Maricarmen ya no está en su casa

Ayer decíamos “Maricarmen se queda”. Y queríamos creer que así sería. Pero esta mañana, finalmente, el desahucio se ha ejecutado.

Maricarmen, con 87 años, una discapacidad reconocida del 50 % y después de haber vivido 71 años en aquella casa, ha sido desahuciada de la vivienda en la que entró cuando apenas tenía 17 años. Allí vivió con sus padres; allí murieron sus padres; allí ha pasado prácticamente toda su vida; y allí estaban sus recuerdos, sus cosas y una parte enorme de su historia.

Durante toda la noche, vecinos, activistas y miembros del Sindicato de Inquilinas permanecieron frente al portal para intentar evitarlo. Cientos de personas se concentraron esta mañana bajo un mismo mensaje: “Maricarmen se queda”. Pero, finalmente, llegó la comisión judicial y el lanzamiento se llevó a cabo.

Quizá lo más doloroso de todo sea precisamente que, después de tantos años, después de tantos intentos, después de acudir a las instituciones y después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidiera a España que evitara el desalojo sin garantizar una alternativa habitacional adecuada, Maricarmen ha terminado saliendo de su casa.

Durante estos días también hemos conocido que se llegó a ofrecer una solución económica. Una conocida escritora, que ha preferido permanecer en el anonimato, se ofreció a asumir la diferencia del alquiler para que Maricarmen pudiera permanecer en su vivienda. También se plantearon otras alternativas, incluida la posibilidad de que las administraciones adquirieran el inmueble. Pero ninguna de esas vías consiguió detener el lanzamiento.

Y es aquí donde creo que merece la pena detenernos un momento. Esto no debería reducirse a una discusión entre propietarios e inquilinos, ni a una cuestión de números, contratos o procedimientos judiciales. Es algo mucho más sencillo. Hay una mujer de 87 años que hoy ha perdido su casa. Una mujer que llevaba 71 años viviendo allí. Y eso debería hacernos pensar.

Como abogado, sé muy bien que los desalojos tienen un marco legal que los ampara. Pero que algo pueda hacerse conforme a la ley no significa que debamos dejar de preguntarnos por sus consecuencias humanas. Especialmente cuando hablamos de personas mayores, con discapacidad y en una situación de especial vulnerabilidad. Por eso, ahora más que nunca, hay que pedir a las administraciones que no miren hacia otro lado.

El desahucio ya se ha ejecutado. Pero Maricarmen sigue necesitando un hogar. Necesita una solución digna, estable y adecuada a sus circunstancias. No merece terminar sus días saltando de un recurso provisional a otro y tampoco merece que su vida se convierta en un expediente más.

Hoy merece todo nuestro cariño y reconocimiento el Sindicato de Inquilinas y todas aquellas personas que han estado junto a Maricarmen estos días; a quienes han pasado la noche en la calle; a quienes han acudido a la concentración; a quienes han intentado negociar; y a quienes simplemente han decidido que una mujer de 87 años no debía enfrentarse sola a algo así. Hoy podemos sentir tristeza, rabia o impotencia. Pero no podemos permitir que todo termine cuando se cierra una puerta.

Maricarmen ya no está en su casa, pero sigue teniendo derecho a una vida digna y a un hogar. Así que la pregunta ya no es solamente cómo evitar su desahucio, sino qué es lo que vamos a hacer para que tenga un lugar donde vivir ahora que se ha visto obligada a abandonar su hogar.

Pero Maricarmen se queda con nosotros.

Su historia no termina hoy.

Aceituna con Derechos

Llega el otoño y, un año más, la campaña de la aceituna vuelve a poner a Jaén ante una realidad que conocemos desde hace décadas. Precisamente por eso, ya no debería sorprendernos que, cada otoño, miles de personas se desplacen hasta nuestros pueblos y ciudades buscando una oportunidad de trabajo en el olivar. Son hombres y mujeres que llegan desde distintos lugares. Muchos de ellos son personas migrantes de distintos países del este de Europa, África y América Latina. Durante unas semanas formarán parte esencial de una actividad económica de la que Jaén se siente justamente orgullosa. Nuestro “oro líquido” no conoce fronteras y quienes ayudan a la recolección del fruto del que nace vienen de más allá de las nuestras.

Este año, además, la atención está puesta en una campaña que todavía no puede calificarse oficialmente de histórica. Aunque la Junta de Andalucía no presentará hasta el 29 de septiembre el aforo oficial de la campaña 2026/2027, las previsiones conocidas hasta ahora apuntan a una cosecha entre media y alta. Eso sí, el sector advierte de que la situación del olivar de secano continúa dependiendo de las lluvias de septiembre. Por eso resulta especialmente importante la puesta en marcha con suficiente antelación del dispositivo de acogida para la próxima campaña. Porque así se podrá evitar que se repitan situaciones de falta de previsión que, en años anteriores, dejaron a personas temporeras en condiciones de enorme vulnerabilidad.

Y no, no estamos hablando de una cuestión secundaria. Cuando una persona llega a Jaén para trabajar, necesita poder dormir bajo techo, acceder a unas condiciones mínimas de higiene, recibir información y conocer dónde puede encontrar empleo y servicios básicos. No debería tener que esperar varios días en la calle para que las administraciones decidan cuándo abren un recurso que ya sabían que iba a necesitarse.

La propia Diputación de Jaén reconoce que los programas de atención a temporeros tienen precisamente esa finalidad. Los recursos municipales ofrecen alojamiento, manutención, higiene, lavandería y orientación sociolaboral, además de apoyo en cuestiones relacionadas con vivienda o salud. Actualmente el programa provincial incluye municipios como Baeza, Bailén, Alcaudete, Mancha Real, Torreperogil, Torredelcampo, Torredonjimeno o Villacarrillo, entre otros.

También, desde la Junta de Andalucía, se contempla para 2026 líneas específicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes, reforzar el alojamiento temporal durante las campañas agrícolas y facilitar su acceso a los servicios sociales. Es decir, los instrumentos existen, pero la cuestión fundamental es que funcionen a tiempo y de manera coordinada.

Ahora bien, es justo aquí donde aparece una segunda cuestión que, desgraciadamente, no podemos ignorar. Y es que, en estos tiempos, habida cuenta de la situación actual dentro y fuera del país, el racismo y la xenofobia campan a sus anchas de una manera alarmante.

Es verdad, el contexto social que estamos viviendo obliga a extremar la responsabilidad. Cuando determinadas situaciones relacionadas con la migración se convierten en combustible para discursos de odio, las personas migrantes que llegan a trabajar a nuestros campos pueden convertirse injustamente en el blanco de prejuicios, insultos o agresiones. No podemos permitir que una persona sea reducida a su nacionalidad, a su color de piel o a su situación administrativa. Antes que cualquier otra consideración, hablamos de personas. Y si vienen a trabajar, hablamos además de trabajadores y trabajadoras cuyos derechos deben ser respetados en todo momento. 

Indudablemente, la prevención también forma parte de la defensa de los derechos humanos. No basta con actuar cuando aparece una agresión racista o xenófoba; también hay que anticiparse, coordinar recursos, garantizar alojamiento digno y generar mecanismos eficaces para detectar y responder ante posibles situaciones de discriminación.

La aceituna no llega sola. Con ella llegan personas que contribuyen durante semanas a sacar adelante una de las actividades económicas que más identifica a nuestra tierra. Jaén necesita sus manos, pero sobre todo debe reconocer su dignidad.

Por eso, hay que dejar a un lado toda disputa política. La dignidad de las personas temporeras debería quedar fuera de cualquier confrontación partidista. Las administraciones tienen la responsabilidad de prepararse antes de que llegue el problema, no cuando las imágenes de personas durmiendo en la calle ya hayan vuelto a ocupar nuestros medios de comunicación.

Porque una provincia como Jaén que presume, y con razón, de la calidad de su aceite también debería poder presumir de la calidad de su acogida.

Jaén no solo tiene que recoger la aceituna; también tiene que acoger, proteger y respetar a las personas que vienen a recogerla.

Los derechos humanos también se defienden entre olivos.

Y la dignidad también es un enorme tesoro.

Como lo es nuestro oro líquido.

Nunca dejemos de pensar

Una sociedad democrática no se sostiene únicamente sobre unas elecciones, unas instituciones o un conjunto de leyes. Se sostiene, sobre todo, sobre personas capaces de pensar por sí mismas, de cuestionar aquello que escuchan y de comprender que la libertad también implica una responsabilidad. La democracia necesita una ciudadanía crítica, no una ciudadanía que sea simplemente obediente. 

Nunca debería de preocuparnos que una persona piense diferente. La discrepancia forma parte de cualquier sociedad libre y, de hecho, es necesaria para que podamos avanzar. Debería preocuparnos mucho más que dejemos de pensar, que aceptemos cualquier afirmación simplemente porque confirma nuestros prejuicios o que convirtamos las redes sociales en nuestra única fuente de información. Cuando dejamos de contrastar, de leer, de escuchar y de preguntarnos si aquello que nos cuentan es realmente cierto, nos volvemos mucho más fáciles de manipular.

La ignorancia, entendida de esta manera, puede convertirse en un terreno extraordinariamente fértil para el autoritarismo. No porque quien desconoce algo sea una mala persona, sino porque quien renuncia voluntariamente a conocer puede terminar aceptando como verdad cualquier relato que le ofrezcan. Y cuando ese relato necesita señalar culpables, fabricar enemigos o presentar a determinadas personas como una amenaza, el problema deja de ser individual y empieza a afectar a toda la sociedad.

Por eso no es descabezado pensar que los ignorantes de ayer y de hoy pueden llegar a ser los fascistas que nos gobiernen mañana. No porque toda persona ignorante vaya necesariamente a convertirse en fascista, sino porque una ciudadanía que renuncia al conocimiento, al pensamiento crítico y a la memoria histórica puede terminar siendo terreno abonado para quienes utilizan el miedo, el odio y la manipulación para alcanzar o conservar el poder.

Existe otro elemento que encaja demasiado bien en esta reflexión. Isaac Asimov popularizó una idea que resume con enorme contundencia una realidad que podemos observar a lo largo de la historia: “La violencia es el último recurso del incompetente”. Es es verdad. Cuando faltan argumentos, cuando fracasa el diálogo y cuando no se sabe convencer, aparece con demasiada facilidad la imposición. Y el fascismo, en sus diferentes expresiones históricas, ha recurrido precisamente a la violencia, la intimidación y la represión como instrumentos para silenciar al diferente y sustituir el debate por la fuerza.

No hace falta viajar demasiado lejos para encontrar ejemplos actuales de cómo ese lenguaje puede abrirse paso en la política. En España, en agosto de 2026, el dirigente de Vox José María Figaredo realizó varios llamamientos a «cazar» inmigrantes en relación con la llegada de personas migrantes a Ceuta, expresiones que provocaron que el Ministerio de Igualdad pidiera a la Fiscalía estudiar si podían ser constitutivas de un delito de odio. Figaredo posteriormente explicó que utilizó “cazar” como sinónimo de apresar o detener. Sin embargo, el carácter deshumanizante ya está presente, porque no se “caza” a personas, se “cazan” animales. 

Y también resulta significativo observar las referencias intelectuales y culturales que rodean a determinados dirigentes políticos. Santiago Abascal apareció públicamente en 2019 con Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu, un autor que desde 1932 dejó constancia de su admiración por Adolf Hitler y llegó a defender un movimiento nacionalista español inspirado en el hitlerismo. Eso no significa que la lectura de una obra convierta automáticamente a quien la sostiene en fascista, pero sí demuestra por qué resulta necesario conocer quién escribió aquello que leemos, qué defendió y en qué contexto histórico lo hizo.

La historia europea debería habernos enseñado algo que nunca deberíamos olvidar. Los grandes retrocesos democráticos no aparecen necesariamente de repente. Muchas veces comienzan con pequeñas renuncias. Una broma que normaliza el desprecio; un insulto que dejamos pasar; una mentira que compartimos sin comprobar. Una minoría a la que dejamos de considerar merecedora de los mismos derechos; y un discurso de odio al que concedemos espacio porque pensamos que “solo son palabras”. Pero las palabras importan. Importan muchísimo, porque pueden construir convivencia, pero también pueden preparar el terreno para destruirla. 

Por eso la educación constituye una de las mejores defensas frente al autoritarismo. Y no hablamos solamente de la educación académica, sino de aprender a convivir, de conocer nuestros derechos, de comprender la historia, de identificar la manipulación, de aceptar que podemos equivocarnos y de tener la suficiente humildad intelectual para cambiar de opinión cuando los hechos nos demuestran que estábamos equivocados.

No necesitamos una sociedad en la que todo el mundo piense igual. Necesitamos una sociedad en la que nadie tenga miedo de pensar diferente; una sociedad en la que defender los derechos humanos no dependa de quién sea la persona que los necesita; y una sociedad en la que la dignidad no se vote y en la que la igualdad no pueda convertirse en moneda de cambio.

Porque quizá el mayor peligro no sea que aparezcan personas dispuestas a gobernar desde el autoritarismo. El verdadero peligro es que, mientras aparecen, nosotros hayamos dejado de leer, de aprender, de cuestionar y de defender aquello que creíamos que nunca volveríamos a perder.

Sí, los ignorantes de ayer y de hoy pueden llegar a ser los fascistas que nos gobiernen mañana.

Y la democracia también se pierde cuando dejamos de pensar.

Así que nunca dejemos de hacerlo.