Investigar hasta el final

Como abogado, reconozco que hay casos en los que la prudencia jurídica obliga a reconocer que todavía no sabemos exactamente qué ocurrió. Pero esa prudencia no puede convertirse en una excusa para no investigar todas las posibilidades. La muerte de Miguel, un joven de 27 años fallecido después de sufrir una agresión en Alicante, se encuentra precisamente en ese punto. 

A día de hoy, no es posible afirmar todavía que estemos ante un asesinato por LGTBIfobia simplemente porque queramos que así haya ocurrido. Pero, precisamente por eso, hay que investigar si existió ese componente y cuáles serían las consecuencias jurídicas de demostrarlo.

La prudencia jurídica no puede confundirse con neutralidad ante la discriminación. Precisamente porque hablamos de una posible violencia LGTBIfóbica, todas las circunstancias que puedan revelar ese móvil deben investigarse con la misma seriedad con la que se investiga el propio hecho criminal.

A día de hoy, no podemos afirmar jurídicamente que estemos ante un asesinato homófobo porque la investigación continúa abierta. Pero tampoco existe ninguna razón para cerrar esa hipótesis antes de haber investigado a fondo qué ocurrió y qué motivó la agresión. Esta diferencia, que puede parecer puramente semántica, es fundamental cuando hablamos de Derecho penal y, sobre todo, cuando hablamos de delitos que pueden estar motivados por prejuicios.

Los hechos conocidos sitúan la agresión durante la madrugada del 13 de agosto de 2026, en las inmediaciones de la parada del TRAM del Campo de Golf, en la Playa de San Juan de Alicante. Miguel, de 27 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el enfrentamiento con otro joven, de 22 años, y fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis, donde posteriormente falleció. El joven detenido como presunto autor de la agresión quedó después en libertad con medidas cautelares y, por ahora, continúa como investigado por un presunto delito de homicidio. 

En los últimos días, la asociación LGTBIQ+ Alicante Entiende, así como decenas de entidades de toda España, han reclamado que se investigue si detrás de la agresión pudo existir una motivación relacionada con la orientación sexual de Miguel. El Ministerio de Igualdad, además, ha solicitado a la Fiscalía que valore estudiar el caso desde la perspectiva de un posible delito de odio. Al mismo tiempo, la investigación policial y judicial no ha establecido hasta ahora que existiera una motivación homófoba.

Por lo pronto, la Fiscalía Especializada de Delitos de Odio de Alicante ha asumido la acusación pública en las diligencias abiertas por la muerte de Miguel, precisamente en un contexto en el que distintas organizaciones LGTBIQ+ han reclamado que se esclarezca si pudo existir una motivación homófoba. Además, la Fiscalía ha recurrido la decisión judicial de dejar en libertad al investigado con medidas cautelares. Que la Fiscalía especializada haya asumido la causa no significa, naturalmente, que la existencia de un móvil homófobo esté acreditada ni que el caso haya dejado de investigarse como un presunto homicidio. Significa algo mucho más importante para lo que aquí estamos planteando: QUE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN COMPONENTE DISCRIMINATORIO POR LGTBIFOBIA ESTÁ SIENDO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN.

Por eso conviene comenzar por una precisión terminológica que considero especialmente importante. Hablar ahora de «asesinato homófobo» como de un hecho probado sería jurídicamente incorrecto. Pero hablar de una posible motivación homófoba y exigir que sea investigada no solo es legítimo, sino totalmente necesario. La expresión puede utilizarse para describir una hipótesis o una posible línea de investigación, pero no para presentar como probado aquello que todavía está siendo investigado. 

En este momento resulta mucho más riguroso hablar de una muerte violenta cuya posible motivación homófoba debe ser esclarecida. Y esta precisión no resta importancia a la hipótesis. Al contrario, precisamente porque hablamos de una cuestión que puede tener consecuencias penales muy importantes, hay que investigarla con seriedad y hasta sus últimas consecuencias, sin dar por probado aquello que todavía no lo está, pero sin permitir tampoco que los prejuicios o las apariencias cierren prematuramente esa investigación.

Aquí aparece una primera cuestión fundamental: homicidio, asesinato y delito de odio no son exactamente lo mismo. Si finalmente se demuestra que el investigado causó intencionadamente la muerte de Miguel, habrá que determinar si jurídicamente estamos ante un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal o ante un asesinato del artículo 139, dependiendo de las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte. Y, además, habrá que analizar si concurre la agravante de discriminación prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, que contempla expresamente, entre otros motivos, la orientación o identidad sexual. Es decir, una cosa es determinar qué delito contra la vida se ha cometido y otra determinar si ese delito estuvo acompañado de un móvil discriminatorio que pueda agravar la responsabilidad penal.

La clave jurídica, por tanto, está en el móvil. Para aplicar la agravante del artículo 22.4 no basta con que la víctima sea homosexual, ni con que víctima y agresor sean hombres, ni siquiera con que durante una discusión se produzca algún insulto de carácter homófobo. Lo que debe acreditarse es que la orientación sexual, real o percibida, de la víctima tuvo relevancia como motivo de la conducta delictiva. Dicho de una manera sencilla, habría que demostrar que la violencia se produjo, al menos en parte, porque Miguel era homosexual o porque el agresor lo percibía como tal. El Derecho penal no castiga una identidad, sino una conducta concreta y, en este caso, un determinado móvil discriminatorio que debe quedar probado.

Por eso resulta tan importante reconstruir lo que ocurrió antes de la agresión. Si existió un acercamiento afectivo o sexual entre ambos, habrá que saber cómo se produjo, cuál fue la reacción del investigado, qué palabras intercambiaron, si hubo insultos relacionados con la homosexualidad, qué ocurrió inmediatamente antes de la agresión y si existen testigos que puedan aportar información sobre esa conversación. También pueden resultar relevantes las imágenes de las cámaras existentes en la zona, las comunicaciones entre las personas implicadas, las declaraciones de quienes estuvieran presentes y cualquier otro elemento que permita reconstruir los minutos anteriores al enfrentamiento. La cuestión no consiste únicamente en saber quién golpeó a quién, sino también en determinar qué desencadenó la violencia y cuál fue la verdadera razón que llevó a producirla.

En este tipo de investigaciones la prueba indiciaria puede tener una importancia extraordinaria. La motivación interna de una persona no suele aparecer de forma expresa en una prueba documental. Nadie suele dejar constancia escrita de que ha cometido un delito porque siente odio hacia un determinado colectivo. Por eso los tribunales pueden tener que reconstruir el móvil a partir de un conjunto de circunstancias objetivas.

Los insultos utilizados, las expresiones pronunciadas antes o durante la agresión, la relación entre autor y víctima, la selección de la víctima, determinadas conductas anteriores, mensajes, publicaciones o declaraciones de testigos pueden formar un conjunto de indicios que permita determinar si existió realmente una motivación discriminatoria. Eso no significa rebajar el estándar de prueba. Significa que una intención puede acreditarse mediante indicios siempre que estos sean suficientemente sólidos, plurales y coherentes.

Precisamente por eso tiene sentido que se reclame la búsqueda de posibles testigos. Según se ha publicado, Alicante Entiende ha pedido la colaboración de personas que pudieran encontrarse en el lugar de los hechos y haber escuchado la conversación previa, insultos o expresiones relacionadas con la orientación sexual. Ese tipo de testimonios podría resultar importante si permite determinar qué sucedió antes de la agresión. Pero tampoco debe darse por supuesto que cualquier testimonio que mencione una expresión homófoba será suficiente, por sí solo, para demostrar el móvil del delito. Será necesario valorar quién la pronunció, en qué contexto, cuándo se produjo y qué relación tuvo con la agresión posterior.

Hay además una cuestión que está generando especial debate: la información según la cual el investigado también pertenecería al colectivo LGTBI. Desde el punto de vista jurídico, esto no permite descartar automáticamente una motivación homófoba. Una persona homosexual puede, en determinadas circunstancias, cometer un delito motivado por prejuicios relacionados con la orientación sexual de otra persona.

La agravante del artículo 22.4 no exige que el autor pertenezca a un grupo distinto del de la víctima. Lo relevante es determinar si la discriminación fue uno de los motivos de la conducta. Sin embargo, tampoco sería correcto utilizar la condición LGTBI del investigado como argumento para descartar la homofobia. Su orientación sexual no demuestra por sí misma que existiera una motivación discriminatoria, pero tampoco la excluye. Lo que importa es determinar qué ocurrió y por qué ocurrió.

Imaginemos, por ejemplo, que dos hombres homosexuales mantienen una discusión y uno de ellos mata al otro. El hecho de que ambos sean homosexuales no convierte automáticamente el homicidio en un delito motivado por la orientación sexual. Pero tampoco permite descartar que la orientación sexual haya sido precisamente el motivo de la violencia. Si se demostrara que uno de ellos reaccionó violentamente porque rechazaba que el otro se aproximara afectivamente a él por ser hombre, o porque lo despreciaba precisamente por su forma de vivir o expresar su homosexualidad, entonces sí podría existir una cuestión jurídicamente relevante desde la perspectiva de la discriminación. La pertenencia del agresor al mismo colectivo no impediría por sí sola esa conclusión. Lo determinante sería siempre el móvil concreto de la conducta.

También conviene aclarar la referencia al artículo 510 del Código Penal, porque existe una tendencia a utilizar la expresión «delito de odio» para prácticamente cualquier delito cometido contra una persona perteneciente a un colectivo vulnerable. El artículo 510 sanciona determinadas conductas de incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos o personas por determinados motivos, entre ellos la orientación o identidad sexual. Pero una agresión mortal motivada por homofobia no se convierte automáticamente en un delito del artículo 510. En un caso como este habría que determinar, en primer lugar, el delito contra la vida cometido y, en su caso, valorar la aplicación de la agravante discriminatoria del artículo 22.4. La expresión «delito de odio» puede utilizarse en un sentido amplio para referirse a la criminalidad motivada por prejuicios, pero técnicamente hay que diferenciar las distintas figuras penales.

Y aquí conviene hacer otra precisión jurídica. Si finalmente se acreditara una motivación LGTBIfóbica, ello no convertiría automáticamente el homicidio en asesinato. La orientación sexual de la víctima podría determinar la aplicación de la agravante de discriminación prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, pero para hablar de asesinato tendría que acreditarse además alguna de las circunstancias previstas en el artículo 139, como la alevosía o el ensañamiento. Con los datos conocidos hasta ahora no podemos afirmar que esas circunstancias concurran. Lo que sí podemos afirmar es que, si la investigación demuestra que Miguel murió como consecuencia de una conducta dolosa y que, además, esa conducta estuvo motivada por su orientación sexual, las consecuencias penales podrían ser considerablemente más graves que las correspondientes a un homicidio ordinario.

Esta distinción es importante porque nuestro ordenamiento jurídico contempla de manera específica la motivación discriminatoria. Si finalmente se demostrara que Miguel fue agredido y murió porque era homosexual, esa circunstancia podría tener una relevancia penal adicional respecto del delito contra la vida. No se trataría simplemente de decir que fue víctima de una agresión y que además era gay, sino de demostrar que su orientación sexual fue uno de los motivos de la conducta del autor. El Tribunal Supremo ha reconocido en diferentes ocasiones la aplicación de la agravante de discriminación en delitos relacionados con la orientación sexual y ha insistido en la necesidad de acreditar ese vínculo entre el móvil discriminatorio y la conducta delictiva.

Pero precisamente porque hablamos de una cuestión tan grave, hay otra garantía que no podemos olvidar: la presunción de inocencia. El joven investigado no ha sido condenado. La investigación continúa y, por tanto, no podemos presentarlo públicamente como un asesino homófobo. Tampoco podemos afirmar como hecho probado que cometiera exactamente el delito que se le atribuye. Existe una persona fallecida, existe una investigación y existen indicios que han llevado a dirigir la investigación contra una persona concreta, pero será el procedimiento judicial, con todas las garantías, el que determine finalmente qué ocurrió y qué responsabilidad penal corresponde. 

Defender los derechos de las personas LGTBI implica también defender las garantías procesales de cualquier persona investigada. Si finalmente se acredita mediante las pruebas y testimonios que consigan recabarse que existió una motivación homófoba, nuestro Derecho penal contempla mecanismos específicos para que esa circunstancia tenga consecuencias jurídicas. Si los hechos probados determinan además que concurren las circunstancias que permiten calificar la muerte como asesinato, podríamos encontrarnos ante un asesinato en el que, además, concurriera la agravante de discriminación por orientación sexual prevista en el artículo 22.4 del Código Penal.

Ahora bien, la presunción de inocencia tampoco significa que deba descartarse desde el principio una posible motivación homófoba. Investigar una hipótesis no equivale a condenar. Preguntar si existió homofobia no vulnera la presunción de inocencia. Lo que vulneraría esa garantía sería transformar una hipótesis de investigación en una condena anticipada. Por eso considero que la posición jurídicamente más sensata se encuentra precisamente entre los dos extremos que estamos viendo estos días: ni condenar anticipadamente al investigado como responsable de un crimen homófobo ni cerrar anticipadamente la posibilidad de que existiera una motivación discriminatoria. 

Tampoco debemos caer en el error de considerar que toda violencia sufrida por una persona LGTBI es automáticamente homofobia. Una persona homosexual puede ser víctima de un robo, una agresión, un homicidio o cualquier otro delito sin que su orientación sexual tenga absolutamente ninguna relación con lo ocurrido. La condición LGTBI de la víctima no convierte automáticamente cualquier delito en un delito de odio. Pero exactamente lo mismo ocurre en sentido contrario: QUE INICIALMENTE NO EXISTAN PRUEBAS EVIDENTES DE LGTBIFOBIA TAMPOCO PERMITE DESCARTAR QUE ESA CIRCUNSTANCIA HAYA SIDO RELEVANTE O SEA EL AUTÉNTICO TRASFONDO. La cuestión debe resolverse mediante la investigación y la prueba, no mediante prejuicios o análisis apresurados.

Hay además una dimensión que trasciende el propio procedimiento penal. La violencia motivada por o odio y por prejuicios afecta directamente al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas y puede tener un efecto que va mucho más allá de la víctima concreta. Cuando alguien es atacado por ser gay, lesbiana, bisexual o trans, la violencia puede transmitir también un mensaje de intimidación al resto de personas que forman parte de ese colectivo y, por extensión, a toda la sociedad. Por eso las instituciones tienen una responsabilidad especial cuando aparecen indicios de una posible motivación discriminatoria. Investigar esa posibilidad no significa construir una acusación artificial, sino garantizar que una dimensión potencialmente relevante del delito no quede sin analizar, muy especialmente si, finalmente, como así ha sucedido, la Fiscalía de Delitos de Odio ha asumido la causa.

En mi opinión, precisamente por eso sería un error convertir el caso de Alicante en una batalla política o ideológica sobre quién utiliza antes la palabra «homofobia» y quién la rechaza con mayor contundencia. Las organizaciones LGTBI tienen todo el derecho a reclamar que se investigue una posible motivación discriminatoria. DEBEN HACERLO CON TODAS SUS FUERZAS Y SIN DAR PASOS ATRÁS. Al mismo tiempo, las instituciones tienen la obligación de escuchar esa petición. La Fiscalía y los tribunales tienen que valorar los indicios con independencia. Y la defensa tiene todo el derecho a negar la existencia de ese móvil y a ejercer plenamente los derechos del investigado. Todas estas cosas pueden suceder al mismo tiempo porque todas forman parte de un Estado de Derecho.

Lo verdaderamente importante es que la investigación sea completa, rigurosa y libre de prejuicios. Hay que investigar hasta el final la hipótesis homófoba y, al mismo tiempo, todas las demás circunstancias que puedan explicar lo ocurrido. Hay que escuchar a los testigos, analizar las imágenes disponibles, reconstruir cronológicamente los hechos, estudiar las comunicaciones relevantes y determinar qué ocurrió inmediatamente antes de la agresión. Y hay que hacerlo sin buscar una conclusión previamente determinada. Una investigación seria no consiste en demostrar una teoría, consiste en descubrir si esa teoría es verdadera. Y si esa teoría se confirma, HAY CASTIGAR CON TODA LA DUREZA que contemple nuestro ordenamiento jurídico.

Por eso quizá sea demasiado pronto para responder definitivamente a la pregunta de si estamos ante un crimen homófobo. Pero no es demasiado pronto para afirmar algo mucho más sencillo: MIGUEL MERECE QUE SEPAMOS POR QUÉ MURIÓ. Si falleció como consecuencia de una pelea sin ninguna motivación discriminatoria, DEBEMOS SABERLO. Si murió como consecuencia de una agresión motivada por su orientación sexual, TAMBIÉN DEBEMOS SABERLO. Y si existió un componente homófobo, la sociedad tiene derecho a conocerlo y la Justicia tiene la OBLIGACIÓN de valorarlo jurídicamente y aplicar las consecuencias penales que correspondan.

No tenemos que elegir entre la presunción de inocencia y la lucha contra la homofobia. Y tampoco tenemos que elegir entre las garantías del investigado y los derechos de la víctima. Ambas cosas forman parte del mismo Estado de Derecho. 

Investigar una posible agresión homófoba no significa condenar a nadie y respetar la presunción de inocencia no significa mirar hacia otro lado ante una posible discriminación. Significa algo mucho más importante: que hay que buscar la verdad con todas las garantías.

Esa debería ser, siempre, la primera forma de hacer justicia. Porque la homofobia no se combate con prejuicios ni con titulares apresurados. 

Se combate con pruebas y con verdad.

Y, sobre todo, con Justicia.

Miguel la merece.

Frente al odio y frente al terror

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽 – Written in 🇬🇧🇺🇸)

🇪🇸 ESPAÑOL 🇲🇽

(Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo)

Algunos días no están hechos solamente para recordar, sino también para detenernos, mirar a quienes tenemos alrededor y preguntarnos qué clase de sociedad queremos construir. Hoy uno de esos días. 

Desde 2017, Naciones Unidas conmemora el 21 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, una fecha para poner en el centro a quienes sufrieron, directa o indirectamente, una de las formas más crueles de violencia que puede conocer una sociedad.

Hablar de terrorismo nunca es sencillo. Detrás de esa palabra hay personas, familias, vidas rotas y heridas que muchas veces no se ven. Hay quienes perdieron la vida, quienes quedaron con secuelas físicas o psicológicas y quienes, sin haber estado presentes en el lugar de un atentado, tuvieron que aprender a vivir con la ausencia de alguien a quien querían. Por eso, cuando hablamos de víctimas del terrorismo no podemos convertirlas en una cifra, en un dato estadístico o en una noticia que desaparece de los medios unos días después. Cada víctima tenía un nombre, una historia, una familia, unos sueños y una vida que merecía seguir adelante.

El terrorismo busca precisamente lo contrario. Busca sembrar miedo, provocar dolor y utilizar ese miedo para conseguir determinados objetivos políticos, religiosos o ideológicos. No pretende únicamente causar daño a las personas que son atacadas directamente. También pretende que el miedo se extienda, que la sociedad desconfíe, que las comunidades se enfrenten entre ellas y que nuestra forma de vivir termine condicionada por la amenaza. Esa es una de sus mayores victorias y, precisamente por eso, nuestra respuesta no puede limitarse únicamente a perseguir a quienes cometen estos actos. También tenemos que proteger a quienes los sufren y defender los valores que el terrorismo intenta destruir.

Porque las consecuencias van mucho más allá del momento de un atentado. El dolor permanece, pero también permanecen las familias que tienen que reconstruir su vida después de perder a alguien, las personas que necesitan años de tratamiento psicológico, quienes no pueden volver a hacer determinadas cosas sin revivir lo ocurrido y comunidades enteras que aprenden a convivir con un miedo que antes no existía. También pueden aparecer consecuencias sociales y económicas, desde la pérdida de confianza hasta la destrucción de empleo, la paralización de actividades o el aumento de las desigualdades. El terrorismo deja heridas individuales, pero también puede dejar heridas colectivas.

Por eso, cuidar a las víctimas debe ser una obligación y no un gesto puntual. Necesitan atención médica, pero también acompañamiento psicológico, apoyo económico, asistencia social y, sobre todo, sentir que no están solas. Necesitan justicia, pero también comprensión, y necesitan que sigamos hablando de ellas, que nos las olvidemos con el paso el tiempo haciendo que su historia no quede enterrada bajo el ruido de la actualidad.

También debemos tener muy claro que combatir el terrorismo no significa tener carta blanca para vulnerar los derechos humanos. La seguridad es importante y los Estados tienen la obligación de proteger a la ciudadanía frente a la violencia, pero ninguna amenaza puede justificar la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la vigilancia indiscriminada o cualquier otra forma de abuso. Si para defendernos del terrorismo terminamos destruyendo las libertades y la dignidad que pretendemos proteger, estaremos permitiendo que el miedo gane.

La respuesta al terrorismo, además, no puede ser únicamente policial o judicial. También tiene que ser educativa y social. Internet y las redes sociales han cambiado profundamente la forma en la que se difunden los discursos de odio y se produce la radicalización. Especialmente preocupante es que algunos adolescentes y jóvenes puedan quedar atrapados en mensajes que presentan el odio como una solución, la violencia como una respuesta y la eliminación del diferente como un objetivo. Frente a eso no basta con reaccionar cuando ya se ha producido el daño, tenemos que actuar antes.

Actuar antes significa apostar por la educación, por la igualdad de oportunidades, por la inclusión y por sociedades en las que nadie sea empujado hacia los márgenes. Significa enseñar a nuestros niños y jóvenes a pensar críticamente, a reconocer la manipulación y a entender que ninguna diferencia de origen, religión, ideología, orientación sexual o cualquier otra condición convierte a una persona en menos digna que otra. También significa trabajar en la prevención de la radicalización y, cuando sea posible y seguro, favorecer procesos de reintegración social y familiar para quienes han abandonado caminos violentos.

La comunidad internacional tiene también una responsabilidad fundamental. El terrorismo no entiende de fronteras y, por eso, su prevención y persecución necesitan cooperación entre Estados, intercambio de información y mecanismos eficaces de protección de las víctimas. Pero esa cooperación debe estar siempre sometida al Derecho y al respeto de los derechos fundamentales. No podemos defender la democracia utilizando métodos que contradigan aquello que hace que una democracia merezca ser defendida.

En todo este camino, las asociaciones de víctimas y la sociedad civil también desempeñan un papel imprescindible. Son quienes muchas veces mantienen viva una memoria que el paso del tiempo amenaza con convertir en silencio. Pero también son quienes acompañan, quienes escuchan y quienes recuerdan que detrás de cada atentado había personas que tenían una vida antes de convertirse, injustamente, en víctimas.

Recordar no significa vivir atrapados en el pasado, significa aprender; significa mirar hacia atrás para intentar que aquello que ocurrió no vuelva a suceder; y significa enseñar a las nuevas generaciones que la violencia nunca puede convertirse en una herramienta legítima para imponer ideas y que ninguna causa, por importante que alguien considere que es, puede justificar el asesinato de una persona inocente.

Vivimos en un mundo en el que todavía existen guerras, conflictos, discursos de odio, discriminación y violencia. Precisamente por eso necesitamos recuperar algo tan sencillo y tan poderoso como la cultura de paz. Una cultura que no significa permanecer callados ante la injusticia, sino defender la justicia sin convertirnos en aquello que combatimos. Una cultura que entiende que la dignidad humana no tiene nacionalidad, religión ni ideología y que los derechos humanos pertenecen a todas las personas, también cuando resulta difícil defenderlos.

Hoy debemos acordarnos especialmente de quienes ya no pueden estar aquí, de quienes sobrevivieron con heridas que quizá nunca desaparecerán y de todas aquellas familias que tuvieron que aprender a convivir con una ausencia que jamás eligieron. Merecen memoria, justicia, reparación y, sobre todo, algo que nunca debería faltarles: nuestra humanidad.

Porque frente al terrorismo no podemos responder con más odio. Frente al fanatismo no podemos abandonar nuestros principios. Frente al miedo no podemos renunciar a la libertad. Y frente a quienes pretenden convencernos de que la violencia es inevitable, tenemos que demostrar que existe otro camino. El camino de la paz, de la justicia, de la solidaridad y de los derechos humanos.

Recordar a las víctimas del terrorismo es mucho más que mirar hacia el pasado. Es decirle al presente que ninguna vida es prescindible y decirle al futuro que nunca aceptaremos que el miedo, el odio o la barbarie tengan la última palabra.

Porque mientras sigamos defendiendo la dignidad de cada ser humano, mientras sigamos recordando a quienes nos fueron arrebatados y mientras sigamos creyendo en la paz, el terrorismo podrá sembrar dolor, pero nunca conseguirá destruir nuestra humanidad.

Frente al terror, derechos humanos.

Frente al odio, humanidad. 

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Against Hatred and Against Terror

(International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)

Some days are not simply about remembering. They are also about stopping for a moment, looking at the people around us and asking ourselves what kind of society we want to build. Today is one of those days.

Since 2017, the United Nations has observed 21 August as the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, a day to place at the heart of our attention those who have suffered, directly or indirectly, one of the cruelest forms of violence a society can experience.

Talking about terrorism is never easy. Behind that word there are people, families, shattered lives and wounds that are often invisible. There are those who lost their lives, those left with physical or psychological scars and those who, without even being present at the scene of an attack, had to learn to live with the absence of someone they loved. That is why, when we talk about victims of terrorism, we cannot turn them into a number, a statistic or a news story that disappears from the media a few days later. Every victim had a name, a story, a family, dreams and a life that deserved to go on.

Terrorism seeks precisely the opposite. It seeks to spread fear, cause pain and use that fear to pursue particular political, religious or ideological objectives. Its aim is not only to harm the people who are directly attacked. It also seeks to spread fear, make society distrustful, set communities against one another and ultimately allow the threat to shape the way we live. That is one of its greatest victories and, precisely for that reason, our response cannot be limited to pursuing those who commit these acts. We must also protect those who suffer from them and defend the values that terrorism seeks to destroy.

The consequences go far beyond the moment when an attack takes place. The pain remains, as do the families who have to rebuild their lives after losing someone, the people who need years of psychological treatment, those who can no longer do certain things without reliving what happened and entire communities that learn to live with a fear that was not there before. There can also be social and economic consequences, from the loss of trust to job losses, the disruption of economic activity and growing inequality. Terrorism leaves individual wounds, but it can also leave collective ones.

That is why caring for victims must be an obligation, not a one off gesture. They need medical care, but they also need psychological support, financial assistance, social support and, above all, to feel that they are not alone. They need justice, but they also need understanding, and they need us to keep talking about them, not to forget them as time passes and allow their stories to be buried beneath the noise of current affairs.

We must also be absolutely clear that fighting terrorism does not mean having a free pass to violate human rights.Security matters and States have a duty to protect people from violence, but no threat can ever justify torture, arbitrary detention, enforced disappearances, indiscriminate surveillance or any other form of abuse. If, in defending ourselves against terrorism, we end up destroying the freedoms and dignity we are supposed to protect, we will be allowing fear to win.

The response to terrorism cannot be solely a matter for the police or the courts either. It must also be educational and social. The internet and social media have profoundly changed the way hate speech spreads and radicalisation takes place. It is particularly worrying that some teenagers and young people can become trapped by messages that present hatred as a solution, violence as an answer and the elimination of those who are different as a goal. By the time the damage has already been done, it is too late simply to react. We have to act earlier.

Acting earlier means investing in education, equal opportunities, inclusion and societies in which nobody is pushed to the margins. It means teaching our children and young people to think critically, recognise manipulation and understand that no difference in origin, religion, ideology, sexual orientation or any other circumstance makes one person less worthy than another. It also means working to prevent radicalisation and, whenever it is possible and safe to do so, supporting processes of social and family reintegration for those who have turned away from violent paths.

The international community also has a fundamental responsibility. Terrorism knows no borders and, for that reason, preventing and combating it requires cooperation between States, the sharing of information and effective mechanisms to protect victims. But such cooperation must always be governed by the rule of law and respect for fundamental rights. We cannot defend democracy by using methods that contradict the very principles that make democracy worth defending.

Throughout this process, victims’ associations and civil society also play an essential role. They are often the ones who keep alive a memory that the passage of time threatens to turn into silence. But they are also the ones who stand beside people, listen to them and remind us that behind every attack were people who had lives before they were unjustly turned into victims.

Remembering does not mean living trapped in the past. It means learning. It means looking back in the hope that what happened will never happen again. And it means teaching future generations that violence can never become a legitimate tool for imposing ideas and that no cause, however important someone may consider it to be, can ever justify the killing of an innocent person.

We live in a world where wars, conflicts, hate speech, discrimination and violence still exist. That is precisely why we need to recover something as simple and as powerful as a culture of peace. A culture that does not mean remaining silent in the face of injustice, but standing up for justice without becoming what we are fighting against. A culture that understands that human dignity has no nationality, religion or ideology and that human rights belong to everyone, even when defending them is difficult.

Today, we must remember especially those who can no longer be with us, those who survived with wounds that may never disappear and all those families who had to learn to live with an absence they never chose. They deserve remembrance, justice, reparation and, above all, something that should never be taken away from them, our humanity.

Because we cannot respond to terrorism with more hatred. We cannot abandon our principles in the face of fanaticism. We cannot give up our freedom in the face of fear. And when those who seek to convince us that violence is inevitable, we must show them that there is another path. The path of peace, justice, solidarity and human rights.

Remembering the victims of terrorism is about much more than looking to the past. It is about telling the present that no life is expendable and telling the future that we will never accept fear, hatred or barbarism having the final word.

Because as long as we continue to defend the dignity of every human being, as long as we continue to remember those who were taken from us and as long as we continue to believe in peace, terrorism may sow pain, but it will never destroy our humanity.

Against terror, human rights.

Against hatred, humanity.

Ucrania: la guerra que estamos olvidando

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸 – Написано 🇺🇦)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Ucrania lleva demasiado tiempo viviendo bajo las bombas; en agosto de 2026, más de cuatro años después del comienzo de la invasión rusa a gran escala, la guerra no solo no ha terminado, sino que vuelve a mostrar algunos de sus niveles más elevados de violencia contra la población civil. Lo que comenzó en febrero de 2022 como una invasión que pretendía someter rápidamente al país se ha convertido en una guerra prolongada que continúa destruyendo ciudades, hogares, infraestructuras y vidas humanas; una guerra que ha dejado millones de personas desplazadas, familias separadas, niños que han crecido entre sirenas y refugios y una sociedad entera obligada a aprender a sobrevivir mientras intenta defender su independencia.

Ya en 2014 hubo una agresión territorial a Ucrania con la anexión ilegal de la península de Crimea, por lo que toda esta situación viene de lejos. Durante demasiado tiempo hemos hablado de Ucrania como si el paso del tiempo hubiese reducido la gravedad de lo que está ocurriendo. Como si después de cuatro años de guerra las bombas dolieran menos, las ciudades destruidas fueran menos importantes o las personas asesinadas fueran simplemente una cifra más dentro de una estadística interminable. Pero la guerra no se vuelve menos terrible porque nos hayamos acostumbrado a ella; la repetición del horror no lo convierte en normalidad. Y las cifras más recientes deberían obligarnos a recuperar la capacidad de indignarnos. Naciones Unidas documentó al menos 437 civiles muertos y 2.610 heridos durante julio de 2026, convirtiéndolo en el mes con más civiles muertos en Ucrania desde mayo de 2022; además, 17 niños murieron y 166 resultaron heridos, la cifra mensual de víctimas infantiles más elevada desde abril de 2022.

Detrás de esos números hay personas. Hay una madre que recibe una llamada que nunca debería recibir; un niño que no volverá a su colegio; una familia que duerme lejos de su casa porque su ciudad ha sido bombardeada; una persona mayor que contempla cómo desaparece el lugar en el que ha vivido durante décadas. Hay hospitales, escuelas, viviendas, centrales energéticas y otras infraestructuras esenciales que han sido dañadas o destruidas; hay personas que intentan reconstruir sus vidas mientras siguen escuchando el sonido de los drones y los misiles. Y hay también una población que, pese a todo, continúa resistiendo y defendiendo algo que debería parecernos elemental: su derecho a existir como sociedad libre y soberana.

La situación actual demuestra, además, que no estamos ante una guerra que se esté apagando lentamente. Durante los últimos meses Rusia ha intensificado el empleo de misiles, drones y bombas aéreas contra ciudades y zonas alejadas del frente; según Naciones Unidas, las armas de largo alcance, especialmente misiles y drones, fueron responsables del 38 % de las víctimas civiles registradas en julio. Las autoridades ucranianas siguen reclamando más sistemas de defensa aérea mientras los ataques alcanzan Kyiv, Járkiv, Zaporiyia, Jersón, Krivói Rog y otras localidades; en agosto, nuevos ataques rusos han continuado provocando víctimas civiles y daños en infraestructuras esenciales.

Y mientras las bombas siguen cayendo, la diplomacia continúa intentando encontrar una salida. Ucrania ha presentado propuestas destinadas a avanzar hacia el final de la guerra y se han producido distintos esfuerzos de negociación, pero hasta agosto de 2026 no se ha alcanzado un acuerdo capaz de poner fin al conflicto. Incluso iniciativas destinadas a reducir la violencia en el mar Negro continúan encontrando obstáculos; Rusia rechazó recientemente la posibilidad de establecer un alto el fuego en esa zona, mientras Ucrania ha planteado detener los ataques contra buques civiles.

Es aquí donde aparece una de las cuestiones fundamentales que no podemos perder de vista: la paz no puede significar simplemente que Ucrania deje de defenderse mientras Rusia conserva la posibilidad de imponer por la fuerza las condiciones de esa paz. Un alto el fuego puede ser necesario para detener las muertes y abrir el camino hacia una solución política, pero una paz duradera necesita garantías; necesita respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, proteger a la población civil y garantizar que quienes hayan cometido crímenes internacionales puedan responder ante la justicia. La paz no debería ser simplemente la ausencia temporal de disparos; debería ser la posibilidad real de que una sociedad pueda vivir sin miedo a que la violencia vuelva a decidir su futuro.

Porque Ucrania no está defendiendo únicamente unas fronteras dibujadas sobre un mapa. Está defendiendo su derecho a decidir qué quiere ser, qué instituciones quiere tener, qué alianzas quiere establecer y qué futuro quiere construir. La independencia de un Estado no puede depender de que otro Estado considere conveniente respetarla; la soberanía no es una concesión que una potencia pueda retirar cuando decide que sus intereses están en juego. Ningún país debería tener derecho a decidir por la fuerza el futuro de otro.

Esto tampoco significa que debamos romantizar la guerra. No hay nada heroico en una madre que tiene que esconderse de un ataque aéreo, en un niño que aprende a reconocer una sirena antes que una canción o en una familia que abandona su casa con lo que puede llevar en una bolsa. La guerra significa muerte, mutilación, miedo, desplazamiento y pérdida; también significa trauma, pobreza, destrucción de oportunidades y generaciones enteras marcadas por experiencias que ninguna persona debería tener que vivir.

Por eso Ucrania necesita algo más que titulares cuando se produce un gran ataque. Necesita que la comunidad internacional mantenga su compromiso con la protección de la población civil y con el Derecho Internacional; necesita ayuda humanitaria, reconstrucción, protección de sus infraestructuras y apoyo para que sus ciudadanos puedan regresar algún día a sus hogares en condiciones de seguridad; y necesita que los crímenes cometidos durante esta guerra sean investigados y, cuando existan pruebas suficientes, perseguidos judicialmente. La Unión Europea continúa manteniendo sanciones contra Rusia y ha seguido ampliando las medidas dirigidas contra personas y entidades vinculadas al aparato militar ruso; en agosto de 2026 volvió a adoptar nuevas designaciones en respuesta a la agresión y a los ataques contra civiles e infraestructuras.

Pero también necesita que nosotros no nos acostumbremos. Porque quizá una de las victorias más peligrosas de cualquier guerra sea conseguir que quienes observamos desde lejos dejemos de mirar. Que una nueva ofensiva apenas nos sorprenda; que otro edificio destruido se convierta en una imagen más; que otro niño muerto se incorpore a una cifra que olvidaremos al día siguiente. La indiferencia también puede convertirse en una forma de abandono.

Ucrania no debería tener que competir por nuestra atención con ninguna otra tragedia del mundo. No necesita que olvidemos a Gaza, a Sudán, a Siria o a cualquier otra población que esté sufriendo para que volvamos a preocuparnos por ella; necesita que entendamos precisamente lo contrario, que la defensa de los Derechos Humanos no funciona mediante una competición entre víctimas. Podemos y debemos denunciar todas las injusticias; podemos defender a Palestina y a Ucrania al mismo tiempo; podemos condenar la invasión rusa y, al mismo tiempo, exigir el respeto de los derechos del pueblo palestino. Una víctima no deja de merecer justicia porque exista otra víctima en otro lugar.

Hay que decirlo con toda claridad: Ucrania no puede convertirse en una guerra olvidada. No podemos aceptar que cuatro años de conflicto hayan convertido la invasión, la ocupación, los bombardeos y la muerte de civiles en algo cotidiano; no podemos permitir que el cansancio sustituya a la solidaridad ni que la costumbre sustituya a la indignación. La paz debe llegar, pero debe ser una paz que permita a Ucrania seguir existiendo como un país libre, soberano y capaz de decidir su propio futuro.

Porque detrás de cada frontera hay personas; detrás de cada ciudad destruida hay hogares; detrás de cada estadística hay una vida que no volverá; y detrás de cada niño que sobrevive a una guerra queda una pregunta que algún día tendremos que responder: ¿qué hicimos cuando sabíamos que todo esto estaba ocurriendo?

Ucrania no necesita nuestra compasión durante unos días o cuando sale alguna noticia en el telediario; lo que necesita es que no la olvidemos.

Necesita justicia, necesita libertad y necesita paz.

Y necesita que el mundo siga mirando.

Pero está dejando de hacerlo.

Poco a poco.

🇬🇧ENGLISH🇬🇧🇺🇸
Ukraine: the war we are forgetting

Ukraine has been living under the bombs for far too long. In August 2026, more than four years after the beginning of Russia’s full scale invasion, the war has not only failed to end, but is once again showing some of its highest levels of violence against the civilian population. What began in February 2022 as an invasion intended to subjugate the country quickly has become a prolonged war that continues to destroy cities, homes, infrastructure and human lives. It is a war that has left millions of people displaced, families separated, children who have grown up among sirens and shelters, and an entire society forced to learn how to survive while attempting to defend its independence.

As early as 2014, there was a territorial aggression against Ukraine with the illegal annexation of the Crimean Peninsula, so this whole situation goes back a long way. For far too long, we have spoken about Ukraine as though the passage of time had reduced the seriousness of what is happening. As though after four years of war the bombs hurt less, destroyed cities mattered less, or murdered people were simply another figure in an endless statistic. But war does not become less terrible because we have grown accustomed to it. The repetition of horror does not turn it into normality. And the latest figures should force us to recover our capacity for outrage. The United Nations documented at least 437 civilians killed and 2,610 injured during July 2026, making it the month with the highest number of civilian deaths in Ukraine since May 2022. In addition, 17 children were killed and 166 injured, making it the month with the highest number of child casualties since April 2022.

Behind those numbers there are people. There is a mother receiving a call she should never have to receive. There is a child who will never return to school. There is a family sleeping far from home because their city has been bombed. There is an elderly person watching the place where they have lived for decades disappear before their eyes. There are hospitals, schools, homes, energy facilities and other essential infrastructure that have been damaged or destroyed. There are people trying to rebuild their lives while continuing to hear the sound of drones and missiles. And there is also a population that, despite everything, continues to resist and defend something that should seem fundamental to all of us, its right to exist as a free and sovereign society.

The current situation also demonstrates that this is not a war that is slowly fading away. In recent months Russia has intensified its use of missiles, drones and aerial bombs against cities and areas far from the front line. According to the United Nations, long range weapons, particularly missiles and drones, were responsible for 38 per cent of the civilian casualties recorded in July. The Ukrainian authorities continue to call for more air defence systems as attacks reach Kyiv, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Kryvyi Rih and other towns and cities. In August, further Russian attacks have continued to cause civilian casualties and damage to essential infrastructure.

And while the bombs continue to fall, diplomacy continues to search for a way out. Ukraine has put forward proposals aimed at moving towards an end to the war, and various negotiating efforts have taken place, but as of August 2026 no agreement capable of ending the conflict has been reached. Even initiatives intended to reduce violence in the Black Sea continue to encounter obstacles. Russia recently rejected the possibility of establishing a ceasefire in the area, while Ukraine has proposed halting attacks on civilian vessels.

This is where one of the fundamental issues that we must not lose sight of emerges. Peace cannot simply mean that Ukraine stops defending itself while Russia retains the ability to impose the terms of that peace by force. A ceasefire may be necessary to stop the deaths and open the way towards a political solution, but lasting peace requires guarantees. It requires respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, protection for the civilian population, and guarantees that those who have committed international crimes can be held accountable before the law. Peace should not simply be the temporary absence of gunfire. It should be the genuine possibility for a society to live without fear that violence will once again determine its future.

Because Ukraine is not merely defending borders drawn on a map. It is defending its right to decide what it wants to be, what institutions it wants to have, what alliances it wants to establish and what future it wants to build. A state’s independence cannot depend on another state deciding that it is convenient to respect it. Sovereignty is not a concession that a great power can withdraw whenever it decides that its interests are at stake. No country should have the right to decide by force the future of another.

This does not mean that we should romanticise war either. There is nothing heroic about a mother having to hide from an air raid, a child learning to recognise a siren before a song, or a family leaving its home with whatever they can carry in a bag. War means death, mutilation, fear, displacement and loss. It also means trauma, poverty, destroyed opportunities and entire generations marked by experiences that no human being should ever have to endure.

That is why Ukraine needs more than headlines when a major attack takes place. It needs the international community to maintain its commitment to protecting civilians and upholding International Law. It needs humanitarian assistance, reconstruction, protection for its infrastructure and support so that its citizens can one day return to their homes in safety. And it needs the crimes committed during this war to be investigated and, where sufficient evidence exists, prosecuted. The European Union continues to maintain sanctions against Russia and has continued to expand measures targeting individuals and entities linked to the Russian military apparatus. In August 2026 it once again adopted new designations in response to the aggression and attacks against civilians and infrastructure.

But it also needs us not to become accustomed to it. Because perhaps one of the most dangerous victories of any war is to make those of us watching from afar stop looking. For a new offensive to barely surprise us. For another destroyed building to become just another image. For another dead child to become another figure that we forget the following day. Indifference can also become a form of abandonment.

Ukraine should not have to compete for our attention with any other tragedy in the world. It does not need us to forget Gaza, Sudan, Syria or any other population that is suffering in order for us to care about it again. It needs us to understand precisely the opposite, that the defence of Human Rights does not operate through a competition between victims. We can and must condemn every injustice. We can defend Palestine and Ukraine at the same time. We can condemn the Russian invasion while also demanding respect for the rights of the Palestinian people. One victim does not cease to deserve justice simply because there is another victim somewhere else.

It must be said with complete clarity: Ukraine cannot become a forgotten war. We cannot accept that four years of conflict have turned invasion, occupation, bombing and the killing of civilians into something ordinary. We cannot allow fatigue to replace solidarity or familiarity to replace outrage. Peace must come, but it must be a peace that allows Ukraine to continue to exist as a free and sovereign country, capable of deciding its own future.

Because behind every border there are people. Behind every destroyed city there are homes. Behind every statistic there is a life that will never return. And behind every child who survives a war there remains a question that one day we will have to answer: What did we do when we knew that all of this was happening?

Ukraine does not need our compassion for a few days or whenever a story appears on the evening news. What it needs is for us not to forget it.

It needs justice, it needs freedom and it needs peace.

And it needs the world to keep looking.

But we are starting to look away.

Little by little.

🇺🇦УКРАЇ́НСЬКА🇺🇦
Україна: війна, яку ми забуваємо

Україна надто довго живе під бомбами. У серпні 2026 року, більш ніж через чотири роки після початку повномасштабного російського вторгнення, війна не лише не закінчилася, а й знову демонструє один із найвищих рівнів насильства щодо цивільного населення. Те, що почалося в лютому 2022 року як вторгнення, покликане швидко підкорити країну, перетворилося на затяжну війну, яка продовжує руйнувати міста, будинки, інфраструктуру та людські життя. Це війна, яка змусила мільйони людей залишити свої домівки, розлучила сім’ї, прирекла дітей на дорослішання серед сирен і укриттів та змусила ціле суспільство вчитися виживати, водночас захищаючи свою незалежність.

Ще у 2014 році відбулася територіальна агресія проти України з незаконною анексією Кримського півострова, тож уся ця ситуація триває вже давно. Надто довго ми говорили про Україну так, ніби плин часу зменшив тяжкість того, що відбувається. Ніби після чотирьох років війни бомби болять менше, зруйновані міста стали менш важливими, а вбиті люди перетворилися лише на ще одну цифру в нескінченній статистиці. Але війна не стає менш жахливою лише тому, що ми до неї звикли. Повторення жаху не перетворює його на норму. І найновіші цифри повинні змусити нас знову відчути обурення. За даними Організації Об’єднаних Націй, протягом липня 2026 року загинули щонайменше 437 цивільних осіб і 2610 були поранені, що зробило цей місяць найбільш смертоносним для цивільного населення України з травня 2022 року. Крім того, загинули 17 дітей і 166 були поранені, що стало найвищою щомісячною кількістю дитячих жертв з квітня 2022 року.

За цими цифрами стоять люди. Мати, яка отримує дзвінок, якого вона ніколи не повинна була отримувати. Дитина, яка більше не повернеться до школи. Сім’я, яка спить далеко від свого дому, тому що її місто зазнало бомбардування. Літня людина, яка бачить, як зникає місце, де вона прожила десятиліття. Лікарні, школи, житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша життєво важлива інфраструктура, які були пошкоджені або зруйновані. Люди, які намагаються відбудувати своє життя, продовжуючи чути звуки дронів і ракет. І водночас є ціле населення, яке, попри все, продовжує чинити опір і захищати те, що мало б здаватися нам елементарним, своє право існувати як вільне та суверенне суспільство.

Сьогоднішня ситуація також свідчить про те, що ми не є свідками війни, яка поступово згасає. Протягом останніх місяців Росія посилила застосування ракет, безпілотників та авіаційних бомб проти міст і районів, віддалених від лінії фронту. За даними Організації Об’єднаних Націй, далекобійна зброя, особливо ракети та безпілотники, стала причиною 38 відсотків цивільних жертв, зафіксованих у липні. Українська влада продовжує закликати до надання додаткових систем протиповітряної оборони, оскільки удари досягають Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Кривого Рогу та інших населених пунктів. У серпні нові російські атаки продовжили спричиняти загибель і поранення цивільних та завдавати шкоди життєво важливій інфраструктурі.

І поки бомби продовжують падати, дипломатія продовжує шукати вихід. Україна представила пропозиції, спрямовані на просування до завершення війни, і відбулися різні переговорні ініціативи, однак станом на серпень 2026 року не було досягнуто угоди, здатної покласти край конфлікту. Навіть ініціативи, спрямовані на зменшення насильства в Чорному морі, продовжують стикатися з перешкодами. Росія нещодавно відкинула можливість встановлення припинення вогню в цьому районі, тоді як Україна запропонувала припинити атаки на цивільні судна.

Саме тут постає одне з фундаментальних питань, про яке ми не можемо забувати. Мир не може означати лише те, що Україна припинить захищатися, тоді як Росія збереже можливість нав’язувати умови цього миру силою. Припинення вогню може бути необхідним для того, щоб зупинити загибель людей і відкрити шлях до політичного врегулювання, але тривалий мир потребує гарантій. Він потребує поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, захисту цивільного населення і гарантій того, що особи, які вчинили міжнародні злочини, будуть притягнуті до відповідальності перед правосуддям. Мир не повинен бути лише тимчасовою відсутністю пострілів. Він має означати реальну можливість для суспільства жити без страху, що насильство знову визначатиме його майбутнє.

Адже Україна захищає не лише кордони, накреслені на карті. Вона захищає своє право вирішувати, якою вона хоче бути, які інституції хоче мати, які союзи хоче укладати та яке майбутнє хоче будувати. Незалежність держави не може залежати від того, чи вважатиме інша держава за доцільне її поважати. Суверенітет не є поступкою, яку велика держава може відкликати щоразу, коли вирішує, що на кону стоять її інтереси. Жодна країна не повинна мати права силою визначати майбутнє іншої країни.

Це також не означає, що ми повинні романтизувати війну. Немає нічого героїчного в матері, яка змушена ховатися від повітряної атаки, у дитині, яка вчиться розпізнавати сирену раніше, ніж пісню, або в сім’ї, яка залишає свій дім із тим, що може винести в одній сумці. Війна означає смерть, каліцтво, страх, вимушене переміщення та втрати. Вона також означає травму, бідність, знищення можливостей і цілі покоління, позначені досвідом, якого жодна людина не повинна була б зазнавати.

Саме тому Україні потрібно більше, ніж заголовки щоразу, коли відбувається масштабна атака. Їй потрібно, щоб міжнародна спільнота зберігала свою відданість захисту цивільного населення та дотриманню міжнародного права. Їй потрібні гуманітарна допомога, відбудова, захист інфраструктури та підтримка, щоб її громадяни одного дня могли безпечно повернутися до своїх домівок. І потрібно, щоб злочини, скоєні під час цієї війни, розслідувалися і, за наявності достатніх доказів, переслідувалися в судовому порядку. Європейський Союз продовжує застосовувати санкції проти Росії та розширювати заходи, спрямовані проти осіб і організацій, пов’язаних із російським військовим апаратом. У серпні 2026 року він знову запровадив нові санкційні заходи у відповідь на агресію та атаки проти цивільного населення й інфраструктури.

Але Україні також потрібно, щоб ми не звикали до цього. Адже, можливо, однією з найнебезпечніших перемог будь якої війни є здатність змусити тих, хто спостерігає здалеку, перестати дивитися. Щоб новий наступ майже не дивував нас. Щоб ще одна зруйнована будівля перетворилася на чергове зображення. Щоб ще одна загибла дитина стала ще однією цифрою, про яку ми забудемо наступного дня. Байдужість також може перетворитися на форму покинутості.

Україна не повинна конкурувати за нашу увагу з жодною іншою трагедією у світі. Їй не потрібно, щоб ми забували про Газу, Судан, Сирію чи будь яке інше населення, яке страждає, щоб знову почати про неї піклуватися. Їй потрібно, щоб ми зрозуміли протилежне, що захист прав людини не ґрунтується на конкуренції між жертвами. Ми можемо і повинні засуджувати всі прояви несправедливості. Ми можемо одночасно захищати Палестину та Україну. Ми можемо засуджувати російське вторгнення і водночас вимагати поваги до прав палестинського народу. Жертва не перестає заслуговувати на справедливість лише тому, що десь в іншому місці є інша жертва.

Це потрібно сказати абсолютно чітко. Україна не може перетворитися на забуту війну. Ми не можемо змиритися з тим, що чотири роки конфлікту перетворили вторгнення, окупацію, бомбардування та загибель цивільних на щось повсякденне. Ми не можемо дозволити, щоб втома замінила солідарність, а звичка замінила обурення. Мир має настати, але це повинен бути мир, який дозволить Україні продовжувати існувати як вільній, суверенній державі, здатній самостійно визначати власне майбутнє.

Бо за кожним кордоном стоять люди. За кожним зруйнованим містом стоять домівки. За кожною статистичною цифрою стоїть життя, яке вже ніколи не повернеться. А за кожною дитиною, яка пережила війну, залишається запитання, на яке одного дня нам доведеться відповісти. Що ми робили, коли знали, що все це відбувається?

Україна не потребує нашого співчуття на кілька днів або лише тоді, коли якась новина з’являється у вечірньому випуску новин. Їй потрібно, щоб ми її не забували.

Їй потрібні справедливість, свобода і мир.

І їй потрібно, щоб світ продовжував дивитися.

Але світ починає відвертатися.

Поступово.