Libertad arrebatada

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷 – Geschrieben in 🇩🇪🇦🇹)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos)

Cuando hablamos de la trata de seres humanos estamos hablando de personas a las que alguien ha arrebatado algo tan esencial como la libertad de decidir sobre su propia vida. Estamos hablar de mujeres, hombres, niñas y niños que, en demasiadas ocasiones, terminan convertidos en mercancía para quienes han encontrado en el sufrimiento ajeno una forma de enriquecerse. Detrás de esta realidad hay historias de engaño, miedo, violencia y desesperación que no siempre conocemos, pero que siguen existiendo a nuestro alrededor, incluso cuando preferimos pensar que se trata de un problema lejano que nada tiene que ver con nosotros.

La trata de seres humanos es una vulneración de los derechos humanos  que continúa siendo una de las formas más graves de explotación de las personas. No hablamos únicamente de redes criminales que actúan en lugares remotos ni de situaciones extraordinarias que aparecen en los informativos, sino de una realidad que atraviesa fronteras, que se adapta a las circunstancias de cada época y que puede esconderse detrás de una oferta de trabajo, una promesa de amor, una oportunidad para escapar de la pobreza o la esperanza de construir una vida mejor.

La trata puede adoptar muchas formas. La explotación sexual, los trabajos forzados, la servidumbre doméstica, la mendicidad forzada, los matrimonios forzados y otras prácticas de explotación tienen algo en común, aunque las circunstancias de cada víctima sean diferentes. Todas parten de una idea profundamente cruel, la de que hay personas cuya libertad puede comprarse, venderse o utilizarse para satisfacer los intereses de otras. Es como si la dignidad humana tuviera un precio y existieran vidas que pudieran ponerse al servicio de quienes disponen de más poder, más dinero o menos escrúpulos.

Quizá una de las cosas más difíciles de comprender sea que la trata no siempre comienza con una agresión evidente. A veces empieza con una oferta que parece una oportunidad de trabajo extraordinaria, con alguien que se presenta como una persona de confianza o con una promesa que llega precisamente cuando más se necesita creer que las cosas pueden cambiar. Una persona que no encuentra trabajo, una familia que atraviesa dificultades económicas o alguien que huye de la guerra puede aceptar una propuesta pensando que está dando el primer paso hacia una vida digna. El engaño aparece después, cuando las condiciones cambian, las deudas se multiplican cada día, los documentos que demuestran que existes desaparecen y todo aquello que parecía una salida termina convirtiéndose en una trampa.

Quienes se dedican a la trata conocen muy bien las necesidades humanas y saben aprovecharse de ellas. Se aprovechan de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades y del deseo legítimo de ofrecer un futuro mejor a quienes queremos. También se aprovechan de las personas que no cuentan con una red de apoyo, que desconocen sus derechos o que temen acudir a las autoridades por las consecuencias que podría tener hacerlo. Así que no estamos ante una debilidad de las víctimas, sino ante una estrategia de quienes utilizan sus circunstancias personas de personas en vulnerabilidad extrema para someterlas y obtener beneficios a costa de su sufrimiento.

La explotación sexual es una de las formas de trata que más visibilidad ha adquirido, pero no podemos olvidar que la realidad es mucho más amplia. Hay personas obligadas a trabajar durante jornadas interminables sin recibir una remuneración justa,  en condiciones de práctica esclavitud y sometidas a amenazas constantes o viviendo en condiciones indignas. Hay mujeres que realizan trabajos domésticos sin libertad para abandonar el domicilio en el que se encuentran, personas forzadas a mendigar y menores que son utilizados por adultos que deberían protegerlos. También existen víctimas captadas mediante falsas ofertas laborales y trasladadas a lugares donde terminan siendo obligadas a participar en actividades delictivas, incluidas estafas por internet. La tecnología, que puede ser una herramienta extraordinaria para mejorar nuestras vidas, también está siendo utilizada por las redes criminales para captar, controlar y explotar a otras personas.

Detrás de cada una de estas situaciones hay una historia de una víctima de trata que merece ser escuchada. Puede que nunca lleguemos a conocer el nombre de quienes sufren estas formas de explotación, que no sepamos de dónde vienen ni qué sueños tenían antes de encontrarse atrapados en una realidad que nunca eligieron. Pero sí podemos comprender que ninguna persona debería verse obligada a entregar su libertad para sobrevivir, que la necesidad económica no justifica el abuso y que ninguna promesa puede legitimar la violencia o la privación de derechos fundamentales.

Las consecuencias de la trata tampoco desaparecen necesariamente cuando una víctima consigue escapar o recibe ayuda. El miedo, la desconfianza, la ansiedad y las heridas psicológicas pueden acompañarla durante mucho tiempo. Recuperar la autonomía, reconstruir los vínculos personales y volver a sentirse segura requiere tiempo, apoyo y un entorno que no la culpabilice por lo que ha vivido. A veces, el camino hacia una nueva vida comienza con algo tan sencillo y tan importante como encontrar a alguien que escuche sin juzgar, que crea en la posibilidad de salir adelante y que no exija explicaciones innecesarias para ofrecer ayuda.

Por eso debemos dejar de preguntarnos por qué las víctimas no denuncian antes, por qué no escaparon cuando tuvieron una oportunidad o por qué confiaron en quienes terminaron explotándolas. Quienes nunca han vivido bajo amenazas quizá no comprendan lo que significa sentir que cada decisión puede poner en peligro la propia vida o la de la familia. Tampoco es fácil pedir ayuda cuando se desconoce el idioma, se carece de recursos económicos, se vive bajo vigilancia o se teme que las autoridades no comprendan la situación. Antes de juzgar a una víctima, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que pueda sentirse protegida.

La respuesta debe comenzar con unas instituciones capaces de identificar las situaciones de trata, investigar a quienes se benefician de ellas y garantizar una protección efectiva a las víctimas. Hace falta coordinación entre países, formación especializada, asistencia jurídica y psicológica, recursos sociales suficientes y alternativas reales para quienes necesitan reconstruir sus vidas. También es imprescindible que las personas explotadas sean reconocidas como titulares de derechos y no tratadas como responsables de unas circunstancias que han sido utilizadas para someterlas. La protección no puede depender de su nacionalidad, de su situación económica ni de que sean capaces de demostrar inmediatamente todo lo que han sufrido.

Pero la responsabilidad de luchar contra la trata no corresponde únicamente a las instituciones. La sociedad también tiene mucho que hacer, empezando por comprender que la trata no siempre se presenta con una apariencia reconocible. Una oferta laboral que promete condiciones extraordinarias sin garantías, una persona que parece vivir bajo un control permanente de otra o alguien que no puede conservar sus documentos ni decidir libremente dónde ir pueden ser señales que merecen atención. Ninguna de ellas demuestra por sí sola que exista trata, pero sí pueden justificar que se busque orientación profesional o se comunique la situación a las autoridades competentes, siempre evitando poner en peligro a la posible víctima.

La educación y la sensibilización son fundamentales para prevenir estas situaciones, pero también debemos aprender a mirar de otra manera a quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad. Las personas migrantes no son responsables de los abusos que puedan sufrir, la pobreza no convierte a nadie en alguien menos digno de protección y el hecho de haber aceptado una oferta de trabajo o haber confiado en otra persona no significa que se haya consentido la explotación. El consentimiento obtenido mediante engaño, coacción o abuso de una situación de vulnerabilidad no puede utilizarse como excusa para justificar la trata.

Tampoco podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas se convierta en una realidad invisible porque ocurre lejos de nuestros hogares o porque no encaja en la imagen que tenemos de este delito. La explotación puede esconderse en espacios cotidianos, en actividades económicas aparentemente normales y en relaciones en las que resulta difícil distinguir, desde fuera, dónde termina la dependencia y dónde comienza el sometimiento. Precisamente por eso necesitamos profesionales preparados, organizaciones sociales con recursos y una ciudadanía dispuesta a informarse, a cuestionar las injusticias y a no mirar hacia otro lado cuando existen motivos razonables para preocuparse.

La lucha contra la trata de seres humanos no debería consistir únicamente en publicar un mensaje, compartir una campaña o recordar durante unas horas que existe un problema en día en que se conmemora su lucha. La verdadera importancia de esta fecha está en lo que hacemos después, en nuestra capacidad para mantener el compromiso durante todo el año y en la exigencia de que las palabras se traduzcan en medidas concretas. Cada víctima que consigue recuperar su libertad importa, cada persona que encuentra protección importa y cada actuación que permite prevenir una nueva situación de explotación representa un avance hacia una sociedad que comprende que los derechos humanos no admiten excepciones.

No podemos devolver a las víctimas el tiempo que les arrebataron, borrar las amenazas que tuvieron que soportar ni eliminar de golpe las consecuencias de la explotación. Pero sí podemos contribuir a que no tengan que enfrentarse solas a la reconstrucción de sus vidas. Podemos exigir que se investigue a quienes se enriquecen con el sufrimiento ajeno, apoyar a las organizaciones que acompañan a las personas afectadas y defender políticas que pongan la protección de la dignidad humana en el centro de sus decisiones. También podemos recordar que detrás de cada cifra hay alguien que tuvo una vida, una familia, unos proyectos y el derecho a decidir sobre su futuro.

La trata de seres humanos nos pone frente al espejo de una realidad incómoda, porque demuestra hasta dónde puede llegar la crueldad cuando el beneficio económico se coloca por encima de la dignidad. Pero también nos recuerda que ninguna persona debería quedar abandonada ante la injusticia y que una sociedad verdaderamente comprometida con los derechos humanos se mide por la forma en que trata a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. No basta con condenar la explotación cuando conocemos sus consecuencias, también tenemos que trabajar para prevenirla, identificarla y combatirla, ofreciendo a las víctimas algo más que palabras de solidaridad.

Hoy, 18 de octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, tenemos que ser capaces de volver la mirada hacia todas esas personas cuya libertad ha sido arrebatada, hacia quienes todavía viven bajo el control de sus explotadores y hacia quienes intentan encontrar una salida sin saber en quién pueden confiar.

Ojalá que sus historias no queden sepultadas bajo la indiferencia, que sus necesidades no se pierdan entre trámites y promesas y que ninguna persona tenga que demostrar que merece ser protegida.

Porque defender los derechos humanos significa comprender que la libertad no es un privilegio reservado a quienes han tenido suerte, sino un derecho que nos pertenece a todos, y que no habrá una sociedad verdaderamente libre mientras alguien pueda enriquecerse convirtiendo la vida de otra persona en una mercancía.

Ningún ser humano tiene derecho a poner precio a otro.

La dignidad humana ni se compra ni se vende.

Y ninguna persona es mercancía.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

Freedom Stolen

(European Anti-Trafficking Day)

When we talk about human trafficking, we are talking about people who have been robbed of something as fundamental as the freedom to decide how to live their own lives. We are talking about women, men, girls and boys who, far too often, end up being treated as commodities by those who have found a way to profit from the suffering of others. Behind this reality lie stories of deception, fear, violence and despair that we may never hear, yet which continue to unfold all around us, even when we would rather believe that this is a distant problem that has nothing to do with us.

Human trafficking is a violation of human rights and remains one of the most serious forms of human exploitation. We are not talking solely about criminal networks operating in faraway places or extraordinary situations that appear on the news. We are talking about a reality that crosses borders, adapts to the circumstances of each era and can hide behind a job offer, a promise of love, an opportunity to escape poverty or the hope of building a better life.

Human trafficking can take many forms. Sexual exploitation, forced labour, domestic servitude, forced begging, forced marriage and other forms of exploitation share something in common, even though each victim’s circumstances may be different. They all stem from a profoundly cruel idea, the belief that some people’s freedom can be bought, sold or used to serve the interests of others. It is as though human dignity had a price and certain lives could be placed at the disposal of those with more power, more money or fewer scruples.

Perhaps one of the hardest things to understand is that human trafficking does not always begin with an obvious act of aggression. Sometimes it starts with an offer that seems like an extraordinary job opportunity, with someone who presents themselves as trustworthy or with a promise that arrives precisely when a person most needs to believe that things can change. Someone who cannot find work, a family struggling financially or a person fleeing war may accept an offer believing that they are taking the first step towards a dignified life. The deception comes later, when the conditions change, debts multiply day after day, documents proving their identity disappear and everything that once seemed like a way out turns into a trap.

Those involved in human trafficking understand human needs very well and know how to exploit them. They take advantage of poverty, inequality, a lack of opportunities and the legitimate desire to provide a better future for the people we love. They also exploit those who have no support network, who are unaware of their rights or who fear approaching the authorities because of the possible consequences. This is not a weakness on the part of the victims, but a strategy used by those who exploit the personal circumstances of people in extremely vulnerable situations to control them and profit from their suffering.

Sexual exploitation is one of the most visible forms of human trafficking, but we must not forget that the reality is far broader. Some people are forced to work endless hours without receiving fair pay, in conditions approaching slavery and under constant threats, or are made to live in degrading conditions. Some women are forced to perform domestic work without being free to leave the homes where they work. Others are forced to beg, while children are exploited by adults who should be protecting them. There are also victims recruited through fraudulent job offers and taken to places where they are forced to participate in criminal activities, including online scams. Technology, which can be an extraordinary tool for improving our lives, is also being used by criminal networks to recruit, control and exploit others.

Behind each of these situations is the story of a human trafficking victim who deserves to be heard. We may never learn the names of those who suffer these forms of exploitation, where they come from or what dreams they had before becoming trapped in a reality they never chose. But we can understand that no one should have to surrender their freedom to survive, that financial hardship does not justify abuse and that no promise can legitimise violence or the denial of fundamental rights.

The consequences of human trafficking do not necessarily disappear when a victim manages to escape or receives help. Fear, mistrust, anxiety and psychological trauma can remain with them for a long time. Regaining independence, rebuilding personal relationships and feeling safe again require time, support and an environment that does not blame them for what they have endured. Sometimes, the journey towards a new life begins with something as simple and as important as finding someone who will listen without judgement, who believes that recovery is possible and who does not demand unnecessary explanations before offering help.

That is why we must stop asking why victims do not report their experiences sooner, why they did not escape when they had the chance or why they trusted those who ultimately exploited them. Those who have never lived under threat may struggle to understand what it means to feel that every decision could put their own life or the lives of their family at risk. Asking for help is not easy when you do not speak the language, have no financial resources, live under constant surveillance or fear that the authorities will not understand your situation. Before judging a victim, we should ask ourselves what we are doing as a society to ensure that they can feel safe.

The response must begin with institutions capable of identifying cases of human trafficking, investigating those who profit from it and ensuring effective protection for victims. We need coordination between countries, specialised training, legal and psychological assistance, sufficient social resources and genuine opportunities for those who need to rebuild their lives. It is also essential that exploited people are recognised as rights holders rather than treated as responsible for circumstances that have been used to control them. Protection must not depend on their nationality, financial situation or ability to prove immediately everything they have suffered.

But the responsibility for fighting human trafficking does not belong to institutions alone. Society also has an important role to play, starting with the understanding that trafficking does not always have a recognisable appearance. A job offer promising extraordinary conditions without guarantees, someone who appears to be under another person’s constant control or a person who cannot keep their own documents or decide freely where to go may all be warning signs that deserve attention. None of these signs alone proves that trafficking is taking place, but they may justify seeking professional advice or informing the relevant authorities, always taking care not to put the potential victim at further risk.

Education and awareness are essential to preventing these situations, but we must also learn to see people in vulnerable circumstances differently. Migrants are not responsible for the abuse they may suffer, poverty does not make anyone less deserving of protection, and accepting a job offer or trusting another person does not mean consenting to exploitation. Consent obtained through deception, coercion or the abuse of a position of vulnerability cannot be used as an excuse to justify human trafficking.

Nor can we allow victims’ suffering to become invisible simply because it happens far from our homes or does not fit the image we have of this crime. Exploitation can be hidden in everyday settings, apparently ordinary economic activities and relationships in which it is difficult for outsiders to distinguish where dependence ends and coercion begins. That is precisely why we need trained professionals, properly resourced social organisations and a public willing to stay informed, challenge injustice and refuse to look the other way when there are reasonable grounds for concern.

The fight against human trafficking should not consist solely of publishing a message, sharing a campaign or remembering for a few hours that this problem exists on the day dedicated to raising awareness of it. The true significance of this day lies in what we do afterwards, in our ability to maintain our commitment throughout the year and in our insistence that words must be translated into concrete action. Every victim who regains their freedom matters. Every person who finds protection matters. And every action that helps prevent another case of exploitation represents progress towards a society that understands that human rights admit no exceptions.

We cannot give victims back the time that was stolen from them, erase the threats they endured or immediately undo the consequences of exploitation. But we can help ensure that they do not have to face the task of rebuilding their lives alone. We can demand investigations into those who enrich themselves through the suffering of others, support organisations that stand alongside those affected and defend policies that place the protection of human dignity at the heart of their decisions. We can also remember that behind every statistic is someone who once had a life, a family, plans for the future and the right to decide what that future would look like.

Human trafficking forces us to confront an uncomfortable reality because it shows just how far cruelty can go when financial gain is placed above human dignity. But it also reminds us that no one should be abandoned in the face of injustice and that a society genuinely committed to human rights is measured by how it treats those in the most vulnerable situations. It is not enough to condemn exploitation once we become aware of its consequences. We must also work to prevent it, identify it and fight it, offering victims far more than words of solidarity.

Today, 18 October, European Anti-Trafficking Day, we must turn our attention to all those people whose freedom has been taken away, to those who still live under the control of their exploiters and to those trying to find a way out without knowing whom they can trust.

Let us hope that their stories will not be buried beneath indifference, that their needs will not be lost among administrative procedures and empty promises, and that no one will ever have to prove that they deserve protection.

Because defending human rights means understanding that freedom is not a privilege reserved for those fortunate enough to enjoy it, but a right that belongs to us all. And there can be no truly free society while anyone is allowed to enrich themselves by turning another person’s life into a commodity.

No human being has the right to put a price on another.

Human dignity cannot be bought or sold.

And no person is a good.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

Libertà rubata

(Giornata europea contro la tratta di esseri umani)

Quando parliamo di tratta di esseri umani, parliamo di persone alle quali è stato sottratto qualcosa di fondamentale come la libertà di decidere della propria vita. Parliamo di donne, uomini, bambine e bambini che, troppo spesso, finiscono per essere trattati come merci da parte di chi ha trovato nel dolore altrui un modo per arricchirsi. Dietro questa realtà si nascondono storie di inganno, paura, violenza e disperazione che non sempre conosciamo, ma che continuano a svolgersi intorno a noi, anche quando preferiamo credere che si tratti di un problema lontano, che non ci riguarda.

La tratta di esseri umani è una violazione dei diritti umani e continua a rappresentare una delle forme più gravi di sfruttamento delle persone. Non parliamo soltanto di reti criminali che operano in luoghi remoti o di situazioni eccezionali che compaiono nei notiziari. Parliamo di una realtà che attraversa le frontiere, si adatta alle circostanze di ogni epoca e può nascondersi dietro un’offerta di lavoro, una promessa d’amore, un’opportunità per sfuggire alla povertà o la speranza di costruire una vita migliore.

La tratta può assumere molte forme. Lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la servitù domestica, l’accattonaggio forzato, i matrimoni forzati e altre pratiche di sfruttamento hanno qualcosa in comune, anche se le circostanze di ogni vittima sono diverse. Tutte si fondano su un’idea profondamente crudele, quella secondo cui la libertà di alcune persone possa essere comprata, venduta o utilizzata per soddisfare gli interessi di altre. È come se la dignità umana avesse un prezzo e alcune vite potessero essere messe al servizio di chi dispone di più potere, più denaro o meno scrupoli.

Forse una delle cose più difficili da comprendere è che la tratta non comincia sempre con un’aggressione evidente. A volte inizia con un’offerta che sembra un’opportunità di lavoro straordinaria, con qualcuno che si presenta come una persona affidabile o con una promessa che arriva proprio quando si ha più bisogno di credere che le cose possano cambiare. Una persona che non riesce a trovare lavoro, una famiglia che attraversa difficoltà economiche o qualcuno che fugge dalla guerra può accettare una proposta pensando di compiere il primo passo verso una vita dignitosa. L’inganno emerge in seguito, quando le condizioni cambiano, i debiti aumentano giorno dopo giorno, scompaiono i documenti che attestano la propria identità e tutto ciò che sembrava una via d’uscita finisce per trasformarsi in una trappola.

Chi si dedica alla tratta conosce molto bene i bisogni umani e sa come sfruttarli. Approfitta della povertà, delle disuguaglianze, della mancanza di opportunità e del desiderio legittimo di offrire un futuro migliore alle persone che amiamo. Si approfitta anche di chi non dispone di una rete di sostegno, non conosce i propri diritti o teme di rivolgersi alle autorità per le possibili conseguenze. Non siamo quindi di fronte a una debolezza delle vittime, ma a una strategia di chi sfrutta le circostanze personali delle persone in condizioni di estrema vulnerabilità per sottometterle e trarre profitto dalla loro sofferenza.

Lo sfruttamento sessuale è una delle forme di tratta che ha ricevuto maggiore attenzione, ma non dobbiamo dimenticare che la realtà è molto più ampia. Ci sono persone costrette a lavorare per giornate interminabili senza ricevere una retribuzione equa, in condizioni prossime alla schiavitù e sotto continue minacce, oppure obbligate a vivere in condizioni degradanti. Ci sono donne costrette a svolgere lavori domestici senza la libertà di lasciare le abitazioni in cui si trovano, persone obbligate a mendicare e minori sfruttati da adulti che dovrebbero proteggerli. Esistono anche vittime reclutate attraverso false offerte di lavoro e trasferite in luoghi in cui vengono costrette a partecipare ad attività criminali, comprese le truffe online. La tecnologia, che può essere uno strumento straordinario per migliorare le nostre vite, viene utilizzata anche dalle reti criminali per reclutare, controllare e sfruttare altre persone.

Dietro ognuna di queste situazioni c’è la storia di una vittima della tratta che merita di essere ascoltata. Forse non arriveremo mai a conoscere i nomi di chi subisce queste forme di sfruttamento, non sapremo da dove proviene né quali sogni avesse prima di ritrovarsi intrappolato in una realtà che non ha mai scelto. Possiamo però comprendere che nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare alla propria libertà per sopravvivere, che il bisogno economico non giustifica gli abusi e che nessuna promessa può legittimare la violenza o la privazione dei diritti fondamentali.

Le conseguenze della tratta non scompaiono necessariamente quando una vittima riesce a fuggire o riceve aiuto. La paura, la diffidenza, l’ansia e le ferite psicologiche possono accompagnarla a lungo. Recuperare la propria autonomia, ricostruire i rapporti personali e tornare a sentirsi al sicuro richiede tempo, sostegno e un ambiente che non la colpevolizzi per ciò che ha vissuto. A volte, il cammino verso una nuova vita comincia con qualcosa di tanto semplice quanto importante, trovare qualcuno disposto ad ascoltare senza giudicare, a credere nella possibilità di ricominciare e a non pretendere spiegazioni inutili prima di offrire aiuto.

Per questo dobbiamo smettere di chiederci perché le vittime non denuncino prima, perché non siano fuggite quando ne hanno avuto l’occasione o perché si siano fidate di chi ha finito per sfruttarle. Chi non ha mai vissuto sotto minaccia potrebbe non comprendere che cosa significhi sentire che ogni decisione può mettere in pericolo la propria vita o quella della propria famiglia. Non è facile chiedere aiuto quando non si conosce la lingua, non si dispone di risorse economiche, si vive sotto sorveglianza o si teme che le autorità non comprendano la propria situazione. Prima di giudicare una vittima, dovremmo chiederci che cosa stiamo facendo, come società, affinché possa sentirsi protetta.

La risposta deve cominciare da istituzioni capaci di individuare le situazioni di tratta, indagare su chi ne trae profitto e garantire una protezione effettiva alle vittime. Servono coordinamento tra i Paesi, formazione specializzata, assistenza legale e psicologica, risorse sociali adeguate e opportunità concrete per chi ha bisogno di ricostruire la propria vita. È inoltre indispensabile che le persone sfruttate siano riconosciute come titolari di diritti e non trattate come responsabili di circostanze che sono state utilizzate per sottometterle. La protezione non può dipendere dalla nazionalità, dalla situazione economica o dalla capacità di dimostrare immediatamente tutto ciò che si è subito.

Ma la responsabilità di combattere la tratta non appartiene soltanto alle istituzioni. Anche la società ha un ruolo importante da svolgere, a partire dalla consapevolezza che la tratta non si presenta sempre in forme immediatamente riconoscibili. Un’offerta di lavoro che promette condizioni straordinarie senza garanzie, una persona che sembra vivere sotto il controllo costante di qualcun altro o qualcuno che non può conservare i propri documenti né decidere liberamente dove andare possono essere segnali che meritano attenzione. Nessuno di questi elementi dimostra, da solo, che sia in corso una situazione di tratta, ma può giustificare la richiesta di un parere professionale o una segnalazione alle autorità competenti, evitando sempre di mettere ulteriormente in pericolo la possibile vittima.

L’educazione e la sensibilizzazione sono fondamentali per prevenire queste situazioni, ma dobbiamo anche imparare a guardare in modo diverso le persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. Le persone migranti non sono responsabili degli abusi che possono subire, la povertà non rende nessuno meno meritevole di protezione e aver accettato un’offerta di lavoro o essersi fidati di un’altra persona non significa aver acconsentito allo sfruttamento. Il consenso ottenuto attraverso l’inganno, la coercizione o l’abuso di una condizione di vulnerabilità non può essere utilizzato come pretesto per giustificare la tratta.

Non possiamo nemmeno permettere che la sofferenza delle vittime diventi una realtà invisibile soltanto perché si verifica lontano dalle nostre case o perché non corrisponde all’immagine che abbiamo di questo crimine. Lo sfruttamento può nascondersi in contesti quotidiani, in attività economiche apparentemente normali e in rapporti nei quali, dall’esterno, è difficile distinguere dove finisca la dipendenza e dove cominci la sottomissione. Proprio per questo abbiamo bisogno di professionisti preparati, organizzazioni sociali adeguatamente sostenute e cittadini disposti a informarsi, a mettere in discussione le ingiustizie e a non voltarsi dall’altra parte quando esistono ragioni concrete per preoccuparsi.

La lotta contro la tratta di esseri umani non dovrebbe limitarsi alla pubblicazione di un messaggio, alla condivisione di una campagna o al ricordo, per poche ore, dell’esistenza di questo problema nel giorno dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica. Il vero significato di questa ricorrenza risiede in ciò che facciamo dopo, nella nostra capacità di mantenere vivo l’impegno durante tutto l’anno e nella richiesta che le parole si traducano in azioni concrete. Ogni vittima che riesce a riconquistare la propria libertà conta. Ogni persona che trova protezione conta. E ogni intervento che contribuisce a prevenire una nuova situazione di sfruttamento rappresenta un passo avanti verso una società che comprende come i diritti umani non ammettano eccezioni.

Non possiamo restituire alle vittime il tempo che è stato loro sottratto, cancellare le minacce che hanno dovuto sopportare o eliminare all’improvviso le conseguenze dello sfruttamento. Possiamo però contribuire a fare in modo che non debbano affrontare da sole il percorso per ricostruire la propria vita. Possiamo chiedere che si indaghi su chi si arricchisce grazie alla sofferenza altrui, sostenere le organizzazioni che accompagnano le persone colpite e difendere politiche che mettano la tutela della dignità umana al centro delle proprie decisioni. Possiamo anche ricordare che dietro ogni cifra c’è qualcuno che aveva una vita, una famiglia, dei progetti e il diritto di decidere del proprio futuro.

La tratta di esseri umani ci mette di fronte a una realtà scomoda, perché dimostra fin dove può arrivare la crudeltà quando il guadagno economico viene anteposto alla dignità. Ma ci ricorda anche che nessuno dovrebbe essere abbandonato di fronte all’ingiustizia e che una società realmente impegnata nella difesa dei diritti umani si misura dal modo in cui tratta chi si trova nelle condizioni di maggiore vulnerabilità. Non basta condannare lo sfruttamento quando ne conosciamo le conseguenze. Dobbiamo anche impegnarci per prevenirlo, individuarlo e combatterlo, offrendo alle vittime molto più di semplici parole di solidarietà.

Oggi, 18 ottobre, Giornata europea contro la tratta di esseri umani, dobbiamo rivolgere lo sguardo a tutte quelle persone a cui è stata sottratta la libertà, a chi vive ancora sotto il controllo dei propri sfruttatori e a chi cerca una via d’uscita senza sapere di chi potersi fidare.

Facciamo in modo che le loro storie non vengano sepolte dall’indifferenza, che i loro bisogni non si perdano tra procedure burocratiche e promesse vuote e che nessuno debba dimostrare di meritare protezione.

Perché difendere i diritti umani significa comprendere che la libertà non è un privilegio riservato a chi ha avuto fortuna, ma un diritto che appartiene a tutti noi. E non potrà mai esistere una società veramente libera finché qualcuno potrà arricchirsi trasformando la vita di un’altra persona in una merce.

Nessun essere umano ha il diritto di mettere un prezzo su un altro essere umano.

La dignità umana non si compra e non si vende.

E nessuna persona è una merce.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

Une liberté volée

(Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains)

Lorsque nous parlons de la traite des êtres humains, nous parlons de personnes auxquelles on a arraché quelque chose d’aussi fondamental que la liberté de décider de leur propre vie. Nous parlons de femmes, d’hommes, de filles et de garçons qui, trop souvent, finissent par être considérés comme des marchandises par ceux qui ont trouvé dans la souffrance d’autrui un moyen de s’enrichir. Derrière cette réalité se cachent des histoires de tromperie, de peur, de violence et de désespoir que nous ne connaissons pas toujours, mais qui continuent de se dérouler autour de nous, même lorsque nous préférons croire qu’il s’agit d’un problème lointain qui ne nous concerne pas.

La traite des êtres humains constitue une violation des droits humains et demeure l’une des formes les plus graves d’exploitation des personnes. Nous ne parlons pas uniquement de réseaux criminels opérant dans des régions éloignées ni de situations exceptionnelles qui font la une des journaux. Nous parlons d’une réalité qui traverse les frontières, s’adapte aux circonstances de chaque époque et peut se dissimuler derrière une offre d’emploi, une promesse d’amour, une occasion d’échapper à la pauvreté ou l’espoir de construire une vie meilleure.

La traite peut prendre de nombreuses formes. L’exploitation sexuelle, le travail forcé, la servitude domestique, la mendicité forcée, les mariages forcés et d’autres pratiques d’exploitation ont un point commun, même si les circonstances propres à chaque victime sont différentes. Toutes reposent sur une idée profondément cruelle, celle selon laquelle la liberté de certaines personnes pourrait être achetée, vendue ou utilisée pour satisfaire les intérêts d’autres personnes. C’est comme si la dignité humaine avait un prix et si certaines vies pouvaient être mises au service de ceux qui disposent de davantage de pouvoir, de plus d’argent ou de moins de scrupules.

L’une des choses les plus difficiles à comprendre est peut-être que la traite ne commence pas toujours par une agression manifeste. Parfois, tout commence par une offre qui semble représenter une occasion professionnelle extraordinaire, par quelqu’un qui se présente comme une personne digne de confiance ou par une promesse qui arrive précisément au moment où l’on a le plus besoin de croire que les choses peuvent changer. Une personne qui ne trouve pas de travail, une famille confrontée à des difficultés financières ou quelqu’un qui fuit la guerre peut accepter une proposition en pensant faire le premier pas vers une vie digne. La tromperie apparaît ensuite, lorsque les conditions changent, que les dettes s’accumulent jour après jour, que les documents permettant d’établir son identité disparaissent et que tout ce qui semblait offrir une issue finit par devenir un piège.

Les personnes qui se livrent à la traite connaissent parfaitement les besoins humains et savent comment en tirer parti. Elles exploitent la pauvreté, les inégalités, le manque de perspectives et le désir légitime d’offrir un avenir meilleur aux personnes que nous aimons. Elles profitent également de celles et ceux qui ne disposent d’aucun réseau de soutien, qui ignorent leurs droits ou qui craignent de s’adresser aux autorités en raison des conséquences que cette démarche pourrait entraîner. Nous ne sommes donc pas face à une faiblesse des victimes, mais face à une stratégie de personnes qui exploitent les circonstances de celles et ceux qui se trouvent dans une situation d’extrême vulnérabilité afin de les soumettre et de tirer profit de leur souffrance.

L’exploitation sexuelle est l’une des formes de traite qui a bénéficié de la plus grande visibilité, mais nous ne devons pas oublier que la réalité est bien plus vaste. Certaines personnes sont contraintes de travailler pendant des journées interminables sans recevoir une rémunération équitable, dans des conditions proches de l’esclavage et sous la menace constante, ou sont obligées de vivre dans des conditions indignes. Des femmes sont contraintes d’effectuer des travaux domestiques sans avoir la liberté de quitter le domicile où elles se trouvent. Des personnes sont forcées de mendier et des mineurs sont exploités par des adultes qui devraient les protéger. Il existe également des victimes recrutées au moyen de fausses offres d’emploi et transférées dans des lieux où elles sont contraintes de participer à des activités criminelles, notamment des escroqueries en ligne. La technologie, qui peut constituer un outil extraordinaire pour améliorer nos vies, est également utilisée par les réseaux criminels pour recruter, contrôler et exploiter d’autres personnes.

Derrière chacune de ces situations se trouve l’histoire d’une victime de la traite qui mérite d’être entendue. Nous ne connaîtrons peut-être jamais le nom de celles et ceux qui subissent ces formes d’exploitation, nous ne saurons pas d’où ils viennent ni quels rêves ils nourrissaient avant de se retrouver prisonniers d’une réalité qu’ils n’ont jamais choisie. Mais nous pouvons comprendre que personne ne devrait être contraint de renoncer à sa liberté pour survivre, que les difficultés économiques ne justifient aucun abus et qu’aucune promesse ne peut légitimer la violence ou la privation des droits fondamentaux.

Les conséquences de la traite ne disparaissent pas nécessairement lorsqu’une victime parvient à s’échapper ou reçoit de l’aide. La peur, la méfiance, l’anxiété et les blessures psychologiques peuvent l’accompagner pendant longtemps. Retrouver son autonomie, reconstruire ses relations personnelles et se sentir à nouveau en sécurité demande du temps, du soutien et un environnement qui ne la culpabilise pas pour ce qu’elle a vécu. Parfois, le chemin vers une nouvelle vie commence par quelque chose d’aussi simple et d’aussi essentiel que de rencontrer quelqu’un qui accepte d’écouter sans juger, qui croit en la possibilité de se reconstruire et qui n’exige pas d’explications inutiles avant de proposer son aide.

C’est pourquoi nous devons cesser de nous demander pourquoi les victimes ne portent pas plainte plus tôt, pourquoi elles ne se sont pas enfuies lorsqu’elles en ont eu l’occasion ou pourquoi elles ont fait confiance à ceux qui ont fini par les exploiter. Celles et ceux qui n’ont jamais vécu sous la menace ne comprennent peut-être pas ce que signifie le sentiment que chaque décision peut mettre en danger sa propre vie ou celle de sa famille. Il n’est pas non plus facile de demander de l’aide lorsque l’on ne connaît pas la langue, que l’on manque de ressources financières, que l’on vit sous surveillance ou que l’on craint que les autorités ne comprennent pas sa situation. Avant de juger une victime, nous devrions nous demander ce que nous faisons, en tant que société, pour qu’elle puisse se sentir protégée.

La réponse doit commencer par des institutions capables de repérer les situations de traite, d’enquêter sur celles et ceux qui en tirent profit et de garantir une protection effective aux victimes. Nous avons besoin d’une coordination entre les pays, de formations spécialisées, d’un accompagnement juridique et psychologique, de ressources sociales suffisantes et de véritables possibilités pour les personnes qui doivent reconstruire leur vie. Il est également indispensable que les personnes exploitées soient reconnues comme titulaires de droits et non traitées comme responsables de circonstances utilisées pour les soumettre. La protection ne peut dépendre de leur nationalité, de leur situation économique ni de leur capacité à démontrer immédiatement tout ce qu’elles ont subi.

Mais la responsabilité de lutter contre la traite ne relève pas uniquement des institutions. La société a également un rôle essentiel à jouer, en commençant par comprendre que la traite ne se présente pas toujours sous une forme immédiatement reconnaissable. Une offre d’emploi qui promet des conditions extraordinaires sans aucune garantie, une personne qui semble vivre sous le contrôle permanent de quelqu’un d’autre ou quelqu’un qui ne peut conserver ses propres documents ni décider librement de ses déplacements peuvent être autant de signes qui méritent notre attention. Aucun de ces éléments ne prouve à lui seul qu’il s’agit d’une situation de traite, mais ils peuvent justifier de demander conseil à des professionnels ou de signaler la situation aux autorités compétentes, en veillant toujours à ne pas mettre davantage en danger la personne potentiellement victime.

L’éducation et la sensibilisation sont fondamentales pour prévenir ces situations, mais nous devons également apprendre à porter un regard différent sur les personnes qui se trouvent dans des contextes de vulnérabilité. Les personnes migrantes ne sont pas responsables des abus qu’elles peuvent subir, la pauvreté ne rend personne moins digne d’être protégé et le fait d’avoir accepté une offre d’emploi ou d’avoir fait confiance à quelqu’un ne signifie pas que l’on a consenti à être exploité. Un consentement obtenu par la tromperie, la contrainte ou l’abus d’une situation de vulnérabilité ne peut servir de prétexte pour justifier la traite.

Nous ne pouvons pas davantage accepter que la souffrance des victimes devienne une réalité invisible simplement parce qu’elle se déroule loin de nos foyers ou parce qu’elle ne correspond pas à l’image que nous nous faisons de ce crime. L’exploitation peut se dissimuler dans des environnements quotidiens, dans des activités économiques apparemment ordinaires et dans des relations où il est difficile, pour un observateur extérieur, de distinguer la dépendance de la soumission. C’est précisément pourquoi nous avons besoin de professionnels formés, d’organisations sociales disposant de moyens suffisants et de citoyens prêts à s’informer, à remettre en question les injustices et à ne pas détourner le regard lorsqu’il existe des raisons légitimes de s’inquiéter.

La lutte contre la traite des êtres humains ne devrait pas se limiter à publier un message, à partager une campagne ou à se souvenir pendant quelques heures de l’existence de ce problème à l’occasion de la journée qui lui est consacrée. La véritable importance de cette journée réside dans ce que nous faisons ensuite, dans notre capacité à maintenir notre engagement tout au long de l’année et dans notre exigence de voir les paroles se transformer en mesures concrètes. Chaque victime qui parvient à retrouver sa liberté compte. Chaque personne qui trouve une protection compte. Et chaque action qui permet de prévenir une nouvelle situation d’exploitation représente un progrès vers une société qui comprend que les droits humains ne souffrent aucune exception.

Nous ne pouvons pas rendre aux victimes le temps qui leur a été volé, effacer les menaces qu’elles ont dû subir ni faire disparaître instantanément les conséquences de l’exploitation. Mais nous pouvons contribuer à faire en sorte qu’elles n’aient pas à affronter seules la reconstruction de leur vie. Nous pouvons exiger que des enquêtes soient menées contre celles et ceux qui s’enrichissent grâce à la souffrance d’autrui, soutenir les organisations qui accompagnent les personnes concernées et défendre des politiques qui placent la protection de la dignité humaine au cœur de leurs décisions. Nous pouvons également nous rappeler que derrière chaque chiffre se trouve une personne qui avait une vie, une famille, des projets et le droit de décider de son avenir.

La traite des êtres humains nous confronte à une réalité dérangeante, car elle montre jusqu’où la cruauté peut aller lorsque le profit économique est placé au-dessus de la dignité. Mais elle nous rappelle aussi que personne ne devrait être abandonné face à l’injustice et qu’une société véritablement engagée en faveur des droits humains se mesure à la manière dont elle traite les personnes les plus vulnérables. Il ne suffit pas de condamner l’exploitation lorsque nous en découvrons les conséquences. Nous devons également nous mobiliser pour la prévenir, la repérer et la combattre, en offrant aux victimes bien davantage que de simples paroles de solidarité.

Aujourd’hui, 18 octobre, Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, nous devons tourner notre regard vers toutes ces personnes auxquelles la liberté a été arrachée, vers celles qui vivent encore sous le contrôle de leurs exploiteurs et vers celles qui tentent de trouver une issue sans savoir à qui elles peuvent faire confiance.

Faisons en sorte que leurs histoires ne soient pas ensevelies sous l’indifférence, que leurs besoins ne se perdent pas dans les démarches administratives et les promesses vides, et qu’aucune personne n’ait à démontrer qu’elle mérite d’être protégée.

Car défendre les droits humains, c’est comprendre que la liberté n’est pas un privilège réservé à celles et ceux qui ont eu de la chance, mais un droit qui nous appartient à toutes et à tous. Et aucune société ne pourra être véritablement libre tant que quelqu’un pourra s’enrichir en transformant la vie d’une autre personne en marchandise.

Aucun être humain n’a le droit de fixer un prix à un autre être humain.

La dignité humaine ne s’achète pas et ne se vend pas.

Et aucune personne n’est une marchandise.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

Liberdade Roubada

(Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos)

Quando falamos de tráfico de seres humanos, estamos a falar de pessoas a quem foi roubado algo tão fundamental como a liberdade de decidir sobre a própria vida. Estamos a falar de mulheres, homens, meninas e meninos que, demasiadas vezes, acabam por ser tratados como mercadorias por aqueles que encontraram no sofrimento alheio uma forma de enriquecer. Por detrás desta realidade escondem-se histórias de engano, medo, violência e desespero que nem sempre conhecemos, mas que continuam a acontecer à nossa volta, mesmo quando preferimos acreditar que se trata de um problema distante que nada tem a ver connosco.

O tráfico de seres humanos constitui uma violação dos direitos humanos e continua a ser uma das formas mais graves de exploração de pessoas. Não estamos a falar apenas de redes criminosas que operam em lugares distantes nem de situações extraordinárias que aparecem nos noticiários. Estamos a falar de uma realidade que atravessa fronteiras, se adapta às circunstâncias de cada época e pode esconder-se por detrás de uma oferta de emprego, de uma promessa de amor, de uma oportunidade para escapar à pobreza ou da esperança de construir uma vida melhor.

O tráfico de seres humanos pode assumir muitas formas. A exploração sexual, o trabalho forçado, a servidão doméstica, a mendicidade forçada, os casamentos forçados e outras práticas de exploração têm algo em comum, embora as circunstâncias de cada vítima sejam diferentes. Todas assentam numa ideia profundamente cruel, a de que a liberdade de algumas pessoas pode ser comprada, vendida ou utilizada para satisfazer os interesses de outras. É como se a dignidade humana tivesse um preço e algumas vidas pudessem ser colocadas ao serviço de quem dispõe de mais poder, mais dinheiro ou menos escrúpulos.

Talvez uma das coisas mais difíceis de compreender seja o facto de o tráfico de seres humanos nem sempre começar com uma agressão evidente. Por vezes, tudo começa com uma oferta que parece representar uma oportunidade de trabalho extraordinária, com alguém que se apresenta como uma pessoa de confiança ou com uma promessa que chega precisamente quando mais precisamos de acreditar que as coisas podem mudar. Uma pessoa que não consegue encontrar trabalho, uma família que atravessa dificuldades económicas ou alguém que foge da guerra pode aceitar uma proposta pensando que está a dar o primeiro passo em direção a uma vida digna. O engano surge depois, quando as condições mudam, as dívidas aumentam dia após dia, desaparecem os documentos que comprovam a sua identidade e tudo aquilo que parecia uma saída acaba por se transformar numa armadilha.

Quem se dedica ao tráfico de seres humanos conhece muito bem as necessidades humanas e sabe como tirar partido delas. Aproveita-se da pobreza, das desigualdades, da falta de oportunidades e do desejo legítimo de proporcionar um futuro melhor às pessoas que amamos. Aproveita-se também de quem não dispõe de uma rede de apoio, desconhece os seus direitos ou tem medo de recorrer às autoridades devido às possíveis consequências dessa decisão. Não estamos, portanto, perante uma fraqueza das vítimas, mas perante uma estratégia de quem utiliza as circunstâncias pessoais de pessoas em situações de extrema vulnerabilidade para as subjugar e obter benefícios à custa do seu sofrimento.

A exploração sexual é uma das formas de tráfico de seres humanos que tem recebido maior visibilidade, mas não podemos esquecer que a realidade é muito mais ampla. Há pessoas obrigadas a trabalhar durante jornadas intermináveis sem receber uma remuneração justa, em condições próximas da escravatura e sob ameaças constantes, ou forçadas a viver em condições indignas. Há mulheres obrigadas a realizar trabalhos domésticos sem liberdade para abandonar as casas onde se encontram, pessoas forçadas a mendigar e menores explorados por adultos que deveriam protegê-los. Existem também vítimas aliciadas através de falsas ofertas de emprego e levadas para lugares onde acabam por ser obrigadas a participar em atividades criminosas, incluindo burlas através da internet. A tecnologia, que pode ser uma ferramenta extraordinária para melhorar as nossas vidas, está também a ser utilizada pelas redes criminosas para aliciar, controlar e explorar outras pessoas.

Por detrás de cada uma destas situações existe a história de uma vítima de tráfico de seres humanos que merece ser ouvida. Talvez nunca venhamos a conhecer o nome de quem sofre estas formas de exploração, não saibamos de onde vem nem que sonhos tinha antes de ficar presa numa realidade que nunca escolheu. Mas podemos compreender que ninguém deveria ser obrigado a abdicar da sua liberdade para sobreviver, que as dificuldades económicas não justificam os abusos e que nenhuma promessa pode legitimar a violência ou a privação de direitos fundamentais.

As consequências do tráfico de seres humanos também não desaparecem necessariamente quando uma vítima consegue escapar ou recebe ajuda. O medo, a desconfiança, a ansiedade e as feridas psicológicas podem acompanhá-la durante muito tempo. Recuperar a autonomia, reconstruir as relações pessoais e voltar a sentir-se em segurança exige tempo, apoio e um ambiente que não a culpabilize pelo que viveu. Por vezes, o caminho para uma nova vida começa com algo tão simples e tão importante como encontrar alguém que saiba ouvir sem julgar, que acredite na possibilidade de recomeçar e que não exija explicações desnecessárias antes de oferecer ajuda.

Por isso, devemos deixar de perguntar por que razão as vítimas não denunciam mais cedo, por que não fugiram quando tiveram oportunidade ou por que confiaram naqueles que acabaram por explorá-las. Quem nunca viveu sob ameaças talvez não compreenda o que significa sentir que cada decisão pode colocar em perigo a própria vida ou a da família. Também não é fácil pedir ajuda quando não se conhece a língua, não se dispõe de recursos económicos, se vive sob vigilância ou se teme que as autoridades não compreendam a situação. Antes de julgarmos uma vítima, deveríamos perguntar-nos o que estamos a fazer, enquanto sociedade, para que ela se possa sentir protegida.

A resposta deve começar por instituições capazes de identificar situações de tráfico, investigar aqueles que delas beneficiam e garantir uma proteção efetiva às vítimas. Precisamos de coordenação entre países, formação especializada, assistência jurídica e psicológica, recursos sociais suficientes e oportunidades reais para quem precisa de reconstruir a sua vida. É igualmente indispensável que as pessoas exploradas sejam reconhecidas como titulares de direitos e não sejam tratadas como responsáveis pelas circunstâncias que foram utilizadas para as subjugar. A proteção não pode depender da nacionalidade, da situação económica ou da capacidade de demonstrar imediatamente tudo aquilo por que passaram.

Mas a responsabilidade de combater o tráfico de seres humanos não pertence apenas às instituições. A sociedade também tem um papel importante a desempenhar, começando por compreender que este crime nem sempre se apresenta de uma forma facilmente reconhecível. Uma oferta de trabalho que promete condições extraordinárias sem garantias, uma pessoa que parece viver sob o controlo permanente de outra ou alguém que não pode guardar os seus próprios documentos nem decidir livremente para onde vai podem ser sinais que merecem atenção. Nenhum destes elementos prova, por si só, que existe uma situação de tráfico, mas pode justificar a procura de orientação profissional ou uma comunicação às autoridades competentes, tendo sempre o cuidado de não colocar a possível vítima em maior perigo.

A educação e a sensibilização são fundamentais para prevenir estas situações, mas também precisamos de aprender a olhar de outra forma para as pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade. As pessoas migrantes não são responsáveis pelos abusos que possam sofrer, a pobreza não torna ninguém menos merecedor de proteção e aceitar uma oferta de emprego ou confiar noutra pessoa não significa consentir na exploração. O consentimento obtido através do engano, da coação ou do abuso de uma situação de vulnerabilidade não pode ser utilizado como desculpa para justificar o tráfico de seres humanos.

Também não podemos permitir que o sofrimento das vítimas se transforme numa realidade invisível apenas porque acontece longe das nossas casas ou porque não corresponde à imagem que fazemos deste crime. A exploração pode esconder-se em contextos quotidianos, em atividades económicas aparentemente normais e em relações nas quais é difícil distinguir, para quem observa de fora, onde termina a dependência e começa a submissão. É precisamente por isso que precisamos de profissionais preparados, organizações sociais com recursos adequados e cidadãos dispostos a informar-se, a questionar as injustiças e a não olhar para o lado quando existem razões legítimas para preocupação.

A luta contra o tráfico de seres humanos não deve limitar-se à publicação de uma mensagem, à partilha de uma campanha ou à recordação, durante algumas horas, de que este problema existe no dia dedicado à sua sensibilização. A verdadeira importância desta data reside naquilo que fazemos depois, na nossa capacidade de manter o compromisso ao longo de todo o ano e na exigência de transformar as palavras em medidas concretas. Cada vítima que consegue recuperar a liberdade importa. Cada pessoa que encontra proteção importa. E cada ação que permite prevenir uma nova situação de exploração representa um passo em direção a uma sociedade que compreende que os direitos humanos não admitem exceções.

Não podemos devolver às vítimas o tempo que lhes foi roubado, apagar as ameaças que tiveram de suportar ou eliminar de um momento para o outro as consequências da exploração. Mas podemos contribuir para que não tenham de enfrentar sozinhas a reconstrução das suas vidas. Podemos exigir que sejam investigados aqueles que enriquecem com o sofrimento alheio, apoiar as organizações que acompanham as pessoas afetadas e defender políticas que coloquem a proteção da dignidade humana no centro das suas decisões. Podemos também recordar que, por detrás de cada número, existe alguém que tinha uma vida, uma família, projetos e o direito de decidir sobre o seu futuro.

O tráfico de seres humanos confronta-nos com uma realidade incómoda, porque demonstra até onde pode chegar a crueldade quando o lucro económico é colocado acima da dignidade. Mas também nos recorda que ninguém deveria ser abandonado perante a injustiça e que uma sociedade verdadeiramente comprometida com os direitos humanos se mede pela forma como trata as pessoas que se encontram nas situações de maior vulnerabilidade. Não basta condenar a exploração quando conhecemos as suas consequências. Temos também de trabalhar para a prevenir, identificar e combater, oferecendo às vítimas muito mais do que simples palavras de solidariedade.

Hoje, 18 de outubro, Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, devemos ser capazes de olhar para todas aquelas pessoas a quem foi roubada a liberdade, para quem continua a viver sob o controlo dos seus exploradores e para quem procura uma saída sem saber em quem pode confiar.

Que as suas histórias não fiquem sepultadas sob a indiferença, que as suas necessidades não se percam entre procedimentos burocráticos e promessas vazias e que nenhuma pessoa tenha de demonstrar que merece ser protegida.

Porque defender os direitos humanos significa compreender que a liberdade não é um privilégio reservado a quem teve sorte, mas um direito que pertence a todos nós. E nunca existirá uma sociedade verdadeiramente livre enquanto alguém puder enriquecer transformando a vida de outra pessoa numa mercadoria.

Nenhum ser humano tem o direito de atribuir um preço a outro ser humano.

A dignidade humana não se compra nem se vende.

E nenhuma pessoa é uma mercadoria.

🇩🇪DEUTSCH🇦🇹

Gestohlene Freiheit

(Europäischer Tag gegen Menschenhandel)

Menschenhandel verletzt nicht nur die Würde und die Rechte seiner Opfer, sondern raubt ihnen auch etwas, das jedem Menschen zustehen sollte, nämlich die Freiheit, über das eigene Leben zu entscheiden. Trotz gesetzlicher Fortschritte und gesellschaftlicher Bemühungen ist diese schwere Menschenrechtsverletzung noch immer Realität. Hinter den Zahlen stehen Menschen mit Namen, mit Familien, mit Träumen und Hoffnungen, deren Leben durch die Ausbeutung anderer Menschen tiefgreifend verändert wird.

Menschenhandel ist eine der grausamsten Formen der Ausbeutung, weil er Menschen zu einer Ware macht, über die andere nach Belieben verfügen zu können glauben. Er nimmt ihnen ihre Freiheit, missachtet ihre Würde und reduziert sie auf einen vermeintlichen Nutzen, aus dem andere Profit schlagen. Dabei geht es nicht nur um körperliche Gewalt oder offensichtliche Gefangenschaft. Häufig beginnt alles mit einem Versprechen, das Hoffnung weckt, mit einem vermeintlich guten Job, einer Liebesbeziehung, einer Möglichkeit, der Armut zu entkommen, oder einem besseren Leben in einem anderen Land.

Manchmal reicht eine falsche Zusage, um einen Menschen in eine Situation zu bringen, aus der es später kaum noch einen Ausweg gibt. Die Täter nutzen die Verletzlichkeit anderer aus, manipulieren ihre Gefühle, erzeugen Abhängigkeiten und greifen auf Drohungen, Erpressung oder Gewalt zurück, um ihre Kontrolle aufrechtzuerhalten. Was zunächst wie eine Chance erscheint, wird nach und nach zu einem Albtraum, in dem die betroffene Person ihre Entscheidungsfreiheit verliert und sich immer stärker in einem Netz aus Angst, Schweigen und Abhängigkeit gefangen sieht.

Menschenhandel kann viele Formen annehmen. Sexuelle Ausbeutung ist eine der bekanntesten, doch keineswegs die einzige. Auch Zwangsarbeit, Ausbeutung in privaten Haushalten, erzwungenes Betteln, Zwangsheiraten und andere Formen der Ausbeutung gehören zu dieser Realität. Kinder sind besonders gefährdet, weil sie häufig nicht über die Mittel verfügen, sich selbst zu schützen, und weil Täter ihre Abhängigkeit, ihre Unerfahrenheit und ihr Vertrauen gezielt ausnutzen. Auch das Internet eröffnet neue Möglichkeiten für Anwerbung, Täuschung und Kontrolle, die es immer schwieriger machen können, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen.

Hinter all diesen Formen der Ausbeutung steht ein gemeinsames Muster. Menschen werden nicht mehr als Personen mit eigenen Rechten betrachtet, sondern als Mittel, um Geld, Macht oder andere Vorteile zu erlangen. Ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle und ihre Zukunft verlieren für diejenigen, die sie ausbeuten, jede Bedeutung. Entscheidend ist allein der Gewinn, den sie aus ihrem Leid ziehen können. Genau darin liegt eine der erschütterndsten Seiten des Menschenhandels, denn er zeigt, wie weit Menschen gehen können, wenn sie die Würde anderer missachten und Profit über jedes moralische und rechtliche Prinzip stellen.

Armut, soziale Ausgrenzung, bewaffnete Konflikte, Diskriminierung und fehlende Zukunftsperspektiven können Menschen besonders verletzlich machen. Wer kaum Möglichkeiten hat, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern, kann leichter auf Versprechen hereinfallen, die einen Ausweg aus einer scheinbar ausweglosen Situation versprechen. Wer vor Gewalt flieht oder in einem fremden Land ohne ein unterstützendes Umfeld lebt, kann ebenfalls in die Hände skrupelloser Menschen geraten. Doch diese Umstände dürfen niemals dazu führen, die Verantwortung bei den Betroffenen zu suchen. Nicht ihre Armut, ihre Herkunft oder ihre schwierige Lebenssituation verursachen den Menschenhandel. Verantwortlich sind diejenigen, die ihre Verletzlichkeit ausnutzen, um sie zu kontrollieren und auszubeuten.

Besonders schmerzhaft ist es, sich vor Augen zu führen, dass viele Betroffene nicht einfach fliehen können, selbst wenn sie die Gefahr längst erkannt haben. Die Angst vor Vergeltung, die Sorge um Angehörige, fehlende finanzielle Mittel, Sprachbarrieren oder die Befürchtung, nicht geglaubt zu werden, können jeden Versuch, Hilfe zu suchen, zu einem enormen Risiko machen. Manche wurden so lange manipuliert, dass sie kaum noch daran glauben, selbst über ihr Leben bestimmen zu können. Andere schämen sich für das, was ihnen angetan wurde, oder fürchten, von ihrer Umgebung verurteilt zu werden.

Deshalb müssen wir aufhören, Betroffenen die Frage zu stellen, warum sie nicht früher gegangen sind oder nicht rechtzeitig Anzeige erstattet haben. Eine solche Haltung verkennt die Mechanismen von Gewalt und Kontrolle und kann das Schweigen verstärken, das die Täter schützt. Stattdessen sollten wir fragen, welche Hindernisse ihnen den Weg in die Freiheit versperren, welche Unterstützung sie benötigen und wie wir ihnen helfen können, ohne sie erneut zu verletzen.

Die Folgen des Menschenhandels verschwinden nicht automatisch, wenn die unmittelbare Ausbeutung endet. Viele Betroffene müssen mit schweren psychischen Belastungen, körperlichen Verletzungen, dem Verlust ihres Vertrauens in andere Menschen und erheblichen Schwierigkeiten kämpfen, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Manche benötigen lange Zeit, um sich sicher zu fühlen, Entscheidungen wieder selbst zu treffen und Beziehungen ohne Angst eingehen zu können. Andere müssen zunächst eine Unterkunft finden, ihren rechtlichen Status klären oder einen Weg zurück in ein Leben suchen, in dem sie nicht länger von anderen abhängig sind.

Deshalb darf der Schutz der Betroffenen nicht mit ihrer Befreiung aus der unmittelbaren Ausbeutung enden. Es braucht verlässliche Unterkünfte, medizinische und psychologische Betreuung, rechtliche Beratung, soziale Unterstützung und echte Möglichkeiten, ein eigenständiges Leben aufzubauen. Ebenso wichtig ist es, sicherzustellen, dass Menschen, die den Mut finden, Hilfe zu suchen, nicht durch bürokratische Hürden, Vorurteile oder fehlende Ressourcen erneut im Stich gelassen werden.

Die Bekämpfung des Menschenhandels erfordert ein entschlossenes Handeln der Behörden, eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den Staaten und ausreichende Mittel für Prävention, Ermittlungen und Opferschutz. Gesetze sind unverzichtbar, doch sie reichen nicht aus, wenn ihre Anwendung nicht mit den notwendigen Ressourcen und einer konsequenten Haltung gegenüber den Tätern einhergeht. Menschenhandel muss verfolgt werden, seine Opfer müssen geschützt werden, und niemand darf aus der Ausbeutung anderer ungestraft wirtschaftliche Vorteile ziehen können.

Doch auch die Gesellschaft trägt Verantwortung. Wir müssen lernen, Warnzeichen wahrzunehmen, ohne uns selbst oder die betroffenen Menschen in Gefahr zu bringen. Wir müssen Vorurteile hinterfragen, die bestimmte Menschen zu vermeintlich weniger schützenswerten Mitgliedern unserer Gesellschaft erklären, und wir müssen verhindern, dass Gleichgültigkeit zu einem Schutzschild für diejenigen wird, die andere ausbeuten. Aufmerksamkeit, Information und verantwortungsvolles Handeln können dazu beitragen, dass Menschen Hilfe finden und dass Ausbeutung nicht länger im Verborgenen bleibt.

Der Europäische Tag gegen Menschenhandel erinnert uns daran, dass Menschenwürde keine Grenze kennt und dass Freiheit kein Privileg ist, das nur manchen Menschen zusteht. Er sollte jedoch nicht der einzige Tag im Jahr sein, an dem wir über diese Realität sprechen. Solange Menschen mit falschen Versprechen in die Ausbeutung gelockt, zur Arbeit gezwungen, sexuell ausgebeutet oder ihrer Freiheit beraubt werden, bleibt der Kampf gegen Menschenhandel eine gemeinsame Verpflichtung.

Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Fall ein menschliches Leben steht. Ein Mensch, der vielleicht einmal voller Hoffnung aufgebrochen ist, der seiner Familie helfen wollte, der Sicherheit gesucht oder an eine bessere Zukunft geglaubt hat. Niemand verdient es, für seine Notlage bestraft, für seine Verletzlichkeit ausgenutzt oder seiner Freiheit beraubt zu werden. Kein Versprechen, kein wirtschaftlicher Vorteil und kein vermeintliches Recht auf Macht kann jemals rechtfertigen, einen anderen Menschen wie eine Ware zu behandeln.

Eine gerechte Gesellschaft erkennt die Würde jedes Menschen an, schützt diejenigen, die besonders verletzlich sind, und stellt sich entschieden gegen jede Form der Ausbeutung. Denn Freiheit bedeutet nicht nur, nicht gefangen zu sein. Freiheit bedeutet, ohne Angst leben zu können, über den eigenen Körper und das eigene Leben zu bestimmen und eine Zukunft gestalten zu dürfen, ohne dass jemand anderes daraus Profit schlägt.

Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen mit einem Preis zu versehen.

Die Menschenwürde ist unverkäuflich.

Und kein Mensch ist eine Ware.

La libertad de ser, sin pedir permiso

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Internacional de la Despatologización Trans)

Alguno derechos deberían resultar tan evidentes que no tendríamos que dedicar una jornada a reivindicarlos. El derecho a ser quienes somos, a vivir conforme a nuestra identidad y a desarrollar nuestra vida sin miedo, sin prejuicios y sin tener que justificar nuestra existencia debería formar parte de los principios más elementales de cualquier sociedad que aspire a ser verdaderamente libre, democrática e igualitaria. Sin embargo, para muchas personas trans, esa libertad continúa siendo una conquista pendiente.

Durante demasiado tiempo, las personas trans han estado marcada por la incomprensión, el estigma y la discriminación. Durante décadas, las identidades trans fueron consideradas enfermedades o trastornos mentales por instituciones médicas y sistemas de clasificación internacionales. Aquella mirada contribuyó a alimentar prejuicios, a legitimar exclusiones y a transmitir a miles de personas un mensaje profundamente injusto, que había algo equivocado en ellas por el simple hecho de ser quienes eran.

Pero las personas trans nunca han sido una enfermedad que necesite curarse. Lo que necesita cambiar es una sociedad que todavía pretende imponer una única manera de entender el cuerpo, el género y la identidad. La diversidad humana no constituye una amenaza ni una anomalía. Es una realidad que nos acompaña a lo largo de la historia y que merece el mismo respeto que cualquier otra expresión de nuestra condición humana.

La Organización Mundial de la Salud dejó atrás la clasificación de la transexualidad como trastorno mental en la CIE 11, que entró en vigor en 2022. Este avance supuso un paso fundamental para combatir el estigma y reconocer que la identidad trans no es, por sí misma, una enfermedad. Sin embargo, despatologizar no significa abandonar a las personas que necesitan atención sanitaria. Significa garantizar que puedan acceder a ella desde el respeto, la autonomía, la dignidad y el reconocimiento de sus necesidades, sin convertir su identidad en un motivo de sospecha o cuestionamiento permanente.

Pero no podemos olvidar que detrás de cada debate existen vidas concretas. Hay niños y adolescentes que merecen crecer sin miedo al rechazo, jóvenes que necesitan espacios seguros para descubrirse, personas adultas que han soportado años de incomprensión y mayores trans cuyas experiencias siguen siendo invisibilizadas. Y también hay familias que acompañan, profesionales que cuidan y personas que continúan luchando para que nadie tenga que elegir entre ser fiel a sí mismo y sentirse aceptado por los demás.

La despatologización también exige combatir la transfobia, garantizar una educación basada en el respeto, proteger el acceso al empleo y a la vivienda, asegurar una atención sanitaria adecuada y defender los derechos de todas las personas frente a cualquier forma de violencia o discriminación. No basta con modificar una clasificación médica si los prejuicios permanecen intactos en nuestras calles, centros educativos, instituciones y lugares de trabajo.

Por tanto, no celebramos que una enfermedad que ha dejado de serlo. Celebramos el derecho de las personas trans a vivir libres de etiquetas impuestas, de sospechas injustificadas y de una discriminación que nunca debieron soportar. Reivindicamos una sociedad en la que la identidad de cada persona sea respetada sin condiciones y en la que nadie tenga que demostrar que merece vivir con dignidad.

Porque ninguna identidad necesita una autorización médica para merecer respeto, ninguna persona debería pedir perdón por existir y ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente libre mientras haya quienes tengan miedo de ser quienes son.

Sin patologías impuestas, sin prejuicios y sin discriminación.

Siendo, viviendo y existiendo en libertad.

Sin odio y sin violencia.

Y con toda dignidad.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

The Freedom to Be, Without Asking Permission

(International Trans Day of Depathologisation)

Some rights should be so self evident that we should not need to dedicate a day to demanding them. The right to be who we are, to live in accordance with our identity and to build our lives without fear, prejudice or having to justify our existence should be among the most fundamental principles of any society that aspires to be truly free, democratic and equal. Yet, for many trans people, that freedom remains a goal still to be achieved.

For far too long, trans people have faced misunderstanding, stigma and discrimination. For decades, trans identities were regarded as illnesses or mental disorders by medical institutions and international classification systems. This perspective helped fuel prejudice, legitimise exclusion and convey a deeply unjust message to thousands of people, suggesting that something was wrong with them simply because they were who they were.

But trans people have never been an illness that needs to be cured. What needs to change is a society that still seeks to impose a single way of understanding the body, gender and identity. Human diversity is neither a threat nor an abnormality. It is a reality that has accompanied us throughout history and deserves the same respect as any other expression of our humanity.

The World Health Organization moved away from classifying transsexuality as a mental disorder in the ICD 11, which came into effect in 2022. This was a fundamental step towards combating stigma and recognising that being trans is not, in itself, an illness. However, depathologisation does not mean abandoning people who need healthcare. It means ensuring that they can access it with respect for their autonomy and dignity, and with their needs fully recognised, without their identity becoming a source of suspicion or a reason for constant questioning.

We must never forget that behind every debate there are real lives. There are children and teenagers who deserve to grow up without fear of rejection, young people who need safe spaces to discover themselves, adults who have endured years of misunderstanding and older trans people whose experiences remain invisible. There are also families who stand beside them, professionals who provide care and people who continue to fight so that nobody has to choose between being true to themselves and feeling accepted by others.

Depathologisation also means challenging transphobia, ensuring an education grounded in respect, protecting access to employment and housing, guaranteeing appropriate healthcare and defending everyone’s rights against every form of violence and discrimination. Changing a medical classification is not enough if prejudice remains entrenched in our streets, schools, institutions and workplaces.

We are not celebrating the fact that an illness is no longer considered an illness. We are celebrating the right of trans people to live free from imposed labels, unjustified suspicion and discrimination they should never have had to endure. We are calling for a society in which everyone’s identity is respected without conditions and nobody has to prove that they deserve to live with dignity.

Because no identity needs medical authorisation to deserve respect, nobody should have to apologise for existing, and no society can consider itself truly free while there are people who are afraid to be who they are.

Without imposed pathologies, without prejudice and without discrimination.

Being, living and existing in freedom.

Without hatred and without violence.

And with all the dignity.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

La libertà di essere, senza chiedere il permesso

(Giornata internazionale per la depatologizzazione delle persone trans)

Alcuni diritti dovrebbero essere così ovvi da non richiedere una giornata dedicata a rivendicarli. Il diritto di essere ciò che siamo, di vivere secondo la nostra identità e di costruire la nostra vita senza paura, pregiudizi o dover giustificare la nostra esistenza dovrebbe rientrare tra i principi fondamentali di qualsiasi società che aspiri a essere veramente libera, democratica e paritaria. Eppure, per molte persone trans, questa libertà rimane ancora un obiettivo da raggiungere.

Per troppo tempo, le persone trans hanno dovuto affrontare incomprensione, stigma e discriminazione. Per decenni, le identità trans sono state considerate malattie o disturbi mentali dalle istituzioni mediche e dai sistemi internazionali di classificazione. Questa visione ha contribuito ad alimentare i pregiudizi, a legittimare l’esclusione e a trasmettere a migliaia di persone un messaggio profondamente ingiusto, facendo credere loro che ci fosse qualcosa di sbagliato in loro per il semplice fatto di essere ciò che erano.

Ma le persone trans non sono mai state una malattia da curare. Ciò che deve cambiare è una società che ancora pretende di imporre un unico modo di concepire il corpo, il genere e l’identità. La diversità umana non è né una minaccia né un’anomalia. È una realtà che ci accompagna nel corso della storia e che merita lo stesso rispetto di qualsiasi altra espressione della nostra umanità.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha abbandonato la classificazione della transessualità come disturbo mentale nell’ICD 11, entrato in vigore nel 2022. Questo progresso ha rappresentato un passo fondamentale nella lotta contro lo stigma e nel riconoscimento del fatto che essere trans non costituisce, di per sé, una malattia. Tuttavia, depatologizzare non significa abbandonare le persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria. Significa garantire che possano accedervi nel rispetto della loro autonomia e dignità, riconoscendo pienamente le loro esigenze, senza che la loro identità diventi motivo di sospetto o di continue messe in discussione.

Non possiamo però dimenticare che dietro ogni dibattito ci sono vite concrete. Ci sono bambini e adolescenti che meritano di crescere senza paura del rifiuto, giovani che hanno bisogno di spazi sicuri per scoprire sé stessi, adulti che hanno sopportato anni di incomprensione e persone trans anziane le cui esperienze continuano a essere invisibili. Ci sono anche famiglie che le sostengono, professionisti che si prendono cura di loro e persone che continuano a lottare affinché nessuno debba scegliere tra essere fedele a sé stesso e sentirsi accettato dagli altri.

La depatologizzazione richiede anche di combattere la transfobia, garantire un’educazione fondata sul rispetto, tutelare l’accesso al lavoro e alla casa, assicurare un’assistenza sanitaria adeguata e difendere i diritti di tutte le persone contro ogni forma di violenza e discriminazione. Non basta modificare una classificazione medica se i pregiudizi continuano a essere radicati nelle nostre strade, nelle scuole, nelle istituzioni e nei luoghi di lavoro.

Non celebriamo il fatto che qualcosa abbia smesso di essere considerato una malattia. Celebriamo il diritto delle persone trans di vivere libere da etichette imposte, sospetti ingiustificati e discriminazioni che non avrebbero mai dovuto subire. Rivendichiamo una società in cui l’identità di ogni persona sia rispettata senza condizioni e in cui nessuno debba dimostrare di meritare una vita dignitosa.

Perché nessuna identità ha bisogno di un’autorizzazione medica per meritare rispetto, nessuno dovrebbe chiedere scusa per il semplice fatto di esistere e nessuna società può considerarsi veramente libera finché ci saranno persone che hanno paura di essere ciò che sono.

Senza patologizzazioni imposte, senza pregiudizi e senza discriminazioni.

Essere, vivere ed esistere in libertà.

Senza odio e senza violenza.

E con tutta la dignità.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

La liberté d’être, sans demander la permission

(Journée internationale de la dépathologisation des personnes trans)

Certains droits devraient être si évidents que nous ne devrions pas avoir besoin de consacrer une journée à les revendiquer. Le droit d’être qui nous sommes, de vivre conformément à notre identité et de construire notre vie sans peur, sans préjugés et sans avoir à justifier notre existence devrait faire partie des principes les plus fondamentaux de toute société aspirant à être véritablement libre, démocratique et égalitaire. Pourtant, pour de nombreuses personnes trans, cette liberté reste un objectif qu’il reste à atteindre.

Pendant trop longtemps, les personnes trans ont été confrontées à l’incompréhension, à la stigmatisation et à la discrimination. Pendant des décennies, les identités trans ont été considérées comme des maladies ou des troubles mentaux par les institutions médicales et les systèmes internationaux de classification. Cette vision a contribué à alimenter les préjugés, à légitimer l’exclusion et à transmettre à des milliers de personnes un message profondément injuste, laissant entendre que quelque chose n’allait pas chez elles simplement parce qu’elles étaient ce qu’elles étaient.

Mais les personnes trans n’ont jamais été une maladie qu’il faudrait guérir. Ce qui doit changer, c’est une société qui cherche encore à imposer une seule manière de concevoir le corps, le genre et l’identité. La diversité humaine n’est ni une menace ni une anomalie. C’est une réalité qui nous accompagne tout au long de l’histoire et qui mérite le même respect que toute autre expression de notre humanité.

L’Organisation mondiale de la santé a abandonné la classification de la transidentité comme trouble mental dans la CIM 11, entrée en vigueur en 2022. Cette avancée a constitué une étape fondamentale dans la lutte contre la stigmatisation et dans la reconnaissance du fait qu’être trans ne constitue pas, en soi, une maladie. Cependant, dépathologiser ne signifie pas abandonner les personnes qui ont besoin de soins de santé. Cela signifie garantir qu’elles puissent y accéder dans le respect de leur autonomie et de leur dignité, en reconnaissant pleinement leurs besoins, sans que leur identité devienne un motif de suspicion ou de remise en question permanente.

Nous ne devons jamais oublier que derrière chaque débat, il y a des vies bien réelles. Il y a des enfants et des adolescents qui méritent de grandir sans craindre le rejet, des jeunes qui ont besoin d’espaces sûrs pour se découvrir, des adultes qui ont enduré des années d’incompréhension et des personnes trans âgées dont les expériences restent invisibilisées. Il y a aussi des familles qui les accompagnent, des professionnels qui prennent soin d’elles et des personnes qui continuent à se battre pour que personne n’ait à choisir entre être fidèle à soi-même et se sentir accepté par les autres.

La dépathologisation exige également de lutter contre la transphobie, de garantir une éducation fondée sur le respect, de protéger l’accès à l’emploi et au logement, d’assurer des soins de santé adaptés et de défendre les droits de toutes les personnes contre toute forme de violence et de discrimination. Il ne suffit pas de modifier une classification médicale si les préjugés restent profondément ancrés dans nos rues, nos établissements scolaires, nos institutions et nos lieux de travail.

Nous ne célébrons pas le fait qu’une maladie ait cessé d’être considérée comme telle. Nous célébrons le droit des personnes trans à vivre libres des étiquettes imposées, des soupçons injustifiés et des discriminations qu’elles n’auraient jamais dû subir. Nous revendiquons une société dans laquelle l’identité de chaque personne est respectée sans condition et où personne n’a à prouver qu’il mérite de vivre dans la dignité.

Car aucune identité n’a besoin d’une autorisation médicale pour mériter le respect, personne ne devrait avoir à s’excuser d’exister et aucune société ne peut se considérer véritablement libre tant que certaines personnes ont peur d’être elles-mêmes.

Sans pathologisation imposée, sans préjugés et sans discrimination.

Être, vivre et exister en liberté.

Sans haine et sans violence.

Et dans toute sa dignité.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

A liberdade de ser, sem pedir autorização

(Dia Internacional da Despatologização das Pessoas Trans)

Alguns direitos deveriam ser tão evidentes que não precisaríamos de dedicar um dia à sua reivindicação. O direito de sermos quem somos, de vivermos de acordo com a nossa identidade e de construirmos a nossa vida sem medo, sem preconceitos e sem termos de justificar a nossa existência deveria fazer parte dos princípios mais fundamentais de qualquer sociedade que aspire a ser verdadeiramente livre, democrática e igualitária. No entanto, para muitas pessoas trans, essa liberdade continua a ser um objetivo por alcançar.

Durante demasiado tempo, as pessoas trans foram confrontadas com a incompreensão, o estigma e a discriminação. Durante décadas, as identidades trans foram consideradas doenças ou perturbações mentais pelas instituições médicas e pelos sistemas internacionais de classificação. Esta visão contribuiu para alimentar preconceitos, legitimar a exclusão e transmitir a milhares de pessoas uma mensagem profundamente injusta, fazendo-as acreditar que havia algo de errado com elas pelo simples facto de serem quem eram.

Mas as pessoas trans nunca foram uma doença que precisasse de ser curada. O que precisa de mudar é uma sociedade que ainda pretende impor uma única forma de compreender o corpo, o género e a identidade. A diversidade humana não constitui uma ameaça nem uma anomalia. É uma realidade que nos acompanha ao longo da história e que merece o mesmo respeito que qualquer outra expressão da nossa humanidade.

A Organização Mundial da Saúde abandonou a classificação da transexualidade como perturbação mental na CID 11, que entrou em vigor em 2022. Este avanço representou um passo fundamental no combate ao estigma e no reconhecimento de que ser trans não constitui, por si só, uma doença. No entanto, despatologizar não significa abandonar as pessoas que necessitam de cuidados de saúde. Significa garantir que possam aceder a esses cuidados com respeito pela sua autonomia e dignidade, reconhecendo plenamente as suas necessidades, sem que a sua identidade se torne motivo de suspeita ou de questionamento permanente.

Não podemos, porém, esquecer que por detrás de cada debate existem vidas concretas. Há crianças e adolescentes que merecem crescer sem medo da rejeição, jovens que precisam de espaços seguros para se descobrirem, adultos que suportaram anos de incompreensão e pessoas trans mais velhas cujas experiências continuam a ser invisibilizadas. Existem também famílias que as acompanham, profissionais que cuidam delas e pessoas que continuam a lutar para que ninguém tenha de escolher entre ser fiel a si próprio e sentir-se aceite pelos outros.

A despatologização exige também combater a transfobia, garantir uma educação baseada no respeito, proteger o acesso ao emprego e à habitação, assegurar cuidados de saúde adequados e defender os direitos de todas as pessoas contra qualquer forma de violência ou discriminação. Não basta alterar uma classificação médica se os preconceitos continuarem enraizados nas nossas ruas, escolas, instituições e locais de trabalho.

Não celebramos o facto de algo ter deixado de ser considerado uma doença. Celebramos o direito das pessoas trans a viverem livres de rótulos impostos, de suspeitas injustificadas e de discriminações que nunca deveriam ter sofrido. Reivindicamos uma sociedade em que a identidade de cada pessoa seja respeitada sem condições e em que ninguém tenha de provar que merece viver com dignidade.

Porque nenhuma identidade precisa de uma autorização médica para merecer respeito, ninguém deveria ter de pedir desculpa por existir e nenhuma sociedade pode considerar-se verdadeiramente livre enquanto houver pessoas com medo de serem quem são.

Sem patologizações impostas, sem preconceitos e sem discriminação.

Sendo, vivendo e existindo em liberdade.

Sem ódio e sem violência.

E com toda a dignidade.

La lucha por la libertad en Afganistán

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Desgraciadamente, hay lugares en el mundo donde nacer niña significa tener que aprender demasiado pronto que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, que no todos los sueños pueden perseguirse en libertad y que, a veces, algo tan sencillo como ir a clase, salir a la calle o elegir qué hacer con la propia vida puede convertirse en una lucha diaria. Afganistán es hoy uno de esos lugares, un país en el que millones de mujeres, niñas y jóvenes viven sometidas a unas restricciones que les impiden desarrollar su personalidad, decidir sobre su futuro y participar en una sociedad que también les pertenece.

Desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021, las mujeres afganas han visto cómo sus derechos se reducían progresivamente hasta afectar a prácticamente todos los aspectos de su vida cotidiana. Lo que comenzó con determinadas prohibiciones se ha convertido en un sistema de exclusión que condiciona su educación, su trabajo, sus relaciones personales, su libertad de movimiento y hasta la posibilidad de recibir atención sanitaria. No estamos hablando de una situación puntual ni de una medida aislada, sino de una realidad que se prolonga desde hace años y que amenaza con marcar el futuro de toda una generación.

Una de las imágenes más dolorosas de esta situación es la de las niñas que llegan a una edad en la que ya no pueden continuar estudiando. Hasta entonces han aprendido a leer, a escribir, a conocer el mundo y a imaginar qué quieren ser cuando crezcan. Algunas sueñan con convertirse en médicas, otras quieren ser profesoras, abogadas, ingenieras o simplemente tener la oportunidad de elegir su propio camino. Sin embargo, al terminar la educación primaria, sus posibilidades de continuar en la enseñanza formal quedan prácticamente cerradas por las prohibiciones impuestas por las autoridades talibanes.

La UNESCO ha advertido en 2026 de que alrededor de 2,4 millones de niñas están excluidas de la educación secundaria en Afganistán. Detrás de esa cifra hay millones de historias personales, de familias que intentan encontrar alternativas y de jóvenes que ven cómo los años pasan mientras sus hermanos pueden seguir estudiando y ellas tienen que quedarse en casa. La educación no debería depender del sexo con el que nacemos, pero para estas niñas se ha convertido en un privilegio que se les niega precisamente por ser niñas.

Tampoco las mujeres que ya habían llegado a la universidad han podido continuar con normalidad sus estudios. Muchas jóvenes que habían trabajado durante años para acceder a una carrera se encontraron con las puertas cerradas y con un futuro profesional que desaparecía de un día para otro. A ello se sumaron las restricciones impuestas a la formación sanitaria, que impiden a las mujeres acceder a distintas modalidades de preparación médica y profesional. Resulta especialmente doloroso pensar en quienes querían convertirse en médicas o matronas para ayudar a otras mujeres y ahora no pueden completar su formación.

Y es que la exclusión educativa no termina cuando una niña deja de acudir a clase. Sus consecuencias se extienden durante toda la vida. Sin formación, resulta mucho más difícil encontrar un empleo digno, conseguir ingresos propios y tomar decisiones con independencia. También se reducen las posibilidades de abandonar una relación abusiva o de salir de una situación familiar que cause sufrimiento. Cuando a una persona se le niega la educación, no se le está quitando solamente la posibilidad de aprender una serie de conocimientos, sino también una parte importante de su libertad y de su capacidad para decidir.

La situación laboral tampoco ofrece demasiadas oportunidades. Muchas mujeres que antes trabajaban como profesoras, funcionarias, periodistas, abogadas o profesionales sanitarias han visto interrumpidas sus carreras. Otras continúan trabajando en determinados sectores, pero deben hacerlo dentro de unas condiciones cada vez más restrictivas. Las limitaciones afectan también a las organizaciones humanitarias y a otros espacios en los que las mujeres desempeñaban una labor imprescindible para atender a la población.

Según datos publicados por ONU Mujeres en 2026, solamente el siete por ciento de las mujeres encuestadas tenía empleo, frente al 84 por ciento de los hombres. Aunque estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta la metodología de la encuesta, reflejan una desigualdad económica extraordinaria. Muchas mujeres dependen ahora de sus familiares para cubrir necesidades básicas y otras deben intentar mantener a sus hijos sin disponer de oportunidades suficientes para conseguir ingresos.

Pensemos, por un momento, en una mujer que ha perdido a su marido y que tiene dos hijos a su cargo. Necesita trabajar para alimentarlos, pagar una vivienda y procurar que puedan estudiar, pero encuentra dificultades para acceder a un empleo y para desplazarse sin un acompañante masculino cuando las autoridades lo exigen. ¿Qué alternativas le quedan si no cuenta con una familia que pueda ayudarla? ¿Cómo puede salir adelante si las mismas normas que condicionan su libertad también limitan sus posibilidades de conseguir los recursos necesarios para vivir?

No todas las mujeres afganas se encuentran en esa situación, pero muchas afrontan dificultades semejantes, especialmente aquellas que viven en la pobreza, las que han perdido a sus familiares o las que encabezan sus hogares. La desigualdad no se queda en una cuestión teórica ni desaparece cuando termina una jornada de trabajo. Se convierte en una preocupación constante por la comida, la vivienda, la salud y el futuro de los hijos.

La libertad de movimiento es otro de los derechos que se han visto seriamente afectados. Las exigencias relativas al acompañamiento masculino, las restricciones sobre la vestimenta y las limitaciones para acceder a determinados espacios públicos hacen que actividades cotidianas puedan convertirse en un problema. Salir a comprar, acudir a una consulta médica, visitar a una amiga o desplazarse para trabajar no deberían ser decisiones extraordinarias, pero para muchas mujeres afganas dependen de unas condiciones que escapan a su control.

Las autoridades han impuesto normas sobre la cobertura del cuerpo y del cabello y han establecido restricciones sobre la conducta femenina en los espacios públicos. No se trata de cuestionar que una mujer decida libremente llevar velo, chador o burka, porque cada persona debe poder vivir sus convicciones y elegir cómo vestir dentro del respeto a los derechos de los demás. El problema aparece cuando esa elección deja de ser libre y se convierte en una obligación cuyo incumplimiento puede acarrear amenazas, detenciones o castigos.

En octubre de 2026, Naciones Unidas denunció detenciones de mujeres y una niña relacionadas con supuestas infracciones de las normas de vestimenta y con la presencia pública sin acompañamiento masculino. Los casos documentados en Kabul y Herat muestran hasta qué punto estas restricciones pueden afectar a la vida cotidiana y generar miedo incluso entre quienes no han cometido ninguna conducta que deba ser castigada conforme a un sistema de derechos humanos.

Porque el miedo también limita la libertad. Una mujer no necesita ser detenida todos los días para que su comportamiento cambie. Basta con que sepa que puede ser interrogada, humillada o castigada para que empiece a evitar determinados lugares, renuncie a ciertas actividades o deje de expresar lo que piensa. Poco a poco, el espacio en el que puede desenvolverse se hace más pequeño y la vida termina organizándose alrededor de aquello que no debe hacer, de los lugares a los que no puede ir y de las decisiones que no puede tomar.

A todo ello se añade una preocupación especialmente grave, la dificultad para recibir atención sanitaria. Afganistán arrastra desde hace años importantes problemas de acceso a los servicios médicos, agravados por la pobreza, la falta de infraestructuras y la reducción de la ayuda humanitaria. Las restricciones que afectan a las mujeres y la disminución de las oportunidades de formación para futuras profesionales sanitarias añaden nuevos obstáculos a una situación que ya era complicada.

Una mujer embarazada puede necesitar una revisión médica, una prueba diagnóstica o asistencia urgente durante el parto. Una niña puede sufrir una enfermedad que requiera atención especializada. Una joven puede necesitar ayuda psicológica para afrontar una situación de violencia. Ninguna debería encontrarse con barreras adicionales por el hecho de ser mujer, pero las limitaciones de movimiento, la falta de profesionales femeninas y las dificultades económicas pueden hacer que recibir asistencia resulte mucho más complicado.

El UNFPA advirtió en junio de 2026 de las importantes carencias en la atención prenatal y de la situación de las mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición. También señaló las dificultades provocadas por el cierre de centros sanitarios comunitarios. No estamos hablando únicamente de estadísticas sobre servicios médicos, sino de personas que necesitan atención y que pueden no recibirla a tiempo.

La salud de las mujeres también incluye su bienestar emocional. Vivir sin saber cuándo podrán volver a estudiar, trabajar o desarrollar una vida independiente puede generar una enorme sensación de incertidumbre. La pérdida de amistades, el aislamiento, la dependencia económica y la imposibilidad de participar con normalidad en la sociedad afectan a la manera en que una persona se relaciona consigo misma y con el mundo que la rodea.

ONU Mujeres informó en 2026 de que siete de cada diez mujeres encuestadas calificaban su salud mental como mala o muy mala. Esta cifra no significa que todas las mujeres afganas sufran los mismos problemas, pero sí constituye una señal de alarma sobre el impacto que las restricciones están teniendo en su bienestar. Resulta difícil imaginar la carga emocional que supone ver cómo se cierran las puertas de la educación, cómo desaparecen las oportunidades profesionales y cómo se estrecha el horizonte de una vida que todavía está comenzando.

La situación se vuelve aún más preocupante cuando hablamos de violencia contra las mujeres. La posibilidad de denunciar una agresión y conseguir protección efectiva es fundamental para cualquier sociedad que pretenda garantizar la dignidad de sus integrantes. Sin embargo, las restricciones de movimiento, la dependencia económica y las dificultades para acceder a la justicia pueden dejar a muchas mujeres en una posición de especial vulnerabilidad.

En marzo de 2026, Amnistía Internacional advirtió de que la nueva regulación penal talibán ofrecía una protección insuficiente frente a determinadas formas de violencia doméstica. La organización señaló que la definición de los malos tratos podía dejar fuera conductas que no produjeran lesiones físicas visibles o fracturas. Este planteamiento resulta especialmente preocupante porque la violencia no se limita a los golpes. También puede manifestarse mediante amenazas, coacciones, aislamiento, humillaciones y control sobre la vida de otra persona.

Una mujer que sufre violencia necesita algo más que una norma escrita. Necesita poder pedir ayuda sin miedo, acceder a un abogado, recibir atención médica, encontrar un lugar seguro y disponer de recursos para reconstruir su vida. Si depende económicamente de quien la maltrata y no tiene dónde ir, abandonar esa relación puede convertirse en una decisión extraordinariamente difícil.

Las restricciones jurídicas introducidas en 2026 sobre la separación matrimonial han suscitado, además, advertencias de Naciones Unidas por la desigualdad que mantienen entre hombres y mujeres y por las dificultades que pueden imponer a quienes intentan abandonar relaciones abusivas. Cuando una persona no puede salir de una relación sin enfrentarse a obstáculos legales, económicos y sociales, su libertad deja de ser una realidad efectiva.

Las niñas también sufren las consecuencias de un contexto en el que la pobreza y la exclusión educativa aumentan el riesgo de matrimonio temprano. El matrimonio infantil no nació con el regreso de los talibanes, pero las circunstancias actuales pueden agravar sus causas y reducir las alternativas disponibles para muchas familias. Cuando falta el dinero para comprar alimentos, pagar una vivienda o atender una enfermedad, algunas familias llegan a considerar el matrimonio de una hija como una forma de afrontar una situación desesperada.

El 15 de octubre de 2026, un reportaje de The Guardian describió la situación de familias desplazadas por la sequía en la provincia de Badghis que recurrían a comprometer o casar a sus hijas para hacer frente a deudas y necesidades básicas. Son testimonios concretos que no representan por sí solos a toda la población afgana, pero que permiten comprender cómo la pobreza extrema puede empujar a niñas y adolescentes hacia situaciones que ponen en riesgo sus derechos y su futuro.

Una niña que se casa demasiado pronto puede abandonar sus estudios, depender económicamente de su marido y enfrentarse a un embarazo para el que todavía no está preparada. Si además sufre violencia, puede encontrar enormes dificultades para pedir ayuda o abandonar la relación. Por eso, combatir el matrimonio infantil exige mucho más que condenar una práctica. Hace falta garantizar la educación, ofrecer apoyo económico a las familias, proteger a las menores y asegurar que puedan decidir sobre su propia vida.

Ante esta realidad, resulta imposible no preguntarse qué está haciendo el mundo. Las Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias y las entidades de derechos humanos continúan documentando vulneraciones, prestando asistencia y reclamando cambios. La UNESCO y UNICEF trabajan para mantener oportunidades educativas, mientras que el UNFPA desarrolla programas de salud materna y reproductiva. Sin embargo, las restricciones impuestas a las trabajadoras humanitarias y los recortes de financiación dificultan que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

La justicia internacional también ha comenzado a desempeñar un papel relevante. En octubre de 2026 se hicieron públicas órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra altos cargos talibanes por presuntos crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos de género y políticos. Estas órdenes representan un avance importante en la exigencia de responsabilidades, aunque no equivalen a una condena ni resuelven por sí mismas los problemas cotidianos de las mujeres que continúan viviendo en Afganistán. Es decir, nada ha cambiado en lo sustancial.

En el debate internacional se utiliza cada vez más la expresión APARTHEID DE GÉNERO para describir el sistema de segregación y exclusión que sufren las mujeres y las niñas. Más allá del alcance jurídico concreto de esa expresión, lo importante es comprender la dimensión de lo que está sucediendo. No se trata simplemente de que las mujeres tengan menos oportunidades que los hombres, sino de que se están imponiendo barreras que les impiden ejercer derechos fundamentales y participar en la sociedad en condiciones de igualdad.

Pero hay algo que no podemos olvidar cuando hablamos de Afganistán. Las mujeres afganas no son únicamente víctimas de una situación injusta. Son también personas que resisten, que cuidan de sus familias, que buscan alternativas para seguir aprendiendo y que intentan mantener vivos sus proyectos a pesar de las dificultades. Algunas participan en protestas, otras enseñan en espacios informales, otras sostienen pequeños negocios y muchas encuentran maneras discretas de ayudarse mutuamente.

No todas pueden alzar la voz públicamente, ni todas están en condiciones de asumir los riesgos que implica desafiar a las autoridades. El silencio no siempre significa conformidad, del mismo modo que la supervivencia cotidiana no debe confundirse con la aceptación de las restricciones. A veces, seguir adelante, proteger a los hijos o intentar que una niña continúe aprendiendo ya requiere una enorme capacidad de resistencia.

Tampoco debemos caer en la tentación de hablar de las mujeres afganas como si fueran todas iguales. Hay diferencias entre quienes viven en ciudades y quienes residen en zonas rurales, entre quienes cuentan con apoyo familiar y quienes han perdido a sus seres queridos, entre quienes disponen de recursos y quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas. Las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, las desplazadas y las que encabezan sus hogares pueden enfrentarse a dificultades adicionales que deben tenerse en cuenta.

Reconocer esas diferencias no resta gravedad a la situación. Al contrario, nos ayuda a comprenderla mejor y a evitar que millones de vidas distintas queden reducidas a una única imagen de sufrimiento. Cada mujer tiene su propia historia, sus aspiraciones y su manera de afrontar las dificultades. Todas comparten, sin embargo, el derecho a vivir con dignidad y a disponer de las mismas libertades fundamentales que cualquier otra persona.

La comunidad internacional no puede limitarse a expresar preocupación cada vez que aparece una nueva noticia. Es necesario mantener la ayuda humanitaria, proteger a quienes defienden los derechos humanos, apoyar las oportunidades educativas, garantizar la atención sanitaria y exigir que las autoridades permitan a las mujeres recuperar sus libertades. También resulta imprescindible documentar las vulneraciones y preservar las pruebas para que puedan investigarse y, cuando corresponda, exigirse responsabilidades conforme al derecho internacional.

Nada de esto significa que exista una solución sencilla o inmediata. Afganistán atraviesa una crisis compleja, marcada también por la pobreza, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos y la reducción de recursos. Pero precisamente por eso resulta fundamental que las respuestas internacionales se centren en las necesidades reales de la población y no conviertan a las mujeres y las niñas en las grandes olvidadas de las decisiones políticas.

Hay una idea que debería acompañarnos cada vez que pensamos en ellas. Ninguna niña debería tener que renunciar a sus sueños porque alguien haya decidido que estudiar no le corresponde. Ninguna mujer debería necesitar la autorización de otra persona para desarrollar su vida, trabajar o recibir asistencia médica. Y ninguna víctima debería sentirse atrapada en una relación violenta porque no dispone de protección ni de recursos para salir de ella.

Lo que está sucediendo con las mujeres y niñas en Afganistán es, sin duda, uno de los ejemplos más claros de la historia reciente de que los derechos humanos nunca pueden darse por garantizados. Son conquistas que necesitan protección, instituciones que los respeten y una sociedad dispuesta a defenderlos cuando se encuentran amenazados. Cuando se permite que una parte de la población quede excluida de la educación, del trabajo y de la vida pública, la desigualdad deja de ser una cuestión individual y se convierte en un problema que afecta a toda la humanidad.

Detrás de cada cifra hay una niña que quiere aprender, una joven que desea construir su futuro y una mujer que solo pide poder vivir sin miedo. Sus vidas no deberían quedar determinadas por las prohibiciones de quienes pretenden decidir por ellas. Su dignidad no depende de que el mundo las mire, las escuche o las defienda, pero nuestra responsabilidad colectiva sí se mide, en buena parte, por lo que hacemos cuando sus derechos son vulnerados.

Que ninguna niña tenga que aprender a renunciar antes de aprender a soñar, que ninguna mujer tenga que pedir permiso para poder ser libre y que ningún silencio nos haga olvidar a quienes siguen luchando cada día por vivir con dignidad.

Porque podrán cerrar escuelas, imponer silencios, levantar muros y tratar de borrar a las mujeres de la vida pública, pero jamás podrán apagar por completo la fuerza de quienes se niegan a renunciar a su libertad.

Mientras una sola mujer afgana siga alzando la voz, resistiendo o soñando con un futuro distinto, habrá una esperanza que ninguna prohibición podrá destruir.

Sus derechos no pueden quedar en suspenso mientras la comunidad internacional observa.

La libertad de las mujeres y niñas de Afganistán no se negocia.

Y su dignidad no se vende.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
The Struggle for Freedom in Afghanistan

Sadly, there are places in the world where being born a girl means having to learn far too early that not everyone has the same opportunities, that not every dream can be pursued freely and that sometimes something as simple as going to school, walking down the street or choosing what to do with your own life can become a daily struggle. Afghanistan is one of those places today, a country where millions of women, girls and young women live under restrictions that prevent them from developing their personalities, deciding their own futures and participating in a society to which they also belong.

Since the Taliban returned to power in August 2021, Afghan women have watched their rights gradually erode, affecting virtually every aspect of their daily lives. What began as a series of prohibitions has become a system of exclusion that dictates their education, employment, personal relationships, freedom of movement and even their ability to access healthcare. We are not talking about a temporary situation or an isolated measure, but a reality that has persisted for years and threatens to shape the future of an entire generation.

One of the most heartbreaking images of this situation is that of girls reaching an age at which they are no longer allowed to continue their education. Until then, they have been learning to read, to write, to understand the world and to imagine what they want to become when they grow up. Some dream of becoming doctors, others want to be teachers, lawyers or engineers, while others simply want the opportunity to choose their own path. Yet once they finish primary school, their chances of continuing their formal education are effectively cut off by the prohibitions imposed by the Taliban authorities.

In 2026, UNESCO warned that around 2.4 million girls were excluded from secondary education in Afghanistan. Behind that figure lie millions of personal stories, families trying to find alternatives and young women watching the years go by while their brothers are allowed to continue studying and they are forced to stay at home. Education should not depend on the sex we are born with, yet for these girls it has become a privilege denied to them precisely because they are girls.

Women who had already reached university have also been unable to continue their studies as normal. Many young women who had worked for years to gain access to higher education found the doors closed and their professional futures disappearing overnight. On top of this came restrictions on healthcare training, preventing women from accessing various forms of medical and professional education. It is particularly painful to think of those who wanted to become doctors or midwives to help other women but are now unable to complete their training.

Educational exclusion does not end when a girl stops attending school. Its consequences extend throughout her life. Without an education, finding decent work, earning an independent income and making decisions autonomously become far more difficult. The chances of leaving an abusive relationship or escaping a family situation that causes suffering are also reduced. When someone is denied an education, they are not simply deprived of the opportunity to acquire knowledge. They are also deprived of a significant part of their freedom and their ability to make their own choices.

Employment offers little hope either. Many women who previously worked as teachers, civil servants, journalists, lawyers or healthcare professionals have seen their careers interrupted. Others continue to work in certain sectors but must do so under increasingly restrictive conditions. These limitations also affect humanitarian organisations and other areas in which women played an essential role in supporting the population.

According to figures published by UN Women in 2026, only seven per cent of the women surveyed were employed, compared with 84 per cent of men. Although these figures must be interpreted in light of the survey methodology, they reveal an extraordinary level of economic inequality. Many women now depend on relatives to meet their basic needs, while others struggle to support their children without sufficient opportunities to earn an income.

Let us imagine, for a moment, a woman who has lost her husband and has two children to care for. She needs to work to feed them, pay for housing and ensure that they can study, but she faces difficulties finding employment and travelling without a male companion when the authorities require one. What options does she have if she has no family to support her? How can she build a life for herself when the very rules that restrict her freedom also limit her ability to obtain the resources she needs to survive?

Not all Afghan women find themselves in this situation, but many face similar difficulties, especially those living in poverty, those who have lost family members and those who are the sole heads of their households. Inequality is not an abstract issue, nor does it disappear when the working day ends. It becomes a constant worry about food, housing, health and the future of their children.

Freedom of movement is another right that has been seriously affected. Requirements to be accompanied by a male relative, restrictions on clothing and limitations on access to certain public spaces mean that everyday activities can become a problem. Going shopping, attending a medical appointment, visiting a friend or travelling to work should not be extraordinary decisions, yet for many Afghan women they depend on conditions beyond their control.

The authorities have imposed rules on covering the body and hair and introduced restrictions on women’s behaviour in public spaces. This is not about questioning a woman’s free decision to wear a headscarf, a chador or a burqa, because everyone should be able to live according to their beliefs and choose how to dress while respecting the rights of others. The problem arises when that choice is no longer free and becomes an obligation whose violation can lead to threats, detention or punishment.

In October 2026, the United Nations reported cases involving the detention of women and a girl in connection with alleged violations of dress regulations and appearing in public without a male companion. Cases documented in Kabul and Herat illustrate how deeply these restrictions can affect everyday life and create fear, even among people who have done nothing that should be punishable under a human rights based system.

Fear itself also limits freedom. A woman does not need to be detained every day for her behaviour to change. It is enough for her to know that she could be questioned, humiliated or punished for her to begin avoiding certain places, giving up particular activities or no longer expressing what she thinks. Gradually, the space in which she can move freely becomes smaller, and her life ends up revolving around what she must not do, where she cannot go and which decisions she cannot make.

All of this is compounded by a particularly serious concern, the difficulty of accessing healthcare. Afghanistan has faced major problems with access to medical services for years, exacerbated by poverty, inadequate infrastructure and reductions in humanitarian aid. Restrictions affecting women and the shrinking opportunities to train future female healthcare professionals create further obstacles in a situation that was already difficult.

A pregnant woman may need a medical check-up, a diagnostic test or urgent assistance during childbirth. A girl may develop an illness requiring specialist care. A young woman may need psychological support to cope with violence. None of them should face additional barriers simply because they are women, yet restrictions on movement, a shortage of female healthcare professionals and financial difficulties can make accessing care far more complicated.

In June 2026, UNFPA warned of significant gaps in antenatal care and highlighted the plight of pregnant and breastfeeding women suffering from malnutrition. It also pointed to the difficulties caused by the closure of community health centres. We are not talking merely about statistics concerning medical services, but about people who need care and may not receive it in time.

Women’s health also includes their emotional wellbeing. Living without knowing when they will be able to study again, work or lead an independent life can create an overwhelming sense of uncertainty. The loss of friendships, isolation, financial dependence and the inability to participate normally in society all affect how a person relates to themselves and the world around them.

In 2026, UN Women reported that seven out of ten women surveyed rated their mental health as poor or very poor. This figure does not mean that all Afghan women experience the same problems, but it is a warning sign of the impact these restrictions are having on their wellbeing. It is difficult to imagine the emotional burden of watching the doors to education close, professional opportunities disappear and the horizons of a life that is only just beginning grow narrower.

The situation becomes even more worrying when we consider violence against women. The ability to report an assault and obtain effective protection is essential in any society that seeks to uphold the dignity of its members. Yet restrictions on movement, financial dependence and difficulties accessing justice can leave many women in an especially vulnerable position.

In March 2026, Amnesty International warned that the new Taliban criminal regulations provided insufficient protection against certain forms of domestic violence. The organisation noted that the definition of abuse could exclude acts that did not result in visible physical injuries or fractures. This approach is particularly troubling because violence is not limited to physical blows. It can also take the form of threats, coercion, isolation, humiliation and control over another person’s life.

A woman experiencing violence needs more than a written law. She needs to be able to ask for help without fear, consult a lawyer, receive medical attention, find a safe place and have the resources to rebuild her life. If she is financially dependent on the person abusing her and has nowhere to go, leaving that relationship can become an extraordinarily difficult decision.

Legal restrictions introduced in 2026 concerning marital separation have also prompted warnings from the United Nations about the inequality they perpetuate between men and women and the obstacles they may impose on those trying to escape abusive relationships. When someone cannot leave a relationship without facing legal, financial and social barriers, freedom ceases to be a reality they can truly exercise.

Girls also suffer the consequences of a situation in which poverty and educational exclusion increase the risk of early marriage. Child marriage did not begin with the Taliban’s return to power, but current circumstances can exacerbate its causes and reduce the alternatives available to many families. When there is not enough money to buy food, pay rent or treat an illness, some families may come to see marrying off a daughter as a way of coping with desperate circumstances.

On 15 October 2026, a report by The Guardian described the situation of families displaced by drought in Badghis province who were arranging engagements or marriages for their daughters to cope with debts and meet basic needs. These individual accounts do not, by themselves, represent the entire Afghan population, but they help us understand how extreme poverty can push girls and adolescents into situations that put their rights and futures at risk.

A girl who marries too young may abandon her education, become financially dependent on her husband and face a pregnancy for which she is not yet prepared. If she also experiences violence, she may find it extremely difficult to seek help or leave the relationship. That is why tackling child marriage requires much more than condemning the practice. It means ensuring access to education, providing financial support to families, protecting minors and guaranteeing that girls can make decisions about their own lives.

Faced with this reality, it is impossible not to ask what the world is doing. The United Nations, humanitarian organisations and human rights groups continue to document abuses, provide assistance and demand change. UNESCO and UNICEF work to preserve educational opportunities, while UNFPA runs maternal and reproductive health programmes. However, restrictions imposed on female humanitarian workers and funding cuts make it harder for aid to reach those who need it most.

International justice has also begun to play an important role. In October 2026, arrest warrants issued by the International Criminal Court against senior Taliban officials became public in connection with alleged crimes against humanity of persecution on gender and political grounds. These warrants represent an important step towards accountability, although they do not amount to convictions and cannot, on their own, resolve the everyday problems faced by women who continue to live in Afghanistan. In other words, nothing fundamental has changed.

The term GENDER APARTHEID is increasingly used in international debate to describe the system of segregation and exclusion imposed on women and girls. Whatever the precise legal status of this expression, what matters is understanding the scale of what is happening. This is not simply a matter of women having fewer opportunities than men. Barriers are being imposed that prevent them from exercising fundamental rights and participating in society on an equal footing.

But there is something we must never forget when we talk about Afghanistan. Afghan women are not merely victims of an unjust situation. They are also people who resist, care for their families, seek alternatives that allow them to keep learning and try to keep their hopes and plans alive despite the difficulties. Some take part in protests, others teach in informal settings, others run small businesses, and many find discreet ways to support one another.

Not everyone can speak out publicly, nor is everyone in a position to take the risks involved in challenging the authorities. Silence does not always mean consent, just as surviving from day to day should not be mistaken for accepting these restrictions. Sometimes, carrying on, protecting one’s children or trying to ensure that a girl can continue learning already requires extraordinary resilience.

We must also avoid the temptation to speak about Afghan women as though they were all the same. There are differences between those living in cities and those in rural areas, between those who have family support and those who have lost loved ones, and between those with resources and those who can barely meet their basic needs. Women from ethnic and religious minorities, displaced women and those who head their own households may face additional difficulties that must be taken into account.

Recognising these differences does not diminish the seriousness of the situation. On the contrary, it helps us understand it better and prevents millions of different lives from being reduced to a single image of suffering. Every woman has her own story, aspirations and way of facing hardship. Yet they all share the right to live with dignity and enjoy the same fundamental freedoms as everyone else.

The international community cannot limit itself to expressing concern every time a new report makes the headlines. Humanitarian aid must be sustained, those who defend human rights must be protected, educational opportunities must be supported, healthcare must be ensured and the authorities must be pressed to restore women’s freedoms. It is also essential to document abuses and preserve evidence so that they can be investigated and, where appropriate, accountability can be pursued under international law.

None of this means there is a simple or immediate solution. Afghanistan is facing a complex crisis, also marked by poverty, food insecurity, displacement and shrinking resources. But that is precisely why international responses must focus on the population’s real needs and must not allow women and girls to become the great forgotten victims of political decisions.

There is one idea we should carry with us whenever we think of them. No girl should have to abandon her dreams because someone has decided that education is not for her. No woman should need another person’s permission to build a life, work or receive medical care. And no victim should feel trapped in a violent relationship because she has neither protection nor the resources to escape it.

What is happening to women and girls in Afghanistan is undoubtedly one of the clearest examples in recent history of why human rights can never be taken for granted. These rights are hard won and require protection, institutions that respect them and a society prepared to defend them when they are threatened. When a section of the population is excluded from education, employment and public life, inequality ceases to be an individual issue and becomes a problem that affects all of humanity.

Behind every statistic is a girl who wants to learn, a young woman who wants to build her future and a woman who simply wants to live without fear. Their lives should not be determined by the prohibitions of those who seek to make decisions on their behalf. Their dignity does not depend on whether the world sees them, hears them or defends them, but our collective responsibility is measured, to a great extent, by what we do when their rights are violated.

May no girl have to learn to give up before she has even learned to dream, may no woman have to ask permission to be free, and may no silence ever make us forget those who continue to fight every day to live with dignity.

They may close schools, impose silence, build walls and try to erase women from public life, but they will never be able to extinguish entirely the strength of those who refuse to surrender their freedom.

As long as even one Afghan woman continues to raise her voice, resist or dream of a different future, there will be a hope that no prohibition can destroy.

Their rights cannot be put on hold while the international community looks on.

The freedom of women and girls in Afghanistan is not negotiable.

And their dignity is not for sale.