NO PODEMOS SER NEUTRALES

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽 – Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Indudablemente, vivimos tiempos preocupantes. No lo digo desde el pesimismo ni desde una nostalgia de épocas que no hemos conocido, sino desde la responsabilidad de observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El fascismo vuelve a ganar espacio en nuestras sociedades, se normaliza en determinados discursos políticos, encuentra altavoces en las redes sociales y, lo que resulta todavía más inquietante, consigue que algunas de sus ideas empiecen a parecer aceptables para personas que jamás se definirían como fascistas.

Conviene decirlo sin rodeos. El fascismo no es una opinión más; no es una alternativa política legítima entre tantas otras; y no es una simple discrepancia ideológica. Es una amenaza contra la democracia, los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas. Por eso creo que debemos recuperar algo que parece haberse debilitado en los últimos años. La convicción de que existen principios que no son negociables. La igualdad, la libertad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo y el respeto a quienes son diferentes no pueden quedar a merced de los intereses electorales, de las estrategias de comunicación o de los discursos de quienes pretenden dividirnos.

Uno de los errores más peligrosos es pensar que el fascismo únicamente aparece cuando vemos uniformes, símbolos totalitarios, golpes de Estado o regímenes que eliminan abiertamente las libertades. Pero no es así. El fascismo no empieza siempre con una dictadura. La historia nos enseña que los procesos autoritarios pueden comenzar mucho antes. Empiezan cuando se señala a determinados colectivos como responsables de los problemas de la sociedad, cuando se convierte a las personas migrantes en chivos expiatorios, cuando se cuestionan los derechos de las mujeres, cuando se pretende devolver a las personas LGTBIQ+ a la invisibilidad o cuando se presenta la diversidad como una amenaza para la convivencia. Empiezan cuando se desacredita a quienes defienden los derechos humanos, se ataca a periodistas, se desprecia el conocimiento científico, se intenta someter a la justicia y se presenta cualquier discrepancia como una traición a la patria. Y también empiezan cuando nos acostumbramos a escuchar barbaridades sin reaccionar, cuando dejamos de escandalizarnos ante la deshumanización de otras personas o cuando confundimos libertad de expresión con impunidad para promover el odio y cuando aceptamos que determinados derechos puedan convertirse en privilegios revocables. Porque el fascismo necesita enemigos, necesita miedo y necesita una sociedad acostumbrada a mirar hacia otro lado. Y precisamente por eso no podemos permitirnos la indiferencia.

Luchar contra el fascismo no significa odiar a quienes piensan diferente. Significa defender un marco democrático en el que todas las personas puedan vivir libres, iguales y seguras. Significa combatir la discriminación sin reproducirla, defender la convivencia sin renunciar a nuestros principios y recordar que los derechos humanos no dependen de la simpatía, la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad de género, las creencias o la posición económica de quien los ejerce. No podemos defender la dignidad humana únicamente cuando afecta a personas con las que estamos de acuerdo.

Pero existe otra cuestión que me preocupa especialmente y sobre la que creo que debemos reflexionar. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de formación de  la opinión pública. Son el nuevo campo de batalla donde millones de personas reciben diariamente información política, social y cultural a través de Instagram, Facebook, TikTok, X o YouTube. Y no podemos ignorar cómo funcionan.

Los algoritmos de estas plataformas seleccionan los contenidos que aparecen en nuestras pantallas a partir de nuestros hábitos, interacciones, preferencias y tiempo de permanencia. Su objetivo principal no es necesariamente ofrecernos información rigurosa, equilibrada o contrastada. Su prioridad es mantener nuestra atención. ¿Qué significa esto? Que, si interactuamos repetidamente con determinados contenidos, las plataformas pueden mostrarnos cada vez más publicaciones similares. Si consumimos mensajes que alimentan nuestra indignación, nuestros prejuicios o nuestros temores, podemos terminar encerrados en una burbuja informativa en la que apenas encontramos perspectivas diferentes.

Aquí aparece un problema especialmente grave. Los discursos extremistas, la desinformación, las teorías conspirativas y los mensajes de odio pueden beneficiarse de una dinámica que premia la reacción emocional, la confrontación y la viralidad. No porque todos los algoritmos estén diseñados para promover el fascismo, sino porque determinados contenidos polarizadores pueden conseguir una enorme interacción. Así, poco a poco, podemos terminar creyendo que todo el mundo piensa como nosotros, que nuestras posiciones son mayoritarias y que quienes discrepan representan una amenaza.

El algoritmo no piensa por nosotros, pero puede terminar condicionando aquello que vemos, escuchamos y consideramos normal. Por eso, además de combatir los discursos fascistas en las instituciones, en las calles, en los centros educativos y en nuestros espacios cotidianos, tenemos que aprender a combatirlos también en el terreno digital. Y eso empieza por una decisión personal. No dejar que otros decidan por nosotros qué debemos conocer.

Pero, ¿cómo romper el algoritmo y recuperar nuestra libertad de pensamiento? No basta con quejarnos de lo que vemos en nuestras pantallas. Tenemos que actuar. Y podemos hacerlo con pequeños cambios en nuestros hábitos digitales que, sumados, pueden marcar una diferencia importante. Para ello, existen una serie de medidas muy concretas y fáciles de seguir.

1. DEJAR DE CONSUMIR SIEMPRE LOS MISMOS CONTENIDOS. Si seguimos únicamente a personas, medios y organizaciones que piensan como nosotros, terminaremos reforzando nuestra propia burbuja. Busquemos fuentes diferentes, leamos medios con distintas orientaciones editoriales y escuchemos voces que aporten perspectivas nuevas. Contrastar no significa renunciar a nuestros principios, sino fortalecer nuestro criterio.

2. SEGUIR CUENTAS QUE DEFIENDAN LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA. Demos visibilidad a organizaciones feministas, asociaciones LGTBIQ+, entidades antirracistas, plataformas sociales, periodistas independientes, organizaciones de derechos humanos y divulgadores que trabajen con rigor. No dejemos que los únicos mensajes políticos que circulen sean los de quienes promueven el odio y la exclusión.

3. NO COMPARTIR INMEDIATAMENTE AQUELLO QUE NOS INDIGNA. Antes de difundir una noticia, un vídeo o una captura de pantalla, comprobemos su procedencia, su fecha y su veracidad. La desinformación necesita nuestra colaboración para propagarse. No nos convirtamos involuntariamente en altavoces de bulos, manipulaciones o campañas de intoxicación.

4. INTERACTUAR CONSCIENTEMENTE CON LOS CONTENIDOS QUE QUEREMOS QUE TENGAN VISIBILIDAD. Un comentario, un «me gusta», guardar una publicación o compartirla son señales que las plataformas pueden utilizar para recomendar contenidos. Interactuemos con información rigurosa, campañas solidarias, iniciativas democráticas y mensajes que contribuyan a construir una sociedad más justa. No regalemos nuestra atención a quienes viven de provocar enfrentamientos.

5. DEJAR DE ALIMENTAR LOS DISCURSOS DE ODIO CON INTERACCIONES INNECESARIAS. No todo merece una respuesta. Entrar constantemente en las publicaciones de perfiles extremistas para discutir, insultar o expresar indignación puede aumentar su difusión. Cuando exista una conducta que vulnere las normas de la plataforma, denunciémosla utilizando los mecanismos correspondientes. Y cuando haya amenazas, incitación a la violencia o posibles delitos, conservemos las pruebas y acudamos a las vías adecuadas.

6. UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN DE LAS PLATAFORMAS. Podemos indicar que no nos interesa un determinado contenido, dejar de seguir cuentas, silenciar perfiles, revisar nuestros intereses publicitarios y restablecer o ajustar las recomendaciones cuando la plataforma lo permita. También podemos desactivar la reproducción automática, limitar las notificaciones y dedicar menos tiempo a los contenidos que nos generan indignación permanente.

7. RECUPERAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO FUERA DE LAS REDES. Leamos libros, prensa, investigaciones y publicaciones especializadas. Hablemos con otras personas, participemos en asociaciones, acudamos a actividades culturales y formativas y mantengamos conversaciones que no estén condicionadas por una pantalla. Nuestra formación y nuestra capacidad de análisis no pueden depender exclusivamente de lo que una plataforma decide mostrarnos.

Particularmente, añadiría una octava medida que considero fundamental. NUNCA TENGAMOS MIEDO DE POSICIONARNOS. Si escuchamos un comentario racista, machista, homófobo o xenófobo, no lo normalicemos; si vemos una injusticia, no miremos hacia otro lado; y si alguien intenta deshumanizar a un colectivo, recordemos que detrás de cada etiqueta hay personas con derechos y dignidad.

Es verdad que una publicación no va a derrotar al fascismo, que un comentario no va a transformar una sociedad y que modificar nuestras recomendaciones digitales no va a resolver por sí solo los problemas de nuestras democracias. Pero la indiferencia nunca ha sido una buena estrategia. Tenemos que ser conscientes de que las grandes transformaciones sociales no se construyen únicamente desde las instituciones. Se construyen desde la educación, la cultura, la participación ciudadana, el compromiso colectivo y las pequeñas decisiones cotidianas. Por ello, quienes defendemos los derechos humanos tenemos que comprender que también estamos disputando el espacio digital.

No podemos abandonar las redes sociales a quienes utilizan el miedo, la mentira y la desinformación para ganar influencia. Tampoco se trata de vivir permanentemente enfrentados ni de convertir cada conversación en una batalla ideológica. Se trata de no permitir que el odio se convierta en una costumbre, que la mentira sustituya a la verdad o que la intolerancia termine presentándose como sentido común.

Nos merecemos una sociedad en la que no tengamos que pedir permiso para ser diferentes, ni una democracia en la que algunos derechos dependan de quién gobierne o de a quién resulte más cómodo proteger. Tenemos que construir una sociedad en la que ninguna persona tenga que esconderse, justificar su existencia o vivir con miedo por su origen, su sexo, su orientación sexual, su identidad de género, sus creencias o sus circunstancias personales.

Por eso debemos luchar contra el fascismo. Y hay que hacerlo con memoria, educación, argumentos, solidaridad, compromiso democrático y, sobre todo, sin renunciar a nuestra humanidad. Porque la democracia no se defiende únicamente cuando está en peligro. Se defiende todos los días, también cuando parece que no ocurre nada.

Quizá el primer paso esté precisamente en nuestras manos. En lo que leemos, en lo que compartimos, en lo que denunciamos y en aquello que decidimos no tolerar.

Que el algoritmo no piense por nosotros; que el miedo no decida por nosotros; y que nunca más el silencio sea cómplice del odio.

Contra el fascismo, memoria, derechos humanos y resistencia.

Y dignidad, sobre todo dignidad.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
WE CANNOT REMAIN NEUTRAL

We are undoubtedly living through troubling times. I do not say this out of pessimism or nostalgia for times we have never experienced, but out of a sense of responsibility and a desire to understand what is happening around us. Fascism is once again gaining ground in our societies. It is becoming normalised in certain political narratives, finding a platform on social media and, perhaps most disturbingly, making some of its ideas seem acceptable to people who would never describe themselves as fascists.

We need to be absolutely clear about this. Fascism is not just another opinion. It is not a legitimate political alternative among many others, nor is it simply a matter of ideological disagreement. It is a threat to democracy, human rights, freedom and human dignity. That is why I believe we need to reclaim something that seems to have weakened in recent years. The conviction that certain principles are non negotiable. Equality, freedom, social justice, solidarity, pluralism and respect for those who are different must never be left at the mercy of electoral interests, communication strategies or the rhetoric of those who seek to divide us.

One of the most dangerous mistakes we can make is to believe that fascism only emerges when we see uniforms, totalitarian symbols, coups or regimes that openly abolish our freedoms. But that is not how it works. Fascism does not always begin with a dictatorship. History teaches us that authoritarian movements can take root long before that. They begin when certain groups are blamed for society’s problems, when migrants are turned into scapegoats, when women’s rights are questioned, when LGBTQIA+ people are pushed back into invisibility or when diversity is portrayed as a threat to social cohesion. They begin when those who defend human rights are discredited, journalists are attacked, scientific knowledge is dismissed, attempts are made to bring the justice system under political control and any disagreement is portrayed as an act of betrayal against one’s country. They also begin when we become accustomed to hearing outrageous statements without reacting, when we stop being shocked by the dehumanisation of others, when we confuse freedom of expression with immunity for promoting hatred and when we accept that certain rights can become privileges that may be taken away. Because fascism needs enemies, it needs fear and it needs a society that has grown accustomed to looking the other way. That is precisely why indifference is not an option.

Fighting fascism does not mean hating those who think differently. It means defending a democratic framework in which everyone can live freely, equally and safely. It means fighting discrimination without reproducing it, defending peaceful coexistence without abandoning our principles and remembering that human rights do not depend on whether we like someone, their nationality, sexual orientation, gender identity, beliefs or financial circumstances. We cannot defend human dignity only when it concerns people with whom we happen to agree.

But there is another issue that particularly concerns me and that I believe deserves our attention. Social media has become one of the main spaces in which public opinion is shaped. It is the new battleground where millions of people receive political, social and cultural information every day through Instagram, Facebook, TikTok, X and YouTube. And we cannot afford to ignore how these platforms work.

The algorithms used by these platforms select the content that appears on our screens based on our habits, interactions, preferences and the amount of time we spend online. Their main objective is not necessarily to provide us with accurate, balanced or well researched information. Their priority is to keep us engaged. What does this mean? It means that if we repeatedly interact with certain types of content, platforms may show us more and more similar posts. If we consume messages that fuel our anger, prejudices or fears, we can end up trapped in an information bubble where we encounter very few alternative perspectives.

This is where a particularly serious problem arises. Extremist rhetoric, disinformation, conspiracy theories and hate speech can all benefit from a system that rewards emotional reactions, confrontation and viral content. This does not mean that all algorithms are designed to promote fascism, but rather that certain polarising messages can generate enormous levels of engagement. Gradually, we may end up believing that everyone thinks like us, that our views represent the majority and that those who disagree with us are a threat.

The algorithm does not think for us, but it can eventually shape what we see, what we hear and what we come to regard as normal. That is why, alongside challenging fascist rhetoric in our institutions, on our streets, in our schools and in our everyday lives, we must also learn to confront it in the digital world. And that starts with a personal decision. We must not allow others to decide what we should know.

But how can we break free from the algorithm and reclaim our freedom of thought? Simply complaining about what we see on our screens is not enough. We have to take action. We can do this by making small changes to our digital habits which, when combined, can make a significant difference. There are some very practical and straightforward steps we can take.

1. STOP CONSUMING THE SAME CONTENT ALL THE TIME. If we only follow people, media outlets and organisations that share our views, we will end up reinforcing our own information bubble. We should seek out different sources, read media outlets with a range of editorial perspectives and listen to voices that offer new insights. Looking at different perspectives does not mean abandoning our principles. It means strengthening our judgement.

2. FOLLOW ACCOUNTS THAT DEFEND HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY. We should give visibility to feminist organisations, LGBTQIA+ associations, anti racist groups, social movements, independent journalists, human rights organisations and content creators who work responsibly and provide reliable information. We must not allow the only political messages circulating online to be those promoting hatred and exclusion.

3. DO NOT IMMEDIATELY SHARE SOMETHING JUST BECAUSE IT MAKES US ANGRY. Before sharing a news story, video or screenshot, we should check its source, its date and whether it is genuine. Disinformation needs our cooperation to spread. We must not become unwitting amplifiers of fake news, manipulation or deliberate disinformation campaigns.

4. ENGAGE CONSCIOUSLY WITH THE CONTENT WE WANT TO SEE GIVEN VISIBILITY. Comments, likes, saving a post and sharing it are all signals that platforms can use to recommend content. We should engage with reliable information, solidarity campaigns, democratic initiatives and messages that help build a fairer society. We must not give our attention away to those who thrive on provoking conflict.

5. STOP FEEDING HATE SPEECH THROUGH UNNECESSARY INTERACTIONS. Not everything deserves a response. Constantly engaging with extremist accounts to argue, insult their followers or express our outrage can actually increase their reach. When someone violates a platform’s rules, we should report the content using the appropriate channels. And when there are threats, incitement to violence or potentially criminal acts, we should preserve the evidence and take the appropriate legal steps.

6. MAKE USE OF THE SETTINGS AND TOOLS AVAILABLE ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS. We can indicate that we are not interested in certain content, unfollow accounts, mute profiles, review our advertising preferences and reset or adjust our recommendations whenever the platform allows it. We can also turn off autoplay, limit notifications and spend less time consuming content that keeps us in a constant state of anger.

7. RECLAIM CRITICAL THINKING OUTSIDE SOCIAL MEDIA. We should read books, newspapers, research papers and specialist publications. We should talk to other people, get involved in associations, attend cultural and educational events and have conversations that are not shaped by a screen. Our education and our ability to think critically must not depend exclusively on what a platform decides to show us.

I would personally add an eighth measure that I consider essential. WE MUST NEVER BE AFRAID TO TAKE A STAND. If we hear a racist, sexist, homophobic or xenophobic comment, we must not accept it as normal. If we witness an injustice, we must not look the other way. And if someone tries to dehumanise a particular group, we must remember that behind every label there are human beings with rights and dignity.

It is true that one social media post will not defeat fascism, that one comment will not transform society and that changing our digital recommendations will not, by itself, solve the problems facing our democracies. But indifference has never been a good strategy. We must recognise that major social transformations are not built solely within institutions. They are built through education, culture, civic participation, collective commitment and the small decisions we make every day. That is why those of us who defend human rights must understand that we are also fighting for a place in the digital world.

We cannot abandon social media to those who use fear, lies and disinformation to gain influence. Nor is the answer to live in a state of permanent confrontation or turn every conversation into an ideological battle. It is about refusing to allow hatred to become normal, lies to replace the truth or intolerance to be presented as common sense.

We deserve a society in which we do not have to ask permission to be different, and a democracy in which certain rights are not determined by who is in power or by whom they find it more convenient to protect. We must build a society in which nobody has to hide, justify their existence or live in fear because of their origin, sex, sexual orientation, gender identity, beliefs or personal circumstances.

That is why we must fight fascism. And we must do so through historical memory, education, reasoned arguments, solidarity, democratic commitment and, above all, without abandoning our humanity. Because democracy is not defended only when it is under threat. It must be defended every single day, even when it seems that nothing is happening.

Perhaps the first step is precisely in our own hands. In what we read, what we share, what we report and what we refuse to tolerate.

Let the algorithm never think for us. Let fear never decide for us. And let silence never again become an accomplice to hatred.

Against fascism, memory, human rights and resistance.

And dignity, above all, dignity.

EL MONSTRUO SE LLAMABA PAPÁ

Hace unos días, mientras organizaba unos papeles que llevaba bastante tiempo sin revisar, me encontré con una carpeta que llevaba muchos años guardada. Dentro había algunos documentos y varias fotografías de unos dibujos infantiles que, en su momento, me envió una madre preocupada por su hija. Me detuve a mirarlos y, casi sin darme cuenta, volví a recordar una historia que, aunque ocurrió hace muchos años, todavía conserva intacta su capacidad para emocionarme y, sobre todo, para hacerme reflexionar sobre la vulnerabilidad de la infancia.

Por aquel entonces todavía no ejercía como abogado y me encontraba profundizando en el ámbito de la justicia penal juvenil, una materia que siempre ha despertado en mí un interés especial y que, con el paso del tiempo, terminaría convirtiéndose en una parte fundamental de mi trayectoria académica y profesional. Fue precisamente durante aquella etapa cuando conocí la historia de Susana, una niña de apenas cuatro años cuya madre, al saber que estaba especializándome en esta materia, decidió ponerse en contacto conmigo y compartir algunos dibujos que había realizado su pequeña.

No sé exactamente qué esperaba encontrar aquella madre cuando me envió las fotografías, quizá buscaba una explicación, necesitaba compartir su preocupación o simplemente quería que alguien con cierta formación en la materia prestase atención a algo que a ella le estaba resultando especialmente doloroso. Lo que sí recuerdo es que aquellos dibujos, aparentemente sencillos y propios de cualquier niña de su edad, escondían una realidad familiar que difícilmente podía dejar indiferente a nadie.

Susana dibujaba monstruos, pero no todos eran iguales. Había monstruos buenos y monstruos malos, y aquella distinción tenía para ella un significado muy concreto. Los monstruos buenos la cuidaban durante la noche, la protegían mientras dormía y conseguían que no tuviese miedo de la oscuridad. Eran sus guardianes imaginarios, aquellos seres a los que una niña de cuatro años confiaba la misión de acompañarla y ofrecerle la seguridad que necesitaba para descansar tranquila.

Sin embargo, también había un monstruo malo, uno que no se parecía en absoluto a los demás y que aparecía asociado a situaciones que ninguna criatura debería experimentar. Aquel monstruo pegaba a su mamá, le gritaba y la insultaba, y también hacía lo mismo con ella. Susana explicaba aquella realidad con la naturalidad y la sencillez propias de quien todavía no dispone de las herramientas necesarias para comprender la gravedad de lo que está viviendo, pero que ha encontrado en el dibujo una manera de expresar sus miedos.

Lo verdaderamente desgarrador de aquella historia era descubrir quién se escondía detrás de aquel monstruo. No era un personaje de un cuento, tampoco una criatura imaginaria que aparecía en sus pesadillas, sino su propio padre, precisamente la persona que, por encima de cualquier otra, debería haber representado para ella una figura de protección, cariño y seguridad.

Cuesta encontrar palabras para explicar lo que significa que una niña de cuatro años necesite inventar monstruos buenos para sentirse protegida de un monstruo que, en realidad, debería ser quien más la protegiese. A esa edad, el mundo tendría que estar lleno de descubrimientos, cuentos antes de dormir, juegos, abrazos, preguntas interminables y pequeñas aventuras, mientras que las preocupaciones deberían limitarse a elegir el color de un dibujo, decidir qué juguete llevarse a la cama o descubrir cómo funciona algo que acaba de llamar su atención.

Susana, sin embargo, había encontrado en sus dibujos una manera de representar una realidad que probablemente todavía no sabía comprender. No utilizaba conceptos jurídicos, no hablaba de violencia doméstica, de maltrato infantil o de violencia psicológica, ni tenía capacidad para identificar las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en su hogar. Simplemente dibujaba monstruos buenos que la cuidaban y un monstruo malo que hacía daño a su madre y a ella misma, construyendo con la inocencia de sus cuatro años una narración tan sencilla como devastadora.

Precisamente esa inocencia hacía todavía más doloroso su relato. No parecía existir en sus explicaciones ninguna intención de construir una acusación, exagerar los acontecimientos o utilizar palabras aprendidas de los adultos, sino la necesidad espontánea de representar aquello que conocía y experimentaba en su vida cotidiana. Aquellos dibujos eran, a su manera, el reflejo de una infancia que estaba intentando encontrar refugio en un mundo imaginario porque el mundo real no estaba ofreciéndole la seguridad que necesitaba.

La infancia tiene una capacidad extraordinaria para expresar aquello que muchas veces todavía no sabe explicar con palabras. Los dibujos, los juegos, los cambios de comportamiento, los silencios, determinados miedos o incluso las historias que los niños y las niñas inventan pueden convertirse en formas de comunicación cuando su capacidad para verbalizar lo que sucede todavía no se ha desarrollado plenamente. Por eso resulta tan importante que las personas adultas aprendamos a observar, escuchar y prestar atención, sin trivializar determinadas manifestaciones ni atribuirlas automáticamente a simples fantasías infantiles.

El maltrato infantil no siempre deja marcas visibles ni aparece acompañado de una agresión física que alguien pueda fotografiar o de una lesión que pueda documentarse. En muchas ocasiones se manifiesta a través del miedo a regresar a casa, de las pesadillas, de la necesidad de proteger a uno de los progenitores, de la inseguridad permanente o de una hipervigilancia que termina condicionando la manera en que los menores se relacionan con su entorno. También debemos recordar que presenciar la violencia ejercida contra una madre constituye una experiencia de violencia que afecta directamente a sus hijos e hijas, aunque estos no reciban físicamente los golpes.

Un hogar en el que se grita, se insulta, se amenaza o se agrede no es un entorno seguro para crecer, por mucho que desde fuera pueda parecer una familia aparentemente normal. Ningún problema personal, ninguna adicción y ninguna circunstancia familiar justifican que un adulto convierta la infancia de sus hijos en un espacio de miedo, inseguridad y sufrimiento. El alcoholismo de un progenitor puede requerir atención y tratamiento, pero nunca puede utilizarse como excusa para minimizar la violencia ni para desplazar la responsabilidad hacia quienes la padecen.

Afortunadamente, la historia de Susana tuvo un desenlace diferente al que tantas veces encontramos en otros casos. Sus padres se separaron y su madre consiguió salir de aquella relación de maltrato, permitiendo que ambas pudieran comenzar una nueva etapa lejos de aquel padre maltratador y alcohólico. Susana recibió atención de los servicios de salud mental, que la acompañaron durante el proceso y contribuyeron a que pudiera elaborar aquella experiencia sin arrastrar traumas que condicionasen su desarrollo posterior. Su madre también pudo rehacer su vida y recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo le había sido arrebatada.

El tiempo pasó y Susana creció. Hoy es mayor de edad y está estudiando Magisterio Infantil, algo que, cuando pienso en aquellos dibujos, me produce una emoción difícil de explicar. Aquella niña que necesitaba imaginar monstruos buenos para sentirse protegida está preparándose para acompañar, educar y cuidar a otros niños y niñas, precisamente durante una de las etapas más importantes y determinantes de sus vidas.

En cuanto a su padre, al menos puedo decir que sigue cumpliendo puntualmente con el pago de la pensión de alimentos, debidamente actualizada. Es una obligación legal y no un mérito extraordinario, ni mucho menos una compensación por el daño que pudo causar, pero constituye un detalle que también forma parte de la situación actual de aquella familia y que merece ser mencionado sin que ello reste un ápice de gravedad a lo sucedido.

No sé si Susana recuerda aquellos dibujos ni qué significado les atribuye ahora, tantos años después. Tampoco sé si aquella carpeta que he recuperado hace unos días contiene todas las fotografías que su madre me envió entonces. Lo que sí sé es que, al volver a contemplarlos, he sentido de nuevo la responsabilidad que tenemos como sociedad ante cualquier forma de violencia ejercida contra la infancia, especialmente cuando procede de quienes deberían constituir el principal referente de protección y afecto de los menores.

Los niños y las niñas no tienen que aprender a convivir con el miedo, normalizar los gritos, justificar los golpes ni desarrollar mecanismos imaginarios para protegerse de sus propios progenitores. Tampoco podemos pedirles que sean fuertes, que comprendan los problemas de los adultos o que guarden silencio para mantener unida una familia, porque la responsabilidad de protegerlos nunca puede recaer sobre sus pequeños hombros. Necesitan adultos que sepan escuchar, instituciones que sepan proteger, profesionales que sepan intervenir y una sociedad que no mire hacia otro lado cuando aparecen señales de sufrimiento.

Al volver a mirar aquellos dibujos, he pensado en la pequeña Susana, en su manera de representar el mundo y en la enorme contradicción que encerraba su historia. Con apenas cuatro años sabía distinguir perfectamente entre los monstruos buenos y los malos, pero todavía no podía comprender por qué el monstruo del que necesitaba protegerse era precisamente la persona que tendría que haberla cuidado, abrazado y acompañado mientras descubría el mundo.

Quizá por eso he querido recuperar esta historia, porque detrás de cada caso de maltrato infantil hay una infancia que merece ser escuchada, una persona que necesita protección y unos derechos que no pueden quedar subordinados a las circunstancias, los problemas o las decisiones de los adultos. Ningún niño ni ninguna niña deberían tener que aprender demasiado pronto que las personas que dicen quererles también pueden hacerles daño, ni deberían necesitar refugiarse en personajes imaginarios para encontrar la seguridad que tendrían que recibir en su propia casa.

Ojalá ningún niño ni ninguna niña tengan que dibujar monstruos para explicar que tienen miedo en su propia casa. Ojalá aprendamos a escuchar antes de que el sufrimiento se convierta en una herida demasiado profunda y comprendamos, de una vez por todas, que proteger la infancia no es un gesto de generosidad, sino una obligación moral de toda la sociedad frente a cualquier forma de violencia.

Porque los monstruos pertenecen a los cuentos, los abrazos deberían formar parte de todos los hogares y ninguna infancia tendría que sobrevivir al miedo de llamar papá a quien debería protegerla.

Proteger a la infancia es una responsabilidad de toda la sociedad.

Basta ya de silencios cómplices.

Ni una infancia rota más.

LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES CUIDADORAS

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Cuando hablamos de violencia machista solemos pensar en agresiones físicas, amenazas, relaciones de pareja marcadas por el control o mujeres que sufren violencia dentro de sus propios hogares. Sin embargo, ahora que se acerca el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, existe otra realidad mucho menos visible que también merece ocupar un lugar central en nuestras reivindicaciones. Y es que no podemos olvidar la violencia sexual que sufren muchas mujeres mientras trabajan cuidando a otras personas, especialmente cuando lo hacen en condiciones de precariedad, aislamiento, dependencia económica y sin contrato alguno ni cobertura social.

Hablamos de mujeres que acompañan a personas mayores, atienden a quienes necesitan asistencia, realizan tareas domésticas y sostienen, muchas veces en silencio, una parte fundamental de los cuidados que nuestra sociedad necesita. Son mujeres que trabajan dentro de domicilios particulares, algunas como internas, y que pueden llegar a compartir las veinticuatro horas del día con las personas a las que atienden. Mujeres cuyo trabajo resulta imprescindible, pero cuya dignidad y cuyos derechos no siempre reciben la misma atención.

El problema se agrava cuando el espacio de trabajo se convierte también en el lugar donde se produce el acoso. Cuando las insinuaciones sexuales, los comentarios obscenos unidos a tocamientos, las proposiciones no deseadas o las aproximaciones intimidatorias aparecen en medio de una relación laboral en la que existe una evidente desigualdad de poder. En ocasiones, quien ejerce esa violencia es precisamente la persona a la que la trabajadora cuida o atiende. Y esa circunstancia puede hacer todavía más difícil reaccionar, denunciar o abandonar el empleo cuando existe una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por el agresor y desconocida, a veces de manera consciente y deliberada, por el entorno que rodea a la mujer.

No estamos ante simples bromas, malentendidos ni comportamientos que deban tolerarse por razón de la edad, la posición económica o las circunstancias personales del agresor. Estamos hablando de violencia sexual en el ámbito laboral. Una forma de violencia machista que atenta contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.

La informalidad laboral, es decir, trabajar sin contrato, constituye un factor de especial vulnerabilidad. Trabajar sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, sin nóminas y sin garantías efectivas coloca a muchas cuidadoras en una posición de desprotección. Cuando el salario se entrega en efectivo, los horarios no están definidos y los descansos dependen de la voluntad de la familia empleadora, reclamar derechos puede convertirse en una decisión extraordinariamente difícil.

A esa precariedad se añade, en numerosos casos, la dependencia residencial. Para algunas mujeres, el domicilio donde trabajan es también el lugar donde duermen. Abandonar el empleo puede significar quedarse sin ingresos, sin alojamiento y sin una alternativa inmediata para sostener a sus familias. Esa realidad puede ser utilizada por quien ejerce el acoso para imponer su voluntad, alimentar el miedo y aprovecharse de una situación de superioridad económica, laboral o jerárquica.

Aquí el consentimiento juega un papel esencial. Ese consentimiento no puede estar condicionado por la necesidad de conservar un trabajo. Ninguna mujer tiene que aceptar insinuaciones, proposiciones sexuales, comentarios degradantes ni acercamientos no deseados para mantener su salario, disponer de un techo bajo el que dormir o para cuidar de su familia. De la misma manera en que la necesidad económica nunca convierte el silencio en consentimiento, la permanencia en un empleo no significa que una mujer acepte la violencia que está sufriendo.

También debemos mirar hacia el entorno familiar de quienes ejercen estas conductas. En ocasiones, familiares y personas próximas conocen lo que sucede, reciben información de las trabajadoras o incluso son conscientes de los comportamientos del agresor. Sin embargo, deciden mirar hacia otro lado, restar importancia a los hechos o proteger la reputación familiar antes que la dignidad de la mujer afectada. Además, suele ser frecuente que sea la propia familia quien busca a la mujer cuidadora bajo condiciones laborales que son inasumibles aprovechándose de su necesidad y especial vulnerabilidad.

Pero el silencio de quienes conocen una situación de acoso no puede convertirse en una forma de normalización. Cuando existe una relación laboral, quien tiene responsabilidades como empleador debe garantizar un entorno de trabajo libre de violencia y actuar ante cualquier situación de acoso conocida. La privacidad del domicilio no puede utilizarse como excusa para convertirlo en un espacio sin derechos ni protección.

En pocas semanas las calles se llenarán de reivindicaciones por el 25N. Sin duda, estas reivindicaciones también deben servir para reconocer a estas mujeres. A las cuidadoras internas, a las trabajadoras del hogar, a quienes atienden a personas mayores y dependientes y a todas aquellas que sostienen la vida desde empleos frecuentemente invisibilizados. Sus derechos no pueden ser secundarios; su libertad sexual no desaparece cuando cruzan la puerta de una vivienda ajena; y su dignidad tampoco puede quedar subordinada a la voluntad de quien paga sus salarios que, en muchas ocasiones, son verdaderamente míseros.

Necesitamos más inspección, mayor protección laboral, más mecanismos seguros de denuncia, asistencia jurídica y psicológica accesible y respuestas institucionales que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las trabajadoras que viven en el mismo lugar donde prestan sus servicios. También necesitamos romper con una cultura que sigue confundiendo los cuidados con la disponibilidad absoluta de las mujeres y que, en demasiadas ocasiones, considera que su trabajo vale menos y que sus derechos pueden esperar.

Como hombre, considero imprescindible que también asumamos nuestra responsabilidad en la lucha contra estas violencias. No basta con condenar las agresiones más visibles. Debemos cuestionar las estructuras de poder que permiten que determinadas mujeres sean tratadas como si su necesidad económica, su origen, su edad o su situación laboral las hicieran menos merecedoras de respeto.

Este 25 de noviembre debemos recordar que la violencia machista no termina en las puertas de una casa, ni desaparece cuando la agresión se produce en un espacio privado. También está presente en los lugares de trabajo, en las relaciones de dependencia y en los espacios donde el silencio parece ser la única salida posible.

Cuidar a otras personas jamás debe significar renunciar a cuidarse a una misma. Ninguna mujer debe pagar con su libertad, su dignidad o su seguridad el precio de tener un trabajo.

La libertad de las mujeres trabajadoras no admite condiciones.

Porque, si cuidar es un trabajo, respetar es una obligación.

Y la violencia sexual es delito.

Ya basta de impunidad.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN WORKING IN CARE

When we talk about violence against women, we often think of physical assaults, threats, controlling relationships or women experiencing abuse in their own homes. However, as 25 November approaches, the International Day for the Elimination of Violence against Women, there is another, far less visible reality that deserves to take centre stage in our demands for change. We must not overlook the sexual violence suffered by many women while working as carers, particularly when they work in precarious conditions, in isolation, under financial pressure and without any formal employment contract or social security protection.

We are talking about women who provide companionship to older people, look after those who need assistance, carry out household tasks and quietly sustain an essential part of the care that our society depends on. These women work in private homes, some as live-in carers, and may end up spending every hour of the day and night with the people they look after. Their work is indispensable, yet their dignity and rights do not always receive the same recognition.

The situation becomes even more serious when the workplace itself becomes the setting for sexual harassment. Unwanted sexual advances, obscene remarks accompanied by inappropriate touching, unwelcome sexual propositions and intimidating behaviour can all occur within an employment relationship marked by a clear imbalance of power. Sometimes, the person committing these acts is precisely the person the woman has been employed to care for. This can make it even harder for her to respond, report the abuse or leave her job, particularly when the perpetrator exploits her vulnerability and those around her remain unaware of what is happening or, at times, deliberately choose to turn a blind eye.

These are not harmless jokes, misunderstandings or behaviours that women should be expected to tolerate because of the perpetrator’s age, financial position or personal circumstances. We are talking about sexual violence in the workplace. It is a form of gender based violence that violates women’s freedom, dignity and personal integrity.

Informal employment, in other words, working without a contract, is a particularly significant source of vulnerability. Having no employment contract, no social security registration, no payslips and no effective guarantees leaves many care workers unprotected. When wages are paid in cash, working hours are undefined and rest periods depend on the goodwill of the employing family, standing up for their rights can become an extraordinarily difficult decision.

In many cases, this precarious situation is compounded by dependence on the employer for accommodation. For some women, the home where they work is also where they sleep. Leaving their job can mean losing their income, their accommodation and any immediate means of supporting their families. Those who commit harassment can exploit this reality to impose their will, create fear and take advantage of their economic, employment related or hierarchical superiority.

Consent is essential here. It must never be shaped or constrained by the need to keep a job. No woman should have to accept sexual advances, unwanted propositions, degrading comments or unwelcome approaches in order to keep her salary, have a roof over her head or provide for her family. Financial need never turns silence into consent, just as remaining in a job does not mean that a woman accepts the violence she is experiencing.

We must also look at the families and social circles of those who commit these acts. Sometimes relatives and people close to the perpetrator know what is happening, receive information from the workers or are fully aware of the perpetrator’s behaviour. Yet they choose to look the other way, minimise what has happened or protect the family’s reputation rather than defend the dignity of the woman affected. It is also common for families themselves to recruit care workers under unacceptable employment conditions, taking advantage of their financial need and particular vulnerability.

However, the silence of those who know about harassment must never become a way of normalising it. Where an employment relationship exists, anyone with responsibilities as an employer must ensure a workplace free from violence and take action when they become aware of harassment. The privacy of a home must never be used as an excuse to turn it into a place where rights and protection do not apply.

In just a few weeks, our streets will fill with demonstrations and calls for action marking 25 November. These demands must also give visibility and recognition to these women. To live in carers, domestic workers, those looking after older people and people who need assistance, and all the women who sustain our lives through jobs that are so often overlooked. Their rights must never be treated as secondary. Their sexual freedom does not disappear when they walk through the door of someone else’s home, and their dignity must never be placed at the mercy of those who pay their wages, which are often shamefully low.

We need stronger labour inspections, better employment protection, safer reporting mechanisms, accessible legal and psychological support, and institutional responses that recognise the particular vulnerability of workers who live in the same place where they provide their services. We must also challenge a culture that continues to confuse caring with women’s absolute availability and that, far too often, treats their work as less valuable and their rights as something that can wait.

As a man, I believe it is essential that we also take responsibility in the fight against these forms of violence. It is not enough to condemn the most visible acts of abuse. We must challenge the power structures that allow certain women to be treated as though their financial circumstances, background, age or employment situation make them less deserving of respect.

This 25 November, we must remember that gender based violence does not stop at the front door of a house, nor does it disappear when an assault takes place in a private setting. It is also present in workplaces, in relationships of dependency and in those spaces where silence can seem like the only possible way out.

Caring for others must never mean giving up the right to look after oneself. No woman should have to pay for a job with her freedom, dignity or safety.

Working women’s freedom is non negotiable.

Because caring is work, and respect is an obligation.

And sexual violence is a crime.

No more impunity.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

LA VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE CHE LAVORANO NEL SETTORE DELL’ASSISTENZA

Quando parliamo di violenza contro le donne, pensiamo generalmente alle aggressioni fisiche, alle minacce, alle relazioni di coppia caratterizzate dal controllo o alle donne che subiscono violenza all’interno delle proprie mura domestiche. Tuttavia, con l’avvicinarsi del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, esiste un’altra realtà, molto meno visibile, che merita anch’essa di occupare un posto centrale nelle nostre rivendicazioni. Non possiamo infatti dimenticare la violenza sessuale subita da molte donne mentre lavorano prendendosi cura di altre persone, soprattutto quando svolgono la propria attività in condizioni di precarietà, isolamento e dipendenza economica, senza alcun contratto di lavoro né copertura previdenziale.

Parliamo di donne che assistono persone anziane, si prendono cura di chi ha bisogno di aiuto, svolgono lavori domestici e sostengono, spesso in silenzio, una parte fondamentale dell’assistenza di cui la nostra società ha bisogno. Sono donne che lavorano nelle abitazioni private, alcune delle quali convivono con le persone assistite, arrivando talvolta a condividere con loro tutte le ventiquattro ore della giornata. Donne il cui lavoro è indispensabile, ma la cui dignità e i cui diritti non ricevono sempre la stessa attenzione.

Il problema diventa ancora più grave quando il luogo di lavoro si trasforma anche nel luogo in cui si verificano le molestie. Quando insinuazioni sessuali, commenti osceni accompagnati da palpeggiamenti, proposte indesiderate o atteggiamenti intimidatori si manifestano all’interno di un rapporto di lavoro caratterizzato da una evidente disparità di potere. In alcuni casi, chi esercita questa violenza è proprio la persona di cui la lavoratrice si prende cura o che assiste. Questa circostanza può rendere ancora più difficile reagire, denunciare i fatti o abbandonare il lavoro, soprattutto quando esiste una situazione di vulnerabilità di cui l’aggressore approfitta e che le persone vicine alla donna talvolta ignorano in modo consapevole e deliberato.

Non siamo di fronte a semplici battute, malintesi o comportamenti che dovrebbero essere tollerati a causa dell’età, della posizione economica o delle circostanze personali dell’aggressore. Stiamo parlando di violenza sessuale nell’ambiente di lavoro. Una forma di violenza di genere che lede la libertà, la dignità e l’integrità delle donne.

La precarietà lavorativa, ovvero lavorare senza un contratto, costituisce un fattore di particolare vulnerabilità. Lavorare senza contratto, senza iscrizione alla previdenza sociale, senza buste paga e senza garanzie effettive pone molte assistenti familiari in una condizione di grave mancanza di tutela. Quando lo stipendio viene pagato in contanti, gli orari non sono definiti e i periodi di riposo dipendono dalla volontà della famiglia datrice di lavoro, far valere i propri diritti può diventare una decisione estremamente difficile.

A questa precarietà si aggiunge, in numerosi casi, la dipendenza abitativa. Per alcune donne, la casa in cui lavorano è anche il luogo in cui dormono. Abbandonare il lavoro può significare perdere il proprio reddito, l’alloggio e qualsiasi possibilità immediata di provvedere al sostentamento della propria famiglia. Questa realtà può essere sfruttata da chi esercita le molestie per imporre la propria volontà, alimentare la paura e approfittare di una posizione di superiorità economica, lavorativa o gerarchica.

In questo contesto, il consenso assume un ruolo fondamentale. Non può in alcun modo essere condizionato dalla necessità di conservare un posto di lavoro. Nessuna donna deve essere costretta ad accettare insinuazioni, proposte sessuali, commenti degradanti o approcci indesiderati per mantenere il proprio stipendio, avere un tetto sotto cui dormire o prendersi cura della propria famiglia. Allo stesso modo in cui la necessità economica non trasforma mai il silenzio in consenso, il fatto di continuare a lavorare non significa che una donna accetti la violenza che sta subendo.

Dobbiamo inoltre rivolgere la nostra attenzione all’ambiente familiare delle persone che assumono questi comportamenti. In alcuni casi, i familiari e le persone vicine sono a conoscenza di ciò che accade, ricevono informazioni dalle lavoratrici o sono persino consapevoli dei comportamenti dell’aggressore. Eppure, decidono di voltarsi dall’altra parte, minimizzare i fatti o proteggere la reputazione della famiglia anziché la dignità della donna coinvolta. Inoltre, accade spesso che sia proprio la famiglia a cercare una donna che si occupi dell’assistenza, imponendole condizioni di lavoro inaccettabili e approfittando del suo bisogno e della sua particolare vulnerabilità.

Ma il silenzio di chi è a conoscenza di una situazione di molestie non può trasformarsi in una forma di normalizzazione. Quando esiste un rapporto di lavoro, chi assume le responsabilità di datore di lavoro deve garantire un ambiente professionale libero da ogni forma di violenza e intervenire non appena viene a conoscenza di una situazione di molestie. La natura privata dell’abitazione non può essere utilizzata come pretesto per trasformarla in uno spazio privo di diritti e di protezione.

Tra poche settimane le strade si riempiranno di manifestazioni e rivendicazioni in occasione del 25 novembre. Queste mobilitazioni devono servire anche a dare visibilità a queste donne. Alle assistenti familiari conviventi, alle collaboratrici domestiche, a coloro che si prendono cura delle persone anziane e non autosufficienti e a tutte quelle donne che sostengono la vita attraverso lavori troppo spesso invisibili. I loro diritti non possono essere considerati secondari. La loro libertà sessuale non scompare quando varcano la soglia di un’abitazione altrui e la loro dignità non può essere subordinata alla volontà di chi paga il loro stipendio, che in molti casi è davvero misero.

Abbiamo bisogno di maggiori controlli da parte degli ispettorati del lavoro, di una più efficace tutela lavorativa, di strumenti di segnalazione più sicuri, di un accesso agevole all’assistenza legale e psicologica e di risposte istituzionali che tengano conto della particolare vulnerabilità delle lavoratrici che vivono nello stesso luogo in cui prestano servizio. Dobbiamo inoltre superare una cultura che continua a confondere la cura e l’assistenza con la disponibilità assoluta delle donne e che, troppo spesso, considera il loro lavoro meno importante e i loro diritti rinviabili.

Come uomo, ritengo indispensabile che anche noi ci assumiamo la nostra responsabilità nella lotta contro queste forme di violenza. Non basta condannare le aggressioni più visibili. Dobbiamo mettere in discussione le strutture di potere che permettono che alcune donne vengano trattate come se le loro difficoltà economiche, la loro origine, la loro età o la loro condizione lavorativa le rendessero meno meritevoli di rispetto.

In questo 25 novembre dobbiamo ricordare che la violenza contro le donne non si ferma sulla soglia di una casa e non scompare quando l’aggressione avviene in uno spazio privato. È presente anche nei luoghi di lavoro, nei rapporti di dipendenza e in quegli spazi in cui il silenzio sembra essere l’unica via d’uscita possibile.

Prendersi cura degli altri non deve mai significare rinunciare a prendersi cura di sé. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a pagare con la propria libertà, dignità o sicurezza il prezzo di avere un lavoro.

La libertà delle donne che lavorano non ammette condizioni.

Perché prendersi cura degli altri è un lavoro e rispettare è un dovere.

E la violenza sessuale è un reato.

Basta impunità.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

LES VIOLENCES SEXUELLES À L’ENCONTRE DES FEMMES QUI TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR DE L’AIDE À LA PERSONNE

Lorsque nous parlons de violences faites aux femmes, nous pensons généralement aux agressions physiques, aux menaces, aux relations de couple marquées par le contrôle ou aux femmes qui subissent des violences au sein de leur propre foyer. Pourtant, à l’approche du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une autre réalité, beaucoup moins visible, mérite également d’occuper une place centrale dans nos revendications. Nous ne pouvons pas oublier les violences sexuelles subies par de nombreuses femmes dans le cadre de leur travail auprès d’autres personnes, en particulier lorsqu’elles exercent dans des conditions de précarité, d’isolement et de dépendance économique, sans contrat de travail ni protection sociale.

Nous parlons de femmes qui accompagnent des personnes âgées, prennent soin de celles qui ont besoin d’assistance, effectuent des tâches ménagères et assument, souvent dans le silence, une part essentielle des besoins en matière de soins et d’accompagnement de notre société. Ce sont des femmes qui travaillent au domicile de particuliers, certaines en tant qu’employées de maison logées chez leurs employeurs, et qui peuvent être amenées à partager les vingt quatre heures de la journée avec les personnes dont elles s’occupent. Leur travail est indispensable, mais leur dignité et leurs droits ne bénéficient pas toujours de la même attention.

Le problème s’aggrave lorsque le lieu de travail devient également l’endroit où se produisent les faits de harcèlement. Lorsque des insinuations sexuelles, des remarques obscènes accompagnées d’attouchements, des propositions non désirées ou des comportements intimidants surviennent dans le cadre d’une relation de travail caractérisée par une inégalité manifeste de pouvoir. Dans certains cas, la personne qui exerce ces violences est précisément celle dont la travailleuse s’occupe ou qu’elle accompagne. Cette circonstance peut rendre encore plus difficile toute réaction, tout dépôt de plainte ou toute décision de quitter son emploi, notamment lorsque la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité dont l’agresseur tire profit et que l’entourage de la femme ignore parfois de manière consciente et délibérée.

Il ne s’agit pas de simples plaisanteries, de malentendus ou de comportements qui devraient être tolérés en raison de l’âge, de la situation économique ou des circonstances personnelles de leur auteur. Nous parlons de violences sexuelles dans le cadre du travail. Une forme de violence fondée sur le genre qui porte atteinte à la liberté, à la dignité et à l’intégrité des femmes.

La précarité de l’emploi, c’est à dire le fait de travailler sans contrat, constitue un facteur de vulnérabilité particulièrement important. Travailler sans contrat, sans affiliation à la Sécurité sociale, sans fiches de paie et sans garanties effectives place de nombreuses travailleuses de l’aide à domicile dans une situation de grande précarité. Lorsque le salaire est versé en espèces, que les horaires ne sont pas définis et que les périodes de repos dépendent de la volonté de la famille employeuse, faire valoir ses droits peut devenir une décision particulièrement difficile.

À cette précarité s’ajoute, dans de nombreux cas, une dépendance liée au logement. Pour certaines femmes, le domicile où elles travaillent est également l’endroit où elles dorment. Quitter leur emploi peut signifier perdre leurs revenus, leur logement et toute possibilité immédiate de subvenir aux besoins de leur famille. Cette réalité peut être exploitée par la personne qui exerce le harcèlement pour imposer sa volonté, alimenter la peur et profiter d’une situation de supériorité économique, professionnelle ou hiérarchique.

Dans ce contexte, le consentement joue un rôle essentiel. Il ne peut en aucun cas être conditionné par la nécessité de conserver un emploi. Aucune femme ne doit accepter des insinuations, des propositions sexuelles, des remarques dégradantes ou des avances non désirées pour conserver son salaire, disposer d’un toit où dormir ou prendre soin de sa famille. De la même manière que la nécessité économique ne transforme jamais le silence en consentement, le fait de rester dans un emploi ne signifie pas qu’une femme accepte les violences qu’elle subit.

Nous devons également nous intéresser à l’entourage familial des personnes qui adoptent ces comportements. Dans certains cas, les membres de la famille et les personnes proches sont au courant de ce qui se passe, reçoivent des informations de la part des travailleuses ou ont même connaissance des agissements de l’agresseur. Pourtant, ils choisissent de détourner le regard, de minimiser les faits ou de protéger la réputation de la famille plutôt que la dignité de la femme concernée. Il arrive également fréquemment que la famille elle même recherche une femme pour assurer les tâches de soins et d’accompagnement, en lui imposant des conditions de travail inacceptables et en profitant de ses besoins ainsi que de sa situation de vulnérabilité particulière.

Mais le silence de celles et ceux qui connaissent une situation de harcèlement ne peut pas devenir une manière de la banaliser. Lorsqu’il existe une relation de travail, la personne qui assume les responsabilités d’employeur doit garantir un environnement professionnel exempt de toute forme de violence et agir dès qu’elle a connaissance d’une situation de harcèlement. Le caractère privé du domicile ne peut pas servir de prétexte pour en faire un espace dépourvu de droits et de protection.

Dans quelques semaines, les rues se rempliront de manifestations et de revendications à l’occasion du 25 novembre. Ces mobilisations doivent également permettre de rendre visibles ces femmes. Les travailleuses vivant au domicile de leurs employeurs, les employées de maison, celles qui prennent soin des personnes âgées ou dépendantes et toutes celles qui contribuent à soutenir la vie grâce à des emplois trop souvent invisibilisés. Leurs droits ne peuvent pas être relégués au second plan. Leur liberté sexuelle ne disparaît pas lorsqu’elles franchissent la porte du domicile d’autrui. Leur dignité ne peut pas davantage être soumise à la volonté de celles et ceux qui leur versent leur salaire, lequel est, dans bien des cas, dérisoire.

Nous avons besoin de davantage de contrôles du travail, d’une meilleure protection professionnelle, de mécanismes de signalement plus sûrs, d’un accès facilité à l’assistance juridique et psychologique ainsi que de réponses institutionnelles qui tiennent compte de la vulnérabilité particulière des travailleuses qui vivent là même où elles exercent leur activité. Nous devons également rompre avec une culture qui continue de confondre les soins et l’accompagnement avec une disponibilité absolue des femmes et qui, trop souvent, considère que leur travail vaut moins et que leurs droits peuvent attendre.

En tant qu’homme, je considère qu’il est indispensable que nous assumions également notre responsabilité dans la lutte contre ces violences. Il ne suffit pas de condamner les agressions les plus visibles. Nous devons remettre en question les structures de pouvoir qui permettent que certaines femmes soient traitées comme si leurs difficultés économiques, leur origine, leur âge ou leur situation professionnelle les rendaient moins dignes de respect.

Ce 25 novembre, nous devons nous rappeler que les violences faites aux femmes ne s’arrêtent pas aux portes d’une maison et ne disparaissent pas lorsque les agressions se produisent dans un espace privé. Elles sont également présentes sur les lieux de travail, dans les relations de dépendance et dans les espaces où le silence semble être la seule issue possible.

Prendre soin des autres ne doit jamais signifier renoncer à prendre soin de soi. Aucune femme ne devrait avoir à payer de sa liberté, de sa dignité ou de sa sécurité le prix de son emploi.

La liberté des femmes qui travaillent n’admet aucune condition.

Parce que prendre soin des autres est un travail, et respecter les autres est une obligation.

Et les violences sexuelles constituent un délit.

Assez d’impunité.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS MULHERES QUE TRABALHAM NO SETOR DOS CUIDADOS

Quando falamos de violência contra as mulheres, pensamos geralmente em agressões físicas, ameaças, relações amorosas marcadas pelo controlo ou mulheres que sofrem violência dentro das suas próprias casas. No entanto, com a aproximação do dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, existe outra realidade, muito menos visível, que também merece ocupar um lugar central nas nossas reivindicações. Não podemos esquecer a violência sexual sofrida por muitas mulheres enquanto trabalham a cuidar de outras pessoas, sobretudo quando o fazem em condições de precariedade, isolamento e dependência económica, sem qualquer contrato de trabalho ou proteção social.

Falamos de mulheres que acompanham pessoas idosas, prestam assistência a quem dela necessita, realizam tarefas domésticas e asseguram, muitas vezes em silêncio, uma parte fundamental dos cuidados de que a nossa sociedade precisa. São mulheres que trabalham em casas particulares, algumas na condição de trabalhadoras internas, podendo chegar a partilhar as vinte e quatro horas do dia com as pessoas de quem cuidam. Mulheres cujo trabalho é indispensável, mas cuja dignidade e cujos direitos nem sempre recebem a mesma atenção.

O problema agrava-se quando o local de trabalho se transforma também no espaço onde ocorre o assédio. Quando surgem insinuações sexuais, comentários obscenos acompanhados de apalpões, propostas indesejadas ou comportamentos intimidatórios no contexto de uma relação laboral marcada por uma evidente desigualdade de poder. Em alguns casos, quem exerce essa violência é precisamente a pessoa de quem a trabalhadora cuida ou a quem presta assistência. Esta circunstância pode tornar ainda mais difícil reagir, apresentar uma denúncia ou abandonar o emprego, sobretudo quando existe uma situação de vulnerabilidade de que o agressor se aproveita e que as pessoas próximas da mulher, por vezes, ignoram de forma consciente e deliberada.

Não estamos perante simples brincadeiras, mal entendidos ou comportamentos que devam ser tolerados em razão da idade, da situação económica ou das circunstâncias pessoais do agressor. Estamos a falar de violência sexual no contexto laboral. Uma forma de violência de género que atenta contra a liberdade, a dignidade e a integridade das mulheres.

A informalidade laboral, ou seja, trabalhar sem contrato, constitui um fator de especial vulnerabilidade. Trabalhar sem contrato, sem inscrição na Segurança Social, sem recibos de vencimento e sem garantias efetivas coloca muitas trabalhadoras de apoio domiciliário numa situação de desproteção. Quando o salário é pago em dinheiro, os horários não estão definidos e os períodos de descanso dependem da vontade da família empregadora, exigir o respeito pelos próprios direitos pode tornar-se uma decisão extraordinariamente difícil.

A esta precariedade junta-se, em muitos casos, a dependência habitacional. Para algumas mulheres, a casa onde trabalham é também o lugar onde dormem. Abandonar o emprego pode significar ficar sem rendimentos, sem alojamento e sem uma alternativa imediata para sustentar as suas famílias. Esta realidade pode ser utilizada por quem pratica o assédio para impor a sua vontade, alimentar o medo e tirar partido de uma situação de superioridade económica, profissional ou hierárquica.

Neste contexto, o consentimento desempenha um papel essencial. Nunca pode estar condicionado pela necessidade de manter um emprego. Nenhuma mulher tem de aceitar insinuações, propostas sexuais, comentários degradantes ou aproximações indesejadas para conservar o seu salário, ter um teto onde dormir ou cuidar da sua família. Tal como a necessidade económica nunca transforma o silêncio em consentimento, a permanência num emprego não significa que uma mulher aceite a violência de que está a ser vítima.

Devemos também olhar para o ambiente familiar das pessoas que adotam estes comportamentos. Em alguns casos, os familiares e as pessoas próximas sabem o que está a acontecer, recebem informações das trabalhadoras ou têm mesmo conhecimento dos comportamentos do agressor. Ainda assim, decidem desviar o olhar, desvalorizar os acontecimentos ou proteger a reputação da família em vez da dignidade da mulher afetada. Além disso, é frequente ser a própria família a procurar uma mulher para prestar cuidados e assistência, impondo-lhe condições de trabalho inaceitáveis e aproveitando-se das suas necessidades e da sua especial vulnerabilidade.

Mas o silêncio de quem conhece uma situação de assédio não pode transformar-se numa forma de normalização. Quando existe uma relação laboral, quem assume as responsabilidades de empregador deve garantir um ambiente de trabalho livre de violência e agir perante qualquer situação de assédio de que tenha conhecimento. A privacidade da habitação não pode ser utilizada como desculpa para a transformar num espaço sem direitos nem proteção.

Dentro de poucas semanas, as ruas encher-se-ão de manifestações e reivindicações por ocasião do dia 25 de novembro. Estas mobilizações devem também servir para dar visibilidade a estas mulheres. Às trabalhadoras internas, às trabalhadoras domésticas, às mulheres que cuidam de pessoas idosas e dependentes e a todas aquelas que sustentam a vida através de trabalhos frequentemente invisibilizados. Os seus direitos não podem ser secundários. A sua liberdade sexual não desaparece quando atravessam a porta de uma casa alheia e a sua dignidade também não pode ficar subordinada à vontade de quem lhes paga o salário, que, em muitas situações, é verdadeiramente miserável.

Precisamos de mais fiscalização laboral, de uma proteção mais eficaz no trabalho, de mecanismos de denúncia mais seguros, de acesso facilitado a apoio jurídico e psicológico e de respostas institucionais que tenham em conta a especial vulnerabilidade das trabalhadoras que vivem no mesmo local onde prestam os seus serviços. Precisamos também de romper com uma cultura que continua a confundir os cuidados e a assistência com a disponibilidade absoluta das mulheres e que, demasiadas vezes, considera que o seu trabalho vale menos e que os seus direitos podem esperar.

Enquanto homem, considero indispensável que também assumamos a nossa responsabilidade na luta contra estas formas de violência. Não basta condenar as agressões mais visíveis. Temos de questionar as estruturas de poder que permitem que determinadas mulheres sejam tratadas como se as suas dificuldades económicas, a sua origem, a sua idade ou a sua situação profissional as tornassem menos merecedoras de respeito.

Neste dia 25 de novembro, devemos recordar que a violência contra as mulheres não termina à porta de uma casa, nem desaparece quando a agressão ocorre num espaço privado. Também está presente nos locais de trabalho, nas relações de dependência e nos espaços onde o silêncio parece ser a única saída possível.

Cuidar de outras pessoas nunca deve significar renunciar a cuidar de si própria. Nenhuma mulher deve ter de pagar com a sua liberdade, a sua dignidade ou a sua segurança o preço de ter um emprego.

A liberdade das mulheres trabalhadoras não admite condições.

Porque cuidar dos outros é um trabalho e respeitar é uma obrigação.

E a violência sexual é crime.

Basta de impunidade.