La migración tiene color de piel

Siempre he pensado que las palabras importan mucho, que hay palabras que no son inocentes. Palabras que, dependiendo de quién las pronuncie y, sobre todo, de quién sea la persona de la que hablamos, pueden transformar completamente la percepción de una realidad. «Invasión» es una de ellas. No es lo mismo hablar de una entrada masiva e irregular de personas, de una crisis fronteriza o incluso de una posible instrumentalización de la migración que presentar a miles de seres humanos como una fuerza invasora que amenaza a un país. Cuando además esas personas son negras, magrebíes o proceden de países pobres, conviene preguntarse si estamos hablando realmente de seguridad y fronteras o si, bajo ese discurso, se está colando algo mucho más antiguo: el racismo y la xenofobia.

Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio de 2026 fue, sin duda, una situación extraordinaria. Una entrada masiva de personas puso al límite los recursos de la ciudad, obligó a las administraciones a reaccionar y planteó cuestiones muy serias sobre el control de la frontera, la actuación de Marruecos y la eventual instrumentalización de los movimientos migratorios. Todo eso puede y debe discutirse. Un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. También tiene derecho a devolver, con todas las garantías jurídicas, a quienes no tengan derecho a permanecer en su territorio. Defender esto no convierte a nadie en racista.

El problema empieza cuando dejamos de hablar de hechos y empezamos a hablar de personas como si fueran una amenaza colectiva. Cuando «migrante» se convierte en sinónimo de «delincuente», cuando «extranjero» empieza a funcionar como sinónimo de «peligro» y cuando una multitud de seres humanos deja de ser percibida como individuos con historias diferentes para convertirse en una masa indistinguible a la que llamamos «invasores». Y todavía resulta más preocupante cuando determinadas palabras aparecen asociadas sistemáticamente a personas procedentes de África, del Magreb o de otros países empobrecidos.

Porque aquí existe una pregunta incómoda que deberíamos atrevernos a formular de una vez. ¿Utilizaríamos el mismo lenguaje si quienes hubieran cruzado la frontera fueran blancos, europeos y cristianos? Probablemente no. Y esa diferencia debería hacernos pensar. Cuando llegan personas que huyen de una guerra europea, hablamos de refugiados, desplazados, protección temporal, solidaridad y acogida. Cuando llegan personas venezolanas que escapan de una situación política y económica devastadora, hablamos de inmigración, solicitudes de protección internacional y procedimientos administrativos. Pero cuando son determinados africanos o marroquíes quienes aparecen en nuestras fronteras, demasiado a menudo el vocabulario cambia radicalmente a «avalanchas», «hordas», «invasores», «delincuentes», «violadores» o incluso «enemigos».

Y esa diferencia no es una cuestión menor. España ha demostrado durante estos años que tiene capacidad para acoger y proteger a cientos de miles de personas. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, más de 264.000 personas procedentes de Ucrania han obtenido protección temporal en nuestro país. Al mismo tiempo, cientos de miles de personas procedentes de Venezuela, Colombia y otros países han llegado a España, muchas de ellas solicitando protección internacional por razones relacionadas con la persecución, la violencia o la situación política de sus países. No todas han obtenido protección, por supuesto, y no todas son refugiadas en sentido jurídico. Pero la realidad demuestra que la movilidad humana hacia España no empieza ni termina en Ceuta, ni tiene una única nacionalidad, ni puede explicarse exclusivamente mediante la palabra «invasión».

Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil ignorar. Si aceptamos que una persona que huye de una guerra merece nuestra solidaridad, debemos preguntarnos qué ocurre con quien huye de una dictadura, de la persecución política, de la violencia, de la pobreza extrema o de una vida sin horizonte. El Derecho internacional no establece que la dignidad humana tenga nacionalidad. Tampoco establece que una persona merezca más protección porque sea ucraniana, venezolana, siria, afgana, colombiana, marroquí o subsahariana. La protección internacional se determina atendiendo a las circunstancias de cada persona, no al color de su piel.

Por supuesto que no todas las personas que llegan a España son refugiadas. Por supuesto que existen delincuentes entre los migrantes, exactamente igual que existen delincuentes entre los españoles. Y precisamente por eso debemos abandonar las generalizaciones. Si una persona comete un delito, que responda ante la Justicia. Si alguien viola, que sea investigado, juzgado y condenado cuando corresponda. Si alguien utiliza la violencia, que responda por ella. Pero convertir los delitos cometidos por determinadas personas en una característica atribuible a millones de seres humanos por su origen constituye una falacia y, en determinados contextos, una manifestación evidente de racismo y xenofobia.

Lo mismo sucede con la palabra «invasión». Una invasión militar implica una agresión armada, una actuación organizada de fuerzas que emplean la fuerza para penetrar en el territorio de otro Estado. Una entrada masiva de civiles puede ser gravísima, puede estar organizada, puede ser instrumentalizada por un Gobierno extranjero y puede constituir una enorme crisis fronteriza. Pero llamar «invasores» a quienes llegan significa algo más que describir un acontecimiento. ¿Por qué? Porque los convierte discursivamente en el enemigo. Y cuando ese enemigo es construido siempre a partir de determinados rasgos nacionales, étnicos, culturales o religiosos, deberíamos tener el valor de llamar a las cosas por su nombre.

También hay que decir algo que parece haberse olvidado en esta discusión. Y es que una persona puede haber entrado irregularmente en España y seguir teniendo derechos; puede tener derecho a solicitar asilo; puede ser menor de edad; puede estar enferma; uede tener familiares en España; puede ser víctima de trata; puede haber sufrido persecución; puede encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad; y, sobre todo, puede seguir siendo un ser humano. La irregularidad administrativa no elimina la dignidad, del mismo modo que una infracción administrativa no convierte a nadie en un delincuente.

Por eso resulta especialmente preocupante que algunos discursos hayan terminado asociando de manera prácticamente automática inmigración africana, delincuencia y violencia sexual. No se trata de negar que existan delitos, sino de preguntarnos por qué determinadas noticias se utilizan para construir una imagen colectiva de millones de personas. Si un español comete una violación, hablamos de un violador. Si la comete un extranjero, determinados discursos convierten inmediatamente su nacionalidad en protagonista de la historia. Esa diferencia aparentemente pequeña puede terminar construyendo una idea muy peligrosa, porque, para quienes así lo manifiestan, el delito no es cometido por una persona concreta, sino por todo el grupo al que pertenece.

Y quizá por eso deberíamos mirar también hacia nosotros mismos. Porque el racismo contemporáneo no siempre se presenta con insultos, símbolos extremistas o declaraciones abiertamente supremacistas. A veces se presenta con traje y corbata, hablando de seguridad. A veces aparece disfrazado de preocupación por las mujeres, por los barrios o por la identidad nacional. A veces se introduce en nuestro lenguaje sin que siquiera nos demos cuenta. Y precisamente por eso resulta tan importante distinguir entre preocupación legítima por la seguridad y construcción xenófoba del miedo.

Podemos defender una frontera fuerte sin convertir al extranjero en enemigo; podemos exigir que se cumpla la ley sin deshumanizar a quien la infringe; podemos pedir devoluciones cuando legalmente procedan sin reclamar devoluciones indiscriminadas; podemos investigar una posible instrumentalización de la migración por parte de Marruecos sin convertir a los marroquíes en responsables colectivos; y podemos exigir a los poderes públicos que solucionen la situación de quienes permanecen en Ceuta sin aceptar que esas personas tengan que vivir durante meses en un limbo administrativo.

Al final, la cuestión no debería ser si somos capaces de elegir entre seguridad y derechos humanos. Una democracia verdaderamente sólida debería ser capaz de defender ambas cosas al mismo tiempo. La frontera puede estar protegida y la dignidad humana también. El Estado puede controlar quién entra y quién permanece sin necesidad de convertir a quienes vienen de África en una amenaza biológica, cultural o criminal. Porque cuando empezamos a clasificar a las personas según el color de su piel, su lugar de nacimiento o su religión antes incluso de conocer sus historias, dejamos de hablar de seguridad y comenzamos a hablar de prejuicio.

El verdadero problema no es quién cruza la frontera, sino por qué, cuando cambia el color de la piel de quien la cruza, cambia también nuestro lenguaje, nuestra compasión y nuestra idea de quién merece ser llamado refugiado.

Una frontera puede protegerse sin convertir al extranjero en enemigo, pero cuando el miedo tiene color de piel, quizá ya no estamos hablando de seguridad.

Estamos hablado de racismo y xenofobia.

Simplemente.

Frente a la violencia escolar

En pocos días todos los centros educativos de primara y secundaria estarán funcionando a pleno rendimiento en un nuevo curso escolar. Dicho esto, creo sinceramente que hay cosas que un niño, una niña o un adolescente nunca debería tener que aprender en un colegio. No debería aprender a esconderse en el recreo para evitar a quienes le acosan, ni a mirar constantemente hacia atrás por miedo a una agresión, ni a borrar mensajes, abandonar un grupo de WhatsApp, cerrar sus redes sociales o cambiar su manera de vestir, de hablar o de relacionarse para intentar que otros dejen de hacerle daño. Y, sobre todo, no debería aprender que pedir ayuda no sirve para nada.

El acoso escolar no es una broma, ni una etapa que todos los niños tengan que pasar, ni «cosa de críos», ni un conflicto más entre compañeros que deba resolverse sin darle demasiada importancia. Cuando un menor es insultado, humillado, amenazado, aislado, golpeado, perseguido o señalado de forma reiterada, estamos hablando de violencia. Y cuando esa violencia continúa en Instagram, TikTok, WhatsApp, videojuegos o cualquier otra plataforma digital, seguimos hablando exactamente de lo mismo.

Por eso hay que decirlo alto y claro. Los centros educativos tienen la obligación de proteger a los menores y no estamos hablando de una cuestión de buena voluntad, de sensibilidad personal o de que un determinado profesor sea más o menos comprometido. Es una obligación que deriva de nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece un sistema de prevención, detección, protección y actuación frente a las distintas formas de violencia que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes, y obliga a las administraciones educativas a desarrollar protocolos frente al acoso escolar y el ciberacoso. 

Existe además un deber especialmente importante para quienes trabajan profesionalmente con menores. Cuando un docente o cualquier otro profesional que desarrolla su actividad en un centro educativo conoce una situación de violencia o tiene indicios suficientes de que un menor puede estar sufriéndola, no puede simplemente encogerse de hombros y esperar a que el problema desaparezca por sí solo. La legislación establece obligaciones específicas de comunicación y protección, de manera que cuando un niño está pidiendo ayuda porque alguien le está haciendo daño, quien tiene conocimiento de esa situación tiene que tomársela en serio y actuar conforme a sus obligaciones legales. 

Esta obligación no se limita a los centros públicos. La protección de la infancia no depende de que el colegio sea público, privado o concertado, porque el deber de proteger a los menores y de prevenir y detectar situaciones de violencia deriva del marco legal de protección de la infancia y de las obligaciones que corresponden a los centros educativos y a las administraciones competentes. La Ley Orgánica 8/2021 incorpora, además, la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad. 

Esto también afecta directamente a los equipos directivos. Un director o una directora no puede decidir que un problema resulta incómodo para la imagen del centro y, por tanto, es mejor no darle demasiada importancia, como tampoco puede convertirse la activación de un protocolo en un simple trámite burocrático destinado a cubrir un expediente. Los protocolos existen para proteger a las personas, no para proteger a las instituciones, y su finalidad debe ser que el menor deje de sufrir la violencia y pueda recuperar cuanto antes su seguridad y su dignidad.

En Andalucía, así como en todas las comunidades autónomas, existen protocolos específicos de actuación frente al acoso escolar y el ciberacoso. La Junta de Andalucía mantiene actualmente como normativa de aplicación la Orden de 20 de junio de 2011 y las Instrucciones de 11 de enero de 2017 relativas a las actuaciones específicas ante situaciones de ciberacoso. El protocolo andaluz contempla expresamente el acoso a través de medios tecnológicos y establece que cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso debe comunicarlo, mientras que el equipo directivo debe recopilar y valorar la información, registrar las actuaciones, adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima y comunicar el inicio del protocolo a la Inspección Educativa cuando proceda. 

Esto es fundamental porque proteger no significa únicamente separar durante unos días a dos alumnos o llamar a sus familias. Proteger significa comprobar que la violencia ha terminado, adoptar medidas eficaces para evitar que vuelva a producirse, acompañar a la víctima durante el proceso y realizar el seguimiento necesario para garantizar que puede volver a su centro educativo sin miedo y sin encontrarse nuevamente en una situación de indefensión. El propio protocolo andaluz contempla medidas específicas de apoyo y protección para la persona acosada y prevé el seguimiento de las actuaciones por parte de la Inspección Educativa. 

Pero hay algo más que tampoco podemos seguir aceptando. Cuando una familia comunica que su hijo está siendo acosado, la respuesta no puede ser «son cosas de niños», «que no le haga caso», «que se defienda», «que deje de utilizar las redes sociales» o «que también tendrá que poner de su parte». El menor que está sufriendo violencia no tiene que aprender a soportarla ni tiene que convertirse en responsable de solucionar aquello que otros están haciendo contra él. El adulto que tiene la responsabilidad de protegerlo tiene que intervenir para detenerla. Es decir, en el centro los adultos tienen la obligación de proteger y el menor tiene derecho a ser protegido.

Por otro lado, el hecho de que parte de los acontecimientos se produzca fuera del recinto escolar tampoco permite automáticamente que el centro se desentienda. El ciberacoso ha cambiado radicalmente la realidad porque antes un menor podía llegar a casa y encontrar un espacio de seguridad, mientras que hoy puede recibir amenazas, insultos, burlas, fotografías humillantes o campañas de desprestigio en su propio dormitorio. Puede apagar las luces de su habitación y seguir siendo acosado a través de una pantalla, puede estar rodeado de su familia y, al mismo tiempo, sentirse completamente solo.

Por eso resulta tan peligrosa esa frase que todavía se escucha algunas veces: «Eso ocurrió fuera del instituto». Si los hechos están relacionados con la convivencia escolar, afectan a alumnos del centro, tienen consecuencias sobre la seguridad o el bienestar del menor y existe una situación que requiere protección, no podemos reducir la realidad a cuatro paredes y un horario lectivo. En Andalucía, al menos, las instrucciones específicas sobre ciberacoso se elaboraron para concretar la actuación de los centros ante situaciones de acoso que se producen a través de medios tecnológicos, incluidas aquellas en las que la violencia puede proyectarse más allá del espacio físico del centro. La violencia no deja de ser violencia porque ocurra a las cinco de la tarde o porque utilice un teléfono móvil como instrumento.

Pero debemos ser igualmente rigurosos desde el punto de vista jurídico. Que un centro no actúe ante un caso de acoso no significa automáticamente que el director, un profesor o la propia institución hayan cometido un delito, porque la responsabilidad penal exige que concurran los elementos concretos previstos por la legislación penal. El Código Penal establece, además, que determinados delitos pueden cometerse por omisión cuando la no evitación del resultado, existiendo un especial deber jurídico de actuar, pueda equipararse jurídicamente a su causación, y contempla asimismo determinados supuestos específicos de omisión del deber de impedir delitos. 

Ser contundentes en la defensa de los menores no significa, por tanto, que debamos ser jurídicamente imprecisos. Lo que sí significa es recordar que la pasividad institucional no es jurídicamente irrelevante y que, dependiendo de las circunstancias concretas, del conocimiento que se tuviera, de las obligaciones existentes, de las medidas que podían adoptarse, del daño producido y de la relación causal entre la conducta y ese daño, pueden surgir diferentes tipos de responsabilidad.

Una actuación negligente, una omisión injustificada, la falta de medidas de protección o una respuesta institucional claramente insuficiente pueden generar consecuencias de distinta naturaleza dependiendo de las circunstancias del caso. Pueden existir responsabilidades disciplinarias o administrativas y, cuando concurran los requisitos legalmente exigidos, responsabilidades civiles por los daños y perjuicios ocasionados. En determinados supuestos especialmente graves también puede entrar en consideración la responsabilidad penal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.

El Código Civil contempla, además, la responsabilidad de los titulares de los centros docentes por determinados daños causados por alumnos menores mientras se encuentran bajo el control o vigilancia del profesorado, desarrollando actividades escolares, extraescolares o complementarias, en los términos establecidos por el artículo 1903. Esto significa que detrás de cada caso de acoso no solamente existe una cuestión educativa o disciplinaria, porque cuando existe un daño que puede acreditarse y concurren los presupuestos legales de responsabilidad, también puede existir una dimensión jurídica y económica que no puede ignorarse. 

Pero hay algo todavía más importante que cualquier indemnización. Un niño no debería tener que llegar a un juzgado para conseguir que un adulto le crea. Una adolescente no debería tener que sufrir un deterioro profundo de su bienestar para que alguien se tome en serio lo que lleva meses denunciando, y una familia no debería tener que enfrentarse a una administración educativa entera para conseguir algo tan básico como que su hijo pueda acudir al colegio sin miedo.

Aquí también tienen una responsabilidad fundamental la Inspección Educativa y las administraciones educativas. Cuando una familia comunica que un centro no ha actuado correctamente, la respuesta no puede consistir únicamente en recibir un escrito, archivarlo y devolverlo al mismo lugar donde comenzó el problema. Hay que comprobar qué ocurrió, cuándo se tuvo conocimiento de la situación, qué información recibió el centro, qué medidas se adoptaron, qué seguimiento se hizo y, sobre todo, si el menor estuvo realmente protegido durante todo el proceso. El propio protocolo andaluz contempla la comunicación a la Inspección Educativa y el seguimiento de las medidas adoptadas. 

Eso sí, un protocolo que se activa pero no protege es papel, una reunión que se celebra pero no cambia nada es papel y un informe que termina archivado mientras la víctima continúa sufriendo también es papel. Los documentos son necesarios, las comunicaciones son necesarias y los protocolos son imprescindibles, pero ninguno de ellos puede convertirse en un sustituto de la obligación fundamental de proteger al menor cuando existe una situación de violencia.

Nuestros niños y niñas merecen mucho más que papel. Merecen adultos que les crean, centros educativos seguros, profesores que sepan detectar las señales y equipos directivos que actúen cuando aparecen indicios de violencia. Merecen coordinadores y coordinadoras de bienestar y protección que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones, una Inspección Educativa que controle que las obligaciones se cumplen y unas administraciones que entiendan que detrás de cada expediente hay una persona, muchas veces demasiado pequeña para defenderse por sí misma.

También quiero decir algo a quienes están sufriendo acoso y quizá estén leyendo estas palabras en silencio. No es culpa tuya. No tienes que cambiar tu orientación sexual, tu identidad, vuestra forma de vestir, tu cuerpo, tu discapacidad, tu manera de hablar, tu origen, tu personalidad o cualquier otra característica para conseguir que otros dejen de hacerte daño. No tienes que convertirte en otra persona para merecer respeto, porque el respeto no se concede como un premio a quien consigue encajar en las expectativas de los demás. El respeto se tiene que dar sin más.

A las familias les digo que documenten todo, que comuniquen y que guarden los mensajes, capturas, fotografías, audios y cualquier otro elemento que pueda ayudar a acreditar lo sucedido. Es importante comunicar los hechos por los cauces adecuados y solicitar que las actuaciones queden documentadas, porque cuando existe un problema de esta naturaleza dejar constancia de lo ocurrido puede resultar fundamental para determinar posteriormente qué ocurrió, cuándo se conoció, qué medidas se adoptaron y si fueron suficientes.

Y para los centros educativos les digo que no esperen a que ocurra una tragedia para tomar en serio las señales que tenían delante. No esperen a que el menor deje de ir a clase, a que suspenda todas las asignaturas, a que se encierre en su habitación o a que sus padres tengan que acudir desesperados a un abogado. Tampoco esperen a que intervenga la policía o a que un juez tenga que explicarles aquello que alguien debió haber entendido mucho antes, porque cuando existen indicios de violencia contra un menor la obligación es actuar dentro del marco legal y hacerlo con la diligencia que exige la situación.

Cuando un menor dice «tengo miedo de ir al colegio», esa frase debería hacer que todo el sistema se pusiera en marcha. Y cuando un menor dice «me están acosando», lo primero que necesita no es que le preguntemos qué hizo para provocar aquello, sino que le preguntemos cómo podemos protegerlo y qué podemos hacer para que vuelva a sentirse seguro.

La escuela o el instituto no pueden ser lugares donde un menor aprenda que la violencia queda impune. Tienen que ser lugares donde descubran que, cuando alguien pide ayuda, los adultos responden, que su palabra importa y que existen personas dispuestas a utilizar todos los mecanismos disponibles para protegerles.

Porque educar no consiste solamente en enseñar matemáticas, lengua, historia o ciencias. Educar también es proteger, y proteger a un menor frente al acoso no es un favor que hacemos, ni una concesión, ni una cuestión de simpatía. Es una obligación que nace de la ley y, antes incluso que de la ley, de la responsabilidad que como sociedad hemos asumido frente a quienes todavía no pueden defenderse por sí mismos.

Existe una obligación legal de proteger y se incumple, las consecuencias jurídicas pueden llegar. Pero antes que abogados, jueces, fiscales, inspectores o administraciones, deberíamos recordar algo mucho más sencillo. Y es que, al otro lado de cada expediente hay un niño, una niña o un adolescente que tiene derecho a crecer, aprender y relacionarse en un entorno seguro.

Ningún niño debería tener que aprender a sobrevivir en el lugar donde debería sentirse protegido. Ninguna familia debería sentirse sola mientras su hijo está siendo víctima de acoso. Y ningún profesional que tenga la obligación de intervenir debería olvidar que detrás de una denuncia no hay simplemente un problema de convivencia, sino una persona menor de edad que puede estar viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

Que ningún niño vuelva a confundir el silencio de los adultos con la ausencia de una salida, porque cuando un menor pide ayuda, toda la sociedad tiene la obligación de escucharle, creerle y protegerle.

Ante el acoso, mirar hacia otro lado también deja huella.

Proteger no es una opción.

Es un deber.

Homo Sapiens Fascista Hispanicus

A veces, uno siente vergüenza de que especímenes como algunos que vemos en televisión compartan nuestra misma nacionalidad. Hay una clase de individuo que parece despertar únicamente cuando encuentra una desgracia que pueda utilizar como combustible para su propio resentimiento. 

Es un personaje que no necesita conocer los hechos, comprobar los datos, escuchar a quienes están sufriendo ni distinguir entre una información contrastada y un bulo de WhatsApp. Le basta una imagen, un vídeo convenientemente descontextualizado y una pantalla desde la que soltar todo aquello que, en una sociedad democrática, normalmente se ve obligado a disimular. 

La situación de Ceuta le ofrece exactamente lo que necesita. Le aporta miedo, tensión, incertidumbre y personas vulnerables para llevar a cabo su manipulación. Un escenario perfecto para que salga de su madriguera y convierta el sufrimiento ajeno en un vertedero donde depositar toda la basura ideológica que lleva dentro. Porque, en el fondo, Ceuta le importa una mierda, porque, a veces, ni siquiera es capaz de situarla en el mapa. Le importa lo mismo que la sanidad pública, que la educación pública, los derechos de las mujeres o de las minorías. Solo le importa lo que su cerebro unineuronal, adoctrinado y acomplejado, pero cincelado en el gimnasio para alimentar su mini-ego, pueda entender sin demasiadas explicaciones, como los libros de parvulitos. 

Se trata del “homo sapiens fascista hispanicus”, una criatura perfectamente adaptada a las redes sociales, caracterizada por una combinación particularmente curiosa de escasos conocimientos, absoluta seguridad en sí misma, nula capacidad de autocrítica y una extraordinaria facilidad para convertir cualquier tragedia en una excusa para odiar. 

No contempla personas, contempla categorías. El migrante deja de ser una persona con nombre, familia, historia, miedo, necesidades y derechos para convertirse en “el invasor”; el musulmán deja de ser un individuo para transformarse en una amenaza colectiva; la mujer que no acepta sus normas deja de ser una ciudadana libre y pasa a ser alguien a quien hay que recordar cuál es “su sitio”; y la persona LGTBIQ+ deja de ser un ser humano con exactamente la misma dignidad que cualquier otro para convertirse, en su particular delirio, en una provocación, una enfermedad, una amenaza o un objetivo sobre el que descargar sus frustraciones.

Lo verdaderamente fascinante es la rapidez con la que este espécimen se convierte en experto universal. Ayer probablemente no sabía distinguir entre asilo, inmigración irregular, refugio y protección internacional; hoy pontifica sobre política migratoria. Ayer jamás había abierto un tratado de derecho internacional; hoy decide quién tiene derechos y quién no. Ayer no había dedicado cinco minutos a estudiar el islam; hoy habla en nombre de más de mil millones de personas. Y mañana, si la actualidad se lo permite, será epidemiólogo, constitucionalista, economista, estratega militar, vulcanólogo, ufólogo, físico cuántico y de nivel legendario +10.000 “farmeando aura”. Todo ello con la autoridad de quien ha obtenido su doctorado en la Universidad Internacional de Tres Vídeos de TikTok; un Máster en Conspiración Geopolítica en Cuatro Memes’ College, y Título de Experto en Balidos Ibéricos y Berreas en el centro de Estudios Audio de WhatsApp. Así que, cuando la ignorancia se mezcla con arrogancia, produce esa curiosa sensación de omnisciencia que tanto caracteriza al imbécil convencido de que su prejuicio es una tesis doctoral.

Su método intelectual para el rebuzno sistemático tampoco tiene desperdicio. Primero decide lo que quiere creer y después sale a buscar cualquier cosa que pueda utilizar para justificarlo. Igual que Iker Jiménez, buscando fantasmas con cámaras de infrarrojos en un edificio donde, con suerte, solo encuentra algún roedor enseñando artes marciales a cuatro tortugas antes de despertarse del sueño. Pero no se detiene ahí. Si delinque una persona extranjera, el delito deja de ser individual y pasa a convertirse en una característica de millones; si lo comete un español, descubre repentinamente que existe la responsabilidad individual y que “no se puede generalizar”; y si un musulmán comete una atrocidad, el islam entero comparece ante su tribunal imaginario, pero si el criminal es español, la religión, la cultura y cualquier contexto ideológico desaparecen misteriosamente de la ecuación. No hay aquí razonamiento, ni coherencia, ni siquiera una mínima honestidad intelectual. Hay simplemente un prejuicio desesperado por encontrar argumentos con los que disfrazarse de pensamiento.

Pero el espectáculo resulta todavía más revelador cuando uno observa que el racismo y la xenofobia rara vez vienen solos. El mismo mecanismo mental que convierte al extranjero en enemigo suele producir también al machista que necesita que las mujeres conozcan “su sitio”, al homófobo que considera intolerable que dos hombres se besen en público y al tránsfobo que cree tener autoridad para decidir quién tiene derecho a existir conforme a su propia identidad. No son cuatro odios independientes que casualmente se encuentran en las mismas personas. Con frecuencia son distintas caras de una misma pulsión autoritaria y de la necesidad enfermiza de establecer quién manda, quién obedece, quién pertenece, quién sobra y quién merece ser tratado como un ciudadano o ciudadana de segunda.

El patrón es siempre el mismo. El extranjero debe integrarse, pero bajo sus condiciones; la mujer debe ser libre, pero sin incomodar demasiado; la persona homosexual puede existir, pero mejor si no se nota; la persona trans puede vivir, pero sin reclamar demasiado; el musulmán puede estar aquí, pero siempre bajo sospecha hasta que se coma un taquito de jamón con una cerveza Alhambra a lo “Marcos de Quinto” de camino a Ceuta en su yate. Por cierto, el escudo de Ceuta es casi idéntico al de Portugal, lugar donde residió el Sr. Marcos de Quinto para pagar menos impuestos. 

En fin, que todos “los de fuera” deben adaptarse a una idea de normalidad que, casualmente, coincide exactamente con la suya. Y si alguien osa decirles que no es inferior, que no necesita su permiso o que tiene exactamente los mismos derechos, entonces aparece el insulto, la burla, el desprecio y esa maravillosa colección de consignas que llevan décadas reciclando. 

Porque los únicos que pueden hablar de “libertad” y desde “la libertad” (la que solo quieren para sí) son ellos. Quizá esa es probablemente una de las mayores bromas de todo este espectáculo. Quieren libertad para insultar, pero no libertad para quien recibe el insulto; libertad para excluir, pero no para quien reclama inclusión; libertad para imponer sus valores, pero no para quien decide vivir conforme a otros; libertad para hablar, pero una sociedad en la que determinadas personas vuelvan a tener miedo de hablar, amar, vestir, creer o mostrarse como son. Eso no es amor a la libertad, sino autoritarismo con conexión a Internet, una bandera en la foto de perfil, un teclado entre las manos y una cerveza fría en la mano. 

Y eso tampoco es patriotismo. Porque amar España no exige despreciar al extranjero, ni convertir una bandera en una licencia para humillar, ni decidir que los derechos humanos tienen nacionalidad. España no es propiedad privada de quienes gritan más fuerte, ni pertenece exclusivamente al que tiene determinados apellidos, determinada religión, determinado color de piel o determinada orientación sexual. España también pertenece al migrante que trabaja aquí, al musulmán que vive aquí, a la mujer que exige igualdad, al homosexual que camina de la mano de su pareja, a la persona trans que reclama ser reconocida y a cualquiera que contribuya a esta sociedad, haya nacido donde haya nacido. La patria no es un club privado para personas que cumplen los requisitos ideológicos del portero de turno. Dicen amar a España, pero, parafraseando al cantautor argentino Lucas Segovia, “el que no ama a su patria odia a los pobres”. Es decir, quien ama a su país no odia a los pobres, ni tampoco se va fuera, ya sea a Andorra o a Portugal, para pagar menos impuestos, y seguir berreando como ciervos en celo en el Parque Natural de Cazorla en las primeras semanas de otoño.

Por eso resulta especialmente miserable utilizar la situación de Ceuta para alimentar semejante discurso. Una tragedia, un conflicto o una situación de tensión pueden y deben analizarse con seriedad. Se puede discutir sobre fronteras, seguridad, inmigración, integración, delincuencia y política internacional, así como sobre cualquier otra cuestión relacionada, y también se pueden defender políticas diferentes y discrepar profundamente. Lo que no hace falta para ninguna de esas cosas es odiar. El odio no es una política migratoria, ni una estrategia de seguridad, ni un programa político. El odio es la solución intelectual de quien no tiene una solución que ofrecer.

Pero funcionan así. Cuando no pueden explicar un fenómeno complejo, buscan un culpable sencillo; cuando no pueden controlar su miedo, buscan a alguien sobre quien descargarlo; y cuando no pueden construir un proyecto de sociedad, construyen un enemigo. Y así consiguen sentirse fuertes sin haber construido absolutamente nada. Hay algo profundamente triste y, al mismo tiempo, profundamente ridículo en ello, porque, en el fondo, son personas que necesitan imaginar que millones de seres humanos constituyen una amenaza para poder sentirse importantes durante cinco minutos delante de una pantalla de ordenador o de teléfono. 

Confunden patria con superioridad, tradición con sometimiento, masculinidad con dominación, seguridad con crueldad y libertad de expresión con impunidad para convertir al diferente en saco de boxeo. Se llenan la boca hablando de defender Occidente mientras reproducen algunas de las pulsiones más oscuras de la historia europea. Hablan de civilización mientras deshumanizan; hablan de democracia mientras sueñan con ciudadanos de primera y de segunda; hablan de familia mientras desprecian a familias que no se parecen a la suya; hablan de libertad mientras quieren decidir cómo debe vivir el prójimo; y hablan de seguridad mientras convierten a colectivos enteros en sospechosos por el simple hecho de existir. 

Y luego se presentan como los valientes. No hay absolutamente nada de valiente en insultar a una persona vulnerable; no hay nada de coraje en convertir a un colectivo entero en enemigo, no hay patriotismo en deshumanizar al extranjero; no hay masculinidad en pretender controlar a las mujeres; no hay fortaleza en perseguir a una minoría; no hay defensa de la familia en odiar a las personas LGTBIQ+; y no hay ninguna grandeza en necesitar que otra persona sea considerada inferior para poder sentirse superior.

Lo único que hay es cobardía. Una cobardía bastante vulgar, además. Ese tipo de cobardía propio de quien necesita un enemigo porque no sabe quién es sin él; la cobardía de quien jamás tendría el valor de enfrentarse a sus propios prejuicios, pero se siente un héroe cuando encuentra a alguien sobre quien descargarlos; la cobardía de quien se envuelve en una bandera porque necesita que algo aparentemente noble tape la mezquindad de lo que está diciendo.

Quizá lo más repugnante sea su capacidad para intentar convertir todo esto en sentido común. Presentan la xenofobia como realismo, el racismo como preocupación por la seguridad, el machismo como tradición, la LGTBIfobia como opinión y el desprecio al diferente como defensa de la sociedad. Pretenden que aceptemos como normal aquello que, despojado de sus eufemismos, no es más que la vieja y miserable idea de que algunas personas merecen menos respeto que otras.

No, no es verdad. Por mucho que lo digan, una bandera no limpia el odio; la patria no convierte el racismo en patriotismo; la tradición no convierte la discriminación en derecho; la religión no convierte el prejuicio en verdad; y la libertad de expresión no convierte una vileza moral en una virtud.

La historia ya ha conocido demasiadas veces este mecanismo. Primero se construyen categorías humanas. Después se fabrican enemigos. Luego se normaliza el desprecio. Y, finalmente, se intenta presentar la deshumanización como algo razonable, necesario e incluso patriótico. Por eso resulta tan importante no permitir que vuelva a adquirir respetabilidad. Porque las democracias no se destruyen únicamente cuando desaparecen las instituciones; también se deterioran cuando una sociedad empieza a considerar aceptable que determinadas personas sean tratadas como menos humanas que las demás.

Ceuta no necesita más odio. Lo que necesita es seguridad, convivencia, responsabilidad política, derechos humanos y soluciones serias. Necesita ciudadanos capaces de distinguir entre un problema y un chivo expiatorio, entre una política migratoria y una campaña de deshumanización, entre una preocupación legítima y una generalización racista. Necesita bastante menos tertulia de barra de bar disfrazada de análisis y bastante más inteligencia, humanidad y sentido de la responsabilidad.

Porque una sociedad verdaderamente fuerte no necesita fabricar inferiores; una sociedad segura no necesita odiar; una sociedad orgullosa no necesita humillar; y una democracia digna no necesita chivos expiatorios. La grandeza de una sociedad no se demuestra cuando protege únicamente a quienes se parecen a ella, sino cuando, precisamente en los momentos de miedo, se niega a convertir al diferente en enemigo.

Quizá por eso el nombre resulte tan apropiado llamarlo Homo sapiens, “el ser humano que sabe”. ¡Qué ironía tan extraordinaria! Porque cuando desaparecen el conocimiento, la empatía, la razón y la capacidad de reconocer la humanidad del otro, queda muy poco de “sapiens” y bastante de “fascista hispanicus”. Queda el prejuicio, queda el resentimiento, queda el miedo, queda el odio, queda una persona intentando convencer a los demás de que su incapacidad para convivir con la diferencia es, en realidad, una muestra de superioridad.

Pero no, no lo es. Es justamente lo contrario. El progreso humano, ese que es propio de la verdadera humanidad, ya sea como sustantivo o como adjetivo, consiste precisamente en haber comprendido que el diferente no es inferior; que una mujer no pertenece a nadie; que una persona homosexual no tiene que esconderse; que una persona trans no necesita permiso para existir; que el migrante no pierde su dignidad al cruzar una frontera; y que el musulmán no deja de ser humano por practicar otra religión. El progreso humano y la verdadera humanidad consisten en comprender que ninguna persona tiene que ser colocada por debajo para que otra pueda sentirse por encima.

Por eso, frente a quienes pretenden utilizar Ceuta para sacar a pasear el racismo, la xenofobia, el machismo y la LGTBIfobia, la respuesta tiene que ser contundente. No hay que combatir a personas por lo que son, sino ideas por lo que hacen. Hay que combatir el prejuicio con educación, la mentira con hechos, la deshumanización con derechos, el fanatismo con democracia y la intolerancia con una defensa firme de la dignidad humana. Porque sí, la historia de la humanidad también es una historia de extinciones. En el pasado, otros homínidos y otras especies del género “Homo” desaparecieron. A ver si estos se extinguen también, de una vez por todas.

Pero no me refiero a que se extingan sus cuerpos ni sus vidas. Eso es propio de una clase regímenes genocidas que algunos de ellos añoran. Me refiero a su odio, a su racismo, a su xenofobia, a su machismo, a su LGTBIfobia, a su fanatismo y a esa miserable necesidad de fabricar seres humanos de primera y de segunda para sentirse superiores.

Que se extinga esa mentalidad y que termine, de una vez por todas, en el museo de los errores humanos, junto a todas aquellas formas de barbarie que alguna vez fueron consideradas normales, respetables o inevitables.

Ojalá algún día nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas puedan mirar atrás, leer todo esto y preguntarse, con auténtico estupor, cómo demonios pudo existir una época en la que alguien creyera que odiar al diferente era una forma de defender su país.

Porque eso no es patriotismo. 

Es fascismo.