Autor: Luis F. Sánchez

Ldo. en Derecho. Abogado Colegiado del ICAJAEN (Col 3737), con despacho profesional en Jaén y Torremolinos (Málaga). Especialista en Derecho Público y Privado Comunitario. Experto Universitario en Justicia Penal Juvenil. Primer Premio Extraordinario de la Escuela de Práctica Jurídica (2014). Doctorando en Derecho por la Universidad de Jaén. Delegado-Representante Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos para España (2022-). Anteriormente: - Presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (2019 a 2022). - Delegado-Representante Territorial pro tempore para la Provincia de Jaén (2017 a 2022). © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ACERCA DEL CONTENIDO PUBLICADO.

Nuestra sociedad sigue odiando

Aprovechando que he acabado mi tesis doctoral (solo me quedan pocos detalles y repasar la bibliografía) estoy en la piscina de Torredonjimeno, intentando desconectar un rato, y acabo de escuchar algo que me ha dejado profundamente indignado. Cuando estaba en los vestuarios había dos personas en la parte de atrás del servicio donde me encontraba. Una de ellas ha dicho literalmente: “Estoy hasta los cojones de los putos negros, de los moros y los maricones. Habría que ahorcarlos a todos de una puta vez”. 

Piscina Municipal de Torredonjimeno

Me ha dado una absoluta repugnancia escuchar esas palabras y, precisamente porque estamos hablando de algo que se escucha en la vida cotidiana, me parece importante decirlo: el racismo y la LGTBIfobia no desaparecen porque tengamos leyes que los prohíban. Desaparecen con educación. 

España dispone de un marco jurídico bastante sólido frente a la discriminación racial. El artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad y prohíbe la discriminación, mientras que la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, protege frente a la discriminación por origen racial o étnico. Y cuando determinadas conductas alcanzan una gravedad concreta, además, entra en juego el Derecho penal.

El artículo 510 del Código Penal castiga, entre otras conductas, que públicamente se fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos racistas, por su pertenencia a una etnia, raza o nación, por su origen nacional o por su orientación o identidad sexual. También contempla determinadas conductas que lesionan gravemente la dignidad mediante humillación, menosprecio o descrédito. 

Ahora bien, y esto es jurídicamente importante, no todo comentario racista o LGTBIfobo es automáticamente un delito de odio. Para aplicar el artículo 510 tienen que concurrir sus elementos concretos. Hay que valorar el contexto, la publicidad, el contenido de las expresiones y su capacidad para fomentar o favorecer ese clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia. La propia Fiscalía ha señalado que no se castigan las meras ideas u opiniones, sino determinadas manifestaciones de odio que, por sus características, pueden generar ese clima de intolerancia. 

Pero hay algo que el Derecho no debería servirnos para hacer: buscar siempre el límite exacto de lo que podemos decir sin cometer un delito para sentirnos legitimados a decirlo. Porque aunque una determinada expresión no llegara a constituir un delito, eso no convierte el racismo en una opinión respetable. Decir que habría que “ahorcarlos a todos” no es una simple discrepancia. Es una expresión brutal de desprecio hacia personas por su origen, su raza y su orientación sexual. Y normalizar ese lenguaje es precisamente una de las formas mediante las que el odio consigue abrirse camino.

Tenemos leyes, tenemos tribunales y tenemos mecanismos de protección. Pero ninguna ley puede entrar en nuestra cabeza y eliminar un prejuicio. 

La verdadera lucha contra el racismo y la LGTBIfobia empieza mucho antes de que tenga que intervenir el Código Penal, empieza cuando dejamos de normalizar aquello que nunca debería haberse normalizado.

Y lo hacemos con el odio. 

Educación… o Código Penal

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷) 

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Sinceramente, creo que hay una idea que deberíamos repetir mucho más a menudo, especialmente en un momento en el que vemos cómo vuelven a crecer determinados discursos de odio. El machismo, la LGTBIQ+fobia, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, la aporofobia y tantas otras formas de discriminación no aparecen de la nada. Se aprenden, se transmiten y se normalizan. Se reproducen dentro de las familias, en determinados entornos sociales, en las redes sociales, en algunos medios de comunicación y también, aunque nos cueste reconocerlo, en nuestras conversaciones cotidianas. Por eso también me gusta definirlas como ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SOCIAL. No porque quienes las sufren estén enfermos, sino porque los prejuicios y el odio pueden contagiarse de una persona a otra cuando nadie los cuestiona.

Un niño o una niña jamás nace pensando que dos hombres que se besan son algo malo. Tampoco nace creyendo que una persona de otro país vale menos que él, que una mujer debe ocupar un lugar determinado por el simple hecho de ser mujer o que una persona pobre merece menos respeto. Esas ideas se construyen con el tiempo en su mente. Alguien las enseña, alguien las repite, alguien las justifica y, muchas veces, alguien las convierte en una supuesta verdad. Y cuando una criatura escucha durante años determinados comentarios en casa, en el colegio, entre sus amigos o en Internet, puede terminar interiorizándolos como si fueran algo completamente normal. Ahí empieza el problema, porque eso sí que es un auténtico adoctrinamiento. Un adoctrinamiento para odiar. 

Por eso la educación es nuestra primera vacuna contra el odio. Educar no significa simplemente enseñar matemáticas, historia, lengua o ciencias. Educar también significa enseñar a convivir; significa explicar que todas las personas tenemos la misma dignidad, aunque seamos diferentes; y significa aprender que una pareja homosexual no tiene que esconderse para evitar que alguien la insulte, que una mujer no tiene que soportar comentarios machistas, que una persona migrante no tiene que demostrar constantemente que merece estar aquí y que nadie pierde derechos porque otra persona los tenga.

Educar para la igualdad tampoco consiste en decirle a una persona qué tiene que pensar. Consiste en darle herramientas para pensar por sí misma, para cuestionar los prejuicios que recibe, para reconocer una injusticia, para ponerse en el lugar de quien está siendo discriminado y para comprender que detrás de una etiqueta hay una persona con una historia, una familia, unos miedos, unos sueños y exactamente la misma dignidad que cualquier otra persona en el mundo. 

Es justo aquí donde aparece algo que es del todo fundamental. La educación no corresponde únicamente a los colegios. Es verdad que la escuela tiene una responsabilidad enorme, pero también la tenemos las familias, las instituciones, los medios de comunicación, las empresas, las asociaciones, las universidades y cada uno de nosotros. No podemos pedir a un profesor que deshaga en unas pocas horas lo que un niño escucha constantemente en su casa, en la televisión, en internet o lo que dicen quienes inoculan el odio desde sus escaños. 

La educación en derechos humanos tiene que formar parte de nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Por qué? Porque los prejuicios, cuando se dejan crecer, pueden convertirse en algo mucho más grave. Una broma puede convertirse en un insulto; un insulto puede convertirse en acoso; el acoso puede convertirse en una agresión; y una agresión puede terminar en una tragedia. No siempre ocurre así, por supuesto, pero precisamente por eso debemos intervenir antes. La prevención consiste en no esperar a que alguien sea golpeado para empezar a hablar de respeto.

Ahora bien, también tenemos que ser honestos. Por desgracia, por mucho que queramos, no todo se soluciona con educación. Hay personas que conocen perfectamente la diferencia entre el bien y el mal y, aun así, deciden discriminar, acosar, amenazar o agredir. Hay conductas que no pueden justificarse simplemente diciendo que quien las comete “no ha sido bien educado”. Por eso, cuando el odio se convierte en una conducta que vulnera derechos o constituye un delito, el Estado tiene la obligación de actuar para proteger y dar una respuesta a las víctimas. 

Y es ahí donde aparece el Código Penal o, en su caso, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, si quien agrede es menor de edad. Pero no aparecen como vacunas, sino como la última barrera de protección. El Derecho penal no puede cambiar por sí solo la mentalidad de una sociedad. Puede castigar determinadas conductas, proteger a las víctimas y enviar un mensaje muy claro sobre aquello que nuestra sociedad no está dispuesta a tolerar. Pero ningún Código Penal puede sustituir a una buena educación. Podemos castigar un delito de odio después de que haya ocurrido, pero preferiríamos vivir en una sociedad en la que ese delito nunca llegara a producirse.

Por eso no deberíamos plantear Educación y Código Penal como dos herramientas enfrentadas. Necesitamos ambas, pero cada una en su lugar. La educación para prevenir; los derechos para proteger; y la Justicia para responder cuando sea necesario. Una sociedad democrática no puede limitarse a castigar el odio cuando ya ha hecho daño. Tiene que trabajar mucho antes para evitar que ese odio llegue a convertirse en violencia.

Al final, todo empieza por algo aparentemente tan sencillo como enseñar a nuestras hijas e hijos, a nuestras alumnas y alumnos, a nuestras amigas y amigos y también a nosotras y a nosotros mismos, que nadie tiene que pedir permiso para existir. Que nadie debe esconder a quien ama; que nadie merece menos por el color de su piel, por su origen, por su sexo, por su orientación sexual, por su identidad, por su situación económica o por cualquier otra circunstancia personal; y que respetar al otro no significa pensar igual que él, sino comprender que su dignidad merece exactamente el mismo respeto que la nuestra.

Porque el odio también se aprende, pero la igualdad se enseña; y cuanto antes eduquemos para respetarnos, menos veces tendremos que recurrir al Código Penal para defender aquello que nunca debió ser cuestionado.

A fin de cuentas, la dignidad de cada ser humano está por encima de todo.

Y tenemos que aprender cómo tenemos que educar. 

Para no tener que castigar.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
Education… or Criminal Code

Honestly, I believe there is an idea we should repeat much more often, especially at a time when we are seeing certain hate driven narratives begin to grow again. Sexism, anti LGBTIQ+ hatred, racism, xenophobia, antisemitism, anti Gypsy prejudice, hatred of poor people and so many other forms of discrimination do not appear out of nowhere. They are learned, passed on and normalised. They are reproduced within families, in certain social environments, on social media, in some sections of the media and also, although it may be difficult for us to admit it, in our everyday conversations. That is why I also like to describe them as SOCIALLY TRANSMITTED DISEASES. Not because those who suffer from them are ill, but because prejudice and hatred can spread from one person to another when no one challenges them.

No child is ever born thinking that there is something wrong with two men kissing. Nor are they born believing that someone from another country is worth less than they are, that a woman should occupy a particular place simply because she is a woman, or that a poor person deserves less respect. These ideas are built up in their minds over time. Someone teaches them, someone repeats them, someone justifies them and, very often, someone turns them into something presented as the truth. And when a child hears certain comments for years at home, at school, among their friends or on the Internet, they may eventually internalise them as though they were completely normal. That is where the problem begins, because that is genuine indoctrination. Indoctrination into hatred.

That is why education is our first vaccine against hatred. Educating does not simply mean teaching mathematics, history, languages or science. Education also means teaching people how to live together; it means explaining that we all have the same dignity, even though we are different; and it means learning that a same sex couple should not have to hide in order to avoid being insulted, that a woman should not have to put up with sexist comments, that a migrant should not constantly have to prove that they deserve to be here, and that no one loses rights simply because someone else has them.

Educating for equality does not mean telling someone what they have to think either. It means giving people the tools to think for themselves, to question the prejudices they encounter, to recognise injustice, to put themselves in the place of someone who is being discriminated against and to understand that behind every label there is a person with a history, a family, fears, dreams and exactly the same dignity as anyone else in the world.

It is precisely here that something absolutely fundamental emerges. Education is not the sole responsibility of schools. It is true that schools have an enormous responsibility, but so do families, institutions, the media, businesses, associations, universities and every one of us. We cannot expect a teacher to undo in a few hours what a child constantly hears at home, on television, on the Internet or from those who spread hatred from the seats of power.

Human rights education must become part of the way we relate to one another. Why? Because when prejudice is allowed to grow, it can turn into something far more serious. A joke can become an insult; an insult can become bullying; bullying can become an assault; and an assault can end in tragedy. That does not always happen, of course, but that is precisely why we must intervene earlier. Prevention means not waiting for someone to be physically attacked before we start talking about respect.

Now, we also have to be honest. Unfortunately, no matter how much we may wish otherwise, education cannot solve everything. There are people who know perfectly well the difference between right and wrong and yet choose to discriminate, bully, threaten or assault others. There are behaviours that cannot simply be excused by saying that the person who commits them “was not properly educated”. That is why, when hatred becomes conduct that violates rights or constitutes a crime, the State has a duty to act in order to protect victims and provide an appropriate response.

And that is where the Criminal Code comes in or, where appropriate, the legislation governing the criminal responsibility of minors when the perpetrator is underage. But these are not vaccines. They are the last line of protection. Criminal law cannot, by itself, change the mindset of a society. It can punish certain forms of conduct, protect victims and send a very clear message about what our society is not prepared to tolerate. But no Criminal Code can replace a good education. We can punish a hate crime after it has happened, but we would much rather live in a society where such a crime never occurred in the first place.

That is why we should not present Education and the Criminal Code as two opposing tools. We need both, but each has its proper place. Education to prevent; rights to protect; and justice to respond when necessary. A democratic society cannot simply limit itself to punishing hatred after it has already caused harm. It must work much earlier to prevent that hatred from ever turning into violence.

In the end, everything begins with something that seems as simple as teaching our daughters and sons, our female and male students, our friends and also ourselves, that no one has to ask permission to exist. That no one should have to hide whom they love; that no one deserves less because of the colour of their skin, their origin, their sex, their sexual orientation, their identity, their economic circumstances or any other personal circumstance; and that respecting another person does not mean thinking the same way they do, but understanding that their dignity deserves exactly the same respect as our own.

Because hatred is also learned, but equality is taught; and the sooner we educate ourselves to respect one another, the less often we will have to turn to the Criminal Code to defend something that should never have been questioned in the first place.

At the end of the day, the dignity of every human being stands above everything else.

And we must learn how to educate.

So that we do not have to punish.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲
Educazione … o Codice Penal

Sinceramente, credo che ci sia un’idea che dovremmo ripetere molto più spesso, soprattutto in un momento in cui vediamo tornare a crescere determinati discorsi d’odio. Il maschilismo, la LGTBIQ+fobia, il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, l’antiziganismo, l’aporofobia e tante altre forme di discriminazione non nascono dal nulla. Si imparano, si trasmettono e si normalizzano. Si riproducono all’interno delle famiglie, in determinati ambienti sociali, sui social network, in alcuni mezzi di comunicazione e anche, sebbene facciamo fatica ad ammetterlo, nelle nostre conversazioni quotidiane. Per questo mi piace anche definirle MALATTIE A TRASMISSIONE SOCIALE. Non perché chi ne è vittima sia malato, ma perché i pregiudizi e l’odio possono trasmettersi da una persona all’altra quando nessuno li mette in discussione.

Nessun bambino o bambina nasce pensando che ci sia qualcosa di sbagliato in due uomini che si baciano. E non nasce nemmeno pensando che una persona proveniente da un altro Paese valga meno di lui, che una donna debba occupare un determinato posto semplicemente perché è una donna o che una persona povera meriti meno rispetto. Queste idee si costruiscono nella sua mente nel corso del tempo. Qualcuno le insegna, qualcuno le ripete, qualcuno le giustifica e, molto spesso, qualcuno le trasforma in una presunta verità. E quando un bambino ascolta per anni determinati commenti a casa, a scuola, tra gli amici o su Internet, può finire per interiorizzarli come se fossero qualcosa di assolutamente normale. È lì che nasce il problema, perché questo sì che è un vero e proprio indottrinamento. Un indottrinamento all’odio.

Per questo l’educazione è il nostro primo vaccino contro l’odio. Educare non significa semplicemente insegnare matematica, storia, lingue o scienze. Educare significa anche insegnare a vivere insieme; significa spiegare che tutte le persone hanno la stessa dignità, anche se sono diverse; e significa imparare che una coppia dello stesso sesso non deve nascondersi per evitare di essere insultata, che una donna non deve sopportare commenti sessisti, che una persona migrante non deve dimostrare continuamente di meritare di essere qui e che nessuno perde i propri diritti perché qualcun altro li possiede.

Educare all’uguaglianza non significa nemmeno dire a una persona cosa deve pensare. Significa darle gli strumenti per pensare con la propria testa, per mettere in discussione i pregiudizi che incontra, per riconoscere un’ingiustizia, per mettersi nei panni di chi viene discriminato e per comprendere che dietro ogni etichetta c’è una persona con una storia, una famiglia, le proprie paure, i propri sogni e esattamente la stessa dignità di qualsiasi altra persona al mondo.

È proprio qui che emerge qualcosa di assolutamente fondamentale. L’educazione non è responsabilità esclusiva della scuola. È vero che la scuola ha una responsabilità enorme, ma anche le famiglie, le istituzioni, i mezzi di comunicazione, le imprese, le associazioni, le università e ciascuno di noi hanno la propria responsabilità. Non possiamo chiedere a un insegnante di cancellare in poche ore ciò che un bambino ascolta continuamente a casa, in televisione, su Internet o da coloro che alimentano l’odio dai loro scranni.

L’educazione ai diritti umani deve diventare parte del nostro modo di rapportarci agli altri. Perché? Perché quando si lascia crescere, il pregiudizio può trasformarsi in qualcosa di molto più grave. Una battuta può diventare un insulto; un insulto può diventare bullismo; il bullismo può diventare un’aggressione; e un’aggressione può finire in tragedia. Non sempre accade, naturalmente, ma è proprio per questo che dobbiamo intervenire prima. Prevenire significa non aspettare che qualcuno venga picchiato prima di iniziare a parlare di rispetto.

Ora, però, dobbiamo anche essere onesti. Purtroppo, per quanto lo desideriamo, non tutto si risolve con l’educazione.Ci sono persone che conoscono perfettamente la differenza tra il bene e il male e che, nonostante ciò, scelgono di discriminare, molestare, minacciare o aggredire gli altri. Ci sono comportamenti che non possono essere giustificati semplicemente dicendo che chi li commette “non ha ricevuto una buona educazione”. Per questo, quando l’odio si trasforma in una condotta che viola i diritti o costituisce un reato, lo Stato ha il dovere di intervenire per proteggere le vittime e dare loro una risposta adeguata.

Ed è qui che entra in gioco il Codice penale o, se del caso, la normativa sulla responsabilità penale dei minorenni, quando l’autore del fatto è minorenne. Ma non sono vaccini. Sono l’ultima barriera di protezione. Il diritto penale non può cambiare da solo la mentalità di una società. Può punire determinate condotte, proteggere le vittime e inviare un messaggio molto chiaro su ciò che la nostra società non è disposta a tollerare. Ma nessun Codice penale può sostituire una buona educazione. Possiamo punire un reato d’odio dopo che è stato commesso, ma preferiremmo vivere in una società nella quale quel reato non arrivasse mai a verificarsi.

Per questo non dovremmo considerare Educazione e Codice penale come due strumenti contrapposti. Abbiamo bisogno di entrambi, ma ciascuno al proprio posto. L’educazione per prevenire; i diritti per proteggere; e la giustizia per rispondere quando è necessario. Una società democratica non può limitarsi a punire l’odio quando ha già fatto del male. Deve agire molto prima, per impedire che quell’odio arrivi a trasformarsi in violenza.

Alla fine, tutto comincia da qualcosa che sembra apparentemente così semplice come insegnare alle nostre figlie e ai nostri figli, alle nostre studentesse e ai nostri studenti, alle nostre amiche e ai nostri amici e anche a noi stessi, che nessuno deve chiedere il permesso per esistere. Che nessuno dovrebbe nascondere chi ama; che nessuno merita meno per il colore della propria pelle, per la propria origine, per il proprio sesso, per il proprio orientamento sessuale, per la propria identità, per la propria situazione economica o per qualsiasi altra circostanza personale; e che rispettare l’altro non significa pensare allo stesso modo, ma comprendere che la sua dignità merita esattamente lo stesso rispetto della nostra.

Perché anche l’odio si impara, ma l’uguaglianza si insegna; e quanto prima impareremo a educarci al rispetto reciproco, tanto meno spesso dovremo ricorrere al Codice penale per difendere qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere messo in discussione.

In fin dei conti, la dignità di ogni essere umano viene prima di ogni altra cosa.

E dobbiamo imparare a educare.

Per non dover punire.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
Éducation… ou Code pénal

Sincèrement, je pense qu’il y a une idée que nous devrions répéter beaucoup plus souvent, surtout à une époque où nous voyons certains discours de haine recommencer à gagner du terrain. Le machisme, la haine envers les personnes LGBTIQ+, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’antitsiganisme, l’aporophobie et tant d’autres formes de discrimination ne surgissent pas de nulle part. Elles s’apprennent, se transmettent et se normalisent. Elles se reproduisent au sein des familles, dans certains environnements sociaux, sur les réseaux sociaux, dans certains médias et aussi, même si nous avons parfois du mal à l’admettre, dans nos conversations quotidiennes. C’est pourquoi j’aime aussi les définir comme des MALADIES À TRANSMISSION SOCIALE. Non pas parce que les personnes qui en sont victimes seraient malades, mais parce que les préjugés et la haine peuvent se transmettre d’une personne à l’autre lorsque personne ne les remet en question.

Aucun enfant ne naît en pensant qu’il y a quelque chose de mal à voir deux hommes s’embrasser. Il ne naît pas non plus en pensant qu’une personne venant d’un autre pays vaut moins que lui, qu’une femme doit occuper une place déterminée simplement parce qu’elle est une femme ou qu’une personne pauvre mérite moins de respect. Ces idées se construisent progressivement dans son esprit. Quelqu’un les enseigne, quelqu’un les répète, quelqu’un les justifie et, très souvent, quelqu’un finit par les présenter comme une prétendue vérité. Et lorsqu’un enfant entend pendant des années certains commentaires à la maison, à l’école, parmi ses amis ou sur Internet, il peut finir par les intérioriser comme s’ils étaient parfaitement normaux. C’est là que le problème commence, car cela constitue bel et bien un véritable endoctrinement. Un endoctrinement à la haine.

C’est pourquoi l’éducation est notre premier vaccin contre la haine. Éduquer ne signifie pas simplement enseigner les mathématiques, l’histoire, les langues ou les sciences. Éduquer, c’est aussi apprendre à vivre ensemble, expliquer que nous avons tous la même dignité, même si nous sommes différents, et apprendre qu’un couple de même sexe ne devrait pas avoir à se cacher pour éviter d’être insulté, qu’une femme ne devrait pas avoir à supporter des remarques sexistes, qu’une personne migrante ne devrait pas avoir à prouver constamment qu’elle mérite d’être ici et que personne ne perd ses droits parce qu’une autre personne les possède.

Éduquer à l’égalité ne signifie pas non plus dire à quelqu’un ce qu’il doit penser. Cela signifie lui donner les outils nécessaires pour penser par lui même, remettre en question les préjugés auxquels il est confronté, reconnaître une injustice, se mettre à la place de la personne qui subit une discrimination et comprendre que derrière chaque étiquette se trouve une personne avec une histoire, une famille, ses peurs, ses rêves et exactement la même dignité que n’importe quelle autre personne dans le monde.

C’est précisément ici qu’apparaît quelque chose d’essentiel. L’éducation ne relève pas uniquement de la responsabilité de l’école. Il est vrai que l’école a une responsabilité immense, mais les familles, les institutions, les médias, les entreprises, les associations, les universités et chacun d’entre nous l’ont également. Nous ne pouvons pas demander à un enseignant de défaire en quelques heures ce qu’un enfant entend constamment chez lui, à la télévision, sur Internet ou de la part de ceux qui distillent la haine depuis les bancs du pouvoir.

L’éducation aux droits humains doit faire partie intégrante de notre manière de nous comporter avec les autres. Pourquoi ? Parce que lorsque les préjugés sont laissés libres de grandir, ils peuvent se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave. Une plaisanterie peut devenir une insulte, une insulte peut devenir du harcèlement, le harcèlement peut devenir une agression et une agression peut finir en tragédie. Cela n’arrive pas toujours, bien sûr, mais c’est précisément pour cette raison que nous devons intervenir plus tôt. Prévenir, c’est ne pas attendre que quelqu’un soit frappé pour commencer à parler de respect.

Mais nous devons également être honnêtes. Malheureusement, aussi désireux que nous soyons de le croire, tout ne se résout pas par l’éducation. Certaines personnes connaissent parfaitement la différence entre le bien et le mal et choisissent pourtant de discriminer, de harceler, de menacer ou d’agresser les autres. Certains comportements ne peuvent pas être simplement excusés en disant que leur auteur « n’a pas reçu une bonne éducation ». C’est pourquoi, lorsque la haine se transforme en un comportement qui porte atteinte aux droits d’autrui ou constitue une infraction pénale, l’État a le devoir d’intervenir afin de protéger les victimes et de leur apporter une réponse appropriée.

C’est là qu’intervient le Code pénal ou, le cas échéant, la législation relative à la responsabilité pénale des mineurs lorsque l’auteur des faits est mineur. Mais il ne s’agit pas de vaccins. Il s’agit de la dernière barrière de protection. Le droit pénal ne peut pas, à lui seul, changer les mentalités d’une société. Il peut sanctionner certains comportements, protéger les victimes et envoyer un message très clair sur ce que notre société n’est pas disposée à tolérer. Mais aucun Code pénal ne peut remplacer une bonne éducation. Nous pouvons sanctionner un crime de haine après qu’il a été commis, mais nous préférerions vivre dans une société où un tel crime ne se produirait jamais.

C’est pourquoi nous ne devrions pas présenter l’Éducation et le Code pénal comme deux outils opposés. Nous avons besoin des deux, mais chacun à sa place. L’éducation pour prévenir, les droits pour protéger et la justice pour répondre lorsque cela est nécessaire. Une société démocratique ne peut pas se contenter de punir la haine lorsqu’elle a déjà causé des dommages. Elle doit agir bien plus tôt pour empêcher que cette haine ne se transforme en violence.

Au fond, tout commence par quelque chose qui semble aussi simple que d’apprendre à nos filles et à nos fils, à nos étudiantes et à nos étudiants, à nos amies et à nos amis, et aussi à nous mêmes, que personne n’a à demander la permission d’exister. Que personne ne devrait avoir à cacher la personne qu’il aime, que personne ne mérite moins en raison de la couleur de sa peau, de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité, de sa situation économique ou de toute autre circonstance personnelle, et que respecter l’autre ne signifie pas penser comme lui, mais comprendre que sa dignité mérite exactement le même respect que la nôtre.

Parce que la haine aussi s’apprend, mais que l’égalité s’enseigne, et que plus tôt nous apprendrons à nous éduquer au respect de l’autre, moins souvent nous aurons besoin de recourir au Code pénal pour défendre quelque chose qui n’aurait jamais dû être remis en question.

En fin de compte, la dignité de chaque être humain passe avant toute autre chose.

Et nous devons apprendre à éduquer.

Pour ne pas avoir à punir.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
Educação… ou Código Penal

Sinceramente, acredito que há uma ideia que deveríamos repetir muito mais vezes, sobretudo numa altura em que vemos alguns discursos de ódio voltarem a ganhar força. O machismo, a LGBTIQ+fobia, o racismo, a xenofobia, o antissemitismo, o anticiganismo, a aporofobia e tantas outras formas de discriminação não surgem do nada. Aprendem-se, transmitem-se e normalizam-se. Reproduzem-se no seio das famílias, em determinados ambientes sociais, nas redes sociais, em alguns meios de comunicação social e também, embora às vezes nos custe admiti-lo, nas nossas conversas quotidianas. É por isso que também gosto de as definir como DOENÇAS DE TRANSMISSÃO SOCIAL. Não porque as pessoas que delas são vítimas estejam doentes, mas porque os preconceitos e o ódio podem transmitir-se de uma pessoa para outra quando ninguém os questiona.

Nenhuma criança nasce a pensar que há algo de errado em dois homens beijarem-se. Também não nasce a acreditar que uma pessoa de outro país vale menos do que ela, que uma mulher deve ocupar determinado lugar simplesmente por ser mulher ou que uma pessoa pobre merece menos respeito. Estas ideias vão sendo construídas na sua mente ao longo do tempo. Alguém as ensina, alguém as repete, alguém as justifica e, muitas vezes, alguém acaba por apresentá-las como uma suposta verdade. E quando uma criança ouve determinados comentários durante anos em casa, na escola, entre os amigos ou na Internet, pode acabar por interiorizá-los como se fossem algo completamente normal. É aí que começa o problema, porque isso é, de facto, um verdadeiro doutrinamento. Um doutrinamento para odiar.

É por isso que a educação é a nossa primeira vacina contra o ódio. Educar não significa simplesmente ensinar matemática, história, línguas ou ciências. Educar também significa ensinar a viver em sociedade, explicar que todas as pessoas têm a mesma dignidade, embora sejam diferentes, e aprender que um casal do mesmo sexo não deve ter de se esconder para evitar ser insultado, que uma mulher não deve ter de suportar comentários machistas, que uma pessoa migrante não deve ter de provar constantemente que merece estar aqui e que ninguém perde direitos porque outra pessoa os tem.

Educar para a igualdade também não significa dizer a uma pessoa o que ela deve pensar. Significa dar-lhe ferramentas para pensar por si própria, questionar os preconceitos com que se depara, reconhecer uma injustiça, colocar-se no lugar de quem está a ser discriminado e compreender que, por detrás de cada rótulo, existe uma pessoa com uma história, uma família, os seus medos, os seus sonhos e exatamente a mesma dignidade que qualquer outra pessoa no mundo.

É precisamente aqui que surge algo absolutamente fundamental. A educação não é responsabilidade exclusiva da escola.É verdade que a escola tem uma responsabilidade enorme, mas também a têm as famílias, as instituições, os meios de comunicação social, as empresas, as associações, as universidades e cada um de nós. Não podemos pedir a um professor que desfaça em poucas horas aquilo que uma criança ouve constantemente em casa, na televisão, na Internet ou da boca daqueles que espalham o ódio a partir dos seus lugares de poder.

A educação para os direitos humanos tem de fazer parte da nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Porquê? Porque, quando os preconceitos são deixados crescer, podem transformar-se em algo muito mais grave. Uma piada pode transformar-se num insulto, um insulto pode transformar-se em assédio, o assédio pode transformar-se numa agressão e uma agressão pode acabar numa tragédia. Nem sempre isso acontece, naturalmente, mas é precisamente por isso que temos de intervir mais cedo. Prevenir significa não esperar que alguém seja agredido para começar a falar de respeito.

Agora, também temos de ser honestos. Infelizmente, por muito que desejemos o contrário, nem tudo se resolve com educação. Há pessoas que conhecem perfeitamente a diferença entre o bem e o mal e, ainda assim, escolhem discriminar, perseguir, ameaçar ou agredir outras pessoas. Há comportamentos que não podem ser justificados simplesmente dizendo que quem os pratica “não recebeu uma boa educação”. Por isso, quando o ódio se transforma numa conduta que viola direitos ou constitui um crime, o Estado tem o dever de agir para proteger as vítimas e dar-lhes uma resposta adequada.

E é aí que entra o Código Penal ou, quando for caso disso, a legislação relativa à responsabilidade penal dos menores, quando o autor dos factos é menor de idade. Mas não são vacinas. São a última barreira de proteção. O direito penal não pode, por si só, mudar a mentalidade de uma sociedade. Pode punir determinadas condutas, proteger as vítimas e transmitir uma mensagem muito clara sobre aquilo que a nossa sociedade não está disposta a tolerar. Mas nenhum Código Penal pode substituir uma boa educação. Podemos punir um crime de ódio depois de este ter acontecido, mas preferiríamos viver numa sociedade onde esse crime nunca chegasse a acontecer.

Por isso, não deveríamos apresentar a Educação e o Código Penal como duas ferramentas opostas. Precisamos de ambas, mas cada uma no seu lugar. A educação para prevenir, os direitos para proteger e a justiça para responder quando for necessário. Uma sociedade democrática não pode limitar-se a punir o ódio quando este já causou danos. Tem de agir muito antes, para impedir que esse ódio chegue a transformar-se em violência.

No fundo, tudo começa com algo que parece tão simples como ensinar às nossas filhas e aos nossos filhos, às nossas alunas e aos nossos alunos, às nossas amigas e aos nossos amigos e também a nós próprios, que ninguém tem de pedir autorização para existir. Que ninguém deve ter de esconder quem ama, que ninguém merece menos por causa da cor da sua pele, da sua origem, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua identidade, da sua situação económica ou de qualquer outra circunstância pessoal, e que respeitar o outro não significa pensar como ele, mas compreender que a sua dignidade merece exatamente o mesmo respeito que a nossa.

Porque o ódio também se aprende, mas a igualdade ensina-se, e quanto mais cedo aprendermos a educar para o respeito pelo outro, menos vezes teremos de recorrer ao Código Penal para defender algo que nunca deveria ter sido posto em causa.

No fim de contas, a dignidade de cada ser humano está acima de tudo.

E temos de aprender a educar.

Para não ter que punir.

Cuando el colegio no protege

En pocas semanas comenzará un nuevo curso escolar. Para muchas familias será únicamente volver a la rutina, pero, para muchas otras, también será volver a una pesadilla de que no consiguen despertar. Esa pesadilla no es otra que la del acoso escolar y ciberacoso, que se sigue cebando con menores de toda España y que, a veces, tiene consecuencias dramáticas si no se actúa a tiempo.

Hablar de acoso escolar y ciberacoso no puede reducirse a decirle a un niño o a una niña que sea fuerte, que ignore los insultos o que aprenda a defenderse. Tampoco podemos convertirlo simplemente en un problema entre quien agrede y quien sufre la agresión. Cuando un menor entra cada mañana en un centro educativo, entra en un espacio en el que los adultos tienen una responsabilidad concreta sobre su seguridad, su dignidad y su bienestar. Por encima de su labor de enseñar conocimientos, la principal obligación de los centros es la proteger a los menores cuando no están con sus famililas porque se hallan dentro del centro. Y cuando aparecen indicios de violencia, esa responsabilidad no desaparece porque resulte incómodo reconocer lo que está ocurriendo.

Las causas del acoso y el ciberacoso son múltiples y rara vez existe una sola explicación. Pueden intervenir la necesidad de dominación o reconocimiento dentro del grupo, la presión de los iguales, la intolerancia hacia quien es percibido como diferente, los prejuicios por razón de orientación sexual, identidad, origen, discapacidad, aspecto físico, situación económica o cualquier otra circunstancia personal, así como la falta de habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica. En el ciberacoso se añade además la sensación de anonimato, la distancia física y la facilidad para difundir mensajes, fotografías o vídeos a un número enorme de personas en cuestión de segundos. Pero comprender sus causas no significa justificar nunca la conducta de quien agrede. Al contrario, conocerlas permite prevenirlas y detectar antes las situaciones de riesgo. Y ahí vuelve a aparecer la responsabilidad de los adultos y de los centros educativos, porque prevenir la violencia también significa trabajar sobre aquellas dinámicas que pueden convertir las diferencias entre alumnos en motivos de humillación, exclusión o violencia.

La legislación española es clara en este punto. La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece obligaciones de prevención, detección precoz, protección y reparación frente a cualquier forma de violencia contra los menores. El acoso escolar y el ciberacoso forman parte de esa realidad. Además, quienes trabajan habitualmente con niños y adolescentes tienen deberes específicos de comunicación cuando conocen indicios de violencia. No estamos hablando, por tanto, de una cuestión de buena voluntad o de sensibilidad personal. 

Existen obligaciones legales concretas cuyo incumplimiento puede generar, según las circunstancias y la gravedad del caso, distintas responsabilidades jurídicas. Da igual que sean centros públicos, concertados o privados. La ley establece un marco claro de cuáles son las obligaciones que deben cumplir los centros educativos para evitar la violencia dentro de las aulas. Esta obligación de protección tampoco desaparece porque determinadas conductas se produzcan fuera del recinto escolar, especialmente cuando el acoso se inicia o continúa a través de las tecnologías de la información y la comunicación y afecta a la convivencia y seguridad del alumnado.

La ley incluso obliga a todos los centros donde estudien menores, sean públicos, concertados o privados, a contar con un coordinador o coordinadora de bienestar y protección. No estamos, por tanto, ante una figura decorativa ni ante una recomendación voluntaria. La propia ley le atribuye funciones relacionadas con la prevención, la detección precoz y la protección frente a la violencia.

En todas las comunidades autónomas existen protocolos específicos de actuación ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso. La normativa autonómica establece una serie de actuaciones que deben ponerse en marcha cuando existen indicios, incluyendo la investigación de los hechos, la adopción de medidas de protección, la intervención con el alumnado implicado, la comunicación con las familias, el seguimiento de la situación y, cuando corresponde, la intervención de la Inspección Educativa. Por eso, activar un protocolo no puede convertirse en un simple trámite administrativo para poder decir que se ha hecho algo. Lo verdaderamente importante es que las medidas adoptadas sean adecuadas y eficaces para proteger al menor. 

Recientemente, el Ministerio de Educación presentó en abril de 2026 un protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar, concebido precisamente para servir de referencia a las comunidades autónomas y armonizar las actuaciones. Así, el 17 de agosto de 2026, el Ministerio publicó la Guía para el diseño de protocolos contra el acoso y el ciberacoso, cuyo objetivo declarado es establecer criterios comunes y facilitar que las comunidades autónomas armonicen sus protocolos. Por tanto, si el Ministerio está intentando armonizar los protocolos ahora, es porque existen diferencias entre comunidades autónomas que pueden hacer que muchos casos queden impunes, no solo con respecto a los agresores, sino también con respecto a quienes tienen obligación de cuidado. Por tanto, el hecho de que haya considerado necesario elaborar ahora un marco común demuestra que esa diferencias territoriales en los procedimientos existen y ha considerado conveniente avanzar hacia criterios más homogéneos de actuación y protección ante los casos de acoso y ciberacoso. Otra cosa será si se cumple o no se cumple por parte de las distintas administraciones y centros educativos de toda clase. 

Y aquí aparece una cuestión de la que se habla mucho menos. ¿Qué sucede cuando el centro sabe lo que está ocurriendo y no actúa adecuadamente? ¿Qué ocurre cuando una familia avisa repetidamente, el menor continúa sufriendo las agresiones y las medidas adoptadas no consiguen detenerlas? ¿Qué pasa cuando se minimizan los hechos, se califican como simples conflictos entre compañeros o se considera que la solución consiste en cambiar de clase, apartar a la víctima o pedirle que ignore lo que sucede?

En determinadas circunstancias, la responsabilidad puede dejar de estar exclusivamente en quienes ejercen la violencia y alcanzar también al funcionamiento del servicio educativo. Pero debemos ser rigurosos. La Administración no es una aseguradora universal de cualquier daño que pueda producirse dentro de un colegio. Para que exista responsabilidad patrimonial deben concurrir los requisitos establecidos legalmente, entre ellos la existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable, su antijuridicidad y una relación causal con el funcionamiento normal o anormal del servicio público. Así lo establece la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esto significa algo muy importante para las familias. No basta con demostrar que un niño sufrió acoso. También habrá que analizar qué hizo el centro cuando conoció la situación, qué medidas adoptó, si fueron razonables, si se ejecutaron correctamente y si hubo seguimiento suficiente. Una respuesta tardía, meramente formal o manifiestamente insuficiente puede tener consecuencias jurídicas cuando exista relación entre esa deficiente actuación y el daño sufrido.

A modo de ejemplo, la jurisprudencia reciente demuestra que no estamos hablando de una posibilidad puramente teórica. En enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a la Xunta a indemnizar con 9.000 euros a una familia por la respuesta insuficiente de la Administración educativa ante una situación denunciada como posible acoso. El asunto tiene especial interés porque el tribunal no llegó a considerar probado judicialmente el acoso escolar en sentido estricto, pero sí apreció una actuación administrativa insuficiente que había ocasionado un daño al menor. Eso sí, la sentencia aún no es firme, pues cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esto nos enseña algo fundamental. La responsabilidad no depende únicamente de poner una etiqueta al comportamiento de los alumnos. También puede analizarse cómo respondió la Administración ante aquello que se le comunicó. Abrir un protocolo no convierte automáticamente la actuación del centro en correcta. Si se investiga de manera insuficiente, no se protege adecuadamente al menor, no se controla la evolución de la situación o se mantienen unas medidas que claramente no están funcionando, habrá que analizar jurídicamente esa actuación.

La Inspección Educativa tampoco está al margen. Entre sus funciones se encuentran la supervisión y el control del funcionamiento de los centros y la vigilancia del cumplimiento de la normativa educativa. Por ello, cuando una situación llega formalmente a Inspección, habrá que valorar qué información recibió, qué actuaciones realizó y si utilizó las competencias que legalmente tiene atribuidas. Eso no significa que un inspector sea personalmente responsable de todo lo que sucede en un centro, pero tampoco significa que una denuncia formal pueda ser ignorada sin más. Por tanto, cuando la Inspección tiene conocimiento formal de una situación que exige su intervención, su actuación debe analizarse también a la luz de las funciones de supervisión y seguimiento que la normativa le atribuye.

Lo mismo debemos decir de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. No existe una responsabilidad automática del delegado o delegada territorial por cada caso de acoso que se produzca, pero la Administración educativa tiene obligaciones de supervisión, organización y protección. Si una familia ha acudido sucesivamente al centro, a la dirección, a la Inspección y a los órganos administrativos competentes y, pese a conocer la situación, no se proporciona una respuesta adecuada, la actuación administrativa puede ser objeto de control y, cuando concurran los requisitos legalmente establecidos, dar lugar a responsabilidad administrativa, disciplinaria o, en su caso, patrimonial, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder.

¿Puede existir responsabilidad penal? Sí, pero aquí debemos ser especialmente prudentes. No toda negligencia administrativa constituye un delito. El artículo 11 del Código Penal contempla determinados supuestos de comisión por omisión cuando existe un especial deber jurídico de actuar y concurren los restantes requisitos establecidos por el Derecho penal para equiparar la omisión a la acción. También existen delitos específicos que podrían entrar en consideración dependiendo de las circunstancias concretas. Pero no podemos afirmar que un profesor, director, inspector o responsable administrativo cometa automáticamente un delito por gestionar mal un caso de acoso. Para llegar a esa conclusión habría que acreditar todos los elementos del delito correspondiente.

También pueden existir responsabilidades disciplinarias y, dependiendo de quién sea el responsable y del tipo de centro, responsabilidades civiles o patrimoniales. En los centros públicos, el cauce fundamental será normalmente la responsabilidad patrimonial de la Administración. En los centros privados pueden entrar en juego las reglas de responsabilidad civil, incluido el artículo 1903 del Código Civil. Hay que tener en cuenta que, en los centros privados y, según las circunstancias, en los centros concertados, pueden entrar en juego las reglas de responsabilidad civil, sin perjuicio de las obligaciones administrativas y educativas que resulten aplicables. Ahora bien, eso no es excusa para dejar de la lado su labor de protección y vigilancia para evitar incurrir en responsabilidad. En todo caso, hay estudiar cada caso individualmente y no meter todas las situaciones de acoso en el mismo saco. Eso sí, si existe responsabilidad, ya sea civil o penal, debe ser asumida sin paliativos. 

Y ahora quiero hablar directamente a las familias. Quiero que no tengáis miedo a reclamar. Si vuestro hijo o vuestra hija está sufriendo acoso, no aceptéis que os digan que son simplemente cosas de niños. No aceptéis que os digan que tiene que aprender a defenderse. No aceptéis que se convierta a la víctima en el problema porque llora, porque tiene miedo, porque falta a clase o porque ya no quiere volver al instituto. Y tampoco aceptéis que la única solución sea apartarla mientras quienes la agreden continúan haciendo su vida con normalidad.

Guardad los mensajes, capturas de pantalla, fotografías, audios, partes médicos, comunicaciones y correos electrónicos. Comunicad los hechos por escrito. Pedid que se active el protocolo correspondiente y solicitad información sobre las medidas de protección y seguimiento. Si la respuesta del tutor no es suficiente, acudid a la dirección. Si la dirección no actúa correctamente, acudid a la Inspección Educativa. Si la respuesta administrativa continúa siendo insuficiente, utilizad los mecanismos de reclamación correspondientes y, cuando los hechos puedan constituir delito, acudid a las autoridades competentes.

Denunciar no significa atacar a un colegio, significa proteger a un menor. Y si para conseguir esa protección hay que reclamar frente a un profesor, una dirección, una inspección o incluso frente a la propia Administración educativa, las familias tienen derecho a hacerlo. Porque ningún cargo, ningún puesto de trabajo y ninguna institución están por encima del derecho de un niño o una niña a crecer sin violencia.

La educación también consiste en enseñar que los problemas se pueden resolver hablando, pero hay situaciones en las que hablar no basta. Cuando existe violencia continuada, cuando un menor tiene miedo de ir al colegio, cuando aparecen síntomas de sufrimiento o cuando las agresiones continúan pese a haber sido comunicadas, hay que actuar.

Detrás de cada expediente hay un menor; detrás de cada protocolo hay una familia; y detrás de cada denuncia hay alguien que está pidiendo que un adulto haga aquello que nunca debería haber dejado de hacer: PROTEGER.

Cuando hay menores que piden ayuda, la obligación de los adultos no es mirar hacia otro lado. 

Es ponerse de su lado y protegerles.

Proteger no es un favor. 

Es una obligación.