En democracia hay pactos políticos que pueden analizarse desde la aritmética parlamentaria, desde el reparto de consejerías o desde las medidas económicas que contienen. Pero hay otros que debemos mirar también desde una perspectiva de derechos humanos y, especialmente, desde una perspectiva feminista, porque detrás de determinadas decisiones políticas no hay únicamente instituciones, presupuestos o estructuras administrativas, sino mujeres que necesitan que esas instituciones funcionen cuando su vida se encuentra en una situación límite.

El pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, firmado el 2 de julio de 2026, merece precisamente esa mirada. No porque podamos afirmar que haya derogado los derechos de las víctimas, algo que no ha ocurrido, sino porque coloca determinadas estructuras vinculadas a la Justicia y a la valoración de la violencia de género bajo la responsabilidad política de un partido que ha defendido públicamente la derogación de la legislación específica contra esta violencia. 

Conviene empezar por una cuestión fundamental para no caer en simplificaciones. El acuerdo entre PP y Vox no ha derogado la Ley Orgánica 1/2004 ni la Ley andaluza 13/2007, y las mujeres víctimas continúan teniendo los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco han desaparecido las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, ni puede un acuerdo autonómico dejar sin efecto por sí mismo una ley orgánica estatal. Precisamente por eso, la alerta que planteo no consiste en afirmar que esos derechos hayan desaparecido de un día para otro. La preocupación es otra y, a mi juicio, mucho más seria. Porque ¿qué puede ocurrir cuando las estructuras encargadas de hacer efectivos esos derechos quedan bajo la dirección política de quienes han cuestionado la propia existencia del concepto jurídico de violencia de género?

El acuerdo firmado por PP y Vox contiene 150 medidas para la legislatura y concede a Vox la Vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Entre sus quince bloques aparece expresamente uno dedicado a las llamadas “leyes ideológicas”, en el que ambas formaciones se comprometen a revisar y, en su caso, derogar disposiciones normativas, organismos, subvenciones o ayudas públicas que consideren superfluos o ineficientes. El problema no es que cualquier administración pueda revisar sus políticas públicas, porque eso forma parte de la normalidad democrática, sino que debemos preguntarnos qué puede suceder cuando dentro de ese proceso de revisión se encuentran políticas específicamente dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres y estructuras cuya existencia responde precisamente a una legislación especializada. 

Aquí resulta imposible ignorar cuál ha sido la posición política de Vox. En el Parlamento de Andalucía, en febrero de 2026, un representante de la formación afirmó expresamente que la legislación de violencia de género debía ser derogada y sostuvo que esas normas constituían leyes ideológicas que, según su planteamiento, no protegían adecuadamente a las mujeres. No se trata, por tanto, de atribuirle a Vox una intención que no haya expresado, sino de recordar lo que el propio partido ha defendido públicamente. Esa posición adquiere una relevancia especial cuando la misma formación pasa de cuestionar desde la oposición determinadas estructuras a participar directamente en el Gobierno que tiene competencias sobre algunas de ellas.

Desde una perspectiva feminista, esto debería preocuparnos porque la violencia de género no es simplemente una categoría administrativa inventada para clasificar determinadas agresiones. Es el reconocimiento de una realidad social específica que durante décadas fue minimizada, ocultada o presentada como un problema privado de las parejas. La violencia ejercida contra una mujer por su pareja o expareja no puede comprenderse siempre de la misma manera que cualquier otra forma de violencia producida dentro de una familia. Existen patrones de control, dominación, aislamiento, dependencia económica, violencia psicológica, violencia sexual y miedo que requieren profesionales capaces de identificar esa realidad y no limitarse a constatar el último episodio de violencia física que haya llegado a conocimiento de las autoridades.

Por eso las palabras importan, pero importan todavía más las consecuencias que tienen detrás. Sustituir progresivamente la expresión “violencia de género” por “violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar” puede presentarse como una cuestión meramente terminológica, pero los conceptos jurídicos y las políticas públicas no son intercambiables sin más. La violencia doméstica puede afectar a diferentes miembros de una familia, mientras que la violencia de género, en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, responde a una realidad específica de violencia ejercida contra las mujeres por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. Eliminar esa especificidad puede dificultar la identificación de los factores que explican determinadas violencias y, con ello, debilitar la respuesta especializada que se ha construido durante años.

La violencia machista tampoco comienza necesariamente el día en que una mujer presenta una denuncia. Muchas veces comienza mucho antes, con el control de sus amistades, con la vigilancia del teléfono, con el aislamiento de su familia, con la destrucción de su autoestima, con la dependencia económica, con las amenazas, con la violencia sexual o con la utilización de los hijos e hijas como instrumentos de control. Una mujer puede tardar años en denunciar porque tiene miedo, porque depende económicamente de su agresor, porque piensa que nadie la creerá, porque teme perder a sus hijos, porque carece de una vivienda a la que acudir o porque ha interiorizado durante años que aquello que está viviendo es una cuestión privada que debe solucionar dentro de su propia casa. Comprender todo esto exige formación y especialización, y no una respuesta administrativa genérica.

Por eso las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género son tan importantes. No estamos hablando de organismos dedicados a campañas políticas ni de oficinas cuyo único cometido sea utilizar una determinada terminología. Son unidades multidisciplinares integradas por profesionales de la Medicina Forense, la Psicología y el Trabajo Social, encargadas de realizar, cuando lo solicitan los órganos judiciales, valoraciones integrales de los efectos de la violencia física, psicológica y sexual sobre las mujeres, así como de las consecuencias que la exposición a la violencia y las agresiones puede producir en sus hijos e hijas y menores a cargo. También valoran aspectos relacionados con el agresor, incluido el riesgo de reincidencia, y determinadas consecuencias relevantes en procedimientos civiles.

Hay además un dato que considero especialmente significativo y que demuestra que el debate no puede reducirse a decir que «las unidades siguen existiendo». El 14 de abril de 2026, apenas unas semanas antes de las elecciones y del pacto de Gobierno, la propia Junta de Andalucía aprobó la creación de ocho puestos de coordinación, uno para cada Unidad de Valoración Integral existente en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Andalucía. La resolución justificaba el refuerzo por el aumento de la carga de trabajo derivado de las nuevas competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer y establecía entre las funciones de los nuevos coordinadores el control de los tiempos de emisión de informes, la estadística, la relación con órganos judiciales, Fiscalía, servicios de asistencia a víctimas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Es decir, la propia Administración andaluza había identificado la necesidad de reforzar estas unidades especializadas. Pocos meses después, tras el pacto entre PP y Vox, la responsabilidad política sobre Justicia pasó a manos de Vox. El cambio institucional, por tanto, no es imaginario. Existe y merece ser observado con atención, especialmente teniendo en cuenta que hablamos de estructuras que proporcionan apoyo técnico especializado a la Administración de Justicia.

Pero aquí también aparece uno de los riesgos que más me preocupa. El debilitamiento de un sistema de protección no tiene por qué comenzar con una ley que diga expresamente “se eliminan los derechos de las mujeres”. Puede producirse de una forma mucho más silenciosa, mediante la reducción de profesionales, la falta de sustituciones, el aumento de los tiempos de espera, la pérdida de formación específica, la reducción de recursos psicológicos, el debilitamiento de las casas de acogida, la desaparición de programas de prevención o la sustitución de servicios especializados por otros de carácter general. Una ley puede continuar exactamente igual mientras el derecho que reconoce se vuelve cada vez más difícil de ejercer en la realidad cotidiana, ya sea por el vaciado de competencias o por ausencia de dotación presupuestaria.

Eso es lo que debemos vigilar. Porque el derecho de una mujer a recibir protección no se satisface simplemente porque exista una norma que diga que tiene derecho a ella. Si una víctima necesita una valoración especializada y debe esperar demasiado tiempo, si no encuentra asistencia psicológica suficiente, si carece de un recurso habitacional para abandonar a su agresor o si se encuentra ante profesionales que no han recibido la formación necesaria para identificar determinadas formas de violencia, el reconocimiento formal del derecho no basta. Los derechos humanos necesitan instituciones capaces de hacerlos efectivos.

El modelo estatal actual, además, está avanzando precisamente en la dirección contraria a la desespecialización. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobada en 2025 amplió las medidas de 290 a 461 e incorporó expresamente ámbitos como la violencia vicaria, económica y digital, además de reforzar la prevención, la respuesta institucional, la asistencia y protección, la formación y el seguimiento estadístico. El Pacto presta también especial atención a mujeres rurales y mujeres con discapacidad, lo que demuestra que la respuesta frente a la violencia no puede reducirse a una única fórmula indiferenciada.

Durante 2026, además, el Estado ha previsto transferencias a las comunidades autónomas para desarrollar programas relacionados con el Pacto de Estado. En abril se acordó la distribución de casi 180 millones de euros a las comunidades y a Ceuta y Melilla, de los cuales 160 millones se destinaban al desarrollo del Pacto de Estado, mientras que otros fondos se dirigían a asistencia social integral, planes personalizados, apoyo a víctimas de violencia sexual y prevención. La distribución tiene en cuenta, entre otros factores, la población rural, las mujeres extranjeras, las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad.

Esto introduce otra cuestión fundamental. Andalucía tiene margen para organizar sus competencias y diseñar sus políticas públicas, pero no puede utilizar una decisión administrativa o un acuerdo de gobierno para dejar sin efecto las obligaciones derivadas de la legislación estatal, del marco europeo o de los compromisos internacionales asumidos por España. Tampoco puede convertir una valoración médico-forense o psicológica en una herramienta política. Quienes trabajan en las unidades de valoración deben poder actuar conforme a criterios técnicos, científicos y profesionales, con independencia de quién ocupe en cada momento una consejería.

Desde una perspectiva feminista, también debemos prestar especial atención a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una mujer que intenta escapar de una relación violenta puede necesitar simultáneamente asistencia jurídica, apoyo psicológico, protección policial, una vivienda segura, ingresos económicos y ayuda para sus hijos. Si además es migrante, tiene una discapacidad, vive en un entorno rural o carece de una red familiar, las dificultades pueden multiplicarse. El propio Pacto de Estado renovado reconoce la necesidad de prestar especial atención a diferentes situaciones de vulnerabilidad, y cualquier política pública que pretenda proteger realmente a las víctimas debe tenerlas presentes.

La vivienda es un ejemplo especialmente claro. Decirle a una mujer que abandone a su agresor puede parecer sencillo cuando se contempla desde fuera, pero la realidad es muy diferente cuando esa mujer no tiene dinero, no tiene empleo, tiene hijos a su cargo y no dispone de ningún lugar seguro al que acudir. La protección frente a la violencia no puede limitarse a la denuncia y al procedimiento penal. Tiene que incluir las condiciones materiales que permitan a una mujer reconstruir su vida sin verse obligada a regresar junto a quien la maltrata.

Y tampoco podemos olvidar a los menores. Una criatura que crece contemplando cómo su padre controla, amenaza, humilla o golpea a su madre no es simplemente un espectador ajeno a la violencia. Las propias Unidades de Valoración Integral tienen entre sus funciones valorar los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por hijos, hijas y menores a cargo. La respuesta institucional debe comprender, por tanto, que proteger a una mujer también significa proteger a quienes dependen de ella y a quienes pueden estar sufriendo las consecuencias de esa violencia.

También hay otra cuestión que tampoco deberíamos perder de vista. Durante décadas, las mujeres tuvieron que escuchar que los problemas de pareja debían quedarse dentro de casa, que una discusión matrimonial no era asunto del Estado, que los celos eran una manifestación de amor, que determinados comportamientos eran normales o que una mujer que permanecía junto a un hombre violento debía asumir alguna responsabilidad por no marcharse. El feminismo tuvo que luchar contra todas esas ideas para conseguir que entendiéramos que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una cuestión de derechos humanos, igualdad y responsabilidad pública.

Por eso me preocupa profundamente que un partido que ha defendido la derogación de la legislación específica de violencia de género tenga ahora capacidad directa sobre estructuras relacionadas con la Justicia y la valoración de estas víctimas. No porque podamos afirmar que las unidades hayan dejado de funcionar o que los derechos hayan desaparecido, sino porque existe una contradicción política que no podemos ignorar: quienes han cuestionado la necesidad de una respuesta específica pasan a tener responsabilidad institucional sobre una parte de esa misma respuesta. Esa contradicción exige vigilancia democrática, transparencia y evaluación permanente de los resultados.

No se trata de decir que todo lo que haga Vox vaya a perjudicar necesariamente a las víctimas, ni de atribuir de antemano a cada funcionario o profesional una determinada posición ideológica. Sería injusto y, además, jurídicamente poco riguroso. Se trata de algo mucho más sencillo que consiste simplemente en observar los hechos y exigir garantías. Habrá que comprobar qué ocurre con los presupuestos, cuántos profesionales trabajan en las unidades de valoración, cuánto tardan en emitirse los informes, qué formación reciben quienes atienden a las víctimas, qué recursos de asistencia psicológica y jurídica se mantienen, qué sucede con las casas de acogida, cómo se utilizan los fondos del Pacto de Estado y si se mantiene una respuesta especializada para las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

También habrá que estar atentos al lenguaje institucional, porque las palabras pueden anticipar transformaciones más profundas. Si progresivamente dejamos de hablar de violencia de género para hablar únicamente de violencia doméstica o intrafamiliar, debemos preguntarnos qué consecuencias tiene ese cambio sobre las estadísticas, los protocolos, la formación profesional, la prevención, la identificación de los factores de riesgo y la propia percepción social del problema. No todo cambio terminológico implica automáticamente una pérdida de derechos, pero tampoco todo cambio terminológico es inocuo. Lo importante será comprobar qué políticas y obligaciones acompañan a ese lenguaje.

La negación de la violencia de género tiene precisamente ese peligro. Si negamos que exista una dimensión específica relacionada con el género, dejamos de buscar las causas específicas que la producen; si dejamos de identificar esas causas, podemos diseñar respuestas menos adecuadas; y si las respuestas dejan de ser adecuadas, quienes terminan pagando el precio no son quienes participan en los debates parlamentarios, sino las mujeres que necesitan ayuda cuando ya no pueden protegerse por sí mismas.

No quiero que se confunda esta preocupación con alarmismo. Precisamente porque hablamos de derechos humanos debemos ser capaces de distinguir entre lo que ya ha ocurrido, lo que el pacto establece y aquello que constituye un riesgo que todavía debe comprobarse. Hoy no podemos decir que el pacto PP-Vox haya eliminado los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque no es cierto. Tampoco podemos afirmar que las Unidades de Valoración Integral hayan sido eliminadas, porque siguen existiendo y, de hecho, fueron reforzadas en abril de 2026. Lo que sí podemos afirmar es que Vox ha defendido públicamente la derogación de la legislación específica, que ahora participa en el Gobierno andaluz y que el acuerdo incluye un mecanismo de revisión de leyes, organismos y ayudas que ambas formaciones consideran ideológicos, mientras determinadas competencias de Justicia han quedado bajo responsabilidad de este partido. 

Precisamente por eso debemos permanecer vigilantes. No necesitamos esperar a que desaparezca una ley para defenderla; no necesitamos esperar a que se reduzca un recurso para preguntar por su presupuesto; y no necesitamos esperar a que una mujer sea desatendida para exigir que existan profesionales suficientes. La prevención de cualquier retroceso democrático consiste precisamente en detectar a tiempo las decisiones que pueden debilitar los derechos y exigir explicaciones antes de que las consecuencias sean irreversibles.

Como sociedad, tenemos la obligación de recordar por qué se construyó este sistema de protección. No se construyó para perseguir a los hombres ni para establecer una guerra entre sexos, como sostiene parte del discurso político que cuestiona estas políticas. Se construyó porque durante demasiado tiempo miles de mujeres sufrieron violencia en silencio y porque las instituciones no fueron capaces de ofrecerles una respuesta adecuada. Y también se construyó porque comprendimos que la igualdad formal no bastaba cuando una mujer tenía miedo de abandonar a su pareja, cuando dependía económicamente de él o cuando sus hijos podían convertirse en instrumentos de control y violencia.

No olvidemos que proteger específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género no significa negar la existencia de otras formas de violencia. Todas las víctimas merecen protección, independientemente de su sexo, edad o circunstancia. Precisamente por eso necesitamos políticas públicas capaces de identificar las características particulares de cada forma de violencia y responder adecuadamente a ellas, en lugar de borrar las diferencias bajo una única categoría que termine invisibilizando las causas específicas de determinadas agresiones.

Debemos estar atentos porque no podemos volver a una época en la que una mujer tenía que demostrar que lo que sucedía dentro de su casa era suficientemente grave para que alguien decidiera intervenir; no podemos regresar a un momento en el que los celos, el control o la violencia psicológica eran considerados asuntos privados; y no podemos permitir que la perspectiva de género sea presentada como una amenaza cuando, en realidad, ha sido una herramienta para hacer visible aquello que durante décadas permaneció oculto.

Porque detrás de cada expediente hay una mujer; detrás de cada valoración hay una historia que alguien necesita comprender; detrás de cada recurso hay una posibilidad de escapar; y detrás de cada decisión política existe una responsabilidad pública que no puede desaparecer simplemente porque cambie el partido que ocupa un despacho.

Por eso, ante el pacto entre el Partido Popular y Vox, no creo que debamos permanecer callados ni esperar pasivamente a comprobar qué sucede. Debemos observar, preguntar, exigir transparencia y defender con firmeza las estructuras que funcionan y los derechos que tanto costó conquistar. Debemos exigir que cualquier modificación administrativa preserve la especialización, la independencia profesional, la asistencia integral y la protección efectiva de las víctimas, y debemos denunciar cualquier retroceso cuando existan hechos que permitan acreditarlo.

Porque la violencia de género no desaparece cuando dejamos de nombrarla. Una mujer no deja de ser víctima porque una administración utilice otra palabra para describir lo que le ocurre; un menor no deja de sufrir porque cambiemos la categoría estadística de la violencia que presencia; y una mujer asesinada no vuelve a la vida porque alguien decida que el problema nunca tuvo una dimensión de género.

La negación no protege y la invisibilización tampoco. Lo que protege son los derechos, los recursos, la especialización, la prevención, la educación, la justicia y una sociedad que se niega a aceptar como normal aquello que nunca debió serlo.

Si quienes niegan la existencia de la violencia de género pasan a tener responsabilidades sobre parte de las estructuras destinadas a combatirla, entonces nuestra obligación como sociedad civil es todavía mayor. No para convertir la protección de las mujeres en una batalla partidista, sino para recordar algo que debería estar por encima de cualquier pacto de Gobierno. Y es que los derechos de las mujeres no pueden depender de quién ocupe una consejería.

Las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, protegidas y creídas. Tienen derecho a una justicia especializada y a profesionales capaces de comprender la violencia que han sufrido; tienen derecho a reconstruir sus vidas y a hacerlo libres de miedo; y tienen derecho a que ningún cambio político convierta nuevamente la violencia que sufren en aquello que durante demasiado tiempo fue considerada: un problema privado que debía permanecer dentro de casa.

Cuando una sociedad deja de reconocer una violencia que sufren las mujeres, quienes primero quedan desprotegidas no son las instituciones ni los partidos. Son las mujeres.

Negar la violencia de género no hace que esta desaparezca. Solo consigue que sea más difícil reconocerla, denunciarla, combatirla y proteger a quienes la sufren.

No queremos más silencio frente a la violencia machista. 

Queremos mujeres vivas, libres e iguales.

Y sin violencia.