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Cuando pensamos en la violencia dentro de una pareja, solemos imaginar golpes, amenazas, insultos o situaciones de miedo. Pensamos en las heridas que pueden verse en el cuerpo y en aquellas otras que, aunque permanecen ocultas, acompañan durante años a quienes las han sufrido. Sin embargo, existen formas de violencia que pueden instalarse silenciosamente en la vida cotidiana, hasta el punto de que muchas personas tardan mucho tiempo en reconocerlas.

Una de ellas es la violencia económica, una forma de dominación que utiliza el dinero, los bienes y la dependencia financiera para controlar la libertad de otra persona. Porque no todas las formas de violencia necesitan golpes. A veces basta con impedir que alguien trabaje, controlar sus ingresos, apropiarse de sus ahorros o hacerle creer que, sin la persona que ejerce ese control, será incapaz de sobrevivir.

Imaginemos a una mujer que lleva veinte años sin trabajar fuera de casa porque su pareja la convenció de que debía dedicarse exclusivamente al hogar y al cuidado de sus hijos. Durante ese tiempo, no ha tenido ingresos propios, apenas ha participado en las decisiones económicas familiares y ha necesitado justificar cualquier gasto. Un día decide separarse, pero descubre que no dispone de ahorros, que sus posibilidades de encontrar empleo son limitadas y que ni siquiera sabe cómo podrá pagar el alquiler de una vivienda.

Formalmente, es libre de marcharse. Sin embargo, sus circunstancias económicas pueden hacer que esa libertad resulte extraordinariamente difícil de ejercer. Por tanto, esta situación nos obliga a plantearnos una pregunta que es verdaderamente incómoda. Y es que, ¿hasta qué punto puede considerarse verdaderamente libre una persona que depende económicamente de quien la somete? La violencia económica pone de manifiesto que la libertad no consiste únicamente en tener derechos reconocidos por las leyes. También requiere disponer de unas condiciones materiales mínimas que permitan ejercerlos.

Obviamente, cuando el dinero deja de ser un recurso y se convierte en una herramienta de control.  Por eso, es importante comprender que la violencia económica no consiste simplemente en discutir por los gastos domésticos, discrepar sobre cómo administrar los ahorros o atravesar dificultades financieras durante una relación.

En muchas parejas, una persona trabaja fuera del hogar mientras la otra asume una mayor parte de las responsabilidades familiares. También es habitual que uno de sus miembros se encargue de organizar los pagos, administrar las cuentas o gestionar el patrimonio común. Estas circunstancias no constituyen, por sí mismas, una forma de violencia. Pero, la diferencia aparece cuando el dinero deja de administrarse mediante acuerdos libres y pasa a utilizarse como instrumento de imposición, castigo o sometimiento.

Hablamos de violencia económica cuando una persona priva injustificadamente a su pareja de recursos necesarios, le impide disponer de lo que legítimamente le corresponde o utiliza su posición económica para restringir su autonomía. Puede manifestarse de muchas maneras: obligando a justificar hasta el último céntimo, impidiendo trabajar o estudiar, apropiándose de ingresos, ocultando información patrimonial relevante, presionando para contraer deudas o amenazando con retirar el apoyo económico si la otra persona no obedece determinadas exigencias.

En ocasiones, el control adopta formas aparentemente menos evidentes. Alguien puede disponer de dinero suficiente para mantener un nivel de vida cómodo y, sin embargo, no tener acceso real a las cuentas, desconocer qué bienes posee la familia o carecer de libertad para realizar cualquier gasto sin autorización. También puede suceder que una persona sea obligada a firmar documentos financieros que no comprende, a solicitar préstamos que benefician exclusivamente a su pareja o a asumir obligaciones económicas bajo presión.

Las nuevas tecnologías añaden otras posibilidades de control. Permiten vigilar constantemente los movimientos bancarios, exigir contraseñas personales, bloquear el acceso a determinados servicios financieros o utilizar las aplicaciones bancarias para supervisar cada decisión económica.

La cuestión fundamental no es quién gana más dinero ni quién se ocupa de administrar la economía familiar. Lo determinante es si existe una relación de poder que permite a una persona imponer su voluntad mediante el control de los recursos económicos. Y ese control puede producirse incluso cuando no existe una situación objetiva de pobreza. Porque una persona puede vivir en una vivienda confortable, disponer aparentemente de todas sus necesidades materiales y, al mismo tiempo, encontrarse económicamente sometida. Y es que, tener dinero alrededor no significa necesariamente poder disponer de él.

No pueden olvidarse que una dependencia que puede construirse durante años.  Uno de los aspectos más preocupantes de la violencia económica es que no siempre aparece de manera brusca. En muchos casos, se desarrolla lentamente, mediante decisiones que, consideradas por separado, podrían parecer inofensivas.

Al principio, una persona propone encargarse de las finanzas familiares. Después, comienza a decidir unilateralmente qué gastos son necesarios, qué compras pueden realizarse o cuánto dinero corresponde a cada miembro de la pareja. Pero, con el paso del tiempo, el control puede extenderse a cuestiones mucho más importantes. Hablamos de la posibilidad de trabajar, continuar unos estudios, mantener una cuenta bancaria propia o disponer de determinados bienes. Lo que comenzó como una distribución aparentemente consensuada de responsabilidades puede transformarse en una relación de dependencia cada vez más difícil de cuestionar.

Además, la violencia económica suele relacionarse con otras formas de maltrato psicológico. La humillación, la desvalorización personal o las amenazas pueden reforzar la idea de que quien carece de ingresos propios tampoco tiene capacidad para tomar decisiones. Expresiones como “sin mí no tendrías nada”, “todo lo que hay en esta casa es mío” o “si te marchas, no podrás mantenerte” pueden convertirse en mecanismos de presión especialmente eficaces cuando la persona afectada ha perdido su independencia económica. Pero debemos evitar una conclusión manifiestamente injusta. Y es que depender económicamente de la pareja no convierte a nadie en una persona incapaz ni significa que haya consentido una situación abusiva.

Dedicarse al cuidado de los hijos, atender a familiares dependientes o asumir las tareas domésticas constituye una aportación fundamental al bienestar familiar y social, aunque no siempre se traduzca en un salario. El problema aparece cuando esa dedicación se utiliza para imponer una situación de subordinación o cuando el sacrificio profesional de una persona termina convirtiéndose en una ventaja que la otra emplea para controlarla.

Conviene recordar, además, que esta violencia puede afectar a personas de distintos sexos, edades y orientaciones sexuales, aunque su análisis resulta especialmente relevante desde la perspectiva de la desigualdad estructural que históricamente ha condicionado la autonomía económica de las mujeres. La precariedad laboral, las dificultades para conciliar, la desigual distribución de los cuidados y las mayores responsabilidades familiares pueden aumentar la vulnerabilidad ante determinadas formas de dependencia económica. Por eso, abordar esta realidad exige observar no solo lo que sucede dentro de una relación, sino también las condiciones sociales que pueden dificultar que una persona recupere su independencia.

Ciertamente, el daño no desaparece necesariamente cuando termina la relación. Una de las ideas más importantes que debemos comprender es que la violencia económica puede continuar produciendo consecuencias mucho después de una separación. La ruptura puede poner fin a la convivencia, pero no elimina automáticamente las deudas, las pérdidas patrimoniales, las oportunidades profesionales frustradas o las dificultades para recuperar una estabilidad económica.

Pensemos ahora en quien abandonó su empleo bajo presiones constantes, en quien dedicó décadas al cuidado familiar sin poder desarrollar una trayectoria profesional independiente o en quien descubre, después de separarse, que determinados ahorros han desaparecido. Pensemos también en quienes se enfrentan a préstamos que no pueden asumir, a obligaciones económicas contraídas bajo presión o a la necesidad de encontrar una vivienda sin disponer de ingresos suficientes. La separación puede representar el comienzo de una nueva etapa, pero también puede convertirse en un periodo de especial vulnerabilidad. Y, en algunos casos, el control económico continúa después de la ruptura.

Esa violencia económica también puede manifestarse mediante el incumplimiento deliberado de obligaciones económicas, la ocultación de bienes, la utilización abusiva de conflictos patrimoniales o determinadas actuaciones destinadas a dificultar que la expareja consiga estabilidad. El impago de una pensión alimenticia, por ejemplo, puede tener consecuencias especialmente graves cuando afecta al bienestar de los hijos. Ahora bien, debe distinguirse entre un incumplimiento derivado de una imposibilidad económica real y una conducta deliberada de privación o presión. No todo impago constituye automáticamente violencia económica ni reúne necesariamente los requisitos de un delito.

También los hijos pueden resultar perjudicados por estas situaciones. Cuando los recursos económicos se utilizan para presionar a uno de los progenitores, las consecuencias pueden alcanzar a quienes dependen de ellos para satisfacer sus necesidades más básicas. Por tanto, afirmar que la relación ha terminado puede ser cierto desde el punto de vista afectivo o jurídico, pero insuficiente para describir la situación de quien continúa afrontando sus consecuencias.

Es verdad, la violencia puede haber desaparecido de la convivencia y, sin embargo, seguir presente en las cuentas bancarias, en las deudas pendientes, en las oportunidades laborales perdidas o en el miedo constante a no poder llegar a fin de mes. Es como una auténtica prisión sin barrotes. Una prisión que no necesita cerrar físicamente ninguna puerta, porque las circunstancias económicas pueden hacer que cruzarla parezca imposible.

De ahí surge una cuestión que merece una reflexión jurídica y social mucho más profunda. ¿Qué sucede cuando una persona consigue abandonar una relación abusiva, pero queda económicamente arruinada por lo que ha vivido? ¿Basta con reconocer que ha sufrido violencia o debemos preguntarnos también cómo reparar sus consecuencias?

Indudablemente, la violencia económica también es una cuestión de derechos humanos. Durante demasiado tiempo, determinadas conductas de control económico han sido tratadas como conflictos estrictamente privados, pertenecientes al ámbito de las relaciones familiares. Sin embargo, el reconocimiento internacional de esta realidad ha permitido comprender que sus consecuencias pueden afectar directamente a la dignidad, la igualdad y la libertad personal.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, reconoce expresamente que estas formas de violencia pueden ocasionar daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos. Este reconocimiento resulta especialmente significativo porque sitúa el problema más allá de una simple disputa patrimonial y lo relaciona con la protección efectiva de los derechos humanos.

También la Unión Europea ha avanzado en esta dirección. La Directiva (UE) 2024/1385, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, incluye la dimensión económica entre las formas de violencia contempladas en sus definiciones. Además, su artículo 24 establece obligaciones para que las víctimas puedan reclamar, conforme al Derecho nacional, una reparación íntegra de los daños derivados de delitos de violencia contra las mujeres o violencia doméstica. Pero, esto no significa que cualquier conflicto económico pase automáticamente a constituir un delito ni que toda conducta perjudicial origine, por sí sola, una indemnización. Significa que las instituciones europeas reconocen expresamente la dimensión económica de la violencia y la importancia de su reparación cuando concurren los requisitos jurídicos correspondientes.

En España, el reconocimiento normativo presenta distintos niveles. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye una referencia esencial en la lucha contra la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja. Aunque su artículo primero no enumera expresamente la violencia económica como una categoría autónoma, determinadas conductas de control financiero pueden quedar vinculadas a formas de violencia psicológica, amenazas, coacciones u otros comportamientos jurídicamente relevantes.

Por su parte, distintas comunidades autónomas han incorporado expresamente la violencia económica a sus legislaciones. Un ejemplo especialmente relevante es Andalucía. La Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, contempla en su artículo 3 la privación injustificada de recursos económicos o patrimoniales, las restricciones sobre los recursos que legalmente correspondan a la víctima y los impedimentos para que una mujer acceda al mercado laboral con la finalidad de generar dependencia económica.

Este reconocimiento demuestra que la violencia económica no es una construcción meramente teórica ni una expresión utilizada únicamente en el debate social.Es una realidad identificada por las instituciones y contemplada en normas jurídicas que buscan prevenirla y combatirla. No obstante, reconocer una forma de violencia y determinar sus consecuencias jurídicas concretas son cuestiones diferentes. La existencia de una definición legal no supone necesariamente que toda conducta comprendida en ella constituya un delito autónomo o dé lugar automáticamente a una indemnización. Precisamente por eso, el análisis jurídico debe ser riguroso.

Tanto Francia como España se encuentran ante el duro desafío de reparar un daño que, sin duda, podría haberse evitado con mejores disposiciones normativas. Aunque, eso sí, ha habido importantes avances y eliminación de obstáculos. De entrada, a comparación entre los ordenamientos jurídicos francés y español resulta especialmente interesante porque permite estudiar cómo dos sistemas jurídicos europeos afrontan la reparación de los perjuicios derivados de conductas abusivas dentro de las relaciones personales. Ambos disponen de mecanismos de responsabilidad civil, instrumentos de protección frente a la violencia y normas que regulan las consecuencias económicas de las rupturas. Sin embargo, sus soluciones no siempre son idénticas.

En España, el artículo 1902 del Código Civil establece un principio general de responsabilidad por los daños causados mediante acciones u omisiones en las que intervenga culpa o negligencia. Esta disposición puede servir de fundamento a determinadas reclamaciones cuando se acreditan una conducta jurídicamente relevante, un daño indemnizable y la relación causal entre ambos. Cuando los hechos constituyen un delito, también puede existir responsabilidad civil derivada de la infracción penal. Los artículos 109 y siguientes del Código Penal regulan esta responsabilidad e incluyen mecanismos de restitución, reparación de daños e indemnización de perjuicios materiales y morales. Asimismo, determinadas conductas pueden tener relevancia penal específica. Por ejemplo, el artículo 227 del Código Penal sanciona, cuando concurren sus requisitos, determinados incumplimientos de prestaciones económicas establecidas judicialmente o en convenios aprobados judicialmente.

Ahora bien, resulta imprescindible distinguir entre la responsabilidad derivada de una conducta ilícita y las consecuencias económicas ordinarias de una separación o un divorcio. La pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil responde a la existencia de un desequilibrio económico producido por la separación o el divorcio en los términos legalmente establecidos. Por otro lado, el artículo 1438 contempla la compensación por el trabajo para la casa al extinguirse el régimen de separación de bienes, conforme a sus propios requisitos. Todas estas figuras tienen fundamentos diferentes de una indemnización por violencia económica. Aunque en un caso concreto puedan concurrir varias pretensiones, no deben confundirse ni utilizarse para reparar dos veces un mismo perjuicio.

En Francia, el artículo 1240 del Code civil establece igualmente un principio general de responsabilidad por los daños causados mediante una conducta culpable. Este precepto puede resultar relevante para reclamar la reparación de determinados perjuicios derivados de comportamientos ilícitos, siempre que concurran las condiciones exigidas por el Derecho francés. Además, el artículo 266 del mismo Código contempla, en supuestos específicamente delimitados, la posibilidad de conceder daños y perjuicios a un cónyuge por consecuencias de particular gravedad derivadas de la disolución matrimonial. No se trata, por tanto, de una indemnización automática por divorciarse ni de un mecanismo aplicable indistintamente a cualquier situación de conflicto económico. El ordenamiento francés también dispone de medidas de protección frente a la violencia en la pareja, entre ellas la ordonnance de protection, prevista en el artículo 515-9 y siguientes del Code civil, que puede permitir la adopción urgente de medidas cuando concurren los presupuestos legales.

La comparación entre Francia y España debe tener en cuenta estas diferencias, especialmente al distinguir la protección inmediata, las consecuencias patrimoniales de una ruptura y la responsabilidad civil por los daños ocasionados. No sería jurídicamente correcto afirmar que cualquiera de los dos países reconoce de forma automática un derecho general a ser indemnizado por toda situación descrita como violencia económica. Lo verdaderamente importante es analizar si las herramientas disponibles permiten identificar y reparar de manera adecuada las consecuencias de una conducta abusiva. Porque una cosa es que el Derecho reconozca la posibilidad de reclamar una indemnización y otra muy distinta que la persona perjudicada consiga demostrar y obtener la reparación de todos los daños jurídicamente indemnizables que ha sufrido. Y es precisamente en esa distancia donde aparecen algunas de las principales dificultades.

Pero, ¿cómo se indemniza una vida condicionada por el control económico? Llegados a este punto, debemos plantearnos una cuestión especialmente compleja. Y es que, ¿cómo se calcula el perjuicio que una persona ha sufrido cuando durante años se ha visto privada de autonomía económica?

Hay daños relativamente fáciles de identificar. Podemos calcular cantidades de dinero indebidamente retiradas, determinados bienes perdidos, obligaciones económicas que deban ser restituidas o gastos concretos ocasionados por una conducta ilícita. Sin embargo, existen otros perjuicios cuya valoración resulta mucho más difícil. ¿Qué sucede con las oportunidades de empleo que una persona perdió porque se le impidió trabajar? ¿Cómo se valora una trayectoria profesional interrumpida a consecuencia de presiones abusivas? ¿Y qué ocurre con las dificultades posteriores para reincorporarse al mercado laboral, recuperar ingresos o reconstruir una estabilidad económica?

También debemos considerar el posible daño psicológico y moral. Vivir durante años bajo un sistema de control económico puede producir inseguridad, miedo, angustia y una pérdida profunda de confianza en la propia capacidad para tomar decisiones. En determinados casos, estos efectos pueden tener una relevancia indemnizatoria, siempre que se acredite su existencia y concurran los requisitos jurídicos necesarios.

Naturalmente, no todos los perjuicios pueden cuantificarse de la misma forma. Una pérdida patrimonial concreta puede acreditarse mediante documentos bancarios. La disminución de ingresos puede requerir un análisis de la trayectoria profesional, de las circunstancias laborales y de las posibilidades razonables de obtener determinadas ganancias.

Pero, por otra parte, los daños morales, por su propia naturaleza, necesitan una valoración diferente. Además, debemos distinguir entre los perjuicios efectivamente sufridos y las posibilidades futuras que resultan meramente hipotéticas. No sería riguroso calcular automáticamente como daño indemnizable todos los salarios que una persona podría haber percibido durante los años en que no trabajó. La reparación jurídica exige acreditar, con el grado de certeza correspondiente, la existencia del perjuicio y su relación con una conducta ilícita. Pero esa exigencia tampoco debería conducir a ignorar las consecuencias reales de una violencia prolongada.

Que un daño resulte difícil de valorar no significa que no exista ni que deba quedar necesariamente sin reparación. La cuestión consiste en desarrollar mecanismos probatorios y criterios jurídicos suficientemente rigurosos para reconocer aquellos perjuicios que puedan acreditarse y valorarse conforme a Derecho.

La indemnización no es un premio, una concesión de generosidad ni una forma de enriquecimiento para quien ha sufrido la violencia. Su finalidad es reparar las consecuencias del daño jurídicamente imputable a quien lo causó, en los términos y con los límites establecidos por el ordenamiento aplicable. Y esa reparación debe intentar responder, en la medida jurídicamente posible, no solo a lo que una persona perdió, sino también a las consecuencias que todavía soporta.

Obviamente, el problema es demostrar la existencia de una violencia que suele producirse en la intimidad. Uno de los principales obstáculos para obtener protección y reparación es la prueba. Muchas situaciones de violencia económica se desarrollan dentro de la intimidad familiar, sin testigos directos y a través de comportamientos que, examinados aisladamente, podrían parecer decisiones económicas ordinarias.

Una transferencia bancaria, por ejemplo, no demuestra necesariamente la existencia de violencia. Tampoco lo hace el hecho de que una persona administre las cuentas familiares o que uno de los miembros de la pareja carezca de ingresos. Para comprender lo sucedido puede ser necesario analizar el contexto, las relaciones de poder, la finalidad de determinadas actuaciones y su continuidad en el tiempo. Los extractos bancarios, los contratos, las comunicaciones, los documentos patrimoniales, los testimonios y otros medios de prueba legalmente admisibles pueden resultar fundamentales.

En determinados casos, también serán útiles los informes periciales económicos, contables o psicológicos. No se trata de sustituir las garantías jurídicas por apreciaciones subjetivas. Se trata de comprender que algunas conductas adquieren su verdadero significado cuando se examinan conjuntamente. La respuesta judicial debe respetar escrupulosamente los derechos de todas las partes, las reglas sobre la carga de la prueba y, cuando proceda, la presunción de inocencia.

Es verdad, la gravedad social de una conducta no permite prescindir del rigor jurídico. Pero tampoco deberíamos convertir la dificultad probatoria en una razón para minimizar situaciones que pueden haber condicionado profundamente la vida de una persona. La justicia necesita pruebas, desde luego. Lo que no debería hacer es perder de vista el contexto en el que esas pruebas adquieren significado.

No podemos olvidar que reparar también significa ofrecer la posibilidad real de empezar de nuevo. La respuesta frente a la violencia económica no puede limitarse a determinar si procede una indemnización. La reparación económica resulta fundamental cuando concurren sus presupuestos jurídicos, pero la recuperación de la autonomía requiere en muchas ocasiones medidas adicionales.

Una persona que lleva años apartada del mercado laboral puede necesitar formación profesional, orientación para encontrar empleo y apoyo para conseguir ingresos propios. Así, quien ha perdido su vivienda o carece de recursos suficientes puede necesitar protección social, alojamiento y asesoramiento jurídico; quien ha vivido bajo un control prolongado puede precisar acompañamiento psicológico para recuperar la confianza y la seguridad necesarias para tomar decisiones; y quien se enfrenta a deudas, obligaciones financieras o conflictos patrimoniales derivados de una relación abusiva puede necesitar asistencia especializada para conocer sus derechos y actuar sin exponerse a nuevos perjuicios.

Por eso, una respuesta integral debe combinar prevención, protección, asistencia y mecanismos de reparación. No basta con reconocer que la violencia económica existe. Es necesario mejorar su detección, facilitar el acceso a los recursos de apoyo y evitar que las dificultades materiales obliguen a una persona a permanecer en una relación perjudicial. Y también debemos prestar atención a las barreras específicas que pueden afrontar las personas mayores, las personas con discapacidad, quienes carecen de redes familiares de apoyo o quienes se encuentran en situaciones de especial precariedad.

La independencia económica no garantiza por sí sola una vida libre de violencia. Sin embargo, disponer de recursos propios puede facilitar enormemente la posibilidad de abandonar una relación abusiva y construir un proyecto personal independiente. Debemos entender, además, que el objetivo no consiste en imponer un único modelo de organización familiar. Cada pareja puede distribuir libremente sus responsabilidades, sus ingresos y sus tareas de cuidado. Lo verdaderamente importante es que esas decisiones respeten la autonomía, la igualdad de derechos y la dignidad de quienes integran la relación. Ningún acuerdo afectivo debería convertirse en una renuncia forzada a la propia libertad.

Aunque la realidad sea bien distinta, el dinero no debería decidir quién puede ser libre.  La violencia económica nos obliga a revisar una idea que todavía permanece demasiado arraigada en nuestra sociedad. Es decir, que todo lo relacionado con el dinero dentro de una pareja pertenece exclusivamente al ámbito privado.

La intimidad de una relación no legitima el abuso, del mismo modo que compartir una vivienda no significa renunciar a la autonomía personal. Las relaciones afectivas pueden construirse sobre la confianza, la solidaridad, la generosidad y los proyectos compartidos. Precisamente por eso, ninguna de esas circunstancias debería utilizarse para justificar el sometimiento económico de otra persona.

Amar no significa entregar a alguien el control absoluto de nuestra vida. Compartir no significa perder nuestros derechos. Y depender económicamente de otra persona no nos convierte en menos dignos, menos capaces ni menos merecedores de respeto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la violencia económica no es únicamente un problema patrimonial. Puede convertirse en una forma de dominación que afecta a la igualdad, a la libertad personal y a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio. Por eso, su prevención y reparación deben ocupar un lugar relevante en el debate jurídico y social.

El análisis comparado entre Francia y España puede aportar herramientas valiosas para identificar buenas prácticas, reconocer dificultades compartidas y estudiar posibles mejoras legislativas y jurisprudenciales. Pero también es necesaria una reflexión más amplia sobre el significado de la justicia. Porque la justicia no termina cuando se declara que una conducta fue ilícita. También importa que sus consecuencias puedan repararse conforme a Derecho y que la persona perjudicada disponga de oportunidades reales para reconstruir su vida.

Debemos preguntarnos qué significa verdaderamente salir de una relación cuando alguien continúa atrapado en las deudas, en la precariedad o en las consecuencias profesionales de años de control. También debemos preguntarnos qué valor concedemos al trabajo de cuidados, a la autonomía económica y a las oportunidades que una persona puede haber perdido durante una relación marcada por el abuso.

La violencia económica deja heridas. Algunas aparecen reflejadas en los extractos bancarios. Otras se encuentran en las deudas, en los bienes perdidos o en los ingresos que nunca llegaron. Y otras permanecen en la inseguridad, en el miedo a tomar decisiones y en los años que puede necesitar una persona para volver a sentirse dueña de su propia vida.

No todas esas consecuencias pueden traducirse automáticamente en una cantidad de dinero ni todas generan necesariamente un derecho a indemnización. Pero ninguna debería quedar fuera de nuestra reflexión por el simple hecho de que resulte difícil verla.

Nadie debería permanecer en una relación por miedo a no poder pagar un alquiler, alimentar a sus hijos o afrontar los gastos más elementales de la vida cotidiana. Igualmente, nadie debería verse obligado a elegir entre soportar una situación de sometimiento y enfrentarse a una precariedad que amenaza su propia supervivencia. Y tampoco nadie debería aprovechar su superioridad económica para privar de libertad a quien, precisamente por compartir su vida, depositó en esa relación su confianza.

La libertad no debería depender del saldo de una cuenta bancaria. Pero cuando alguien utiliza el dinero para limitarla, el Derecho y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado.

Ninguna relación afectiva concede a una persona el derecho a empobrecer deliberadamente, someter o destruir la autonomía de quien ha sido su pareja.

Reparar el daño, cuando jurídicamente procede, no es un gesto de generosidad hacia quien ha sufrido violencia, sino una exigencia de justicia.

Y la violencia económica también debe tener respuesta.

Porque la dignidad no se negocia.

Y la libertad no se compra.

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La violence économique laisse, elle aussi, des blessures

Lorsque nous pensons aux violences au sein du couple, nous imaginons généralement des coups, des menaces, des insultes ou des situations de peur. Nous pensons aux blessures visibles sur le corps, mais aussi à celles qui, bien que cachées, accompagnent pendant des années les personnes qui les ont subies. Pourtant, certaines formes de violence s’installent si discrètement dans le quotidien que beaucoup de personnes mettent très longtemps à les reconnaître.

L’une d’elles est la violence économique, une forme de domination qui utilise l’argent, les biens et la dépendance financière pour contrôler la liberté d’autrui. Car toutes les violences ne passent pas par les coups. Il suffit parfois d’empêcher une personne de travailler, de contrôler ses revenus, de s’approprier ses économies ou de la convaincre qu’elle ne pourrait pas survivre sans celle qui exerce ce contrôle.

Imaginons une femme qui n’a pas exercé d’activité professionnelle en dehors du foyer depuis vingt ans, parce que son conjoint l’a persuadée de se consacrer entièrement à la maison et à l’éducation de leurs enfants. Pendant toutes ces années, elle n’a disposé d’aucun revenu personnel, a très peu participé aux décisions financières de la famille et a dû justifier chaque dépense. Un jour, elle décide de se séparer, mais découvre qu’elle n’a aucune épargne, que ses chances de retrouver un emploi sont limitées et qu’elle ne sait même pas comment elle pourra payer le loyer d’un logement.

En théorie, elle est libre de partir. Dans les faits, sa situation financière peut rendre cette liberté extrêmement difficile à exercer. Une telle situation nous oblige donc à nous poser une question profondément dérangeante. Quelle liberté réelle reste à une personne qui dépend financièrement de celle qui la domine ? La violence économique nous rappelle que la liberté ne se résume pas à la reconnaissance de droits par la loi. Elle suppose également de disposer des conditions matérielles minimales qui permettent de les exercer.

Le problème commence lorsque l’argent cesse d’être une ressource pour devenir un instrument de contrôle. Il est donc essentiel de comprendre que la violence économique ne se réduit pas à des disputes au sujet des dépenses du foyer, à des désaccords sur la gestion de l’épargne ou à des difficultés financières rencontrées pendant une relation.

Dans de nombreux couples, l’un des partenaires exerce une activité professionnelle tandis que l’autre assume une plus grande part des responsabilités familiales. Il est également fréquent que l’un des deux se charge des paiements, des comptes bancaires ou de la gestion du patrimoine commun. Ces situations ne constituent pas, à elles seules, une forme de violence. La différence apparaît lorsque l’argent n’est plus géré dans le cadre d’accords librement consentis, mais devient un moyen d’imposer sa volonté, de punir ou de soumettre l’autre.

Nous parlons de violence économique lorsqu’une personne prive injustement son partenaire des ressources nécessaires, l’empêche de disposer de ce qui lui revient légitimement ou utilise sa position financière pour restreindre son autonomie. Cette violence peut prendre de nombreuses formes. Il peut s’agir d’exiger une justification pour la moindre dépense, d’empêcher l’autre de travailler ou d’étudier, de s’approprier ses revenus, de lui cacher des informations patrimoniales importantes, de le pousser à contracter des dettes ou de menacer de lui retirer toute aide financière s’il ne se plie pas à certaines exigences.

Parfois, ce contrôle prend des formes moins visibles. Une personne peut vivre dans un certain confort matériel sans avoir réellement accès aux comptes bancaires, sans connaître les biens que possède la famille ou sans pouvoir effectuer une dépense sans autorisation. Il arrive aussi qu’une personne soit contrainte de signer des documents financiers qu’elle ne comprend pas, de souscrire des emprunts qui profitent uniquement à son partenaire ou d’accepter des obligations financières sous la pression.

Les nouvelles technologies offrent d’autres possibilités de contrôle. Elles peuvent servir à surveiller en permanence les opérations bancaires, à exiger des mots de passe personnels, à bloquer l’accès à certains services financiers ou à suivre chaque décision économique au moyen d’applications bancaires.

La question fondamentale n’est pas de savoir qui gagne le plus d’argent ni qui s’occupe de gérer les finances du ménage. Ce qui compte, c’est de déterminer s’il existe un rapport de pouvoir permettant à une personne d’imposer sa volonté en contrôlant les ressources économiques. Ce contrôle peut exister même en l’absence de pauvreté. Une personne peut habiter un logement confortable, sembler disposer de tout ce dont elle a besoin et se trouver malgré tout dans une situation de soumission financière. Être entouré d’argent ne signifie pas nécessairement pouvoir en disposer librement.

Il ne faut pas oublier qu’une dépendance financière peut se construire au fil des années. L’un des aspects les plus préoccupants de la violence économique est qu’elle n’apparaît pas toujours brutalement. Dans bien des cas, elle s’installe progressivement, à travers des décisions qui pourraient sembler anodines si elles étaient considérées séparément.

Au départ, l’un des partenaires propose de prendre en charge les finances familiales. Puis il commence à décider seul des dépenses nécessaires, des achats autorisés ou de la somme dont chacun peut disposer. Avec le temps, le contrôle peut s’étendre à des questions beaucoup plus importantes, comme la possibilité de travailler, de poursuivre des études, de conserver un compte bancaire personnel ou d’utiliser certains biens. Ce qui avait commencé comme une répartition apparemment consensuelle des responsabilités peut se transformer en une relation de dépendance de plus en plus difficile à remettre en cause.

La violence économique s’accompagne souvent d’autres formes de violence psychologique. Les humiliations, le dénigrement et les menaces peuvent renforcer l’idée qu’une personne privée de revenus personnels serait également incapable de prendre des décisions. Des phrases comme « Sans moi, tu n’aurais rien », « Tout ce qu’il y a dans cette maison m’appartient » ou « Si tu pars, tu ne pourras jamais subvenir à tes besoins » peuvent devenir des moyens de pression particulièrement puissants lorsque la personne visée a perdu son indépendance financière. Mais nous devons rejeter une conclusion profondément injuste. Dépendre financièrement de son partenaire ne rend personne incapable et ne signifie nullement que l’on ait consenti à une situation de violence.

Élever des enfants, prendre soin de proches dépendants ou assumer les tâches domestiques représente une contribution essentielle à l’équilibre familial et social, même lorsque ce travail n’est pas rémunéré. Le problème apparaît lorsque cet engagement est utilisé pour imposer une position de subordination ou lorsque les sacrifices professionnels d’une personne deviennent un avantage dont l’autre se sert pour la contrôler.

Il convient également de rappeler que cette violence peut toucher des personnes de tous sexes, de tous âges et de toutes orientations sexuelles. Son analyse est néanmoins particulièrement importante sous l’angle des inégalités structurelles qui ont historiquement limité l’autonomie économique des femmes. La précarité professionnelle, les difficultés à concilier travail et vie familiale, la répartition inégale des tâches de soin et les responsabilités familiales plus lourdes peuvent accroître la vulnérabilité à certaines formes de dépendance financière. Comprendre cette réalité suppose donc d’observer non seulement ce qui se passe dans le couple, mais aussi les conditions sociales qui peuvent empêcher une personne de retrouver son indépendance.

Le préjudice ne disparaît pas nécessairement lorsque la relation prend fin. L’une des idées les plus importantes à comprendre est que la violence économique peut continuer à produire des conséquences longtemps après une séparation. La rupture peut mettre un terme à la vie commune, mais elle n’efface pas automatiquement les dettes, les pertes patrimoniales, les occasions professionnelles manquées ni les difficultés à retrouver une stabilité financière.

Pensons à une personne qui a quitté son emploi sous des pressions constantes, à celle qui a consacré des décennies à sa famille sans pouvoir construire un parcours professionnel indépendant, ou encore à celle qui découvre après la séparation que certaines économies ont disparu. Pensons aussi aux personnes confrontées à des prêts qu’elles ne peuvent pas rembourser, à des engagements financiers pris sous la contrainte ou à la nécessité de trouver un logement sans revenus suffisants. La séparation peut marquer le début d’une nouvelle étape, mais elle peut aussi constituer une période de grande vulnérabilité. Dans certains cas, le contrôle économique se poursuit même après la rupture.

Il peut notamment se manifester par le manquement délibéré à des obligations financières, la dissimulation de biens, l’utilisation abusive de conflits patrimoniaux ou des manœuvres destinées à empêcher un ancien partenaire de retrouver une situation stable. Le défaut de paiement d’une pension alimentaire, par exemple, peut avoir des conséquences particulièrement graves lorsqu’il compromet les conditions de vie des enfants. Il faut toutefois distinguer l’impossibilité réelle de payer d’un comportement délibéré visant à priver l’autre de ressources ou à faire pression sur lui. Tout défaut de paiement ne constitue pas automatiquement une violence économique et ne remplit pas nécessairement les conditions d’une infraction pénale.

Les enfants peuvent eux aussi subir les conséquences de ces situations. Lorsque les ressources financières servent à exercer une pression sur l’un des parents, les effets peuvent atteindre ceux qui dépendent de lui pour satisfaire leurs besoins les plus essentiels. Affirmer que la relation est terminée peut donc être exact sur le plan affectif ou juridique, tout en restant insuffisant pour décrire la réalité de la personne qui continue d’en supporter les conséquences.

La violence peut avoir disparu de la vie commune et rester pourtant présente dans les comptes bancaires, les dettes impayées, les possibilités d’emploi perdues ou la peur constante de ne pas réussir à finir le mois. C’est une véritable prison sans barreaux. Une prison qui n’a pas besoin de verrouiller physiquement les portes, puisque les circonstances économiques peuvent donner l’impression qu’il est impossible de les franchir.

De là naît une question qui mérite une réflexion juridique et sociale bien plus approfondie. Que se passe quand une personne parvient à quitter une relation abusive, mais se retrouve ruinée par ce qu’elle a vécu ? La seule reconnaissance des violences subies suffit pour en réparer les conséquences ? Il est essentiel de réfléchir aussi à la manière d’y remédier.

La violence économique est indéniablement une question de droits humains. Pendant trop longtemps, certaines pratiques de contrôle financier ont été considérées comme de simples conflits privés relevant de la vie familiale. Pourtant, la reconnaissance internationale de cette réalité a permis de comprendre que leurs conséquences peuvent porter directement atteinte à la dignité, à l’égalité et à la liberté individuelle.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, connue sous le nom de Convention d’Istanbul, reconnaît expressément que ces formes de violence peuvent entraîner des préjudices physiques, sexuels, psychologiques ou économiques. Cette reconnaissance est particulièrement importante, car elle permet de dépasser la notion de simple différend patrimonial et de rattacher le problème à la protection effective des droits humains.

L’Union européenne a également progressé dans ce domaine. La directive (UE) 2024/1385 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique intègre la dimension économique dans ses définitions de la violence. Son article 24 impose en outre aux États membres de permettre aux victimes de demander, conformément au droit national, une indemnisation intégrale des dommages résultant d’infractions pénales liées à la violence à l’égard des femmes ou à la violence domestique. Cela ne signifie pas que tout désaccord financier devient automatiquement une infraction ni que tout comportement préjudiciable ouvre, à lui seul, un droit à indemnisation. Cela signifie que les institutions européennes reconnaissent expressément la dimension économique de la violence et l’importance d’en réparer les conséquences lorsque les conditions juridiques sont réunies.

En Espagne, la reconnaissance juridique de la violence économique s’exprime à différents niveaux. La loi organique 1/2004 relative aux mesures de protection intégrale contre les violences fondées sur le genre constitue une référence essentielle dans la lutte contre les violences exercées par les hommes à l’encontre des femmes dans le cadre d’une relation de couple actuelle ou passée. Bien que son premier article ne mentionne pas expressément la violence économique comme catégorie autonome, certains comportements de contrôle financier peuvent relever de violences psychologiques, de menaces, de contraintes ou d’autres actes juridiquement répréhensibles.

Plusieurs communautés autonomes espagnoles ont expressément intégré la violence économique dans leur législation. L’Andalousie en offre un exemple particulièrement significatif. L’article 3 de la loi 13/2007 relative aux mesures de prévention et de protection intégrale contre les violences fondées sur le genre vise la privation injustifiée de ressources financières ou patrimoniales, les restrictions concernant les ressources auxquelles la victime a légalement droit, ainsi que les obstacles empêchant une femme d’accéder au marché du travail dans le but de créer une dépendance économique.

Cette reconnaissance montre que la violence économique n’est pas une simple construction théorique ni une expression réservée au débat public. Il s’agit d’une réalité identifiée par les institutions et prise en compte par des lois destinées à la prévenir et à la combattre. Il faut néanmoins distinguer la reconnaissance juridique d’une forme de violence de la détermination de ses conséquences concrètes. Une définition légale ne signifie pas nécessairement que tout comportement qu’elle englobe constitue une infraction pénale autonome ou donne automatiquement droit à une indemnisation. C’est précisément pourquoi la rigueur de l’analyse juridique est indispensable.

La France comme l’Espagne sont confrontées au difficile défi de réparer des préjudices qui auraient, dans bien des cas, pu être évités grâce à une meilleure protection juridique. Des progrès importants ont certes été accomplis et plusieurs obstacles ont été levés. La comparaison des droits français et espagnol présente un intérêt particulier, car elle permet d’étudier la manière dont deux systèmes juridiques européens abordent la réparation des dommages causés par des comportements abusifs au sein des relations personnelles. Tous deux disposent de règles de responsabilité civile, de dispositifs de protection contre les violences et de normes encadrant les conséquences financières des ruptures. Leurs réponses ne sont toutefois pas toujours identiques.

En Espagne, l’article 1902 du Code civil pose un principe général de responsabilité pour les dommages causés par une action ou une omission résultant d’une faute ou d’une négligence. Cette disposition peut servir de fondement à certaines demandes lorsqu’il est possible d’établir un comportement juridiquement fautif, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre les deux. Lorsque les faits constituent une infraction pénale, une responsabilité civile peut également découler de cette infraction. Les articles 109 et suivants du Code pénal espagnol organisent cette responsabilité et prévoient notamment la restitution, la réparation du dommage ainsi que l’indemnisation des préjudices matériels et moraux. Certains comportements peuvent en outre entraîner des conséquences pénales spécifiques. Ainsi, l’article 227 du Code pénal sanctionne, lorsque ses conditions sont réunies, certains manquements à des obligations financières fixées par une décision judiciaire ou par un accord approuvé par un tribunal.

Il est cependant essentiel de distinguer la responsabilité née d’un comportement illicite des conséquences financières ordinaires d’une séparation ou d’un divorce. La prestation compensatoire prévue par l’article 97 du Code civil espagnol répond, dans les conditions fixées par la loi, au déséquilibre économique causé par la séparation ou le divorce. De son côté, l’article 1438 prévoit une compensation pour le travail effectué au foyer lors de la dissolution du régime de séparation des biens, sous réserve de conditions qui lui sont propres. Ces mécanismes poursuivent des objectifs différents de ceux d’une indemnisation pour violence économique. Plusieurs demandes peuvent certes être présentées dans une même affaire, mais elles ne doivent pas être confondues ni conduire à indemniser deux fois un même préjudice.

En France, l’article 1240 du Code civil établit lui aussi un principe général de responsabilité pour les dommages causés par une faute. Il peut être invoqué pour demander réparation de certains préjudices résultant d’un comportement illicite, à condition que les exigences du droit français soient satisfaites. Par ailleurs, l’article 266 du même Code permet, dans des cas précisément définis, d’accorder une indemnisation à un époux pour les conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage. Il ne s’agit donc ni d’une indemnisation automatique en cas de divorce ni d’un mécanisme applicable indistinctement à tout conflit financier. Le droit français prévoit aussi des mesures de protection contre les violences conjugales, notamment l’ordonnance de protection, organisée par les dispositions du Code civil consacrées à la protection des victimes. Ces dispositions permettent au juge de prendre des mesures urgentes lorsque les conditions légales sont réunies.

La comparaison entre la France et l’Espagne doit tenir compte de ces différences, en distinguant notamment la protection immédiate, les conséquences patrimoniales d’une rupture et la responsabilité civile pour les dommages causés. Il serait juridiquement inexact d’affirmer que l’un ou l’autre de ces pays reconnaît automatiquement un droit général à indemnisation pour toute situation qualifiée de violence économique. L’essentiel est de déterminer si les instruments disponibles permettent d’identifier et de réparer convenablement les conséquences d’un comportement abusif. Il y a une différence considérable entre le fait que le droit reconnaisse la possibilité de demander une indemnisation et celui, pour la personne lésée, de parvenir à prouver ses préjudices et à obtenir réparation de l’ensemble des dommages juridiquement indemnisables qu’elle a subis. C’est précisément dans cet écart que se situent certaines des principales difficultés.

Mais comment indemniser une vie marquée par le contrôle économique ? Nous arrivons ici à une question particulièrement complexe. Comment évaluer le préjudice subi par une personne qui a été privée de son autonomie financière pendant des années ?

Certains dommages sont relativement faciles à identifier. Il est possible de calculer des sommes indûment prélevées, la valeur de biens perdus, des obligations financières devant donner lieu à restitution ou des dépenses précises causées par un comportement illicite. D’autres préjudices sont en revanche beaucoup plus difficiles à évaluer. Que deviennent les possibilités d’emploi perdues parce qu’une personne a été empêchée de travailler ? Comment apprécier une carrière interrompue à la suite de pressions abusives ? Comment tenir compte des difficultés rencontrées ensuite pour retrouver un emploi, percevoir des revenus ou reconstruire une stabilité financière ?

Nous devons également prendre en compte les éventuels préjudices psychologiques et moraux. Vivre pendant des années sous un contrôle économique peut entraîner un sentiment d’insécurité, de la peur, de l’angoisse et une profonde perte de confiance dans sa capacité à prendre des décisions. Dans certaines situations, ces conséquences peuvent ouvrir droit à une indemnisation, dès lors que leur existence est établie et que les conditions juridiques applicables sont réunies.

Naturellement, tous les préjudices ne se mesurent pas de la même manière. Une perte patrimoniale précise peut être démontrée au moyen de documents bancaires. Une diminution des revenus peut nécessiter l’examen du parcours professionnel, des circonstances de l’emploi et des perspectives raisonnables de gains.

Les préjudices moraux, quant à eux, appellent par nature une appréciation différente. Il faut aussi distinguer les pertes effectivement subies des éventualités futures purement hypothétiques. Il ne serait pas rigoureux de considérer automatiquement comme indemnisables tous les salaires qu’une personne aurait pu percevoir pendant les années où elle n’a pas travaillé. La réparation juridique exige de démontrer, selon les règles de preuve applicables, l’existence du préjudice et son lien avec un comportement illicite. Cette exigence ne devrait toutefois pas conduire à ignorer les conséquences réelles de violences prolongées.

Ce n’est pas parce qu’un préjudice est difficile à évaluer qu’il n’existe pas ou qu’il doit nécessairement rester sans réparation. L’enjeu est de développer des méthodes de preuve et des critères juridiques suffisamment rigoureux pour reconnaître les préjudices qui peuvent être établis et évalués conformément au droit.

L’indemnisation n’est ni une récompense, ni un geste de générosité, ni un moyen d’enrichir la personne qui a subi des violences. Elle vise à réparer les conséquences des dommages juridiquement imputables à leur auteur, dans les conditions et les limites prévues par le droit applicable. Dans toute la mesure permise par la loi, cette réparation devrait répondre non seulement à ce que la personne a perdu, mais aussi aux conséquences qu’elle continue de subir.

Bien entendu, l’une des grandes difficultés consiste à prouver des violences qui se déroulent généralement dans l’intimité. La question de la preuve est l’un des principaux obstacles à l’obtention d’une protection et d’une indemnisation. De nombreuses situations de violence économique se développent dans la sphère familiale, sans témoins directs, à travers des comportements qui pourraient ressembler à des décisions financières ordinaires s’ils étaient examinés isolément.

Un virement bancaire, par exemple, ne prouve pas nécessairement l’existence de violences. Il en va de même lorsqu’une personne gère les comptes familiaux ou que l’un des partenaires ne dispose d’aucun revenu. Pour comprendre les faits, il peut être nécessaire d’examiner leur contexte, les rapports de pouvoir, l’objectif de certaines décisions et leur répétition dans le temps. Les relevés bancaires, les contrats, les échanges de messages, les documents patrimoniaux, les témoignages et les autres éléments de preuve légalement recevables peuvent jouer un rôle déterminant.

Dans certains cas, des expertises financières, comptables ou psychologiques peuvent également se révéler utiles. Il ne s’agit pas de remplacer les garanties juridiques par des appréciations subjectives. Il s’agit de comprendre que certains comportements prennent tout leur sens lorsqu’ils sont considérés ensemble. La réponse judiciaire doit respecter scrupuleusement les droits de toutes les parties, les règles relatives à la charge de la preuve et, lorsqu’elle s’applique, la présomption d’innocence.

Il est vrai que la gravité sociale d’un comportement ne dispense jamais de la rigueur juridique. Mais la difficulté de la preuve ne devrait pas non plus servir de prétexte pour minimiser des situations qui ont pu marquer profondément la vie d’une personne. La justice a besoin de preuves, bien entendu. Elle ne devrait pourtant jamais perdre de vue le contexte qui leur donne leur véritable signification.

Nous ne devons pas oublier que réparer signifie également offrir une véritable possibilité de recommencer. La réponse à la violence économique ne peut se limiter à déterminer si une indemnisation est due. La réparation financière est fondamentale lorsque les conditions juridiques sont réunies, mais retrouver son autonomie exige souvent des mesures complémentaires.

Une personne éloignée du marché du travail depuis des années peut avoir besoin d’une formation professionnelle, d’un accompagnement vers l’emploi et d’un soutien pour retrouver des revenus personnels. Celle qui a perdu son logement ou ne dispose pas de ressources suffisantes peut avoir besoin d’une protection sociale, d’un hébergement et de conseils juridiques. Une personne ayant vécu sous un contrôle prolongé peut nécessiter un soutien psychologique afin de retrouver la confiance et la sécurité indispensables pour prendre ses propres décisions. Enfin, celle qui fait face à des dettes, à des engagements financiers ou à des conflits patrimoniaux nés d’une relation abusive peut avoir besoin d’une assistance spécialisée pour connaître ses droits et agir sans s’exposer à de nouveaux préjudices.

Une réponse globale doit donc associer prévention, protection, accompagnement et mécanismes de réparation. Reconnaître l’existence de la violence économique ne suffit pas. Il faut améliorer son repérage, faciliter l’accès aux dispositifs d’aide et éviter que des difficultés matérielles contraignent une personne à rester dans une relation qui lui fait du mal. Il est également nécessaire de prendre en compte les obstacles particuliers rencontrés par les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, celles qui ne disposent pas d’un réseau familial de soutien ou celles qui vivent dans une grande précarité.

L’indépendance financière ne garantit pas, à elle seule, une vie sans violence. Disposer de ressources personnelles peut cependant rendre beaucoup plus facile la sortie d’une relation abusive et la construction d’un projet de vie indépendant. Il faut aussi comprendre que l’objectif n’est pas d’imposer un modèle unique d’organisation familiale. Chaque couple doit pouvoir répartir librement les responsabilités, les revenus et les tâches de soin. L’essentiel est que ces choix respectent l’autonomie, l’égalité des droits et la dignité de chacun. Aucun accord au sein d’une relation affective ne devrait devenir un renoncement forcé à sa propre liberté.

Même si la réalité est souvent bien différente, l’argent ne devrait pas décider qui a le droit d’être libre. La violence économique nous oblige à remettre en question une idée encore profondément ancrée dans notre société, selon laquelle tout ce qui concerne l’argent au sein du couple relèverait exclusivement de la sphère privée.

L’intimité d’une relation ne légitime pas les abus, pas plus que le fait de partager un logement ne signifie renoncer à son autonomie. Les relations affectives peuvent se construire sur la confiance, la solidarité, la générosité et des projets communs. C’est précisément pourquoi aucune de ces valeurs ne devrait être utilisée pour justifier la soumission financière d’une autre personne.

Aimer quelqu’un ne signifie pas lui remettre le contrôle absolu de sa vie. Partager sa vie ne signifie pas renoncer à ses droits. Et dépendre financièrement d’une autre personne ne nous rend ni moins dignes, ni moins capables, ni moins respectables.

Du point de vue des droits humains, la violence économique n’est pas simplement une question d’argent ou de patrimoine. Elle peut devenir une forme de domination qui porte atteinte à l’égalité, à la liberté individuelle et à la possibilité de construire son propre projet de vie. C’est pourquoi sa prévention et la réparation de ses conséquences doivent occuper une place importante dans le débat juridique et social.

L’étude comparée des droits français et espagnol peut apporter des éléments précieux pour identifier les bonnes pratiques, comprendre les difficultés communes et envisager des améliorations législatives et jurisprudentielles. Mais une réflexion plus large sur le sens même de la justice est également nécessaire. Car la justice ne s’achève pas lorsqu’un comportement est déclaré illicite. Il importe aussi que ses conséquences puissent être réparées conformément au droit et que la personne lésée dispose de possibilités réelles pour reconstruire sa vie.

Nous devons nous demander ce que signifie véritablement quitter une relation lorsque l’on reste prisonnier des dettes, de la précarité ou des conséquences professionnelles de plusieurs années de contrôle. Nous devons aussi nous interroger sur la valeur que notre société accorde au travail de soin, à l’autonomie financière et aux possibilités qu’une personne a pu perdre au cours d’une relation marquée par les abus.

La violence économique laisse des blessures. Certaines apparaissent sur les relevés bancaires. D’autres se retrouvent dans les dettes, les biens perdus ou les revenus qui n’ont jamais été perçus. D’autres encore demeurent dans le sentiment d’insécurité, dans la peur de prendre des décisions et dans les années dont une personne peut avoir besoin pour se sentir de nouveau maîtresse de sa propre vie.

Toutes ces conséquences ne peuvent pas être automatiquement traduites en une somme d’argent, et toutes ne font pas nécessairement naître un droit à indemnisation. Mais aucune ne devrait être écartée de notre réflexion au seul motif qu’elle est difficile à voir.

Personne ne devrait rester dans une relation par peur de ne pas pouvoir payer un loyer, nourrir ses enfants ou faire face aux dépenses les plus élémentaires de la vie quotidienne. De même, personne ne devrait être contraint de choisir entre subir une situation de domination et affronter une précarité qui menace sa survie. Et personne ne devrait tirer parti de sa supériorité économique pour priver de liberté un être qui, parce qu’il partageait sa vie, avait placé sa confiance dans cette relation.

La liberté ne devrait pas dépendre du solde d’un compte bancaire. Mais lorsque quelqu’un utilise l’argent pour la restreindre, le droit et les institutions ne peuvent détourner le regard.

Aucune relation affective ne donne à quiconque le droit d’appauvrir délibérément, de soumettre ou de détruire l’autonomie de la personne qui partage ou a partagé sa vie.

Réparer un préjudice, lorsque le droit le prévoit, n’est pas un geste de générosité envers une personne qui a subi des violences. C’est une exigence de justice.

Et la violence économique doit, elle aussi, recevoir une réponse.

Parce que la dignité ne se négocie pas.

Et que la liberté ne s’achète pas.

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Economic Abuse Leaves Scars Too

When we think about violence within a relationship, we tend to imagine physical assaults, threats, insults or living in fear. We think of injuries that can be seen on the body and of other wounds that remain hidden but stay with those who have suffered them for years. Yet some forms of abuse become so quietly embedded in everyday life that people may take a very long time to recognise what is happening to them.

One of these is economic abuse, a form of domination that uses money, property and financial dependence to control another person’s freedom. Not every form of abuse involves physical violence. Sometimes it is enough to prevent someone from working, control their income, take their savings or convince them that they could not survive without the person exercising that control.

Imagine a woman who has not worked outside the home for twenty years because her partner persuaded her that she should devote herself entirely to the household and raising their children. During that time, she has had no income of her own, has barely participated in family financial decisions and has been required to justify every expense. One day, she decides to leave, only to discover that she has no savings, very limited prospects of finding work and no idea how she will afford to rent a home.

In principle, she is free to leave. In practice, her financial circumstances may make that freedom extraordinarily difficult to exercise. This raises a deeply uncomfortable question. How free can someone really be when they depend financially on the very person who is controlling them? Economic abuse shows us that freedom is not simply a matter of having rights recognised by law. It also requires the basic material conditions needed to exercise those rights.

The problem begins when money stops being a resource and becomes a means of control. That is why it is important to understand that economic abuse is not simply about arguments over household bills, disagreements about how to manage savings or financial difficulties during a relationship.

In many couples, one person works outside the home while the other takes on more family responsibilities. It is also common for one partner to organise payments, manage bank accounts or oversee shared property. None of these arrangements is abusive in itself. The difference arises when money is no longer managed through freely made agreements and is instead used to impose decisions, punish or dominate.

We are talking about economic abuse when someone unjustifiably deprives a partner of necessary resources, prevents them from using money or property to which they are legally entitled, or uses financial power to restrict their independence. It can take many forms. A person may be forced to account for every penny, prevented from working or studying, deprived of their income, kept in the dark about important financial matters, pressured into taking on debt or threatened with the withdrawal of financial support unless they comply with certain demands.

Sometimes the control is less obvious. Someone may live comfortably and appear to have everything they need while having no real access to bank accounts, no knowledge of the family’s assets and no freedom to spend money without permission. A person may also be forced to sign financial documents they do not understand, take out loans that benefit only their partner or accept financial obligations under pressure.

New technologies create further opportunities for control. They can be used to monitor bank transactions constantly, demand access to personal passwords, block financial services or track every financial decision through banking applications.

The central question is not who earns more or who manages the household finances. What matters is whether there is an imbalance of power that allows one person to impose their will by controlling financial resources. This can happen even when there is no poverty in the household. A person may live in a comfortable home, appear to have all their material needs met and still be financially controlled. Having money around you does not necessarily mean having the freedom to use it.

We must not forget that financial dependence can develop over many years. One of the most troubling features of economic abuse is that it does not always begin suddenly. In many cases, it develops gradually through decisions that might seem harmless when considered separately.

At first, one partner offers to take care of the family finances. Later, that person begins deciding alone which expenses are necessary, what purchases can be made and how much money each partner may use. Over time, the control can extend to far more important matters, including whether the other person can work, continue studying, maintain a personal bank account or use certain assets. What began as an apparently agreed division of responsibilities can turn into a relationship of dependence that becomes increasingly difficult to challenge.

Economic abuse is also often linked to other forms of psychological abuse. Humiliation, belittling and threats can reinforce the belief that a person without their own income is also incapable of making decisions. Statements such as “Without me, you would have nothing”, “Everything in this house belongs to me” or “If you leave, you will never be able to support yourself” can become powerful tools of pressure when the person targeted has lost their financial independence. But we must reject one profoundly unfair conclusion. Being financially dependent on a partner does not make someone incapable, nor does it mean they have consented to abuse.

Raising children, caring for dependent relatives and taking responsibility for household work make essential contributions to the wellbeing of families and society, even when this work is unpaid. The problem arises when that contribution is used to impose subordination, or when one person’s professional sacrifices become an advantage that the other uses to control them.

It is also important to remember that economic abuse can affect people of different sexes, ages and sexual orientations. Nevertheless, examining it through the lens of structural inequality is particularly important because women’s financial independence has historically been constrained in ways that continue to matter. Insecure employment, difficulties balancing paid work and family life, unequal caring responsibilities and the greater share of unpaid work carried by women can increase vulnerability to financial dependence. Understanding this reality therefore requires us to look beyond what happens within a relationship and consider the social conditions that may make it difficult for someone to regain independence.

The harm does not necessarily disappear when a relationship ends. One of the most important things to understand is that economic abuse may continue to have consequences long after a separation. Ending a shared life does not automatically erase debts, restore lost property, recover missed career opportunities or make financial stability possible again.

Think of someone who left a job under constant pressure, someone who spent decades caring for a family without being able to build an independent career, or someone who discovers after a separation that savings have disappeared. Think also of people facing loans they cannot afford, financial commitments undertaken under pressure or the need to find somewhere to live without sufficient income. Separation may mark the beginning of a new chapter, but it can also be a time of particular vulnerability. In some cases, financial control continues even after the relationship has ended.

It may take the form of deliberately failing to meet financial obligations, concealing assets, exploiting disputes over property or taking steps intended to prevent a former partner from achieving financial stability. Failure to pay child maintenance, for example, can have especially serious consequences for children’s wellbeing. We must, however, distinguish between someone who genuinely cannot pay and someone who deliberately withholds money as a form of deprivation or pressure. Not every missed payment automatically constitutes economic abuse or meets the legal requirements for a criminal offence.

Children can also suffer as a result. When money is used to pressure one parent, the consequences may extend to those who depend on that parent for their most basic needs. Saying that the relationship is over may therefore be true emotionally or legally, while failing to describe the reality of someone still living with its consequences.

The abuse may have ended within the home yet remain visible in bank accounts, outstanding debts, lost employment opportunities and the constant fear of not having enough money to get through the month. It is like a prison without bars. No door needs to be physically locked when financial circumstances can make leaving seem impossible.

This raises a question that deserves much deeper legal and social reflection. What happens when someone manages to leave an abusive relationship but is left financially devastated by what they have experienced? Is it enough to acknowledge that they have suffered abuse, or must we also ask how its consequences can be repaired?

Economic abuse is undoubtedly a human rights issue. For far too long, certain forms of financial control have been treated as strictly private disputes belonging to family life. International recognition of this reality, however, has helped establish that their consequences can directly affect human dignity, equality and personal freedom.

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, known as the Istanbul Convention, expressly recognises that these forms of violence can cause physical, sexual, psychological or economic harm. This recognition is particularly important because it places the issue beyond a simple dispute over property and connects it with the effective protection of human rights.

The European Union has also made progress in this area. Directive (EU) 2024/1385 on combating violence against women and domestic violence includes economic harm in its definitions of violence. Article 24 also requires Member States to ensure that victims can seek full compensation, in accordance with national law, for damage resulting from criminal offences involving violence against women or domestic violence. This does not mean that every financial disagreement automatically becomes a crime or that every harmful act gives rise to compensation. It means that European institutions expressly recognise the economic dimension of abuse and the importance of repairing its consequences when the relevant legal requirements are met.

In Spain, the legal recognition of economic abuse takes different forms. Organic Law 1/2004 on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence is a central part of the legal response to violence committed by men against women within current or former intimate relationships. Although its first article does not expressly list economic abuse as a separate category, certain forms of financial control may be linked to psychological abuse, threats, coercion or other conduct with legal consequences.

Several of Spain’s autonomous communities have expressly included economic abuse in their legislation. Andalusia provides a particularly relevant example. Article 3 of Law 13/2007 on measures for the prevention of and comprehensive protection against gender violence covers the unjustified deprivation of financial or material resources, restrictions on resources to which the victim is legally entitled and measures intended to prevent a woman from entering the labour market in order to create financial dependence.

This recognition shows that economic abuse is not merely a theoretical concept or an expression used in public debate. It is a reality identified by institutions and addressed in laws designed to prevent and combat it. Nevertheless, recognising a form of abuse and determining its specific legal consequences are two different matters. A legal definition does not necessarily mean that every act falling within it constitutes a separate criminal offence or automatically entitles someone to compensation. This is precisely why careful legal analysis is essential.

France and Spain both face the difficult challenge of repairing harm that, in many cases, better legal protections might have helped prevent. There has certainly been significant progress, and important obstacles have been removed. Comparing French and Spanish law is particularly valuable because it allows us to examine how two European legal systems respond to the harm caused by abusive conduct within personal relationships. Both have rules governing civil liability, mechanisms for protection against abuse and laws dealing with the financial consequences of separation. Their approaches, however, are not always the same.

In Spain, Article 1902 of the Civil Code establishes a general principle of liability for damage caused by an act or omission involving fault or negligence. This provision may provide a legal basis for certain claims where an unlawful or legally relevant act, compensable harm and a causal link between the two can be established. When the conduct constitutes a criminal offence, civil liability may also arise from that offence. Articles 109 and following of the Criminal Code regulate this liability, including restitution, reparation of harm and compensation for financial and nonfinancial damage. Certain conduct may also have specific criminal consequences. Article 227 of the Criminal Code, for example, penalises particular failures to meet financial obligations established by a court or in a court approved agreement, provided the legal requirements are satisfied.

It is essential, however, to distinguish liability for unlawful conduct from the ordinary financial consequences of separation or divorce. The compensatory payment provided for in Article 97 of the Spanish Civil Code addresses financial imbalance arising from separation or divorce under the conditions laid down by law. Article 1438, meanwhile, provides for compensation for household work when the separate property regime ends, subject to its own requirements. These legal mechanisms have purposes distinct from compensation for economic abuse. Although different claims may arise in the same case, they should not be confused or used to compensate the same loss twice.

In France, Article 1240 of the Code civil likewise establishes a general principle of liability for harm caused through fault. It may be relevant when seeking compensation for damage resulting from unlawful conduct, provided the requirements of French law are met. Article 266 of the same Code also allows a spouse, in specifically defined circumstances, to seek damages for particularly serious consequences of the dissolution of a marriage. This is not an automatic payment on divorce, nor is it a remedy available for every financial dispute. French law also provides measures to protect people facing intimate partner violence, including the ordonnance de protection, or protection order, under the relevant provisions of the Code civil. These provisions allow urgent protective measures when the legal conditions are met.

Any comparison between France and Spain must take these distinctions into account, particularly the differences between immediate protection, the financial consequences of separation and civil liability for harm caused. It would be legally incorrect to suggest that either country automatically grants a general right to compensation for every situation described as economic abuse. What matters is whether the available legal tools can identify and adequately repair the consequences of abusive conduct. It is one thing for the law to recognise the possibility of claiming compensation, and quite another for the person harmed to be able to prove their losses and obtain compensation for all the damage that is legally recoverable. That gap is where some of the greatest difficulties arise.

But how can we compensate someone for a life shaped by financial control? This brings us to a particularly difficult question. How do we calculate the harm suffered by a person who has been deprived of financial independence for years?

Some losses are relatively easy to identify. We can calculate money improperly withdrawn, assets lost, financial obligations that should be reversed or specific expenses caused by unlawful conduct. Other forms of harm, however, are much harder to assess. What happens to the employment opportunities someone lost because they were prevented from working? How should we value a career interrupted by abusive pressure? And what about the difficulties that person may later face in returning to work, earning an income or rebuilding financial stability?

We must also consider possible psychological and emotional harm. Living under financial control for years can cause insecurity, fear, distress and a profound loss of confidence in one’s ability to make decisions. In some cases, these consequences may justify compensation, provided their existence can be established and the relevant legal requirements are met.

Naturally, not every kind of harm can be measured in the same way. A specific financial loss may be demonstrated through bank records. A reduction in earnings may require an examination of the person’s employment history, circumstances and realistic prospects of earning particular amounts.

Emotional and psychological harm, by its nature, calls for a different assessment. We must also distinguish between losses actually suffered and future possibilities that remain purely speculative. It would not be sound legal reasoning simply to treat every salary someone might have earned during years outside employment as a compensable loss. Legal compensation requires evidence, to the applicable standard, of both the harm and its connection to unlawful conduct. Yet that requirement should not lead us to overlook the real consequences of prolonged abuse.

The fact that harm is difficult to measure does not mean that it does not exist or must necessarily go without compensation. The challenge is to develop sufficiently rigorous methods of proof and legal criteria to recognise losses that can be established and assessed under the law.

Compensation is not a prize, an act of generosity or a way for someone who has suffered abuse to become wealthier. Its purpose is to repair harm that can legally be attributed to the person who caused it, within the rules and limits of the applicable legal system. As far as the law allows, that reparation should address not only what a person has lost but also the consequences they continue to endure.

Of course, a major difficulty is proving abuse that usually takes place in private. Evidence is one of the main obstacles to obtaining protection and compensation. Many forms of economic abuse occur within family life, without direct witnesses, through actions that might look like ordinary financial decisions when viewed in isolation.

A bank transfer, for example, does not necessarily prove abuse. Nor does the fact that one person manages the family accounts or that one partner has no income. Understanding what happened may require examining the wider context, the balance of power, the purpose of particular actions and whether they formed part of an ongoing pattern. Bank statements, contracts, messages, property records, witness accounts and other legally admissible evidence can be crucial.

In some cases, expert assessments in finance, accounting or psychology may also be useful. The aim is not to replace legal safeguards with subjective impressions. It is to recognise that certain actions reveal their full significance when considered together. The judicial response must scrupulously respect the rights of all parties, the rules governing the burden of proof and, where applicable, the presumption of innocence.

The seriousness of an alleged act does not remove the need for legal rigour. Equally, difficulty in proving abuse should not become an excuse for minimising experiences that may have profoundly shaped someone’s life. Justice requires evidence, of course. But it should never lose sight of the context that gives that evidence its meaning.

We must also remember that reparation means giving someone a genuine chance to start again. Responding to economic abuse cannot be limited to deciding whether compensation is payable. Financial compensation is essential when its legal requirements are met, but regaining independence often requires additional support.

Someone who has spent years outside the labour market may need vocational training, help finding employment and support in securing an income of their own. A person who has lost their home or lacks sufficient resources may need social protection, housing and legal advice. Someone who has lived under prolonged control may need psychological support to regain the confidence and sense of security required to make decisions. And someone facing debts, financial obligations or disputes over property arising from an abusive relationship may need specialist assistance to understand their rights and act without exposing themselves to further harm.

An effective response must therefore combine prevention, protection, assistance and ways to obtain reparation. Recognising that economic abuse exists is not enough. We need to improve its detection, make support services easier to access and prevent financial hardship from forcing people to remain in harmful relationships. We must also pay attention to the specific barriers faced by older people, people with disabilities, those without family support and those living in particularly difficult financial circumstances.

Financial independence does not, by itself, guarantee a life free from abuse. Having resources of one’s own can, however, make it much easier to leave an abusive relationship and build an independent future. We must also understand that the aim is not to impose a single model of family life. Every couple should be free to decide how they share responsibilities, income and caring duties. What matters is that those decisions respect the independence, equal rights and dignity of both people. No agreement within a loving relationship should become a forced surrender of personal freedom.

Even though reality is often very different, money should not determine who gets to be free. Economic abuse forces us to question an idea that remains deeply rooted in society, namely that everything involving money within a relationship is an entirely private matter.

The privacy of a relationship does not justify abuse, just as sharing a home does not mean giving up personal independence. Loving relationships can be built on trust, solidarity, generosity and shared plans. None of these should ever be used to justify the financial subjugation of another person.

Loving someone does not mean handing them complete control over our lives. Sharing a life does not mean giving up our rights. And being financially dependent on someone does not make us less worthy, less capable or less deserving of respect.

From a human rights perspective, economic abuse is not merely a financial or property issue. It can become a form of domination that undermines equality, personal freedom and the opportunity to build a life of one’s own. That is why preventing it and repairing its consequences must be an important part of legal and social debate.

Comparing France and Spain can provide valuable tools for identifying good practices, recognising shared difficulties and considering possible improvements to legislation and judicial decisions. But we also need a broader discussion about what justice means. Justice does not end when conduct is declared unlawful. It also matters whether its consequences can be repaired under the law and whether the person harmed has a genuine opportunity to rebuild their life.

We must ask what it really means to leave a relationship when someone remains trapped by debts, financial insecurity or the career consequences of years of control. We must also ask how much we value unpaid caring work, financial independence and the opportunities a person may have lost during an abusive relationship.

Economic abuse leaves scars. Some appear in bank statements. Others are found in debts, lost property and income that was never earned. Still others remain in insecurity, in the fear of making decisions and in the years someone may need before feeling in control of their own life again.

Not all these consequences can automatically be expressed as a sum of money, and not all necessarily create a legal right to compensation. But none should be excluded from our consideration simply because it is difficult to see.

No one should have to stay in a relationship because they are afraid they cannot pay the rent, feed their children or cover the most basic costs of everyday life. Likewise, no one should have to choose between enduring domination and facing financial hardship that threatens their very survival. Nor should anyone use their greater financial power to take away the freedom of a person who placed their trust in the relationship they shared.

Freedom should not depend on the balance of a bank account. But when someone uses money to restrict another person’s freedom, the law and public institutions cannot turn a blind eye.

No intimate relationship gives anyone the right to deliberately impoverish, dominate or destroy the independence of a current or former partner.

Repairing harm, when the law provides for it, is not an act of generosity towards someone who has suffered abuse. It is a requirement of justice.

Economic abuse must also be met with a response.

Because dignity is not negotiable.

And freedom is not for sale.