Estar con Ceuta sabiendo por qué

En democracia siempre hay que poder manifestarse. Por eso, hay momentos en los que acudir a una concentración parece una decisión sencilla. Uno lee una convocatoria, ve una bandera, escucha que se pide solidaridad con una ciudad que atraviesa una situación difícil y piensa que lo lógico es estar allí. Pero la realidad pocas veces cabe en una pancarta. Y cuando una movilización se produce alrededor de una cuestión tan delicada como Ceuta, la seguridad, la inmigración, las fronteras y la convivencia, quizá convenga detenerse un instante antes de decidir si queremos estar en la calle. Porque hay razones para acudir, pero también las hay para no hacerlo.

La primera razón para acudir es, probablemente, la más elemental de todas. Ceuta no debería sentirse sola. Una ciudad española situada en una frontera especialmente sensible no puede ser tratada como un problema periférico que solo importa cuando las imágenes de una crisis ocupan las portadas. Sus ciudadanos tienen derecho a sentirse protegidos por el Estado y a reclamar recursos suficientes para afrontar situaciones extraordinarias. La solidaridad territorial no debería depender del color político del Gobierno de turno.

La segunda razón es que defender una frontera segura no es incompatible con defender los derechos humanos. Durante demasiado tiempo hemos permitido que se presente esta cuestión como si hubiera que elegir entre seguridad y derechos, como si exigir un control fronterizo eficaz significara necesariamente ser xenófobo y como si defender los derechos de las personas migrantes obligara a negar la existencia de problemas de seguridad. Pero esa es una falsa dicotomía porque un Estado democrático tiene la obligación de controlar sus fronteras y, al mismo tiempo, de garantizar que ese control se ejerza dentro de la ley y respetando la dignidad humana.

También podemos acudir porque Ceuta necesita al conjunto de España. No parece razonable exigir a una ciudad con recursos limitados que soporte en solitario las consecuencias de una situación fronteriza que afecta a España y, en realidad, a toda Europa. La solidaridad no consiste únicamente en enviar discursos desde Madrid, Sevilla o cualquier otra capital. Consiste en proporcionar medios, asumir responsabilidades y evitar que una ciudad fronteriza sea convertida en el último eslabón de una cadena de problemas que nadie quiere afrontar.

Hay además una cuarta razón que es especialmente importante. Podemos acudir para defender una respuesta democrática y europea. Estar junto a Ceuta no obliga a compartir cualquier propuesta política relacionada con la inmigración. Uno puede reclamar más seguridad, más policías, mejores servicios públicos, cooperación internacional, una política europea de asilo eficaz y una gestión migratoria ordenada sin aceptar discursos racistas, xenófobos ni deshumanizadores. Precisamente por eso, la presencia de ciudadanos comprometidos con los derechos humanos puede ser importante.

Además, existe una quinta razón que también es especialmente importante. Y es que la calle también pertenece a la democracia. Las concentraciones pacíficas son una forma legítima de participación ciudadana. Si dejamos determinados espacios públicos exclusivamente en manos de los discursos más radicales, después no deberíamos sorprendernos cuando esos discursos terminan pareciendo mayoritarios. Defender Ceuta también puede significar decir alto y claro que una cosa es proteger una ciudad y otra muy diferente señalar indiscriminadamente a quienes tienen otro origen, otra religión o simplemente han llegado a ella buscando una vida mejor.

Pero también hay razones para no acudir. La primera es evidente porque está directamente relacionada con el riesgo de instrumentalización política. Ceuta se ha convertido en un asunto utilizado con enorme intensidad en la confrontación entre partidos. Una persona puede querer expresar solidaridad con los ceutíes y, sin embargo, no querer que su presencia sea utilizada para respaldar una determinada estrategia partidista contra el Gobierno. Las banderas políticas pueden terminar ocupando el lugar de las personas a las que supuestamente se pretende defender.

La segunda razón tiene que ver con algo mucho más preocupante que debe preocupar a quienes creemos en la democracia y en todos sus valores. Y es que existe el peligro de que la indignación termine transformándose en más muestras de racismo y xenofobia. Una cosa es reclamar seguridad y otra convertir a las personas migrantes en culpables colectivos. Una cosa es exigir que las instituciones actúen y otra señalar al vecino musulmán, al extranjero o al recién llegado como responsable de todos los problemas. Cuando una concentración puede ser utilizada para legitimar ese discurso, es perfectamente comprensible que algunas personas prefieran mantenerse al margen.

La tercera razón es que «estar con Ceuta» puede significar cosas muy distintas. Para unos significa defender la integridad territorial; para otros, reclamar mayor presencia policial: para otros, exigir una política migratoria diferente: para otros, atacar al Gobierno; y para algunos puede significar directamente reclamar la expulsión indiscriminada de personas migrantes. Meter todas esas posiciones bajo una misma pancarta puede generar una peligrosa confusión.

La cuarta razón para no acudir es que no participar en una concentración no significa abandonar a Ceuta. Se puede apoyar a sus ciudadanos desde muchos otros lugares; se puede reclamar al Gobierno que proporcione recursos; se puede exigir a Europa que asuma sus responsabilidades; se puede defender una frontera segura; se puede denunciar cualquier forma de violencia; se puede defender la convivencia entre comunidades; y se puede hacer todo ello sin participar en una convocatoria cuyo mensaje consideremos insuficientemente claro.

La quinta razón quizá sea la más importante de todas. Hay que separar problemas que deliberadamente se están mezclando. Ceuta tiene un problema de seguridad, existe un problema migratorio, hay una cuestión fronteriza, hay personas que necesitan protección internacional y existe una convivencia cotidiana entre ciudadanos de diferentes orígenes y confesiones que merece ser protegida. Son realidades relacionadas, pero no son exactamente la misma realidad. Convertirlas en una sola cuestión facilita los discursos simples, pero dificulta enormemente encontrar soluciones.

Por eso, la pregunta no debería limitarse a «¿vas a ir o no vas a ir?». La pregunta verdaderamente importante debería ser otra: «si voy, ¿qué estoy defendiendo?”. Porque se puede estar con Ceuta sin estar contra nadie; se puede defender que una frontera funcione sin considerar criminal a quien intenta cruzarla; se puede reclamar seguridad sin reclamar odio; se puede exigir al Estado que proteja a los ciudadanos sin convertir al extranjero en enemigo; y se puede defender la integridad territorial de España y, al mismo tiempo, recordar que los derechos humanos no desaparecen cuando una persona llega a una frontera.

Quizá esa sea precisamente la batalla que merece la pena librar. Ceuta no necesita que España elija entre seguridad y derechos humanos. Necesita que España sea capaz de defender ambas cosas al mismo tiempo. 

Si acudimos a una concentración, quizá deberíamos hacerlo llevando también esa convicción. Porque estar con Ceuta no debería significar estar contra el otro. 

Estar con Ceuta debería significar estar con las personas, con la convivencia, con la seguridad, con la democracia y, sobre todo, con los derechos humanos y con la dignidad. 

Ahí sí que hay que estar. 

Siempre hay que estar.

El silencio también duele

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas)

Hay ausencias que no se parecen a ninguna otra. Cuando una persona desaparece y no se conoce su paradero, quienes la quieren quedan atrapados en una espera que parece no terminar nunca. No existe una despedida, no hay un lugar al que llevar flores ni una certeza que permita comenzar a cerrar una herida. Solo quedan las preguntas, los recuerdos y esa angustia que vuelve una y otra vez, porque mientras no se sepa qué ocurrió, la historia permanece incompleta y el dolor sigue buscando una respuesta.

La desaparición forzada es todavía más grave porque no hablamos simplemente de una persona cuyo paradero se desconoce. Hablamos de una privación de libertad, de una actuación atribuible a agentes del Estado o a personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer esa privación o de ocultar información sobre la suerte o el paradero de la persona. Detrás de una definición jurídica hay, sin embargo, algo mucho más sencillo de entender: alguien ha sido apartado de su vida y alguien está intentando impedir que los demás sepan qué le ha ocurrido.

Durante décadas, las desapariciones forzadas han sido utilizadas para sembrar miedo, silenciar voces incómodas y castigar a quienes son considerados enemigos por quienes tienen el poder. Pero sus consecuencias nunca recaen únicamente sobre la persona desaparecida. También alcanzan a sus familiares, que pueden pasar años, incluso toda una vida, intentando averiguar dónde está, qué sucedió y quién fue responsable. Esa incertidumbre prolongada constituye por sí misma una forma de sufrimiento que no podemos ignorar ni considerar un asunto del pasado.

Por eso resulta tan importante el trabajo de las familias, de las organizaciones de derechos humanos y de todas aquellas personas que se niegan a aceptar que una desaparición quede enterrada bajo el paso del tiempo. Buscar, preguntar, investigar y reclamar respuestas no es abrir viejas heridas, como algunas veces se pretende hacer creer. Es precisamente lo contrario, porque lo se quiere es intentar cerrarlas desde la verdad, la justicia y el reconocimiento de quienes han sufrido. Recordar a una persona desaparecida no significa vivir anclados en el pasado, sino defender que su dignidad y sus derechos siguen importando.

Los Estados tienen obligaciones muy concretas frente a las desapariciones forzadas. Deben prevenirlas, investigarlas de manera efectiva, esclarecer los hechos, localizar a las personas desaparecidas y, cuando proceda, identificar y exigir responsabilidad a quienes hayan participado en ellas. También deben garantizar a las víctimas y a sus familias mecanismos adecuados de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estas obligaciones no desaparecen simplemente porque hayan transcurrido muchos años, aunque su aplicación concreta deba hacerse conforme al Derecho internacional y al ordenamiento jurídico que resulte aplicable en cada caso.

Y tampoco podemos olvidar que el derecho a la verdad no pertenece únicamente a quien busca a un ser querido. La sociedad tiene derecho a conocer las circunstancias en las que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando pudieron formar parte de prácticas sistemáticas o generalizadas. La memoria no pretende sustituir a la justicia ni convertir el dolor en una herramienta de confrontación. Pretende algo mucho más sencillo y profundamente humano. Y es que lo ocurrido pueda ser conocido, reconocido y transmitido para que nunca vuelva a repetirse.

Cuando una familia pregunta dónde está una persona desaparecida, no está pidiendo un privilegio ni una concesión. Está reclamando algo tan básico como saber qué ocurrió con alguien a quien ama. Y cuando una sociedad exige respuestas, no está mirando únicamente hacia atrás, sino defendiendo una idea esencial de cualquier Estado de derecho. Y esa idea es que ninguna persona puede ser borrada de la historia mediante el silencio, el miedo o la indiferencia.

Porque mientras una persona siga desaparecida y una familia continúe esperando una respuesta, la historia seguirá teniendo una pregunta pendiente. 

Y frente al dolor de quienes buscan, el silencio nunca puede ser la última palabra.

La verdad también es una forma de justicia.

A veces, la única que queda.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Silence Hurts Too

(International Day of Victims of Enforce Disappearances)

There are absences that are unlike any other. When someone disappears and their whereabouts are unknown, those who love them are left trapped in a wait that seems as though it will never end. There is no goodbye, nowhere to lay flowers, and no certainty that would allow a wound to begin to heal. All that remains are the questions, the memories and that anguish that returns time and time again, because until the truth is known, the story remains incomplete and the pain continues to search for an answer.

Enforced disappearance is even more serious because we are not simply talking about someone whose whereabouts are unknown. We are talking about a deprivation of liberty, about conduct attributable to State agents or to persons acting with the authorisation, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of liberty or by concealment of information concerning the fate or whereabouts of the person. Behind a legal definition, however, there is something much simpler to understand. Someone has been torn away from their life, and someone is trying to prevent others from finding out what has happened to them.

For decades, enforced disappearances have been used to spread fear, silence inconvenient voices and punish those regarded as enemies by those in power. But their consequences never fall solely upon the disappeared person. They also affect their families, who may spend years, even an entire lifetime, trying to discover where they are, what happened and who was responsible. That prolonged uncertainty is itself a form of suffering that we cannot ignore or simply regard as a matter belonging to the past.

That is why the work of families, human rights organisations and all those who refuse to accept that a disappearance should be buried beneath the passage of time is so important. Searching, asking questions, investigating and demanding answers is not about reopening old wounds, as is sometimes claimed. It is precisely the opposite, because what we seek is to try to heal them through truth, justice and recognition for those who have suffered. Remembering a disappeared person does not mean living anchored in the past, but standing up for the fact that their dignity and their rights still matter.

States have very specific obligations in relation to enforced disappearances. They must prevent them, investigate them effectively, establish the facts, locate disappeared persons and, where appropriate, identify and hold accountable those who have been involved in them. They must also ensure that victims and their families have access to appropriate mechanisms for truth, justice, reparation and guarantees of non repetition. These obligations do not simply disappear because many years have passed, although their practical application must comply with international law and with the legal framework applicable in each particular case.

Nor must we forget that the right to truth belongs not only to those searching for a loved one. Society as a whole has the right to know the circumstances in which serious human rights violations took place, particularly where they may have formed part of systematic or widespread practices. Memory is not intended to replace justice or to turn suffering into a tool for confrontation. It seeks something much simpler and profoundly human. That what happened can be known, acknowledged and passed on so that it never happens again.

When a family asks where a disappeared person is, they are not asking for a privilege or a favour. They are demanding something as basic as knowing what happened to someone they love. And when a society demands answers, it is not merely looking backwards. It is defending an essential principle of any State governed by the rule of law. And that principle is that no person can be erased from history through silence, fear or indifference.

Because as long as someone remains disappeared and a family continues to wait for an answer, history will still have an unanswered question.

And in the face of the pain of those who continue to search, silence can never be the final word.

The truth is also a form of justice.

Sometimes, it is the only one left.

Por la Sanidad Pública

Hace muy pocos días me he enterado de que una amiga tiene cáncer. Es una frase que cuesta incluso escribir, mucho más todavía asimilar. Al parecer, durante un tiempo acudió en varias ocasiones al hospital porque algo no iba bien. Tenía molestias y buscaba una explicación, pero le dijeron que solamente tenía reflujo gástrico más fuerte e lo normal. Sin embargo, al final, ante la falta de un diagnóstico claro y después de meses esperando una respuesta, recurrió a la sanidad privada haciendo un esfuerzo económico que no todas las personas pueden permitirse. Y no, no era un simple reflujo como le habían dicho, sino cáncer de estómago en fase III. Cuando recibes una noticia así es inevitable pensar en todas las veces que acudió buscando respuestas, en el tiempo que pasó y en lo que significa descubrir una enfermedad grave cuando ya se encuentra en una fase avanzada.

Por cierto, mi padre también murió de cáncer. Fue hace casi 10 años. No lo supimos hasta pocos días antes su muerte. Antes, durante cerca de dos años, recibió decenas de transfusiones de sangre y hierro. “Solo es una anemia”, decían. Pero no, al final fue un cáncer que acabó con su vida, dejando cientos de conversaciones pendientes y miles de besos, de abrazos, de charlas que habrían acabado con “te quiero, papá”, con un “perdóname, hijo mío” o con un “perdóname tú, papá”.

No pretendo convertir el caso de mi padre y el de mi amiga, a la que voy a dejar en el anonimato por su expreso deseo, pero que sabe que escribo esto por ella y por mi padre, en una prueba de que una determinada decisión política haya provocado su diagnóstico tardío, porque para afirmar algo así sería necesario conocer su historia clínica y contar con una evaluación médica concreta. Pero su experiencia sí debería hacernos reflexionar sobre algo mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando un sistema sanitario tiene dificultades para atender adecuadamente a quienes necesitan ser escuchados, estudiados y diagnosticados? Porque cuando hablamos de sanidad no estamos hablando únicamente de presupuestos, estadísticas o listas de espera. Estamos hablando de personas y, muchas veces, del tiempo del que disponen para luchar contra una enfermedad. 

Imaginemos entonces que la sanidad andaluza fuera una persona. No un hospital, ni una partida presupuestaria, ni una estadística, sino una persona de carne y hueso, con rostro, con cuerpo, con cansancio, con heridas y también con capacidad para seguir adelante. Probablemente tendría dos caras muy diferentes. Por un lado estaría la sanidad pública, esa persona que lleva años cuidando de todo el mundo y que encontraríamos agotada, con ojeras, heridas y quizá sentada en una silla de ruedas porque sus piernas ya no responden como antes. Llevaría una vía en el brazo y necesitaría oxígeno para recuperar el aliento. Sin embargo, seguiría intentando levantarse cada mañana para atender a quien llega enfermo, porque esa es una de las grandes contradicciones de nuestra sanidad pública. ESTÁ CANSADA, PERO SIGUE CUIDÁNDONOS.

Detrás de ella están miles de profesionales que cada día hacen enormes esfuerzos para que el sistema funcione. Médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, técnicos, personal administrativo, trabajadores de emergencias y tantos otros que sostienen con su trabajo diario una estructura sometida a una enorme presión. Y detrás de ellos están los pacientes, personas que esperan una consulta, una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una cita con un especialista. Personas que tienen dolor, miedo e incertidumbre y que necesitan algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan importante, como saber qué les ocurre. Porque una lista de espera no es solamente un número. Detrás de cada número hay una persona esperando.

Y a veces esa espera puede significar mucho más que unos meses de incomodidad. Puede significar angustia, incertidumbre y pérdida de oportunidades para detectar una enfermedad en una fase más temprana. En determinados tipos de cáncer, el diagnóstico precoz puede ser determinante, y precisamente por eso resulta tan preocupante cualquier situación en la que una persona acude repetidamente a un servicio sanitario porque siente que algo no funciona y termina marchándose sin una explicación adecuada. La historia de mi amiga me hace pensar precisamente en eso. No sabemos si un diagnóstico anterior habría cambiado el resultado de su enfermedad, pero sí sabemos que, cuando hablamos de cáncer, EL TIEMPO IMPORTA.

Ahora hagamos girar la cámara y miremos al otro lado. Allí encontramos a la sanidad privada, y su aspecto sería muy diferente. La encontraríamos bien vestida, sentada cómodamente en un sillón de una clínica moderna, rodeada de tecnología y en un entorno cuidado. Tendría buen aspecto, estaría descansada y transmitiría seguridad. Probablemente sonreiría. Y tampoco sería justo negar esa realidad, porque la sanidad privada cuenta con profesionales cualificados, hospitales, tecnología y capacidad asistencial. Para muchas personas supone una alternativa que permite acceder con mayor rapidez a determinadas consultas, pruebas o intervenciones.

Pero nuestra persona tendría algo muy particular entre las manos: UNA TARJETA. Una tarjeta (asociada a una cuenta bancaria) que representa el seguro médico, la capacidad económica o la posibilidad de pagar determinados servicios. Y ahí aparece una diferencia fundamental. La sanidad privada puede ofrecer una atención excelente, puede complementar al sistema público y puede aportar recursos, tecnología y capacidad asistencial. Pero su acceso no se produce exactamente en las mismas condiciones para todo el mundo. Quien puede pagar puede encontrar una vía más rápida para determinadas necesidades sanitarias, mientras que quien no dispone de recursos suficientes depende mucho más de un sistema público que debería estar preparado para responder con eficacia y garantías. Eso sí, paradójicamente, ante los casos más graves (y menos rentables), siempre vuelven a derivar a la Sanidad Pública. 

Y esto es lo que me preocupa cuando escucho hablar de la necesidad de fortalecer cada vez más el sistema privado mientras la sanidad pública acumula problemas. No estoy en contra de la sanidad privada, ni de quienes tienen un seguro médico, ni muchísimo menos de sus profesionales. Tampoco creo que todo lo que funciona en la sanidad pública sea necesariamente bueno ni que todo lo privado sea necesariamente malo. La realidad es mucho más compleja. Lo que sí rechazo es la idea de que podamos aceptar tranquilamente el debilitamiento de la sanidad pública y asumir que quien tenga recursos suficientes podrá buscar una solución privada mientras quien no pueda pagar tendrá que esperar.

Porque entonces dejamos de hablar solamente de modelos sanitarios y empezamos a hablar de desigualdad. Y la salud no debería convertirse en otra de las dimensiones de nuestra sociedad en las que el dinero determina las oportunidades de las personas. Todos enfermamos, todos podemos necesitar una ambulancia, todos podemos acabar en un quirófano y todos podemos necesitar una prueba diagnóstica. Todos podemos recibir algún día una noticia capaz de cambiar nuestra vida para siempre. Y cuando llega ese momento, lo último que queremos preguntarnos es cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria. Queremos saber si alguien nos escuchará, si alguien investigará qué nos ocurre y, sobre todo, si llegará a tiempo.

Por eso no deberíamos enfrentar a la sanidad pública y a la privada como si una tuviera necesariamente que destruir a la otra. Podemos defender una sanidad privada de calidad, reconocer su utilidad, valorar el trabajo de sus profesionales y aceptar que muchas personas quieran utilizarla. Pero, al mismo tiempo, debemos exigir una sanidad pública fuerte, bien financiada, accesible y capaz de atendernos con dignidad y garantías. Una sanidad privada de calidad puede complementar el sistema público, pero no debería convertirse en la solución necesaria para quienes pueden permitírsela mientras la pública queda relegada a quienes no tienen otra alternativa.

Una sanidad pública debilitada no perjudica solamente a quienes no pueden pagar un seguro. Nos perjudica potencialmente a todos. Hoy puede ser otra persona quien se siente en una sala de espera, otra quien acude varias veces al hospital porque siente que algo no va bien y otra quien recibe un diagnóstico que le cambia la vida. Pero mañana podemos ser nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja o cualquiera de las personas que queremos.

Cuando miro la imagen de esa mujer enferma que representa a nuestra sanidad pública, no veo a una persona que haya dejado de servir. Veo a alguien que lleva demasiado tiempo cuidando de los demás mientras cada vez necesita más cuidados. Y cuando miro a la mujer saludable que representa a la sanidad privada, tampoco veo a una enemiga. Veo una alternativa que puede ser útil y que puede convivir con lo público, pero cuyo acceso no debería convertirse en un privilegio reservado a quienes tienen más recursos.

Vuelvo a pensar en mi amiga, en su diagnóstico y en ese cáncer de estómago en fase III. Pienso en las veces que acudió buscando una respuesta y en todas las personas que cada día entran en una consulta diciendo que algo no va bien. No podemos permitirnos que la calidad o la rapidez de la atención que reciban dependa cada vez más de lo que puedan pagar.Tampoco podemos señalar a los profesionales que trabajan dentro de un sistema sometido a presión cuando lo que debemos hacer es preguntarnos qué decisiones políticas, presupuestarias y organizativas nos han llevado hasta aquí y qué estamos dispuestos a hacer para cambiarlo.

Una sociedad verdaderamente sana no debería ser aquella en la que quien tiene dinero puede comprar tranquilidad mientras quien no lo tiene aprende a convivir con la espera. Debería ser aquella en la que una persona pueda acudir a la sanidad pública cuando algo le preocupa y confiar en que será escuchada, estudiada y atendida con todos los medios disponibles. La sanidad pública no debería sobrevivir, debería estar fuerte.

Porque cuando enfermamos, cuando tenemos miedo y cuando necesitamos respuestas, no queremos saber si podemos pagar para que nos atiendan. Queremos saber que nuestro sistema sanitario estará ahí, que habrá profesionales suficientes, recursos suficientes y tiempo suficiente para escucharnos. Queremos saber que alguien buscará la respuesta y que, si existe una enfermedad grave, habrá posibilidades reales de detectarla cuanto antes.

Quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que hablamos de sanidad. Es decir, ¿estamos cuidando suficientemente bien de aquello que queremos que nos cuide cuando nosotros lo necesitemos?

La salud no debería ser un lujo ni una mercancía al alcance de quien pueda pagarla. 

Debería ser una garantía para todos.

Para mi padre y mi amiga. 

Para ricos y pobres.

Para todos.