(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸 – 🇹🇷 yazılmıştır)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Los Derechos Humanos no son un simple adorno, porque nos obligan a detenernos y mirar con atención aquello que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. No porque Turquía sea el único país donde las personas LGTBI sufren discriminación, ni porque todo lo que sucede allí sea completamente distinto de lo que podemos encontrar en otros lugares, sino porque lo que estamos viendo estos días muestra con una claridad preocupante cómo puede producirse un retroceso de derechos incluso cuando la homosexualidad, formalmente, no constituye un delito.

Ahora mismo, en septiembre de 2026, Turquía está viviendo una nueva y grave escalada contra organizaciones, activistas y espacios vinculados al movimiento LGTBI. Las autoridades han puesto en marcha una operación denominada “Mi familia está segura”, con actuaciones coordinadas en quince provincias. Según el ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, existen procedimientos judiciales contra 162 personas, nueve asociaciones y trece establecimientos. Es importante aclarar que esos 162 no son 162 personas detenidas, sino personas sometidas a procedimientos dentro de las diferentes investigaciones.

Durante los primeros días de la operación se produjeron redadas en domicilios y sedes de asociaciones, incautaciones de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos y restricciones de acceso a páginas web y cuentas de redes sociales. Organizaciones como Kaos GL, una de las entidades LGTBI con mayor trayectoria de Turquía, fueron objeto de actuaciones policiales. La propia organización informó de que miembros de su junta directiva y de su órgano de supervisión fueron detenidos y que su sede fue registrada. La investigación contra Kaos GL incluye acusaciones relacionadas con supuesta «obscenidad» y con la legislación sobre asociaciones. 

También fueron objeto de actuaciones otras organizaciones LGTBI y de apoyo a personas con VIH. Kaos GL documentó restricciones contra páginas y cuentas de entidades como Lambdaistanbul, SPoD, Pembe Hayat, 17 May Association, UniKuir, Young LGBTI+ Association y otras organizaciones. Según esta misma fuente, el 12 de septiembre se dictaron órdenes para bloquear numerosos sitios web y cuentas en redes sociales, mientras que durante la madrugada del 13 comenzaron las operaciones policiales en diferentes ciudades. 

Pero hay una cuestión que jurídicamente no podemos pasar por alto. La homosexualidad no es delito en Turquía.Las relaciones entre personas del mismo sexo son legales. Por eso sería incorrecto afirmar que Turquía ha establecido simplemente una prohibición penal de la homosexualidad. Lo que estamos observando es algo bastante más complejo y, precisamente por eso, también más importante de comprender. Una persona puede no estar cometiendo ningún delito por ser homosexual y, sin embargo, encontrarse con restricciones sobre su libertad de expresión, su derecho de asociación, su derecho de reunión o su capacidad para defender públicamente los derechos del colectivo.

Las autoridades turcas sostienen que las investigaciones pretenden proteger a los menores y preservar los valores familiares. Las acusaciones formuladas en las distintas investigaciones incluyen delitos como prostitución y obscenidad y, según las autoridades, determinadas conductas relacionadas con contenidos que podrían afectar a menores. El Ministerio de Justicia ha llegado además a ordenar a las fiscalías de las 81 provincias que revisen denuncias relacionadas con contenidos que, según su interpretación, podrían exponer a menores a obscenidad o promover lo que denominan “genderlessness”.

Conviene separar cuidadosamente los hechos de las interpretaciones. No se puede afirmar como hecho demostrado que la protección de la infancia sea simplemente una “excusa” utilizada por el Gobierno turco. Esa es una interpretación que mantienen organizaciones y sectores críticos con las actuaciones. Lo que sí podemos afirmar es que las autoridades están utilizando expresamente la protección de los menores y los valores familiares para justificar una operación que está afectando a organizaciones y personas vinculadas al movimiento LGTBI. Y también podemos constatar que organizaciones de Derechos Humanos consideran que esas actuaciones están restringiendo injustificadamente libertades fundamentales.

La dimensión de lo ocurrido se entiende mejor cuando observamos las cifras que ya han sido confirmadas. El 14 de septiembre, un tribunal de Esmirna ordenó prisión preventiva para 16 personas de las 18 detenidas en aquella investigación, mientras que las otras dos quedaron sometidas a control judicial. Posteriormente, el 15 de septiembre, se informó de que al menos 31 personas habían sido enviadas a prisión preventiva en el marco de la ofensiva y que otras 126 personas habían sido detenidas durante las protestas celebradas en Ankara y Estambul contra las actuaciones policiales. Entre las personas enviadas a prisión preventiva había cinco mujeres trans detenidas en Ankara.

Es fundamental no sumar automáticamente todas esas cifras como si representaran un único grupo. Son procedimientos y momentos diferentes. Los 162 son personas incluidas en procedimientos judiciales dentro de la operación anunciada por el Ministerio de Justicia. Las 31 personas hacen referencia a quienes habían sido enviadas a prisión preventiva según la información disponible el 15 de septiembre. Y las 126 corresponden a personas detenidas durante las protestas. Esta precisión puede parecer un detalle, pero cuando hablamos de Derechos Humanos y de posibles vulneraciones de derechos fundamentales, los números también tienen que ser rigurosos.

La reacción internacional tampoco ha tardado en llegar. Michael O’Flaherty, Director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, manifestó su preocupación por las detenciones, los registros policiales y las restricciones sobre páginas web y redes sociales dirigidas contra organizaciones LGTBI y defensores de Derechos Humanos. También reclamó la puesta en libertad de quienes hubieran sido detenidos por desarrollar actividades de defensa de los Derechos Humanos o de la sociedad civil y recordó que las referencias a los valores familiares o a la protección de los niños no pueden, por sí mismas, justificar restricciones de los Derechos Humanos.

Lo ocurrido tampoco aparece de repente. Durante los últimos años se ha producido en Turquía un incremento de las restricciones dirigidas contra las personas LGTBI. El Orgullo de Estambul lleva prohibido desde 2015 y las autoridades han impedido reiteradamente manifestaciones LGTBI en distintas ciudades. En diferentes ocasiones, la policía ha intervenido las concentraciones y se han producido detenciones. Además, ha que recordar que la prohibición del Orgullo de Estambul se mantiene desde 2015 dentro de una política más amplia de restricciones contra la expresión pública del movimiento LGTBI.

Esto no es para mí una realidad lejana o una cuestión que conozca únicamente a través de informes. En mi propia entidad he tenido como compañero a una persona que pasó cuatro años en una prisión turca precisamente por defender los Derechos Humanos, entre ellos los derechos de las personas LGTBI. Cuatro años de su vida encerrado por hacer algo que, en cualquier sociedad verdaderamente comprometida con la dignidad humana, debería ser motivo de reconocimiento y no de persecución. Cuando uno conoce personalmente a alguien que ha pagado con su libertad la defensa de los derechos de los demás, las noticias sobre Turquía dejan de ser simplemente cifras, informes o titulares. Tienen rostro, tienen nombre y tienen una historia humana detrás.

Y quizá por eso me cuesta especialmente aceptar que todavía haya quien piense que hablar de Derechos Humanos es exagerar, politizarlo todo o buscar problemas donde no los hay. Detrás de cada organización perseguida, de cada activista detenido y de cada persona que tiene miedo de mostrar públicamente quién es, hay una vida que puede quedar marcada para siempre. Defender los derechos de una minoría nunca debería convertirse en una actividad peligrosa.

La situación también ha evolucionado en el terreno legislativo. Human Rights Watch denunció en octubre de 2025 un proyecto gubernamental que podía abrir la puerta a la persecución penal de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en Turquía. La organización lo calificó como uno de los retrocesos más preocupantes en materia de derechos LGTBI en décadas. Y en junio de 2026 volvió a advertir de la reaparición de propuestas legislativas que contemplaban penas de prisión para determinadas conductas relacionadas con personas LGTBI. La organización señaló que Turquía estaba avanzando en dirección contraria a la protección de estos derechos mientras otros Estados europeos comenzaban a retirar algunas de sus medidas restrictivas. 

Todo esto nos obliga a comprender algo que a veces olvidamos. La persecución de una minoría no empieza necesariamente con una ley que diga que esa minoría es ilegal. Puede comenzar mucho antes, cuando se construye un discurso en el que determinadas personas son presentadas como una amenaza para la familia, para los niños, para la moral o para la sociedad. Después pueden aparecer las restricciones sobre sus asociaciones, sobre sus manifestaciones, sobre sus publicaciones y sobre su capacidad para hablar públicamente. Y cuando una sociedad empieza a considerar normal que determinados ciudadanos tengan menos libertad que los demás, el deterioro de los Derechos Humanos ya está en marcha.

La palabra “familia” no debería utilizarse para enfrentar a unas personas contra otras. Las personas LGTBI también tienen familias. Tienen madres, padres, hermanos, hijos, parejas, amistades y hogares. Hay familias heterosexuales y familias homoparentales, personas solteras, personas trans que han construido su propia vida y familias que no encajan en el modelo tradicional. Todas ellas forman parte de la sociedad.

Del mismo modo, proteger a los niños no significa protegerlos de la existencia de las personas LGTBI. Un niño no necesita crecer en un mundo donde se le enseñe que una persona homosexual es peligrosa. Necesita crecer en un mundo donde aprenda que las personas merecen respeto, donde se prevenga el acoso y donde cualquier menor pueda pedir ayuda si está siendo víctima de violencia o discriminación.

Y esto es especialmente importante cuando hablamos de Derechos Humanos. La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión no pueden depender de que una determinada mayoría considere agradable o incómoda la identidad de quienes ejercen esos derechos. Precisamente los Derechos Humanos sirven para proteger también a quienes pertenecen a minorías y para impedir que una mayoría pueda decidir arbitrariamente quién merece disfrutar plenamente de sus libertades.

Lo que está pasando en Turquía nos está mostrando estos días algo que debería preocuparnos mucho más allá de sus fronteras. No porque todo lo que ocurre allí tenga que reproducirse necesariamente en otros países, sino porque los mecanismos mediante los cuales una sociedad puede empezar a restringir derechos son reconocibles. Primero aparece el discurso que señala. Después llega la estigmatización. Más tarde aparecen las restricciones. Y finalmente puede llegar la utilización del aparato policial o penal contra quienes se niegan a permanecer en silencio.

Por eso la defensa de los Derechos Humanos no puede reducirse a esperar a que exista una ley que diga literalmente que un colectivo deja de tener derechos. Hay que defenderlos también cuando se restringe la posibilidad de organizarse, cuando se censuran espacios de expresión, cuando se prohíben manifestaciones pacíficas o cuando se utiliza el miedo para convertir a una parte de la ciudadanía en sospechosa.

Porque una persona LGTBI no necesita permiso de ningún Gobierno para existir, amar, formar una familia, expresarse o defender sus derechos. Y ninguna mayoría debería tener capacidad para conceder o retirar la dignidad de una minoría. La dignidad humana no depende de una votación, de una tradición, de una religión ni de una determinada concepción de la familia. Es inherente a cada persona por el simple hecho de ser persona.

No olvidemos que los Derechos Humanos no se defienden únicamente cuando resulta fácil hacerlo. Se defienden precisamente cuando alguien intenta convencer a la sociedad de que algunas personas merecen menos libertad que las demás.

 Porque cuando empezamos a aceptar que la dignidad puede tener excepciones, dejamos de hablar realmente de Derechos Humanos y empezamos a hablar de privilegios.

Cuando la diversidad se convierte en delito, sospecha o silencio, no está en peligro solamente una minoría. 

Ahora mismo, en Turquía, está en peligro la idea misma de dignidad humana.

Porque ninguna familia necesita enemigos para poder existir. 

Y ninguna persona necesita permiso para ser quien es.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Türkiye and the persecution of LGBTI people

Human rights are not simply an ornament, because they compel us to stop and pay close attention to what is happening beyond our borders. Not because Türkiye is the only country where LGBTI people face discrimination, nor because everything happening there is entirely different from what we may find elsewhere, but because what we are witnessing these days shows with deeply troubling clarity how rights can be rolled back even when homosexuality itself is not formally a criminal offence.

Right now, in September 2026, Türkiye is experiencing a new and serious escalation against organisations, activists and spaces connected with the LGBTI movement. The authorities have launched an operation known as “My Family is Safe”, involving coordinated action across fifteen provinces. According to the Turkish Minister of Justice, Akın Gürlek, judicial proceedings have been initiated against 162 people, nine associations and thirteen establishments. It is important to make clear that these 162 people are not 162 detainees, but people subject to proceedings as part of the various investigations.

During the first days of the operation, raids were carried out at homes and association premises, mobile phones, computers and other electronic devices were seized, and access to websites and social media accounts was restricted.Organisations such as Kaos GL, one of Türkiye’s longest established LGBTI organisations, were targeted by the police. The organisation itself reported that members of its board and supervisory body were detained and that its premises were searched. The investigation into Kaos GL includes allegations relating to alleged “obscenity” and legislation governing associations.

Other LGBTI organisations and organisations supporting people living with HIV were also targeted. Kaos GL documented restrictions affecting the websites and social media accounts of organisations including Lambdaistanbul, SPoD, Pembe Hayat, the 17 May Association, UniKuir, the Young LGBTI+ Association and others. According to the same source, on 12 September orders were issued to block numerous websites and social media accounts, while police operations began in different cities during the early hours of 13 September.

But there is a legal point that we cannot overlook. Homosexuality is not a criminal offence in Türkiye. Same sex relations are legal. It would therefore be inaccurate to claim that Türkiye has simply introduced a criminal prohibition on homosexuality. What we are witnessing is something considerably more complex and, precisely for that reason, also more important to understand. A person may not be committing any offence by being homosexual and yet still face restrictions on their freedom of expression, their right to freedom of association, their right to peaceful assembly or their ability to defend the rights of the LGBTI community publicly.

The Turkish authorities maintain that the investigations are intended to protect children and preserve family values. The allegations made in the various investigations include offences such as prostitution and obscenity and, according to the authorities, certain forms of conduct involving content that could affect children. The Ministry of Justice has also ordered prosecutors in all 81 provinces to review complaints concerning content which, according to their interpretation, could expose children to obscenity or promote what they describe as “genderlessness”.

It is important to distinguish carefully between facts and interpretations. It cannot be stated as an established fact that protecting children is simply an “excuse” being used by the Turkish government. That is an interpretation held by organisations and groups critical of these actions. What we can say is that the authorities are expressly invoking the protection of children and family values to justify an operation affecting organisations and people connected with the LGBTI movement. We can also observe that human rights organisations consider these actions to be unjustifiably restricting fundamental freedoms.

The scale of what has happened becomes clearer when we look at the figures that have been confirmed. On 14 September, a court in Izmir ordered 16 of the 18 people detained in that investigation to be remanded in custody, while the other two were placed under judicial supervision. Subsequently, on 15 September, it was reported that at least 31 people had been remanded in custody as part of the crackdown and that a further 126 people had been detained during protests in Ankara and Istanbul against the police operations. Among those remanded in custody were five trans women detained in Ankara.

It is essential not to automatically add all these figures together as though they represented a single group. They relate to different proceedings and different points in time. The 162 are people subject to judicial proceedings as part of the operation announced by the Ministry of Justice. The 31 refers to those who had been remanded in custody according to the information available on 15 September. And the 126 refers to people detained during the protests. This may seem like a minor detail, but when we are talking about human rights and possible violations of fundamental rights, the figures also need to be accurate.

The international reaction has also been swift. Michael O’Flaherty, Director of the European Union Agency for Fundamental Rights, expressed concern about the arrests, police raids and restrictions on websites and social media targeting LGBTI organisations and human rights defenders. He also called for the release of anyone detained for carrying out human rights or civil society activities and stressed that references to family values or the protection of children cannot, in themselves, justify restrictions on human rights.

What is happening has not appeared out of nowhere either. Over recent years, Türkiye has seen increasing restrictions directed at LGBTI people. Istanbul Pride has been banned since 2015 and the authorities have repeatedly prevented LGBTI demonstrations in different cities. On numerous occasions, the police have intervened in these gatherings and arrests have followed. It should also be remembered that the ban on Istanbul Pride has remained in place since 2015 as part of a broader pattern of restrictions on the public expression of the LGBTI movement.

This is not, for me, some distant reality or something I know only through reports. Within my own organisation, I have had a colleague who spent four years in a Turkish prison precisely because he defended human rights, including the rights of LGBTI people. Four years of his life behind bars for doing something which, in any society genuinely committed to human dignity, should be a reason for recognition rather than persecution. When you personally know someone who has paid with their freedom for defending the rights of others, the news coming out of Türkiye ceases to be simply figures, reports or headlines. It has a face, a name and a human story behind it.

And perhaps that is why I find it particularly difficult to accept that there are still people who believe that talking about human rights is an exaggeration, that everything is being politicised, or that we are simply looking for problems where none exist. Behind every persecuted organisation, every detained activist and every person who is afraid to show openly who they are, there is a life that can be marked forever. Defending the rights of a minority should never become a dangerous activity.

The situation has also developed on the legislative front. In October 2025, Human Rights Watch denounced a government proposal that could pave the way for the criminal prosecution of lesbian, gay, bisexual and trans people in Türkiye. The organisation described it as one of the most serious setbacks for LGBTI rights in decades. In June 2026, it warned again of the re-emergence of legislative proposals that included prison sentences for certain conduct involving LGBTI people. The organisation said that Türkiye was moving in the opposite direction to the protection of these rights, while other European states were beginning to withdraw some of their restrictive measures.

All of this forces us to understand something that we sometimes forget. The persecution of a minority does not necessarily begin with a law stating that the minority itself is illegal. It can begin much earlier, when a discourse is constructed in which certain people are portrayed as a threat to the family, to children, to morality or to society.Restrictions on their organisations, demonstrations, publications and ability to speak publicly may then follow. And when a society begins to regard it as normal for certain citizens to have fewer freedoms than others, the erosion of human rights is already under way.

The word “family” should never be used to turn one group of people against another. LGBTI people have families too. They have mothers, fathers, brothers, sisters, children, partners, friends and homes. There are heterosexual families and same sex families, single people, trans people who have built lives of their own and families that do not fit the traditional model. All of them are part of society.

Likewise, protecting children does not mean protecting them from the existence of LGBTI people. A child does not need to grow up in a world where they are taught that a homosexual person is dangerous. They need to grow up in a world where they learn that people deserve respect, where bullying is prevented and where every child can ask for help if they are experiencing violence or discrimination.

And this is particularly important when we talk about human rights. Freedom of expression, freedom of association and freedom of peaceful assembly cannot depend on whether a particular majority finds the identity of those exercising these rights acceptable or uncomfortable. Human rights exist precisely to protect minorities too and to prevent a majority from arbitrarily deciding who deserves to enjoy their freedoms fully.

What is happening in Türkiye is showing us something these days that should concern us far beyond its borders. Not because everything happening there will necessarily be replicated in other countries, but because the mechanisms through which a society can begin to restrict rights are recognisable. First comes the discourse that singles people out. Then comes stigmatisation. Later come restrictions. And eventually the police or criminal justice system may be used against those who refuse to remain silent.

That is why defending human rights cannot simply mean waiting for a law to appear that literally states that a particular group no longer has rights. We must defend those rights when people are prevented from organising, when spaces for expression are censored, when peaceful demonstrations are banned or when fear is used to turn part of the population into objects of suspicion.

Because an LGBTI person does not need permission from any government to exist, to love, to form a family, to express themselves or to defend their rights. And no majority should have the power to grant or withdraw the dignity of a minority. Human dignity does not depend on a vote, a tradition, a religion or a particular conception of the family. It belongs to every person simply by virtue of being human.

Let us not forget that human rights are not defended only when doing so is easy. They are defended precisely when someone tries to convince society that some people deserve fewer freedoms than others.

Because once we begin to accept that dignity can have exceptions, we are no longer truly talking about human rights. We are talking about privileges.

When diversity becomes a crime, a source of suspicion or something that must remain silent, it is not only a minority that is in danger.

Right now, in Türkiye, the very idea of human dignity is at stake.

Because no family needs enemies in order to exist.

And no person needs permission to be who they are.

🇹🇷Türkçe🇹🇷
Türkiye ve LGBTI kişilere yönelik zulüm

İnsan hakları yalnızca bir süs değildir. Çünkü insan hakları, sınırlarımızın ötesinde neler olup bittiğine dikkatle bakmamızı zorunlu kılar. Bunun nedeni Türkiye’nin LGBTI kişilerin ayrımcılığa maruz kaldığı tek ülke olması değildir. Yaşananların başka yerlerde gördüklerimizden tamamen farklı olması da değildir. Ancak bugün tanık olduğumuz gelişmeler, eşcinselliğin kendisi resmen suç sayılmasa bile temel hakların nasıl geriye götürülebileceğini son derece kaygı verici bir biçimde gösteriyor.

Şu anda, Eylül 2026’da, Türkiye’de LGBTI hareketiyle bağlantılı kuruluşlara, aktivistlere ve toplumsal alanlara yönelik yeni ve ciddi bir baskı dalgası yaşanıyor. Yetkililer, on beş ilde eş zamanlı operasyonları içeren “Ailem Güvende” adı verilen bir operasyon başlattı. Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek’e göre 162 kişi, dokuz dernek ve on üç kuruluş hakkında adli soruşturma başlatıldı. Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu 162 kişi 162 tutuklu anlamına gelmiyor. Söz konusu kişiler, farklı soruşturmalar kapsamında haklarında adli işlem başlatılan kişiler.

Operasyonun ilk günlerinde evlere ve dernek merkezlerine baskınlar düzenlendi, cep telefonlarına, bilgisayarlara ve diğer elektronik cihazlara el konuldu ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlandı. Türkiye’nin en eski LGBTI kuruluşlarından biri olan Kaos GL de polis operasyonlarının hedefi oldu. Kuruluş, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gözaltına alındığını ve merkezlerinin arandığını açıkladı. Kaos GL hakkında yürütülen soruşturma, “müstehcenlik” iddiaları ve dernekler mevzuatına ilişkin suçlamaları içeriyor.

Diğer LGBTI kuruluşları ile HIV ile yaşayan kişileri destekleyen kuruluşlar da hedef alındı. Kaos GL, Lambdaistanbul, SPoD, Pembe Hayat, 17 Mayıs Derneği, UniKuir, Genç LGBTI+ Derneği ve diğer bazı kuruluşların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını etkileyen kısıtlamaları belgeledi. Aynı kaynağa göre 12 Eylül’de çok sayıda internet sitesi ve sosyal medya hesabının engellenmesine ilişkin kararlar alındı ve 13 Eylül’ün erken saatlerinde farklı şehirlerde polis operasyonları başladı.

Ancak göz ardı edemeyeceğimiz önemli bir hukuki nokta var. Türkiye’de eşcinsellik suç değildir. Aynı cinsiyetten kişiler arasındaki ilişkiler yasaldır. Dolayısıyla Türkiye’nin eşcinselliği basitçe suç sayan bir yasak getirdiğini söylemek doğru olmaz. Yaşananlar bundan çok daha karmaşık ve tam da bu nedenle anlaşılması çok daha önemli bir durumdur. Bir kişi eşcinsel olduğu için herhangi bir suç işlememiş olabilir ancak buna rağmen ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkı veya LGBTI toplumunun haklarını açıkça savunabilme imkânı bakımından kısıtlamalarla karşılaşabilir.

Türk makamları soruşturmaların çocukları korumayı ve aile değerlerini muhafaza etmeyi amaçladığını belirtiyor. Farklı soruşturmalarda yöneltilen suçlamalar arasında fuhuş ve müstehcenlik gibi suçlar ile yetkililerin çocukları etkileyebileceğini düşündüğü belirli içeriklere ilişkin iddialar bulunuyor. Adalet Bakanlığı ayrıca 81 ilin tamamındaki savcılıklara, kendi yorumlarına göre çocukları müstehcenliğe maruz bırakabilecek veya “cinsiyetsizliği” teşvik edebilecek içeriklere ilişkin şikâyetlerin incelenmesi talimatını verdi.

Gerçekler ile yorumları dikkatle birbirinden ayırmak gerekiyor. Türk hükümetinin çocukları korumayı yalnızca bir “bahane” olarak kullandığı kesinleşmiş bir gerçekmiş gibi ifade edilemez. Bu, söz konusu uygulamaları eleştiren kuruluşların ve grupların ileri sürdüğü bir yorumdur. Söylenebilecek olan şudur. Yetkililer, LGBTI hareketiyle bağlantılı kuruluşları ve kişileri etkileyen bir operasyonu meşrulaştırmak için açıkça çocukların korunmasına ve aile değerlerine atıfta bulunuyor. Aynı zamanda insan hakları kuruluşlarının bu uygulamaların temel özgürlükleri haksız biçimde kısıtladığını düşündüğünü de gözlemleyebiliriz.

Yaşananların boyutu, doğrulanmış rakamlara baktığımızda daha açık hale geliyor. 14 Eylül’de İzmir’deki bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra 15 Eylül’de, baskı dalgası kapsamında en az 31 kişinin tutuklandığı ve Ankara ile İstanbul’da polis operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar sırasında 126 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Tutuklananlar arasında Ankara’da gözaltına alınan beş trans kadın da bulunuyordu.

Bütün bu rakamları tek bir gruba aitmiş gibi otomatik olarak toplamak doğru değildir. Bunlar farklı soruşturmalara ve farklı zaman dilimlerine ilişkin rakamlardır. 162 kişi, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan operasyon kapsamında haklarında adli işlem yürütülen kişileri ifade ediyor. 31 sayısı, 15 Eylül itibarıyla tutuklandığı bildirilen kişileri ifade ediyor. 126 sayısı ise protestolar sırasında gözaltına alınan kişilere ilişkin. Bu küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ancak insan haklarından ve temel hakların muhtemel ihlallerinden söz ettiğimizde rakamların da doğru olması gerekir.

Uluslararası tepki de hızlı oldu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty, LGBTI kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını hedef alan gözaltılar, polis baskınları ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına yönelik kısıtlamalar konusunda endişelerini dile getirdi. Ayrıca insan hakları veya sivil toplum faaliyetleri yürüttükleri için gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve aile değerlerine veya çocukların korunmasına yapılan atıfların tek başına insan haklarına yönelik kısıtlamaları haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Yaşananlar birdenbire ortaya çıkmış da değil. Son yıllarda Türkiye’de LGBTI kişilere yönelik kısıtlamaların giderek arttığı görülüyor. İstanbul Onur Yürüyüşü 2015 yılından bu yana yasaklanmış durumda ve yetkililer farklı şehirlerde LGBTI gösterilerinin düzenlenmesini defalarca engelledi. Polis birçok kez bu toplantılara müdahale etti ve gözaltılar gerçekleştirildi. İstanbul Onur Yürüyüşü’ne yönelik yasağın 2015 yılından bu yana devam ettiğini ve bunun LGBTI hareketinin kamusal alandaki görünürlüğüne yönelik daha geniş kapsamlı kısıtlamaların bir parçası olduğunu da hatırlamak gerekiyor.

Benim için bu uzak bir gerçeklik veya yalnızca raporlardan bildiğim bir durum değil. Kendi kuruluşum içinde, insan haklarını ve özellikle LGBTI kişilerin haklarını savunduğu için Türkiye’de dört yıl cezaevinde kalmış bir meslektaşım oldu. İnsan onuruna gerçekten bağlı herhangi bir toplumda takdir edilmesi gereken bir şey yaptığı için hayatının dört yılını parmaklıklar ardında geçirmek zorunda kaldı. Başkalarının haklarını savunduğu için özgürlüğünü kaybetmiş birini kişisel olarak tanıdığınızda, Türkiye’den gelen haberler artık yalnızca rakamlardan, raporlardan veya manşetlerden ibaret olmuyor. Bunların arkasında bir yüz, bir isim ve gerçek bir insan hikâyesi olduğunu görüyorsunuz.

Belki de bu nedenle hâlâ insan haklarından söz etmenin abartı olduğunu, her şeyin siyasallaştırıldığını veya aslında ortada olmayan sorunları aradığımızı düşünen insanların bulunmasını kabullenmekte özellikle zorlanıyorum. Zulme uğrayan her kuruluşun, gözaltına alınan her aktivistin ve kim olduğunu açıkça göstermekten korkan her insanın arkasında sonsuza kadar iz bırakabilecek bir hayat var. Bir azınlığın haklarını savunmak hiçbir zaman tehlikeli bir faaliyet haline gelmemeli.

Durum yasama alanında da gelişmeye devam ediyor. Ekim 2025’te Human Rights Watch, Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans kişilerin cezai kovuşturmaya maruz kalmasının önünü açabilecek bir hükümet önerisini kınadı.Kuruluş bunu onlarca yıldır LGBTI hakları açısından yaşanan en ciddi gerilemelerden biri olarak değerlendirdi. Haziran 2026’da ise belirli LGBTI davranışlarına ilişkin hapis cezaları öngören yeni yasal düzenleme tekliflerinin yeniden gündeme gelmesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Kuruluş, Türkiye’nin bu hakların korunmasının ters yönünde ilerlediğini ve Avrupa’daki bazı diğer devletlerin kısıtlayıcı uygulamalarının bir bölümünü geri çekmeye başladığını belirtti.

Bütün bunlar bize bazen unuttuğumuz bir şeyi anlamamız gerektiğini gösteriyor. Bir azınlığın zulme uğraması, mutlaka o azınlığın kendisinin yasadışı olduğunu söyleyen bir kanunla başlamaz. Çok daha önce, belirli insanların aile, çocuklar, ahlak veya toplum için bir tehdit olarak gösterildiği bir söylem oluşturulduğunda başlayabilir. Daha sonra bu kişilerin kuruluşlarına, gösterilerine, yayınlarına ve kamuoyu önünde konuşabilme imkânlarına yönelik kısıtlamalar gelebilir. Ve bir toplum bazı vatandaşların diğerlerinden daha az özgürlüğe sahip olmasını normal karşılamaya başladığında, insan haklarının aşındırılması zaten başlamış demektir.

“Aile” kelimesi hiçbir zaman bir grup insanı başka bir gruba karşı kışkırtmak için kullanılmamalıdır. LGBTI kişilerin de aileleri vardır. Anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları, partnerleri, arkadaşları ve yuvaları vardır. Heteroseksüel aileler de vardır, aynı cinsiyetten çiftlerden oluşan aileler de vardır, yalnız yaşayan insanlar vardır, kendi hayatlarını kurmuş trans insanlar vardır ve geleneksel aile modeline uymayan aileler vardır. Bunların tamamı toplumun bir parçasıdır.

Aynı şekilde çocukları korumak, onları LGBTI insanların varlığından korumak anlamına gelmez. Bir çocuğun eşcinsel bir insanın tehlikeli olduğu öğretilen bir dünyada büyümesine ihtiyacı yoktur. İnsanların saygıyı hak ettiğini öğrendiği, zorbalığın önlendiği ve şiddet veya ayrımcılığa maruz kaldığında her çocuğun yardım isteyebildiği bir dünyada büyümeye ihtiyacı vardır.

İnsan haklarından söz ettiğimizde bu özellikle önemlidir. İfade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğü, belirli bir çoğunluğun bu hakları kullanan insanların kimliğini kabul edilebilir veya rahatsız edici bulup bulmamasına bağlı olamaz. İnsan hakları tam da azınlıkları da korumak ve bir çoğunluğun kimlerin özgürlüklerinden tam olarak yararlanmayı hak ettiğine keyfî biçimde karar vermesini engellemek için vardır.

Bugün Türkiye’de yaşananlar bize sınırlarının çok ötesinde de endişe yaratması gereken bir şeyi gösteriyor. Bunun nedeni başka ülkelerde yaşananların mutlaka tekrarlanacak olması değil, hakların kısıtlanmaya başlanabileceği mekanizmaların tanınabilir olmasıdır. Önce insanları belirli özellikleri nedeniyle hedef gösteren bir söylem ortaya çıkar. Ardından damgalama gelir. Daha sonra kısıtlamalar başlar. Sonunda ise polis veya ceza adaleti sistemi sessiz kalmayı reddeden insanlara karşı kullanılabilir.

Bu nedenle insan haklarını savunmak, yalnızca belirli bir grubun artık haklara sahip olmadığını açıkça söyleyen bir kanunun ortaya çıkmasını beklemek anlamına gelemez. İnsanlar örgütlenmekten alıkonulduğunda, ifade alanları sansürlendiğinde, barışçıl gösteriler yasaklandığında veya toplumun bir bölümünü şüphe nesnesine dönüştürmek için korku kullanıldığında bu hakları savunmamız gerekir.

Çünkü bir LGBTI kişinin var olmak, sevmek, aile kurmak, kendisini ifade etmek veya kendi haklarını savunmak için herhangi bir hükümetten izin alması gerekmez. Ve hiçbir çoğunluk, bir azınlığın onurunu verme veya geri alma gücüne sahip olmamalıdır. İnsan onuru bir oya, bir geleneğe, bir dine veya belirli bir aile anlayışına bağlı değildir. İnsan olduğu için her insana aittir.

Unutmayalım ki insan hakları yalnızca onları savunmanın kolay olduğu zamanlarda savunulmaz. İnsan hakları, tam da birileri toplumu bazı insanların diğerlerinden daha az özgürlüğü hak ettiğine inandırmaya çalıştığında savunulur.

Çünkü onurun istisnaları olabileceğini kabul etmeye başladığımız anda artık gerçekten insan haklarından söz etmiyoruz. Ayrıcalıklardan söz ediyoruz.

Çeşitlilik bir suç, bir şüphe nedeni veya sessiz kalması gereken bir şey haline geldiğinde yalnızca bir azınlık tehlikede değildir.

Bugün Türkiye’de tehlikede olan şey insan onuru düşüncesinin kendisidir.

Çünkü hiçbir ailenin var olmak için düşmanlara ihtiyacı yoktur.

Ve hiçbir insan olduğu kişi olabilmek için izin almak zorunda değildir.