(Escrito en 🇪🇸🇲🇽 – Written in 🇬🇧🇺🇸 – Napisane po 🇵🇱🇱🇹 )

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

La batalla por el Tribunal Constitucional polaco vuelve a situar a Europa ante una pregunta incómoda. ¿Quién garantiza los derechos fundamentales cuando las propias instituciones encargadas de protegerlos se convierten en protagonistas de una crisis constitucional?

Polonia vuelve a estar en el centro de una profunda crisis institucional que debería preocupar a toda Europa. Lo que está sucediendo estos días en Varsovia no es simplemente un enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Tusk y el presidente de la República, Karol Nawrocki. Estamos ante una disputa de enorme trascendencia jurídica que afecta a la independencia judicial, la separación de poderes, la legitimidad de las instituciones democráticas y, sobre todo, a las garantías que permiten proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. El conflicto ha alcanzado un nuevo punto de tensión entre el 30 y el 31 de octubre de 2026, con enfrentamientos alrededor del Tribunal Constitucional, concentraciones ciudadanas, presencia policial y acusaciones cruzadas de vulneración del orden constitucional.

Para comprender lo que está ocurriendo debemos retroceder hasta 2015, cuando el entonces Gobierno del partido nacionalconservador Ley y Justicia (PiS) inició una profunda transformación del sistema judicial polaco. Aquellas reformas fueron cuestionadas reiteradamente por las instituciones europeas, que advirtieron sobre la creciente influencia del poder político en el nombramiento de jueces y el debilitamiento de las garantías de independencia judicial.

La llegada de Donald Tusk al Gobierno en diciembre de 2023 abrió una nueva etapa. Su coalición convirtió la recuperación del Estado de derecho en una de sus principales prioridades. Sin embargo, la reconstrucción institucional ha resultado mucho más complicada de lo previsto, especialmente por la resistencia de determinados sectores judiciales y la confrontación con la Presidencia de la República.

El Tribunal Constitucional se ha convertido en el epicentro de esta batalla. Durante marzo de 2026, el Parlamento polaco eligió seis nuevos magistrados para cubrir vacantes en el Tribunal Constitucional. El presidente Nawrocki aceptó el juramento de dos de ellos, pero rechazó facilitar la incorporación de los restantes. Cuatro de los magistrados afectados terminaron prestando juramento el 9 de abril ante representantes parlamentarios y remitieron posteriormente la documentación a la Presidencia. El problema es que el Tribunal Constitucional y su presidencia se negaron a reconocer plenamente su incorporación, impidiendo que ejercieran sus funciones jurisdiccionales.

La controversia llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 6 de mayo de 2026, Estrasburgo adoptó una medida provisional en el asunto Dziurda y otros contra Polonia, solicitando a las autoridades polacas que no obstaculizaran el ejercicio de las funciones judiciales de los cuatro magistrados afectados. Conviene precisar que estamos ante una medida cautelar, no ante una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Sin embargo, su importancia institucional es considerable.

El Consejo de Europa también ha intervenido a través de su Comisión de Venecia. En octubre de 2026 publicó un dictamen sobre las competencias presidenciales en el nombramiento de magistrados y la prestación de juramento. Su interpretación limita la posibilidad de convertir la intervención presidencial en un mecanismo de bloqueo de los nombramientos judiciales. La cuestión fundamental es que el Parlamento tiene competencias constitucionales para elegir a los integrantes del Tribunal y la Presidencia no puede transformar sus atribuciones en un instrumento de control político sobre la composición judicial.

La situación se agravó el pasado 30 de octubre. La magistrada Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión temporal de las funciones del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, asumiendo la dirección de la institución. La decisión fue rechazada por los afectados y por los sectores próximos al PiS. La confrontación terminó trasladándose físicamente a la sede del Tribunal, donde se produjeron incidentes, protestas y un importante despliegue policial. El presidente Nawrocki calificó lo sucedido de toma ilegal de una institución constitucional, mientras que el Gobierno defendió sus actuaciones como parte de los esfuerzos para recuperar la independencia judicial. El primer ministro Donald Tusk ha insistido en que restaurar el Estado de derecho no significa aceptar actuaciones ilegales ni episodios de violencia.

¿Qué significa todo esto desde una perspectiva jurídica europea y de derechos humanos? En primer lugar, debemos recordar que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos constituyen valores fundamentales de la Unión. No son declaraciones programáticas ni recomendaciones políticas. Son compromisos jurídicos que vinculan a todos los Estados miembros.

Por su parte, el artículo 19 del mismo Tratado exige que los Estados garanticen una tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. El artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales reconoce, cuando resulta aplicable el Derecho de la Unión, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez independiente e imparcial. Esto tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. Sin jueces independientes no existe una garantía suficientemente sólida frente a las decisiones arbitrarias del poder. Tampoco puede garantizarse adecuadamente la protección de las víctimas de discriminación, las minorías, las personas LGTBIQ+, las mujeres, los menores o quienes sufren vulneraciones de sus libertades fundamentales.

En diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia especialmente relevante en el asunto C-448/23, Comisión contra Polonia. Declaró que Polonia había incumplido obligaciones europeas al cuestionar principios esenciales del ordenamiento jurídico de la Unión y concluyó que determinadas irregularidades en los nombramientos impedían considerar al Tribunal Constitucional polaco un órgano independiente e imparcial establecido por la ley.

No estamos, por tanto, ante una preocupación política abstracta. Existe un pronunciamiento judicial europeo que acredita la gravedad de algunos de los problemas estructurales del sistema judicial polaco.

Ahora bien, tampoco podemos cometer el error de considerar que cualquier actuación del Gobierno de Tusk queda automáticamente legitimada por su propósito de restaurar la independencia judicial. El Estado de derecho obliga a todos los poderes públicos, incluidos aquellos que pretenden repararlo. La legalidad de los procedimientos, el respeto a las competencias constitucionales y las garantías procesales deben mantenerse incluso cuando existe una necesidad urgente de transformación institucional.

Europa debe exigir responsabilidades, pero también coherencia. Lo que sucede en Polonia nos recuerda que una democracia no se mide exclusivamente por la celebración periódica de elecciones. Se mide por la capacidad de sus instituciones para limitar el poder, proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y garantizar que ninguna persona quede desprotegida frente a las decisiones arbitrarias de quienes gobiernan.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía de la ciudadanía. Y cuando esa garantía se debilita, no solamente peligra la arquitectura constitucional de un Estado. También se resiente la protección de todos los derechos que hacen posible una sociedad verdaderamente libre, igualitaria y democrática.

Porque el Estado de derecho no puede depender de quién ocupa el Gobierno, de quién controla el Parlamento o de quién reside en el palacio presidencial. Debe permanecer por encima de todos ellos. Una democracia sin justicia independiente puede conservar sus instituciones, sus elecciones y sus discursos, pero corre el riesgo de perder aquello que verdaderamente la hace democrática.

Una democracia solo lo es realmente cuando el poder está sometido a la ley, la justicia es independiente y los derechos humanos no dependen de la voluntad de quienes gobiernan, sino que están garantizados frente a cualquier poder.

Eso es precisamente lo que está en riesgo.

La libertad de toda una sociedad.

🇵🇱POLSKI🇱🇹

POLSKA, DEMOKRACJA W STANIE KONFLIKTU

Walka o polski Trybunał Konstytucyjny ponownie stawia Europę wobec niewygodnego pytania. Kto stoi na straży praw podstawowych, gdy instytucje powołane do ich ochrony same stają się uczestnikami kryzysu konstytucyjnego?

Polska ponownie znalazła się w centrum głębokiego kryzysu instytucjonalnego, który powinien budzić niepokój całej Europy. To, co dzieje się obecnie w Warszawie, nie jest jedynie konfliktem między rządem Donalda Tuska a prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim. Jest to spór o ogromnym znaczeniu prawnym, dotyczący niezależności sądownictwa, podziału władzy, legitymacji instytucji demokratycznych, a przede wszystkim gwarancji zapewniających ochronę podstawowych praw obywateli. Konflikt osiągnął nowy poziom napięcia między 30 a 31 października 2026 roku. Doszło wówczas do starć w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego, demonstracji publicznych, interwencji policji oraz wzajemnych oskarżeń o naruszanie porządku konstytucyjnego.

Aby zrozumieć obecną sytuację, należy cofnąć się do 2015 roku, kiedy ówczesny rząd konserwatywno-narodowej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) rozpoczął daleko idącą przebudowę polskiego systemu sądownictwa. Reformy te były wielokrotnie kwestionowane przez instytucje europejskie, które ostrzegały przed rosnącym wpływem władzy politycznej na powoływanie sędziów oraz osłabianiem gwarancji niezależności sądownictwa.

Powrót Donalda Tuska do władzy w grudniu 2023 roku otworzył nowy rozdział. Jego koalicja uczyniła przywrócenie praworządności jednym ze swoich głównych priorytetów. Jednak odbudowa instytucji okazała się znacznie trudniejsza, niż początkowo zakładano, zwłaszcza ze względu na opór części środowiska sędziowskiego oraz konflikt z Prezydentem RP.

Trybunał Konstytucyjny stał się epicentrum tego sporu. W marcu 2026 roku polski parlament wybrał sześciu nowych sędziów na wakujące stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Nawrocki odebrał ślubowanie od dwóch z nich, ale odmówił umożliwienia objęcia stanowisk pozostałym. Czterech sędziów, których dotyczył spór, złożyło ostatecznie ślubowanie 9 kwietnia przed przedstawicielami parlamentu, a następnie przekazało odpowiednią dokumentację do Kancelarii Prezydenta. Problem polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny i jego kierownictwo odmówiły pełnego uznania ich statusu, uniemożliwiając im wykonywanie obowiązków orzeczniczych.

Spór trafił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 6 maja 2026 roku Trybunał w Strasburgu zastosował środek tymczasowy w sprawie Dziurda i inni przeciwko Polsce, zwracając się do polskich władz o nieutrudnianie czterem sędziom wykonywania ich obowiązków orzeczniczych.

Należy podkreślić, że był to środek tymczasowy, a nie ostateczny wyrok rozstrzygający istotę sprawy. Niemniej jednak jego znaczenie instytucjonalne jest bardzo duże.

Rada Europy również zabrała głos za pośrednictwem Komisji Weneckiej. W październiku 2026 roku opublikowała ona opinię dotyczącą uprawnień prezydenta w zakresie powoływania sędziów i przyjmowania od nich ślubowania. Przedstawiona interpretacja ogranicza możliwość wykorzystywania udziału prezydenta jako narzędzia blokowania nominacji sędziowskich. Zasadnicze znaczenie ma fakt, że parlament posiada konstytucyjne kompetencje do wyboru członków Trybunału, a Prezydent RP nie może przekształcać swoich uprawnień w instrument politycznej kontroli nad składem sądu konstytucyjnego.

Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu 30 października. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła czasowe zawieszenie w wykonywaniu obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, przejmując kierowanie instytucją. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem osób bezpośrednio nią objętych oraz środowisk politycznych związanych z PiS.

Konfrontacja przeniosła się ostatecznie do siedziby Trybunału, gdzie doszło do incydentów i protestów, a na miejscu pojawiły się znaczne siły policyjne. Prezydent Nawrocki określił te wydarzenia jako nielegalne przejęcie instytucji konstytucyjnej, podczas gdy rząd bronił swoich działań jako elementu wysiłków na rzecz przywrócenia niezależności sądownictwa. Premier Donald Tusk podkreślił, że przywracanie praworządności nie oznacza akceptowania działań niezgodnych z prawem ani aktów przemocy.

Co to wszystko oznacza z punktu widzenia europejskiego porządku prawnego i ochrony praw człowieka? Przede wszystkim należy pamiętać, że art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ustanawia poszanowanie godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka jako podstawowe wartości Unii. Nie są to jedynie deklaracje polityczne ani niewiążące zalecenia. Są to zobowiązania prawne, które wiążą wszystkie państwa członkowskie.

Z kolei art. 19 tego samego traktatu zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej. Art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje, w zakresie stosowania prawa UE, prawo do skutecznego środka prawnego oraz do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd.

Ma to bezpośredni wpływ na życie ludzi. Bez niezależnych sędziów nie istnieją wystarczająco silne gwarancje ochrony przed arbitralnym sprawowaniem władzy. Nie można również właściwie zagwarantować ochrony ofiar dyskryminacji, mniejszości, osób LGBTIQ+, kobiet, dzieci ani wszystkich tych, których podstawowe wolności zostały naruszone.

W grudniu 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał szczególnie istotny wyrok w sprawie C-448/23, Komisja przeciwko Polsce. Stwierdził, że Polska naruszyła swoje zobowiązania europejskie, kwestionując podstawowe zasady porządku prawnego Unii. Uznał również, że określone nieprawidłowości związane z powoływaniem sędziów uniemożliwiają uznanie polskiego Trybunału Konstytucyjnego za niezależny i bezstronny sąd ustanowiony na mocy ustawy.

Nie mamy zatem do czynienia z abstrakcyjnym problemem politycznym. Istnieje orzeczenie europejskiego sądu potwierdzające powagę niektórych strukturalnych problemów polskiego systemu sądownictwa.

Nie możemy jednak popełniać błędu polegającego na założeniu, że każde działanie rządu Donalda Tuska jest automatycznie uzasadnione tylko dlatego, że jego deklarowanym celem jest przywrócenie niezależności sądownictwa. Zasada praworządności wiąże wszystkie organy władzy publicznej, również te, które dążą do jej odbudowy. Legalność procedur, poszanowanie kompetencji konstytucyjnych oraz gwarancje procesowe muszą być zachowane nawet wtedy, gdy reforma instytucjonalna jest pilnie potrzebna.

Europa musi domagać się odpowiedzialności, ale również konsekwencji w przestrzeganiu zasad. To, co dzieje się w Polsce, przypomina nam, że demokracji nie można oceniać wyłącznie na podstawie regularnie przeprowadzanych wyborów. Jej miarą jest również zdolność instytucji do ograniczania władzy politycznej, ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zapewnienia, że nikt nie pozostanie bezbronny wobec arbitralnych decyzji rządzących.

Niezależność sądownictwa nie jest przywilejem sędziów. Jest gwarancją przysługującą każdemu obywatelowi. Kiedy ta gwarancja zostaje osłabiona, zagrożona jest nie tylko konstytucyjna struktura państwa. Osłabieniu ulega również ochrona wszystkich praw, które umożliwiają funkcjonowanie społeczeństwa rzeczywiście wolnego, równego i demokratycznego.

Praworządność nie może zależeć od tego, kto sprawuje władzę wykonawczą, kto kontroluje parlament ani kto zasiada w Pałacu Prezydenckim. Musi stać ponad nimi wszystkimi. Demokracja pozbawiona niezależnego sądownictwa może zachować swoje instytucje, wybory i polityczną retorykę, ale ryzykuje utratę tego, co naprawdę czyni ją demokracją.

Demokracja jest prawdziwie demokratyczna tylko wtedy, gdy władza podlega prawu, sądownictwo pozostaje niezależne, a prawa człowieka nie zależą od woli rządzących, lecz są chronione przed każdą formą nadużywania władzy.

Właśnie to jest dziś zagrożone.

Wolność całego społeczeństwa.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

POLAND, A DEMOCRACY IN CONFLICT

The battle over Poland’s Constitutional Tribunal has once again confronted Europe with an uncomfortable question. Who safeguards fundamental rights when the very institutions entrusted with protecting them become central players in a constitutional crisis?

Poland is once again at the centre of a profound institutional crisis that should concern all of Europe. What is happening in Warsaw these days is not simply a confrontation between the government of Donald Tusk and the President of the Republic, Karol Nawrocki. It is a dispute of enormous legal significance, affecting judicial independence, the separation of powers, the legitimacy of democratic institutions and, above all, the safeguards that protect the fundamental rights of citizens. The conflict reached a new level of tension between 30 and 31 October 2026, with clashes around the Constitutional Tribunal, public demonstrations, a police presence and mutual accusations of violating the constitutional order.

To understand what is happening, we must go back to 2015, when the then government of the national conservative Law and Justice party (PiS) began a far reaching transformation of the Polish judicial system. These reforms were repeatedly challenged by European institutions, which warned about the growing influence of political power over judicial appointments and the weakening of safeguards protecting judicial independence.

Donald Tusk’s return to government in December 2023 opened a new chapter. His coalition made restoring the rule of law one of its main priorities. However, rebuilding the institutional framework has proved far more complicated than expected, particularly because of resistance from certain sectors of the judiciary and the confrontation with the Presidency.

The Constitutional Tribunal has become the epicentre of this battle. In March 2026, the Polish Parliament elected six new judges to fill vacancies on the Constitutional Tribunal. President Nawrocki accepted the oaths of office of two of them but refused to facilitate the appointment of the remaining judges. Four of the judges concerned eventually took their oaths before parliamentary representatives on 9 April and subsequently submitted the relevant documentation to the Presidency. The problem is that the Constitutional Tribunal and its leadership refused to fully recognise their appointments, preventing them from exercising their judicial functions.

The dispute reached the European Court of Human Rights. On 6 May 2026, the Strasbourg Court issued an interim measure in the case of Dziurda and Others v. Poland, asking the Polish authorities not to obstruct the four judges from performing their judicial duties. It is important to clarify that this was an interim measure, not a final judgment on the merits of the case. Nevertheless, its institutional significance is considerable.

The Council of Europe has also intervened through its Venice Commission. In October 2026, it published an opinion on presidential powers concerning the appointment of judges and the administration of their oaths of office. Its interpretation limits the possibility of using presidential involvement as a means of blocking judicial appointments. The fundamental point is that Parliament has constitutional powers to elect members of the Tribunal, and the Presidency cannot turn its constitutional powers into an instrument of political control over the composition of the judiciary.

The situation deteriorated further on 30 October. Judge Anna Korwin-Piotrowska announced the temporary suspension of the duties of the President of the Constitutional Tribunal, Bogdan Święczkowski, and its Vice President, Bartłomiej Sochański, taking over the leadership of the institution. The decision was rejected by those concerned and by political circles close to PiS.

The confrontation eventually moved to the Tribunal’s headquarters, where incidents and protests took place, accompanied by a significant police deployment. President Nawrocki described what had happened as an illegal takeover of a constitutional institution, while the government defended its actions as part of its efforts to restore judicial independence. Prime Minister Donald Tusk has insisted that restoring the rule of law does not mean accepting unlawful actions or acts of violence.

What does all this mean from a European legal and human rights perspective? First, we must remember that Article 2 of the Treaty on European Union establishes respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights as fundamental values of the Union. These are not merely political declarations or recommendations. They are legal commitments binding on all Member States.

Article 19 of the same Treaty requires Member States to ensure effective judicial protection in the fields covered by EU law. Article 47 of the Charter of Fundamental Rights recognises, where EU law applies, the right to an effective remedy and to a fair hearing before an independent and impartial tribunal.

This has direct consequences for people’s lives. Without independent judges, there can be no sufficiently robust safeguard against arbitrary exercises of power. Nor can the protection of victims of discrimination, minorities, LGBTIQ+ people, women, children or anyone whose fundamental freedoms have been violated be properly guaranteed.

In December 2025, the Court of Justice of the European Union delivered a particularly significant judgment in Case C-448/23, Commission v Poland. It found that Poland had breached its European obligations by challenging essential principles of the EU legal order. It also concluded that certain irregularities in judicial appointments prevented the Polish Constitutional Tribunal from being regarded as an independent and impartial tribunal established by law.

We are therefore not dealing with an abstract political concern. There is a European judicial ruling demonstrating the seriousness of some of the structural problems affecting the Polish judicial system.

However, we must also avoid the mistake of assuming that every action taken by Tusk’s government is automatically legitimate simply because its stated purpose is to restore judicial independence. The rule of law binds all public authorities, including those seeking to restore it. Lawful procedures, respect for constitutional powers and procedural safeguards must be maintained even when institutional reform is urgently needed.

Europe must demand accountability, but also consistency. What is happening in Poland reminds us that democracy cannot be measured solely by the periodic holding of elections. It must also be measured by the ability of institutions to limit political power, protect those in vulnerable situations and ensure that nobody is left defenceless against arbitrary decisions by those in government.

Judicial independence is not a privilege enjoyed by judges. It is a safeguard for every citizen. And when that safeguard is weakened, it is not only a country’s constitutional framework that is endangered. The protection of all the rights that make a truly free, equal and democratic society possible is also undermined.

The rule of law cannot depend on who occupies the government, who controls Parliament or who resides in the presidential palace. It must stand above them all. A democracy without an independent judiciary may retain its institutions, its elections and its political rhetoric, but it risks losing what truly makes it democratic.

A democracy is only truly democratic when power is subject to the law, the judiciary is independent and human rights do not depend on the wishes of those in government, but are protected against every form of power.

That is precisely what is at stake.

The freedom of an entire society.