Durante demasiado tiempo ha habido historias que fueron condenadas injustamente al silencio. Historias de personas cuyos nombres desaparecieron de los libros, de los archivos, de las calles y, muchas veces, incluso de la memoria de quienes compartieron con ellas una parte de su vida. Fueron personas perseguidas, detenidas, encarceladas, humilladas, sometidas a violencia, expulsadas de sus familias o apartadas de la sociedad por algo tan sencillo y, al mismo tiempo, tan profundamente humano como ser quienes eran. Entre esas historias están las de miles de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, cuyas experiencias forman parte inseparable de la historia contemporánea de España y, por tanto, de nuestra memoria histórica y democrática. Recordarlas no significa añadir un capítulo secundario a nuestra historia, sino completar una historia que durante demasiado tiempo se contó dejando fuera precisamente a quienes habían sido obligados a vivir en los márgenes de una memoria tantas veces puesta en la sombra.
Cuando hablábamos de memoria histórica en España pensamos fundamentalmente en la Guerra Civil, en las fosas comunes, los fusilamientos, el exilio, las depuraciones, las cárceles y la represión política ejercida por la dictadura franquista. Todo ello es imprescindible y forma parte de una memoria que ninguna sociedad democrática debería renunciar a recuperar. Pero la represión franquista tuvo muchas caras y no persiguió únicamente determinadas ideas políticas. También quiso imponer una determinada concepción de la moral, de la familia, de los cuerpos, de la sexualidad y de los roles de género. Por eso, nuestra memoria democrática no puede quedarse fuera de quienes fueron perseguidos por amar o por vivir su identidad de una manera que el régimen consideraba inaceptable. La propia Ley 20/2022, de Memoria Democrática, reconoce expresamente a las personas LGTBI que sufrieron formas especiales de represión o violencia a causa de su orientación o identidad sexual y recuerda como instrumentos de esa persecución la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970.
La persecución, además, no comenzó exactamente donde a veces situamos el relato. El Código Penal de 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, ya había introducido la homosexualidad en determinados supuestos de escándalo público, aunque aquella regulación fue posteriormente derogada durante la Segunda República. El franquismo desarrolló después sus propios mecanismos represivos y los convirtió en una auténtica maquinaria de control social. En 1954, mediante una reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, el régimen incorporó expresamente a “los homosexuales” entre las personas consideradas peligrosas. El propio texto legal permitía someterlas a las medidas de seguridad previstas por aquella norma. Aquello no era una simple cuestión terminológica ni una norma sin consecuencias reales. Detrás de cada expediente había una persona, detrás de cada detención había una vida y detrás de cada condena había una familia. La homosexualidad había sido convertida por el Estado en una categoría de peligrosidad y, con ello, miles de personas quedaron expuestas a internamientos, vigilancia, humillaciones y otras formas de violencia institucional.
En 1970 la Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por la Ley 16/1970, de Peligrosidad y Rehabilitación Social. La nueva norma modificó formalmente el enfoque, porque ya no se refería simplemente a la condición de homosexual, sino a quienes «realicen actos de homosexualidad», pero la persecución continuó. La propia legislación contemplaba establecimientos especializados de reeducación para quienes realizasen actos de homosexualidad. La palabra “rehabilitación” resulta especialmente reveladora porque detrás de ella existía una idea profundamente violenta. Y es que, según esta idea, había personas que debían ser corregidas para poder encajar en la sociedad. Hoy reconocemos este planteamiento con las “terapias de conversión”, que viene a ser lo mismo, tanto en el fondo como en su naturaleza discriminatoria y claramente delictiva. Porque no, no había, nada que “rehabilitar”. No había ninguna enfermedad moral que curar ni ninguna conducta humana que justificar ante el poder. Había personas a las que se estaba castigando simplemente por su orientación sexual, por ser quienes eran.

Uno de los lugares que mejor simboliza aquella represión es la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Allí fueron enviados hombres condenados al amparo de la legislación de peligrosidad social y sometidos a unas condiciones de internamiento particularmente duras. Tefía se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de la persecución franquista contra los homosexuales, y su importancia como espacio de memoria ha sido reconocida oficialmente. En febrero de 2026, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática declaró la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía Lugar de Memoria Democrática, incorporándola formalmente al mapa de lugares vinculados a la represión y a la defensa de los valores democráticos. Que Tefía haya recibido ahora ese reconocimiento tiene un enorme significado, porque se trata de un espacio que durante años estuvo asociado al silencio y al sufrimiento pasa a formar parte oficialmente de la memoria que una sociedad democrática quiere conservar.
Pero sería un error reducir esta historia a la persecución de los hombres homosexuales. La memoria LGTBI de la dictadura también tiene rostros de mujeres, aunque durante mucho tiempo hayan sido todavía más invisibilizados. Las lesbianas sufrieron formas de control y represión que no siempre pasaron por las mismas leyes que afectaron a los hombres homosexuales. El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941 y activo hasta 1985, se convirtió en uno de los instrumentos de control de la moral femenina y afectó a jóvenes consideradas “desviadas” o contrarias al modelo de feminidad impuesto por el régimen. Investigaciones recientes han documentado también el destino de mujeres lesbianas enviadas a instituciones psiquiátricas y sometidas a prácticas represivas y pseudoterapéuticas. ¿Acaso no nos suena esto de algo? La historia de las lesbianas durante el franquismo demuestra que la represión sexual y de género no puede analizarse únicamente desde las leyes que mencionaban expresamente la homosexualidad masculina. Muchas mujeres fueron perseguidas también por no ajustarse al papel que el nacionalcatolicismo había reservado para ellas.

No podemos olvidar a las personas trans, cuya historia constituye quizá una de las partes más dolorosamente olvidadas de nuestra memoria democrática. Mujeres trans fueron internadas en espacios que no reconocían su identidad y quedaron sometidas a una estructura institucional que las consideraba desviadas, peligrosas o enfermas. Su experiencia estuvo atravesada por la violencia, la exclusión, la pobreza, la marginación y, en muchos casos, la prisión. Durante décadas sus nombres apenas aparecieron en el relato general de la represión franquista. Hoy sabemos, sin embargo, que las personas trans no aparecieron de repente cuando llegó la democracia. Ya estaban allí, existían durante la dictadura, sobrevivían durante la dictadura y también lucharon para conquistar la libertad que hoy disfrutamos.
Por eso resulta tan importante recuperar historias como la de Tania Navarro, una de las primeras mujeres trans visibles de nuestro país. Su autobiografía, La infancia de una transexual en la dictadura, es un testimonio de primera mano sobre la experiencia de una persona trans bajo el franquismo. La documentación del Ayuntamiento de Barcelona recoge que pasó por reformatorios y por la Modelo y que participó en la primera manifestación del Orgullo celebrada en Barcelona en 1977. La historia de Tania habla de una infancia atravesada por la represión, de fugas de distintos reformatorios, de supervivencia en la calle y de una vida marcada por la violencia y la exclusión. Pero también habla de resistencia, porque Tania no fue únicamente una víctima de aquella historia, también fue protagonista de la lucha que comenzó a abrir las puertas de la libertad.



Esa misma dimensión de resistencia aparece en figuras como Trinidad Falcés, La Trini, vinculada a la lucha por los derechos de las personas trans y LGTBI, y en Mar Cambrollé, activista trans andaluza que comenzó su trayectoria reivindicativa en los últimos años del franquismo y que continúa siendo una referencia del movimiento trans. El propio Ministerio de Igualdad reconoce a Cambrollé como activista trans y destaca su contribución a los derechos de las personas trans durante la elaboración de la Ley 4/2023. Además, el estudio oficial sobre archivos y documentación de personas y organizaciones LGTBI identifica su colección particular, depositada en el Archivo General de Andalucía, como un fondo de especial relevancia para reconstruir la historia de las primeras acciones reivindicativas del movimiento homosexual en Andalucía. Toda esa documentación tiene un valor enorme porque nos permite entender que la memoria no se construye únicamente a partir de grandes acontecimientos, sino también a través de carteles, fotografías, pegatinas, recortes de prensa, testimonios y pequeños documentos que conservan la huella de quienes decidieron organizarse y resistir.
Con la aprobación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, se dio un paso fundamental en este reconocimiento. La ley no se limita a mencionar de manera genérica a las personas LGTBI, sino que las incorpora expresamente al concepto de víctimas cuando sufrieron represión o violencia por su orientación o identidad sexual. Es un reconocimiento jurídico que importa porque significa que la democracia española asume que aquella persecución existió y que las personas que la sufrieron forman parte de la memoria democrática que el Estado tiene la responsabilidad de preservar. Y, sin embargo, reconocer jurídicamente a las víctimas no significa que la tarea esté terminada. Todavía quedan archivos por estudiar, testimonios que recuperar, historias que documentar y nombres que devolver a la memoria colectiva.

De hecho, España sigue avanzando en esa dirección. El Ministerio de Igualdad ha comenzado a recopilar y poner a disposición investigaciones y materiales específicos sobre la memoria LGTBIQ+, incluyendo un estudio sobre el estado y ubicación de los archivos y documentación de las personas y organizaciones LGTBIQ+. En 2026, además, el Gobierno organizó el acto “Orgullosamente Libres”, dedicado precisamente a recuperar la memoria de lesbianas, gais, personas trans y bisexuales que resistieron durante la dictadura y a conectar aquella historia con la conquista posterior de los derechos. Con ello se demuestra que la memoria LGTBIQ+ ha dejado de ser una cuestión exclusivamente reivindicada por los movimientos sociales y está entrando, cada vez más, en las políticas públicas de memoria democrática.
Pero la historia tampoco termina con la muerte de Franco. La despenalización de la homosexualidad fue un proceso y no un acontecimiento instantáneo. La Ley 77/1978, de 26 de diciembre, modificó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y eliminó de su ámbito los supuestos relacionados con la homosexualidad, pero fue publicada en enero de 1979 y su aplicación se produjo ya en ese contexto. La propia documentación del Ministerio de Igualdad señala que la persecución jurídica no desapareció de un día para otro y que la Ley de Peligrosidad Social no quedó completamente derogada hasta 1995, mientras que el delito de escándalo público, utilizado también contra personas LGTBIQ+, no desapareció hasta 1989. Por eso resulta demasiado sencillo contar 1978 como si aquella fecha hubiera cerrado automáticamente una época de persecución. Lo que hubo fue una transición jurídica y social mucho más larga, en la que los derechos se fueron conquistando poco a poco mientras persistían prejuicios, discriminación y violencia.
Las propias organizaciones LGTBIQ+ fueron protagonistas de ese proceso. Tras la despenalización, los movimientos de liberación homosexual tuvieron que enfrentarse a nuevos desafíos y también a debates internos. Las mujeres lesbianas comenzaron a crear organizaciones propias y a desarrollar espacios específicos de lucha, mientras que las personas trans fueron reclamando progresivamente un espacio propio dentro de un movimiento que durante mucho tiempo había estado más centrado en las demandas de gais y lesbianas. El Ministerio de Igualdad documenta la aparición de colectivos como el Grup de Lluita per l’Alliberament de la Lesbiana y el Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, así como la evolución de las reivindicaciones trans y la posterior construcción de un movimiento LGTBIQ+ más amplio. Esto también es memoria democrática, recordar que los derechos que hoy consideramos conquistados fueron el resultado de años de movilización, organización y presión social.
Pero cuando hablamos de memoria LGTBIQ+ tampoco podemos limitar nuestra mirada a España. La historia del movimiento por los derechos LGTBIQ+ es internacional y está construida sobre las experiencias de personas que, en distintos lugares y momentos, se enfrentaron a la violencia, a las redadas policiales, a la discriminación y a la exclusión. Stonewall ocupa un lugar fundamental en esa memoria. El Ministerio de Igualdad recuerda que el 28 de junio de 1969 las protestas protagonizadas por personas trans, lesbianas y gais contra las redadas policiales en un bar de Nueva York se convirtieron en uno de los acontecimientos decisivos de la historia contemporánea del movimiento LGTBIQ+. Aquella rebelión no fue el comienzo absoluto de la lucha, pero sí se convirtió en un símbolo internacional de resistencia y dio una enorme visibilidad a un movimiento que ya llevaba años organizándose.

En esa historia ocupa un lugar imprescindible Marsha P. Johnson, mujer trans negra y activista por los derechos de las personas LGTBIQ+. Su vida estuvo marcada por la pobreza, la discriminación y la lucha por la supervivencia, pero también por una enorme capacidad de resistencia. Murió en 1992 y su cuerpo fue encontrado en el río Hudson. Durante años su muerte fue considerada un suicidio, pero las circunstancias nunca dejaron de resultar controvertidas y posteriormente la investigación fue reabierta como posible homicidio. Por eso debemos ser rigurosos, porque no podemos afirmar como un hecho demostrado que Marsha fuera asesinada, pero tampoco podemos ignorar que su muerte sigue rodeada de interrogantes y que la reclamación de justicia forma parte inseparable de su memoria. Amnistía Internacional la recuerda como una mujer trans negra y defensora de los derechos LGTBIQ+ que dejó una huella fundamental en la historia de la lucha por la dignidad.
También debemos hablar de Federico García Lorca, pero hacerlo con el rigor que merece su memoria. Lorca fue detenido el 16 de agosto de 1936 y asesinado en la zona de Víznar en agosto de aquel año; la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes recoge el 19 de agosto en su cronología, mientras que otras fuentes han utilizado tradicionalmente la fecha del 18 de agosto. Lo que sí está fuera de toda duda es que fue víctima de la violencia desencadenada en la zona sublevada durante los primeros meses de la Guerra Civil. Lorca era homosexual y su orientación sexual forma parte de su biografía, de su obra y de la memoria que hemos construido alrededor de su figura, pero no debemos afirmar que fue asesinado específicamente por ser homosexual, porque las circunstancias históricas no permiten establecer esa causalidad con la seguridad necesaria. Su memoria puede y debe formar parte de una mirada LGTBIQ+ sobre nuestra historia, pero sin convertir una interpretación legítima en un hecho histórico demostrado.

En cualquier caso, recordar a Lorca es recordar lo que ocurre cuando una sociedad decide que determinadas vidas, determinadas ideas o determinadas formas de sentir no merecen existir. Su obra sobrevivió a quienes quisieron silenciarlo y sus palabras continúan formando parte de nuestra cultura. Por eso su figura se ha convertido también en un símbolo de libertad, de sensibilidad y de resistencia frente a la violencia. La memoria no devuelve la vida a quienes fueron asesinados, pero sí puede impedir que su desaparición se convierta en olvido. Y en ese sentido, cada vez que volvemos a leer a Lorca, cada vez que pronunciamos su nombre y cada vez que contamos su historia, estamos negándonos a aceptar que la violencia tenga la última palabra. Porque él ya era eterno cuando aquella noche de agosto lo hicieron inmortal.
Por eso el Orgullo tampoco puede ser únicamente una fiesta, aunque naturalmente también debe serlo. Es celebración, pero es también memoria. Cada bandera arcoíris que aparece hoy en una calle tiene detrás una historia; cada derecho conquistado tiene detrás personas que se enfrentaron a la injusticia; cada persona LGTBIQ+ que puede vivir públicamente su orientación sexual o su identidad tiene detrás generaciones que no pudieron hacerlo. Celebramos derechos conquistados por personas a las que, en muchos casos, nunca llegamos a conocer, personas que fueron detenidas, encarceladas, expulsadas de sus trabajos, rechazadas por sus familias, obligadas a vivir escondidas, agredidas o condenadas a pasar buena parte de su vida con miedo. Muchas murieron sin llegar a conocer la libertad por la que habían luchado. Por eso el Orgullo también debe ser un ejercicio de memoria activa, porque olvidar a quienes hicieron posibles nuestros derechos convierte esos derechos en algo que parece haber aparecido espontáneamente, cuando en realidad fueron el resultado de décadas de resistencia.
La memoria democrática tampoco pertenece únicamente al pasado. Pertenece al presente y, sobre todo, pertenece al futuro. Cuando recuperamos la historia de una persona trans encarcelada durante el franquismo no estamos hablando solamente de alguien que vivió hace décadas, sino de nosotros mismos y de la sociedad que queremos construir; cuando recordamos a las mujeres lesbianas sometidas a mecanismos de control moral y psiquiátrico, estamos recordando también hasta dónde puede llegar un Estado cuando decide que una determinada forma de vivir no merece libertad; cuando pronunciamos el nombre de Marsha P. Johnson hablamos de dignidad y resistencia; cuando recordamos Tefía hablamos de las consecuencias que puede tener convertir un prejuicio social en una política de Estado; y cuando recordamos a quienes salieron a las calles durante la Transición hablamos de cómo se construyeron los derechos que hoy consideramos normales.
Necesitamos, por tanto, que esta memoria se traduzca en políticas concretas; necesitamos archivos abiertos, investigación histórica, recuperación de testimonios, documentales, exposiciones, espacios de memoria y actos institucionales, pero también necesitamos que estas historias entren en las aulas; necesitamos que los nombres de las víctimas formen parte de nuestra historia colectiva y que las políticas públicas de memoria incorporen de manera efectiva la diversidad sexual y de género. La propia Administración ha comenzado a identificar y preservar fondos documentales LGTBIQ+, y la declaración de Tefía como Lugar de Memoria Democrática demuestra que determinados espacios vinculados a esta represión pueden y deben ser incorporados físicamente a nuestro patrimonio memorial.
Y necesitamos hacerlo incluyendo todas las voces. La memoria LGTBIQ+ no puede volver a reproducir las mismas invisibilizaciones que pretende combatir. No puede ser únicamente memoria gay, ni exclusivamente memoria trans, ni construirse dejando en segundo plano a las lesbianas, a las personas bisexuales o a las personas intersexuales. Cada una de esas realidades tiene su propia historia, sus propias formas de persecución y también sus propias formas de resistencia. La recuperación de los movimientos LGTBIQ+ debe ser una recuperación plural y crítica, capaz de reconocer tanto las experiencias compartidas como las diferencias que existieron dentro del propio movimiento.
La memoria democrática no puede ser selectiva ni recordar únicamente a quienes resulta más sencillo recordar. Tampoco puede construirse dejando fuera a quienes durante décadas fueron considerados demasiado incómodos, demasiado diferentes o demasiado invisibles. No puede haber una memoria democrática completa si las personas LGTBIQ+ quedan fuera y, especialmente, no puede haberla si volvemos a dejar en los márgenes a las personas trans y a las mujeres lesbianas. Una democracia que reconoce a unas víctimas y olvida a otras está incompleta. La memoria histórica y democrática será inclusiva o no será verdaderamente democrática, porque no se trata de enfrentar víctimas, reabrir heridas ni buscar venganza, sino de construir verdad, justicia, reparación y dignidad.
Durante demasiado tiempo se nos dijo que había que olvidar, que era mejor no remover el pasado y que había que mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante no significa olvidar. Una sociedad democrática puede mirar hacia el futuro precisamente porque se atreve a mirar de frente su pasado. Tenemos la responsabilidad de recordar, investigar, nombrar, dignificar, transmitir y educar, porque cada nombre recuperado rompe un poco el silencio, cada testimonio publicado abre una grieta en el muro del olvido y cada víctima reconocida recupera una parte de la dignidad que durante tanto tiempo le fue negada. Cada generación que conoce esta historia tiene, además, una oportunidad más de impedir que vuelva a repetirse.
La memoria LGTBIQ+ no puede ser tratada como una simple nota al pie de la memoria democrática española. También es memoria democrática española. Porque las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans que sufrieron la dictadura forman parte de nuestra historia; las personas que resistieron forman parte de nuestra historia; quienes salieron a las calles cuando hacerlo podía significar acabar detenidos forman parte de nuestra historia; quienes lucharon durante la Transición forman parte de nuestra historia; quienes conservaron fotografías, documentos y testimonios forman parte de nuestra historia; y también forman parte de ella quienes no llegaron a conocer la libertad por la que otras generaciones continuarían luchando, por esa libertad por la que debemos seguir luchando en estos tiempos cada vez más oscuros.
Por todas ellas tenemos la obligación de mantener viva la memoria. No para alimentar el odio, sino para comprender; no para dividir, sino para reparar; y no para vivir anclados en el pasado, sino para construir un futuro en el que ninguna persona tenga que esconder quién es para poder sobrevivir. Porque recordar a quienes fueron perseguidos por ser quienes eran significa mucho más que mirar hacia atrás, significa decidir qué sociedad queremos ser y qué límites estamos dispuestos a poner frente a cualquier intento de volver a convertir la diferencia en motivo de persecución.
Durante décadas intentaron borrar sus nombres, sus historias y sus vidas. Intentaron convertirlos en expedientes, estadísticas, silencios y recuerdos incómodos, pero no lo consiguieron. Hoy podemos contar sus historias, recuperar sus nombres y devolverles la dignidad que durante tanto tiempo les fue negada.
Quizá esa sea la verdadera esencia de la memoria democrática, ser capaces de recordar el pasado y recuperar la memoria de quienes sufrieron la opresión de régimen genocida franquista, no por nostalgia ni para alimentar el odio, sino para hacer justicia, comprender, reparar, educar y proteger la libertad y la dignidad humana inherente de toda persona.
Porque una sociedad que reconoce y homenajea a quienes fueron perseguidos por ser quienes eran está mejor preparada para defender a quienes hoy siguen siendo señalados por ser diferentes, por ser, por existir y por amar.
Mientras exista memoria, ninguna de sus vidas sera olvidada.
Y nunca olvidaremos.



