Descansa en paz, Maricarmen

Me cuesta escribir esto. Me cuesta porque detrás de una noticia que puede parecer una más hay una mujer de 87 años, una vida entera, una casa en la que vivió durante más de siete décadas y una historia que, de alguna manera, debería avergonzarnos como sociedad. ¿De verdad hemos permitido como sociedad que esto suceda en la España de 2026?

Maricarmen ha fallecido hoy en el Hospital Gregorio Marañón, después de haber sido desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido desde 1956. Salió de aquella casa en una camilla, rodeada de cientos de personas que habían acudido para intentar impedir que una mujer de 87 años terminara en la calle. Fue trasladada al hospital y permaneció ingresada desde entonces. 

No quiero decir algo que no pueda demostrarse. Nadie puede afirmar que el desahucio haya causado directamente su muerte. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante una realidad demasiado evidente. Maricarmen sufrió enormemente durante todo el proceso de desahucio. Su salud se deterioró, su situación física y emocional se resintieron y, tras el desahucio, permaneció hospitalizada después de aquel día. A los pocos días llegó un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble que finalmente le habría permitido regresar a su hogar, pero ese acuerdo llegó cuando ya era demasiado tarde. 

Eso es lo que más duele. Que se consiguió una solución. Que, al final, parecía que Maricarmen podría volver a su casa pagando una renta adaptada a sus ingresos. Pero la solución llegó después de haberle hecho atravesar un camino que ninguna persona, y mucho menos una mujer de 87 años, debería haber tenido que recorrer jamás.

Mientras tanto, España se movilizó. Por toda España ha habido y siguen convocándose concentraciones y protestas en numerosas ciudades. Hubo personas durmiendo en la calle, acampadas, vecinos, organizaciones sociales y ciudadanos anónimos reclamando que Maricarmen no estuviera sola. Su historia terminó convirtiéndose en el símbolo de algo mucho más grande, del verdadero problema de nuestra sociedad actual. ¿Cuál? Pues el miedo de miles de personas que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir pagando su casa mañana, si les desahuciarán y perderán su hogar. 

Pero esas movilizaciones no terminarán con su muerte. Al contrario. Quienes lucharon a su lado ya han anunciado que continuarán haciéndolo en su memoria y por todas las personas que se encuentran en situaciones similares. Porque cuando una sociedad llega al punto de que a una persona le puede costar la vida la pérdida de su hogar, es que algo está profundamente roto. 

Hay personas a las que les cuesta la vida la soledad, la desesperación, la pobreza o la falta de esperanza. Algunas terminan quitándose la vida. Otras enferman y mueren después de soportar situaciones que nunca deberían haber tenido que soportar. No podemos convertir cada muerte en una estadística aislada y después seguir caminando como si nada hubiera ocurrido. No podemos permitir que situaciones como estas sean “el chascarrillo” de los programas de televisión llenos de tertulianos al servicio del poder económico o cuyos presentadores tienen docenas de viviendas como segundo negocio. No podemos permitir, como sociedad democrática, que la vida de decenas de miles de personas vulnerables dependa la codicia de empresas inmobiliarias o de “fondos buitre”. 

Para Maricarmen ya es tarde. Ya no puede volver a abrir aquella puerta. Ya no podrá sentarse en aquella casa. Ya no podrá disfrutar del tiempo que le quedaba en el lugar que había sido su hogar durante 71 años.

Pero nosotros sí podemos abrir otras puertas. Podemos exigir que la vivienda deje de ser únicamente un negocio y vuelva a ser, también, un derecho. Podemos exigir protección para quienes envejecen, para quienes tienen una pensión insuficiente, para quienes viven solos y para quienes, sencillamente, no pueden pagar los precios de un mercado que se ha alejado completamente de sus vidas.

Maricarmen, tu muerte no puede convertirse únicamente en una noticia de un día. Tiene que convertirse en memoria, en conciencia y en compromiso social. Porque mientras haya alguien en España que pueda ser expulsado de su hogar porque no puede pagar un precio que su vida no permite, habrá que seguir recordando tu nombre.

Descansa en paz, Maricarmen. Ojalá algún día podamos construir una sociedad en la que nadie tenga que luchar hasta el último aliento simplemente para conservar un techo sobre su cabeza.

Que nadie vuelva a perder su casa, su dignidad y su esperanza porque quienes tienen el poder de evitarlo llegaron demasiado tarde.

Maricarmen, tú has sido la chispa que ha encendido todo.

La vivienda es un derecho que a ti te negaron.

No lo olvidaremos.

Y a ti tampoco.

Palestina sigue esperando

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Han pasado tres años desde aquel 7 de octubre de 2023 que cambió para siempre la vida de israelíes y palestinos. Tres años desde que Hamás asesinó a alrededor de 1.200 personas en Israel y tomó a 251 como rehenes. Tres años desde que comenzó una guerra que ha dejado una huella de muerte y destrucción que difícilmente podremos comprender desde la distancia. Y tres años después, cuando parecía que finalmente podía abrirse una puerta hacia la paz, Gaza continúa viviendo entre las ruinas, el miedo, el desplazamiento y una incertidumbre que no debería formar parte de la vida de ningún ser humano.

Lo primero que hay que decir, y hay que decirlo con absoluta claridad, es que el asesinato deliberado de civiles y la toma de rehenes del 7 de octubre fueron crímenes atroces. No existe ninguna causa política, nacional, religiosa o histórica que pueda convertir en aceptable el asesinato de personas inocentes. Las víctimas israelíes merecen memoria, justicia y reparación. Las familias de quienes fueron asesinados merecen respuestas y quienes cometieron aquellos crímenes deben responder ante la justicia.

Pero decir esto no nos obliga a cerrar los ojos ante lo ocurrido después. Condenar los crímenes de Hamás no significa conceder un cheque en blanco al Gobierno de Israel. Del mismo modo que defender los derechos del pueblo palestino no significa justificar los crímenes cometidos por Hamás. Los derechos humanos no funcionan así. No dependen de la bandera que lleve una víctima ni de la nacionalidad de quien empuña un arma.

Durante estos tres años, Gaza ha sido devastada. Según las autoridades sanitarias de Gaza, más de 74.000 palestinos han muerto desde el comienzo de la guerra. Las cifras son objeto de debate y deben interpretarse con las cautelas correspondientes, pero la magnitud de la tragedia es incuestionable. Naciones Unidas sigue describiendo una situación humanitaria crítica, con graves problemas de agua, saneamiento, atención sanitaria, alimentos, refugio y acceso a suministros esenciales.

Pero hay algo especialmente doloroso que no podemos olvidar. La guerra a gran escala terminó, pero la violencia no terminó. El alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 consiguió algo que parecía imposible. Puso fin a las grandes operaciones militares, permitió el retorno de los rehenes que permanecían en Gaza y abrió una oportunidad para comenzar a reconstruir. Pero aquella oportunidad no se ha convertido todavía en una paz verdadera. Naciones Unidas señala que los ataques israelíes han continuado, que Hamás y otros grupos armados palestinos no han completado su desarme y que aproximadamente dos tercios de Gaza permanecen inaccesibles o sometidos a severas restricciones.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Naciones Unidas registra más de 1.400 palestinos muertos y más de 5.000 heridos según las cifras comunicadas por el Ministerio de Salud de Gaza. Es decir, incluso después de aquello que llamamos “alto el fuego”, personas han seguido muriendo. Por eso quizá haya que preguntarse qué clase de alto el fuego es aquel en el que siguen cayendo bombas.

La respuesta no puede consistir en elegir qué víctimas nos importan más. No podemos llorar a los israelíes asesinados el 7 de octubre y permanecer indiferentes ante los palestinos muertos durante los años posteriores. Tampoco podemos recordar a las víctimas palestinas y pasar por alto el sufrimiento de las familias israelíes que perdieron a sus seres queridos o esperaron durante meses noticias de sus familiares secuestrados.

Hay que tener muy claro que una vida humana no vale más porque haya nacido en Tel Aviv, en Gaza, en Jerusalén o en cualquier otro lugar del mundo. Precisamente por eso la justicia internacional tiene que seguir haciendo su trabajo. La Corte Penal Internacional mantiene órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La propia CPI señala, entre otros hechos, acusaciones relativas al uso del hambre como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Esto no equivale a una condena. Significa que existen procedimientos judiciales internacionales que deben desarrollarse con todas las garantías y sin que ningún dirigente político pueda considerarse por encima del Derecho.

Pero la justicia internacional tiene que ser universal. Si exigimos que quienes cometieron los crímenes del 7 de octubre respondan ante la justicia, debemos exigir exactamente lo mismo respecto de cualquier persona, militar o dirigente político, que pueda haber cometido crímenes internacionales contra la población civil palestina. No puede existir una justicia para unos y otra para otros.

Mientras tanto, Gaza intenta sobrevivir. Hay personas viviendo en campamentos improvisados. Hay familias que han perdido sus casas varias veces. Hay edificios dañados que siguen ocupados pese al riesgo de derrumbe. Naciones Unidas ha identificado cientos de lugares de desplazamiento expuestos a inundaciones y miles de edificios inseguros que necesitan ser demolidos, mientras miles de personas continúan viviendo en ellos porque sencillamente no tienen otro lugar al que ir.

Después de tres años de guerra hay algo que resulta difícil incluso de imaginar. La reconstrucción todavía no ha comenzado a una escala capaz de responder a la dimensión de la destrucción. No hablamos solamente de levantar edificios. Hablamos de reconstruir hospitales, escuelas, universidades, viviendas, carreteras, redes de agua, instalaciones eléctricas, sistemas sanitarios y, sobre todo, vidas humanas. Porque una ciudad puede reconstruirse; una escuela puede volver a levantarse; y un hospital puede volver a funcionar. Pero una madre que ha perdido a su hijo no puede reconstruirlo; un niño que ha perdido a sus padres no puede recuperar su infancia; y una persona que ha vivido tres años entre bombardeos no puede simplemente borrar el miedo de su memoria.

Mientras miramos hacia Gaza, tampoco podemos olvidarnos de Cisjordania. La situación allí se ha deteriorado gravemente. Naciones Unidas alerta de un incremento de la violencia de los colonos, demoliciones, desplazamientos, restricciones de movimiento y expansión de los asentamientos. En septiembre de 2026, por ejemplo, comunidades palestinas enteras habían quedado prácticamente despobladas después de meses de violencia y presión. Esto es fundamental porque el conflicto no puede analizarse únicamente desde Gaza. Si realmente queremos una solución, tenemos que hablar de ocupación, asentamientos, desplazamientos, Jerusalén, seguridad, fronteras, refugiados, derechos humanos y autodeterminación. Tenemos que hablar de Palestina.

El Estado de Palestina continúa siendo un Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Durante los últimos años ha aumentado considerablemente el reconocimiento internacional de Palestina, y Naciones Unidas señala que numerosos Estados dieron ese paso en 2025. Al mismo tiempo, la solución de dos Estados continúa siendo el marco internacionalmente respaldado para alcanzar una paz duradera.

Pero existe una contradicción cada vez más evidente. Decimos que queremos dos Estados mientras sobre el terreno se siguen produciendo hechos que hacen cada vez más difícil que esos dos Estados puedan existir de manera viable. La propia Secretaría General de Naciones Unidas ha advertido de que la expansión de los asentamientos, las demoliciones, las expulsiones, la apropiación de tierras y otras medidas están erosionando las condiciones necesarias para un Estado palestino independiente, democrático, territorialmente viable y soberano.

Por eso reconocer Palestina no puede ser únicamente un gesto simbólico. Tampoco basta con aprobar resoluciones ni con pronunciar discursos solemnes ni con publicar fotografías ni con expresar una preocupación profunda cada vez que mueren civiles. La comunidad internacional tiene que actuar. Tiene que exigir el cumplimiento del Derecho internacional; tiene que garantizar la entrada de ayuda humanitaria; tiene que proteger a la población civil; tiene que exigir responsabilidades por los crímenes cometidos por cualquiera de las partes; tiene que impedir la expansión de los asentamientos ilegales; tiene que trabajar para que Gaza pueda reconstruirse; y tiene que recuperar una negociación política real que permita a israelíes y palestinos vivir con seguridad y dignidad.

Porque tampoco podemos construir la paz desde la desaparición de uno de los dos pueblos. Israel tiene derecho a existir y a vivir en seguridad. Palestina también tiene derecho a existir y a vivir en libertad. No son derechos incompatibles. El problema es que durante demasiado tiempo hemos aceptado que la seguridad de unos se construya sobre la inseguridad de otros. Y eso no es paz.

La paz no consiste simplemente en que dejen de caer bombas durante unas horas. La paz significa que un niño israelí pueda dormir sin miedo a otro 7 de octubre; significa que un niño palestino pueda dormir sin miedo a que su casa sea destruida, a ser expulsado de su tierra o a perder a su familia; y significa que una mujer israelí pueda caminar por la calle sin miedo a ser asesinada.

Pero también que una mujer palestina pueda vivir sin miedo a perder su hogar, su familia o su propia vida. La paz significa que quienes fueron secuestrados puedan reconstruir sus vidas; que los presos sean tratados conforme al Derecho; que los responsables de crímenes respondan ante los tribunales; que las víctimas puedan enterrar a sus muertos; que los hospitales puedan volver a atender pacientes; que los niños puedan volver a las escuelas; que Gaza pueda reconstruirse; que Cisjordania deje de vivir bajo una violencia que Naciones Unidas considera cada vez más preocupante; y que palestinos e israelíes puedan mirar algún día hacia el mismo horizonte sin ver humo.

Quizá ese sea el verdadero desafío de este momento. No volver a empezar otra guerra; no preparar la siguiente represalia; no alimentar una nueva generación de odio. Tenemos que romper definitivamente el círculo. Después de tres años ya hemos visto hasta dónde puede llegar el odio. Hemos visto asesinatos; hemos visto secuestros; hemos visto bombardeos; hemos visto hospitales destruidos; hemos visto familias enteras desaparecer; hemos visto niños crecer entre ruinas; hemos visto rehenes regresar después de años de cautiverio; hemos visto personas desplazadas una y otra vez; hemos visto demasiadas muertes; y hemos comprobado, una vez más, que cuando la política fracasa y el Derecho internacional no consigue imponerse, quienes pagan la factura no suelen ser quienes toman las decisiones.

Los horrores de la guerra no los pagan quienes las llevan a cabo. Los pagan las personas que no eligieron la guerra; que no decidieron lanzar cohetes; que no ordenaron bombardeos; y que solamente querían vivir. Por eso hoy, tres años después del 7 de octubre, hay que volver a decir exactamente lo mismo que decía hace un año, pero con todavía más fuerza. Palestina ya no puede esperar más; Gaza ya no puede esperar más; las familias palestinas ya no pueden esperar más; y las familias palestinas que siguen buscando a sus desaparecidos ya no pueden esperar más. No pueden esperar más los niños; no puede esperar más la justicia; no puede esperar más el Derecho internacional; no puede esperar más la comunidad internacional; y, sobre todo, no podemos permitirnos esperar otros tres años.

Porque la historia ya nos ha demostrado demasiadas veces que cuando dejamos que el sufrimiento se convierta en una costumbre, cuando las cifras dejan de escandalizarnos y cuando empezamos a acostumbrarnos a ver muertos en nuestras pantallas, estamos perdiendo algo mucho más importante que una discusión política.

Estamos perdiendo nuestra propia humanidad. El mundo quiere una Palestina libre; un Israel seguro; dos pueblos viviendo en dos Estados soberanos, democráticos y reconocidos, con fronteras seguras y dentro del Derecho internacional; que Jerusalén pueda ser una ciudad compartida y no una nueva razón para morir; que ningún niño tenga que aprender qué significa la palabra “guerra” antes de aprender a leer; que los responsables de los crímenes respondan ante la justicia, sean quienes sean; que las víctimas puedan llorar sin miedo; que los supervivientes puedan reconstruir sus vidas; y que algún día podamos hablar de Gaza, de Israel y de Palestina sin hacerlo desde el lenguaje de la muerte.

La dignidad del pueblo palestino ya no puede esperar más; la justicia ya no puede esperar más; la libertad ya no puede esperar más; y la paz ya no puede esperar más.

Porque la paz no puede ser la victoria de un pueblo sobre otro.

La paz es la victoria de la vida sobre la muerte.

Porque Palestina ya no puede más.

Y Gaza ya no puede más.

🇬🇧 ENGLISH 🇺🇸
Palestine is still waiting

Three years have passed since that 7 October 2023 which changed the lives of Israelis and Palestinians forever. Three years since Hamas killed around 1,200 people in Israel and took 251 people hostage. Three years since a war began that has left behind a trail of death and destruction that we can hardly comprehend from a distance. And three years on, when it seemed that a door might finally be opening towards peace, Gaza continues to live among ruins, fear, displacement and an uncertainty that should never form part of any human being’s life.

The first thing that must be said, and it must be said with absolute clarity, is that the deliberate killing of civilians and the taking of hostages on 7 October were atrocious crimes. No political, national, religious or historical cause can make the killing of innocent people acceptable. The Israeli victims deserve remembrance, justice and reparation. The families of those who were killed deserve answers, and those who committed those crimes must be held accountable before the law.

But saying this does not oblige us to close our eyes to what happened afterwards. Condemning Hamas’s crimes does not mean giving the Israeli Government a blank cheque. In the same way, defending the rights of the Palestinian people does not mean justifying the crimes committed by Hamas. Human rights do not work like that. They do not depend on the flag carried by a victim or on the nationality of the person who wields a weapon.

During these three years, Gaza has been devastated. According to the health authorities in Gaza, more than 74,000 Palestinians have been killed since the beginning of the war. The figures are disputed and must be interpreted with the appropriate caution, but the scale of the tragedy is beyond question. The United Nations continues to describe a critical humanitarian situation, with severe problems affecting water, sanitation, healthcare, food, shelter and access to essential supplies.

But there is something particularly painful that we must not forget. The full scale war has ended, but the violence has not. The ceasefire that came into effect in October 2025 achieved something that had seemed impossible. It brought an end to the major military operations, enabled the return of the hostages who remained in Gaza and opened an opportunity to begin rebuilding. But that opportunity has not yet become a genuine peace. The United Nations reports that Israeli attacks have continued, that Hamas and other Palestinian armed groups have not completed their disarmament, and that approximately two thirds of Gaza remain inaccessible or subject to severe restrictions.

Since the ceasefire came into effect, the United Nations has recorded more than 1,400 Palestinians killed and more than 5,000 injured, according to figures provided by the Ministry of Health in Gaza. In other words, even after what we call a “ceasefire”, people have continued to die. Perhaps, therefore, we need to ask what kind of ceasefire it is when bombs are still falling.

The answer cannot be to choose which victims matter more to us. We cannot mourn the Israelis killed on 7 October while remaining indifferent to the Palestinians who have died during the years that followed. Nor can we remember Palestinian victims while overlooking the suffering of Israeli families who lost their loved ones or spent months waiting for news of relatives who had been taken hostage.

We must be absolutely clear that a human life is not worth more because it was born in Tel Aviv, Gaza, Jerusalem or anywhere else in the world. Precisely for this reason, international justice must continue to do its work. The International Criminal Court has issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant over alleged war crimes and crimes against humanity. The ICC itself refers, among other allegations, to the use of starvation as a method of warfare, murder, persecution and other inhumane acts. This is not equivalent to a conviction. It means that international judicial proceedings exist and must be conducted with all the necessary guarantees, without any political leader being able to consider themselves above the law.

But international justice must be universal. If we demand that those who committed the crimes of 7 October be held accountable before the law, we must demand exactly the same of any person, whether a soldier or a political leader, who may have committed international crimes against the Palestinian civilian population. There cannot be one justice for some and another justice for others.

Meanwhile, Gaza is trying to survive. There are people living in makeshift camps. There are families who have lost their homes several times. There are damaged buildings that remain occupied despite the risk of collapse. The United Nations has identified hundreds of displacement sites exposed to flooding and thousands of unsafe buildings that need to be demolished, while thousands of people continue to live in them simply because they have nowhere else to go.

After three years of war, there is something that is difficult even to imagine. Reconstruction has still not begun on a scale capable of addressing the extent of the destruction. We are not talking only about putting up buildings again. We are talking about rebuilding hospitals, schools, universities, homes, roads, water networks, electricity facilities, sanitation systems and, above all, human lives. Because a city can be rebuilt; a school can be rebuilt; and a hospital can function again. But a mother who has lost her child cannot rebuild them; a child who has lost their parents cannot recover their childhood; and a person who has lived for three years amid bombings cannot simply erase the fear from their memory.

As we look towards Gaza, we must not forget the West Bank either. The situation there has deteriorated severely. The United Nations is warning of an increase in settler violence, demolitions, displacement, restrictions on movement and the expansion of settlements. In September 2026, for example, entire Palestinian communities had been left virtually deserted after months of violence and pressure. This is fundamental because the conflict cannot be analysed solely through the situation in Gaza. If we genuinely want a solution, we have to talk about occupation, settlements, displacement, Jerusalem, security, borders, refugees, human rights and self determination. We have to talk about Palestine.

The State of Palestine continues to hold non member observer State status at the United Nations. In recent years, international recognition of Palestine has increased considerably, and the United Nations notes that numerous States took this step in 2025. At the same time, the two state solution continues to be the internationally supported framework for achieving lasting peace.

But there is an increasingly obvious contradiction. We say that we want two States while, on the ground, developments continue to make it increasingly difficult for those two States to exist in a viable form. The United Nations Secretary General has warned that the expansion of settlements, demolitions, expulsions, land appropriation and other measures are eroding the conditions necessary for an independent, democratic, territorially viable and sovereign Palestinian State.

That is why recognising Palestine cannot be merely a symbolic gesture. Nor is it enough to pass resolutions, deliver solemn speeches, publish photographs or express deep concern every time civilians are killed. The international community must act. It must demand compliance with international law; it must guarantee the entry of humanitarian aid; it must protect civilians; it must demand accountability for crimes committed by either side; it must prevent the expansion of illegal settlements; it must work to ensure that Gaza can be rebuilt; and it must revive genuine political negotiations that allow Israelis and Palestinians to live in security and dignity.

Because we cannot build peace through the disappearance of either of the two peoples. Israel has the right to exist and to live in security. Palestine also has the right to exist and to live in freedom. These rights are not incompatible. The problem is that for far too long we have accepted that the security of some is built upon the insecurity of others. And that is not peace.

Peace does not simply mean that the bombs stop falling for a few hours. Peace means that an Israeli child can sleep without fear of another 7 October; it means that a Palestinian child can sleep without fear that their home will be destroyed, that they will be expelled from their land or that they will lose their family; and it means that an Israeli woman can walk down the street without fear of being killed.

But it also means that a Palestinian woman can live without fear of losing her home, her family or her own life. Peace means that those who were abducted can rebuild their lives; that prisoners are treated in accordance with the law; that those responsible for crimes are held accountable before the courts; that victims can bury their dead; that hospitals can once again treat patients; that children can return to school; that Gaza can be rebuilt; that the West Bank can cease to live under a level of violence that the United Nations considers increasingly alarming; and that Palestinians and Israelis can one day look towards the same horizon without seeing smoke.

Perhaps that is the real challenge of this moment. Not starting another war; not preparing the next act of retaliation; not feeding another generation of hatred. We must finally break the cycle. After three years, we have seen how far hatred can go. We have seen killings; we have seen kidnappings; we have seen bombings; we have seen hospitals destroyed; we have seen entire families disappear; we have seen children grow up among ruins; we have seen hostages return after years in captivity; we have seen people displaced time and time again; we have seen far too many deaths; and we have once again seen that when politics fails and international law cannot prevail, it is rarely those who make the decisions who pay the price.

The horrors of war are not paid for by those who carry them out. They are paid for by the people who did not choose war; who did not decide to launch rockets; who did not order bombings; and who simply wanted to live. That is why today, three years after 7 October, we must say once again exactly what we said a year ago, but with even greater force. Palestine can no longer wait; Gaza can no longer wait; Palestinian families can no longer wait; and those who continue searching for their missing loved ones can no longer wait. The children cannot wait any longer; justice cannot wait any longer; international law cannot wait any longer; the international community cannot wait any longer; and, above all, we cannot afford to wait another three years.

Because history has shown us far too many times that when we allow suffering to become commonplace, when figures cease to shock us and when we begin to grow accustomed to seeing dead people on our screens, we are losing something far more important than a political argument.

We are losing our own humanity. The world wants a free Palestine; a secure Israel; two peoples living in two sovereign, democratic and recognised States, with secure borders and within the framework of international law; a Jerusalem that can be a shared city rather than yet another reason to die; a world in which no child has to learn what the word “war” means before learning to read; a world in which those responsible for crimes are held accountable before the law, whoever they may be; a world in which victims can mourn without fear; in which survivors can rebuild their lives; and in which, one day, we can speak about Gaza, Israel and Palestine without doing so in the language of death.

The dignity of the Palestinian people can no longer wait; justice can no longer wait; freedom can no longer wait; and peace can no longer wait.

Because peace cannot be the victory of one people over another.

Peace is the victory of life over death.

Because Palestine cannot take any more.

And Gaza cannot take any more.

La pulsera arcoíris en la UJA

Hace unos días escribí un texto acerca de la pulsera arcoíris que llevo. Una pulsera que para mí tiene un significado mucho más profundo que el de un simple símbolo. Me gusta llevarla porque, quizá, una persona que se sienta algo perdida pueda considerarme una persona segura, alguien a quien cualquier persona pueda acercarse si algún día necesita hablar, pedir ayuda o simplemente comprobar que no está sola.

Hoy por la mañana estaba tranquilamente en la cafetería de la Universidad de Jaén, tomando un café mientras hacía tiempo antes de realizar un trámite en la Escuela de Doctorado. Estoy a punto de depositar mi tesis doctoral, dedicada a la igualdad constitucional, la no discriminación y los delitos de odio, y esta mañana simplemente aprovechaba unos minutos antes de continuar con las gestiones.

En una mesa cercana había tres chicos. Eran muy jóvenes, probablemente de poco más de veinte años. Hablaban entre ellos de un compañero de clase. No estaba prestando especial atención a su conversación, hasta que una frase llegó perfectamente hasta mi mesa: “Yo con ese maricón no hago ni un puto trabajo de clase, bro. No vaya a ser que quiera luego puto comerme el rabo y tenga que liarme a hostias con él”.

Me quedé mirándolos fijamente. No porque quisiera buscar una pelea ni porque pretendiera darles una lección. Simplemente porque, durante unos segundos, necesitaba que supieran que alguien había escuchado aquello. Entonces se dieron cuenta de que llevaba una pulsera arcoíris. Al poco se levantaron y se marcharon de camino a clase. Uno de ellos sí me miró de reojo un tanto desafiante, pero los otros dos se marchaban con la mirada baja. 

Justo en ese momento, he pensado en algo que para mí tiene mucho significado. Como ya he dicho otras veces, me gusta llevar la pulsera porque quiero considerarme una persona segura. Una persona a la que alguien pueda acercarse si algún día necesita hablar, pedir ayuda, contar algo que le está ocurriendo o simplemente comprobar que no está solo. No hace falta conocerse y tampoco hace falta compartir ninguna otra cosa. Basta con saber que esa pequeña pulsera significa que, al menos con esa persona que la lleva, no debería tener miedo de ser quien es.

Aquella escena me ha hecho pensar mucho. Porque esos chicos ya no son niños. Son jóvenes adultos que estudian en la universidad, toman decisiones, construyen relaciones, comienzan sus carreras profesionales y, dentro de muy poco, participarán también en las decisiones democráticas de nuestro país en las próximas elecciones generales. 

Quizá precisamente por eso deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad. No basta con haber aprobado leyes; no basta con reconocer derechos sobre el papel; y no basta con celebrar el Orgullo una vez al año, iluminar edificios con los colores del arcoíris o decir que vivimos en una sociedad tolerante. La igualdad también se juega en una cafetería. Se juega en un aula cuando alguien decide si hace un trabajo con otro compañero simplemente porque es gay; se juega en un grupo de amigos cuando alguien utiliza “maricón” como insulto y los demás se ríen; se juega en una familia cuando un adolescente tiene miedo de contar quién le gusta; se juega en un vestuario, en una residencia universitaria, en un chat de WhatsApp, en TikTok, en Instagram y en cualquier lugar donde una persona pueda aprender que humillar a otra es una forma aceptable de relacionarse. Y también se juega cuando quienes escuchamos esas cosas decidimos si miramos hacia otro lado.

No sé absolutamente nada de esos tres chicos. No sé cómo son fuera de aquella conversación ni tampoco sé qué piensan realmente sobre las personas LGTBI. No sé si aquella frase fue una estúpida bravuconada, una manera de hablar aprendida de su entorno o una expresión sincera de rechazo. No voy a convertir a tres personas concretas en la representación de toda una generación. Pero sí sé lo que escuché. Y sé que esas palabras no son inocentes cuando llevan detrás la posibilidad de una agresión física o un ataque hacia la dignidad de otra persona. 

Es verdad que hemos avanzado muchísimo. Reconozco que mi propia vida sería muy diferente si hubiera nacido unas décadas antes. Muchas personas LGTBI han podido construir sus familias, desarrollar sus carreras, casarse, vivir abiertamente y ocupar espacios que durante mucho tiempo les fueron negados. Precisamente por eso no podemos permitirnos pensar que todo está conseguido.

Los derechos pueden consolidarse, pero también pueden debilitarse. Las leyes pueden proteger, pero una ley no puede impedir que alguien utilice una palabra para humillar a otro ser humano. Por eso, la educación y la convivencia siguen siendo imprescindibles para luchar contra la violencia, el odio y la discriminación. Quizá aquella pulsera arcoíris que aquellos chicos vieron en mi muñeca no cambió absolutamente nada. Y quizá mañana seguirán pensando exactamente lo mismo.

Pero quizá otra persona que estaba en aquella cafetería también escuchó la conversación; quizá alguien que todavía no se atreve a decir públicamente que es gay vio la pulsera; quizá un joven que está empezando a cuestionarse algunas cosas pensó durante un instante que no todo el mundo acepta ese tipo de comentarios; y quizá eso sea suficiente. Es verdad que una persona segura no siempre puede solucionar el problema de otra persona. Pero, a veces, simplemente basta con hacerle saber a ese chico, a esa chica o ese a chique, que existe un lugar donde no tiene que esconderse.

Hemos hecho muchas cosas bien y también hemos cometido errores. Pero todavía estamos a tiempo de aprender de ellos. Todavía estamos a tiempo de educar mejor, de escuchar más, de combatir los prejuicios y de conseguir que ningún joven tenga que entrar en una cafetería, una universidad o cualquier otro lugar preguntándose si puede ser él mismo sin convertirse en objeto de insultos o violencia.

Por eso seguiré llevando mi pulsera. No lo haré como una declaración contra nadie, sino como una declaración a favor de alguien; a favor de quien todavía tiene miedo; a favor de quien todavía no se atreve a hablar; y a favor de quien necesita saber que no está solo.

Porque quizá una pequeña pulsera no cambie el mundo, pero puede hacer que alguien sienta que, al menos por un momento, está en un lugar seguro.

En este mundo cada vez más gris, polarizado y hostil, hemos de ser capaces de construir espacios de seguridad.

Porque toda persona tiene derecho a sentirse libre.

Libre para ser, para existir y para poder amar.

Al final eso es lo más importante.

También en la universidad.

En nuestra universidad.

En la UJA.