Votar en contra de la dignidad

Existen momentos en política en los que las diferencias ideológicas dejan de ser una cuestión abstracta y se convierten en algo extraordinariamente concreto. Se convierten en la posibilidad de que una persona pueda seguir viviendo en su casa, de que una familia pueda pagar el alquiler sin dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos, de que un joven pueda emanciparse o de que alguien que atraviesa una situación económica difícil disponga de un tiempo adicional para encontrar una alternativa habitacional. Por desgracia, eso tampoco ha ha ocurrido esta vez. 

Lo ocurrido hoy con los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el 29 de septiembre de 2026 pertenece a esa categoría. El Congreso ha afrontado este 2 de octubre la convalidación del Real Decreto-ley 26/2026, destinado a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, dirigido a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. El PP, Vox y UPN anunciaron su rechazo, al que se sumó finalmente Junts. Por tanto, los dos decretos han decaído formalmente al no ser convalidados por el Congreso de los Diputados. 

Aquí conviene detenerse en algo fundamental. No estamos hablando de dos normas que simplemente aumentasen el gasto público o de dos medidas simbólicas. Estamos hablando de instrumentos concretos destinados a intervenir sobre algunos de los problemas económicos que hacen que acceder y permanecer en una vivienda resulte cada vez más difícil para una parte de la población. El primer decreto contenía, entre otras medidas, una ampliación hasta 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, mecanismos para ampliar y proteger el parque público de vivienda, regulación de determinadas operaciones de adquisición, medidas fiscales, incentivos para vivienda asequible y mecanismos destinados a reducir el esfuerzo económico de determinados hogares. También contemplaba medidas relacionadas con los alquileres temporales y por habitaciones y establecía mecanismos para limitar determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028. Es decir, no se trataba exclusivamente de proteger al inquilino frente al propietario, sino de actuar sobre diferentes partes del mercado inmobiliario y sobre la propia oferta de vivienda asequible.

El segundo decreto abordaba otro problema muy concreto, la estabilidad de las personas que viven de alquiler. Su finalidad era modificar el régimen de prórroga de los contratos de vivienda habitual para evitar que miles de hogares pudieran encontrarse, al finalizar sus contratos, ante la necesidad de abandonar su vivienda en un mercado tensionado sin disponer de una alternativa razonable. El texto establecía prórrogas sucesivas y ampliaba de cuatro a seis meses el preaviso del arrendador, con determinadas excepciones y una compensación económica en determinados supuestos de no renovación.

Por supuesto, es legítimo discutir estas medidas. Un propietario tiene derechos y la propiedad privada está constitucionalmente protegida; un arrendador puede tener razones legítimas para recuperar una vivienda; y las políticas de vivienda pueden tener efectos secundarios sobre la oferta. Algunas regulaciones pueden generar problemas de seguridad jurídica si están mal diseñadas. Y precisamente por eso resulta razonable que cualquier decreto pueda ser debatido, modificado y mejorado.

Pero una cosa es discrepar de una medida concreta y otra muy distinta es rechazar globalmente un paquete de medidas sin ofrecer una alternativa legislativa capaz de proteger de manera equivalente a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad habitacional. Porque la pregunta verdaderamente importante es muy sencilla, ¿qué ocurre con las personas que necesitan esas medidas cuando las medidas desaparecen?

Si un desahucio afecta a una persona vulnerable que no dispone de alternativa habitacional, la desaparición de una protección no es una abstracción jurídica, porque uede significar que esa persona pierda su vivienda. De la misma manera, si un contrato de alquiler termina en un mercado tensionado y el arrendatario no puede encontrar otra vivienda a un precio asumible, la desaparición de mecanismos de estabilidad contractual tampoco es una abstracción, porque uede significar que una familia tenga que elegir entre pagar la vivienda, pagar la alimentación o abandonar su municipio. Y si una persona joven no puede acceder a una vivienda porque el alquiler absorbe una parte excesiva de sus ingresos, decirle simplemente que espere a que el mercado se equilibre tampoco constituye una política de vivienda.

Pero detrás de cada una de esas situaciones hay algo que a veces se pierde cuando hablamos de decretos, disposiciones adicionales, prórrogas, mayorías parlamentarias y votaciones, hay personas. Hay una familia concreta detrás de cada desahucio provocado por la imposibilidad de seguir pagando un alquiler; hay nombres, historias, hijos, trabajos, recuerdos y vidas enteras detrás de una puerta que puede terminar cerrándose; hay también una mujer que puede encontrarse atrapada en una vivienda en la que sufre violencia porque marcharse significa enfrentarse a un mercado de alquiler que no puede permitirse. Porque para ella, la vivienda no es una estadística ni una cuestión teórica sobre la regulación del mercado, puede ser la condición material que necesita para poder escapar y reconstruir su vida.

También hay parejas que retrasan o renuncian a tener hijos porque, después de pagar el alquiler, apenas queda salario para afrontar el resto de los gastos; hay jóvenes que continúan viviendo con sus padres no porque no quieran independizarse, sino porque sus ingresos no les permiten acceder a una vivienda en condiciones razonables; hay trabajadores que aceptan empleos lejos de su lugar de residencia porque no pueden asumir el precio de vivir cerca de donde trabajan; y hay personas que pasan noches enteras haciendo cuentas, mirando anuncios inmobiliarios y preguntándose qué ocurrirá cuando termine su contrato.

Pero los barrios tambien cambian. Cuando determinados usos turísticos o temporales reducen la vivienda disponible para residencia habitual, el problema deja de afectar únicamente a quien busca un piso. Puede terminar afectando a la estructura económica y social de todo un barrio. El pequeño comercio pierde clientes que ya no pueden vivir allí; la escuela pierde alumnos; las familias se marchan; los vecinos de toda la vida desaparecen; y el barrio que existía deja de ser el mismo.

Por eso resulta peligroso convertir el debate sobre la vivienda en una simple discusión entre propietarios e inquilinos, o entre quienes defienden el mercado y quienes defienden la intervención pública. La cuestión es mucho más profunda. Estamos hablando de qué clase de sociedad queremos construir y de cuánto estamos dispuestos a permitir que las condiciones económicas determinen quién puede vivir dónde, quién puede formar una familia, quién puede emanciparse y quién puede permanecer en el lugar donde ha construido su vida.

Cada una de esas personas tiene nombre y apellidos; cada familia tiene una historia; y cada situación de vulnerabilidad tiene circunstancias concretas. Por eso, cuando las instituciones adoptan decisiones que afectan a las herramientas disponibles para afrontar esos problemas, esas decisiones también tienen consecuencias políticas concretas.

Esto no significa afirmar que un diputado concreto sea jurídicamente responsable de cada desahucio que pueda producirse después de una votación. Sería una simplificación injustificada. Tampoco significa atribuir a quienes votaron en contra de los decretos el deseo de que alguien pierda su vivienda. Las intenciones deben distinguirse de las consecuencias y no pueden presumirse sin pruebas. Pero sí significa algo esencial en democracia y es que quienes toman decisiones públicas tienen que asumir la responsabilidad política de explicar sus decisiones y sus consecuencias previsibles.

Si se vota contra una determinada protección para las personas vulnerables, habrá que explicar qué alternativa se propone para esas personas. Si se rechaza un mecanismo destinado a proporcionar mayor estabilidad a determinados inquilinos, habrá que explicar qué solución se ofrece a quienes puedan quedar expuestos a una subida de precios o a la pérdida de su vivienda. Y si se rechazan medidas destinadas a incrementar la vivienda asequible, habrá que explicar qué otras políticas permitirán que quienes hoy no pueden acceder al mercado puedan hacerlo mañana. Porque la política no termina en el momento en que se levanta una mano en el Congreso.

Después de la votación siguen estando las familias; siguen estando los jóvenes; siguen estando las personas mayores; siguen estando las mujeres que necesitan abandonar un hogar violento; siguen estando los trabajadores que no pueden permitirse vivir cerca de su empleo; siguen estando los pequeños comerciantes que dependen de que haya vecinos viviendo en sus barrios; y siguen estando todas aquellas personas que cada mes hacen números para comprobar si podrán continuar pagando la vivienda.

El propio Gobierno ha señalado que determinados hogares llegan a dedicar más de la mitad de sus ingresos a la vivienda y que las medidas incluían bonificaciones fiscales para arrendatarios con rentas de hasta 33.000 euros, financiación a tipo cero para el acceso a la primera vivienda y una reducción del IVA al 4 % para vivienda pública y protegida. Naturalmente, que una medida esté diseñada para ayudar no significa automáticamente que vaya a resolver el problema. Ningún decreto puede construir por sí solo cientos de miles de viviendas de la noche a la mañana; ninguna regulación puede garantizar que los precios bajen inmediatamente; y ninguna política pública está libre de riesgos. Pero precisamente por eso la alternativa debería ser más política de vivienda, no menos.

España lleva años enfrentándose a una contradicción económica evidente. La vivienda es un derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 47, pero también constituye uno de los principales activos patrimoniales de nuestro país y uno de los mercados donde se producen importantes intereses económicos. Cuando esos dos elementos entran en conflicto, la política tiene que decidir qué mecanismos utiliza para garantizar que el mercado cumpla también una función social.

Y es aquí donde aparece una de las grandes cuestiones que las derechas españolas deberían responder con claridad. ¿Cuál es su alternativa concreta? No basta con afirmar que las regulaciones perjudican a los propietarios, hay que explicar qué se propone hacer con los inquilinos que no pueden pagar los precios actuales; no basta con defender que hay que construir más, hay que explicar cuánto, dónde, con qué financiación y en qué plazo; no basta con reivindicar la propiedad privada, hay que explicar cómo se garantiza simultáneamente el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y no basta con decir que el mercado debe funcionar, hay que reconocer que la vivienda no es un bien económico cualquiera. Porque una persona puede renunciar a comprar un coche, cambiar de teléfono y reducir determinadas formas de consumo. Pero no puede dejar de necesitar un lugar donde vivir.

Ese es precisamente el punto que debería estar en el centro del debate. Criticar las políticas de vivienda del Gobierno es perfectamente legítimo. Incluso puede ser necesario. Pero cuando una fuerza política vota contra una determinada protección debería explicar qué protección alternativa propone; cuando rechaza una prórroga contractual debería explicar cómo evitará que una familia quede expulsada de un mercado tensionado; y cuando rechaza mecanismos de protección frente a los desahucios debería explicar qué hará para que una persona vulnerable sin alternativa habitacional no termine literalmente en la calle. Porque defender el mercado no significa que el Estado tenga que desaparecer. De hecho, el propio Real Decreto-ley 27/2026 justificaba su intervención en la necesidad de afrontar un horizonte en el que numerosos contratos alcanzarán sus vencimientos entre 2027 y 2030, dejando potencialmente a numerosos hogares expuestos a la evolución de un mercado tensionado.

También resulta importante señalar que el rechazo no procedió exclusivamente de las derechas. Junts decidió finalmente votar en contra de ambos decretos, mientras Coalición Canaria anunció una posición diferenciada y el PNV expresó oposición al segundo texto. Por tanto, sería incorrecto reducir todo el episodio a un enfrentamiento exclusivamente entre izquierda y derecha. Pero eso no elimina una cuestión política perfectamente legítima, PP, Vox y UPN han anunciado su rechazo a las normas y, por tanto, deben asumir públicamente las consecuencias políticas de esa posición. No se trata de acusarles de querer que alguien pierda su casa, porque eso sería atribuirles una intención que no podemos demostrar. Se trata de algo mucho más sencillo y mucho más exigente como es analizar las consecuencias objetivas de sus decisiones parlamentarias. Y las consecuencias potenciales están escritas en los propios textos legislativos.

Sin el primer decreto desaparecen las nuevas medidas extraordinarias de protección frente a determinados desahucios, las medidas de ampliación y protección de vivienda asequible, determinados mecanismos sobre adquisiciones y parte de los incentivos fiscales previstos. Sin el segundo desaparece el nuevo régimen de estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Eso no convierte automáticamente los decretos en perfectos. Pero sí demuestra que la discusión no puede reducirse al simplismo de “propietarios contra okupas”, “mercado contra Estado” o “izquierda contra derecha”. 

La vivienda es mucho más seria que todo eso. Es economía familiar, es emancipación juvenil, es natalidad, es movilidad laboral, es pobreza, es salud, es igualdad de oportunidades, es arraigo territorial, es seguridad económica y es, en definitiva, la posibilidad material de desarrollar un proyecto de vida.

Por eso resulta legítimo exigir a quienes han decidido impedir estas medidas que expliquen qué harán a continuación. Porque votar contra una política concreta puede ser perfectamente democrático. Lo que no debería ser aceptable es votar contra una solución sin poner sobre la mesa otra capaz de resolver el mismo problema.

Mientras los partidos discuten, hay millones de personas para quienes la vivienda no es una batalla cultural ni una pieza de estrategia parlamentaria. Es su casa, es su alquiler, es su hipoteca, es su salario y, para algunas de ellas, es sencillamente la diferencia entre tener un hogar o no tenerlo.

La vivienda no puede ser únicamente aquello que alguien posee. También tiene que ser aquello que una sociedad garantiza que nadie pierda por no poder competir económicamente en un mercado cada vez más difícil.

Defender el derecho a la vivienda no significa negar la propiedad privada. Significa recordar que, en una democracia social y de derecho, ningún mercado puede estar por encima de la dignidad de las personas.

Y hoy se ha votado en contra de la dignidad.

Lamentablemente.

Una vez más.

El antihéroe español y su reverso imposible

Si en algún remoto rincón del universo existieran dos unicornios alados con cola de purpurina destinados a representar las dos almas posibles del español contemporáneo, probablemente serían estos dos especímenes. Uno con la barriga por delante, tres cervezas de ventaja sobre la realidad y una seguridad en sí mismo capaz de atravesar cualquier dato sin despeinarse; el otro, pulcro, sereno y sospechosamente razonable, con las alas desplegadas, la cola de purpurina reluciendo al sol y esa desconcertante costumbre de escuchar antes de abrir la boca.

Ambos serían criaturas absolutamente imposibles, porque uno tendría la certeza de saberlo todo sin haber comprobado casi nada y el otro tendría la humildad de admitir que quizá no sabe una mierda. Y, sin embargo, los dos compartirían algo profundamente español: la capacidad de convertir una conversación sobre cualquier cosa en una batalla por tener razón, aunque uno lo haga a gritos desde la barra y el otro con una cita bibliográfica bajo el ala.

El antihéroe español por excelencia sería una criatura nacional de dudosa procedencia, mitad ciudadano indignado, mitad cuñado de barra, que se levanta cada mañana convencido de que el país se va a la mierda, aunque no sabría explicar exactamente cuándo empezó a irse ni dónde estaba él cuando ocurrió.

Tiene una camiseta vieja de algún equipo de fútbol, un pantalón que ha sobrevivido a tres legislaturas y unas zapatillas que deberían estar jubiladas desde 2014. Lleva el pelo como si se lo hubiera peinado una corriente de aire y una barriga cuidadosamente construida a base de cerveza, torreznos y cenas a las once y media de la noche. Su perfume natural mezcla tabaco frío, colonia barata y ese aroma indefinible de coche que nunca ha visto un ambientador nuevo.

Su “superpoder” consiste, además de poder eructar todo el abecedario, en saber absolutamente de todo sin haber leído absolutamente nada, porque, desde los libros de “Barco de Vapor” y del “Pirata Garrapata” no hay cogido otro en su puta vida desde entonces. Eso sí, es capaz de explicarte la Constitución, la inmigración, la inflación, el VAR, la Guerra Civil, cómo se arregla un motor diésel y por qué el vecino es gilipollas, todo ello mientras busca las gafas que lleva puestas.

No necesita pruebas, porque tiene “un primo que trabaja en eso”. No necesita estadísticas, porque “Eso lo sabe todo el mundo”. No necesita fuentes, porque dice “lo vi ayer en Facebook”. Y cuando alguien le presenta un dato que contradice lo que acaba de decir, mira fijamente durante tres segundos, pega un trago a la cerveza y responde con la frase que constituye el equivalente español a lanzar una granada epistemológica: “Bueno, pero yo te digo lo que hay”. Y acto seguido se rasca los huevos como si tuviera un nido de ardillas bajo el pantalón.

Su código moral es extraordinariamente sencillo. Si él lo hace, es supervivencia; pero si lo hace el vecino, es ser un pedazo de cabrón. Si lo hace su partido, hay que entender el contexto, pero si lo hace el partido contrario, es el fin de Occidente, el Apocalipsis, el Armaguedón y el Fin de los Tiempos. 

Es profundamente patriota, pero lleva veinte años diciendo que España es una puta mierda. Ama las tradiciones, excepto las que implican levantarse temprano, porque madrugar le sienta fatal para la espalda. Defiende la familia, siempre que nadie le pida cuidar a los niños y reza a San Cristiano Ronaldo para que ninguno de sus hijos le salga gay o lesbiana, aunque luego los quiera con su alma y mate por su familia. Eso sí, tras cinco días sin comer y de preguntarse docenas veces si ha hecho algo mal. Cree firmemente en el trabajo duro, especialmente cuando trabaja otro, no vaya a ser que se hernie. Y considera que pagar impuestos es un robo, pero exige que le arreglen inmediatamente la carretera, le atiendan en urgencias, le recojan la basura y le concedan cualquier ayuda disponible, para eso es “de aquí de toda la vida”.

Su relación con la autoridad es fascinante. Siempre dice eso de que “A mí nadie me dice lo que tengo que hacer”, mientras sigue las instrucciones de un desconocido de YouTube para cambiar el aceite del coche cuyo modelo es distinto al suyo. Detesta a los políticos, pero conoce de memoria todos los eslóganes de cada campaña electoral. Odia las subvenciones, salvo cuando la subvención es para él, porque se la merece “más que nadie por mis cojones”. Y sostiene que antes había más libertad, aunque nadie sabe exactamente qué libertad era aquella ni dónde la vendían, porque había una tal “Paco” que mandaba mucho, pero solo para quienes no eran “gente de bien”.

En el amor tampoco decepciona. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación sentimental basada en tres pilares fundamentales. Primero: «¿Qué hacemos de cena?». Segundo: «¿Dónde has puesto las llaves?». Y tercero: «No estoy enfadado». Puede llevar veinticinco años casado y seguir hablando de su mujer como si fuera una compañera de piso que ocasionalmente le roba el mando.

Su archienemigo es cualquier persona que aparque ocupando dos plazas y de la que se caga en “todos sus muertos pisaos”, aunque él mismo deje el coche atravesado en doble fila “solo cinco minutos, para hacer un mandao”. También odia que alguien se cuele en una cola, pensado que es “un hijo de puta” para arriba, pero considera perfectamente legítimo adelantarse cuando conoce al encargado porque “es amigo de mi cuñao”.

Y, sin embargo, ahí está la gracia del personaje. Porque debajo de toda esa caspa ideológica, del cuñadismo, del ego, de la cerveza tibia, de los cojones por delante y del «a mí qué me vas a contar tú», aparece de vez en cuando una extraña humanidad y un corazón que late bajo los lamparones de aceite de camiseta que lleva puesta. Porque es capaz de poner dinero para ayudar a un desconocido, llevar a un vecino al hospital a las tres de la mañana, defender al amigo que se ha metido en un lío y emocionarse hasta las lágrimas con una canción que asegura no le gusta, pero que le remueven “cosas por dentro de cuando era un chaval de 15 años”. Porque, bajo esa apariencia de “tocino con barba”, tiene corazón, alma y sentimientos.

Pero existe una criatura todavía más desconcertante, una especie de anomalía evolutiva que parece haberse desarrollado en un laboratorio clandestino de educación, sentido común y decencia. Es el reverso luminoso de semejante espécimen. El hombre que, contra todo pronóstico, ha decidido comportarse como una persona razonable en estos tiempos en los que quienes más razonan son nuestras mascotas a las que tratamos, porque nuestro bichón maltés, que se llama Pepo, es el “rey de la casa”. 

No levanta la voz porque no tiene nada que demostrar. No necesita decir que «él es muy suyo» porque, afortunadamente, ya lo sabe. Lee las instrucciones antes de utilizar un aparato, llega cinco minutos antes a una cita y, cuando alguien le explica algo que desconoce, no responde «eso es una gilipollez», sino que dice la frase más revolucionaria que puede pronunciar un español adulto: “¡Ah! ¡Pues no lo sabía!”.

Tiene la desconcertante costumbre de pensar antes de hablar. Cuando escucha una noticia, busca de dónde sale. Cuando alguien le cuenta una barbaridad, pregunta para no meter la pata con nadie. Cuando descubre que estaba equivocado, no organiza una comisión parlamentaria para demostrar que en realidad tenía razón: simplemente rectifica y asume que estaba equivocado para intentar ser mejor. Su mayor superpoder consiste precisamente en algo que al otro le parecería una debilidad insoportable. ¿Y cuál es? Pues, simplemente, es capaz de cambiar de opinión sin sentir que le están arrancando los cojones de cuajo con unas tenazas de chimenea al rojo vivo. 

No sabe absolutamente de todo y eso le resulta bastante liberador. No entiende de mecánica, así que lleva el coche al mecánico. No sabe de fontanería, llama al fontanero. No conoce una ley, pero la busca en el BOE. No entiende una palabra, pero pregunta qué significa o la busca en el diccionario online de la RAE. Ha descubierto que decir “no tengo ni puta idea” no te convierte en idiota, sino que evita que hagas el idiota durante cuarenta minutos delante de otras personas mientras sostienes una cerveza medio caliente en la barra del bar.

No necesita tres cervezas para convertirse en filósofo. De hecho, puede tomarse una cerveza tranquilamente sin explicar a nadie cómo debería gobernarse el país. Si alguien habla de política, escucha atentamente. Si alguien piensa diferente, no interpreta automáticamente que sea un enemigo de España, un gilipollas, un vendido, un comunista, un fascista, un “perroflauta” o cualquier otra etiqueta que haya aprendido esa semana leyendo la sección masculina de una revista absurda en Twitter (ahora X).

También tiene una relación extraña con las mujeres, los hombres, los extranjeros, los mayores, los jóvenes y cualquier ser humano que se cruce en su camino. ¿Por qué? Porque los considera personas como él y no necesita hacer una demostración pública de tolerancia. Simplemente procura no comportarse como un imbécil de los que rebuznan en lugar de hablar.

Paga sus impuestos refunfuñando, porque sigue siendo español y tampoco vamos a pedir milagros. Hace cola aunque tenga prisa, devuelve la bandeja del restaurante, deja salir antes de entrar, pide perdón cuando pisa a alguien y cuando ve que una persona mayor necesita ayuda para cruzar, la ayuda sin convertirlo en una epopeya nacional ni esperar que alguien le haga una fotografía o le haga una película como La Odisea de Christopher Nolan.

Su patriotismo es todavía mucho más extraño. No necesita repetir constantemente que ama a España porque le basta con intentar que España sea un lugar un poco más digno para quienes viven en ella. Puede emocionarse con una bandera, con una canción o con un paisaje, pero también puede criticar a su propio país sin considerar que eso constituye alta traición ni maldecir a quienes no piensan como él.

No dice “yo respeto a todo el mundo” mientras procede a explicar por qué algunas personas merecen menos derechos. Intenta practicar el respeto cuando nadie le está mirando y cuando descubre una injusticia que no le afecta directamente, tiene la incómoda costumbre de pensar que quizá también sea asunto suyo.

En el amor tampoco es especialmente épico. Habla, escucha a su pareja cuando tiene un mal día, pregunta sin parecer el inquisidor Torquemada y reconoce sus inseguridades sin sentirse “menos hombre”. No considera los celos una prueba de amor ni el control una muestra de preocupación. Si tiene pareja, no necesita vigilarla como si fuera un funcionario de aduanas; si se equivoca, pide perdón; y si la relación termina, intenta no convertir al antiguo amor en enemigo público número uno porque ha desarrollado una inteligencia emocional que le permite pasar página sin hacerle vudú a ninguna de sus exparejas.

Su gran defecto, porque naturalmente los tiene, es que a veces resulta desesperantemente sensato. Puede pasar una tarde entera leyendo un libro mientras otros discuten en Internet sobre cosas que ninguno de los dos ha comprobado; puede quedarse callado cuando todo el mundo está gritando; y posee una capacidad casi ofensiva para decir “depende” cuando todos los demás ya han decidido que el mundo solo puede dividirse entre buenos y malos.

Obviamente, no es perfecto. Se enfada, mete la pata, tiene prejuicios que intenta revisar, se equivoca y alguna vez también suelta un “me cago en todo” cuando el ordenador decide morir cinco minutos antes de entregar un documento o se tiene que comer dos horas de atasco y se ha quedado sin batería en el móvil porque se ha dejado el cargador en casa.

Pero cuando llega el momento verdaderamente importante, aparece algo que el antihéroe de barra jamás entendería del todo. Y es la dignidad de hacer lo correcto sin necesitar que nadie te aplauda ni te diga “¡Olé, tus huevos gordos! ¡Qué bien te la has marcado!”. 

Y aquí es donde ambos personajes se encuentran, porque quizá ninguno de los dos exista en estado puro. El primero tiene algo de humanidad que el segundo no debería perder, y el segundo tiene algo de dignidad que al primero le vendría extraordinariamente bien incorporar. Uno nos recuerda nuestras contradicciones, nuestras miserias, nuestras pequeñas mezquindades y esa capacidad tan nuestra de convertir cualquier conversación en una competición de testosterona, aunque estemos discutiendo sobre el precio de los calabacines en el Mercadona. El otro nos recuerda que siempre podemos aspirar a ser un poquito mejores sin necesidad de convertirnos en santos, intelectuales de salón o ciudadanos de catálogo publicando todo en Instagram.

Porque tampoco se trata de ir por la vida con un palo metido por el culo, hablando de Kant mientras se corrige mentalmente la gramática de los demás. Se puede ser vulgar sin ser miserable, tener carácter sin ser un energúmeno, beber cerveza sin convertirse en tertuliano de barra y defender las propias convicciones sin tratar a quien piensa diferente como si hubiera venido a invadirnos la casa.

Quizá la diferencia fundamental entre ambos no esté en la ropa, en el dinero, en los estudios, en la educación formal ni siquiera en la cultura. Quizá esté en algo mucho más sencillo y bastante más difícil de conseguir. Y es la capacidad de entender que el mundo no gira alrededor de nuestro ombligo y que los demás también tienen derecho a existir, pensar, equivocarse y vivir dignamente.

Al final, el antihéroe español es un desastre con patas, una contradicción ambulante, un filósofo de bar con resaca permanente, un pedazón cabrón entrañable que no tiene ni puta idea de adónde va, pero que, llegado el momento, quizá sea precisamente el primero en aparecer cuando hace falta, aunque no tenga ni idea de lo que tiene que hacer. 

Y su reverso es un tipo sospechosamente normal, educado sin ser pijo, culto sin ser pedante, sensible sin sentirse menos hombre y firme sin necesidad de ponerse a gritar. Un ciudadano que ha descubierto que tener criterio no significa tener siempre razón, que la educación no es servilismo, que pedir perdón no te hace débil y que reconocer que otro tiene razón no te convierte en un “gilipollas integral”. Así que, uno representa todo lo que somos cuando nos dejamos llevar por nuestras miserias; y el otro, todo lo que podríamos llegar a ser cuando decidimos no vivir sometidos a ellas.

Porque, entre el “yo te digo lo que hay” y el “pues no lo sabía”, entre los cojones por delante y la empatía, entre la soberbia y la humildad, entre el ruido y el pensamiento, quizá se encuentre la distancia que separa al simple superviviente de la convivencia del verdadero ciudadano. Porque, al final, cuando hay que hacerlo, ambos se acaban entendiendo, aunque sea a regañadientes, para arrimar el hombro.

Pero, por una vez, estaría bien que ganara el segundo, aunque el primero resulte más simpático a veces. No porque sea perfecto, sino porque todavía conserva algo que nunca deberíamos perder. Y es nuestra capacidad de ser humano sin necesidad de que los demás dejen de serlo.

Eso sí, ambos tienen su corazón.

Y ahí se encuentran.

Un derecho que pueda ejercerse de verdad

Hablar del aborto en España sigue siendo hablar de una cuestión que despierta emociones profundas, convicciones religiosas, posiciones morales y experiencias personales muy distintas. Y quizá precisamente por eso necesitamos hablar de ello con serenidad, sin convertir a nadie en enemigo por pensar diferente, pero también sin perder de vista algo que debería resultar difícil de discutir en una sociedad democrática. Cuando una mujer se encuentra ante un embarazo que no desea continuar, no está viviendo un debate académico sobre bioética. Está tomando, muchas veces en circunstancias enormemente complejas, una decisión que afecta directamente a su cuerpo, a su salud, a su vida y a su proyecto personal.

En España la interrupción voluntaria del embarazo es legal y forma parte de la cartera de prestaciones sanitarias. Pero una cosa es que un derecho exista escrito en una ley y otra bastante distinta que pueda ejercerse de una manera efectiva, cercana, segura, confidencial y en condiciones de igualdad. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestro país. Podemos afirmar jurídicamente que una mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo y, al mismo tiempo, permitir que ese derecho resulte mucho más sencillo de ejercer dependiendo de la provincia en la que haya nacido, viva o tenga su domicilio. Eso no es una cuestión menor. Porque los derechos no deberían depender del código postal.

La legislación española ha recorrido un camino muy largo hasta llegar a la situación actual. En 1985 se produjo la primera gran despenalización del aborto en determinados supuestos. En 2010, la Ley Orgánica 2/2010 estableció un sistema de plazos y configuró la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer y como una prestación sanitaria. La legislación vigente permite la interrupción a petición de la mujer durante las primeras catorce semanas de gestación. Después de ese momento existen determinados supuestos médicos y garantías adicionales previstos legalmente.

La reforma de 2023 introdujo además cambios importantes. Desde los 16 años las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales y se reforzó la concepción de la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación sanitaria que debe garantizarse dentro del Sistema Nacional de Salud.

Y en 2023 llegó también una sentencia especialmente importante del Tribunal Constitucional. La STC 44/2023 confirmó la constitucionalidad del sistema de plazos y afirmó que la decisión de la mujer sobre la continuación o interrupción de su embarazo está relacionada con su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su derecho fundamental a la integridad física y moral. Al mismo tiempo, el Tribunal reconoció que la vida prenatal constituye un bien constitucionalmente protegido y que el legislador puede establecer una protección gradual conforme avanza la gestación. 

Esta última precisión es importante porque permite hablar de aborto sin caricaturizar a quienes mantienen una posición moral diferente. Una persona puede considerar, desde sus convicciones religiosas, filosóficas o éticas, que la vida prenatal merece una protección especialmente intensa; puede pensar que abortar es moralmente incorrecto; y puede incluso considerar que nunca tomaría personalmente esa decisión. Todo eso forma parte de la libertad de conciencia y de la pluralidad de una sociedad democrática. Pero una cosa es defender una convicción propia y otra pretender convertir esa convicción en una obligación jurídica para todas las demás personas. 

En una sociedad plural, las creencias religiosas pueden orientar profundamente la vida de quien las profesa. Lo que no deberían hacer es determinar por sí solas qué decisiones médicas puede tomar una mujer que no comparte esas creencias. Del mismo modo, tampoco las convicciones de quienes consideran el aborto una decisión exclusivamente personal deberían obligar moralmente a quien piensa de otra manera.

La cuestión jurídica es diferente. El Estado tiene que garantizar que la decisión que corresponda adoptar a la mujer pueda tomarse libremente, con información adecuada, sin violencia, sin coacciones y sin discriminación. La propia doctrina constitucional ha situado la interrupción voluntaria del embarazo en conexión con la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral. El Tribunal Constitucional llegó a señalar que imponer la continuación de un embarazo contra la voluntad de la mujer equivaldría a una forma de maternidad forzada. 

Por eso creo que hay una frontera que deberíamos cuidar especialmente. Una cosa es acompañar, informar y ofrecer alternativas. Otra es presionar, culpabilizar, intimidar o intentar adoctrinar. Una mujer que entra en un centro sanitario para interrumpir un embarazo no necesita que nadie la trate como una persona incapaz de pensar. Necesita información sanitaria rigurosa, atención médica, intimidad, respeto y la posibilidad de tomar una decisión libre. Y si tiene dudas, necesita poder expresarlas sin miedo. Si decide continuar el embarazo, también merece apoyo. Si decide interrumpirlo, merece exactamente el mismo respeto. El Estado no debería sustituir la conciencia de una mujer, sino garantizar que pueda ejercerla libremente.

Aquí es donde la realidad española empieza a resultar bastante más incómoda. Porque tener un derecho reconocido no significa poder ejercerlo en condiciones de igualdad que otras personas.  En 2024 se practicaron en España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que muestra la dimensión real de esta prestación sanitaria. De ellas, 100.461 fueron realizadas a petición de la mujer. La mayoría se produjo en las primeras semanas de gestación y aproximadamente tres de cada cuatro se realizaron antes de la novena semana.

Pero existe un dato especialmente revelador. En 2024 solamente alrededor del 20 por ciento de las interrupciones se realizaron en centros integrados en la sanidad pública. El resto se llevó a cabo fundamentalmente en centros privados acreditados. El propio Ministerio de Sanidad ha advertido de las enormes diferencias territoriales existentes entre comunidades autónomas y de la importancia de reforzar la prestación dentro del sistema sanitario público.

Esto significa que podemos tener una ley común y, sin embargo, una experiencia completamente distinta según el lugar donde viva una mujer. Y ahí aparece una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad. ¿Qué clase de derecho es aquel que una mujer puede ejercer fácilmente en una ciudad y para el que otra tiene que coger un autobús, pedir permiso en el trabajo, buscar dinero para desplazarse, organizar quién cuida de sus hijos, ocultar el motivo del viaje a su familia o incluso recorrer cientos de kilómetros? Porque el problema no desaparece porque el procedimiento sea legal.

Y entonces es cunado llegamos a Jaén. Aquí es donde este asunto deja de ser una cuestión abstracta para convertirse en algo que nos afecta directamente. Según los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en la provincia de Jaén se registraron 737 interrupciones voluntarias del embarazo. De ellas, 517 se produjeron con ocho semanas o menos de gestación y otras 185 entre las semanas nueve y catorce.

Son 737 historias diferentes. No 737 estadísticas. 737 mujeres con circunstancias personales que desconocemos y que no tenemos derecho a juzgar desde fuera.

Sin embargo, durante 2024 Jaén estuvo entre las provincias españolas en las que no se registraron interrupciones voluntarias del embarazo en centros de la propia provincia para las situaciones ordinarias a petición de la mujer. Una investigación publicada por El País en 2025 señalaba precisamente a Jaén entre las provincias donde el acceso territorial a esta prestación era inexistente y recogía que las mujeres jiennenses tenían que desplazarse a otras provincias. 

Esto tiene una consecuencia muy sencilla de entender. Porque una mujer de Jaén puede tener exactamente el mismo derecho que una mujer de Madrid, Sevilla, Barcelona o Pamplona, pero no necesariamente tiene las mismas condiciones materiales para ejercerlo. La distancia también es una barrera sanitaria. El dinero también es una barrera sanitaria. 

El tiempo también es una barrera sanitaria y el hecho de vivir en una provincia donde no existe un servicio puede convertirse, especialmente para determinadas mujeres, en una barrera enorme. Porque no todas tienen coche; no todas pueden pedir un día libre; no todas pueden contarle a su familia dónde van; no todas tienen una pareja que las acompañe; no todas pueden pagar gasolina, alojamiento o transporte; no todas tienen dinero disponible para afrontar gastos imprevistos; y no todas viven en Jaén capital. Una mujer de Santiago de la Espada, Cazorla, Orcera, Andújar, Alcalá la Real, Linares o cualquier otro municipio de nuestra provincia puede encontrarse además con una dificultad añadida. La distancia hasta Jaén ya puede ser considerable. Si después tiene que desplazarse a otra provincia para acceder a una prestación sanitaria, la desigualdad se multiplica.

En septiembre de 2025, colectivos feministas de Jaén denunciaron precisamente esta situación y reclamaron que la interrupción voluntaria del embarazo pudiera garantizarse dentro de la propia provincia. Según sus declaraciones públicas, las mujeres estaban siendo derivadas a provincias como Granada, Málaga o Sevilla, con los consiguientes costes económicos y emocionales. No hace falta compartir todas las posiciones políticas de estos colectivos para comprender el problema que plantean. Si una prestación sanitaria está reconocida legalmente, la administración tiene que organizar sus recursos de manera que pueda ejercerse.

Pero conviene ser rigurosos también en esto, porque contar toda la realidad significa contarla completa. Y es que, en Jaén, si se ha empezado a realizar interrupciones, pero en muy contadas ocasiones, casi únicamente testimoniales. El Hospital Universitario de Jaén incorporó desde noviembre de 2023 la interrupción voluntaria del embarazo dentro de su cartera de servicios para determinados supuestos médicos. El propio hospital explicó en enero de 2024 que había realizado tres procedimientos hasta entonces, relacionados con causas médicas y con embarazos de más de catorce semanas dentro de los supuestos legalmente previstos.

Ahora bien, esto no significa que se haya resuelto el problema del acceso ordinario al aborto a petición de la mujer durante las primeras catorce semanas. Son realidades diferentes. Una cosa es que un hospital público pueda realizar determinadas interrupciones por causas médicas y otra que una mujer que decide libremente interrumpir un embarazo dentro del plazo legal pueda acudir a su sistema sanitario público más cercano y recibir allí toda la atención necesaria. Precisamente ahí está una parte esencial del debate. 

La objeción de conciencia merece respeto, pero no puede convertirse en una barrera. Igualmente, también debemos ser capaces de hablar de la objeción de conciencia sin demonizar a los profesionales sanitarios. La Ley Orgánica 1/2023 reconoce expresamente el derecho individual a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción debe ser individual, anticipada y manifestada por escrito. Y la propia ley establece que su ejercicio no puede menoscabar el derecho de las mujeres a la vida, la salud y la libertad. 

Aquí hay una distinción fundamental. Respetar la conciencia de un profesional sanitario no significa que el Estado pueda desentenderse de la mujer que necesita la prestación. Las dos cosas pueden y deben convivir. Un médico puede decir que por razones de conciencia no quiere participar directamente en una interrupción voluntaria del embarazo. Pero una administración sanitaria no puede responder a esa situación diciendo, en la práctica, que entonces la mujer tendrá que marcharse a otra provincia. La objeción es individual, el derecho sanitario es de la mujer y la organización del servicio corresponde a la administración.

Precisamente por eso la ley prevé registros de profesionales objetores para que las administraciones puedan conocer sus recursos y organizar adecuadamente la prestación. En Andalucía, sin embargo, la propia Junta reconocía en febrero de 2025 que todavía no contaba con el registro autonómico específico previsto por la Ley Orgánica 2/2010. El Consejo Interterritorial había aprobado el protocolo estatal necesario para estos registros en diciembre de 2024 y la Junta inició posteriormente la tramitación de su regulación.

Esto no significa que todas las dificultades de Jaén puedan atribuirse exclusivamente a la objeción de conciencia. Sería demasiado simple y los datos disponibles no permiten afirmarlo de manera general. Pero sí pone de manifiesto una cuestión evidente. Si una administración sabe que existe un determinado número de profesionales objetores, puede organizar sus recursos. Si no conoce adecuadamente la dimensión de esa objeción, resulta mucho más difícil garantizar que la prestación llegue a todas las mujeres.

Otro asunto que merece reflexión es el peso que tiene la sanidad privada. De entrada, el aborto no debería depender de acudir al sector privado.  En 2024, de las 106.172 interrupciones registradas en España, 77.225 correspondieron a centros donde la información sobre el lugar de obtención procedía de un centro sanitario público y 11.431 de uno privado, según la estadística oficial de información previa. Pero cuando observamos dónde se realizan efectivamente las IVE, la diferencia resulta mucho más significativa. El Ministerio contabilizó 19.208 procedimientos en centros hospitalarios y 86.964 en centros extrahospitalarios. De estos últimos, 75.272 fueron realizados en centros privados y 11.692 en centros públicos.

El problema no es que existan clínicas privadas acreditadas, porque pueden desempeñar una función sanitaria perfectamente legítima y necesaria. El problema aparece cuando el acceso efectivo a un derecho reconocido legalmente depende en exceso de una red privada que no está distribuida territorialmente de manera homogénea. Y esto afecta especialmente a las mujeres con menos recursos. Porque para una mujer con dinero, coche, disponibilidad laboral y una red familiar de apoyo, desplazarse a otra provincia puede ser un inconveniente. Pero, por el contrario, para una mujer sin dinero, sin coche, con hijos a cargo, con un empleo precario o sometida a un entorno familiar controlador, puede ser un obstáculo determinante. La igualdad formal dice que ambas tienen el mismo derecho. La igualdad real pregunta si ambas pueden ejercerlo. No es exactamente lo mismo.

¿Y qué significa blindar el aborto en la Constitución? En este contexto ha cobrado especial importancia la propuesta para introducir expresamente en la Constitución una garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No estamos hablando ya solamente de una idea genérica. El Gobierno aprobó en octubre de 2025 un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución. La propuesta pretendía introducir expresamente el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y establecer que los poderes públicos garantizaran su ejercicio en condiciones de igualdad efectiva.

En abril de 2026 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma constitucional y lo remitió a las Cortes. La redacción propuesta pasó a centrarse especialmente en la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad real y efectiva, incluyendo las prestaciones y servicios necesarios para hacerlo posible.

La diferencia es importante. No se trataría simplemente de escribir la palabra aborto en la Constitución. Se trataría de introducir una obligación constitucional de garantizar su ejercicio efectivo. Y eso conecta directamente con lo que ocurre en Jaén. Porque precisamente uno de los problemas que ha puesto de manifiesto la realidad española es que tener una ley estatal no garantiza automáticamente que todas las mujeres reciban la prestación en las mismas condiciones.

Una reforma constitucional de este tipo tendría que tramitarse mediante el procedimiento ordinario de reforma constitucional previsto en el artículo 167 de la Constitución, al afectar al artículo 43. La propuesta necesita mayorías cualificadas y puede llegar a someterse a referéndum si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras en los términos constitucionalmente previstos.

Por tanto, no es algo que pueda hacerse simplemente mediante una decisión del Gobierno. Requiere un acuerdo parlamentario amplio. Y precisamente ahí está una de las cuestiones políticas de fondo. ¿Debe la Constitución limitarse a reconocer derechos de manera general y dejar su desarrollo a las leyes o debe incorporar expresamente determinadas garantías cuando la experiencia demuestra que pueden existir diferencias importantes en su ejercicio?

Es una discusión constitucional legítima y compleja. Hay argumentos jurídicos y políticos a favor de una mayor protección constitucional y también posiciones que consideran que una cuestión de esta naturaleza debe seguir siendo regulada fundamentalmente por el legislador ordinario. En cualquier caso, la propuesta actualmente planteada pretende reforzar no solamente el reconocimiento del derecho, sino su dimensión prestacional y su ejercicio en condiciones de igualdad. Porque blingar un derecho no sirve de mucho si luego no llega al último pueblo y al último rincón del país. 

Y esto es quizá la parte que más me preocupa cuando pienso en Jaén. Porque podemos escribir magníficos artículos constitucionales; podemos aprobar leyes muy avanzadas; podemos hacer declaraciones solemnes sobre derechos sexuales y reproductivos; y podemos celebrar que España tenga uno de los marcos jurídicos más desarrollados de Europa. Pero después tenemos que mirar qué ocurre en la vida cotidiana.

Cuando una mujer se queda embarazada, no quiere continuar con el embarazo, consulta, cumple los requisitos legales, tiene derecho a interrumpirlo y descubre que para hacerlo tiene que desplazarse, es ahí donde la ausencia efectiva para ejercer un derecho se muestra en la realidad. Y es ahí donde una democracia demuestra realmente cuánto valen sus derechos. Porque los derechos humanos no pueden ser únicamente declaraciones hermosas escritas en documentos oficiales. Tienen que poder ejercerse por la persona que los necesita, precisamente cuando los necesita.

Esto también explica por qué la propuesta de incorporar una garantía constitucional tiene una dimensión que va más allá del debate simbólico. Si la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar el ejercicio efectivo del derecho en condiciones de igualdad real, las desigualdades territoriales dejan de ser simplemente un problema administrativo para adquirir una dimensión constitucional mucho más evidente. Y quizá Jaén sea uno de los lugares donde más claramente podamos comprenderlo. 

Hay algo que me parece todavía más importante que cualquier discusión jurídica. No sabemos por qué una mujer aborta y no tenemos derecho a exigirle que nos lo explique. Porque ninguna mujer debería tener que justificar su vida ante nadie. Puede ser una estudiante de veinte años; puede tener cuarenta; puede tener tres hijos y saber perfectamente que no puede tener otro; puede no querer ser madre; puede encontrarse en una relación violenta; puede haber sufrido una agresión sexual; puede tener problemas económicos; puede haber descubierto una enfermedad; puede haber recibido un diagnóstico fetal devastador; puede simplemente considerar que no quiere continuar con ese embarazo; puede haberlo pensado durante semanas; puede haberlo decidido en unas horas; puede sentirse segura de su decisión; puede tener dudas; puede llorar; puede sentir alivio; puede experimentar emociones contradictorias; e, incluso, puede arrepentirse posteriormente. Todas esas experiencias humanas existen y ninguna debería convertirse en un arma para juzgar a las demás.

Tampoco deberíamos exigir que una mujer que aborta se convierta en portavoz de ninguna causa. No tiene que justificar su decisión ante los medios, ante los vecinos, ante la Iglesia, ante los partidos políticos, ante colectivos feministas ni ante quienes se oponen al aborto. Su intimidad únicamente le pertenece a ella y Estado tiene que protegerla, la sanidad tiene que atenderla y la sociedad debería aprender a no convertir las decisiones reproductivas de las mujeres en un espectáculo público.

Pero también debemos proteger el debate de la presión y del adoctrinamiento. Defender el derecho de una mujer a decidir no significa negar que existan personas que sienten un profundo conflicto moral ante el aborto. Es perfectamente legítimo que alguien considere que la vida prenatal merece una protección especial. También es legítimo que una persona religiosa considere que abortar contradice sus convicciones. Y, por supuesto, es igualmente legítimo que una mujer decida continuar un embarazo precisamente porque sus convicciones personales le llevan a hacerlo.

Lo que no debería ser legítimo en una sociedad democrática es transformar esas convicciones personales en mecanismos de intimidación sobre quien piensa de otra manera. La información sanitaria debe ser información sanitaria; la orientación debe ser orientación; la asistencia debe ser asistencia; y la propaganda debe quedar fuera de aquello que debería ser un espacio de atención sanitaria basado en el respeto y la evidencia.

Una mujer puede recibir información sobre las alternativas existentes sin que nadie intente conducirla hacia una determinada decisión; puede conocer los riesgos médicos; puede conocer las ayudas sociales disponibles si decide continuar el embarazo; puede recibir información sobre adopción; puede recibir apoyo psicológico si lo solicita; y puede recibir información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Pero finalmente la decisión que corresponde dentro del marco legal es únicamente suya. La decisión nunca puede tomarla un funcionario ni de un médico ni un sacerdote. Tampoco un activista puede decidir por ella ni un partido político, ni su pareja. Y, por supuesto, tampoco le pertenece a nadie que desconozca por completo cuál es su historia o la conozca absolutamente desde el principio. Porque lo verdaderamente importante es que NADIE PUEDE DECIDIR POR ELLA. 

Quizá esta sea la manera más sencilla de resumir todo este debate. No necesitamos que todas las personas pensemos igual sobre el aborto y tampoco ecesitamos que todas entendamos que vivimos en una sociedad plural y democrática. Quien considere que abortar es moralmente inaceptable tiene derecho a vivir conforme a esa convicción y quien considere que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la autonomía reproductiva de la mujer también tiene derecho a defender esa posición. Las instituciones públicas tienen que ser capaces de garantizar que ninguna de esas convicciones particulares se convierta en una imposición sobre las demás.

Cuando una mujer se encuentra ante un embarazo que no desea continuar y la ley reconoce su derecho a interrumpirlo, el Estado tiene una responsabilidad muy concreta. Y es que tiene que garantizar que pueda hacerlo. No solamente en Madrid; no solamente en Sevilla; y no solamente en Barcelona, sino también en Jaén, en Linares, en Cazorla y en los municipios pequeños. También para la mujer que no tiene coche, para la que no puede pagar un viaje, para la que tiene hijos a su cargo, para la que no puede pedir ayuda a su familia, para la que tiene miedo y para la que, simplemente, quiere resolver su situación con intimidad y continuar con su vida.

Porque la igualdad no consiste en decirle a todo el mundo que tiene el mismo derecho. La igualdad consiste en poner los medios para que pueda ejercerlo.

Y quizá por eso el debate sobre el aborto en España ya no debería limitarse a discutir si la ley permite o no permite abortar. Esa batalla jurídica, en buena medida, pertenece a otra etapa de nuestra historia. 

Por tanto, la pregunta que tenemos delante es mucho más concreta y mucho más incómoda. ¿Puede una mujer ejercer realmente su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo con independencia de dónde viva y de cuánto dinero tenga?

Mientras la respuesta sea diferente según el territorio, todavía tendremos trabajo por hacer; mientras una mujer de Jaén tenga que recorrer kilómetros para ejercer un derecho sanitario reconocido por la ley; mientras el acceso dependa en exceso de la disponibilidad de centros privados; mientras existan diferencias territoriales tan profundas; y mientras las circunstancias económicas o familiares puedan convertir una prestación sanitaria en una carrera de obstáculos, podremos decir que el derecho existe, pero tendremos que seguir preguntándonos si estamos haciendo todo lo necesario para que exista también en la vida real.

Porque una democracia no se mide solamente por los derechos que reconoce sobre el papel, sino por la distancia que existe entre lo que promete una ley y lo que puede hacer realmente una persona cuando necesita ejercerla.

Que ningún derecho dependa del código postal, del bolsillo ni del miedo.

El derecho deber ser igual y efectivo en todas partes.

Para todas las mujeres. 

En cualquier lugar.