, positioning trans women as a threat perpetuates a stereotype that is not only unfair but profoundly harmful. It turns them into permanent suspects, when in reality they are constantly subjected to violence, hatred, and discrimination.

Words undoubtedly have a great impact. The consequences of words are often overlooked. When a person with the visibility of Rowling insists on this discourse, which should be considered transphobic, they are not “opening an academic debate.” The reason is simple: human rights are not a matter for debate, only for inexcusable respect. What truly happens with this type of discourse and false debates is that it legitimizes those seeking to roll back already conquered rights.

The data are clear. After some of Rowling’s social media interventions, trans organizations have documented an increase in online harassment and hostility. This is not a coincidence. The statements of public figures feed prejudices and reinforce the idea that there is something suspicious about recognizing trans people’s identity. Moreover, all this occurs in a context of rising far-right influence in many countries, with political groups that already deny feminism, attack migrants, and restrict freedoms. These same groups find in Rowling’s words a perfect argument to justify the regressions they seek to implement. And the serious part is that the national flag or the feminist banner is used to deny human and fundamental rights to an extremely vulnerable minority.

The reality of trans people is very different from what society is led to believe. Beyond absurd theories, it is worth looking at real life. Trans people face extremely high rates of discrimination in employment, education, and healthcare. They suffer street violence, online harassment, and family rejection. They have much higher suicide rates than the general population. But all studies supporting these data agree on one thing: when identity is recognized and social and legal support is provided, these risks are drastically reduced. Recognizing rights and respecting the inherent dignity of every person does not harm anyone; denying those rights and that dignity, however, does. That is why claiming that allowing someone to legally change their name and gender is dangerous is, at its core, as cruel as it is criminal. There is no evidence supporting these entirely fallacious arguments, but there is plenty of evidence showing the harm caused to trans people by lack of support and denial of their most basic and fundamental rights.

Feminism and the defense of trans rights have always been allies, not enemies. Rowling is mistaken in opposing the defense of women and trans rights. These are not opposing struggles; they are complementary struggles. Why? Because feminism was born to challenge a patriarchal system that imposed rigid roles, denying women autonomy and dignity. Trans people, precisely, challenge the gender roles the patriarchy seeks to keep immovable. The cause is the same: freedom to be, to live, and to decide without imposition from anyone or any social structure. So the real threat to women is not trans people. It is gender-based violence, labor inequality, the wage gap, glass ceilings, lack of shared responsibility in caregiving, sexual assaults, and murders that continue to fill headlines. Distracting ourselves by focusing on trans people is, at best, a mistake; at worst, a cowardly complicity with the patriarchy.

With all that said, it is time to repeat the initial question. Is Rowling right? No, she is not. She is not right legally, socially, or morally. Her words do not defend women; they use them as a crude and fallacious excuse to question fundamental human rights. Gender self-determination does not take away anyone’s rights. Nor does it make women less protected. What it does is allow a minority, long invisibilized, to live with a minimum of dignity, freedom, and respect.

Rowling could have used her influence to defend equality for all, but she chose to sow suspicion and fuel prejudice. And this error, coming from someone with her media power, is especially serious. A discourse that should be considered transphobic and contrary to all logic and humanist thought.

Trans people are not a threat: they are our companions, our friends, our daughters, our siblings. They deserve to live free and without fear.

Recognizing someone’s identity never subtracts, it always adds. And denying these rights protects no one, but it does destroy lives.

When we recognize all people in their diversity, the world does not break; it becomes fairer.

That is the «true magic» of equality.

Un nuevo muro en Eslovaquia

(Escrito en 🇪🇸– Written in 🇬🇧– Scritto in 🇮🇹– Rédigé en 🇫🇷– Escrito em 🇵🇹 – Napísané v –🇸🇰) 

🇪🇸ESPAÑOL🇪🇸

Vivimos una época de involución en materia de derechos LGTBIQ+. Sería un acto de cinismo negar esta realidad. Por eso, ante lo que está ocurriendo en Eslovaquia, es necesario que levantemos la voz. En este país, miembro de la Unión Europea desde mayo de 2004, han decidido reformar su Constitución para poner un candado a los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+. Con esta reforma constitucional, solo las parejas heterosexuales podrán adoptar y, además, será obligatorio que los padres den permiso previo para que cualquier niño o niña pueda recibir educación sexual en los centros educativos. A primera vista, puede parecer un simple debate interno, una cuestión de familia o de enseñanza. Pero si miramos más de cerca, lo que está en juego son los valores mismos sobre los que se construyó la Unión Europea.

El tema de la adopción es clave. Es verdad que cada Estado tiene libertad para organizar su propio derecho nacional en materia de familia. Pero cuando esa limitación impide reconocer a familias LGTBIQ+ formadas en otros países de la Unión, entonces sí que choca de frente con la normativa europea. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo dejó claro en casos como Coman o Pancharevo: no se puede negar la filiación ni los derechos de ciudadanía europea solo porque no encajen en la legislación nacional. En otras palabras: la diversidad familiar existe, y la libre circulación de personas también.

Con la educación sexual pasa algo parecido. Que un Estado (y todos los países lo hacen) quiera controlar qué contenidos se dan en clase es su competencia. Pero imponer que los menores solo puedan acceder a la educación sexual si los padres lo autorizan previamente es un retroceso enorme. Significa cercenar el derecho de los niños y adolescentes a recibir información objetiva y plural, un derecho reconocido tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que la educación sexual no es un capricho, sino una herramienta de protección, de defensa de la salud y de lucha por la igualdad.

Pero, ¿es automáticamente ilegal lo que ha hecho Eslovaquia? Técnicamente no, porque ni la adopción ni la educación están plenamente armonizadas en Europa. Pero no nos engañemos, todas estas reformas son contrarias al espíritu del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que protege la dignidad, la igualdad y los derechos de todas las personas que residen en la Unión. Por tanto, los cambios en la Constitución de Eslovaquia son un paso más en esa peligrosa deriva que ya vimos en Hungría o Polonia, donde se atacan los derechos LGTBIQ+ y se manipula la educación con claros fines ideológicos. Y ahí la Unión Europea sí tiene mecanismos, como el artículo 7 TUE, que permite la suspensión de los derechos de un Estado miembro cuando actúa en contra de los principios en los que se basa la Unión, de acuerdo con el artículo 2 TUE. Es decir, existe un mecanismo claro para reaccionar y dejar claro que no todo vale cuando se vulneran los principios de respeto hacia la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Por tanto, si hay que actuar, se puede y se debe hacer. 

Porque al final no estamos hablando solo de leyes, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de niñas y niños que tienen derecho a crecer informados, de parejas que tienen derecho a formar una familia, de personas que tienen derecho a ser reconocidas y respetadas sin importar a quién amen. 

Si dejamos pasar estas reformas como si fueran simples decisiones soberanas, estamos aceptando que los valores de Europa no importan y pueden vaciarse de contenido.

No olvidemos que Europa nació de la promesa de “nunca más” frente al autoritarismo y la discriminación. Callar ahora sería una traición a esa promesa.

Que no se nos olvide: los derechos no se mendigan ni se negocian, se defienden con uñas y dientes. Siempre. 

Esa es la promesa que hay que cumplir.

🇬🇧ENGLISH🇬🇧
A New Wall in Slovakia

We are experiencing a wave of regression in terms of LGTBIQ+ rights. It would be cynical to deny this reality. That is why, in light of what is happening in Slovakia, we must raise our voices. This country, a member of the European Union since May 2004, has decided to reform its Constitution to restrict the fundamental rights of LGTBIQ+ people. With this constitutional reform, only heterosexual couples will be able to adopt, and parents will be required to give prior permission for any child to receive sex education in schools. At first glance, this may seem like a simple internal debate, a matter of family or education. But if we look more closely, what is at stake are the very values on which the European Union was built.

The issue of adoption is key. It is true that each state is free to organise its own national family law. But when that limitation prevents the recognition of LGTBIQ+ families formed in other countries of the Union, then it does clash head-on with European legislation. In this regard, the Court of Justice of the European Union has already made it clear in cases such as Coman and Pancharevo: filiation and European citizenship rights cannot be denied simply because they do not fit in with national legislation. In other words: family diversity exists, and so does the free movement of persons.

Something similar happens with sex education. It is within the competence of a State (and all countries do so) to control what content is taught in class. But imposing that minors can only access sex education if their parents give prior authorisation is a huge step backwards. It means curtailing the right of children and adolescents to receive objective and pluralistic information, a right recognised both in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the case law of the European Court of Human Rights. Sex education is not a whim, but a tool for protection, health defence and the fight for equality.

But is what Slovakia has done automatically illegal? Technically not, because neither adoption nor education are fully harmonised in Europe. But let us not fool ourselves, all these reforms are contrary to the spirit of Article 2 of the Treaty on European Union, which protects the dignity, equality and rights of all persons residing in the Union. Therefore, the changes to the Slovak Constitution are another step in the dangerous direction we have already seen in Hungary and Poland, where LGTBIQ+ rights are under attack and education is being manipulated for clear ideological purposes. And here the European Union does have mechanisms, such as Article 7 TEU, which allows for the suspension of a Member State’s rights when it acts contrary to the principles on which the Union is based, in accordance with Article 2 TEU. In other words, there is a clear mechanism for reacting and making it clear that not everything is acceptable when the principles of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for fundamental rights, including the rights of persons belonging to minorities, are violated. Therefore, if action is needed, it can and must be taken.

Because in the end, we are not just talking about laws, we are talking about lives. We are talking about children who have the right to grow up informed, about couples who have the right to start a family, about people who have the right to be recognised and respected regardless of whom they love.

If we allow these reforms to pass as if they were simply sovereign decisions, we are accepting that Europe’s values do not matter and can be emptied of content.

Let us not forget that Europe was born out of the promise of ‘never again’ in the face of authoritarianism and discrimination. To remain silent now would be a betrayal of that promise.

Let us not forget: rights are not begged for or negotiated, they are defended tooth and nail. Always. 

That is the promise that must be kept.

🇮🇹ITALIANO🇮🇹
Un nuovo muro in Slovacchia

Stiamo vivendo un’ondata di regressione in materia di diritti LGTBIQ+. Sarebbe cinico negare questa realtà. Per questo motivo, di fronte a quanto sta accadendo in Slovacchia, è necessario alzare la voce. In questo paese, membro dell’Unione Europea dal maggio 2004, hanno deciso di riformare la Costituzione per limitare i diritti fondamentali delle persone LGTBIQ+. Con questa riforma costituzionale, solo le coppie eterosessuali potranno adottare e, inoltre, sarà obbligatorio che i genitori diano il permesso preventivo affinché qualsiasi bambino o bambina possa ricevere educazione sessuale nei centri scolastici. A prima vista, potrebbe sembrare un semplice dibattito interno, una questione di famiglia o di istruzione. Ma se guardiamo più da vicino, ciò che è in gioco sono i valori stessi su cui è stata costruita l’Unione Europea.

La questione dell’adozione è fondamentale. È vero che ogni Stato è libero di organizzare il proprio diritto nazionale in materia di famiglia. Ma quando tale limitazione impedisce il riconoscimento delle famiglie LGTBIQ+ formate in altri paesi dell’Unione, allora entra in conflitto con la normativa europea. A questo proposito, la Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha già chiarito in casi come Coman o Pancharevo: non si può negare la filiazione o i diritti di cittadinanza europea solo perché non sono conformi alla legislazione nazionale. In altre parole: la diversità familiare esiste, così come la libera circolazione delle persone.

Con l’educazione sessuale accade qualcosa di simile. Che uno Stato (e tutti i paesi lo fanno) voglia controllare i contenuti insegnati in classe è di sua competenza. Ma imporre che i minori possano accedere all’educazione sessuale solo se i genitori lo autorizzano preventivamente è un enorme passo indietro. Significa limitare il diritto dei bambini e degli adolescenti di ricevere informazioni obiettive e pluralistiche, un diritto riconosciuto sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo. L’educazione sessuale non è un capriccio, ma uno strumento di protezione, di difesa della salute e di lotta per l’uguaglianza.

Ma ciò che ha fatto la Slovacchia è automaticamente illegale? Tecnicamente no, perché né l’adozione né l’istruzione sono pienamente armonizzate in Europa. Ma non illudiamoci, tutte queste riforme sono contrarie allo spirito dell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea, che tutela la dignità, l’uguaglianza e i diritti di tutte le persone che risiedono nell’Unione. Pertanto, le modifiche alla Costituzione slovacca sono un ulteriore passo in quella pericolosa deriva che abbiamo già visto in Ungheria o in Polonia, dove vengono attaccati i diritti LGTBIQ+ e l’istruzione viene manipolata con chiari fini ideologici. E in questo caso l’Unione Europea dispone di meccanismi, come l’articolo 7 TUE, che consente la sospensione dei diritti di uno Stato membro quando agisce contro i principi su cui si basa l’Unione, in conformità con l’articolo 2 TUE. In altre parole, esiste un meccanismo chiaro per reagire e chiarire che non tutto è lecito quando vengono violati i principi di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Pertanto, se è necessario agire, si può e si deve farlo.

Perché alla fine non stiamo parlando solo di leggi, stiamo parlando di vite umane. Stiamo parlando di bambine e bambini che hanno il diritto di crescere informati, di coppie che hanno il diritto di formare una famiglia, di persone che hanno il diritto di essere riconosciute e rispettate indipendentemente da chi amano.

Se lasciamo passare queste riforme come se fossero semplici decisioni sovrane, stiamo accettando che i valori dell’Europa non contano e possono essere svuotati di contenuto.

Non dimentichiamo che l’Europa è nata dalla promessa di “mai più” di fronte all’autoritarismo e alla discriminazione. Tacere ora sarebbe un tradimento di quella promessa.

Non dimentichiamolo: i diritti non si mendicano né si negoziano, si difendono con le unghie e con i denti. Sempre. 

Questa è la promessa che dobbiamo mantenere.

🇫🇷FRANÇAIS🇫🇷
Un Nouveau Mur en Slovaquie

Nous vivons actuellement une vague de régression en matière de droits LGTBIQ+. Il serait cynique de nier cette réalité. C’est pourquoi, face à ce qui se passe en Slovaquie, nous devons faire entendre notre voix. Ce pays, membre de l’Union européenne depuis mai 2004, a décidé de réformer sa Constitution afin de restreindre les droits fondamentaux des personnes LGTBIQ+. Avec cette réforme constitutionnelle, seuls les couples hétérosexuels pourront adopter et, en outre, les parents devront donner leur autorisation préalable pour que tout enfant puisse recevoir une éducation sexuelle dans les établissements scolaires. À première vue, cela peut sembler être un simple débat interne, une question familiale ou éducative. Mais si l’on y regarde de plus près, ce sont les valeurs mêmes sur lesquelles l’Union européenne a été construite qui sont en jeu.

La question de l’adoption est essentielle. Il est vrai que chaque État est libre d’organiser son propre droit national en matière familiale. Mais lorsque cette limitation empêche de reconnaître les familles LGTBIQ+ formées dans d’autres pays de l’Union, elle entre alors en conflit direct avec la réglementation européenne. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne l’a déjà clairement établi dans des affaires telles que Coman ou Pancharevo : la filiation et les droits de citoyenneté européenne ne peuvent être refusés au seul motif qu’ils ne correspondent pas à la législation nationale. En d’autres termes : la diversité familiale existe, tout comme la libre circulation des personnes.

Il en va de même pour l’éducation sexuelle. Le fait qu’un État (et tous les pays le font) veuille contrôler les contenus enseignés en classe relève de sa compétence. Mais imposer que les mineurs ne puissent accéder à l’éducation sexuelle que si leurs parents l’autorisent au préalable constitue un énorme recul. Cela revient à restreindre le droit des enfants et des adolescents à recevoir des informations objectives et pluralistes, un droit reconnu tant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’éducation sexuelle n’est pas un caprice, mais un outil de protection, de défense de la santé et de lutte pour l’égalité.

Mais ce qu’a fait la Slovaquie est-il automatiquement illégal ? Techniquement non, car ni l’adoption ni l’éducation ne sont pleinement harmonisées en Europe. Mais ne nous y trompons pas, toutes ces réformes sont contraires à l’esprit de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui protège la dignité, l’égalité et les droits de toutes les personnes résidant dans l’Union. Les modifications apportées à la Constitution slovaque constituent donc un pas de plus dans cette dérive dangereuse que nous avons déjà observée en Hongrie ou en Pologne, où les droits des personnes LGTBIQ+ sont attaqués et où l’éducation est manipulée à des fins idéologiques évidentes. Et là, l’Union européenne dispose effectivement de mécanismes, tels que l’article 7 du traité UE, qui permettent de suspendre les droits d’un État membre lorsque celui-ci agit à l’encontre des principes sur lesquels repose l’Union, conformément à l’article 2 du TUE. En d’autres termes, il existe un mécanisme clair pour réagir et faire comprendre que tout n’est pas permis lorsqu’il s’agit de violer les principes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit et de respect des droits fondamentaux, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Par conséquent, s’il faut agir, on peut et on doit le faire.

Car en fin de compte, nous ne parlons pas seulement de lois, nous parlons de vies. Nous parlons d’enfants qui ont le droit de grandir en étant informés, de couples qui ont le droit de fonder une famille, de personnes qui ont le droit d’être reconnues et respectées, peu importe qui elles aiment.

Si nous laissons passer ces réformes comme s’il s’agissait de simples décisions souveraines, nous acceptons que les valeurs de l’Europe n’ont pas d’importance et peuvent être vidées de leur contenu.

N’oublions pas que l’Europe est née de la promesse « plus jamais » face à l’autoritarisme et à la discrimination. Se taire aujourd’hui serait une trahison de cette promesse.

N’oublions pas : les droits ne se mendient pas et ne se négocient pas, ils se défendent bec et ongles. Toujours.

C’est la promesse qu’il faut tenir.

🇵🇹PORTUGUÊS🇵🇹
Um Novo Muro na Eslováquia

Vivemos uma onda de retrocesso em matéria de direitos LGTBIQ+. Seria um ato de cinismo negar essa realidade. Por isso, diante do que está a acontecer na Eslováquia, é necessário que levantemos a nossa voz. Neste país, membro da União Europeia desde maio de 2004, decidiram reformar a Constituição para restringir os direitos fundamentais das pessoas LGTBIQ+. Com esta reforma constitucional, apenas os casais heterossexuais poderão adotar e, além disso, será obrigatório que os pais dêem autorização prévia para que qualquer criança possa receber educação sexual nas instituições de ensino. À primeira vista, pode parecer um simples debate interno, uma questão de família ou de ensino. Mas, se olharmos mais de perto, o que está em jogo são os próprios valores sobre os quais a União Europeia foi construída.

A questão da adoção é fundamental. É verdade que cada Estado tem liberdade para organizar o seu próprio direito nacional em matéria de família. Mas quando essa limitação impede o reconhecimento de famílias LGTBIQ+ formadas noutros países da União, então entra em conflito com a legislação europeia. Neste sentido, o Tribunal de Justiça da União Europeia já deixou isso claro em casos como Coman ou Pancharevo: não se pode negar a filiação nem os direitos de cidadania europeia apenas porque não se enquadram na legislação nacional. Por outras palavras: a diversidade familiar existe, e a livre circulação de pessoas também.

Com a educação sexual acontece algo semelhante. Que um Estado (e todos os países o fazem) queira controlar os conteúdos que são ensinados nas aulas é da sua competência. Mas impor que os menores só possam ter acesso à educação sexual se os pais o autorizarem previamente é um enorme retrocesso. Significa cercear o direito das crianças e adolescentes de receberem informação objetiva e plural, um direito reconhecido tanto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia como na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A educação sexual não é um capricho, mas sim uma ferramenta de proteção, de defesa da saúde e de luta pela igualdade.

Mas será que o que a Eslováquia fez é automaticamente ilegal? Tecnicamente não, porque nem a adoção nem a educação estão totalmente harmonizadas na Europa. Mas não nos iludamos, todas estas reformas são contrárias ao espírito do artigo 2.º do Tratado da União Europeia, que protege a dignidade, a igualdade e os direitos de todas as pessoas que residem na União. Portanto, as alterações à Constituição da Eslováquia são mais um passo nessa deriva perigosa que já vimos na Hungria ou na Polónia, onde os direitos LGTBIQ+ são atacados e a educação é manipulada com claros fins ideológicos. E aí a União Europeia dispõe de mecanismos, como o artigo 7.º do TUE, que permite a suspensão dos direitos de um Estado-Membro quando este age contra os princípios em que se baseia a União, nos termos do artigo 2.º do TUE. Ou seja, existe um mecanismo claro para reagir e deixar claro que nem tudo vale quando se violam os princípios do respeito pela dignidade humana, pela liberdade, pela democracia, pela igualdade, pelo Estado de direito e pelo respeito pelos direitos fundamentais, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Portanto, se for necessário agir, pode e deve ser feito. 

Porque, no final, não estamos a falar apenas de leis, estamos a falar de vidas. Estamos a falar de meninas e meninos que têm o direito de crescer informados, de casais que têm o direito de constituir família, de pessoas que têm o direito de ser reconhecidas e respeitadas, independentemente de quem amam. 

Se deixarmos passar estas reformas como se fossem simples decisões soberanas, estamos a aceitar que os valores da Europa não importam e podem ser esvaziados de conteúdo.

Não nos esqueçamos de que a Europa nasceu da promessa de «nunca mais» face ao autoritarismo e à discriminação. Calar-nos agora seria uma traição a essa promessa.

Não nos esqueçamos: os direitos não se imploram nem se negociam, defendem-se com unhas e dentes. Sempre. 

Essa é a promessa que temos de cumprir.

🇸🇰SLOVENČINA🇸🇰
Nová bariéra na Slovensku

Žijeme v období úpadku práv LGTBIQ+ osôb. Bolo by cynické popierať túto skutočnosť. Preto je potrebné, aby sme sa vzhľadom na dianie na Slovensku ozvali. Táto krajina, ktorá je členom Európskej únie od mája 2004, sa rozhodla zmeniť svoju ústavu, aby obmedzila základné práva osôb LGTBIQ+. Vďaka tejto ústavnej zmene budú môcť adoptovať deti len heterosexuálne páry a navyše bude povinné, aby rodičia dali predchádzajúci súhlas, aby akékoľvek dieťa mohlo absolvovať sexuálnu výchovu v školách. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako jednoduchá vnútorná debata, otázka rodiny alebo vzdelávania. Ak sa však pozrieme bližšie, v stávke sú samotné hodnoty, na ktorých bola vybudovaná Európska únia.

Kľúčovou témou je adopcia. Je pravda, že každý štát má slobodu organizovať svoje vlastné vnútroštátne právo v oblasti rodiny. Keď však toto obmedzenie bráni uznaniu rodín LGTBIQ+ vytvorených v iných krajinách Únie, je to v priamom rozpore s európskymi predpismi. V tomto zmysle to Súdny dvor Európskej únie už jasne vyjadril v prípadoch ako Coman alebo Pancharevo: nemožno odmietnuť rodičovstvo ani práva európskeho občianstva len preto, že nezodpovedajú vnútroštátnym právnym predpisom. Inými slovami: rodinná rozmanitosť existuje, rovnako ako voľný pohyb osôb.

Niečo podobné platí aj pre sexuálnu výchovu. Ak štát (a všetky krajiny to robia) chce kontrolovať obsah výučby v triedach, je to v jeho právomoci. Avšak zavedenie pravidla, že maloletí majú prístup k sexuálnej výchove len s predchádzajúcim súhlasom rodičov, je obrovským krokom späť. Znamená to obmedzenie práva detí a dospievajúcich na objektívne a pluralitné informácie, ktoré je uznané tak v Charte základných práv Európskej únie, ako aj v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Sexuálna výchova totiž nie je rozmar, ale nástroj ochrany, obrany zdravia a boja za rovnosť.

Je však to, čo urobila Slovenská republika, automaticky nezákonné? Technicky nie, pretože ani adopcia, ani výchova nie sú v Európe úplne harmonizované. Ale neklameme si, všetky tieto reformy sú v rozpore s duchom článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý chráni dôstojnosť, rovnosť a práva všetkých osôb s bydliskom v Únii. Zmeny v slovenskej ústave sú preto ďalším krokom v nebezpečnom smere, ktorý sme už videli v Maďarsku alebo Poľsku, kde sa útočí na práva LGTBIQ+ a manipuluje sa so vzdelávaním s jasnými ideologickými cieľmi. A tu má Európska únia disponuje mechanizmami, ako je článok 7 Zmluvy o EÚ, ktorý umožňuje pozastaviť práva členského štátu, ak koná v rozpore so zásadami, na ktorých je Únia založená, v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ. To znamená, že existuje jasný mechanizmus, ako reagovať a dať jasne najavo, že nie je dovolené porušovať zásady rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania základných práv, vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Ak je teda potrebné konať, je to možné a nutné.

Nakoniec totiž nehovoríme len o zákonoch, ale o životoch. Hovoríme o dievčatách a chlapcoch, ktorí majú právo vyrastať informovaní, o pároch, ktoré majú právo založiť si rodinu, o ľuďoch, ktorí majú právo byť uznávaní a rešpektovaní bez ohľadu na to, koho milujú.

Ak tieto reformy prejdú ako keby išlo o jednoduché suverénne rozhodnutia, prijmeme tým, že hodnoty Európy nie sú dôležité a môžu byť zbavené obsahu.

Nezabúdajme, že Európa vznikla na základe sľubu „nikdy viac“ autoritárstva a diskriminácie. Ak by sme teraz mlčali, bolo by to zradenie tohto sľubu.

Nezabúdajme: práva sa nevyprosujú ani nevyjednávajú, ale bránia sa zubami-nechtami. Vždy. 

To je sľub, ktorý treba dodržať.

Eliminemos el veto para salvar a Palestina

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷) 

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

En teoría, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Según el artículo 24 de la Carta de la ONU, los Estados miembros “conferirán al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”. Es decir, la propia ONU reconoce que ese órgano es el corazón del sistema de seguridad colectiva de toda la comunidad internacional. 

El problema surge porque, junto a esa misión, se creó en 1945 un privilegio exclusivo para cinco países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. A estos se les dio el llamado “derecho de veto”. En virtud del artículo 27, toda decisión sustantiva del Consejo de Seguridad necesita el voto afirmativo de esos cinco miembros permanentes. Basta con que uno de ellos vote en contra para que cualquier resolución quede automáticamente bloqueada, aunque el resto de los países y la mayoría del mundo estén de acuerdo. Es decir, imaginemos que una decisión vital que afecta a millones de personas, quede bloqueada porque un solo país, de este grupo de cinco, vote que no. Como si ese voto de ese único Estado estuviera por encima de todos los demás. ¿No es profundamente antidemocrático? Pues, sí, lo es. En su momento se justificó para asegurar que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial no abandonaran la ONU. Sin embargo, hoy se ha convertido en un auténtico grillete. Un lastre que bloquea un organismo esencial para sacar adelante resoluciones que puede salvar, literalmente, la vida de millones de personas. Y esto es justo lo que estamos viendo ahora mismo con especial crudeza en Palestina.

En el contexto actual, el veto es un muro contra la justicia que necesita el pueblo palestino. Durante décadas, Estados Unidos ha utilizado su veto en el Consejo de Seguridad para frenar todas las resoluciones que pedían el fin de los asentamientos ilegales, la protección de la población palestina o el reconocimiento de un Estado palestino. En estos últimos meses, mientras Gaza sufre lo que, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el reciente informe de la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, debe considerarse como un auténtico genocidio en toda regla —con más de 65.000 civiles muertos, hospitales y escuelas destruidos, así como cientos de miles familias enteras desplazadas—, el Consejo de Seguridad vuelve a quedarse de brazos cruzados. Mientras, el número de víctimas aumenta a diario. Poco a poco y a la vista de todo el mundo. 

No es que falten propuestas para poner fin esta dramática situación. Numerosos países han llevado borradores de resoluciones pidiendo un alto el fuego inmediato y corredores humanitarios. El problema es que el derecho de veto bloquea cualquier avance. Así, el derecho internacional humanitario, que debería proteger a la población civil, queda atrapado en una mesa de votación donde basta que un solo país diga “no” para, con ello, condenar a millones de personas a seguir sufriendo una auténtica atrocidad desde hace casi 2 años. 

Existe una enorme contradicción con la propia Carta de la ONU. El artículo 25 de la Carta señala que “los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad”. Es decir, lo que decide el Consejo obliga a todos. Pero si el Consejo no decide nada porque el veto lo impide, entonces toda la maquinaria queda bloqueada. La ONU pierde credibilidad, y la comunidad internacional aparece impotente. El resultado es un contrasentido: la organización creada para evitar la guerra y proteger a los pueblos se convierte en rehén de los intereses de cinco Estados. Un aparato estéril que permanece impasible mientras mueren víctimas inocentes. 

Pero, ¿se puede hacer algo para sortear el veto? La buena noticia es que sí. Aunque el veto sea un problema grave, existen mecanismos dentro de la propia ONU para actuar incluso cuando el Consejo de Seguridad está paralizado. El más importante es la Resolución 377 A (V) de la Asamblea General, adoptada en 1950 y conocida como “Unión pro Paz”.

Esa resolución dice claramente que “si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión”, la Asamblea General podrá reunirse en sesión extraordinaria de emergencia y recomendar medidas colectivas, incluso el uso de fuerzas armadas, para restablecer la paz.

Dicho en otras palabras: si el veto bloquea al Consejo, la Asamblea General, de acuerdo con el art. 18 de la Carta de la ONU, puede tomar la iniciativa y, con el apoyo de dos tercios de los Estados miembros, aprobar la creación de una fuerza de paz o una misión internacional que actúe en defensa de la población civil. Es decir, se puede crear una fuerza de paz para ayudar al pueblo palestino ante la masacre que están sufriendo. 

Este mecanismo ya se ha usado en el pasado. No es un simple papel, sino un precedente real que ya ha sido utilizado en ocasiones anteriores tras el final de la Guerra árabe-israelí de 1948 y otras misiones posteriores en Camboya, El Salvador, Guatemala, Mozambique y Namibia. Por eso, en el caso de Palestina, no habría ningún obstáculo para activarse ahora mismo y preparar el envío de cascos azules u otra misión multinacional bajo bandera de la ONU, con el encargo de garantizar corredores humanitarios, proteger hospitales y escuelas y supervisar el alto el fuego. 

Entonces, ¿por qué hay que eliminar el derecho de veto definitivamente? Porque aunque existan formas de bordear el veto, lo cierto es que el problema de fondo seguirá ahí mientras no se elimine. No tiene sentido que en pleno siglo XXI la vida de millones de personas dependa de la decisión de cinco países que, además, suelen usar el veto para proteger sus propios intereses geopolíticos sin que les importe la suerte de millones de personas víctimas de conflictos bélicos, situaciones de crisis humanitarias o, en el caso de Gaza, un reconocido crimen de genocidio en curso. 

Eliminar el veto significaría “democratizar” Naciones Unidas. Significaría que todas las voces contansen, no solo las de cinco Estados principales, que también son potencias nucleares, aunque no sean las únicas. También, con la eliminación del veto, podrían establecerse fórmulas como mayorías cualificadas, sistemas de voto ponderado o un equilibrio entre regiones. Pero lo esencial, y también vital, es acabar con un privilegio anacrónico que hoy impide a la ONU cumplir con su misión más importante como señala el art. 1 de la Carta: “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz”.

Sin duda, estamos ante una situación que no es solo de urgente necesidad, sino que, además, es un imperativo ético y político. Lo que está sucediendo en Gaza, y en toda Palestina, nos muestra, una vez más, el lado más oscuro de este sistema. Cada vez que se ejerce el derecho a veto, no se está realizando un mero trámite diplomático: hay más muertos, más niños sin escuela, más familias sin techo, más odio acumulado, más dolor  y más víctimas inocentes. Y el mundo no puede seguir aceptando que la defensa de los derechos humanos quede bloqueada por una sola mano levantada, en una mesa redonda y dentro de una sala en un edificio de Nueva York.

De acuerdo con la Carta, Naciones Unidas nació para proteger a los pueblos de “la lacra de la guerra”, tantas veces denunciadas en sus resoluciones y reuniones solemnes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Pero, si de verdad queremos honrar ese espíritu, hay que reformar el sistema y abolir el derecho de veto. Mientras tanto, la Asamblea General debe usar el mecanismo de la resolución “Unión pro Paz” (A/RES/377(V) para crear cuanto antes una fuerza de protección para Palestina.

Por tanto, la pregunta ya no es si es legal o posible. La pregunta es si la comunidad internacional tiene la valentía de dar el paso. Porque cada día que pasa sin actuar, la ONU se arriesga a ser vista no como esperanza de los pueblos, sino como un espectador mudo de sus sufrimientos.

Como un cómplice más. 

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Abolish the Veto to Save Palestine

In theory, the United Nations Security Council is the body responsible for maintaining international peace and security. According to Article 24 of the UN Charter, member states “entrust the Security Council with the primary responsibility for the maintenance of international peace and security.” In other words, the UN itself recognises that this body is at the heart of the collective security system of the international community.

The problem arises because, alongside this mission, an exclusive privilege was created in 1945 for five countries: the United States, Russia, China, France and the United Kingdom. These countries were granted the so-called “veto power”. Under Article 27, any substantive decision of the Security Council requires the affirmative vote of all five permanent members. If even one of them votes against a resolution, it is automatically blocked, even if the rest of the Council and the majority of the world are in favour. Imagine a crucial decision affecting millions of people being blocked because a single country from this group of five votes no. As if that one vote outweighs the will of everyone else. Is that not profoundly undemocratic? Indeed, it is. At the time, it was justified to ensure that the victorious powers of the Second World War would not abandon the UN. Today, however, it has become a genuine shackle: a burden that prevents an essential body from passing resolutions that could literally save millions of lives. This is precisely what we are witnessing with particular severity in Palestine.

In the current context, the veto acts as a wall against justice for the Palestinian people. For decades, the United States has used its veto in the Security Council to block all resolutions calling for an end to illegal settlements, the protection of the Palestinian population, or the recognition of a Palestinian state. In recent months, while Gaza suffers what, according to the Rome Statute of the International Criminal Court, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), and the recent report of the UN Independent Commission of Inquiry, must be regarded as a full-scale genocide—with over 65,000 civilians killed, hospitals and schools destroyed, and hundreds of thousands of families displaced—the Security Council has once again stood idly by. Meanwhile, the number of victims continues to rise, gradually and in full view of the world.

It is not that there is a shortage of proposals to end this tragic situation. Numerous countries have submitted draft resolutions calling for an immediate ceasefire and humanitarian corridors. The problem is that the veto blocks any progress. International humanitarian law, which should protect civilians, is trapped on a voting table where a single “no” condemns millions to continue suffering an atrocity for nearly two years.

There is a glaring contradiction with the UN Charter itself. Article 25 states that “the Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council.” In other words, what the Council decides binds everyone. Yet if the Council does nothing because the veto prevents it, the whole mechanism grinds to a halt. The UN loses credibility, and the international community appears powerless. The result is a paradox: the organisation created to prevent war and protect peoples becomes a hostage to the interests of five states, remaining inert while innocent victims die.

But is there any way to circumvent the veto? The good news is yes. Even though the veto is a serious problem, there are mechanisms within the UN to act when the Security Council is paralysed. The most important is Resolution 377 A (V) of the General Assembly, adopted in 1950 and known as “Uniting for Peace.”

This resolution clearly states that “if the Security Council, due to lack of unanimity among its permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, a breach of the peace, or an act of aggression”, the General Assembly may convene an emergency special session and recommend collective measures, including the use of armed forces, to restore peace.

In other words, if the veto blocks the Council, the General Assembly, in accordance with Article 18 of the UN Charter, can take the initiative and, with the support of two-thirds of the member states, approve the creation of a peacekeeping force or international mission to protect civilians. In other words, a peacekeeping force could be deployed to assist the Palestinian people amidst the massacre they are suffering.

This mechanism has been used in the past. It is not mere paper; it is a real precedent, having been applied after the end of the 1948 Arab-Israeli War and in other missions in Cambodia, El Salvador, Guatemala, Mozambique, and Namibia. Therefore, in the case of Palestine, there would be no obstacle to activating it now and deploying UN peacekeepers or another multinational mission tasked with ensuring humanitarian corridors, protecting hospitals and schools, and supervising a ceasefire.

So why must the veto be eliminated once and for all? Because even if there are ways to circumvent it, the underlying problem will remain as long as it exists. It makes no sense in the twenty-first century that the lives of millions depend on the decisions of five countries, which frequently use the veto to protect their own geopolitical interests, regardless of the fate of millions of people caught in armed conflict, humanitarian crises, or, in Gaza, an ongoing recognised crime of genocide.

Abolishing the veto would “democratise” the United Nations. It would mean that all voices count, not just those of the five main states, which are also nuclear powers, though not the only ones. With the veto gone, qualified majorities, weighted voting systems, or regional balances could be established. But the essential and vital point is to end an anachronistic privilege that today prevents the UN from fulfilling its primary mission, as set out in Article 1 of the Charter: “To maintain international peace and security, and, to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace.”

Without doubt, this is not only an urgent matter, but also an ethical and political imperative. What is happening in Gaza, and across Palestine, once again exposes the darkest side of this system. Every time the veto is exercised, it is not a mere diplomatic procedure: there are more deaths, more children without schooling, more families without shelter, more accumulated hatred, more pain, and more innocent victims. The world cannot continue to accept that the defence of human rights is blocked by a single hand raised in a round table in a building in New York.

According to the Charter, the United Nations was founded to protect peoples from “the scourge of war,” as repeatedly affirmed in its resolutions and solemn meetings of the Security Council and General Assembly. If we truly wish to honour that spirit, the system must be reformed and the veto abolished. Meanwhile, the General Assembly should use the “Uniting for Peace” mechanism (A/RES/377(V)) to create a protective force for Palestine as soon as possible.

Thus, the question is no longer whether it is legal or feasible. The question is whether the international community has the courage to act. Each day that passes without action risks the UN being seen not as a beacon of hope for the peoples of the world, but as a silent bystander.

Like an accomplice.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲
Aboliamo il veto per salvare la Palestina

In teoria, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è l’organo responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Secondo l’articolo 24 della Carta ONU, gli Stati membri “conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.” In altre parole, l’ONU stessa riconosce che questo organismo è al centro del sistema di sicurezza collettiva della comunità internazionale.

Il problema nasce perché, insieme a questa missione, nel 1945 è stato creato un privilegio esclusivo per cinque Paesi: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito. A questi Paesi è stato conferito il cosiddetto “diritto di veto”. Ai sensi dell’articolo 27, ogni decisione sostanziale del Consiglio di Sicurezza richiede il voto favorevole di tutti e cinque i membri permanenti. Basta che anche uno solo di essi voti contro per bloccare automaticamente qualsiasi risoluzione, anche se il resto del Consiglio e la maggioranza del mondo sono d’accordo. Immaginate una decisione cruciale che influisce sulla vita di milioni di persone bloccata perché un solo Paese di questo gruppo di cinque dice no. Come se quel singolo voto valesse più di tutti gli altri. Non è profondamente antidemocratico? In effetti, lo è. All’epoca si giustificava questa misura per garantire che le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale non abbandonassero l’ONU. Oggi, tuttavia, è diventata un vero e proprio freno: un peso che impedisce a un organismo essenziale di approvare risoluzioni che potrebbero letteralmente salvare milioni di vite. È esattamente ciò che stiamo osservando con particolare gravità in Palestina.

Nel contesto attuale, il veto agisce come un muro contro la giustizia necessaria al popolo palestinese. Per decenni, gli Stati Uniti hanno utilizzato il loro veto nel Consiglio di Sicurezza per bloccare tutte le risoluzioni che chiedevano la fine degli insediamenti illegali, la protezione della popolazione palestinese o il riconoscimento di uno Stato palestinese. Negli ultimi mesi, mentre Gaza soffre ciò che, secondo lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948) e il recente rapporto della Commissione di indagine indipendente delle Nazioni Unite, deve essere considerato un vero e proprio genocidio su vasta scala — con oltre 65.000 civili uccisi, ospedali e scuole distrutti e centinaia di migliaia di famiglie sfollate — il Consiglio di Sicurezza è rimasto ancora una volta a guardare. Nel frattempo, il numero di vittime continua a crescere, giorno dopo giorno, sotto gli occhi di tutto il mondo.

Non mancano proposte per porre fine a questa situazione drammatica. Numerosi Paesi hanno presentato progetti di risoluzione che chiedono un immediato cessate il fuoco e corridoi umanitari. Il problema è che il diritto di veto blocca qualsiasi progresso. Il diritto internazionale umanitario, che dovrebbe proteggere i civili, rimane intrappolato in una votazione in cui basta un solo “no” per condannare milioni di persone a continuare a subire atrocità da quasi due anni.

Vi è una contraddizione evidente con la Carta stessa delle Nazioni Unite. L’articolo 25 stabilisce che “i membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e mettere in pratica le decisioni del Consiglio di Sicurezza.” In altre parole, ciò che decide il Consiglio vincola tutti. Tuttavia, se il Consiglio non decide nulla perché il veto lo impedisce, l’intero meccanismo si blocca. L’ONU perde credibilità e la comunità internazionale appare impotente. Il risultato è un paradosso: l’organizzazione creata per prevenire la guerra e proteggere i popoli diventa ostaggio degli interessi di cinque Stati, rimanendo inerte mentre muoiono vittime innocenti.

Ma si può fare qualcosa per aggirare il veto? La buona notizia è sì. Anche se il veto rappresenta un problema grave, esistono meccanismi all’interno dell’ONU per agire quando il Consiglio di Sicurezza è paralizzato. Il più importante è la Risoluzione 377 A (V) dell’Assemblea Generale, adottata nel 1950 e nota come “Uniti per la Pace.”

Questa risoluzione stabilisce chiaramente che “se il Consiglio di Sicurezza, per mancanza di unanimità tra i membri permanenti, non adempie alla sua responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionale in qualsiasi caso in cui risulti esserci una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione”, l’Assemblea Generale può riunirsi in sessione straordinaria d’emergenza e raccomandare misure collettive, incluso l’uso delle forze armate, per ristabilire la pace.

In altre parole, se il veto blocca il Consiglio, l’Assemblea Generale, secondo l’articolo 18 della Carta ONU, può prendere l’iniziativa e, con il sostegno dei due terzi degli Stati membri, approvare la creazione di una forza di pace o di una missione internazionale per proteggere i civili. In altre parole, si potrebbe creare una forza di pace per aiutare il popolo palestinese nella strage che sta subendo.

Questo meccanismo è stato utilizzato in passato. Non è carta straccia, ma un precedente reale, applicato dopo la fine della Guerra arabo-israeliana del 1948 e in altre missioni in Cambogia, El Salvador, Guatemala, Mozambico e Namibia. Pertanto, nel caso della Palestina, non ci sarebbero ostacoli ad attivarlo immediatamente e a dispiegare caschi blu o un’altra missione multinazionale incaricata di garantire corridoi umanitari, proteggere ospedali e scuole e supervisionare un cessate il fuoco.

Allora, perché il diritto di veto deve essere abolito definitivamente? Perché anche se esistono modi per aggirarlo, il problema di fondo rimarrà finché esisterà. Non ha senso che, nel XXI secolo, la vita di milioni di persone dipenda dalla decisione di cinque Paesi, che spesso usano il veto per proteggere i propri interessi geopolitici, senza curarsi del destino di milioni di persone vittime di conflitti armati, crisi umanitarie o, nel caso di Gaza, di un crimine di genocidio in corso.

Abolire il veto significherebbe “democratizzare” le Nazioni Unite. Significherebbe che tutte le voci contano, non solo quelle dei cinque Stati principali, che sono anche potenze nucleari, pur non essendo le uniche. Con l’abolizione del veto si potrebbero stabilire maggioranze qualificate, sistemi di voto ponderato o equilibri regionali. Ma ciò che è essenziale e vitale è porre fine a un privilegio anacronistico che oggi impedisce all’ONU di adempiere alla sua missione principale, come indicato nell’articolo 1 della Carta: “Mantenere la pace e la sicurezza internazionali e, a tal fine: adottare misure collettive efficaci per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere atti di aggressione o altre violazioni della pace.”

Senza dubbio, si tratta non solo di una necessità urgente, ma anche di un imperativo etico e politico. Ciò che accade a Gaza e in tutta la Palestina dimostra, ancora una volta, il lato più oscuro di questo sistema. Ogni volta che si esercita il diritto di veto, non si tratta di una mera procedura diplomatica: ci sono più morti, più bambini senza scuola, più famiglie senza tetto, più odio accumulato, più dolore e più vittime innocenti. Il mondo non può continuare ad accettare che la difesa dei diritti umani sia bloccata da una sola mano alzata in una sala di New York.

Secondo la Carta, le Nazioni Unite sono nate per proteggere i popoli dal “flagello della guerra”, come ripetutamente affermato nelle risoluzioni e nelle solenni riunioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale. Se vogliamo davvero onorare quello spirito, il sistema va riformato e il veto abolito. Nel frattempo, l’Assemblea Generale deve utilizzare il meccanismo della risoluzione “Uniti per la Pace” (A/RES/377(V)) per creare quanto prima una forza di protezione per la Palestina.

La domanda non è più se sia legale o fattibile. La domanda è se la comunità internazionale abbia il coraggio di agire. Ogni giorno che passa senza intervento rischia di far vedere l’ONU non come speranza dei popoli, ma come spettatore silenzioso.

Come un complice.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
Abolissons le veto pour sauver la Palestine

En théorie, le Conseil de sécurité des Nations Unies est l’organe chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. Selon l’article 24 de la Charte des Nations Unies, les États membres « confient au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Autrement dit, l’ONU elle-même reconnaît que cet organe est au cœur du système de sécurité collective de la communauté internationale.

Le problème survient car, parallèlement à cette mission, un privilège exclusif a été créé en 1945 pour cinq pays : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Ces pays se sont vus attribuer le « droit de veto ». Conformément à l’article 27, toute décision substantielle du Conseil de sécurité requiert le vote affirmatif de ces cinq membres permanents. Il suffit qu’un seul d’entre eux vote contre pour que toute résolution soit automatiquement bloquée, même si le reste du Conseil et la majorité du monde y sont favorables. Imaginez qu’une décision cruciale affectant des millions de personnes soit bloquée parce qu’un seul pays parmi ce groupe de cinq vote « non ». Comme si ce vote individuel prévalait sur celui de tous les autres. N’est-ce pas profondément antidémocratique ? Oui, cela l’est. À l’époque, cela se justifiait pour garantir que les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale ne quittent pas l’ONU. Aujourd’hui, cependant, c’est devenu un véritable fardeau : un frein qui empêche un organisme essentiel d’adopter des résolutions pouvant littéralement sauver des millions de vies. C’est exactement ce que nous observons actuellement avec une particulière gravité en Palestine.

Dans le contexte actuel, le veto constitue un mur contre la justice nécessaire au peuple palestinien. Pendant des décennies, les États-Unis ont utilisé leur veto au Conseil de sécurité pour bloquer toutes les résolutions demandant la fin des colonies illégales, la protection de la population palestinienne ou la reconnaissance d’un État palestinien. Ces derniers mois, alors que Gaza subit ce qui, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) et le récent rapport de la Commission d’enquête indépendante de l’ONU, doit être considéré comme un véritable génocide à grande échelle — avec plus de 65 000 civils tués, des hôpitaux et des écoles détruits, ainsi que des centaines de milliers de familles déplacées — le Conseil de sécurité reste à nouveau inactif. Pendant ce temps, le nombre de victimes continue d’augmenter, jour après jour, sous les yeux de tous.

Il ne manque pas de propositions pour mettre fin à cette situation dramatique. De nombreux pays ont présenté des projets de résolution demandant un cessez-le-feu immédiat et la mise en place de couloirs humanitaires. Le problème est que le droit de veto bloque toute avancée. Le droit international humanitaire, qui devrait protéger les civils, reste piégé à une table de vote où un simple « non » condamne des millions de personnes à continuer de subir des atrocités depuis près de deux ans.

Il existe une contradiction flagrante avec la Charte des Nations Unies. L’article 25 stipule que « les Membres des Nations Unies s’engagent à accepter et à mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité ». Autrement dit, ce que décide le Conseil s’impose à tous. Mais si le Conseil ne décide rien parce que le veto l’en empêche, tout le mécanisme se bloque. L’ONU perd en crédibilité, et la communauté internationale apparaît impuissante. Le résultat est un paradoxe : l’organisation créée pour prévenir la guerre et protéger les peuples devient otage des intérêts de cinq États, restant inactive tandis que des victimes innocentes meurent.

Mais peut-on faire quelque chose pour contourner le veto ? La bonne nouvelle est oui. Même si le veto est un problème grave, il existe des mécanismes au sein de l’ONU pour agir lorsque le Conseil de sécurité est paralysé. Le plus important est la résolution 377 A (V) de l’Assemblée générale, adoptée en 1950 et connue sous le nom de « Unis pour la paix ».

Cette résolution stipule clairement que « si le Conseil de sécurité, faute d’unanimité parmi ses membres permanents, ne remplit pas sa responsabilité principale de maintenir la paix et la sécurité internationales dans tout cas où il existe une menace à la paix, une violation de la paix ou un acte d’agression », l’Assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire d’urgence et recommander des mesures collectives, y compris le recours à la force armée, pour rétablir la paix.

En d’autres termes, si le veto bloque le Conseil, l’Assemblée générale, conformément à l’article 18 de la Charte de l’ONU, peut prendre l’initiative et, avec le soutien des deux tiers des États membres, approuver la création d’une force de maintien de la paix ou d’une mission internationale pour protéger les civils. Autrement dit, une force de paix pourrait être déployée pour aider le peuple palestinien face au massacre qu’il subit.

Ce mécanisme a déjà été utilisé par le passé. Ce n’est pas un simple texte, mais un précédent réel, appliqué après la fin de la guerre arabo-israélienne de 1948 et lors d’autres missions au Cambodge, au Salvador, au Guatemala, au Mozambique et en Namibie. Par conséquent, dans le cas de la Palestine, il n’y aurait aucun obstacle à son activation immédiate et au déploiement de casques bleus ou d’une autre mission multinationale chargée de garantir les couloirs humanitaires, de protéger les hôpitaux et les écoles, et de superviser le cessez-le-feu.

Alors, pourquoi le droit de veto doit-il être aboli définitivement ? Parce que même si des moyens existent pour le contourner, le problème de fond restera tant qu’il existera. Il est incompréhensible qu’au XXIe siècle, la vie de millions de personnes dépende de la décision de cinq pays, qui utilisent fréquemment le veto pour protéger leurs propres intérêts géopolitiques, sans se soucier du sort de millions de personnes victimes de conflits armés, de crises humanitaires ou, dans le cas de Gaza, d’un crime de génocide en cours.

Supprimer le veto signifierait “démocratiser” les Nations Unies. Cela signifierait que toutes les voix comptent, et pas seulement celles des cinq États principaux, qui sont également des puissances nucléaires, bien qu’elles ne soient pas les seules. Avec l’abolition du veto, il serait possible d’instaurer des majorités qualifiées, des systèmes de vote pondéré ou un équilibre régional. Mais l’essentiel, et vital, est de mettre fin à ce privilège anachronique qui empêche aujourd’hui l’ONU de remplir sa mission principale, comme le stipule l’article 1 de la Charte : « Maintenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et éliminer les menaces à la paix et pour réprimer les actes d’agression ou d’autres violations de la paix. »

Sans aucun doute, il s’agit non seulement d’une nécessité urgente, mais aussi d’un impératif éthique et politique. Ce qui se passe à Gaza, et en Palestine dans son ensemble, montre une fois de plus le côté le plus sombre de ce système. Chaque fois que le veto est exercé, il ne s’agit pas d’une simple procédure diplomatique : il y a davantage de morts, davantage d’enfants privés d’école, davantage de familles sans toit, davantage de haine accumulée, davantage de souffrance et davantage de victimes innocentes. Le monde ne peut plus accepter que la défense des droits humains soit bloquée par une seule main levée dans une salle à New York.

Selon la Charte, les Nations Unies ont été créées pour protéger les peuples du « fléau de la guerre », comme l’affirment à plusieurs reprises les résolutions et les réunions solennelles du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. Si nous voulons véritablement honorer cet esprit, le système doit être réformé et le veto aboli. Dans l’intervalle, l’Assemblée générale doit utiliser le mécanisme de la résolution « Unis pour la paix » (A/RES/377(V)) afin de créer le plus rapidement possible une force de protection pour la Palestine.

Ainsi, la question n’est plus de savoir si c’est légal ou possible. La question est de savoir si la communauté internationale a le courage d’agir. Chaque jour qui passe sans action risque de faire apparaître l’ONU non pas comme un espoir pour les peuples, mais comme un spectateur silencieux.

Comme un complice.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
Abolir o veto para salvar a Palestina

Em teoria, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o órgão responsável por manter a paz e a segurança internacionais. De acordo com o artigo 24 da Carta da ONU, os Estados-membros “conferem ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária de manter a paz e a segurança internacionais”. Ou seja, a própria ONU reconhece que esse órgão está no coração do sistema de segurança coletiva de toda a comunidade internacional.

O problema surge porque, juntamente com essa missão, foi criado em 1945 um privilégio exclusivo para cinco países: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. A esses países foi concedido o chamado “direito de veto”. Nos termos do artigo 27, toda decisão substantiva do Conselho de Segurança exige o voto afirmativo desses cinco membros permanentes. Basta que um deles vote contra para que qualquer resolução seja automaticamente bloqueada, mesmo que o restante do Conselho e a maioria do mundo estejam de acordo. Imagine uma decisão vital que afeta milhões de pessoas sendo bloqueada porque apenas um país desse grupo de cinco vota “não”. Como se esse voto isolado estivesse acima de todos os outros. Não é profundamente antidemocrático? De fato, é. Na época, justificava-se para assegurar que as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial não abandonassem a ONU. Hoje, no entanto, tornou-se um verdadeiro grilhão: um peso que bloqueia um organismo essencial de aprovar resoluções que poderiam literalmente salvar a vida de milhões de pessoas. E é exatamente isso que estamos vendo agora, com especial gravidade na Palestina.

No contexto atual, o veto funciona como um muro contra a justiça necessária ao povo palestino. Durante décadas, os Estados Unidos utilizaram seu veto no Conselho de Segurança para impedir todas as resoluções que pediam o fim dos assentamentos ilegais, a proteção da população palestina ou o reconhecimento de um Estado palestino. Nos últimos meses, enquanto Gaza sofre o que, de acordo com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948 e o recente relatório da Comissão de Investigação Independente da ONU, deve ser considerado um verdadeiro genocídio em grande escala — com mais de 65.000 civis mortos, hospitais e escolas destruídos e centenas de milhares de famílias inteiras deslocadas — o Conselho de Segurança permanece inerte. Enquanto isso, o número de vítimas aumenta diariamente, à vista de todos.

Não faltam propostas para pôr fim a essa situação dramática. Diversos países apresentaram projetos de resolução pedindo um cessar-fogo imediato e corredores humanitários. O problema é que o direito de veto bloqueia qualquer avanço. Assim, o direito internacional humanitário, que deveria proteger a população civil, fica preso em uma mesa de votação em que basta um único “não” para condenar milhões de pessoas a continuar sofrendo uma verdadeira atrocidade há quase dois anos.

Há uma enorme contradição com a própria Carta da ONU. O artigo 25 estabelece que “os membros das Nações Unidas concordam em aceitar e cumprir as decisões do Conselho de Segurança”. Ou seja, o que o Conselho decide obriga a todos. Mas se o Conselho não decide nada porque o veto impede, toda a máquina fica bloqueada. A ONU perde credibilidade, e a comunidade internacional se mostra impotente. O resultado é um paradoxo: a organização criada para evitar a guerra e proteger os povos torna-se refém dos interesses de cinco Estados, permanecendo inerte enquanto inocentes morrem.

Mas, é possível contornar o veto? A boa notícia é que sim. Embora o veto seja um problema grave, existem mecanismos dentro da própria ONU para agir mesmo quando o Conselho de Segurança está paralisado. O mais importante é a Resolução 377 A (V) da Assembleia Geral, adotada em 1950 e conhecida como “Unidos pela Paz”.

Essa resolução estabelece claramente que “se o Conselho de Segurança, por falta de unanimidade entre seus membros permanentes, deixar de cumprir sua responsabilidade primária de manter a paz e a segurança internacionais em qualquer caso em que haja uma ameaça à paz, uma violação da paz ou um ato de agressão”, a Assembleia Geral poderá se reunir em sessão extraordinária de emergência e recomendar medidas coletivas, inclusive o uso de força armada, para restaurar a paz.

Em outras palavras, se o veto bloqueia o Conselho, a Assembleia Geral, de acordo com o artigo 18 da Carta da ONU, pode tomar a iniciativa e, com o apoio de dois terços dos Estados-membros, aprovar a criação de uma força de paz ou missão internacional para proteger a população civil. Ou seja, é possível criar uma força de paz para ajudar o povo palestino diante do massacre que está sofrendo.

Esse mecanismo já foi utilizado no passado. Não é apenas papel, mas um precedente real, aplicado após o fim da Guerra Árabe-Israelense de 1948 e em outras missões no Camboja, El Salvador, Guatemala, Moçambique e Namíbia. Por isso, no caso da Palestina, não haveria nenhum obstáculo para ativá-lo imediatamente e preparar o envio de capacetes azuis ou outra missão multinacional sob bandeira da ONU, com o objetivo de garantir corredores humanitários, proteger hospitais e escolas e supervisionar o cessar-fogo.

Então, por que o direito de veto deve ser abolido definitivamente? Porque, mesmo que existam formas de contorná-lo, o problema de fundo permanecerá enquanto existir. Não faz sentido que, no século XXI, a vida de milhões de pessoas dependa da decisão de cinco países, que frequentemente usam o veto para proteger seus próprios interesses geopolíticos, sem se importar com o destino de milhões de pessoas vítimas de conflitos, crises humanitárias ou, no caso de Gaza, de um crime de genocídio em andamento.

Abolir o veto significaria “democratizar” as Nações Unidas. Significaria que todas as vozes contam, não apenas as de cinco Estados principais, que também são potências nucleares, embora não sejam as únicas. Além disso, com a abolição do veto, poderiam ser estabelecidos sistemas de maiorias qualificadas, votos ponderados ou equilíbrio regional. Mas o essencial, e vital, é acabar com um privilégio anacrônico que hoje impede a ONU de cumprir sua missão principal, conforme indicado no artigo 1 da Carta: “Manter a paz e a segurança internacionais e, para tanto, adotar medidas coletivas eficazes para prevenir e eliminar ameaças à paz e reprimir atos de agressão ou outras violações da paz.”

Sem dúvida, estamos diante de uma situação que é não apenas de necessidade urgente, mas também um imperativo ético e político. O que está acontecendo em Gaza e em toda a Palestina mostra, mais uma vez, o lado mais sombrio desse sistema. Cada vez que o veto é exercido, não se trata de um mero procedimento diplomático: há mais mortos, mais crianças sem escola, mais famílias sem teto, mais ódio acumulado, mais dor e mais vítimas inocentes. O mundo não pode continuar aceitando que a defesa dos direitos humanos seja bloqueada por uma única mão levantada em uma sala em Nova Iorque.

De acordo com a Carta, a ONU nasceu para proteger os povos da “praga da guerra”, como denunciado inúmeras vezes em resoluções e nas solenidades do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. Mas, se quisermos realmente honrar esse espírito, é necessário reformar o sistema e abolir o direito de veto. Enquanto isso, a Assembleia Geral deve utilizar o mecanismo da resolução “Unidos pela Paz” (A/RES/377(V)) para criar o quanto antes uma força de proteção para a Palestina.

Portanto, a questão não é mais se é legal ou possível. A questão é se a comunidade internacional tem coragem de agir. Cada dia que passa sem ação coloca a ONU não como esperança dos povos, mas como espectadora muda de seu sofrimento.

Como cúmplice.