Siempre hay conversaciones que, por su aparente sencillez, terminan explicando mucho mejor determinadas cuestiones que algunos grandes discursos. Hace unos días, en Alcalá la Real, en una charla sobre memoria histórica y diversidad LGTBI, en la que tuve la oportunidad de intervenir brevemente y en la que participaba mi querido amigo José Pablo Rodríguez Gobiet, surgió una pregunta inevitable cuando se habla de su trabajo educativo y de la denuncia que había recibido por parte de «Abogados Cristianos«. Alguien desde el público asistente le preguntó directamente por lo ocurrido y José Pablo respondió con una claridad en la que, a mi juicio, merece la pena detenerse. Porque detrás de aquella respuesta había una diferencia fundamental que a veces parece que estamos olvidando como sociedad. Una cosa es educar y otra muy distinta adoctrinar.
La diferencia no está en que en un aula se hable de determinadas cuestiones que puedan resultar incómodas para algunas personas. Tampoco está en que se hable de memoria histórica, de derechos humanos, de igualdad, de diversidad afectivo sexual o de LGTBIfobia. La diferencia está en algo mucho más profundo. Educar no consiste en decirle a una persona qué tiene que pensar, sino en proporcionarle conocimientos y herramientas para que pueda construir su propio pensamiento. Y precisamente por eso una educación verdaderamente democrática no debería tener miedo de enseñar realidades diferentes, sino todo lo contrario.
El adoctrinamiento parte de una concepción completamente distinta. No pretende abrir preguntas, sino cerrarlas; y no busca que quien aprende pueda analizar, contrastar y cuestionar, sino que termine aceptando como propia una determinada interpretación. El problema del adoctrinamiento no es, por tanto, que se hable de unos valores concretos, porque todas las sociedades democráticas educan también en valores. El problema aparece cuando se elimina la posibilidad de pensar de otra manera, cuando se presenta una única respuesta como inevitable y cuando quien recibe la enseñanza deja de ser sujeto activo de su aprendizaje para convertirse simplemente en receptor de una verdad que otros han decidido por él.
Pero educar es otra cosa. Educar implica precisamente entregar herramientas. Significa aportar conocimientos, explicar contextos, presentar realidades, enseñar a formular preguntas, aprender a contrastar fuentes, identificar prejuicios, distinguir un hecho de una opinión y comprender que una misma cuestión puede ser analizada desde perspectivas diferentes. Y también enseñar que nuestras propias ideas pueden ser revisadas cuando aparecen nuevos argumentos o nuevas evidencias. Porque una persona educada no es aquella que sabe repetir correctamente aquello que alguien le ha enseñado que debe pensar. Una persona educada es aquella que puede preguntarse por qué piensa lo que piensa y tiene capacidad para construir un criterio propio.
Esto es especialmente importante cuando hablamos de adolescentes. La escuela no debería tener como objetivo fabricar personas que piensen exactamente igual que sus profesores, que sus familias, que sus compañeros o que las instituciones. Una escuela democrática debería aspirar justamente a lo contrario. Debería formar personas capaces de pensar por sí mismas; personas capaces de escuchar una opinión diferente sin sentir que por ello están obligadas a aceptarla; personas capaces de reconocer un argumento, analizarlo y decidir si les convence o no; personas capaces de detectar un prejuicio aunque aparezca disfrazado de opinión; y personas capaces de cuestionar aquello que se les presenta como una verdad absoluta.
Por eso hablar de diversidad LGTBI en un centro educativo no significa adoctrinar al alumnado. Explicar qué son la orientación sexual o la identidad de género, abordar la existencia de la discriminación, conocer la historia de las personas LGTBI, analizar los mecanismos mediante los que se construyen los prejuicios o explicar qué dice nuestro ordenamiento jurídico sobre igualdad y no discriminación significa proporcionar conocimientos sobre una realidad social que existe. Conocer una realidad no obliga a nadie a adoptar una identidad ni una determinada opinión política sobre ella. Del mismo modo que estudiar la discriminación racial no convierte automáticamente a un estudiante en una persona de una determinada ideología, explicar la violencia contra las mujeres no significa imponerle una determinada concepción política, o estudiar la memoria histórica no obliga a un adolescente a asumir una posición partidista concreta.
Lo que hace la educación es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante. Le dice al alumnado que esa realidad existe, le proporciona herramientas para comprenderla y le permite hacerse preguntas sobre ella. Después, dentro del marco de los derechos fundamentales y de las normas que regulan nuestra convivencia, ese alumno podrá desarrollar su propio pensamiento.
Aquí hay una cuestión que me parece especialmente importante. Tener pensamiento crítico no significa presentar todas las afirmaciones como si tuvieran exactamente el mismo valor. Enseñar pensamiento crítico no obliga a colocar al mismo nivel un hecho demostrado y un bulo, una evidencia científica y una afirmación sin fundamento, o un derecho reconocido jurídicamente y una opinión que pretende negarlo. Es justamente contrario. Pensar críticamente significa aprender a distinguir entre unos y otros; significa saber qué pruebas respaldan una afirmación, quién la realiza, de dónde procede la información, qué intereses puede haber detrás, si existen fuentes independientes que la corroboren y qué argumentos pueden sostenerla o cuestionarla.
Esto adquiere una importancia enorme en una época en la que nuestros jóvenes reciben cada día cientos de mensajes a través de las redes sociales. No podemos pretender que sean capaces de enfrentarse a discursos de odio, desinformación, prejuicios y manipulaciones simplemente diciéndoles cuáles son las opiniones correctas que deben repetir. Si realmente queremos educarlos, tendremos que enseñarles algo mucho más útil. Tendremos que enseñarles a reconocer un bulo, detectar una generalización, identificar un prejuicio, contrastar una fuente, distinguir un hecho de una interpretación y comprender las consecuencias que determinadas palabras y determinados discursos pueden tener sobre otras personas.
Eso también es educar en derechos humanos. Cuando un profesor explica qué es la LGTBIfobia, por ejemplo, no está necesariamente diciéndole a un alumno qué debe pensar sobre las personas LGTBI. Puede estar enseñándole a reconocer una conducta discriminatoria; puede estar explicándole que un insulto reiterado puede convertirse en una forma de acoso; puede estar ayudándole a comprender por qué una persona puede sentirse excluida en su propio centro educativo; puede estar proporcionándole herramientas para saber qué hacer si presencia una situación de acoso; y puede estar enseñándole algo tan elemental como que la dignidad de otra persona no desaparece porque pensemos de manera diferente a ella.
Hay una diferencia enorme entre decirle a un adolescente «tienes que pensar esto» y decirle «aquí tienes los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedas comprender esta realidad y formar tu propio criterio». La primera opción pretende conducir el pensamiento. La segunda pretende hacerlo posible.
Por eso me parece tan importante no utilizar la palabra adoctrinamiento de manera ligera. Si cualquier actividad educativa que aborda valores, derechos humanos, igualdad o diversidad puede ser calificada de adoctrinamiento simplemente porque alguien discrepa de ella, entonces terminaremos vaciando la palabra de significado. Y, lo que es todavía más preocupante, podemos terminar generando un efecto perverso sobre el propio profesorado. Profesores y profesoras que quieren abordar situaciones de discriminación pueden acabar pensando que es mejor no hacerlo por miedo a recibir denuncias, críticas o acusaciones. Y cuando el miedo entra en el aula, quienes terminan pagando las consecuencias son precisamente los alumnos que necesitan que alguien les explique qué está ocurriendo.
Una cosa es, por supuesto, que cualquier actividad educativa deba desarrollarse dentro del marco legal, respetando el currículo, las competencias del centro, los derechos del alumnado y los principios que rigen la enseñanza pública. Eso es indiscutible. El profesorado no está por encima de la ley y cualquier programa educativo puede y debe ser sometido a los controles que correspondan cuando existan razones objetivas para ello. Pero precisamente por eso las controversias deben analizarse sobre los hechos concretos, sobre los contenidos realmente impartidos, sobre la metodología utilizada y sobre el marco jurídico aplicable, y no mediante etiquetas que sustituyan al análisis.
En el caso de José Pablo, además, hay algo que considero especialmente significativo. Su explicación no fue una defensa de que el profesor pueda decir en clase cualquier cosa que quiera. Fue precisamente una defensa de una determinada manera de entender la educación. Una educación que no pretende fabricar conciencias, sino ayudar a construirlas. Una educación que no exige que el alumno piense como piensa su profesor, sino que pretende que tenga suficientes conocimientos para poder pensar por sí mismo.
Y eso debería ser perfectamente compatible con una sociedad plural. De hecho, es una de las condiciones para que esa sociedad plural pueda existir. Porque también tenemos que aceptar que educar en derechos humanos implica enseñar que existen unos mínimos que nuestra sociedad ha decidido proteger. La dignidad humana, la igualdad ante la ley, la prohibición de la discriminación o la protección frente a la violencia no pueden convertirse en simples opiniones personales dependiendo de quién esté hablando. La democracia permite que discutamos sobre muchas cosas, pero también se construye sobre unos derechos fundamentales que precisamente sirven para proteger a las personas frente a la arbitrariedad y frente a la discriminación. Y esos derechos y pilares esenciales no están sujetos a debate.
Enseñar esos derechos tampoco significa adoctrinar. Significa explicar cuáles son las reglas incuestionables fundamentales de la convivencia que hemos construido como sociedad y por qué existen. Y, a partir de ahí, permitir que el alumnado comprenda, cuestione, analice y profundice en ellas.
Lo mismo ocurre con la memoria histórica. Estudiar nuestro pasado no obliga a un estudiante a militar en una determinada posición política. Le permite conocer qué ocurrió, cuáles fueron sus consecuencias, qué personas sufrieron vulneraciones de derechos y cómo esas experiencias han influido en la sociedad que tenemos hoy. Después podrá hacerse preguntas, debatir y desarrollar sus propias conclusiones. Precisamente para eso sirve conocer la historia, porque si ocultamos determinadas realidades para evitar que los jóvenes puedan formarse una opinión sobre ellas, no estamos protegiendo su libertad de pensamiento, sino reduciendo las herramientas con las que podrán ejercerla.
Y aquí está, quizá, la paradoja que deberíamos entender de una vez. Para que una persona pueda pensar libremente necesita primero disponer de información suficiente para hacerlo. La libertad de pensamiento no consiste en vivir en una habitación vacía en la que nadie nos cuenta nada. Consiste en poder recibir información, conocer diferentes realidades, contrastar argumentos y utilizar nuestra propia capacidad crítica para formar un criterio autónomo.
Por eso, cuando José Pablo dijo que educar consiste en dotar de herramientas para construir un pensamiento crítico propio, estaba señalando algo mucho más grande que una simple diferencia terminológica. Estaba hablando de cuál debería ser el sentido último de la educación. Una educación que no tenga miedo de las preguntas; una educación que no confunda diversidad con imposición; una educación que no esconda los problemas porque puedan resultar incómodos; una educación que enseñe a reconocer la discriminación sin obligar a nadie a adoptar una identidad; una educación que permita conocer la memoria sin convertir la historia en propaganda; una educación que enseñe derechos humanos precisamente para que cada persona pueda comprender por qué los derechos de los demás también importan.
Quizá por eso deberíamos preguntarnos menos quién está intentando decirle a nuestros jóvenes qué tienen que pensar y, sobre todo, mucho más urgente, quién les está enseñando a pensar, porque la diferencia es enorme. A fin de cuentas, el adoctrinamiento necesita personas que repitan, pero a educación necesita personas que comprendan; el adoctrinamiento teme las preguntas porque las preguntas pueden romper una verdad cerrada, pero educación necesita las preguntas porque sabe que de ellas nace el pensamiento crítico; y el adoctrinamiento entrega respuestas definitivas; pero educación proporciona herramientas para buscarlas.
Si queremos una sociedad verdaderamente democrática, necesitamos precisamente eso. Personas que sepan pensar, contrastar, cuestionar, escuchar, argumentar y decidir por sí mismas; personas que puedan estar en desacuerdo sin convertir al otro en un enemigo; personas que conozcan sus derechos y sepan reconocer los derechos de quienes tienen delante; y prsonas que no necesiten que nadie piense por ellas.
Por eso, defender una educación que hable de diversidad, igualdad, memoria histórica y derechos humanos no significa defender que el alumnado tenga que pensar de una determinada manera. Significa defender que tenga más herramientas para pensar por sí mismo.
Porque educar no es llenar una cabeza de respuestas. Es abrir una puerta para que cada persona pueda aprender a hacerse preguntas.
Buscando respuestas para construir libremente su propio pensamiento.
Educando para saber pensar sin ataduras.
Haciéndolo libremente.
