Educación, Memoria y Dignidad

Cuando hablamos de educación, muchas veces pensamos en colegios, institutos, universidades, libros, exámenes o asignaturas. Pensamos en aprender matemáticas, historia, lengua, ciencias… Pero la educación es mucho más que eso. Educar también significa aprender a convivir, aprender a respetar, aprender a escuchar y, sobre todo, aprender que delante de nosotros siempre hay otra persona cuya dignidad merece exactamente el mismo respeto que la nuestra. Y esto no me lo invento yo. Lo dice la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Su artículo 26.2 establece que la educación debe tener como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También habla de comprensión, de tolerancia, de amistad entre los pueblos y de convivencia.

Y creo que ahí está una de las claves de todo esto, porque educar no es simplemente transmitir conocimientos. Educar es proporcionar herramientas para que una persona pueda entender el mundo que le rodea y pueda construir su propio criterio. Es enseñarle a pensar, no decirle qué tiene que pensar. Y precisamente por eso creo que educación y Memoria Democrática están profundamente unidas. Porque si queremos construir una sociedad democrática, no basta con explicar qué es una democracia. También tenemos que explicar qué ocurre cuando desaparece, qué sucede cuando las libertades dejan de estar garantizadas y cuando determinadas personas son perseguidas por lo que piensan, por lo que creen, por cómo viven o simplemente por no encajar en aquello que quienes tienen el poder consideran aceptable. Tenemos que conocer nuestra historia.

Y conocer nuestra historia no significa vivir permanentemente mirando hacia atrás. Significa aprender. La Memoria Democrática tiene que ver precisamente con eso, con reconocer lo que ocurrió, con conservar la memoria de quienes sufrieron, con conocer nuestra historia reciente y con transmitir a las nuevas generaciones aquello que durante mucho tiempo no pudo contarse o se contó solamente desde una determinada perspectiva. Y creo que hay algo que deberíamos tener muy claro: recordar no significa odiar. Recordar no significa enseñar a nuestros hijos a vivir enfrentados a sus abuelos o a sus padres. Recordar significa saber qué ocurrió, poder decir que hubo personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas, asesinadas o privadas de sus libertades y reconocer que hubo familias que vivieron durante años con el miedo, con el silencio y con heridas que, en muchos casos, todavía no han terminado de cerrarse.

Y todo esto tiene una relación directa con los derechos humanos. El artículo 5 de la Declaración Universal dice que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Puede parecer algo absolutamente evidente y debería serlo, pero la historia nos demuestra que las cosas que hoy consideramos evidentes pueden dejar de serlo cuando una sociedad empieza a aceptar que hay personas que merecen menos derechos que otras. Por eso tenemos que recordar, porque cuando olvidamos que algo ocurrió corremos el riesgo de volver a permitir que ocurra. Y aquí es donde la educación adquiere una importancia enorme, porque una persona que conoce la historia tiene más herramientas para reconocer determinadas señales, puede entender por qué determinadas cosas son peligrosas y puede comprender mejor el valor que tienen derechos que muchas veces damos por sentados.

El derecho a expresarnos libremente, el derecho a votar, el derecho a manifestarnos, el derecho a reunirnos, el derecho a defender nuestras ideas, el derecho a vivir nuestra orientación sexual, el derecho a practicar una religión o a no practicar ninguna y, en definitiva, el derecho a ser quienes somos sin tener que vivir con miedo forman parte de nuestra democracia y de nuestros derechos fundamentales. Y quizá precisamente porque hoy disfrutamos de muchas de esas libertades con normalidad, necesitamos recordar que no siempre estuvieron ahí. Las democracias no se mantienen únicamente porque existan elecciones cada cierto tiempo. Se mantienen también porque existen ciudadanos que conocen sus derechos, que conocen su historia y que entienden que esos derechos tienen que ser defendidos cuando alguien intenta vulnerarlos.

Por eso yo creo que educar en valores democráticos no significa adoctrinar, y esto es importante decirlo. Educar en democracia no significa decirle a un niño qué partido tiene que votar cuando sea adulto, ni decirle qué ideología tiene que defender, ni imponerle una determinada manera de entender la sociedad. Significa enseñarle qué son los derechos humanos, explicarle qué es la igualdad, qué significa la libertad, qué significa la dignidad, qué significa la justicia y qué significa convivir con alguien que piensa completamente diferente a nosotros. Después, que cada persona piense lo que quiera, defienda lo que quiera y vote a quien considere oportuno, pero que pueda hacerlo conociendo la historia. Porque para mí hay una diferencia enorme entre decirle a alguien qué debe pensar y darle las herramientas necesarias para que pueda pensar por sí mismo. Y esa es precisamente la función que debería tener la educación, no decirnos qué pensar, sino enseñarnos a pensar.

Por eso también considero tan importante que nuestros jóvenes puedan conocer nuestra historia de una manera crítica y rigurosa. Que puedan visitar lugares de memoria, escuchar testimonios, investigar, preguntar y debatir, y que puedan encontrarse con una historia que, en ocasiones, será incómoda, dolorosa o difícil de comprender. Porque precisamente aquello que nos incomoda es muchas veces aquello de lo que más podemos aprender. Y esto también aparece en nuestra propia Constitución. El artículo 27.2 dice que la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, cuando hablamos de educación en democracia, no estamos hablando de algo que esté al margen de nuestro ordenamiento jurídico, sino de uno de los propios objetivos de la educación.

Y esto no significa que todos tengamos que pensar igual. Al contrario, una democracia necesita personas diferentes, necesita personas que discrepen, que hagan preguntas, que cuestionen las cosas y que puedan defender ideas diferentes, incluso ideas que nos incomoden. Pero hay algo que debería estar siempre por encima de nuestras diferencias y es la dignidad de la persona que tenemos delante. Podemos discutir sobre política, economía, historia, religión o sobre cualquier otra cuestión, pero la persona que tenemos delante sigue teniendo derechos. Y ahí está, para mí, el verdadero sentido de educar en derechos humanos, en entender que los derechos no son solamente para quienes piensan como nosotros, sino también para quienes piensan lo contrario.

Y eso es especialmente importante cuando hablamos de Memoria Democrática, porque detrás de cada número hay una persona, detrás de cada expediente hay una vida y detrás de cada desaparición hay una familia. Detrás de cada persona que fue encarcelada, perseguida, torturada o asesinada había alguien que tenía una vida, personas a las que quería, sueños, proyectos y esperanzas. Y cuando hablamos de memoria hablamos también de esas personas. No podemos convertir el sufrimiento humano en una simple cifra, porque muchas de esas heridas tampoco desaparecieron cuando terminó la dictadura. Hay familias que han vivido durante generaciones con el silencio, con una fotografía guardada en un cajón, con una historia que nadie quiso contar, con una pregunta que nunca tuvo respuesta o con alguien cuyo nombre durante décadas apenas podía pronunciarse. Y eso también forma parte de nuestra historia.

Por eso hablar de Memoria Democrática es hablar de dignidad. Es reconocer a quienes sufrieron, escuchar a quienes durante mucho tiempo no pudieron hablar, buscar la verdad cuando la verdad fue ocultada, buscar justicia cuando hubo injusticia, reparar, en la medida en que sea posible, aquello que pueda ser reparado e intentar garantizar que aquello que ocurrió no vuelva a suceder. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No para quedarnos atrapados en el pasado, sino precisamente para poder avanzar. Porque una sociedad que conoce sus heridas puede intentar curarlas, mientras que una sociedad que las oculta corre el riesgo de transmitirlas de generación en generación.

Y aquí la educación vuelve a tener un papel fundamental, pero no solamente la escuela. También la familia, los medios de comunicación, las universidades, las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones culturales y, en realidad, todos nosotros. Todos transmitimos una determinada manera de entender el mundo y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que existe cuando hablamos de nuestra historia delante de quienes vienen detrás. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación de la historia. Una cosa es que tengamos opiniones diferentes sobre determinados acontecimientos, porque eso forma parte de la libertad, y otra cosa muy distinta es negar hechos porque no encajan con aquello que queremos creer. Podemos interpretar la historia de maneras diferentes, podemos debatir sobre ella y podemos discutir sobre sus causas y sus consecuencias, pero necesitamos partir de los hechos, porque sin hechos no hay conocimiento y sin conocimiento no existe una verdadera libertad para formar nuestro propio criterio.

Por eso creo que la Memoria Democrática no debería entenderse como una herramienta para decirle a nadie qué tiene que pensar. Debería entenderse como una herramienta para que nadie tenga que pensar desde el desconocimiento. Y esto me parece fundamental, porque cuando una persona conoce la historia puede sacar sus propias conclusiones, puede estar de acuerdo, puede no estarlo, puede cuestionarla, puede discutirla y puede defender una determinada interpretación, pero lo hará desde el conocimiento. Y eso es democracia. También es importante entender que la memoria no tiene por qué dividirnos, sino que puede ayudarnos a comprendernos. Puede permitirnos mirar hacia atrás y decir algo tan sencillo como esto: hubo personas que sufrieron y su sufrimiento merece ser reconocido, independientemente de las ideas que nosotros tengamos hoy. Porque reconocer a una víctima no significa necesariamente compartir todas sus ideas, sino reconocer su dignidad.

La memoria tampoco debería utilizarse para transmitir odio. Al contrario, si realmente queremos que sirva para algo, debería servir para que las nuevas generaciones comprendan que la violencia, la persecución y la ausencia de libertades nunca son el camino. Debería servir para que nuestros jóvenes aprendan a resolver sus diferencias mediante el diálogo y no mediante la violencia, para que aprendan a escuchar y para que aprendan a ponerse en el lugar de otra persona. Debería ayudarles a comprender que una sociedad democrática no se construye eliminando al que piensa diferente, sino aprendiendo a convivir con él. Y, sobre todo, debería enseñarles que la dignidad humana no depende de quiénes somos, de nuestro origen, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestra religión, nuestras ideas políticas, nuestra situación económica o de si somos mayoría o minoría. La dignidad nos pertenece simplemente porque somos personas.

Por eso, cuando hablamos de educación y Memoria Democrática, en el fondo estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de qué sociedad queremos construir, de si queremos una sociedad que conozca su pasado o una sociedad que prefiera olvidarlo, de si queremos una sociedad capaz de reconocer sus errores o una sociedad que prefiera esconderlos y de si queremos enseñar a nuestros jóvenes a pensar o simplemente decirles qué tienen que pensar. Yo creo que necesitamos educar, recordar, escuchar y conocer, pero hacerlo siempre desde la dignidad humana.

Porque la memoria no debería servir para abrir heridas una y otra vez. Debería servir para que podamos comprender por qué esas heridas existieron y qué tenemos que hacer para que no vuelvan a producirse. Y quizá esa sea la mejor manera de entender la Memoria Democrática, no como una forma de vivir en el pasado, sino como una forma de proteger nuestro futuro. Porque recordar no significa quedarse atrás. Recordar significa mirar hacia atrás para saber hacia dónde no queremos volver.

Una democracia verdaderamente fuerte no es aquella que necesita olvidar sus momentos más oscuros. Es aquella que tiene la suficiente madurez para mirarlos de frente, reconocer a quienes sufrieron, aprender de ellos y seguir avanzando.

Porque quizá la verdadera reconciliación no consista en olvidar lo ocurrido, sino en conseguir que aquello que ocurrió deje de determinar nuestro futuro. Y para eso necesitamos memoria, pero también necesitamos educación, derechos humanos, empatía y, sobre todo, dignidad.

Hasta que, algún día, todas esas heridas puedan cicatrizar, no porque las hayamos olvidado, sino precisamente porque fuimos capaces de recordarlas.

Y aprender de ellas.

Votar en contra de la dignidad

Existen momentos en política en los que las diferencias ideológicas dejan de ser una cuestión abstracta y se convierten en algo extraordinariamente concreto. Se convierten en la posibilidad de que una persona pueda seguir viviendo en su casa, de que una familia pueda pagar el alquiler sin dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos, de que un joven pueda emanciparse o de que alguien que atraviesa una situación económica difícil disponga de un tiempo adicional para encontrar una alternativa habitacional. Por desgracia, eso tampoco ha ha ocurrido esta vez. 

Lo ocurrido hoy con los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el 29 de septiembre de 2026 pertenece a esa categoría. El Congreso ha afrontado este 2 de octubre la convalidación del Real Decreto-ley 26/2026, destinado a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, dirigido a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. El PP, Vox y UPN anunciaron su rechazo, al que se sumó finalmente Junts. Por tanto, los dos decretos han decaído formalmente al no ser convalidados por el Congreso de los Diputados. 

Aquí conviene detenerse en algo fundamental. No estamos hablando de dos normas que simplemente aumentasen el gasto público o de dos medidas simbólicas. Estamos hablando de instrumentos concretos destinados a intervenir sobre algunos de los problemas económicos que hacen que acceder y permanecer en una vivienda resulte cada vez más difícil para una parte de la población. El primer decreto contenía, entre otras medidas, una ampliación hasta 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, mecanismos para ampliar y proteger el parque público de vivienda, regulación de determinadas operaciones de adquisición, medidas fiscales, incentivos para vivienda asequible y mecanismos destinados a reducir el esfuerzo económico de determinados hogares. También contemplaba medidas relacionadas con los alquileres temporales y por habitaciones y establecía mecanismos para limitar determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028. Es decir, no se trataba exclusivamente de proteger al inquilino frente al propietario, sino de actuar sobre diferentes partes del mercado inmobiliario y sobre la propia oferta de vivienda asequible.

El segundo decreto abordaba otro problema muy concreto, la estabilidad de las personas que viven de alquiler. Su finalidad era modificar el régimen de prórroga de los contratos de vivienda habitual para evitar que miles de hogares pudieran encontrarse, al finalizar sus contratos, ante la necesidad de abandonar su vivienda en un mercado tensionado sin disponer de una alternativa razonable. El texto establecía prórrogas sucesivas y ampliaba de cuatro a seis meses el preaviso del arrendador, con determinadas excepciones y una compensación económica en determinados supuestos de no renovación.

Por supuesto, es legítimo discutir estas medidas. Un propietario tiene derechos y la propiedad privada está constitucionalmente protegida; un arrendador puede tener razones legítimas para recuperar una vivienda; y las políticas de vivienda pueden tener efectos secundarios sobre la oferta. Algunas regulaciones pueden generar problemas de seguridad jurídica si están mal diseñadas. Y precisamente por eso resulta razonable que cualquier decreto pueda ser debatido, modificado y mejorado.

Pero una cosa es discrepar de una medida concreta y otra muy distinta es rechazar globalmente un paquete de medidas sin ofrecer una alternativa legislativa capaz de proteger de manera equivalente a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad habitacional. Porque la pregunta verdaderamente importante es muy sencilla, ¿qué ocurre con las personas que necesitan esas medidas cuando las medidas desaparecen?

Si un desahucio afecta a una persona vulnerable que no dispone de alternativa habitacional, la desaparición de una protección no es una abstracción jurídica, porque uede significar que esa persona pierda su vivienda. De la misma manera, si un contrato de alquiler termina en un mercado tensionado y el arrendatario no puede encontrar otra vivienda a un precio asumible, la desaparición de mecanismos de estabilidad contractual tampoco es una abstracción, porque uede significar que una familia tenga que elegir entre pagar la vivienda, pagar la alimentación o abandonar su municipio. Y si una persona joven no puede acceder a una vivienda porque el alquiler absorbe una parte excesiva de sus ingresos, decirle simplemente que espere a que el mercado se equilibre tampoco constituye una política de vivienda.

Pero detrás de cada una de esas situaciones hay algo que a veces se pierde cuando hablamos de decretos, disposiciones adicionales, prórrogas, mayorías parlamentarias y votaciones, hay personas. Hay una familia concreta detrás de cada desahucio provocado por la imposibilidad de seguir pagando un alquiler; hay nombres, historias, hijos, trabajos, recuerdos y vidas enteras detrás de una puerta que puede terminar cerrándose; hay también una mujer que puede encontrarse atrapada en una vivienda en la que sufre violencia porque marcharse significa enfrentarse a un mercado de alquiler que no puede permitirse. Porque para ella, la vivienda no es una estadística ni una cuestión teórica sobre la regulación del mercado, puede ser la condición material que necesita para poder escapar y reconstruir su vida.

También hay parejas que retrasan o renuncian a tener hijos porque, después de pagar el alquiler, apenas queda salario para afrontar el resto de los gastos; hay jóvenes que continúan viviendo con sus padres no porque no quieran independizarse, sino porque sus ingresos no les permiten acceder a una vivienda en condiciones razonables; hay trabajadores que aceptan empleos lejos de su lugar de residencia porque no pueden asumir el precio de vivir cerca de donde trabajan; y hay personas que pasan noches enteras haciendo cuentas, mirando anuncios inmobiliarios y preguntándose qué ocurrirá cuando termine su contrato.

Pero los barrios tambien cambian. Cuando determinados usos turísticos o temporales reducen la vivienda disponible para residencia habitual, el problema deja de afectar únicamente a quien busca un piso. Puede terminar afectando a la estructura económica y social de todo un barrio. El pequeño comercio pierde clientes que ya no pueden vivir allí; la escuela pierde alumnos; las familias se marchan; los vecinos de toda la vida desaparecen; y el barrio que existía deja de ser el mismo.

Por eso resulta peligroso convertir el debate sobre la vivienda en una simple discusión entre propietarios e inquilinos, o entre quienes defienden el mercado y quienes defienden la intervención pública. La cuestión es mucho más profunda. Estamos hablando de qué clase de sociedad queremos construir y de cuánto estamos dispuestos a permitir que las condiciones económicas determinen quién puede vivir dónde, quién puede formar una familia, quién puede emanciparse y quién puede permanecer en el lugar donde ha construido su vida.

Cada una de esas personas tiene nombre y apellidos; cada familia tiene una historia; y cada situación de vulnerabilidad tiene circunstancias concretas. Por eso, cuando las instituciones adoptan decisiones que afectan a las herramientas disponibles para afrontar esos problemas, esas decisiones también tienen consecuencias políticas concretas.

Esto no significa afirmar que un diputado concreto sea jurídicamente responsable de cada desahucio que pueda producirse después de una votación. Sería una simplificación injustificada. Tampoco significa atribuir a quienes votaron en contra de los decretos el deseo de que alguien pierda su vivienda. Las intenciones deben distinguirse de las consecuencias y no pueden presumirse sin pruebas. Pero sí significa algo esencial en democracia y es que quienes toman decisiones públicas tienen que asumir la responsabilidad política de explicar sus decisiones y sus consecuencias previsibles.

Si se vota contra una determinada protección para las personas vulnerables, habrá que explicar qué alternativa se propone para esas personas. Si se rechaza un mecanismo destinado a proporcionar mayor estabilidad a determinados inquilinos, habrá que explicar qué solución se ofrece a quienes puedan quedar expuestos a una subida de precios o a la pérdida de su vivienda. Y si se rechazan medidas destinadas a incrementar la vivienda asequible, habrá que explicar qué otras políticas permitirán que quienes hoy no pueden acceder al mercado puedan hacerlo mañana. Porque la política no termina en el momento en que se levanta una mano en el Congreso.

Después de la votación siguen estando las familias; siguen estando los jóvenes; siguen estando las personas mayores; siguen estando las mujeres que necesitan abandonar un hogar violento; siguen estando los trabajadores que no pueden permitirse vivir cerca de su empleo; siguen estando los pequeños comerciantes que dependen de que haya vecinos viviendo en sus barrios; y siguen estando todas aquellas personas que cada mes hacen números para comprobar si podrán continuar pagando la vivienda.

El propio Gobierno ha señalado que determinados hogares llegan a dedicar más de la mitad de sus ingresos a la vivienda y que las medidas incluían bonificaciones fiscales para arrendatarios con rentas de hasta 33.000 euros, financiación a tipo cero para el acceso a la primera vivienda y una reducción del IVA al 4 % para vivienda pública y protegida. Naturalmente, que una medida esté diseñada para ayudar no significa automáticamente que vaya a resolver el problema. Ningún decreto puede construir por sí solo cientos de miles de viviendas de la noche a la mañana; ninguna regulación puede garantizar que los precios bajen inmediatamente; y ninguna política pública está libre de riesgos. Pero precisamente por eso la alternativa debería ser más política de vivienda, no menos.

España lleva años enfrentándose a una contradicción económica evidente. La vivienda es un derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 47, pero también constituye uno de los principales activos patrimoniales de nuestro país y uno de los mercados donde se producen importantes intereses económicos. Cuando esos dos elementos entran en conflicto, la política tiene que decidir qué mecanismos utiliza para garantizar que el mercado cumpla también una función social.

Y es aquí donde aparece una de las grandes cuestiones que las derechas españolas deberían responder con claridad. ¿Cuál es su alternativa concreta? No basta con afirmar que las regulaciones perjudican a los propietarios, hay que explicar qué se propone hacer con los inquilinos que no pueden pagar los precios actuales; no basta con defender que hay que construir más, hay que explicar cuánto, dónde, con qué financiación y en qué plazo; no basta con reivindicar la propiedad privada, hay que explicar cómo se garantiza simultáneamente el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y no basta con decir que el mercado debe funcionar, hay que reconocer que la vivienda no es un bien económico cualquiera. Porque una persona puede renunciar a comprar un coche, cambiar de teléfono y reducir determinadas formas de consumo. Pero no puede dejar de necesitar un lugar donde vivir.

Ese es precisamente el punto que debería estar en el centro del debate. Criticar las políticas de vivienda del Gobierno es perfectamente legítimo. Incluso puede ser necesario. Pero cuando una fuerza política vota contra una determinada protección debería explicar qué protección alternativa propone; cuando rechaza una prórroga contractual debería explicar cómo evitará que una familia quede expulsada de un mercado tensionado; y cuando rechaza mecanismos de protección frente a los desahucios debería explicar qué hará para que una persona vulnerable sin alternativa habitacional no termine literalmente en la calle. Porque defender el mercado no significa que el Estado tenga que desaparecer. De hecho, el propio Real Decreto-ley 27/2026 justificaba su intervención en la necesidad de afrontar un horizonte en el que numerosos contratos alcanzarán sus vencimientos entre 2027 y 2030, dejando potencialmente a numerosos hogares expuestos a la evolución de un mercado tensionado.

También resulta importante señalar que el rechazo no procedió exclusivamente de las derechas. Junts decidió finalmente votar en contra de ambos decretos, mientras Coalición Canaria anunció una posición diferenciada y el PNV expresó oposición al segundo texto. Por tanto, sería incorrecto reducir todo el episodio a un enfrentamiento exclusivamente entre izquierda y derecha. Pero eso no elimina una cuestión política perfectamente legítima, PP, Vox y UPN han anunciado su rechazo a las normas y, por tanto, deben asumir públicamente las consecuencias políticas de esa posición. No se trata de acusarles de querer que alguien pierda su casa, porque eso sería atribuirles una intención que no podemos demostrar. Se trata de algo mucho más sencillo y mucho más exigente como es analizar las consecuencias objetivas de sus decisiones parlamentarias. Y las consecuencias potenciales están escritas en los propios textos legislativos.

Sin el primer decreto desaparecen las nuevas medidas extraordinarias de protección frente a determinados desahucios, las medidas de ampliación y protección de vivienda asequible, determinados mecanismos sobre adquisiciones y parte de los incentivos fiscales previstos. Sin el segundo desaparece el nuevo régimen de estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Eso no convierte automáticamente los decretos en perfectos. Pero sí demuestra que la discusión no puede reducirse al simplismo de “propietarios contra okupas”, “mercado contra Estado” o “izquierda contra derecha”. 

La vivienda es mucho más seria que todo eso. Es economía familiar, es emancipación juvenil, es natalidad, es movilidad laboral, es pobreza, es salud, es igualdad de oportunidades, es arraigo territorial, es seguridad económica y es, en definitiva, la posibilidad material de desarrollar un proyecto de vida.

Por eso resulta legítimo exigir a quienes han decidido impedir estas medidas que expliquen qué harán a continuación. Porque votar contra una política concreta puede ser perfectamente democrático. Lo que no debería ser aceptable es votar contra una solución sin poner sobre la mesa otra capaz de resolver el mismo problema.

Mientras los partidos discuten, hay millones de personas para quienes la vivienda no es una batalla cultural ni una pieza de estrategia parlamentaria. Es su casa, es su alquiler, es su hipoteca, es su salario y, para algunas de ellas, es sencillamente la diferencia entre tener un hogar o no tenerlo.

La vivienda no puede ser únicamente aquello que alguien posee. También tiene que ser aquello que una sociedad garantiza que nadie pierda por no poder competir económicamente en un mercado cada vez más difícil.

Defender el derecho a la vivienda no significa negar la propiedad privada. Significa recordar que, en una democracia social y de derecho, ningún mercado puede estar por encima de la dignidad de las personas.

Y hoy se ha votado en contra de la dignidad.

Lamentablemente.

Una vez más.

El antihéroe español y su reverso imposible

Si en algún remoto rincón del universo existieran dos unicornios alados con cola de purpurina destinados a representar las dos almas posibles del español contemporáneo, probablemente serían estos dos especímenes. Uno con la barriga por delante, tres cervezas de ventaja sobre la realidad y una seguridad en sí mismo capaz de atravesar cualquier dato sin despeinarse; el otro, pulcro, sereno y sospechosamente razonable, con las alas desplegadas, la cola de purpurina reluciendo al sol y esa desconcertante costumbre de escuchar antes de abrir la boca.

Ambos serían criaturas absolutamente imposibles, porque uno tendría la certeza de saberlo todo sin haber comprobado casi nada y el otro tendría la humildad de admitir que quizá no sabe una mierda. Y, sin embargo, los dos compartirían algo profundamente español: la capacidad de convertir una conversación sobre cualquier cosa en una batalla por tener razón, aunque uno lo haga a gritos desde la barra y el otro con una cita bibliográfica bajo el ala.

El antihéroe español por excelencia sería una criatura nacional de dudosa procedencia, mitad ciudadano indignado, mitad cuñado de barra, que se levanta cada mañana convencido de que el país se va a la mierda, aunque no sabría explicar exactamente cuándo empezó a irse ni dónde estaba él cuando ocurrió.

Tiene una camiseta vieja de algún equipo de fútbol, un pantalón que ha sobrevivido a tres legislaturas y unas zapatillas que deberían estar jubiladas desde 2014. Lleva el pelo como si se lo hubiera peinado una corriente de aire y una barriga cuidadosamente construida a base de cerveza, torreznos y cenas a las once y media de la noche. Su perfume natural mezcla tabaco frío, colonia barata y ese aroma indefinible de coche que nunca ha visto un ambientador nuevo.

Su “superpoder” consiste, además de poder eructar todo el abecedario, en saber absolutamente de todo sin haber leído absolutamente nada, porque, desde los libros de “Barco de Vapor” y del “Pirata Garrapata” no hay cogido otro en su puta vida desde entonces. Eso sí, es capaz de explicarte la Constitución, la inmigración, la inflación, el VAR, la Guerra Civil, cómo se arregla un motor diésel y por qué el vecino es gilipollas, todo ello mientras busca las gafas que lleva puestas.

No necesita pruebas, porque tiene “un primo que trabaja en eso”. No necesita estadísticas, porque “Eso lo sabe todo el mundo”. No necesita fuentes, porque dice “lo vi ayer en Facebook”. Y cuando alguien le presenta un dato que contradice lo que acaba de decir, mira fijamente durante tres segundos, pega un trago a la cerveza y responde con la frase que constituye el equivalente español a lanzar una granada epistemológica: “Bueno, pero yo te digo lo que hay”. Y acto seguido se rasca los huevos como si tuviera un nido de ardillas bajo el pantalón.

Su código moral es extraordinariamente sencillo. Si él lo hace, es supervivencia; pero si lo hace el vecino, es ser un pedazo de cabrón. Si lo hace su partido, hay que entender el contexto, pero si lo hace el partido contrario, es el fin de Occidente, el Apocalipsis, el Armaguedón y el Fin de los Tiempos. 

Es profundamente patriota, pero lleva veinte años diciendo que España es una puta mierda. Ama las tradiciones, excepto las que implican levantarse temprano, porque madrugar le sienta fatal para la espalda. Defiende la familia, siempre que nadie le pida cuidar a los niños y reza a San Cristiano Ronaldo para que ninguno de sus hijos le salga gay o lesbiana, aunque luego los quiera con su alma y mate por su familia. Eso sí, tras cinco días sin comer y de preguntarse docenas veces si ha hecho algo mal. Cree firmemente en el trabajo duro, especialmente cuando trabaja otro, no vaya a ser que se hernie. Y considera que pagar impuestos es un robo, pero exige que le arreglen inmediatamente la carretera, le atiendan en urgencias, le recojan la basura y le concedan cualquier ayuda disponible, para eso es “de aquí de toda la vida”.

Su relación con la autoridad es fascinante. Siempre dice eso de que “A mí nadie me dice lo que tengo que hacer”, mientras sigue las instrucciones de un desconocido de YouTube para cambiar el aceite del coche cuyo modelo es distinto al suyo. Detesta a los políticos, pero conoce de memoria todos los eslóganes de cada campaña electoral. Odia las subvenciones, salvo cuando la subvención es para él, porque se la merece “más que nadie por mis cojones”. Y sostiene que antes había más libertad, aunque nadie sabe exactamente qué libertad era aquella ni dónde la vendían, porque había una tal “Paco” que mandaba mucho, pero solo para quienes no eran “gente de bien”.

En el amor tampoco decepciona. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación sentimental basada en tres pilares fundamentales. Primero: «¿Qué hacemos de cena?». Segundo: «¿Dónde has puesto las llaves?». Y tercero: «No estoy enfadado». Puede llevar veinticinco años casado y seguir hablando de su mujer como si fuera una compañera de piso que ocasionalmente le roba el mando.

Su archienemigo es cualquier persona que aparque ocupando dos plazas y de la que se caga en “todos sus muertos pisaos”, aunque él mismo deje el coche atravesado en doble fila “solo cinco minutos, para hacer un mandao”. También odia que alguien se cuele en una cola, pensado que es “un hijo de puta” para arriba, pero considera perfectamente legítimo adelantarse cuando conoce al encargado porque “es amigo de mi cuñao”.

Y, sin embargo, ahí está la gracia del personaje. Porque debajo de toda esa caspa ideológica, del cuñadismo, del ego, de la cerveza tibia, de los cojones por delante y del «a mí qué me vas a contar tú», aparece de vez en cuando una extraña humanidad y un corazón que late bajo los lamparones de aceite de camiseta que lleva puesta. Porque es capaz de poner dinero para ayudar a un desconocido, llevar a un vecino al hospital a las tres de la mañana, defender al amigo que se ha metido en un lío y emocionarse hasta las lágrimas con una canción que asegura no le gusta, pero que le remueven “cosas por dentro de cuando era un chaval de 15 años”. Porque, bajo esa apariencia de “tocino con barba”, tiene corazón, alma y sentimientos.

Pero existe una criatura todavía más desconcertante, una especie de anomalía evolutiva que parece haberse desarrollado en un laboratorio clandestino de educación, sentido común y decencia. Es el reverso luminoso de semejante espécimen. El hombre que, contra todo pronóstico, ha decidido comportarse como una persona razonable en estos tiempos en los que quienes más razonan son nuestras mascotas a las que tratamos, porque nuestro bichón maltés, que se llama Pepo, es el “rey de la casa”. 

No levanta la voz porque no tiene nada que demostrar. No necesita decir que «él es muy suyo» porque, afortunadamente, ya lo sabe. Lee las instrucciones antes de utilizar un aparato, llega cinco minutos antes a una cita y, cuando alguien le explica algo que desconoce, no responde «eso es una gilipollez», sino que dice la frase más revolucionaria que puede pronunciar un español adulto: “¡Ah! ¡Pues no lo sabía!”.

Tiene la desconcertante costumbre de pensar antes de hablar. Cuando escucha una noticia, busca de dónde sale. Cuando alguien le cuenta una barbaridad, pregunta para no meter la pata con nadie. Cuando descubre que estaba equivocado, no organiza una comisión parlamentaria para demostrar que en realidad tenía razón: simplemente rectifica y asume que estaba equivocado para intentar ser mejor. Su mayor superpoder consiste precisamente en algo que al otro le parecería una debilidad insoportable. ¿Y cuál es? Pues, simplemente, es capaz de cambiar de opinión sin sentir que le están arrancando los cojones de cuajo con unas tenazas de chimenea al rojo vivo. 

No sabe absolutamente de todo y eso le resulta bastante liberador. No entiende de mecánica, así que lleva el coche al mecánico. No sabe de fontanería, llama al fontanero. No conoce una ley, pero la busca en el BOE. No entiende una palabra, pero pregunta qué significa o la busca en el diccionario online de la RAE. Ha descubierto que decir “no tengo ni puta idea” no te convierte en idiota, sino que evita que hagas el idiota durante cuarenta minutos delante de otras personas mientras sostienes una cerveza medio caliente en la barra del bar.

No necesita tres cervezas para convertirse en filósofo. De hecho, puede tomarse una cerveza tranquilamente sin explicar a nadie cómo debería gobernarse el país. Si alguien habla de política, escucha atentamente. Si alguien piensa diferente, no interpreta automáticamente que sea un enemigo de España, un gilipollas, un vendido, un comunista, un fascista, un “perroflauta” o cualquier otra etiqueta que haya aprendido esa semana leyendo la sección masculina de una revista absurda en Twitter (ahora X).

También tiene una relación extraña con las mujeres, los hombres, los extranjeros, los mayores, los jóvenes y cualquier ser humano que se cruce en su camino. ¿Por qué? Porque los considera personas como él y no necesita hacer una demostración pública de tolerancia. Simplemente procura no comportarse como un imbécil de los que rebuznan en lugar de hablar.

Paga sus impuestos refunfuñando, porque sigue siendo español y tampoco vamos a pedir milagros. Hace cola aunque tenga prisa, devuelve la bandeja del restaurante, deja salir antes de entrar, pide perdón cuando pisa a alguien y cuando ve que una persona mayor necesita ayuda para cruzar, la ayuda sin convertirlo en una epopeya nacional ni esperar que alguien le haga una fotografía o le haga una película como La Odisea de Christopher Nolan.

Su patriotismo es todavía mucho más extraño. No necesita repetir constantemente que ama a España porque le basta con intentar que España sea un lugar un poco más digno para quienes viven en ella. Puede emocionarse con una bandera, con una canción o con un paisaje, pero también puede criticar a su propio país sin considerar que eso constituye alta traición ni maldecir a quienes no piensan como él.

No dice “yo respeto a todo el mundo” mientras procede a explicar por qué algunas personas merecen menos derechos. Intenta practicar el respeto cuando nadie le está mirando y cuando descubre una injusticia que no le afecta directamente, tiene la incómoda costumbre de pensar que quizá también sea asunto suyo.

En el amor tampoco es especialmente épico. Habla, escucha a su pareja cuando tiene un mal día, pregunta sin parecer el inquisidor Torquemada y reconoce sus inseguridades sin sentirse “menos hombre”. No considera los celos una prueba de amor ni el control una muestra de preocupación. Si tiene pareja, no necesita vigilarla como si fuera un funcionario de aduanas; si se equivoca, pide perdón; y si la relación termina, intenta no convertir al antiguo amor en enemigo público número uno porque ha desarrollado una inteligencia emocional que le permite pasar página sin hacerle vudú a ninguna de sus exparejas.

Su gran defecto, porque naturalmente los tiene, es que a veces resulta desesperantemente sensato. Puede pasar una tarde entera leyendo un libro mientras otros discuten en Internet sobre cosas que ninguno de los dos ha comprobado; puede quedarse callado cuando todo el mundo está gritando; y posee una capacidad casi ofensiva para decir “depende” cuando todos los demás ya han decidido que el mundo solo puede dividirse entre buenos y malos.

Obviamente, no es perfecto. Se enfada, mete la pata, tiene prejuicios que intenta revisar, se equivoca y alguna vez también suelta un “me cago en todo” cuando el ordenador decide morir cinco minutos antes de entregar un documento o se tiene que comer dos horas de atasco y se ha quedado sin batería en el móvil porque se ha dejado el cargador en casa.

Pero cuando llega el momento verdaderamente importante, aparece algo que el antihéroe de barra jamás entendería del todo. Y es la dignidad de hacer lo correcto sin necesitar que nadie te aplauda ni te diga “¡Olé, tus huevos gordos! ¡Qué bien te la has marcado!”. 

Y aquí es donde ambos personajes se encuentran, porque quizá ninguno de los dos exista en estado puro. El primero tiene algo de humanidad que el segundo no debería perder, y el segundo tiene algo de dignidad que al primero le vendría extraordinariamente bien incorporar. Uno nos recuerda nuestras contradicciones, nuestras miserias, nuestras pequeñas mezquindades y esa capacidad tan nuestra de convertir cualquier conversación en una competición de testosterona, aunque estemos discutiendo sobre el precio de los calabacines en el Mercadona. El otro nos recuerda que siempre podemos aspirar a ser un poquito mejores sin necesidad de convertirnos en santos, intelectuales de salón o ciudadanos de catálogo publicando todo en Instagram.

Porque tampoco se trata de ir por la vida con un palo metido por el culo, hablando de Kant mientras se corrige mentalmente la gramática de los demás. Se puede ser vulgar sin ser miserable, tener carácter sin ser un energúmeno, beber cerveza sin convertirse en tertuliano de barra y defender las propias convicciones sin tratar a quien piensa diferente como si hubiera venido a invadirnos la casa.

Quizá la diferencia fundamental entre ambos no esté en la ropa, en el dinero, en los estudios, en la educación formal ni siquiera en la cultura. Quizá esté en algo mucho más sencillo y bastante más difícil de conseguir. Y es la capacidad de entender que el mundo no gira alrededor de nuestro ombligo y que los demás también tienen derecho a existir, pensar, equivocarse y vivir dignamente.

Al final, el antihéroe español es un desastre con patas, una contradicción ambulante, un filósofo de bar con resaca permanente, un pedazón cabrón entrañable que no tiene ni puta idea de adónde va, pero que, llegado el momento, quizá sea precisamente el primero en aparecer cuando hace falta, aunque no tenga ni idea de lo que tiene que hacer. 

Y su reverso es un tipo sospechosamente normal, educado sin ser pijo, culto sin ser pedante, sensible sin sentirse menos hombre y firme sin necesidad de ponerse a gritar. Un ciudadano que ha descubierto que tener criterio no significa tener siempre razón, que la educación no es servilismo, que pedir perdón no te hace débil y que reconocer que otro tiene razón no te convierte en un “gilipollas integral”. Así que, uno representa todo lo que somos cuando nos dejamos llevar por nuestras miserias; y el otro, todo lo que podríamos llegar a ser cuando decidimos no vivir sometidos a ellas.

Porque, entre el “yo te digo lo que hay” y el “pues no lo sabía”, entre los cojones por delante y la empatía, entre la soberbia y la humildad, entre el ruido y el pensamiento, quizá se encuentre la distancia que separa al simple superviviente de la convivencia del verdadero ciudadano. Porque, al final, cuando hay que hacerlo, ambos se acaban entendiendo, aunque sea a regañadientes, para arrimar el hombro.

Pero, por una vez, estaría bien que ganara el segundo, aunque el primero resulte más simpático a veces. No porque sea perfecto, sino porque todavía conserva algo que nunca deberíamos perder. Y es nuestra capacidad de ser humano sin necesidad de que los demás dejen de serlo.

Eso sí, ambos tienen su corazón.

Y ahí se encuentran.