El silencio también duele

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🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas)

Hay ausencias que no se parecen a ninguna otra. Cuando una persona desaparece y no se conoce su paradero, quienes la quieren quedan atrapados en una espera que parece no terminar nunca. No existe una despedida, no hay un lugar al que llevar flores ni una certeza que permita comenzar a cerrar una herida. Solo quedan las preguntas, los recuerdos y esa angustia que vuelve una y otra vez, porque mientras no se sepa qué ocurrió, la historia permanece incompleta y el dolor sigue buscando una respuesta.

La desaparición forzada es todavía más grave porque no hablamos simplemente de una persona cuyo paradero se desconoce. Hablamos de una privación de libertad, de una actuación atribuible a agentes del Estado o a personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer esa privación o de ocultar información sobre la suerte o el paradero de la persona. Detrás de una definición jurídica hay, sin embargo, algo mucho más sencillo de entender: alguien ha sido apartado de su vida y alguien está intentando impedir que los demás sepan qué le ha ocurrido.

Durante décadas, las desapariciones forzadas han sido utilizadas para sembrar miedo, silenciar voces incómodas y castigar a quienes son considerados enemigos por quienes tienen el poder. Pero sus consecuencias nunca recaen únicamente sobre la persona desaparecida. También alcanzan a sus familiares, que pueden pasar años, incluso toda una vida, intentando averiguar dónde está, qué sucedió y quién fue responsable. Esa incertidumbre prolongada constituye por sí misma una forma de sufrimiento que no podemos ignorar ni considerar un asunto del pasado.

Por eso resulta tan importante el trabajo de las familias, de las organizaciones de derechos humanos y de todas aquellas personas que se niegan a aceptar que una desaparición quede enterrada bajo el paso del tiempo. Buscar, preguntar, investigar y reclamar respuestas no es abrir viejas heridas, como algunas veces se pretende hacer creer. Es precisamente lo contrario, porque lo se quiere es intentar cerrarlas desde la verdad, la justicia y el reconocimiento de quienes han sufrido. Recordar a una persona desaparecida no significa vivir anclados en el pasado, sino defender que su dignidad y sus derechos siguen importando.

Los Estados tienen obligaciones muy concretas frente a las desapariciones forzadas. Deben prevenirlas, investigarlas de manera efectiva, esclarecer los hechos, localizar a las personas desaparecidas y, cuando proceda, identificar y exigir responsabilidad a quienes hayan participado en ellas. También deben garantizar a las víctimas y a sus familias mecanismos adecuados de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estas obligaciones no desaparecen simplemente porque hayan transcurrido muchos años, aunque su aplicación concreta deba hacerse conforme al Derecho internacional y al ordenamiento jurídico que resulte aplicable en cada caso.

Y tampoco podemos olvidar que el derecho a la verdad no pertenece únicamente a quien busca a un ser querido. La sociedad tiene derecho a conocer las circunstancias en las que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando pudieron formar parte de prácticas sistemáticas o generalizadas. La memoria no pretende sustituir a la justicia ni convertir el dolor en una herramienta de confrontación. Pretende algo mucho más sencillo y profundamente humano. Y es que lo ocurrido pueda ser conocido, reconocido y transmitido para que nunca vuelva a repetirse.

Cuando una familia pregunta dónde está una persona desaparecida, no está pidiendo un privilegio ni una concesión. Está reclamando algo tan básico como saber qué ocurrió con alguien a quien ama. Y cuando una sociedad exige respuestas, no está mirando únicamente hacia atrás, sino defendiendo una idea esencial de cualquier Estado de derecho. Y esa idea es que ninguna persona puede ser borrada de la historia mediante el silencio, el miedo o la indiferencia.

Porque mientras una persona siga desaparecida y una familia continúe esperando una respuesta, la historia seguirá teniendo una pregunta pendiente. 

Y frente al dolor de quienes buscan, el silencio nunca puede ser la última palabra.

La verdad también es una forma de justicia.

A veces, la única que queda.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Silence Hurts Too

(International Day of Victims of Enforce Disappearances)

There are absences that are unlike any other. When someone disappears and their whereabouts are unknown, those who love them are left trapped in a wait that seems as though it will never end. There is no goodbye, nowhere to lay flowers, and no certainty that would allow a wound to begin to heal. All that remains are the questions, the memories and that anguish that returns time and time again, because until the truth is known, the story remains incomplete and the pain continues to search for an answer.

Enforced disappearance is even more serious because we are not simply talking about someone whose whereabouts are unknown. We are talking about a deprivation of liberty, about conduct attributable to State agents or to persons acting with the authorisation, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of liberty or by concealment of information concerning the fate or whereabouts of the person. Behind a legal definition, however, there is something much simpler to understand. Someone has been torn away from their life, and someone is trying to prevent others from finding out what has happened to them.

For decades, enforced disappearances have been used to spread fear, silence inconvenient voices and punish those regarded as enemies by those in power. But their consequences never fall solely upon the disappeared person. They also affect their families, who may spend years, even an entire lifetime, trying to discover where they are, what happened and who was responsible. That prolonged uncertainty is itself a form of suffering that we cannot ignore or simply regard as a matter belonging to the past.

That is why the work of families, human rights organisations and all those who refuse to accept that a disappearance should be buried beneath the passage of time is so important. Searching, asking questions, investigating and demanding answers is not about reopening old wounds, as is sometimes claimed. It is precisely the opposite, because what we seek is to try to heal them through truth, justice and recognition for those who have suffered. Remembering a disappeared person does not mean living anchored in the past, but standing up for the fact that their dignity and their rights still matter.

States have very specific obligations in relation to enforced disappearances. They must prevent them, investigate them effectively, establish the facts, locate disappeared persons and, where appropriate, identify and hold accountable those who have been involved in them. They must also ensure that victims and their families have access to appropriate mechanisms for truth, justice, reparation and guarantees of non repetition. These obligations do not simply disappear because many years have passed, although their practical application must comply with international law and with the legal framework applicable in each particular case.

Nor must we forget that the right to truth belongs not only to those searching for a loved one. Society as a whole has the right to know the circumstances in which serious human rights violations took place, particularly where they may have formed part of systematic or widespread practices. Memory is not intended to replace justice or to turn suffering into a tool for confrontation. It seeks something much simpler and profoundly human. That what happened can be known, acknowledged and passed on so that it never happens again.

When a family asks where a disappeared person is, they are not asking for a privilege or a favour. They are demanding something as basic as knowing what happened to someone they love. And when a society demands answers, it is not merely looking backwards. It is defending an essential principle of any State governed by the rule of law. And that principle is that no person can be erased from history through silence, fear or indifference.

Because as long as someone remains disappeared and a family continues to wait for an answer, history will still have an unanswered question.

And in the face of the pain of those who continue to search, silence can never be the final word.

The truth is also a form of justice.

Sometimes, it is the only one left.

Por la Sanidad Pública

Hace muy pocos días me he enterado de que una amiga tiene cáncer. Es una frase que cuesta incluso escribir, mucho más todavía asimilar. Al parecer, durante un tiempo acudió en varias ocasiones al hospital porque algo no iba bien. Tenía molestias y buscaba una explicación, pero le dijeron que solamente tenía reflujo gástrico más fuerte e lo normal. Sin embargo, al final, ante la falta de un diagnóstico claro y después de meses esperando una respuesta, recurrió a la sanidad privada haciendo un esfuerzo económico que no todas las personas pueden permitirse. Y no, no era un simple reflujo como le habían dicho, sino cáncer de estómago en fase III. Cuando recibes una noticia así es inevitable pensar en todas las veces que acudió buscando respuestas, en el tiempo que pasó y en lo que significa descubrir una enfermedad grave cuando ya se encuentra en una fase avanzada.

Por cierto, mi padre también murió de cáncer. Fue hace casi 10 años. No lo supimos hasta pocos días antes su muerte. Antes, durante cerca de dos años, recibió decenas de transfusiones de sangre y hierro. “Solo es una anemia”, decían. Pero no, al final fue un cáncer que acabó con su vida, dejando cientos de conversaciones pendientes y miles de besos, de abrazos, de charlas que habrían acabado con “te quiero, papá”, con un “perdóname, hijo mío” o con un “perdóname tú, papá”.

No pretendo convertir el caso de mi padre y el de mi amiga, a la que voy a dejar en el anonimato por su expreso deseo, pero que sabe que escribo esto por ella y por mi padre, en una prueba de que una determinada decisión política haya provocado su diagnóstico tardío, porque para afirmar algo así sería necesario conocer su historia clínica y contar con una evaluación médica concreta. Pero su experiencia sí debería hacernos reflexionar sobre algo mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando un sistema sanitario tiene dificultades para atender adecuadamente a quienes necesitan ser escuchados, estudiados y diagnosticados? Porque cuando hablamos de sanidad no estamos hablando únicamente de presupuestos, estadísticas o listas de espera. Estamos hablando de personas y, muchas veces, del tiempo del que disponen para luchar contra una enfermedad. 

Imaginemos entonces que la sanidad andaluza fuera una persona. No un hospital, ni una partida presupuestaria, ni una estadística, sino una persona de carne y hueso, con rostro, con cuerpo, con cansancio, con heridas y también con capacidad para seguir adelante. Probablemente tendría dos caras muy diferentes. Por un lado estaría la sanidad pública, esa persona que lleva años cuidando de todo el mundo y que encontraríamos agotada, con ojeras, heridas y quizá sentada en una silla de ruedas porque sus piernas ya no responden como antes. Llevaría una vía en el brazo y necesitaría oxígeno para recuperar el aliento. Sin embargo, seguiría intentando levantarse cada mañana para atender a quien llega enfermo, porque esa es una de las grandes contradicciones de nuestra sanidad pública. ESTÁ CANSADA, PERO SIGUE CUIDÁNDONOS.

Detrás de ella están miles de profesionales que cada día hacen enormes esfuerzos para que el sistema funcione. Médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, técnicos, personal administrativo, trabajadores de emergencias y tantos otros que sostienen con su trabajo diario una estructura sometida a una enorme presión. Y detrás de ellos están los pacientes, personas que esperan una consulta, una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una cita con un especialista. Personas que tienen dolor, miedo e incertidumbre y que necesitan algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan importante, como saber qué les ocurre. Porque una lista de espera no es solamente un número. Detrás de cada número hay una persona esperando.

Y a veces esa espera puede significar mucho más que unos meses de incomodidad. Puede significar angustia, incertidumbre y pérdida de oportunidades para detectar una enfermedad en una fase más temprana. En determinados tipos de cáncer, el diagnóstico precoz puede ser determinante, y precisamente por eso resulta tan preocupante cualquier situación en la que una persona acude repetidamente a un servicio sanitario porque siente que algo no funciona y termina marchándose sin una explicación adecuada. La historia de mi amiga me hace pensar precisamente en eso. No sabemos si un diagnóstico anterior habría cambiado el resultado de su enfermedad, pero sí sabemos que, cuando hablamos de cáncer, EL TIEMPO IMPORTA.

Ahora hagamos girar la cámara y miremos al otro lado. Allí encontramos a la sanidad privada, y su aspecto sería muy diferente. La encontraríamos bien vestida, sentada cómodamente en un sillón de una clínica moderna, rodeada de tecnología y en un entorno cuidado. Tendría buen aspecto, estaría descansada y transmitiría seguridad. Probablemente sonreiría. Y tampoco sería justo negar esa realidad, porque la sanidad privada cuenta con profesionales cualificados, hospitales, tecnología y capacidad asistencial. Para muchas personas supone una alternativa que permite acceder con mayor rapidez a determinadas consultas, pruebas o intervenciones.

Pero nuestra persona tendría algo muy particular entre las manos: UNA TARJETA. Una tarjeta (asociada a una cuenta bancaria) que representa el seguro médico, la capacidad económica o la posibilidad de pagar determinados servicios. Y ahí aparece una diferencia fundamental. La sanidad privada puede ofrecer una atención excelente, puede complementar al sistema público y puede aportar recursos, tecnología y capacidad asistencial. Pero su acceso no se produce exactamente en las mismas condiciones para todo el mundo. Quien puede pagar puede encontrar una vía más rápida para determinadas necesidades sanitarias, mientras que quien no dispone de recursos suficientes depende mucho más de un sistema público que debería estar preparado para responder con eficacia y garantías. Eso sí, paradójicamente, ante los casos más graves (y menos rentables), siempre vuelven a derivar a la Sanidad Pública. 

Y esto es lo que me preocupa cuando escucho hablar de la necesidad de fortalecer cada vez más el sistema privado mientras la sanidad pública acumula problemas. No estoy en contra de la sanidad privada, ni de quienes tienen un seguro médico, ni muchísimo menos de sus profesionales. Tampoco creo que todo lo que funciona en la sanidad pública sea necesariamente bueno ni que todo lo privado sea necesariamente malo. La realidad es mucho más compleja. Lo que sí rechazo es la idea de que podamos aceptar tranquilamente el debilitamiento de la sanidad pública y asumir que quien tenga recursos suficientes podrá buscar una solución privada mientras quien no pueda pagar tendrá que esperar.

Porque entonces dejamos de hablar solamente de modelos sanitarios y empezamos a hablar de desigualdad. Y la salud no debería convertirse en otra de las dimensiones de nuestra sociedad en las que el dinero determina las oportunidades de las personas. Todos enfermamos, todos podemos necesitar una ambulancia, todos podemos acabar en un quirófano y todos podemos necesitar una prueba diagnóstica. Todos podemos recibir algún día una noticia capaz de cambiar nuestra vida para siempre. Y cuando llega ese momento, lo último que queremos preguntarnos es cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria. Queremos saber si alguien nos escuchará, si alguien investigará qué nos ocurre y, sobre todo, si llegará a tiempo.

Por eso no deberíamos enfrentar a la sanidad pública y a la privada como si una tuviera necesariamente que destruir a la otra. Podemos defender una sanidad privada de calidad, reconocer su utilidad, valorar el trabajo de sus profesionales y aceptar que muchas personas quieran utilizarla. Pero, al mismo tiempo, debemos exigir una sanidad pública fuerte, bien financiada, accesible y capaz de atendernos con dignidad y garantías. Una sanidad privada de calidad puede complementar el sistema público, pero no debería convertirse en la solución necesaria para quienes pueden permitírsela mientras la pública queda relegada a quienes no tienen otra alternativa.

Una sanidad pública debilitada no perjudica solamente a quienes no pueden pagar un seguro. Nos perjudica potencialmente a todos. Hoy puede ser otra persona quien se siente en una sala de espera, otra quien acude varias veces al hospital porque siente que algo no va bien y otra quien recibe un diagnóstico que le cambia la vida. Pero mañana podemos ser nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja o cualquiera de las personas que queremos.

Cuando miro la imagen de esa mujer enferma que representa a nuestra sanidad pública, no veo a una persona que haya dejado de servir. Veo a alguien que lleva demasiado tiempo cuidando de los demás mientras cada vez necesita más cuidados. Y cuando miro a la mujer saludable que representa a la sanidad privada, tampoco veo a una enemiga. Veo una alternativa que puede ser útil y que puede convivir con lo público, pero cuyo acceso no debería convertirse en un privilegio reservado a quienes tienen más recursos.

Vuelvo a pensar en mi amiga, en su diagnóstico y en ese cáncer de estómago en fase III. Pienso en las veces que acudió buscando una respuesta y en todas las personas que cada día entran en una consulta diciendo que algo no va bien. No podemos permitirnos que la calidad o la rapidez de la atención que reciban dependa cada vez más de lo que puedan pagar.Tampoco podemos señalar a los profesionales que trabajan dentro de un sistema sometido a presión cuando lo que debemos hacer es preguntarnos qué decisiones políticas, presupuestarias y organizativas nos han llevado hasta aquí y qué estamos dispuestos a hacer para cambiarlo.

Una sociedad verdaderamente sana no debería ser aquella en la que quien tiene dinero puede comprar tranquilidad mientras quien no lo tiene aprende a convivir con la espera. Debería ser aquella en la que una persona pueda acudir a la sanidad pública cuando algo le preocupa y confiar en que será escuchada, estudiada y atendida con todos los medios disponibles. La sanidad pública no debería sobrevivir, debería estar fuerte.

Porque cuando enfermamos, cuando tenemos miedo y cuando necesitamos respuestas, no queremos saber si podemos pagar para que nos atiendan. Queremos saber que nuestro sistema sanitario estará ahí, que habrá profesionales suficientes, recursos suficientes y tiempo suficiente para escucharnos. Queremos saber que alguien buscará la respuesta y que, si existe una enfermedad grave, habrá posibilidades reales de detectarla cuanto antes.

Quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que hablamos de sanidad. Es decir, ¿estamos cuidando suficientemente bien de aquello que queremos que nos cuide cuando nosotros lo necesitemos?

La salud no debería ser un lujo ni una mercancía al alcance de quien pueda pagarla. 

Debería ser una garantía para todos.

Para mi padre y mi amiga. 

Para ricos y pobres.

Para todos. 

Ceuta no necesita más odio

Indudablemente, lo que está ocurriendo en Ceuta es extremadamente grave y la situación ha empeorado en los últimos días. Precisamente por eso resulta todavía más indignante comprobar cómo una crisis migratoria, humanitaria y de seguridad está siendo utilizada por algunos para alimentar el miedo, el enfrentamiento y mensajes abiertamente racistas y xenófobos. No estamos ante un problema sencillo ni ante una situación que pueda explicarse con una sola consigna. Hay una entrada masiva de personas, una presión extraordinaria sobre una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados, una emergencia humanitaria, personas que han muerto intentando llegar a territorio español, delitos que deben perseguirse y, al mismo tiempo, un preocupante crecimiento de la violencia y del discurso de odio.

El 30 de julio se produjo una entrada masiva desde Marruecos. El Gobierno español ha cifrado en unas 72.000 las personas que llegaron a Ceuta durante aquella crisis y sostiene que la inmensa mayoría regresó posteriormente a Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, calculaba el viernes que alrededor de 5.000 personas permanecían todavía en Ceuta, de ellas unos 1.500 menores, aunque la oposición cuestionan esta cifra y sostiene que el número real podría ser considerablemente superior. España ha solicitado además apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea para ayudar en la identificación y tramitación de las personas que continúan en la ciudad.

Pero hay un dato que no debería desaparecer nunca del relato sobre esta crisis. Estamos hablando también de una tragedia humana de una dimensión enorme. La cifra oficial española ha llegado a superar las ochenta personas fallecidas recuperadas en aguas de Ceuta y, según las autoridades marroquíes, también se han recuperado cadáveres en su territorio. Sin embargo, la organización Caminando Fronteras elevó el 5 de agosto a 141 el número de personas fallecidas durante la crisis, 78 de ellas en Ceuta y 63 en Marruecos. La organización explicó que había elaborado su recuento a partir del trabajo de identificación de cadáveres y del contacto con familiares y comunidades de las víctimas.

Por eso, cuando hablamos de más de un centenar de muertos debemos ser rigurosos. No es correcto presentarlo como el balance oficial definitivo, pero tampoco sería honesto ocultar que una organización especializada en documentar las muertes en las rutas migratorias ha situado la cifra en 141. La diferencia entre ambas cifras no puede utilizarse para minimizar la tragedia. Al contrario, debería servir para reclamar que todas las muertes sean investigadas, identificadas y contabilizadas con transparencia.

Detrás de cada una de esas cifras había una persona. No eran números. Eran hijos, hermanos, padres, amigos, jóvenes que tenían una vida, un nombre y una historia. Y resulta profundamente doloroso comprobar lo rápido que algunas personas son capaces de hablar de ellos como una masa anónima, como una amenaza o como una supuesta “invasión”, mientras la muerte de seres humanos queda relegada a una nota al pie. Pero reconocer esta tragedia tampoco significa negar los hechos que puedan resultar incómodos. También se han producido episodios muy graves de violencia protagonizados por algunas personas migrantes. Y hay que decirlo sin rodeos.

El 27 de agosto, en la zona de Benzú, un grupo de entre treinta y cuarenta personas rodeó un vehículo militar y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones contra los militares que viajaban en su interior. Los cuatro militares resultaron heridos. La Policía y la Guardia Civil detuvieron posteriormente a doce personas de nacionalidad marroquí. Once de los doce detenidos fueron posteriormente expulsados a Marruecos con autorización judicial y con una prohibición de entrada en España durante cinco años, después de reconocer su participación en los hechos. El duodécimo negó haber participado y su situación quedó sometida al procedimiento judicial correspondiente. 

Sí, esto es gravísimo. Lanzar piedras contra un vehículo militar y herir a quienes están dentro no es una protesta, no es una travesura y tampoco es algo que pueda justificarse por la desesperación. Es violencia y debe tener consecuencias legales.

Pero la situación no terminó ahí. Durante la madrugada del viernes al sábado se produjo una nueva agresión contra una patrulla militar. Cuatro personas fueron detenidas y un sargento resultó herido al intentar detener a uno de los atacantes. Según las informaciones difundidas, el militar sufrió una brecha al caer al suelo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de este nuevo ataque y, por el momento, no está acreditado que los cuatro detenidos sean las mismas personas que participaron en el ataque anterior.

Por tanto, hay que ser contundentes. Quienes hayan atacado a los militares deben responder ante la justicia. No existe ninguna justificación para agredir a un militar, a un policía o a cualquier otra persona. Y ser migrante no otorga ningún tipo de impunidad. Pero tampoco podemos permitir que estos hechos se conviertan en una licencia para señalar a miles de personas que no han cometido delito alguno. Porque mientras algunos migrantes protagonizaban esos ataques, también se producían agresiones contra personas migrantes.

Ese mismo 27 de agosto, centenares de personas con banderas nacionales bloquearon durante más de dos horas el acceso de un camión de Cruz Roja a la playa del Trampolín, donde la organización repartía alimentos. Algo que nos recuerda a lo que vimos con el bloqueo de alimentos y medicinas para entrar en Gaza. Posteriormente, algunos manifestantes accedieron a zonas donde se encontraban los asentamientos y fueron incendiadas dos estructuras utilizadas por los migrantes. Se escucharon consignas como “invasores” y “expulsión”. La Policía tuvo que intervenir y realizar disparos de salvas al aire para contener algunos de los enfrentamientos. 

No podemos normalizar esto. Una piedra lanzada contra un militar no es menos grave porque quien la lance sea migrante. Pero un campamento quemado no es menos grave porque quienes lo ataquen sean vecinos de Ceuta. Una agresión no cambia de naturaleza dependiendo del pasaporte de quien la comete o de quien la sufre. La violencia es violencia. El odio no entiende de fronteras ni de credos religiosos. Y la dignidad humana no tiene nacionalidad.

Pero justo aquí aparece otro elemento altamente preocupante. Desde Ceuta, un grupo de activistas que se identifica como parte de la llamada Red Solidaria ha denunciado públicamente que lleva semanas proporcionando comida, productos de higiene y primeros auxilios a personas migrantes y documentando lo que consideran vulneraciones de derechos. En un vídeo grabado el 27 de agosto, varias activistas aseguran estar sufriendo amenazas, hostigamiento, agresiones verbales y físicas y acoso por parte de vecinos y de miembros de las fuerzas de seguridad. También denuncian que se habría fotografiado y difundido su documentación personal, que se habrían roto teléfonos y que en algunos casos se les habría obligado a borrar material que habían grabado.

Estas acusaciones son muy graves y deben investigarse. A día de hoy no existe confirmación independiente suficiente alguna para presentarlas como hechos probados. No se puede convertir una denuncia de las activistas en una afirmación categórica sin pruebas suficientes, pero tampoco creo que debamos ignorarla. En una democracia, cuando un colectivo denuncia amenazas de muerte, y sé lo que es eso, con difusión de datos personales, agresiones o actuaciones policiales presuntamente abusivas, lo mínimo que podemos exigir es que esas denuncias sean investigadas y que quienes realizan labores humanitarias puedan hacerlo sin sufrir intimidaciones.

Esto resulta todavía más importante porque la ayuda humanitaria está siendo imprescindible. Cruz Roja ha distribuido desde el inicio de la emergencia decenas de miles de kits de alimentación y de higiene, y organizaciones como Accem, Médicos del Mundo y otras entidades están participando en la atención de las personas que permanecen en Ceuta. En algunos campamentos ya se proporciona alojamiento, alimentación y atención sanitaria.

Por eso resulta especialmente preocupante que una organización humanitaria tenga que realizar su trabajo bajo protección policial porque algunas personas intenten impedir el reparto de alimentos. Una cosa es protestar contra el Gobierno pero otra muy distinta es impedir que alguien dé de comer a una persona que tiene hambre.

Es aquí donde preocupación aumenta todavía más. Es perfectamente legítimo exigir seguridad; defender el control de las fronteras; reclamar que quienes hayan cometido delitos respondan ante la justicia; y discutir sobre los procedimientos de retorno, el derecho de asilo, la capacidad de acogida o la actuación del Gobierno. Todo eso es legítimo.

Ahora bien, lo que no es legítimo es aprovechar delitos concretos para presentar a miles de personas como una amenaza colectiva. No es legítimo llamar “invasores”, “criminales”, “violadores” o “asesinos” a seres humanos por el mero hecho de haber cruzado una frontera. No es legítimo convertir el origen, el color de piel, la nacionalidad o la situación administrativa de una persona en una presunción de culpabilidad. Eso no es seguridad, eso es racismo y xenofobia. Y quienes están intentando hacerlo deberían tener el valor de reconocerlo. Porque utilizar una crisis real para construir un enemigo colectivo es una de las formas más peligrosas de manipulación política. Primero se señala a un grupo, después se atribuyen a ese grupo todos los problemas y finalmente se presenta cualquier agresión contra él como una reacción comprensible.

No, no puede aceptarse que un delito cometido por una persona se convierta en una condena contra miles. No puede aceptarse que la palabra migrante se convierta en sinónimo de delincuente. No vamos a aceptar que una tragedia humanitaria sea utilizada para alimentar el racismo. Y tampoco vamos a aceptar que el miedo legítimo de los ciudadanos de Ceuta sea utilizado como combustible para incendiar todavía más la convivencia. Porque el miedo puede ser comprensible, pero el odio no.

En este contexto también hay que hablar de José María Aznar. Con todo derecho y legitimidad, como cualquier otro ciudadano, el expresidente visitó Ceuta el 27 de agosto, precisamente en una de las jornadas de mayor tensión de toda la crisis. Su visita coincidió con los disturbios entre vecinos y migrantes, con el bloqueo del reparto de alimentos y con el ataque contra la patrulla militar. Aznar reclamó “firmeza”, defendió una respuesta contundente y afirmó que “la soberanía nacional no tiene vacaciones”. También criticó al Gobierno y su gestión de la situación.

No existe ninguna prueba que permita afirmar que la visita de Aznar provocó los disturbios. Y sería irresponsable presentar esa acusación como un hecho. Pero tampoco podemos comportarnos como si las palabras de un antiguo presidente del Gobierno fueran políticamente irrelevantes cuando se pronuncian en una ciudad que se encuentra al borde del estallido social. Las palabras importan. Y mucho más cuando una sociedad está ardiendo. Se puede defender la soberanía sin alimentar el odio; se puede exigir seguridad sin convertir a miles de personas en un ejército invasor; se puede reclamar el retorno de quienes legalmente deban ser retornados sin presentar a todos los migrantes como delincuentes; y se puede defender una frontera fuerte sin abandonar los derechos humanos.

Por eso, hay algo más que deberíamos vigilar especialmente de cara a las concentraciones convocadas para el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta. Expresar solidaridad con la población ceutí, reconocer su preocupación y reclamar seguridad y una gestión eficaz de la frontera es perfectamente legítimo. De hecho, esas concentraciones se han presentado formalmente como actos pacíficos de apoyo al pueblo de Ceuta y por la unidad. El problema aparece cuando determinados grupos políticos y sectores de la ultraderecha intentan apropiarse de ese legítimo sentimiento de solidaridad para convertirlo en una movilización contra las personas migrantes. No podemos confundir una cosa con la otra. En las últimas semanas ya se ha producido un extraordinario incremento del discurso racista y xenófobo en las redes sociales. Oberaxe ha detectado 78.476 mensajes de odio en apenas 25 días, dirigidos especialmente contra personas norteafricanas, inmigrantes y musulmanes.

Las concentraciones del 2 de septiembre deben ser una oportunidad para decirle a Ceuta que no está sola, no una excusa para señalar, acosar o perseguir a quienes han llegado a la ciudad. Porque si quienes pretenden alimentar el odio consiguen apropiarse de una movilización que debería servir para defender la convivencia, habremos permitido que una muestra legítima de solidaridad termine convertida en otra herramienta de confrontación.

Si se quiere denunciar la manipulación, tenemos que ser los primeros en no manipular. Los hechos importan, las pruebas importan y ,a verdad importa. Y también importa reconocer algo que parece evidente pero que algunos discursos pretenden borrar. La seguridad de los ceutíes y los derechos de las personas migrantes no son enemigos entre sí. Podemos querer una frontera segura y defender los derechos humanos; podemos exigir que se cumpla la legislación de extranjería y rechazar el racismo; y podemos condenar una agresión contra un militar y condenar exactamente con la misma contundencia una agresión xenófoba contra un migrante. No hay contradicción alguna en todo eso. La verdadera contradicción está en quienes dicen defender la seguridad mientras alimentan el odio; en quienes hablan de proteger a los ciudadanos mientras permiten que otras personas sean convertidas en objetivos; y en quienes utilizan una crisis real para fabricar un enemigo colectivo y después se sorprenden cuando la tensión acaba transformándose en violencia.

Ceuta necesita seguridad. Por supuesto que sí. Necesita una frontera eficaz, recursos suficientes, coordinación entre las administraciones españolas, cooperación con Marruecos y apoyo de la Unión Europea; necesita procedimientos rápidos y garantistas para determinar quién puede permanecer, quién debe ser retornado y quién tiene derecho a protección internacional; necesita atender especialmente a los menores y a las personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad; y necesita que quienes cometan delitos sean detenidos y juzgados.

Pero Ceuta también necesita que alguien diga claramente que ya basta de utilizar el miedo para alimentar el racismo y la xenofobia. Porque quienes convierten a todos los migrantes en delincuentes están mintiendo; quienes llaman “invasores” a miles de personas sin distinguir entre quienes han cometido un delito y quienes no lo han cometido están deshumanizando; quienes utilizan la muerte de unas personas para justificar el odio contra otras están instrumentalizando una tragedia; y quienes creen que incendiar un asentamiento o bloquear la llegada de alimentos puede convertirse en una respuesta legítima a un problema migratorio están cruzando una línea que ninguna sociedad democrática debería tolerar.

La solución a una crisis migratoria no es el racismo. La solución a la inseguridad no es la xenofobia. La solución a la violencia no puede ser más violencia. Ceuta necesita Estado, no odio; necesita seguridad, no racismo; y necesita soluciones, no enemigos. Porque una sociedad democrática no demuestra su fortaleza cuando encuentra al más vulnerable contra quien descargar su frustración. La demuestra cuando es capaz de proteger a sus ciudadanos sin dejar de proteger los derechos fundamentales de quienes se encuentran en su territorio. La demuestra cuando persigue los delitos sin convertir a colectivos enteros en culpables. La demuestra cuando mantiene sus principios precisamente cuando más difícil resulta hacerlo.

Quizá esta sea la cuestión fundamental que deberíamos hacernos. ¿A quién beneficia realmente que Ceuta esté cada vez más enfrentada? No beneficia a los militares que han resultado heridos; no beneficia a los vecinos que tienen miedo; no beneficia a las personas migrantes que viven en asentamientos precarios; no beneficia a quienes han perdido familiares en el mar; no beneficia a quienes trabajan para prestar ayuda humanitaria; y no beneficia al conjunto de España. Beneficia a quienes necesitan una sociedad enfrentada para convertir el miedo de unos y el sufrimiento de otros en una herramienta política. Y frente a eso debemos ser absolutamente contundentes.

No podemos aceptar que el sufrimiento de una ciudad sea utilizado para sembrar odio; no podemos aceptar que un delito cometido por una persona se utilice para criminalizar a miles; no podemos aceptar que la xenofobia se disfrace de preocupación por la seguridad; no podemos aceptar que quienes intentan ayudar sean acosados por hacerlo; y no podemos que la muerte de más de un centenar de seres humanos sea tratada como una simple cifra cuando sirve para alimentar un discurso político, mientras sus vidas desaparecen de nuestra memoria en cuanto dejan de ser noticia.

Porque cuando una sociedad empieza a mirar al ser humano que tiene delante como una amenaza antes que como una persona, la violencia ya ha conseguido algo mucho más peligroso que cualquier frontera rota. Ya ha empezado a rompernos por dentro.

Y frente a quienes quieren convertir a personas en enemigos, nuestra respuesta tiene que ser más democracia, más derechos y más humanidad.

Ceuta necesita soluciones, no enemigos.

Y tampoco más odio.