(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷) 

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Hay temas en los que la sociedad siempre avanza más rápido que las instituciones. Y luego está el caso de las denominadas “terapias de conversión”, donde la evidencia científica, el consenso profesional y los derechos humanos llevan años diciendo lo mismo mientras la política va dando pasos cortos, dubitativos y, a veces, desesperadamente lentos.

Para entender bien el debate hay que empezar por lo más básico. Las llamadas “terapias de conversión” no son terapias en absoluto. No curan nada porque la orientación sexual o la identidad de género no son enfermedades. Son prácticas, muchas veces encubiertas bajo lenguaje religioso, psicológico o de “acompañamiento espiritual”, cuyo objetivo es intentar modificar la orientación o identidad de una persona. Y eso, en la práctica, significa presión, culpabilización, manipulación emocional y, en muchos casos, un auténtico daño a nivel físico y psicológico.

A modo de ejemplo, en España, aunque el Código Penal no menciona expresamente estas prácticas, sí existen figuras jurídicas que podrían aplicarse en determinados casos. Dependiendo de cómo se desarrollen, podrían encajar en delitos contra la integridad moral, coacciones, lesiones psíquicas o trato degradante. Incluso en escenarios extremos, si hay sufrimiento grave y sistemático, algunos juristas han planteado que podrían rozar supuestos muy graves de vulneración de derechos fundamentales, es decir, de prácticas de tortura.

El problema es precisamente ese, que todo depende del encaje. No hay un tipo penal específico que diga de forma clara “esto es delito”. Y cuando algo tan grave depende de interpretaciones, lo que aparece es inseguridad jurídica, dificultades probatorias y, en la práctica, una protección desigual. No es lo mismo un caso evidente de abuso en un entorno cerrado que una supuesta “terapia” disfrazada de acompañamiento religioso o “coaching emocional”. Y esa ambigüedad juega a favor de quienes realizan estas prácticas totalmente aberrantes. Por eso, muchos juristas (entre los que me incluyo), asociaciones profesionales y organizaciones de derechos humanos llevan años pidiendo algo bastante sencillo de entender y que no es otra cosa sino una prohibición clara, expresa y específica. No porque el sistema no tenga herramientas, sino porque esas herramientas son insuficientes cuando el fenómeno se camufla con tanta facilidad.

De forma paralela, otros organismos internacionales han sido bastante contundentes. La Organización Mundial de la Salud dejó claro hace décadas que la homosexualidad no es una enfermedad, desmontando el único supuesto “fundamento” que estas prácticas dicen tener. Y tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa han advertido en repetidas ocasiones de los efectos profundamente dañinos de estas prácticas, llegando a relacionarlas con tratos degradantes e incluso formas de violencia psicológica grave y actos de tortura.

Bajo ese contexto, era lógico pensar que la Unión Europea daría un paso firme y contundente. Pero aquí es donde empieza la parte más frustrante del asunto. La Comisión Europea ha condenado públicamente las terapias de conversión y ha afirmado que no tienen cabida en la Unión. Eso, sobre el papel, suena muy bien porque supone una posición clara. Pero cuando se analiza la decisión concreta, la realidad es bastante distinta. Porque LO QUE HA HECHO LA COMISIÓN ES RECHAZAR EL IMPULSO DE UNA PROHIBICIÓN LEGAL VINCULANTE A NIVEL EUROPEO, es decir, de una norma que obligue a todos los Estados miembros a prohibir estas prácticas de forma homogénea y clara en toda la Unión Europea. 

En su lugar, ha optado por una recomendación no vinculante, con la promesa de volver al tema en el futuro, quizá en 2027. Y aquí es donde aparece el problema de fondo. ¿Por qué? Porque la diferencia esencial en todo esto está entre, por un lado, condenar algo y, por otro, actuar de forma efectiva contra aquello que se condena. Porque una recomendación, por muy bien redactada que esté, no obliga a nada, no armoniza legislaciones ni tampoco genera un estándar común de protección. Por tanto, no evita que haya países dentro de la propia Unión donde estas prácticas sigan sin una prohibición específica o donde la persecución sea más débil o inexistente.

La Comisión Europea, como institución comunitaria, se ampara en argumentos de competencia jurídica y en la dificultad política de ampliar el llamado “catálogo de eurodelitos”. Es cierto que el Derecho penal sigue siendo una competencia muy sensible de los Estados porque se considera un asunto propio de la “soberanía del Estado”. Por eso, cualquier avance en este terreno requiere consenso y esto en la Unión Europea no siempre es fácil, especialmente en temas sociales.

Es justo aquí donde la postura adoptada por la Comisión empieza a chirriar. Cuando una institución europea de más alto nivel reconoce que algo es gravemente dañino, pero decide no actuar con la contundencia necesaria porque “es complicado políticamente”, lo que transmite es una forma de prudencia que roza la inacción. Dicho de otra manera, la forma de actuar de la Comisión Europea ha sido como una especie de actuación “a medio gas”. Y en temas de derechos humanos, ir «a medio gas» no es neutral, sino una posición en sí misma. Porque mientras se debate, mientras se redactan recomendaciones y mientras se esperan futuros informes, estas prácticas siguen existiendo y siguen afectando a personas, muchas de ellas menores de edad, en contextos religiosos, familiares o sociales muy duros donde el rechazo y la presión son muy difíciles de resistir.

La consecuencia de todo esto es que, una vez más, el resultado es una Europa desigual. Algunos países han avanzado hacia prohibiciones mucho más claras o amplias, otros han optado por regulaciones administrativas y otros prácticamente no tienen mecanismos específicos para abordar estas prácticas. Esa fragmentación de criterios crea un mapa de protección muy irregular dentro de un mismo espacio político que se presenta como “garante de derechos fundamentales”. Y ahí está la contradicción principal e incomprensible. Porque si la Unión Europea se define a sí misma como un espacio de valores, de derechos y de dignidad humana, cuando llega el momento de convertir esos valores en normas concretas, vinculantes y homogéneas, no puede actuar desde una cautela excesiva, el cálculo político quirúrgicamente estudiado o la mera renuncia a una armonización que es totalmente necesaria. No se trata de negar la complejidad institucional del sistema europeo, porque es evidente que no todo puede legislarse desde Bruselas de forma automática, pero también es evidente que hay ámbitos donde la fragmentación legal deja huecos extremadamente peligrosos. Y las terapias de conversión son uno de esos casos.

Hay que recordar que no estamos hablando de una cuestión simbólica o de un debate cultural abstracto o complejo, sino de prácticas que buscan modificar a las personas desde la negación de su propia identidad, con consecuencias psicológicas documentadas y con un historial ampliamente criticado por la comunidad científica. Por eso, la sensación que deja la decisión de la Comisión es my incómoda. Y no por lo que dice, sino por lo que evita decir con claridad jurídica. 

Reconocer la existencia del problema sin dotarlo de una respuesta normativa fuerte es, en la práctica, dejarlo en una zona gris. Y las zonas grises, en derechos fundamentales, casi nunca juegan a favor de quien está en situación de vulnerabilidad. Es más, para muchas personas es cuestión de vida o muerte, porque no son pocos los casos de situaciones de suicidio o muerte involuntaria (o no) de personas que han sido sometidas a este tipo de, digámoslo claramente, torturas (me niego a usar la palabra «terapia»). 

Así que, el debate ya no es solo si la Unión Europea debe o no legislar sobre esto, sino qué significa realmente erigirse como protectora de los derechos humanos en un espacio común para luego permanecer en un segundo plano para no provocar roces que puedan poner en juego la estabilidad de la Unión a costa de los derechos de aquellas personas que tienen derecho absoluto a ser, a existir y amar libremente. Así que, si la respuesta es que la protección real va a depender del país donde te toque vivir, entonces el concepto mismo de ciudadanía europea se queda cojo o, tal vez, ni siquiera existe más allá de la libre circulación de capitales, bienes y servicios.

Al final, queda una gran pregunta flotando en el aire. Y esa pregunta no es otra que si sabemos que estas prácticas son dañinas, si existe consenso científico, si existen denuncias constantes y si los organismos internacionales llevan años alertando, ¿qué justifica exactamente seguir esperando? ¿Cuántas personas en Europa han de sufrir e, incluso, morir con motivo de estas prácticas? ¿Por qué no se protege a toda la población europea por igual de cualquier acto degradante y de tortura?

A veces, lo que se presenta como prudencia institucional no es más que una forma elegante de no querer llegar del todo. Y cuando hablamos de derechos humanos, el tiempo no es neutral. Cada retraso tiene consecuencias reales.

Entre la dignidad reconocida y la protección incompleta se juega la diferencia entre decir lo correcto y hacerlo de verdad. Y Europa no puede seguir mirando de perfil.

La protección de los derechos fundamentales no admite excusas.

Y la dignidad no puede esperar.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Between Condemnation and Half Measures

There are some issues where society always moves faster than institutions. Then there is the case of so called “conversion therapies”, where scientific evidence, professional consensus and human rights organisations have spent years saying exactly the same thing while politics continues to move in short, hesitant and, at times, desperately slow steps.

To properly understand this debate, it is necessary to begin with the very basics. So called “conversion therapies” are not therapies at all. They cure nothing because sexual orientation and gender identity are not illnesses. They are practices, often disguised through religious, psychological or “spiritual guidance” language, whose objective is to alter a person’s orientation or identity. In practice, this means pressure, guilt, emotional manipulation and, in many cases, genuine physical and psychological harm.

By way of example, in Spain, although the Criminal Code does not explicitly mention these practices, there are legal provisions that could apply in certain cases. Depending on how they are carried out, they could fall under offences against moral integrity, coercion, psychological injury or degrading treatment. In extreme situations, where severe and systematic suffering is involved, some legal scholars have argued that such practices could verge on very serious violations of fundamental rights, in other words, acts amounting to torture.

That is precisely the problem because everything depends on legal interpretation. There is no specific criminal offence clearly stating that “this is a crime”. And when something this serious depends on interpretation, the result is legal uncertainty, evidential difficulties and, in practice, unequal protection. An obvious case of abuse in a closed environment is not the same as a supposed “therapy” disguised as religious counselling or “emotional coaching”. And that ambiguity works in favour of those who carry out these utterly abhorrent practices. That is why many legal scholars, myself included, professional associations and human rights organisations have spent years calling for something relatively simple and entirely reasonable, namely a clear, explicit and specific prohibition. Not because the legal system lacks tools, but because those tools are insufficient when the phenomenon can so easily disguise itself.

At the same time, other international organisations have been remarkably clear. The World Health Organisation made it clear decades ago that homosexuality is not an illness, dismantling the only supposed “foundation” these practices claim to have. Both the United Nations and the Council of Europe have repeatedly warned about the profoundly harmful effects of these practices, even linking them to degrading treatment, severe psychological violence and acts of torture.

Against this background, it was logical to believe that the European Union would take a firm and decisive step forward. Yet this is where the most frustrating part of the matter begins. The European Commission has publicly condemned conversion therapies and stated that they have no place within the Union. On paper, that sounds very positive because it represents a clear position. However, once the actual decision is examined, the reality looks rather different. WHAT THE COMMISSION HAS DONE IS REJECT THE PUSH FOR A BINDING LEGAL BAN AT EUROPEAN LEVEL, in other words, a law that would require every Member State to prohibit these practices clearly and uniformly throughout the European Union.

Instead, it has chosen a non binding recommendation, accompanied by a promise to revisit the matter in the future, perhaps in 2027. And this is where the core problem emerges. Why? Because there is a fundamental difference between condemning something and genuinely acting against it. A recommendation, no matter how carefully written, imposes no obligation, harmonises no legislation and creates no common standard of protection. Consequently, it does nothing to prevent there being countries within the Union where these practices still lack a specific prohibition or where enforcement remains weak or entirely absent.

The European Commission, as a European institution, justifies its position through arguments relating to legal competence and the political difficulty of expanding the so called “catalogue of Eurocrimes”. It is true that criminal law remains an extremely sensitive area for Member States because it is considered closely linked to national sovereignty. That is why any progress in this field requires consensus, and within the European Union consensus is not always easy to achieve, particularly on social matters.

This is precisely where the Commission’s position begins to ring hollow. When a leading European institution recognises that something is profoundly harmful, yet chooses not to act decisively because it is “politically complicated”, what it conveys is a form of caution bordering on inaction. Put more plainly, the European Commission’s response has amounted to little more than operating at half speed. And when it comes to human rights, operating at half speed is not neutral. It is a position in itself. While debates continue, while recommendations are drafted and while future reports are awaited, these practices continue to exist and continue to affect people, many of them minors, in harsh religious, family or social environments where rejection and pressure can be incredibly difficult to withstand.

The consequence of all this is that, once again, the result is an unequal Europe. Some countries have moved towards much clearer or broader prohibitions, others have opted for administrative regulations and others still have virtually no specific mechanisms for addressing these practices. This fragmentation creates an extremely uneven landscape of protection within a single political space that presents itself as a “guarantor of fundamental rights”. And therein lies the main and deeply incomprehensible contradiction. If the European Union defines itself as a space built upon values, rights and human dignity, then when the time comes to transform those values into concrete, binding and uniform laws, it cannot act through excessive caution, surgically calculated political convenience or simple refusal to pursue the harmonisation that is clearly necessary. This is not about denying the institutional complexity of the European system, because it is obvious that not everything can be legislated automatically from Brussels. However, it is equally obvious that there are areas where legal fragmentation leaves extremely dangerous gaps. Conversion therapies are unquestionably one of those cases.

It must be remembered that we are not talking about a symbolic issue or some abstract cultural debate. We are talking about practices designed to alter people through the denial of their very identity, practices whose psychological consequences are well documented and whose history has been widely condemned by the scientific community. That is why the Commission’s decision leaves such a profoundly uncomfortable feeling behind. Not because of what it says, but because of what it avoids saying with legal clarity.

Recognising the existence of a problem without providing a strong legal response effectively leaves it trapped within a grey area. And grey areas in matters of fundamental rights rarely favour those in vulnerable situations. Indeed, for many people this is literally a matter of life and death, because there have been numerous cases involving suicide or the involuntary, or perhaps not entirely involuntary, deaths of people subjected to what should quite plainly be called torture. I refuse to call it “therapy”.

Therefore, the debate is no longer simply about whether the European Union should legislate on this matter. The real question is what it truly means to present oneself as a defender of human rights within a common European space, only to remain in the background in order to avoid tensions that might threaten the Union’s stability at the expense of people who possess an absolute right to be themselves, to exist and to love freely. If real protection ultimately depends on the country in which one happens to live, then the very concept of European citizenship becomes incomplete or perhaps does not truly exist beyond the free movement of capital, goods and services.

In the end, one great question continues to hang in the air. If we know these practices are harmful, if scientific consensus exists, if complaints continue to emerge and if international organisations have spent years sounding the alarm, what exactly justifies continuing to wait? How many people in Europe must suffer or even die because of these practices? Why is the entire European population not protected equally against degrading treatment and torture?

Sometimes what is presented as institutional prudence is nothing more than an elegant way of refusing to go far enough. And when we speak about human rights, time is never neutral. Every delay carries real consequences.

Between recognised dignity and incomplete protection lies the difference between merely saying the right thing and genuinely doing it. And Europe cannot continue looking the other way.

The protection of fundamental rights admits no excuses.

And dignity cannot wait.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲
Tra la condanna e la tiepidezza

Ci sono temi nei quali la società avanza sempre più rapidamente delle istituzioni. E poi c’è il caso delle cosiddette “terapie di conversione”, in cui le prove scientifiche, il consenso professionale e i diritti umani ripetono la stessa cosa da anni mentre la politica continua a procedere con passi piccoli, esitanti e, a volte, disperatamente lenti.

Per comprendere davvero questo dibattito bisogna partire dalle basi. Le cosiddette “terapie di conversione” non sono affatto terapie. Non curano nulla perché l’orientamento sessuale o l’identità di genere non sono malattie. Si tratta di pratiche spesso mascherate attraverso linguaggi religiosi, psicologici o di “accompagnamento spirituale”, il cui obiettivo è modificare l’orientamento o l’identità di una persona. E questo, nella pratica, significa pressione, colpevolizzazione, manipolazione emotiva e, in molti casi, un autentico danno fisico e psicologico.

A titolo di esempio, in Spagna, anche se il Codice Penale non menziona espressamente queste pratiche, esistono comunque figure giuridiche che potrebbero essere applicate in determinati casi. A seconda di come vengono realizzate, potrebbero rientrare nei reati contro l’integrità morale, nelle coercizioni, nelle lesioni psichiche o nei trattamenti degradanti. In scenari estremi, qualora vi sia una sofferenza grave e sistematica, alcuni giuristi hanno persino sostenuto che queste pratiche possano avvicinarsi a gravissime violazioni dei diritti fondamentali, vale a dire vere e proprie pratiche di tortura.

Il problema è proprio questo perché tutto dipende dall’interpretazione giuridica. Non esiste una fattispecie penale specifica che affermi chiaramente “questo è un reato”. E quando qualcosa di così grave dipende dalle interpretazioni, ciò che emerge è incertezza giuridica, difficoltà probatorie e, nella pratica, una protezione diseguale. Non è la stessa cosa un caso evidente di abuso in un ambiente chiuso rispetto a una presunta “terapia” mascherata da accompagnamento religioso o da “coaching emotivo”. E questa ambiguità favorisce coloro che portano avanti pratiche totalmente aberranti. Per questo motivo molti giuristi, tra cui io stesso, associazioni professionali e organizzazioni per i diritti umani chiedono da anni qualcosa di piuttosto semplice da comprendere, ossia un divieto chiaro, esplicito e specifico. Non perché il sistema giuridico sia privo di strumenti, ma perché tali strumenti risultano insufficienti quando il fenomeno riesce a mimetizzarsi con tanta facilità.

Parallelamente, altri organismi internazionali sono stati estremamente chiari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito già decenni fa che l’omosessualità non è una malattia, demolendo così l’unico presunto “fondamento” su cui queste pratiche pretendono di basarsi. Inoltre, sia le Nazioni Unite sia il Consiglio d’Europa hanno avvertito ripetutamente degli effetti profondamente dannosi di queste pratiche, arrivando a collegarle a trattamenti degradanti e persino a forme di grave violenza psicologica e atti di tortura.

In questo contesto era logico pensare che l’Unione Europea avrebbe compiuto un passo fermo e deciso. Ed è proprio qui che comincia la parte più frustrante della questione. La Commissione Europea ha condannato pubblicamente le terapie di conversione e ha dichiarato che non hanno posto all’interno dell’Unione. Sulla carta, tutto ciò suona molto bene perché rappresenta una posizione chiara. Tuttavia, quando si analizza la decisione concreta, la realtà appare piuttosto diversa. PERCHÉ CIÒ CHE HA FATTO LA COMMISSIONE È STATO RESPINGERE L’IMPULSO VERSO UN DIVIETO GIURIDICO VINCOLANTE A LIVELLO EUROPEO, vale a dire una norma che obblighi tutti gli Stati membri a proibire queste pratiche in maniera omogenea e chiara in tutta l’Unione Europea.

Al suo posto, la Commissione ha scelto una raccomandazione non vincolante, accompagnata dalla promessa di tornare sulla questione in futuro, forse nel 2027. Ed è qui che emerge il problema centrale. Perché esiste una differenza fondamentale tra condannare qualcosa e agire realmente contro ciò che si condanna. Una raccomandazione, per quanto ben scritta possa essere, non obbliga a nulla, non armonizza le legislazioni e non crea nemmeno uno standard comune di protezione. Di conseguenza, non impedisce che vi siano Paesi all’interno della stessa Unione in cui queste pratiche continuano a non avere un divieto specifico oppure in cui la repressione rimane debole o inesistente.

La Commissione Europea, in quanto istituzione comunitaria, giustifica la propria posizione appellandosi a questioni di competenza giuridica e alla difficoltà politica di ampliare il cosiddetto “catalogo degli eurocrimini”. È vero che il diritto penale continua a essere una competenza estremamente sensibile per gli Stati membri perché viene considerato una materia legata alla “sovranità dello Stato”. Per questo motivo qualsiasi progresso in questo ambito richiede consenso, e nell’Unione Europea il consenso non è sempre facile da raggiungere, soprattutto sui temi sociali.

Ed è proprio qui che la posizione adottata dalla Commissione comincia a risultare stonata. Quando un’istituzione europea di massimo livello riconosce che qualcosa è gravemente dannoso, ma decide di non agire con la necessaria fermezza perché “politicamente complicato”, ciò che trasmette è una forma di prudenza che sfiora l’inazione. Detto in maniera più diretta, il comportamento della Commissione Europea è stato una sorta di atteggiamento “a metà”. E in materia di diritti umani andare “a metà” non è affatto neutrale, ma rappresenta una posizione ben precisa. Perché mentre si discute, mentre si redigono raccomandazioni e mentre si attendono futuri rapporti, queste pratiche continuano a esistere e continuano a colpire persone, molte delle quali minorenni, all’interno di contesti religiosi, familiari o sociali estremamente duri, nei quali il rifiuto e la pressione risultano molto difficili da sopportare.

La conseguenza di tutto ciò è che, ancora una volta, il risultato è un’Europa diseguale. Alcuni Paesi hanno adottato divieti molto più chiari o ampi, altri hanno scelto regolamentazioni amministrative e altri ancora non dispongono praticamente di alcun meccanismo specifico per affrontare queste pratiche. Questa frammentazione crea una mappa di protezione estremamente irregolare all’interno di uno stesso spazio politico che si presenta come “garante dei diritti fondamentali”. Ed è qui che risiede la contraddizione principale e più incomprensibile. Perché se l’Unione Europea definisce sé stessa come uno spazio fondato sui valori, sui diritti e sulla dignità umana, allora nel momento in cui occorre trasformare tali valori in norme concrete, vincolanti e omogenee, non può agire attraverso un’eccessiva cautela, calcoli politici chirurgicamente studiati o la semplice rinuncia a un’armonizzazione che è assolutamente necessaria. Non si tratta di negare la complessità istituzionale del sistema europeo, perché è evidente che non tutto può essere legiferato automaticamente da Bruxelles, ma è altrettanto evidente che esistono ambiti nei quali la frammentazione giuridica lascia spazi estremamente pericolosi. E le terapie di conversione rappresentano senza dubbio uno di questi casi.

Bisogna ricordare che non stiamo parlando di una questione simbolica o di un dibattito culturale astratto o complesso, ma di pratiche che cercano di modificare le persone attraverso la negazione della loro stessa identità, con conseguenze psicologiche documentate e con una storia ampiamente criticata dalla comunità scientifica. Per questo motivo la sensazione lasciata dalla decisione della Commissione è profondamente scomoda. E non per ciò che afferma, ma per ciò che evita di affermare con chiarezza giuridica.

Riconoscere l’esistenza del problema senza dotarlo di una risposta normativa forte significa, nella pratica, lasciarlo in una zona grigia. E le zone grigie, quando si parla di diritti fondamentali, quasi mai favoriscono chi si trova in una situazione di vulnerabilità. Anzi, per molte persone si tratta letteralmente di una questione di vita o di morte, perché non sono pochi i casi di suicidio o di morte involontaria, o forse non del tutto involontaria, di persone sottoposte a questo tipo di, diciamolo chiaramente, torture. Mi rifiuto di utilizzare la parola “terapia”.

Di conseguenza, il dibattito non riguarda più soltanto il fatto che l’Unione Europea debba o meno legiferare su questo tema. La vera questione è comprendere cosa significhi realmente ergersi a protettrice dei diritti umani in uno spazio comune e poi restare in secondo piano per evitare tensioni che potrebbero mettere a rischio la stabilità dell’Unione a discapito dei diritti di quelle persone che hanno il diritto assoluto di essere sé stesse, di esistere e di amare liberamente. Perciò, se la protezione reale dipende dal Paese in cui si ha la fortuna o la sfortuna di vivere, allora il concetto stesso di cittadinanza europea rimane incompleto oppure, forse, non esiste davvero al di là della libera circolazione di capitali, beni e servizi.

Alla fine rimane sospesa nell’aria una grande domanda. E quella domanda è questa. Se sappiamo che queste pratiche sono dannose, se esiste un consenso scientifico, se continuano a emergere denunce e se gli organismi internazionali lanciano l’allarme da anni, cosa giustifica esattamente il continuare ad aspettare? Quante persone in Europa dovranno ancora soffrire o persino morire a causa di queste pratiche? Perché non si protegge tutta la popolazione europea allo stesso modo contro qualsiasi atto degradante e di tortura?

A volte ciò che viene presentato come prudenza istituzionale non è altro che un modo elegante per non voler arrivare fino in fondo. E quando si parla di diritti umani, il tempo non è mai neutrale. Ogni ritardo comporta conseguenze reali.

Tra la dignità riconosciuta e la protezione incompleta si gioca la differenza tra limitarsi a dire la cosa giusta e fare davvero ciò che è giusto. E l’Europa non può continuare a voltarsi dall’altra parte.

La protezione dei diritti fondamentali non ammette scuse.

E la dignità non può aspettare.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
Entre la condamnation et la tiédeur

Il existe des sujets sur lesquels la société avance toujours plus vite que les institutions. Et puis il y a le cas des dites thérapies de conversion, où les preuves scientifiques, le consensus professionnel et les droits humains disent la même chose depuis des années tandis que la politique avance par petits pas, hésitants et parfois désespérément lents.

Pour bien comprendre le débat, il faut commencer par l’essentiel. Les dites thérapies de conversion ne sont pas des thérapies du tout. Elles ne guérissent rien parce que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne sont pas des maladies. Il s’agit de pratiques, souvent dissimulées sous un langage religieux, psychologique ou d’accompagnement spirituel, dont l’objectif est de tenter de modifier l’orientation ou l’identité d’une personne. Et cela, dans la pratique, signifie pression, culpabilisation, manipulation émotionnelle et, dans de nombreux cas, un véritable dommage physique et psychologique.

À titre d’exemple, en Espagne, bien que le code pénal ne mentionne pas expressément ces pratiques, il existe des figures juridiques qui pourraient s’appliquer dans certains cas. Selon la manière dont elles se déroulent, elles pourraient entrer dans le cadre de délits contre l’intégrité morale, de coercitions, de lésions psychiques ou de traitements dégradants. Même dans des scénarios extrêmes, lorsqu’il existe une souffrance grave et systématique, certains juristes ont évoqué la possibilité qu’elles puissent se rapprocher de violations très graves des droits fondamentaux, autrement dit de pratiques de torture.

Le problème est précisément celui ci. Tout dépend de l’interprétation juridique. Il n’existe pas de type pénal spécifique qui dise clairement que cela constitue un délit. Et lorsqu’un phénomène aussi grave dépend d’interprétations, il en résulte une insécurité juridique, des difficultés de preuve et, dans la pratique, une protection inégale. Ce n’est pas la même chose qu’un cas évident d’abus dans un environnement fermé ou une dite thérapie déguisée en accompagnement religieux ou en accompagnement émotionnel. Cette ambiguïté joue en faveur de ceux qui pratiquent ces actes totalement aberrants. C’est pourquoi de nombreux juristes, dont je fais partie, des associations professionnelles et des organisations de droits humains demandent depuis des années quelque chose de simple à comprendre, à savoir une interdiction claire, explicite et spécifique. Non pas parce que le système ne dispose pas d’outils, mais parce que ces outils sont insuffisants lorsque le phénomène se dissimule aussi facilement.

Parallèlement, d’autres organismes internationaux ont été très fermes. L’Organisation mondiale de la santé a établi depuis des décennies que l’homosexualité n’est pas une maladie, ce qui détruit le seul fondement supposé de ces pratiques. Et les Nations unies ainsi que le Conseil de l’Europe ont averti à plusieurs reprises des effets profondément nocifs de ces pratiques, les associant à des traitements dégradants et même à des formes de violence psychologique grave et d’actes de torture.

Dans ce contexte, il était logique de penser que l’Union européenne adopterait une position ferme et claire. Mais c’est ici que commence la partie la plus frustrante. La Commission européenne a condamné publiquement les thérapies de conversion et affirmé qu’elles n’avaient pas leur place dans l’Union. Sur le papier, cela semble très clair et très positif. Mais lorsque l’on examine la décision concrète, la réalité est différente. LA COMMISSION A REJETÉ L’IDÉE D’UNE INTERDICTION JURIDIQUE CONTRAIGNANTE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE, autrement dit d’une norme obligeant tous les États membres à interdire ces pratiques de manière homogène et claire dans toute l’Union européenne.

À la place, elle a choisi une recommandation non contraignante, avec la promesse de revenir sur le sujet plus tard, peut être en 2027. Et c’est là que se situe le problème de fond. Parce que la différence essentielle réside entre condamner quelque chose et agir efficacement contre ce qui est condamné. Une recommandation, aussi bien rédigée soit elle, n’oblige à rien, n’harmonise pas les législations et ne crée pas de standard commun de protection. Elle n’empêche donc pas que certains pays de l’Union continuent sans interdiction spécifique ou avec une application très faible.

La Commission européenne s’appuie sur des arguments de compétence juridique et sur la difficulté politique d’élargir le catalogue des eurocrimes. Il est vrai que le droit pénal reste une compétence très sensible des États car il relève de la souveraineté nationale. C’est pourquoi tout progrès dans ce domaine nécessite un consensus, ce qui n’est pas toujours simple dans l’Union européenne, surtout sur les questions sociales.

C’est précisément ici que la position de la Commission commence à poser problème. Lorsqu’une institution européenne de premier plan reconnaît qu’un phénomène est gravement nuisible mais choisit de ne pas agir avec la fermeté nécessaire parce que cela serait politiquement compliqué, elle adopte une forme de prudence qui frôle l’inaction. En d’autres termes, son attitude ressemble à une action au ralenti. Et en matière de droits humains, agir au ralenti n’est jamais neutre, mais constitue déjà une position. Pendant que l’on débat, que l’on rédige des recommandations et que l’on attend de futurs rapports, ces pratiques continuent d’exister et de toucher des personnes, souvent des mineurs, dans des contextes religieux, familiaux ou sociaux où la pression et le rejet sont très difficiles à supporter.

La conséquence de tout cela est que, une fois de plus, le résultat est une Europe inégale. Certains pays ont avancé vers des interdictions beaucoup plus claires ou plus larges, d’autres ont opté pour des réglementations administratives et d’autres ne disposent pratiquement d’aucun mécanisme spécifique pour traiter ces pratiques. Cette fragmentation des critères crée une carte de protection très irrégulière au sein d’un même espace politique qui se présente comme garant des droits fondamentaux. Et c’est là la contradiction principale et incompréhensible. Car si l’Union européenne se définit elle même comme un espace de valeurs, de droits et de dignité humaine, lorsqu’il s’agit de transformer ces valeurs en normes concrètes, contraignantes et homogènes, elle ne peut pas agir depuis une prudence excessive, un calcul politique minutieusement élaboré ou une simple renonciation à une harmonisation pourtant absolument nécessaire. Il ne s’agit pas de nier la complexité institutionnelle du système européen, car il est évident que tout ne peut pas être légiféré depuis Bruxelles de manière automatique, mais il est également évident qu’il existe des domaines où la fragmentation juridique laisse des vides extrêmement dangereux. Et les thérapies de conversion en font partie.

Il faut rappeler que nous ne parlons pas d’une question symbolique ni d’un débat culturel abstrait ou complexe, mais de pratiques qui cherchent à modifier les personnes en niant leur propre identité, avec des conséquences psychologiques documentées et un historique largement critiqué par la communauté scientifique. C’est pourquoi le sentiment que laisse la décision de la Commission est très inconfortable. Et pas pour ce qu’elle dit, mais pour ce qu’elle évite de dire avec clarté juridique.

Reconnaître l’existence du problème sans lui donner une réponse normative forte revient, en pratique, à le laisser dans une zone grise. Et les zones grises, en matière de droits fondamentaux, jouent presque toujours en défaveur de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité. De plus, pour de nombreuses personnes, il s’agit d’une question de vie ou de mort, car les cas de suicide ou de mort involontaire ou non de personnes ayant été soumises à ce type de ce que l’on peut appeler clairement des tortures ne sont pas rares je refuse d’utiliser le mot thérapie.

Ainsi, le débat ne porte plus seulement sur la question de savoir si l’Union européenne doit ou non légiférer sur ce sujet, mais sur ce que signifie réellement le fait de se présenter comme protectrice des droits humains dans un espace commun, tout en restant en retrait afin d’éviter des tensions susceptibles de mettre en jeu la stabilité de l’Union au détriment des droits de personnes qui ont le droit absolu d’être, d’exister et d’aimer librement. Ainsi, si la réponse est que la protection réelle dépend du pays dans lequel on vit, alors le concept même de citoyenneté européenne devient bancal ou peut être n’existe t il même pas au delà de la libre circulation des capitaux, des biens et des services.

Au final, une grande question reste en suspens. Et cette question n’est autre que la suivante : si nous savons que ces pratiques sont néfastes, s’il existe un consensus scientifique, si des dénonciations sont constantes et si les organismes internationaux tirent la sonnette d’alarme depuis des années, qu’est-ce qui justifie exactement de continuer à attendre ? Combien de personnes en Europe doivent encore souffrir, voire mourir, à cause de ces pratiques ? Pourquoi ne protège-t-on pas l’ensemble de la population européenne de manière égale contre tout acte dégradant et de torture ? 

Parfois, ce qui est présenté comme de la prudence institutionnelle n’est qu’une forme élégante d’évitement. Et en matière de droits humains, le temps n’est jamais neutre. Chaque retard a des conséquences réelles.

Entre la dignité reconnue et la protection incomplète se joue la différence entre dire ce qui est juste et le faire réellement. Et l’Europe ne peut pas continuer à regarder ailleurs.

La protection des droits fondamentaux n’admet pas d’excuses.

Et la dignité ne peut pas attendre.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
Entre a condenação e a tibieza

Existem temas nos quais a sociedade avança sempre mais depressa do que as instituições. E depois existe o caso das chamadas terapias de conversão, onde a evidência científica, o consenso profissional e os direitos humanos vêm afirmando a mesma coisa há anos enquanto a política vai avançando com passos curtos, hesitantes e por vezes desesperadamente lentos.

Para compreender bem o debate é preciso começar pelo mais básico. As chamadas terapias de conversão não são terapias de todo. Não curam nada porque a orientação sexual ou a identidade de género não são doenças. São práticas muitas vezes disfarçadas sob linguagem religiosa, psicológica ou de acompanhamento espiritual cujo objetivo é tentar modificar a orientação ou identidade de uma pessoa. Na prática isto significa pressão, culpabilização, manipulação emocional e em muitos casos um verdadeiro dano físico e psicológico.

A título de exemplo em Espanha embora o código penal não mencione expressamente estas práticas existem figuras jurídicas que poderiam ser aplicadas em determinados casos. Dependendo da forma como se desenvolvem poderiam enquadrar se em crimes contra a integridade moral, coação, lesões psicológicas ou tratamento degradante. Mesmo em cenários extremos quando existe sofrimento grave e sistemático alguns juristas têm defendido que poderiam aproximar se de situações muito graves de violação de direitos fundamentais ou seja de práticas de tortura.

O problema é precisamente esse. Tudo depende do enquadramento. Não existe um tipo penal específico que diga de forma clara que isto é crime. E quando algo tão grave depende de interpretações o que surge é insegurança jurídica, dificuldades de prova e na prática uma proteção desigual. Não é a mesma coisa um caso evidente de abuso num ambiente fechado ou uma suposta terapia disfarçada de acompanhamento religioso ou de coaching emocional. Esta ambiguidade joga a favor de quem realiza estas práticas totalmente aberrantes. Por isso muitos juristas entre os quais me incluo, associações profissionais e organizações de direitos humanos vêm há anos a pedir algo bastante simples de compreender que é uma proibição clara, expressa e específica. Não porque o sistema não tenha ferramentas mas porque essas ferramentas são insuficientes quando o fenómeno se camufla com tanta facilidade.

Em paralelo outros organismos internacionais têm sido bastante firmes. A Organização Mundial da Saúde deixou claro há décadas que a homossexualidade não é uma doença, desmontando o único suposto fundamento destas práticas. E tanto as Nações Unidas como o Conselho da Europa têm alertado repetidamente para os efeitos profundamente nocivos destas práticas chegando a associá las a tratamentos degradantes e até a formas de violência psicológica grave e atos de tortura.

Nesse contexto, era lógico pensar que a União Europeia daria um passo firme e contundente. Mas é aqui que começa a parte mais frustrante do assunto. A Comissão Europeia condenou publicamente as terapias de conversão e afirmou que não têm lugar na União. Isso, no papel, soa muito bem porque representa uma posição clara. Mas quando se analisa a decisão concreta, a realidade é bastante diferente. Porque O QUE A COMISSÃO FEZ FOI REJEITAR O IMPULSO DE UMA PROIBIÇÃO LEGAL VINCULANTE A NÍVEL EUROPEU, ou seja, de uma norma que obrigue todos os Estados membros a proibir estas práticas de forma homogénea e clara em toda a União Europeia.

Em vez disso, optou por uma recomendação não vinculativa, com a promessa de voltar ao tema no futuro, talvez em 2027. E é aqui que surge o problema de fundo. Porquê Porque a diferença essencial em tudo isto está entre, por um lado, condenar algo e, por outro, agir de forma eficaz contra aquilo que se condena. Porque uma recomendação, por mais bem redigida que esteja, não obriga a nada, não harmoniza legislações nem gera um padrão comum de proteção. Por conseguinte, não impede que existam países dentro da própria União onde estas práticas continuem sem uma proibição específica ou onde a perseguição seja mais fraca ou inexistente.

A Comissão Europeia, enquanto instituição comunitária, apoia se em argumentos de competência jurídica e na dificuldade política de alargar o chamado “catálogo de eurocrimes”. É verdade que o direito penal continua a ser uma competência muito sensível dos Estados porque é considerado uma questão de “soberania do Estado”. Por isso, qualquer avanço neste domínio exige consenso e isso na União Europeia nem sempre é fácil, especialmente em matérias sociais.

É precisamente aqui que a posição adotada pela Comissão começa a causar estranheza. Quando uma instituição europeia de mais alto nível reconhece que algo é gravemente prejudicial, mas decide não agir com a firmeza necessária porque “é politicamente complicado”, o que transmite é uma forma de prudência que roça a inação. Por outras palavras, a atuação da Comissão Europeia tem sido uma espécie de ação a meio gás. E em matéria de direitos humanos, agir a meio gás não é neutro, mas sim uma posição em si mesma. Porque enquanto se debate, enquanto se redigem recomendações e enquanto se aguardam relatórios futuros, estas práticas continuam a existir e continuam a afetar pessoas, muitas delas menores de idade, em contextos religiosos, familiares ou sociais muito difíceis, onde a rejeição e a pressão são extremamente difíceis de suportar.

A consequência de tudo isto é que, mais uma vez, o resultado é uma Europa desigual. Alguns países avançaram para proibições muito mais claras ou amplas, outros optaram por regulamentações administrativas e outros praticamente não dispõem de mecanismos específicos para abordar estas práticas. Esta fragmentação de critérios cria um mapa de proteção muito irregular dentro de um mesmo espaço político que se apresenta como “garante dos direitos fundamentais”. E aí reside a principal e incompreensível contradição. Porque se a União Europeia se define a si própria como um espaço de valores, de direitos e de dignidade humana, quando chega o momento de transformar esses valores em normas concretas, vinculativas e homogéneas, não pode agir a partir de uma prudência excessiva, de um cálculo político cirurgicamente elaborado ou de uma simples renúncia a uma harmonização que é totalmente necessária. Não se trata de negar a complexidade institucional do sistema europeu, porque é evidente que nem tudo pode ser legislado a partir de Bruxelas de forma automática, mas também é evidente que existem domínios onde a fragmentação legal deixa lacunas extremamente perigosas. E as terapias de conversão são um desses casos.

É preciso recordar que não estamos a falar de uma questão simbólica nem de um debate cultural abstrato ou complexo, mas sim de práticas que procuram modificar as pessoas através da negação da sua própria identidade, com consequências psicológicas documentadas e com um historial amplamente criticado pela comunidade científica. Por isso, a sensação que a decisão da Comissão deixa é muito desconfortável. E não pelo que diz, mas pelo que evita dizer com clareza jurídica.

Reconhecer a existência do problema sem lhe dar uma resposta normativa forte é, na prática, deixá lo numa zona cinzenta. E as zonas cinzentas, em matéria de direitos fundamentais, quase nunca jogam a favor de quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Além disso, para muitas pessoas trata se de uma questão de vida ou de morte, porque não são poucos os casos de situações de suicídio ou morte involuntária ou não de pessoas que foram submetidas a este tipo de aquilo que, digamos claramente, são torturas me recuso a usar a palavra terapia.

Assim, o debate já não é apenas se a União Europeia deve ou não legislar sobre isto, mas sim o que significa realmente afirmar-se como protetora dos direitos humanos num espaço comum, para depois permanecer num segundo plano, de forma a evitar tensões que possam pôr em causa a estabilidade da União, à custa dos direitos de pessoas que têm o direito absoluto de ser, existir e amar livremente. Assim, se a resposta for que a proteção real depende do país onde se vive, então o próprio conceito de cidadania europeia fica incompleto ou talvez nem exista para além da livre circulação de capitais, bens e serviços.

No final, fica uma grande questão no ar. E essa questão não é outra senão se sabemos que estas práticas são prejudiciais, se existe consenso científico, se há denúncias constantes e se os organismos internacionais vêm alertando há anos, o que justifica, exatamente, continuar à espera? Quantas pessoas na Europa terão de sofrer e, até mesmo, morrer devido a estas práticas? Por que razão não se protege toda a população europeia de forma igualitária contra qualquer ato degradante e de tortura?

Por vezes, o que se apresenta como prudência institucional não passa de uma forma elegante de não querer ir até ao fim. E quando falamos de direitos humanos, o tempo não é neutro. Cada atraso tem consequências reais.

Entre a dignidade reconhecida e a proteção incompleta joga se a diferença entre dizer o que é correto e fazê lo verdadeiramente. E a Europa não pode continuar a desviar o olhar.

A proteção dos direitos fundamentais não admite desculpas.

E a dignidade não pode esperar.