LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES CUIDADORAS

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Cuando hablamos de violencia machista solemos pensar en agresiones físicas, amenazas, relaciones de pareja marcadas por el control o mujeres que sufren violencia dentro de sus propios hogares. Sin embargo, ahora que se acerca el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, existe otra realidad mucho menos visible que también merece ocupar un lugar central en nuestras reivindicaciones. Y es que no podemos olvidar la violencia sexual que sufren muchas mujeres mientras trabajan cuidando a otras personas, especialmente cuando lo hacen en condiciones de precariedad, aislamiento, dependencia económica y sin contrato alguno ni cobertura social.

Hablamos de mujeres que acompañan a personas mayores, atienden a quienes necesitan asistencia, realizan tareas domésticas y sostienen, muchas veces en silencio, una parte fundamental de los cuidados que nuestra sociedad necesita. Son mujeres que trabajan dentro de domicilios particulares, algunas como internas, y que pueden llegar a compartir las veinticuatro horas del día con las personas a las que atienden. Mujeres cuyo trabajo resulta imprescindible, pero cuya dignidad y cuyos derechos no siempre reciben la misma atención.

El problema se agrava cuando el espacio de trabajo se convierte también en el lugar donde se produce el acoso. Cuando las insinuaciones sexuales, los comentarios obscenos unidos a tocamientos, las proposiciones no deseadas o las aproximaciones intimidatorias aparecen en medio de una relación laboral en la que existe una evidente desigualdad de poder. En ocasiones, quien ejerce esa violencia es precisamente la persona a la que la trabajadora cuida o atiende. Y esa circunstancia puede hacer todavía más difícil reaccionar, denunciar o abandonar el empleo cuando existe una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por el agresor y desconocida, a veces de manera consciente y deliberada, por el entorno que rodea a la mujer.

No estamos ante simples bromas, malentendidos ni comportamientos que deban tolerarse por razón de la edad, la posición económica o las circunstancias personales del agresor. Estamos hablando de violencia sexual en el ámbito laboral. Una forma de violencia machista que atenta contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.

La informalidad laboral, es decir, trabajar sin contrato, constituye un factor de especial vulnerabilidad. Trabajar sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, sin nóminas y sin garantías efectivas coloca a muchas cuidadoras en una posición de desprotección. Cuando el salario se entrega en efectivo, los horarios no están definidos y los descansos dependen de la voluntad de la familia empleadora, reclamar derechos puede convertirse en una decisión extraordinariamente difícil.

A esa precariedad se añade, en numerosos casos, la dependencia residencial. Para algunas mujeres, el domicilio donde trabajan es también el lugar donde duermen. Abandonar el empleo puede significar quedarse sin ingresos, sin alojamiento y sin una alternativa inmediata para sostener a sus familias. Esa realidad puede ser utilizada por quien ejerce el acoso para imponer su voluntad, alimentar el miedo y aprovecharse de una situación de superioridad económica, laboral o jerárquica.

Aquí el consentimiento juega un papel esencial. Ese consentimiento no puede estar condicionado por la necesidad de conservar un trabajo. Ninguna mujer tiene que aceptar insinuaciones, proposiciones sexuales, comentarios degradantes ni acercamientos no deseados para mantener su salario, disponer de un techo bajo el que dormir o para cuidar de su familia. De la misma manera en que la necesidad económica nunca convierte el silencio en consentimiento, la permanencia en un empleo no significa que una mujer acepte la violencia que está sufriendo.

También debemos mirar hacia el entorno familiar de quienes ejercen estas conductas. En ocasiones, familiares y personas próximas conocen lo que sucede, reciben información de las trabajadoras o incluso son conscientes de los comportamientos del agresor. Sin embargo, deciden mirar hacia otro lado, restar importancia a los hechos o proteger la reputación familiar antes que la dignidad de la mujer afectada. Además, suele ser frecuente que sea la propia familia quien busca a la mujer cuidadora bajo condiciones laborales que son inasumibles aprovechándose de su necesidad y especial vulnerabilidad.

Pero el silencio de quienes conocen una situación de acoso no puede convertirse en una forma de normalización. Cuando existe una relación laboral, quien tiene responsabilidades como empleador debe garantizar un entorno de trabajo libre de violencia y actuar ante cualquier situación de acoso conocida. La privacidad del domicilio no puede utilizarse como excusa para convertirlo en un espacio sin derechos ni protección.

En pocas semanas las calles se llenarán de reivindicaciones por el 25N. Sin duda, estas reivindicaciones también deben servir para reconocer a estas mujeres. A las cuidadoras internas, a las trabajadoras del hogar, a quienes atienden a personas mayores y dependientes y a todas aquellas que sostienen la vida desde empleos frecuentemente invisibilizados. Sus derechos no pueden ser secundarios; su libertad sexual no desaparece cuando cruzan la puerta de una vivienda ajena; y su dignidad tampoco puede quedar subordinada a la voluntad de quien paga sus salarios que, en muchas ocasiones, son verdaderamente míseros.

Necesitamos más inspección, mayor protección laboral, más mecanismos seguros de denuncia, asistencia jurídica y psicológica accesible y respuestas institucionales que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las trabajadoras que viven en el mismo lugar donde prestan sus servicios. También necesitamos romper con una cultura que sigue confundiendo los cuidados con la disponibilidad absoluta de las mujeres y que, en demasiadas ocasiones, considera que su trabajo vale menos y que sus derechos pueden esperar.

Como hombre, considero imprescindible que también asumamos nuestra responsabilidad en la lucha contra estas violencias. No basta con condenar las agresiones más visibles. Debemos cuestionar las estructuras de poder que permiten que determinadas mujeres sean tratadas como si su necesidad económica, su origen, su edad o su situación laboral las hicieran menos merecedoras de respeto.

Este 25 de noviembre debemos recordar que la violencia machista no termina en las puertas de una casa, ni desaparece cuando la agresión se produce en un espacio privado. También está presente en los lugares de trabajo, en las relaciones de dependencia y en los espacios donde el silencio parece ser la única salida posible.

Cuidar a otras personas jamás debe significar renunciar a cuidarse a una misma. Ninguna mujer debe pagar con su libertad, su dignidad o su seguridad el precio de tener un trabajo.

La libertad de las mujeres trabajadoras no admite condiciones.

Porque, si cuidar es un trabajo, respetar es una obligación.

Y la violencia sexual es delito.

Ya basta de impunidad.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN WORKING IN CARE

When we talk about violence against women, we often think of physical assaults, threats, controlling relationships or women experiencing abuse in their own homes. However, as 25 November approaches, the International Day for the Elimination of Violence against Women, there is another, far less visible reality that deserves to take centre stage in our demands for change. We must not overlook the sexual violence suffered by many women while working as carers, particularly when they work in precarious conditions, in isolation, under financial pressure and without any formal employment contract or social security protection.

We are talking about women who provide companionship to older people, look after those who need assistance, carry out household tasks and quietly sustain an essential part of the care that our society depends on. These women work in private homes, some as live-in carers, and may end up spending every hour of the day and night with the people they look after. Their work is indispensable, yet their dignity and rights do not always receive the same recognition.

The situation becomes even more serious when the workplace itself becomes the setting for sexual harassment. Unwanted sexual advances, obscene remarks accompanied by inappropriate touching, unwelcome sexual propositions and intimidating behaviour can all occur within an employment relationship marked by a clear imbalance of power. Sometimes, the person committing these acts is precisely the person the woman has been employed to care for. This can make it even harder for her to respond, report the abuse or leave her job, particularly when the perpetrator exploits her vulnerability and those around her remain unaware of what is happening or, at times, deliberately choose to turn a blind eye.

These are not harmless jokes, misunderstandings or behaviours that women should be expected to tolerate because of the perpetrator’s age, financial position or personal circumstances. We are talking about sexual violence in the workplace. It is a form of gender based violence that violates women’s freedom, dignity and personal integrity.

Informal employment, in other words, working without a contract, is a particularly significant source of vulnerability. Having no employment contract, no social security registration, no payslips and no effective guarantees leaves many care workers unprotected. When wages are paid in cash, working hours are undefined and rest periods depend on the goodwill of the employing family, standing up for their rights can become an extraordinarily difficult decision.

In many cases, this precarious situation is compounded by dependence on the employer for accommodation. For some women, the home where they work is also where they sleep. Leaving their job can mean losing their income, their accommodation and any immediate means of supporting their families. Those who commit harassment can exploit this reality to impose their will, create fear and take advantage of their economic, employment related or hierarchical superiority.

Consent is essential here. It must never be shaped or constrained by the need to keep a job. No woman should have to accept sexual advances, unwanted propositions, degrading comments or unwelcome approaches in order to keep her salary, have a roof over her head or provide for her family. Financial need never turns silence into consent, just as remaining in a job does not mean that a woman accepts the violence she is experiencing.

We must also look at the families and social circles of those who commit these acts. Sometimes relatives and people close to the perpetrator know what is happening, receive information from the workers or are fully aware of the perpetrator’s behaviour. Yet they choose to look the other way, minimise what has happened or protect the family’s reputation rather than defend the dignity of the woman affected. It is also common for families themselves to recruit care workers under unacceptable employment conditions, taking advantage of their financial need and particular vulnerability.

However, the silence of those who know about harassment must never become a way of normalising it. Where an employment relationship exists, anyone with responsibilities as an employer must ensure a workplace free from violence and take action when they become aware of harassment. The privacy of a home must never be used as an excuse to turn it into a place where rights and protection do not apply.

In just a few weeks, our streets will fill with demonstrations and calls for action marking 25 November. These demands must also give visibility and recognition to these women. To live in carers, domestic workers, those looking after older people and people who need assistance, and all the women who sustain our lives through jobs that are so often overlooked. Their rights must never be treated as secondary. Their sexual freedom does not disappear when they walk through the door of someone else’s home, and their dignity must never be placed at the mercy of those who pay their wages, which are often shamefully low.

We need stronger labour inspections, better employment protection, safer reporting mechanisms, accessible legal and psychological support, and institutional responses that recognise the particular vulnerability of workers who live in the same place where they provide their services. We must also challenge a culture that continues to confuse caring with women’s absolute availability and that, far too often, treats their work as less valuable and their rights as something that can wait.

As a man, I believe it is essential that we also take responsibility in the fight against these forms of violence. It is not enough to condemn the most visible acts of abuse. We must challenge the power structures that allow certain women to be treated as though their financial circumstances, background, age or employment situation make them less deserving of respect.

This 25 November, we must remember that gender based violence does not stop at the front door of a house, nor does it disappear when an assault takes place in a private setting. It is also present in workplaces, in relationships of dependency and in those spaces where silence can seem like the only possible way out.

Caring for others must never mean giving up the right to look after oneself. No woman should have to pay for a job with her freedom, dignity or safety.

Working women’s freedom is non negotiable.

Because caring is work, and respect is an obligation.

And sexual violence is a crime.

No more impunity.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

LA VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE CHE LAVORANO NEL SETTORE DELL’ASSISTENZA

Quando parliamo di violenza contro le donne, pensiamo generalmente alle aggressioni fisiche, alle minacce, alle relazioni di coppia caratterizzate dal controllo o alle donne che subiscono violenza all’interno delle proprie mura domestiche. Tuttavia, con l’avvicinarsi del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, esiste un’altra realtà, molto meno visibile, che merita anch’essa di occupare un posto centrale nelle nostre rivendicazioni. Non possiamo infatti dimenticare la violenza sessuale subita da molte donne mentre lavorano prendendosi cura di altre persone, soprattutto quando svolgono la propria attività in condizioni di precarietà, isolamento e dipendenza economica, senza alcun contratto di lavoro né copertura previdenziale.

Parliamo di donne che assistono persone anziane, si prendono cura di chi ha bisogno di aiuto, svolgono lavori domestici e sostengono, spesso in silenzio, una parte fondamentale dell’assistenza di cui la nostra società ha bisogno. Sono donne che lavorano nelle abitazioni private, alcune delle quali convivono con le persone assistite, arrivando talvolta a condividere con loro tutte le ventiquattro ore della giornata. Donne il cui lavoro è indispensabile, ma la cui dignità e i cui diritti non ricevono sempre la stessa attenzione.

Il problema diventa ancora più grave quando il luogo di lavoro si trasforma anche nel luogo in cui si verificano le molestie. Quando insinuazioni sessuali, commenti osceni accompagnati da palpeggiamenti, proposte indesiderate o atteggiamenti intimidatori si manifestano all’interno di un rapporto di lavoro caratterizzato da una evidente disparità di potere. In alcuni casi, chi esercita questa violenza è proprio la persona di cui la lavoratrice si prende cura o che assiste. Questa circostanza può rendere ancora più difficile reagire, denunciare i fatti o abbandonare il lavoro, soprattutto quando esiste una situazione di vulnerabilità di cui l’aggressore approfitta e che le persone vicine alla donna talvolta ignorano in modo consapevole e deliberato.

Non siamo di fronte a semplici battute, malintesi o comportamenti che dovrebbero essere tollerati a causa dell’età, della posizione economica o delle circostanze personali dell’aggressore. Stiamo parlando di violenza sessuale nell’ambiente di lavoro. Una forma di violenza di genere che lede la libertà, la dignità e l’integrità delle donne.

La precarietà lavorativa, ovvero lavorare senza un contratto, costituisce un fattore di particolare vulnerabilità. Lavorare senza contratto, senza iscrizione alla previdenza sociale, senza buste paga e senza garanzie effettive pone molte assistenti familiari in una condizione di grave mancanza di tutela. Quando lo stipendio viene pagato in contanti, gli orari non sono definiti e i periodi di riposo dipendono dalla volontà della famiglia datrice di lavoro, far valere i propri diritti può diventare una decisione estremamente difficile.

A questa precarietà si aggiunge, in numerosi casi, la dipendenza abitativa. Per alcune donne, la casa in cui lavorano è anche il luogo in cui dormono. Abbandonare il lavoro può significare perdere il proprio reddito, l’alloggio e qualsiasi possibilità immediata di provvedere al sostentamento della propria famiglia. Questa realtà può essere sfruttata da chi esercita le molestie per imporre la propria volontà, alimentare la paura e approfittare di una posizione di superiorità economica, lavorativa o gerarchica.

In questo contesto, il consenso assume un ruolo fondamentale. Non può in alcun modo essere condizionato dalla necessità di conservare un posto di lavoro. Nessuna donna deve essere costretta ad accettare insinuazioni, proposte sessuali, commenti degradanti o approcci indesiderati per mantenere il proprio stipendio, avere un tetto sotto cui dormire o prendersi cura della propria famiglia. Allo stesso modo in cui la necessità economica non trasforma mai il silenzio in consenso, il fatto di continuare a lavorare non significa che una donna accetti la violenza che sta subendo.

Dobbiamo inoltre rivolgere la nostra attenzione all’ambiente familiare delle persone che assumono questi comportamenti. In alcuni casi, i familiari e le persone vicine sono a conoscenza di ciò che accade, ricevono informazioni dalle lavoratrici o sono persino consapevoli dei comportamenti dell’aggressore. Eppure, decidono di voltarsi dall’altra parte, minimizzare i fatti o proteggere la reputazione della famiglia anziché la dignità della donna coinvolta. Inoltre, accade spesso che sia proprio la famiglia a cercare una donna che si occupi dell’assistenza, imponendole condizioni di lavoro inaccettabili e approfittando del suo bisogno e della sua particolare vulnerabilità.

Ma il silenzio di chi è a conoscenza di una situazione di molestie non può trasformarsi in una forma di normalizzazione. Quando esiste un rapporto di lavoro, chi assume le responsabilità di datore di lavoro deve garantire un ambiente professionale libero da ogni forma di violenza e intervenire non appena viene a conoscenza di una situazione di molestie. La natura privata dell’abitazione non può essere utilizzata come pretesto per trasformarla in uno spazio privo di diritti e di protezione.

Tra poche settimane le strade si riempiranno di manifestazioni e rivendicazioni in occasione del 25 novembre. Queste mobilitazioni devono servire anche a dare visibilità a queste donne. Alle assistenti familiari conviventi, alle collaboratrici domestiche, a coloro che si prendono cura delle persone anziane e non autosufficienti e a tutte quelle donne che sostengono la vita attraverso lavori troppo spesso invisibili. I loro diritti non possono essere considerati secondari. La loro libertà sessuale non scompare quando varcano la soglia di un’abitazione altrui e la loro dignità non può essere subordinata alla volontà di chi paga il loro stipendio, che in molti casi è davvero misero.

Abbiamo bisogno di maggiori controlli da parte degli ispettorati del lavoro, di una più efficace tutela lavorativa, di strumenti di segnalazione più sicuri, di un accesso agevole all’assistenza legale e psicologica e di risposte istituzionali che tengano conto della particolare vulnerabilità delle lavoratrici che vivono nello stesso luogo in cui prestano servizio. Dobbiamo inoltre superare una cultura che continua a confondere la cura e l’assistenza con la disponibilità assoluta delle donne e che, troppo spesso, considera il loro lavoro meno importante e i loro diritti rinviabili.

Come uomo, ritengo indispensabile che anche noi ci assumiamo la nostra responsabilità nella lotta contro queste forme di violenza. Non basta condannare le aggressioni più visibili. Dobbiamo mettere in discussione le strutture di potere che permettono che alcune donne vengano trattate come se le loro difficoltà economiche, la loro origine, la loro età o la loro condizione lavorativa le rendessero meno meritevoli di rispetto.

In questo 25 novembre dobbiamo ricordare che la violenza contro le donne non si ferma sulla soglia di una casa e non scompare quando l’aggressione avviene in uno spazio privato. È presente anche nei luoghi di lavoro, nei rapporti di dipendenza e in quegli spazi in cui il silenzio sembra essere l’unica via d’uscita possibile.

Prendersi cura degli altri non deve mai significare rinunciare a prendersi cura di sé. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a pagare con la propria libertà, dignità o sicurezza il prezzo di avere un lavoro.

La libertà delle donne che lavorano non ammette condizioni.

Perché prendersi cura degli altri è un lavoro e rispettare è un dovere.

E la violenza sessuale è un reato.

Basta impunità.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

LES VIOLENCES SEXUELLES À L’ENCONTRE DES FEMMES QUI TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR DE L’AIDE À LA PERSONNE

Lorsque nous parlons de violences faites aux femmes, nous pensons généralement aux agressions physiques, aux menaces, aux relations de couple marquées par le contrôle ou aux femmes qui subissent des violences au sein de leur propre foyer. Pourtant, à l’approche du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une autre réalité, beaucoup moins visible, mérite également d’occuper une place centrale dans nos revendications. Nous ne pouvons pas oublier les violences sexuelles subies par de nombreuses femmes dans le cadre de leur travail auprès d’autres personnes, en particulier lorsqu’elles exercent dans des conditions de précarité, d’isolement et de dépendance économique, sans contrat de travail ni protection sociale.

Nous parlons de femmes qui accompagnent des personnes âgées, prennent soin de celles qui ont besoin d’assistance, effectuent des tâches ménagères et assument, souvent dans le silence, une part essentielle des besoins en matière de soins et d’accompagnement de notre société. Ce sont des femmes qui travaillent au domicile de particuliers, certaines en tant qu’employées de maison logées chez leurs employeurs, et qui peuvent être amenées à partager les vingt quatre heures de la journée avec les personnes dont elles s’occupent. Leur travail est indispensable, mais leur dignité et leurs droits ne bénéficient pas toujours de la même attention.

Le problème s’aggrave lorsque le lieu de travail devient également l’endroit où se produisent les faits de harcèlement. Lorsque des insinuations sexuelles, des remarques obscènes accompagnées d’attouchements, des propositions non désirées ou des comportements intimidants surviennent dans le cadre d’une relation de travail caractérisée par une inégalité manifeste de pouvoir. Dans certains cas, la personne qui exerce ces violences est précisément celle dont la travailleuse s’occupe ou qu’elle accompagne. Cette circonstance peut rendre encore plus difficile toute réaction, tout dépôt de plainte ou toute décision de quitter son emploi, notamment lorsque la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité dont l’agresseur tire profit et que l’entourage de la femme ignore parfois de manière consciente et délibérée.

Il ne s’agit pas de simples plaisanteries, de malentendus ou de comportements qui devraient être tolérés en raison de l’âge, de la situation économique ou des circonstances personnelles de leur auteur. Nous parlons de violences sexuelles dans le cadre du travail. Une forme de violence fondée sur le genre qui porte atteinte à la liberté, à la dignité et à l’intégrité des femmes.

La précarité de l’emploi, c’est à dire le fait de travailler sans contrat, constitue un facteur de vulnérabilité particulièrement important. Travailler sans contrat, sans affiliation à la Sécurité sociale, sans fiches de paie et sans garanties effectives place de nombreuses travailleuses de l’aide à domicile dans une situation de grande précarité. Lorsque le salaire est versé en espèces, que les horaires ne sont pas définis et que les périodes de repos dépendent de la volonté de la famille employeuse, faire valoir ses droits peut devenir une décision particulièrement difficile.

À cette précarité s’ajoute, dans de nombreux cas, une dépendance liée au logement. Pour certaines femmes, le domicile où elles travaillent est également l’endroit où elles dorment. Quitter leur emploi peut signifier perdre leurs revenus, leur logement et toute possibilité immédiate de subvenir aux besoins de leur famille. Cette réalité peut être exploitée par la personne qui exerce le harcèlement pour imposer sa volonté, alimenter la peur et profiter d’une situation de supériorité économique, professionnelle ou hiérarchique.

Dans ce contexte, le consentement joue un rôle essentiel. Il ne peut en aucun cas être conditionné par la nécessité de conserver un emploi. Aucune femme ne doit accepter des insinuations, des propositions sexuelles, des remarques dégradantes ou des avances non désirées pour conserver son salaire, disposer d’un toit où dormir ou prendre soin de sa famille. De la même manière que la nécessité économique ne transforme jamais le silence en consentement, le fait de rester dans un emploi ne signifie pas qu’une femme accepte les violences qu’elle subit.

Nous devons également nous intéresser à l’entourage familial des personnes qui adoptent ces comportements. Dans certains cas, les membres de la famille et les personnes proches sont au courant de ce qui se passe, reçoivent des informations de la part des travailleuses ou ont même connaissance des agissements de l’agresseur. Pourtant, ils choisissent de détourner le regard, de minimiser les faits ou de protéger la réputation de la famille plutôt que la dignité de la femme concernée. Il arrive également fréquemment que la famille elle même recherche une femme pour assurer les tâches de soins et d’accompagnement, en lui imposant des conditions de travail inacceptables et en profitant de ses besoins ainsi que de sa situation de vulnérabilité particulière.

Mais le silence de celles et ceux qui connaissent une situation de harcèlement ne peut pas devenir une manière de la banaliser. Lorsqu’il existe une relation de travail, la personne qui assume les responsabilités d’employeur doit garantir un environnement professionnel exempt de toute forme de violence et agir dès qu’elle a connaissance d’une situation de harcèlement. Le caractère privé du domicile ne peut pas servir de prétexte pour en faire un espace dépourvu de droits et de protection.

Dans quelques semaines, les rues se rempliront de manifestations et de revendications à l’occasion du 25 novembre. Ces mobilisations doivent également permettre de rendre visibles ces femmes. Les travailleuses vivant au domicile de leurs employeurs, les employées de maison, celles qui prennent soin des personnes âgées ou dépendantes et toutes celles qui contribuent à soutenir la vie grâce à des emplois trop souvent invisibilisés. Leurs droits ne peuvent pas être relégués au second plan. Leur liberté sexuelle ne disparaît pas lorsqu’elles franchissent la porte du domicile d’autrui. Leur dignité ne peut pas davantage être soumise à la volonté de celles et ceux qui leur versent leur salaire, lequel est, dans bien des cas, dérisoire.

Nous avons besoin de davantage de contrôles du travail, d’une meilleure protection professionnelle, de mécanismes de signalement plus sûrs, d’un accès facilité à l’assistance juridique et psychologique ainsi que de réponses institutionnelles qui tiennent compte de la vulnérabilité particulière des travailleuses qui vivent là même où elles exercent leur activité. Nous devons également rompre avec une culture qui continue de confondre les soins et l’accompagnement avec une disponibilité absolue des femmes et qui, trop souvent, considère que leur travail vaut moins et que leurs droits peuvent attendre.

En tant qu’homme, je considère qu’il est indispensable que nous assumions également notre responsabilité dans la lutte contre ces violences. Il ne suffit pas de condamner les agressions les plus visibles. Nous devons remettre en question les structures de pouvoir qui permettent que certaines femmes soient traitées comme si leurs difficultés économiques, leur origine, leur âge ou leur situation professionnelle les rendaient moins dignes de respect.

Ce 25 novembre, nous devons nous rappeler que les violences faites aux femmes ne s’arrêtent pas aux portes d’une maison et ne disparaissent pas lorsque les agressions se produisent dans un espace privé. Elles sont également présentes sur les lieux de travail, dans les relations de dépendance et dans les espaces où le silence semble être la seule issue possible.

Prendre soin des autres ne doit jamais signifier renoncer à prendre soin de soi. Aucune femme ne devrait avoir à payer de sa liberté, de sa dignité ou de sa sécurité le prix de son emploi.

La liberté des femmes qui travaillent n’admet aucune condition.

Parce que prendre soin des autres est un travail, et respecter les autres est une obligation.

Et les violences sexuelles constituent un délit.

Assez d’impunité.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS MULHERES QUE TRABALHAM NO SETOR DOS CUIDADOS

Quando falamos de violência contra as mulheres, pensamos geralmente em agressões físicas, ameaças, relações amorosas marcadas pelo controlo ou mulheres que sofrem violência dentro das suas próprias casas. No entanto, com a aproximação do dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, existe outra realidade, muito menos visível, que também merece ocupar um lugar central nas nossas reivindicações. Não podemos esquecer a violência sexual sofrida por muitas mulheres enquanto trabalham a cuidar de outras pessoas, sobretudo quando o fazem em condições de precariedade, isolamento e dependência económica, sem qualquer contrato de trabalho ou proteção social.

Falamos de mulheres que acompanham pessoas idosas, prestam assistência a quem dela necessita, realizam tarefas domésticas e asseguram, muitas vezes em silêncio, uma parte fundamental dos cuidados de que a nossa sociedade precisa. São mulheres que trabalham em casas particulares, algumas na condição de trabalhadoras internas, podendo chegar a partilhar as vinte e quatro horas do dia com as pessoas de quem cuidam. Mulheres cujo trabalho é indispensável, mas cuja dignidade e cujos direitos nem sempre recebem a mesma atenção.

O problema agrava-se quando o local de trabalho se transforma também no espaço onde ocorre o assédio. Quando surgem insinuações sexuais, comentários obscenos acompanhados de apalpões, propostas indesejadas ou comportamentos intimidatórios no contexto de uma relação laboral marcada por uma evidente desigualdade de poder. Em alguns casos, quem exerce essa violência é precisamente a pessoa de quem a trabalhadora cuida ou a quem presta assistência. Esta circunstância pode tornar ainda mais difícil reagir, apresentar uma denúncia ou abandonar o emprego, sobretudo quando existe uma situação de vulnerabilidade de que o agressor se aproveita e que as pessoas próximas da mulher, por vezes, ignoram de forma consciente e deliberada.

Não estamos perante simples brincadeiras, mal entendidos ou comportamentos que devam ser tolerados em razão da idade, da situação económica ou das circunstâncias pessoais do agressor. Estamos a falar de violência sexual no contexto laboral. Uma forma de violência de género que atenta contra a liberdade, a dignidade e a integridade das mulheres.

A informalidade laboral, ou seja, trabalhar sem contrato, constitui um fator de especial vulnerabilidade. Trabalhar sem contrato, sem inscrição na Segurança Social, sem recibos de vencimento e sem garantias efetivas coloca muitas trabalhadoras de apoio domiciliário numa situação de desproteção. Quando o salário é pago em dinheiro, os horários não estão definidos e os períodos de descanso dependem da vontade da família empregadora, exigir o respeito pelos próprios direitos pode tornar-se uma decisão extraordinariamente difícil.

A esta precariedade junta-se, em muitos casos, a dependência habitacional. Para algumas mulheres, a casa onde trabalham é também o lugar onde dormem. Abandonar o emprego pode significar ficar sem rendimentos, sem alojamento e sem uma alternativa imediata para sustentar as suas famílias. Esta realidade pode ser utilizada por quem pratica o assédio para impor a sua vontade, alimentar o medo e tirar partido de uma situação de superioridade económica, profissional ou hierárquica.

Neste contexto, o consentimento desempenha um papel essencial. Nunca pode estar condicionado pela necessidade de manter um emprego. Nenhuma mulher tem de aceitar insinuações, propostas sexuais, comentários degradantes ou aproximações indesejadas para conservar o seu salário, ter um teto onde dormir ou cuidar da sua família. Tal como a necessidade económica nunca transforma o silêncio em consentimento, a permanência num emprego não significa que uma mulher aceite a violência de que está a ser vítima.

Devemos também olhar para o ambiente familiar das pessoas que adotam estes comportamentos. Em alguns casos, os familiares e as pessoas próximas sabem o que está a acontecer, recebem informações das trabalhadoras ou têm mesmo conhecimento dos comportamentos do agressor. Ainda assim, decidem desviar o olhar, desvalorizar os acontecimentos ou proteger a reputação da família em vez da dignidade da mulher afetada. Além disso, é frequente ser a própria família a procurar uma mulher para prestar cuidados e assistência, impondo-lhe condições de trabalho inaceitáveis e aproveitando-se das suas necessidades e da sua especial vulnerabilidade.

Mas o silêncio de quem conhece uma situação de assédio não pode transformar-se numa forma de normalização. Quando existe uma relação laboral, quem assume as responsabilidades de empregador deve garantir um ambiente de trabalho livre de violência e agir perante qualquer situação de assédio de que tenha conhecimento. A privacidade da habitação não pode ser utilizada como desculpa para a transformar num espaço sem direitos nem proteção.

Dentro de poucas semanas, as ruas encher-se-ão de manifestações e reivindicações por ocasião do dia 25 de novembro. Estas mobilizações devem também servir para dar visibilidade a estas mulheres. Às trabalhadoras internas, às trabalhadoras domésticas, às mulheres que cuidam de pessoas idosas e dependentes e a todas aquelas que sustentam a vida através de trabalhos frequentemente invisibilizados. Os seus direitos não podem ser secundários. A sua liberdade sexual não desaparece quando atravessam a porta de uma casa alheia e a sua dignidade também não pode ficar subordinada à vontade de quem lhes paga o salário, que, em muitas situações, é verdadeiramente miserável.

Precisamos de mais fiscalização laboral, de uma proteção mais eficaz no trabalho, de mecanismos de denúncia mais seguros, de acesso facilitado a apoio jurídico e psicológico e de respostas institucionais que tenham em conta a especial vulnerabilidade das trabalhadoras que vivem no mesmo local onde prestam os seus serviços. Precisamos também de romper com uma cultura que continua a confundir os cuidados e a assistência com a disponibilidade absoluta das mulheres e que, demasiadas vezes, considera que o seu trabalho vale menos e que os seus direitos podem esperar.

Enquanto homem, considero indispensável que também assumamos a nossa responsabilidade na luta contra estas formas de violência. Não basta condenar as agressões mais visíveis. Temos de questionar as estruturas de poder que permitem que determinadas mulheres sejam tratadas como se as suas dificuldades económicas, a sua origem, a sua idade ou a sua situação profissional as tornassem menos merecedoras de respeito.

Neste dia 25 de novembro, devemos recordar que a violência contra as mulheres não termina à porta de uma casa, nem desaparece quando a agressão ocorre num espaço privado. Também está presente nos locais de trabalho, nas relações de dependência e nos espaços onde o silêncio parece ser a única saída possível.

Cuidar de outras pessoas nunca deve significar renunciar a cuidar de si própria. Nenhuma mulher deve ter de pagar com a sua liberdade, a sua dignidade ou a sua segurança o preço de ter um emprego.

A liberdade das mulheres trabalhadoras não admite condições.

Porque cuidar dos outros é um trabalho e respeitar é uma obrigação.

E a violência sexual é crime.

Basta de impunidade.

SILENCIO, DOLOR Y BULLYING

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽 – Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso)

El acoso escolar continúa siendo una de las realidades más dolorosas y preocupantes de nuestra sociedad. Miles de niños, niñas y adolescentes se enfrentan diariamente a situaciones de humillación, aislamiento, amenazas, insultos y agresiones que condicionan su desarrollo personal, emocional y social. Demasiadas veces, quienes deberían encontrar en la escuela un espacio de aprendizaje, seguridad y convivencia terminan viviendo una experiencia marcada por el miedo.

El bullying no es una broma. No es una travesura propia de la edad ni una experiencia que todas las personas deban soportar durante su infancia. Es una forma de violencia que puede dejar heridas profundas, comprometer la autoestima y afectar a la manera en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás.

Pero esa violencia que sufren niños, niñas y adolescentes no termina cuando abandonan el centro educativo. Las tecnologías han ampliado los espacios en los que se produce el acoso y han multiplicado las posibilidades de que las agresiones continúen mucho después de que termine la jornada escolar. Y eso debería preocupar mucho a toda la sociedad. Porque la violencia no siempre necesita golpes para destruir una vida. A veces basta con una palabra, una pantalla o la indiferencia de quienes podrían haber hecho algo. La violencia también viaja a través de una pantalla.

Durante demasiado tiempo hemos asociado el acoso escolar con determinadas imágenes. Un grupo de estudiantes que se burla de un compañero, una agresión en el patio, insultos en los pasillos o una persona que termina aislada porque nadie quiere relacionarse con ella. Pero hoy el escenario es mucho más amplio. Un teléfono móvil puede convertirse en un instrumento de persecución. Una fotografía difundida sin consentimiento, un vídeo manipulado, una cuenta falsa, una amenaza o una sucesión de mensajes humillantes pueden convertir la vida cotidiana de un menor en una experiencia permanente de angustia. La víctima ya no encuentra necesariamente refugio en su domicilio. La violencia puede acompañarla durante las veinticuatro horas del día, invadir su intimidad y extenderse a través de las redes sociales con una rapidez extraordinaria.

El ciberacoso no es menos grave por producirse en un entorno digital. El sufrimiento es real, las consecuencias pueden ser devastadoras y la responsabilidad de quienes agreden no desaparece detrás de una pantalla. La tecnología debería servir para conectar personas, compartir conocimientos y ampliar nuestras oportunidades. Nunca para convertir la humillación en entretenimiento ni la vulnerabilidad ajena en un espectáculo.

Casi siempre ser diferente se convierte en motivo de acoso. No todas las personas sufren violencia por las mismas razones. En muchas ocasiones, el acoso tiene un componente profundamente discriminatorio. La orientación sexual, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la discapacidad, el origen nacional, el color de la piel o cualquier otra circunstancia personal pueden convertirse en excusas para señalar, ridiculizar y excluir.

De forma particular, para muchos niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+, el entorno educativo sigue siendo un espacio en el que deben enfrentarse a insultos, amenazas, burlas y cuestionamientos de su identidad. Algunos aprenden a esconder sus sentimientos, a modificar su comportamiento o a evitar determinadas conversaciones por miedo a convertirse en el siguiente objetivo.

Pensemos por un momento en lo que significa crecer creyendo que ser uno mismo puede tener consecuencias negativas. Tener miedo de hablar, de relacionarse, de expresar afecto o simplemente de acudir a clase. Ningún menor debería tener que elegir entre su identidad y su seguridad. La escuela tiene que ser un espacio de libertad, aprendizaje y convivencia. Y eso significa proteger a todo el alumnado, también a quienes pertenecen a colectivos históricamente discriminados. No podemos hablar de igualdad mientras permitimos que algunos estudiantes tengan que soportar una violencia que otros ni siquiera imaginan. La educación en diversidad, igualdad y derechos humanos no es una concesión ideológica ni un contenido accesorio. Es una herramienta de prevención y una obligación democrática.

El silencio cómplice nunca debería ser el refugio de los agresores. Cuando presenciamos una humillación y nos reímos, cuando compartimos una imagen ofensiva, cuando escuchamos insultos y decidimos no intervenir o cuando conocemos una situación de acoso y preferimos no complicarnos la vida, contribuimos a crear un entorno en el que la violencia encuentra espacio para continuar. Es verdad que no todas las personas que guardan silencio tienen las mismas posibilidades de intervenir. El miedo, la falta de herramientas o la propia vulnerabilidad pueden explicar determinados silencios. Pero necesitamos construir una cultura en la que pedir ayuda sea sencillo, intervenir sea seguro y proteger a una víctima sea considerado un compromiso compartido.

No basta con no participar de una situación de acoso. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de no permitir que quienes lo sufren tengan que enfrentarse a él en soledad. Eso significa escuchar, acompañar, denunciar cuando corresponda y exigir que quienes tienen responsabilidades de protección actúen. Significa no reír las bromas que humillan, no compartir los contenidos que destruyen la intimidad de otra persona y no justificar las agresiones bajo el pretexto de que siempre ha sido así. Tampoco podemos responsabilizar a las víctimas de no haber sabido defenderse, de no haber denunciado antes o de no haber contado lo que estaba ocurriendo. Cada persona necesita sus tiempos y, especialmente cuando hablamos de menores, debemos comprender que reconocer la violencia y pedir ayuda puede resultar extraordinariamente difícil. Nuestra obligación es escuchar sin juzgar, creer sin prejuicios y actuar sin demora. Porque educar significa también proteger.

Los centros educativos no pueden limitarse a transmitir conocimientos. También tienen la responsabilidad de garantizar unas condiciones adecuadas para que cada estudiante pueda desarrollar su personalidad, aprender y relacionarse sin miedo. Por eso, necesitamos protocolos eficaces, profesionales formados, mecanismos de detección temprana y recursos suficientes para intervenir. Necesitamos acompañamiento psicológico, asesoramiento jurídico y coordinación entre los centros educativos, las familias, los servicios sociales y las administraciones públicas. Y también debemos exigir responsabilidad a las plataformas tecnológicas. No es razonable que la protección de los menores dependa exclusivamente de que sepan bloquear una cuenta o configurar correctamente la privacidad de sus dispositivos.

En todo caso, la prevención tiene que comenzar mucho antes de que aparezca la primera agresión. Debemos enseñar a convivir, a respetar las diferencias, a identificar las conductas violentas y a comprender que la libertad de expresión nunca puede utilizarse como justificación para humillar, amenazar o perseguir a otra persona. Y debemos hacerlo de manera permanente, no únicamente cuando se produce un caso especialmente grave o cuando una tragedia ocupa durante unos días los titulares de los medios de comunicación. Porque detrás de cada caso hay una persona cuya vida merece ser protegida y no podemos acostumbrarnos al sufrimiento de los demás.

Quizá uno de los mayores peligros de nuestra sociedad sea precisamente la normalización de determinadas formas de violencia. Nos acostumbramos a los insultos, a las humillaciones, a las burlas y a las discriminaciones. Terminamos aceptando como inevitables comportamientos que jamás deberían tener cabida en una sociedad que se considera respetuosa con los derechos humanos.

Pero no podemos permitirnos una sociedad que enseñe a sus menores a soportar la violencia. Hemos ser capaces de construir una sociedad que les enseñe que nadie tiene derecho a ejercerla sobre ellos. Tampoco podemos permitir que los centros educativos sean lugares donde las víctimas aprendan a esconderse para sobrevivir. Los cetros tienes que ser espacios seguros donde menores y adolescentes puedan crecer, equivocarse, descubrirse y desarrollar su personalidad con libertad. Y mucho menos aún podemos convertirnos en meros espectadores que contemplen el sufrimiento ajeno como si no fuera con ellos. Tenemos que ser personas capaces de comprender que la dignidad de los demás también es responsabilidad nuestra.

La infancia y la adolescencia no deberían estar marcadas por el miedo. Ningún niño, ninguna niña y ningún adolescente debería acostarse preguntándose qué le espera al día siguiente en el colegio o qué nueva humillación encontrará al mirar su teléfono.

Los derechos humanos no pueden quedarse en palabras bonitas escritas en documentos institucionales, tienen que hacerse realidad en las aulas, en los hogares, en las calles y también detrás de cada pantalla.

Ojalá llegue el día en que ninguna víctima tenga que aprender a vivir con el miedo y que ningún agresor encuentre en nuestro silencio el permiso para continuar.

Porque una sociedad que permanece en silencio ante el sufrimiento de sus menores no está protegiendo su infancia. Está fallándoles.

Basta ya de indiferencia.

Basta ya de ciberacoso.

Basta ya de fallarles.

Basta ya de bullying.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
SILENCE, PAIN AND BULLYING

(International Day Against Violence and Bullying at School, Including Cyberbullying)

Bullying remains one of the most painful and deeply concerning realities in our society. Thousands of children and adolescents face humiliation, isolation, threats, insults and physical or verbal abuse every day, all of which affect their personal, emotional and social development. Far too often, those who should find a place of learning, safety and mutual respect at school instead experience an environment shaped by fear.

Bullying is not a joke. It is not simply childish misbehaviour or an experience that everyone is expected to endure during childhood. It is a form of violence that can leave deep emotional scars, undermine self-esteem and affect the way a person relates to themselves and to others.

Yet the violence experienced by children and adolescents does not end when they leave school. Technology has expanded the spaces in which bullying takes place and increased the opportunities for abuse to continue long after the school day has ended. This should be a matter of serious concern for society as a whole. Violence does not always need physical blows to destroy a life. Sometimes a single word, a screen or the indifference of those who could have intervened is enough. Violence also travels through screens.

For far too long, we have associated school bullying with familiar images. A group of students mocking a classmate, an assault in the playground, insults in the corridors or someone who ends up isolated because nobody wants to associate with them. But today, the picture is much broader. A mobile phone can become a tool of harassment. A photograph shared without consent, a manipulated video, a fake account, a threat or a series of humiliating messages can turn a young person’s everyday life into a constant experience of anxiety. Home is no longer necessarily a place of refuge for victims. Violence can follow them around the clock, invade their privacy and spread across social media at extraordinary speed.

Cyberbullying is no less serious because it takes place in the digital world. The suffering is real, the consequences can be devastating and those who perpetrate abuse do not escape responsibility simply because they hide behind a screen. Technology should bring people together, share knowledge and expand our opportunities. It should never turn humiliation into entertainment or another person’s vulnerability into a spectacle.

Being different so often becomes a reason for bullying. Not everyone experiences violence for the same reasons. In many cases, bullying has a deeply discriminatory dimension. Sexual orientation, gender identity or expression, sex characteristics, disability, national origin, skin colour or any other personal circumstance can become an excuse to target, ridicule and exclude someone.

For many LGBTQIA+ children and adolescents in particular, the educational environment remains a place where they have to face insults, threats, mockery and challenges to their identity. Some learn to hide their feelings, change their behaviour or avoid certain conversations because they are afraid of becoming the next target.

Consider for a moment what it means to grow up believing that being yourself may have negative consequences. To be afraid to speak, to form relationships, to show affection or simply to go to school. No child should ever have to choose between their identity and their safety. Schools must be places of freedom, learning and mutual respect. This means protecting every student, including those belonging to groups that have historically faced discrimination. We cannot speak of equality while allowing some students to endure forms of violence that others can scarcely imagine. Education about diversity, equality and human rights is neither an ideological concession nor an optional extra. It is a tool for prevention and a democratic responsibility.

Complicit silence must never become a safe haven for bullies. When we witness someone being humiliated and laugh, when we share an offensive image, when we hear insults and choose not to intervene, or when we know that bullying is taking place and prefer not to get involved, we help create an environment in which violence is allowed to continue. It is true that not everyone who remains silent has the same ability to intervene. Fear, a lack of appropriate tools or personal vulnerability can explain certain forms of silence. But we need to build a culture in which asking for help is easy, intervening is safe and protecting victims is understood as a shared responsibility.

It is not enough simply to refrain from taking part in bullying. As a society, we have a responsibility to ensure that those who experience it are never left to face it alone. This means listening, offering support, reporting abuse when appropriate and demanding action from those responsible for protecting others. It means refusing to laugh at humiliating jokes, refusing to share content that violates another person’s privacy and refusing to justify abuse by claiming that things have always been this way. We must also never blame victims for failing to defend themselves, for not reporting the abuse sooner or for not speaking up about what was happening. Everyone needs time, and particularly when we are talking about children, we must understand that recognising abuse and asking for help can be extraordinarily difficult. Our duty is to listen without judging, believe without prejudice and act without delay. Because education also means protection.

Schools cannot limit their role to providing academic instruction. They also have a responsibility to ensure that every student can develop their personality, learn and build relationships without fear. That is why we need effective safeguarding procedures, properly trained professionals, early detection mechanisms and sufficient resources to intervene. We need psychological support, legal advice and effective coordination between schools, families, social services and public authorities. We must also demand accountability from technology platforms. It is unreasonable to make the protection of children depend entirely on their ability to block an account or correctly configure the privacy settings on their devices.

In any case, prevention must begin long before the first act of abuse takes place. We must teach children how to live together, respect differences, recognise abusive behaviour and understand that freedom of expression can never be used to justify humiliating, threatening or harassing another person. This education must be continuous, not something we address only when an especially serious case occurs or when a tragedy dominates the headlines for a few days. Because behind every case is a human being whose life deserves protection, and we must never become accustomed to the suffering of others.

Perhaps one of the greatest dangers facing our society is precisely the normalisation of certain forms of violence. We become accustomed to insults, humiliation, mockery and discrimination. We end up accepting as inevitable behaviours that should never have a place in a society that claims to respect human rights.

But we cannot accept a society that teaches children to endure violence. We must build a society that teaches them that nobody has the right to inflict it upon them. Nor can we allow schools to become places where victims learn to hide in order to survive. Schools must be safe environments where children and adolescents can grow, make mistakes, discover who they are and develop their personalities freely. And, above all, we must never become mere spectators, watching other people’s suffering as though it had nothing to do with us. We must be people who understand that respecting and protecting the dignity of others is also our responsibility.

Childhood and adolescence should never be defined by fear. No child or teenager should have to go to bed wondering what awaits them at school the following day or what new humiliation they will find when they look at their phone.

Human rights cannot remain beautiful words written in institutional documents. They must become a reality in classrooms, homes, streets and behind every screen.

May the day come when no victim has to learn to live with fear and no bully can find permission to continue in our silence.

Because a society that remains silent in the face of children’s suffering is not protecting its children. It is failing them.

No more indifference.

No more cyberbullying.

No more letting them down.

No more bullying.

CUIDAR A QUIENES CUIDAN

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽 – Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Internacional de las Personas Cuidadoras)

Existen trabajos sin los cuales nuestra sociedad sencillamente dejaría de funcionar. Trabajos que no siempre aparecen en las estadísticas económicas, que rara vez ocupan grandes titulares y que, demasiadas veces, permanecen escondidos entre las paredes de un domicilio, una residencia, un hospital o cualquier otro espacio en el que alguien necesita ayuda para continuar viviendo con dignidad. Cuidar es uno de ellos.

Cada día, millones de personas dedican una parte fundamental de su tiempo a atender a otras. Personas mayores, familiares con enfermedades, personas con discapacidad, menores y personas en situación de dependencia. Algunas lo hacen profesionalmente, otras desde sus propios hogares y muchas sin recibir remuneración alguna. Todas comparten algo esencial, contribuyen a sostener la vida de los demás.

Debemos saber reconocer una labor imprescindible, pero también preguntarnos por qué quienes dedican tanto esfuerzo al bienestar de otras personas siguen encontrándose, con demasiada frecuencia, con la indiferencia de las instituciones y la incomprensión de una sociedad que se beneficia de su trabajo sin reconocer suficientemente su valor. Porque cuidar no debería significar renunciar a vivir.

Durante generaciones, los cuidados han recaído fundamentalmente sobre las mujeres. Madres, hijas, esposas, hermanas y familiares que han asumido responsabilidades que muchas veces no han elegido libremente, sino que les han sido atribuidas por una estructura social profundamente desigual. Se ha dado por supuesto que cuidar es una capacidad femenina, una obligación familiar y, en demasiadas ocasiones, una responsabilidad privada que debe resolverse puertas adentro.

Pero cuidar no es una obligación exclusivamente femenina, ni una responsabilidad que pueda descargarse sobre una familia hasta que sus integrantes agoten sus fuerzas. Las cifras internacionales siguen evidenciando esa desigualdad. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo recogidos por Naciones Unidas, las mujeres realizan el 76,2 % del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo, dedicándole más del triple de tiempo que los hombres. Una realidad que condiciona su autonomía económica, sus oportunidades laborales y su desarrollo personal.

Detrás de cada persona cuidadora puede existir una historia de cansancio, noches sin dormir, jornadas interminables, dificultades económicas, aislamiento social y renuncias personales. También puede existir una persona que ha dejado de atender sus propias necesidades porque siente que no tiene derecho a hacerlo mientras alguien depende de ella. Y esa es precisamente una de las grandes injusticias que debemos combatir, porque quien cuida también necesita cuidados.

No podemos convertir la generosidad en una condena. Tampoco podemos exigir sacrificios ilimitados en nombre del amor, del parentesco o de la responsabilidad familiar. Acompañar a una persona dependiente no debería implicar perder la propia salud, abandonar un empleo, renunciar a las amistades o dejar de tener un proyecto de vida.

Por eso necesitamos políticas públicas que vayan mucho más allá de los reconocimientos simbólicos. Necesitamos servicios de atención a la dependencia suficientes, recursos económicos adecuados, asistencia domiciliaria, centros de día, programas de respiro familiar, atención psicológica y mecanismos efectivos de conciliación.

Igualmente, necesitamos dignificar las profesiones vinculadas a los cuidados. Las trabajadoras y los trabajadores de residencias, ayuda a domicilio, asistencia personal y atención sociosanitaria merecen salarios justos, estabilidad laboral, formación, protección y condiciones de trabajo dignas. No podemos hablar de una sociedad que respeta la dignidad humana mientras quienes sostienen cotidianamente esa dignidad trabajan en condiciones precarias.

Los cuidados son una cuestión de derechos humanos, de igualdad y de justicia social. No son un asunto menor ni una cuestión exclusivamente doméstica. Naciones Unidas reconoce expresamente su importancia para la igualdad de género y la sostenibilidad de nuestras sociedades, y reclama sistemas de cuidados inclusivos que respeten tanto a quienes los reciben como a quienes los proporcionan.

Tampoco podemos olvidar que todas las personas necesitamos cuidados en algún momento de nuestras vidas. La infancia, la enfermedad, la discapacidad, el envejecimiento o determinadas circunstancias personales pueden situarnos en una posición de dependencia. Nadie tiene garantizada una vida en la que nunca necesite ayuda de los demás. Por eso, defender a las personas cuidadoras es defender también nuestro propio futuro.

No podemos seguir construyendo una sociedad que celebra la solidaridad mientras abandona a quienes la practican. Tampoco podemos aplaudir el sacrificio de una hija que cuida de su madre y, al mismo tiempo, negarle los recursos necesarios para que pueda descansar. Y menos aún podemos agradecer públicamente el trabajo de una auxiliar de ayuda a domicilio y después permitir que sus condiciones laborales sean indignas.

El reconocimiento verdadero no consiste en dedicar un día del calendario a quienes cuidan. Consiste en garantizarles derechos durante los otros 364 días del año. Por eso hay que saber reconocer a todas esas personas que acompañan, atienden, escuchan, protegen y sostienen; a quienes trabajan profesionalmente en los cuidados y a quienes lo hacen desde sus hogares, a quienes cuidan a sus padres, a sus hijos, a sus parejas, a sus hermanos o a personas con las que no comparten ningún vínculo familiar, pero sí una profunda responsabilidad humana; y a quienes alguna vez han sentido que no podían más y, sin embargo, han seguido adelante.

Vuestro trabajo importa, vuestro tiempo importa, vuestra salud importa y vuestra dignidad importa. Tenéis derecho a una vida propia, a descansar, a recibir ayuda y a no estar solos.

Porque una sociedad verdaderamente humana no se mide únicamente por cómo trata a quienes necesitan cuidados, sino también por cómo protege a quienes se los proporcionan.

Si cuidar a quienes lo necesitan es sostener la vida, cuidar a quienes cuidan es una obligación de justicia.

Y la dignidad hay que cuidarla

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
CARING FOR THOSE WHO CARE

(International Caregivers Day)

There are jobs without which our society would simply cease to function. Jobs that do not always appear in economic statistics, rarely make the headlines and, far too often, remain hidden behind the walls of a private home, a care home, a hospital or any other place where someone needs help to continue living with dignity. Caring is one of them.

Every day, millions of people devote a significant part of their time to looking after others. Older people, family members with illnesses, people with disabilities, children and those who need assistance with everyday life. Some do this professionally, others in their own homes, and many receive no financial compensation whatsoever. They all share something essential. They help sustain the lives of others.

We must recognise this indispensable work, but we must also ask ourselves why those who devote so much effort to the well being of others still encounter institutional indifference and a lack of understanding from a society that benefits from their work without sufficiently acknowledging its value. Because caring should never mean giving up on living your own life.

For generations, caring responsibilities have fallen primarily on women. Mothers, daughters, wives, sisters and other female relatives have taken on responsibilities that they have often not freely chosen, but which have been assigned to them by a deeply unequal social structure. Caring has been treated as something women are naturally expected to do, a family obligation and, far too often, a private responsibility that must be dealt with behind closed doors.

But caring is not exclusively a woman’s responsibility, nor is it a burden that can be placed on a family until its members are completely exhausted. International figures continue to reveal this inequality. According to figures from the International Labour Organization cited by the United Nations, women perform 76.2% of all unpaid care work worldwide, spending more than three times as much time on it as men. This reality affects their financial independence, employment opportunities and personal development.

Behind every caregiver there may be a story of exhaustion, sleepless nights, endless working hours, financial difficulties, social isolation and personal sacrifices. There may also be someone who has stopped looking after their own needs because they feel they have no right to do so while someone else depends on them. And that is precisely one of the great injustices we must address, because those who care for others also need care themselves.

We must not turn generosity into a life sentence. Nor can we demand unlimited sacrifices in the name of love, family ties or family responsibility. Supporting someone who needs care should never mean sacrificing your own health, giving up your job, losing contact with friends or abandoning your own hopes and plans for the future.

That is why we need public policies that go far beyond symbolic recognition. We need adequate care services, sufficient financial support, home care services, day centres, respite care programmes for family caregivers, psychological support and effective measures to help people balance their working and personal lives.

We must also ensure that care professions are treated with the dignity they deserve. Workers in residential care homes, home care services, personal assistance and health and social care deserve fair wages, job security, proper training, protection and decent working conditions. We cannot claim to be a society that respects human dignity while allowing those who uphold that dignity every day to work in precarious conditions.

Care is a matter of human rights, equality and social justice. It is neither a minor issue nor a matter that belongs exclusively within the home. The United Nations explicitly recognises its importance for gender equality and the sustainability of our societies, and calls for inclusive care systems that respect both those who receive care and those who provide it.

We must also remember that every one of us will need care at some point in our lives. Childhood, illness, disability, ageing and certain personal circumstances can all place us in a position where we depend on others. Nobody is guaranteed a life in which they will never need someone else’s help. That is why defending caregivers also means defending our own future.

We cannot continue building a society that celebrates solidarity while abandoning those who put it into practice. Nor can we applaud a daughter for caring for her mother while denying her the resources she needs to take a break. Even less can we publicly praise the work of a home care assistant while allowing them to endure unacceptable working conditions.

True recognition does not mean dedicating one day of the calendar to those who care for others. It means guaranteeing their rights on the other 364 days of the year. That is why we must recognise all those who accompany, support, listen to, protect and care for others. Those who work professionally in the care sector and those who do so in their own homes. Those who care for their parents, their children, their partners, their siblings or people with whom they share no family ties, but with whom they share a profound sense of human responsibility. And those who have sometimes felt they could not go on, yet somehow found the strength to keep going.

Your work matters, your time matters, your health matters and your dignity matters. You have the right to a life of your own, to rest, to receive support and to know that you are not alone.

Because a truly humane society is measured not only by how it treats those who need care, but also by how it protects those who provide it.

If caring for those who need it means sustaining life, caring for those who care is a matter of justice.

And dignity must be cared for too.