En historia reciente de cualquier país, hay momentos en los que resulta especialmente necesario detenerse y separar las cosas, precisamente porque la realidad es demasiado compleja como para reducirla a una consigna política. Lo que está ocurriendo en Ceuta es grave y sería absurdo negarlo. La ciudad está atravesando una situación extraordinariamente complicada, sus servicios públicos están sometidos a una presión enorme y sus ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a sentirse preocupados, desbordados o incluso angustiados ante una situación que ha alterado profundamente la vida cotidiana. Los ceutíes tienen derecho a reclamar seguridad, recursos, protección y una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas, exactamente igual que cualquier otro ciudadano español. Solidarizarse con ellos no solamente es legítimo, sino que puede ser una expresión perfectamente razonable de empatía y de responsabilidad colectiva. Solidarizarse con Ceuta es necesario, pero utilizar una situación real y dolorosa para alimentar el miedo, señalar a las personas migrantes y convertirlas en un enemigo colectivo es algo que no podemos permitir.

Como sociedad tenemos la obligación de preguntarnos qué estamos haciendo con esa preocupación y qué discursos estamos permitiendo que crezcan alrededor de ella. El próximo 2 de septiembre se han convocado concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España como muestra de solidaridad con Ceuta y con sus ciudadanos. La convocatoria institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias se plantea formalmente como un gesto de apoyo a la ciudad y, desde esa perspectiva, no hay nada que objetar. Ceuta forma parte de España, sus habitantes son ciudadanos españoles y europeos y tienen derecho a que el conjunto del país les transmita que no están solos cuando atraviesan una situación especialmente difícil. El problema, por tanto, no está en defender a Ceuta, sino en qué discurso utilizamos cuando la defendemos y qué intereses políticos pueden terminar aprovechándose de esa solidaridad.

Porque resulta evidente que la crisis de Ceuta ha entrado de lleno en la batalla política. La inmigración, la seguridad, el control de las fronteras, la relación con Marruecos, la capacidad de los servicios públicos y la propia identidad nacional se han convertido en elementos de una confrontación política cada vez más intensa. La convocatoria de la FEMP tampoco ha quedado al margen de esa disputa, puesto que se ha cuestionado que se haya impulsado sin el consenso de los distintos grupos políticos y algunos ayuntamientos han decidido no adherirse institucionalmente a ella precisamente por considerar que una iniciativa de estas características debería haber sido acordada de manera transversal. El caso de Jaén resulta especialmente ilustrativo, porque el Ayuntamiento ha optado por no sumarse oficialmente a la convocatoria, aunque su alcalde haya expresado su preocupación y su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta. Esto demuestra algo que deberíamos tener muy presente. Y es que apoyar a Ceuta y apoyar una determinada convocatoria política no son necesariamente la misma cosa.

Y mientras todo esto sucede, existe otro fenómeno que no podemos ignorar porque aporta una dimensión especialmente preocupante a lo que estamos viviendo. Los datos de OBERAXE muestran un incremento extraordinario del discurso de odio relacionado con la crisis de Ceuta. Durante los primeros días de la llegada masiva de migrantes se produjo un auténtico estallido de mensajes dirigidos contra personas del norte de África, inmigrantes y musulmanes, con contenidos que no se limitaban a cuestionar las políticas migratorias, sino que incluían insultos, deshumanización, amenazas y llamamientos a la expulsión. Según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sistema FARO detectó más de 57.000 contenidos de discurso de odio durante julio, mientras que otros análisis sobre el periodo posterior han mostrado un incremento todavía más preocupante coincidiendo con la crisis. Estos datos deberían hacernos reflexionar, porque demuestran que el problema no es simplemente que exista una discusión política sobre inmigración, sino que una situación concreta está siendo utilizada como catalizador de prejuicios que ya estaban presentes en una parte de nuestra sociedad.

Esto es importante porque una democracia puede y debe discutir sobre inmigración. Podemos debatir sobre cuántas personas puede acoger un territorio, sobre cómo deben organizarse las fronteras, sobre qué recursos necesitan los servicios públicos, sobre la distribución de menores no acompañados, sobre la cooperación con Marruecos, sobre las políticas europeas de asilo y migración o sobre la actuación concreta del Gobierno. Podemos incluso considerar que determinadas decisiones políticas han sido equivocadas y exigir responsabilidades. Todo eso forma parte de la democracia y nadie debería pretender silenciar ese debate acusando automáticamente de racismo a quien defiende una determinada política migratoria. El problema comienza cuando dejamos de hablar de políticas y empezamos a hablar de personas como si todas fueran iguales por el simple hecho de haber nacido en un determinado país, tener un determinado color de piel o practicar una determinada religión.

La diferencia es fundamental. No es racista decir que el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta, ni lo es reclamar que la ciudad disponga de recursos suficientes para afrontar una situación extraordinaria. Tampoco es xenófobo defender una política migratoria ordenada o considerar que las administraciones deben tener capacidad para controlar sus fronteras. Lo que sí entra en el terreno del racismo y la xenofobia es comenzar a presentar a los inmigrantes como un colectivo inherentemente peligroso, atribuirles delincuencia por su origen, hablar de una supuesta inferioridad cultural o racial, identificar automáticamente inmigración con inseguridad o utilizar términos como «invasión» para referirse indiscriminadamente a seres humanos que han llegado a nuestro país. La crítica política tiene como objeto las decisiones y las políticas públicas; el racismo convierte a las personas en el objeto de la acusación.

Parece claro que determinados sectores de la derecha y, especialmente, de la ultraderecha están aprovechando una situación real para reforzar un discurso que ya venían construyendo alrededor de la inmigración. No estamos diciendo que la crisis de Ceuta haya sido inventada ni que los problemas que atraviesa la ciudad sean imaginarios. Precisamente porque la situación es real, resulta políticamente tan útil para quienes pretenden utilizarla. Una crisis real puede convertirse en una oportunidad política sin dejar de ser una crisis real. La cuestión no es negar lo que sucede, sino observar cómo se interpreta, qué lenguaje se utiliza para explicarlo y qué consecuencias políticas se pretende extraer de ello.

La ultraderecha conoce perfectamente la capacidad que tiene el miedo para movilizar a una sociedad. Cuando una población está preocupada, cuando siente que los servicios públicos están desbordados o cuando tiene la percepción de que algo está escapando al control de las instituciones, resulta muy sencillo ofrecer una explicación aparentemente sencilla para un problema enormemente complejo. Se identifica un culpable, se construye un enemigo y se presenta la solución como algo igualmente sencillo: expulsar, cerrar, impedir, separar. El inmigrante deja entonces de ser una persona concreta con una historia determinada y pasa a convertirse en una categoría abstracta sobre la que se proyectan todos los problemas de la sociedad. Es un mecanismo antiguo y peligrosísimo que, desgraciadamente, hemos visto repetirse muchas veces a lo largo de la historia.

El problema es que ese discurso puede terminar contaminando incluso espacios que originalmente no tenían una finalidad xenófoba. Una concentración convocada para expresar solidaridad con Ceuta puede ser perfectamente legítima y estar integrada por personas que no tienen ningún prejuicio racista. Pero si alrededor de esa concentración comienzan a aparecer mensajes que presentan a los inmigrantes como invasores, delincuentes o amenazas, existe el riesgo de que una reivindicación legítima termine siendo utilizada como vehículo para normalizar ideas que deberían ser rechazadas sin ambigüedad. Por eso no considero justo decir que todas las personas que acudirán el 2 de septiembre son racistas o xenófobas, pero tampoco considero razonable mirar hacia otro lado ante el hecho de que existe un componente racista y xenófobo claramente documentado en el contexto social y político de esta crisis y que determinados actores están aprovechándolo.

También debemos ser cuidadosos con otra simplificación. Defender a las personas migrantes no significa ignorar los problemas que están sufriendo los ciudadanos de Ceuta. Parece necesario repetirlo porque en ocasiones el debate público se plantea como si solamente pudiéramos escoger uno de los dos lados. Como si solidarizarnos con una familia ceutí implicara necesariamente ser hostiles hacia una familia migrante, o como si defender los derechos de una persona que acaba de llegar significara despreciar las preocupaciones de quien lleva toda su vida viviendo en Ceuta. Esa falsa dicotomía solamente beneficia a quienes quieren convertir la convivencia en un enfrentamiento permanente.

Podemos defender simultáneamente los derechos de los ceutíes y los derechos de las personas migrantes. Podemos exigir que una familia de Ceuta pueda vivir tranquila y segura y, al mismo tiempo, reclamar que un menor migrante sea tratado con dignidad. Podemos pedir más recursos para los servicios públicos y exigir que esos recursos permitan atender adecuadamente a todas las personas que se encuentran bajo la responsabilidad de las administraciones. Podemos reclamar que las fronteras estén controladas y, al mismo tiempo, defender el derecho de las personas perseguidas a solicitar protección internacional. Podemos criticar la gestión del Gobierno sin convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. No solamente podemos hacerlo, sino que eso es precisamente lo que debería hacer una sociedad comprometida con los derechos humanos.

Porque hay algo que no podemos olvidar y es que los inmigrantes no son un colectivo homogéneo. No existe “el inmigrante” como una categoría humana capaz de explicar por sí misma un problema social. Hay personas que llegan buscando trabajo, otras que huyen de guerras o persecuciones, otras que necesitan protección internacional, otras que son menores, otras que han sido víctimas de violencia y otras que simplemente han decidido cambiar de país. Algunas cometerán delitos, igual que existen ciudadanos españoles que cometen delitos, pero jamás aceptaríamos considerar que todos los españoles son delincuentes porque algunos lo sean. Sin embargo, cuando hablamos de personas extranjeras, demasiadas veces permitimos que esa lógica desaparezca y aceptamos generalizaciones que jamás admitiríamos aplicadas a nuestra propia sociedad.

Lo mismo ocurre cuando hablamos de las personas musulmanas o de quienes proceden del norte de África. Una persona marroquí no es una amenaza por ser marroquí; una persona musulmana no constituye un peligro por practicar el islam; y una persona negra no representa ninguna amenaza por el color de su piel. Puede haber problemas concretos relacionados con determinadas personas, comportamientos o políticas, pero ninguna característica racial, nacional o religiosa convierte automáticamente a alguien en culpable de nada. Cuando empezamos a atribuir responsabilidades colectivas basándonos en el origen, la raza o la religión, dejamos de estar ante un debate racional y comenzamos a caminar por el terreno de la discriminación.

Por eso también me preocupa que determinadas cuestiones culturales estén entrando en el debate político de una manera cada vez más agresiva. Cuando se empieza a presentar el velo, las mezquitas, la alimentación halal o las costumbres de una comunidad como elementos de una supuesta amenaza a la identidad española, el debate deja de ser únicamente migratorio. Se está construyendo una determinada imagen del musulmán como alguien que no pertenece realmente a nuestra sociedad y que, por tanto, constituye una amenaza para nuestra identidad. Esa forma de plantear las cosas puede parecer muy diferente del insulto directo, pero responde al mismo mecanismo de fondo encaminado a crear una frontera entre quienes consideramos parte de “nosotros” y quienes presentamos como “ellos”.

Es aquí donde la responsabilidad de los partidos políticos resulta enorme. La política democrática debería ser capaz de canalizar el miedo y la preocupación de los ciudadanos sin convertirlos en odio hacia otras personas. Un dirigente político puede decir que la situación migratoria es insostenible, que el Gobierno ha gestionado mal una crisis o que Europa necesita cambiar sus políticas migratorias y defender controles fronterizos más estrictos o exigir más recursos para una ciudad como Ceuta. Pero cuando se alimenta deliberadamente la idea de que existe una amenaza colectiva asociada a una nacionalidad, una raza o una religión, las consecuencias pueden ser muy graves. Los políticos tienen una enorme capacidad para determinar qué prejuicios se normalizan y cuáles permanecen en los márgenes de la sociedad.

La ultraderecha lleva años intentando precisamente eso. Siempre ha buscado convertir determinados discursos que antes resultaban socialmente inaceptables en posiciones aparentemente normales dentro del debate político. Y una crisis como la de Ceuta proporciona un escenario especialmente favorable para hacerlo. El problema no es que aprovechen políticamente una situación que considera beneficiosa para su discurso, porque los partidos políticos siempre intentan aprovechar las circunstancias que consideran favorables. El problema aparece cuando para obtener ese beneficio electoral se recurre a la deshumanización, a la generalización, al miedo y al enfrentamiento entre comunidades.

Pero tampoco podemos atribuir automáticamente todas estas dinámicas a la ultraderecha. La derecha democrática tiene una responsabilidad igualmente importante cuando asume determinados marcos discursivos para competir electoralmente con ella. Si para evitar que la ultraderecha gane espacio se adopta parte de su lenguaje, existe el riesgo de que aquello que inicialmente parecía una estrategia electoral termine desplazando los límites de lo que nuestra sociedad considera aceptable. Y eso es especialmente peligroso en cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia, porque los derechos fundamentales no deberían depender de las necesidades electorales de ningún partido.

Por eso creo que debemos ser capaces de mantener una posición mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más exigente. Ceuta merece nuestra solidaridad, pero esa solidaridad debe ser incompatible con el racismo. Los ciudadanos de Ceuta merecen seguridad, pero la seguridad no necesita convertir a los inmigrantes en enemigos. Las fronteras pueden y deben estar controladas, pero controlar una frontera no significa deshumanizar a quienes intentan cruzarla. Los servicios públicos necesitan recursos, pero la falta de recursos no puede utilizarse para justificar la discriminación. Y las administraciones tienen que responder ante una situación extraordinaria, pero esa respuesta debe respetar siempre los derechos humanos.

Por eso, si alguien quiere acudir el 2 de septiembre a una concentración para decir que Ceuta no está sola, me parece perfectamente legítimo. Si quiere reclamar que el Estado aumente los recursos destinados a la ciudad, también. Si quiere exigir una política migratoria más eficaz, tiene todo el derecho a hacerlo. Si quiere criticar al Gobierno, forma parte de la democracia. Lo que no deberíamos aceptar es que alguien utilice una concentración de solidaridad para atacar colectivamente a personas por ser negras, marroquíes, musulmanas o inmigrantes. En ese momento ya no estaríamos hablando de solidaridad, sino de otra cosa muy diferente.

Y tampoco deberíamos caer en el extremo contrario de pensar que denunciar el racismo significa negar los problemas reales. Negar una crisis tampoco ayuda a combatir la xenofobia. Si queremos enfrentarnos de verdad al discurso de odio, tenemos que ser capaces de reconocer las dificultades que existen, escuchar a las personas que las están viviendo y ofrecer soluciones eficaces sin buscar culpables colectivos. La mejor respuesta al discurso xenófobo no consiste en decirle a una persona preocupada que no tiene derecho a estarlo, sino en demostrarle que los problemas pueden abordarse desde la democracia, las políticas públicas y los derechos humanos sin necesidad de odiar a nadie.

Ceuta no debería convertirse en un campo de batalla entre españoles y extranjeros, entre cristianos y musulmanes, entre quienes llevan décadas viviendo allí y quienes acaban de llegar. Tampoco debería convertirse en una herramienta electoral para enfrentar al Gobierno con la oposición o para demostrar quién puede utilizar un lenguaje más duro sobre inmigración. Ceuta es una ciudad real, habitada por personas reales, con problemas reales y con una sociedad mucho más compleja que cualquier consigna política. Reducirla a un símbolo dentro de una batalla partidista sería hacerle un flaco favor precisamente a quienes dicen querer defenderla.

La mejor manera de solidarizarnos con Ceuta es negarnos a permitir que nadie utilice a los ceutíes como excusa para señalar a otras personas. Podemos abrazar simbólicamente a una ciudad que atraviesa momentos difíciles y exigir a las instituciones que estén a la altura de las circunstancias, pero también podemos hacerlo dejando claro que ninguna crisis justifica el racismo y que ninguna preocupación legítima puede convertirse en permiso para deshumanizar a un colectivo entero. La solidaridad no necesita enemigos para existir y una sociedad democrática no debería aceptar que el miedo se convierta en odio.

Al final, todo se reduce a algo bastante sencillo, aunque quizá demasiado importante como para olvidarlo. Y es que estar con Ceuta no significa estar contra los inmigrantes. Podemos defender a los ceutíes sin atacar a quienes han llegado a la ciudad, podemos exigir seguridad sin reclamar discriminación y podemos defender nuestras fronteras sin renunciar a nuestra humanidad. 

Si la concentración del 2 de septiembre quiere ser realmente un acto de solidaridad, debería ser capaz de decirlo con absoluta claridad y de cerrar la puerta a cualquier intento de convertirla en un altavoz para el racismo o la xenofobia. Porque cuando una sociedad empieza a aceptar que determinadas personas pueden ser insultadas, señaladas o deshumanizadas simplemente por su origen, su color de piel o su religión, el problema deja de ser exclusivamente migratorio. En ese momento estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de qué clase de sociedad queremos ser y de hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger la dignidad humana cuando protegerla resulta incómodo.

Por eso, solidarizarse con Ceuta y combatir el racismo no son dos posiciones enfrentadas, sino dos compromisos que deberían ir necesariamente de la mano.

Defender a Ceuta también significa defender la dignidad de todas las personas que viven en ella.

Ceuta necesita solidaridad, no chivos expiatorios.

Y tampoco racismo ni xenofobia.