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Durante casi medio siglo, en pleno siglo XXI, en un país democrático, europeo y constitucional, ha existido una fundación dedicada a glorificar la figura de un dictador. Una entidad con personalidad jurídica, cuenta bancaria, página web y archivos públicos, cuyo objetivo declarado era ensalzar la vida y la obra de Francisco Franco. Eso, que suena a delirio histórico o a resaca del pasado, no es ficción. Es la realidad que España ha permitido hasta hace apenas unos meses, cuando el Gobierno decidió por fin iniciar el proceso de disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco.

El Estado reacciona tarde, sí, pero reacciona. Y esa reacción, aunque llegue medio siglo después de la muerte del dictador, tiene un valor simbólico y democrático enorme. La desaparición de esta fundación no es solo un trámite jurídico, sino un acto de justicia histórica. Es el reconocimiento institucional de que la apología del franquismo no es libertad de expresión, sino apología del régimen dictatorial, atroz y genocida que imperó en España durante casi 40 años.  

La Fundación Nacional Francisco Franco nació en 1976, apenas un año después de la muerte del dictador. Lo hizo con la excusa de ser una “fundación cultural” para el estudio de su figura y su legado. En la práctica, se convirtió en un espacio de exaltación de la dictadura, de negación de los crímenes del régimen y de ridiculización de las víctimas. Durante décadas ha funcionado con total normalidad, amparada por una legislación laxa y por la pasividad de los gobiernos democráticos, de distinto signo, tanto progresistas como conservadores, que prefirieron evitar el conflicto antes que afrontarlo.

En su página web, la fundación hablaba del “Caudillo” en términos elogiosos. Decía que su gobierno había construido “los cimientos de la democracia actual” y que su figura tenía “más dimensiones positivas que negativas”. En sus boletines y comunicados, llamaba “Cruzada” al golpe de Estado de 1936 y hablaba de la Guerra Civil como una “liberación”. En sus actos, se exaltaba el franquismo, se negaban las violaciones de derechos humanos y se ridiculizaba el trabajo de las asociaciones de memoria. Todo ello bajo el paraguas de una fundación reconocida legalmente por el Estado.

Pero, ¿cómo ha sido posible todo esto durante casi 50 años? La respuesta está en las grietas de nuestra democracia. España, a diferencia de Alemania o Italia, nunca prohibió la exaltación de su dictadura. La Transición, que nos trajo la paz y la libertad, también trajo consigo silencios impuestos y pactos tan irracionales como dolorosos para las víctimas de la dictadura. Entre ellos, el silencio sobre el pasado. La Ley de Fundaciones de 2002 exigía que las entidades persiguieran fines de interés general, pero nadie se atrevió a afirmar que glorificar a un dictador era lo contrario a ese interés. Al menos, no hasta ahora.

En 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, una norma que marcó un antes y un después. En su disposición adicional quinta, que remite al artículo 31.f) de la Ley de Fundaciones, establece que una fundación puede extinguirse si realiza actividades contrarias al interés general, y la propia ley aclara que se considerará contraria a ese interés cualquier entidad que exalte el golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista o humille la dignidad de sus víctimas. Así, por primera vez, el Estado español ponía negro sobre blanco lo que parecía evidente: que no se puede defender a un régimen dictatorial criminal y, al mismo tiempo, alegar fines culturales o educativos. Porque la memoria democrática no es una cuestión de ideología, sino de respeto a la verdad, la justicia y la reparación.

A partir de esta ley, el Ministerio de Cultura y Memoria Democrática, dirigido por Ernest Urtasun, inició el procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco. Se analizaron más de cinco mil documentos y publicaciones, se pidió informe a la Abogacía del Estado y se constató lo que tantas veces se había denunciado desde la sociedad civil. Es decir, aquella fundación no promovía la cultura, sino la apología del franquismo. Los informes oficiales fueron demoledores. Determinaron que la entidad “no persigue fines de interés general”, sino que “glorifica un régimen dictatorial, niega sus crímenes y humilla a las víctimas”. De acuerdo con los técnicos, la fundación “ridiculiza las exhumaciones, niega el trabajo forzado y difunde una reinterpretación falsificada del pasado”.

Finalmente, la resolución ministerial, firmada en junio de 2024, abrió el expediente de extinción. Desde entonces, el proceso está en marcha. Ahora será un juez quien tenga la última palabra, pero el paso ya está dado. El Estado, por fin, ha decidido poner fin al privilegio legal del franquismo que ha permanecido latente durante todo este tiempo y que es la fuente de la bebe la ultraderecha en España, que, aunque ha asumido las reglas del juego democrático, solo por conveniencia, nunca ha dejado de dar muestras de nostalgia y guiños hacia un pasado gris que, poco a poco, están persiguiendo, a veces consiguiendo, imponer otra vez. 

Pero, la disolución de la Fundación Franco no es solo un asunto de papeles o registros, es un símbolo, es el momento exacto en que la democracia española, con todas sus carencias, se mira al espejo y reconoce, de una vez, una deuda pendiente. Durante demasiado tiempo, el franquismo sobrevivió en despachos, en archivos, en homenajes y en discursos, algunos de ellos en sede parlamentaria, en asambleas y plenos municipales. Se le toleró en nombre de la libertad, se le relativizó en nombre de la concordia y se le blanqueó en nombre de una falsa equidistancia histórica que solo añadía más desprestigio a nuestras instituciones y más dolor a las víctimas de la dictadura. Y es que, una democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino defendiendo la verdad. No se consolida permitiendo el culto al verdugo, sino honrando a las víctimas. La existencia legal de una fundación dedicada a exaltar a Franco era una anomalía moral, jurídica y democrática. Su desaparición no reescribe la historia, la dignifica, al igual que restituye la dignidad a las víctimas del franquismo. 

El Gobierno ha anunciado además que, junto con la disolución, se revisarán los archivos de la fundación para recuperar documentos públicos que pudieran estar entre sus fondos. No es un gesto menor, porque gran parte del patrimonio documental de la dictadura terminó en manos privadas tras la muerte de Franco. Si el Estado recupera esos materiales, hará justicia no solo con la historia, sino también con la ciudadanía, que tiene derecho a conocer su pasado sin manipulación alguna. Es el mismo principio que guió la recuperación del Pazo de Meirás, la antigua residencia de verano del dictador. Porque lo que fue arrebatado por el poder debe volver siempre al pueblo.

Sin embargo, es obvio que este paso histórico llega tarde. Durante medio siglo, España ha convivido con la impunidad franquista en muchas de sus formas. Las víctimas tuvieron que esperar décadas para ser reconocidas, los torturadores de la dictadura murieron sin ser juzgados y los nombres de los verdugos siguieron en las calles, en placas y con honores militares. Y mientras tanto, la Fundación Francisco Franco seguía recibiendo donaciones, subvenciones, celebrando misas, organizando conferencias y burlándose de los avances de la memoria.

Por eso, este proceso no puede quedarse aquí. El franquismo organizado sigue aún muy activo. Existen partidos, asociaciones y colectivos que continúan difundiendo el mismo discurso. Así, existen organizaciones como Núcleo Nacional, Falange Española, la Hermandad del Valle de los Caídos o grupos ultras de fútbol que se reúnen cada 20 de noviembre para rendir homenaje al dictador. Lo hacen sin pudor, con banderas preconstitucionales, saludos fascistas y consignas que glorifican el golpe de Estado contra el gobierno de la II República que, a pesar de sus errores y carencias, era un gobierno legítimo, emanado de la voluntad del pueblo, y que contaba con una Constitución de las más avanzadas de su tiempo, no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. 

Las comparaciones siempre son odiosas, sobre todo para quienes se encuentran en la comodidad de un privilegio que no les pertenece, porque se trata de un privilegio alimentado con el robo de la libertad y amparado por un régimen criminal durante décadas. Por eso, en Alemania, en Italia o en Austria, fundaciones que glorifican a Hitler o a Mussolini son impensables. Allí, a pesar del aumento de los movimientos neonazis y neofascistas, la exaltación del nazismo o del fascismo es un delito. Mientras tanto, en España todavía genera tertulias y genera un discurso que está calando en jóvenes y adolescentes que, sin haber vivido, ni tampoco estudiado nada de aquellos años oscuros, ven con buenos ojos la figura de un dictador bajo el peligroso argumento de que “a mí la política me da igual”. Ese contraste duele, y no porque haya que copiar otros modelos educativos o modelos sociales, sino porque demuestra la enorme falta de coraje con la que se ha gestionado nuestra memoria democrática.

Hay quien dirá que disolver una fundación o ilegalizar una organización es atentar contra la libertad de expresión. Pero las personas que usan ese argumento olvidan que la libertad de expresión no puede ser el refugio del odio. La libertad de expresión protege las ideas, pero no el insulto a la dignidad humana que es totalmente inviolable. Y el franquismo no es una opinión, sino un régimen basado en la represión, la censura, la tortura, el miedo y el terror estatal. 

Las leyes democráticas no están para censurar, sino para garantizar que el espacio público no se convierta en altavoz del totalitarismo. Por eso la Ley de Memoria Democrática no persigue ideologías, sino conductas delictivas que se nutren de ellas; no castiga el pensamiento, sino la exaltación del crimen de un régimen dictatorial y genocida. Nadie va a ir a la cárcel por pensar que Franco fue un buen gobernante, pero sí es razonable impedir que el Estado ampare una fundación que difunda ese mensaje con dinero público y protección jurídica. Eso, en una sociedad democrática que se precia como tal, no puede tener cabida. 

Por tanto, la diferencia es clara. En democracia se puede estudiar el franquismo, debatirlo, analizarlo, incluso criticar la propia Ley de Memoria si se piensa que no es adecuada o está incompleta. Lo que no se puede es hacer apología de un dictador ni reírse de quienes fueron asesinados o torturados por defender la libertad. Eso no es libertad de pensamiento, sino humillación.

Pero, por otra parte, no podemos olvidar que el fascismo, cuando se estudia, debe ser siempre para combatirlo, reconociendo todo símbolo y comportamiento para evitar que resurja otra vez. Y no, esto no se trata de censura, sino de higiene democrática. De limpiar los restos simbólicos de una dictadura que aún contamina el presente. Porque el franquismo no solo está en los libros de historia que, por cierto, apenas se estudia en los centros educativos, con las consecuencias que eso tiene y que estamos viendo ahora, sino también en los discursos de quienes relativizan la dictadura, en los editoriales que justifican “la paz de Franco” o en los mítines donde se habla de “patriotas” para referirse a los criminales de guerra y genocidas que fueron protagonistas del golpe de estado de 1936.

Toda esa oscura herencia ideológica sigue viva en sectores que normalizan el autoritarismo, que desprecian la diversidad, que niegan la violencia de género o que defienden la “unidad de España” con la misma lógica irracional y excluyente de los años cuarenta. Combatir el franquismo hoy significa defender una democracia plural, feminista, diversa y solidaria. Significa reivindicar la libertad no solo como derecho, sino como cultura cívica y democrática. Por eso, la disolución de la Fundación Franco es mucho más que una medida administrativa. Debe ser entendida como una declaración política en la que la idea principal es que la democracia española no puede proteger a quien la niega. Y esa declaración debería extenderse a todas las organizaciones que propagan el odio bajo la bandera del falso “patriotismo” que pretenden implantar. 

Si miramos a Europa, la comparación es contundente. En Alemania, quien hace apología del nazismo comete delito y puede ir a prisión. En Italia, la exaltación del fascismo de Mussolini está penada por ley. En Austria, los símbolos nazis están prohibidos incluso en el ámbito privado. Y esto no se trata de autoritarismo, sino de defensa de la memoria democrática. España, en cambio, ha convivido con la presencia de símbolos franquistas, asociaciones ultraderechistas y fundaciones nostálgicas. Aún quedan calles con nombres de militares golpistas y, al menos que se sepa, hasta hace poco se celebraban misas públicas por el alma del dictador en templos oficiales. Y todavía hoy hay medios que hablan de “la obra social del franquismo” sin sonrojo y sin vergüenza. La disolución de la Fundación Francisco Franco coloca a España más cerca de los estándares europeos de memoria democrática. No es venganza, sino coherencia. Porque una democracia que se respeta a sí misma no puede permitir que el fascismo tenga ninguna clase de amparo o legitimidad jurídica. En 2025 todo esto sigue pasando, aunque cada vez menos o, al menos, de manera más encubierta. 

No olvidemos que este paso también es, en gran parte, una victoria de las víctimas. De todas aquellas personas que fueron fusiladas, encarceladas, torturadas o silenciadas durante cuarenta años. De sus familias, que buscaron durante décadas a sus seres queridos desaparecidos en cunetas, fosas y cementerios. De las asociaciones de memoria que fueron tildadas de “revanchistas” solo por exigir justicia. La extinción de la Fundación Franco no les devuelve lo perdido, pero les reconoce como lo que siempre fueron, personas que merecían respeto hacia su dignidad. Durante años, esas víctimas vieron cómo se homenajeaba al verdugo mientras ellas seguían sin verdad ni reparación. El Estado les debía un gesto, y este, sin duda, lo es. Aun así, la deuda no está saldada del todo. Miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos, muchos archivos de la represión continúan cerrados y ningún tribunal español ha juzgado los crímenes del franquismo porque se siguen considerando “prescritos” o “amnistiados”. El cierre de la Fundación Franco debería ser el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que la memoria democrática se traduzca en justicia real y efectiva para las víctimas. 

Como era de esperar, la disolución de la fundación ha generado críticas desde sectores conservadores y, sobre todo, ultraconservadores nostálgicos. Algunos juristas y políticos argumentan que podría vulnerar la libertad de asociación o de expresión. Otros la presentan como un intento de “reabrir heridas”. Pero, en realidad, las heridas nunca se cerraron, solo se taparon, que no es lo mismo. Porque defender la democracia no es reabrir el pasado, sino impedir que se repita. Los argumentos de quienes relativizan el franquismo se parecen demasiado a los que se usaron en la Transición para pedir, más bien imponer, silencio con argumentos como que “hay que mirar hacia adelante” , que “no hay que dividir” o que “todos fueron culpables”. Pero mirar hacia adelante no significa olvidar, mirar hacia adelante significa aprender del pasado para nunca más se vuelva a repetir.

Es verdad que la libertad de asociación es un derecho, pero ningún derecho es absoluto, salvo el derecho a no recibir tortura ni humillación, que es justo lo que las víctimas sufrieron durante décadas. Al mismo tiempo, la Constitución española prohíbe las asociaciones que promuevan el odio o atenten contra el orden democrático. Y eso es exactamente lo que hace la apología del franquismo, porque atenta contra los valores en los que se fundamenta la democracia.

En el fondo, todo esto va de dignidad. De la dignidad de un país que decide no rendir homenaje al dictador que lo sometió. De la dignidad inviolable de las víctimas, que merecen que su sufrimiento no sea motivo de burla. De la dignidad de las instituciones, cada vez más degradadas, que deben proteger la verdad frente a la mentira.

El franquismo no fue una “etapa más” de nuestra historia. Fue una dictadura cruel, criminal y genocida que persiguió la libertad, censuró la cultura, torturó a miles de personas y condenó al exilio a generaciones enteras. Quien hoy la glorifica no defiende una opinión, sino un crimen contra la humanidad y un ataque a la dignidad de las víctimas. Y el Estado no puede ser neutral ante eso. La disolución de la Fundación Francisco Franco no borra la historia, la ilumina. La historia no se reescribe eliminando símbolos franquistas que, en realidad, son auténticos símbolos de odio; se reescribe cuando se calla ante ellos, porque ese silencio valida un relato que solo busca perpetuar las imposiciones de quienes han creído que este país les pertenecía o, peor aún, que aún les pertenece. Por eso, nunca hay que callar ante ningún símbolo o exaltación, porque ese silencio les otorga una carta de naturaleza que no es admisible en ninguna democracia. La retirada de esos símbolos, y todo lo que conlleva, además de ser un acto de rebeldía ante el silencio cómplice, lo que hace es dignificar a las víctimas mediante una memoria que ha sido secuestrada durante décadas. La disolución de la Fundación Francisco Franco no elimina el pasado, porque eso no puede hacerse, por mucho que alguien lo intente, pero sí permite asumirlo con responsabilidad y, sobre todo, con dignidad para las víctimas. 

El proceso judicial para la extinción de la fundación puede durar meses. Es probable que la entidad recurra, que presente alegaciones o que intente transformarse en otra forma jurídica para sobrevivir. Pero el precedente ya está creado y el mensaje está lanzado. Y ese mensaje no es otro sino que la democracia española no tolerará más la exaltación del franquismo bajo cobertura legal.

El reto ahora será mantener esa coherencia. Porque no basta con cerrar una fundación, también hace falta educación, memoria y cultura democrática. Hace falta que los jóvenes conozcan lo que ocurrió, que se hable en las aulas, que se visite el Valle de Cuelgamuros sabiendo quién lo construyó y de qué forma, que se entiendan las palabras como “golpe de Estado” y “dictadura” no como conceptos lejanos, sino como advertencias de lo que puede volver si olvidamos su significado y la historia que las envuelve. El futuro no se defiende solo con leyes, sino con conciencia. Y la conciencia democrática se construye recordando, nunca olvidando.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, España está dando pasos que debieron haberse dado mucho antes, pero más vale tarde que nunca. Que nadie caiga en el engaño, este proceso no es revancha, sino de madurez. Es la constatación de que una democracia consolidada no teme revisar su pasado, sino que se fortalece al hacerlo. El Estado reacciona tarde, pero reacciona. Y en ese gesto, en esa reacción tardía pero firme, hay una promesa de futuro. La promesa de que la democracia española ha aprendido que la equidistancia con el fascismo no es neutralidad, sino complicidad. Por eso, cerrar la Fundación Francisco Franco no es un ataque a la libertad, sino una defensa de la libertad misma. Porque la libertad sin memoria se vuelve frágil, manipulable y vacía. Y una democracia sin memoria es una democracia sin raíces.

El camino que se abre ahora, que debió abrirse mucho antes, es el de la responsabilidad. La disolución de la fundación es un punto de partida, no es la meta final. España tiene aún muchas tareas pendientes. Hay que exhumar todas las fosas para sacar los restos, identificarlos, entregarlos a sus familias y dignificarlos; hay que abrir todos los archivos para que se conozca la historia que se ha querido ocultar, hay que educar en la memoria democrática en centros educativos y, por supuesto, hay que impedir que los discursos de odio sigan normalizándose en los medios y en la política.

Este paso, sin duda, importa, importa mucho. Importa porque, por primera vez, el Estado ha dicho con todas las letras que el franquismo fue un crimen y que su exaltación no cabe en una sociedad democrática. Importa porque devuelve dignidad a cientos de miles de víctimas que fueron despreciadas, a sus familias y al conjunto de la ciudadanía, que ha sido despojada de su historia porque se la ha privado de su memoria. E importa porque nos recuerda que la democracia no se hereda, se defiende, día tras día, de una amenaza que sigue ahí, latente, esperando el momento para volver a tomar lo que algunas personas creen que les pertenece solo a ellas. 

El franquismo quiso que España viviera de rodillas. Pero, la democracia se construye de pie, mirando al pasado sin miedo, para no repetirlo, y también al futuro con esperanza.

Porque la memoria no es ninguna forma de venganza, sino de justicia. 

Y la justicia es la forma más noble de recordar.

Para no repetirlo de nuevo. 

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
When Democracy Finally Looks In The Mirror 

For almost half a century, in the 21st century, in a democratic, European and constitutional country, there has been a foundation dedicated to glorifying the figure of a dictator. An entity with legal status, a bank account, a website and public archives, whose stated aim was to extol the life and work of Francisco Franco. This may sound like historical delirium or a hangover from the past, but it is not fiction. It is the reality that Spain allowed until just a few months ago, when the government finally decided to begin the process of dissolving the Francisco Franco National Foundation.

The state is reacting late, yes, but it is reacting. And that reaction, even if it comes half a century after the dictator’s death, has enormous symbolic and democratic value. The disappearance of this foundation is not just a legal formality, but an act of historical justice. It is the institutional recognition that the glorification of Francoism is not freedom of expression, but rather the glorification of the dictatorial, atrocious and genocidal regime that ruled Spain for almost 40 years.  

The Francisco Franco National Foundation was created in 1976, barely a year after the dictator’s death. It was established under the pretext of being a ‘cultural foundation’ for the study of his figure and his legacy. In practice, it became a space for glorifying the dictatorship, denying the regime’s crimes and ridiculing its victims. For decades, it operated with complete normality, protected by lax legislation and the passivity of democratic governments of different political persuasions, both progressive and conservative, which preferred to avoid conflict rather than confront it.

On its website, the foundation spoke of the ‘Caudillo’ in glowing terms. It said that his government had built ‘the foundations of today’s democracy’ and that his figure had ‘more positive than negative dimensions’. In its newsletters and press releases, it called the 1936 coup d’état a ‘crusade’ and referred to the Civil War as a ‘liberation’. At its events, Francoism was glorified, human rights violations were denied and the work of memory associations was ridiculed. All this under the umbrella of a foundation legally recognised by the state.

But how has all this been possible for almost 50 years? The answer lies in the cracks in our democracy. Unlike Germany or Italy, Spain never banned the glorification of its dictatorship. The Transition, which brought us peace and freedom, also brought with it imposed silences and agreements that were as irrational as they were painful for the victims of the dictatorship. Among them was the silence about the past. The 2002 Law on Foundations required entities to pursue aims of general interest, but no one dared to claim that glorifying a dictator was contrary to that interest. At least, not until now.

In 2022, the Law on Democratic Memory was passed, a piece of legislation that marked a turning point. In its fifth additional provision, which refers to Article 31.f) of the Foundations Act, it establishes that a foundation may be dissolved if it carries out activities contrary to the general interest, and the law itself clarifies that any entity that glorifies the 1936 coup d’état, the Franco dictatorship or humiliates the dignity of its victims will be considered contrary to that interest. Thus, for the first time, the Spanish state put in black and white what seemed obvious: that one cannot defend a criminal dictatorial regime and, at the same time, claim cultural or educational purposes. Because democratic memory is not a question of ideology, but of respect for truth, justice and reparation.

On the basis of this law, the Ministry of Culture and Democratic Memory, headed by Ernest Urtasun, initiated proceedings to dissolve the Francisco Franco Foundation. More than 5,000 documents and publications were analysed, a report was requested from the State Legal Service, and what had been denounced so many times by civil society was confirmed. In other words, the foundation did not promote culture, but rather the glorification of Francoism. The official reports were damning. They determined that the entity ‘does not pursue aims of general interest’, but rather ‘glorifies a dictatorial regime, denies its crimes and humiliates its victims’. According to the experts, the foundation ‘ridicules exhumations, denies forced labour and spreads a falsified reinterpretation of the past’.

Finally, the ministerial resolution, signed in June 2024, opened the extinction proceedings. Since then, the process has been underway. Now it will be up to a judge to have the final say, but the first step has been taken. The state has finally decided to put an end to the legal privilege of the Franco regime that has remained latent all this time and which is the source of the far right in Spain, which, although it has accepted the rules of the democratic game, only for convenience, has never ceased to show nostalgia and nods to a dark past that, little by little, they are pursuing, sometimes succeeding, in imposing once again. 

But the dissolution of the Franco Foundation is not just a matter of papers or records, it is a symbol, it is the exact moment when Spanish democracy, with all its shortcomings, looks in the mirror and recognises, once and for all, a debt that is still outstanding. For too long, Francoism survived in offices, archives, tributes and speeches, some of them in parliament, in assemblies and municipal plenary sessions. It was tolerated in the name of freedom, relativised in the name of harmony and whitewashed in the name of a false historical equidistance that only added to the discredit of our institutions and the pain of the victims of the dictatorship. The fact is that a democracy is not strengthened by tolerating lies, but by defending the truth. It is not consolidated by allowing the cult of the executioner, but by honouring the victims. The legal existence of a foundation dedicated to glorifying Franco was a moral, legal and democratic anomaly. Its disappearance does not rewrite history, it dignifies it, just as it restores dignity to the victims of Francoism. 

The government has also announced that, along with the dissolution, the foundation’s archives will be reviewed to recover any public documents that may be among its holdings. This is no minor gesture, because much of the dictatorship’s documentary heritage ended up in private hands after Franco’s death. If the state recovers these materials, it will do justice not only to history, but also to the citizens, who have the right to know their past without any manipulation. It is the same principle that guided the recovery of the Pazo de Meirás, the dictator’s former summer residence. Because what was taken away by those in power must always be returned to the people.

However, it is obvious that this historic step comes late. For half a century, Spain has lived with Francoist impunity in many of its forms. The victims had to wait decades to be recognised, the torturers of the dictatorship died without being tried, and the names of the executioners remained on streets, plaques and military honours. Meanwhile, the Francisco Franco Foundation continued to receive donations and subsidies, celebrate masses, organise conferences and mock the progress of memory.

That is why this process cannot stop here. Organised Francoism is still very much alive. There are parties, associations and groups that continue to spread the same discourse. Thus, there are organisations such as Núcleo Nacional, Falange Española, the Hermandad del Valle de los Caídos (Brotherhood of the Valley of the Fallen) and ultra football groups that meet every 20th of November to pay tribute to the dictator. They do so shamelessly, with pre-constitutional flags, fascist salutes and slogans glorifying the coup d’état against the government of the Second Republic which, despite its mistakes and shortcomings, was a legitimate government, emanating from the will of the people, and which had one of the most advanced constitutions of its time, not only in Europe but also worldwide. 

Comparisons are always odious, especially for those who find themselves in the comfort of a privilege that does not belong to them, because it is a privilege fuelled by the theft of freedom and protected by a criminal regime for decades. That is why, in Germany, Italy or Austria, foundations that glorify Hitler or Mussolini are unthinkable. There, despite the rise of neo-Nazi and neo-fascist movements, the glorification of Nazism or fascism is a crime. Meanwhile, in Spain, it still generates discussion and discourse that is permeating young people and adolescents who, without having lived through or studied anything about those dark years, view the figure of a dictator favourably under the dangerous argument that ‘I don’t care about politics’. This contrast is painful, not because we should copy other educational or social models, but because it demonstrates the enormous lack of courage with which our democratic memory has been managed.

Some may say that dissolving a foundation or outlawing an organisation is an attack on freedom of expression. But those who use this argument forget that freedom of expression cannot be a refuge for hatred. Freedom of expression protects ideas, but not insults to human dignity, which is totally inviolable. And Francoism is not an opinion, but a regime based on repression, censorship, torture, fear and state terror. 

Democratic laws are not there to censor, but to ensure that the public space does not become a mouthpiece for totalitarianism. That is why the Democratic Memory Law does not persecute ideologies, but criminal behaviour that feeds on them; it does not punish thought, but the glorification of the crimes of a dictatorial and genocidal regime. No one is going to go to prison for thinking that Franco was a good ruler, but it is reasonable to prevent the state from protecting a foundation that spreads that message with public money and legal protection. In a democratic society that prides itself on being such, this cannot be allowed. 

Therefore, the difference is clear. In a democracy, it is possible to study Francoism, debate it, analyse it, and even criticise the Memory Law itself if it is considered inadequate or incomplete. What is not possible is to glorify a dictator or laugh at those who were murdered or tortured for defending freedom. That is not freedom of thought, but humiliation.

But, on the other hand, we cannot forget that when fascism is studied, it must always be in order to combat it, recognising every symbol and behaviour to prevent it from resurfacing again. And no, this is not about censorship, but about democratic hygiene. It is about cleaning up the symbolic remains of a dictatorship that still contaminates the present. Because Francoism is not only in history books, which, incidentally, barely studied in schools, with the consequences that this has and that we are now seeing, but also in the speeches of those who relativise the dictatorship, in editorials that justify ‘Franco’s peace’ or in rallies where ‘patriots’ are used to refer to the war criminals and genocidal figures who were the protagonists of the 1936 coup d’état.

All this dark ideological legacy lives on in sectors that normalise authoritarianism, despise diversity, deny gender violence or defend the ‘unity of Spain’ with the same irrational and exclusionary logic of the 1940s. Combating Francoism today means defending a pluralistic, feminist, diverse and supportive democracy. It means defending freedom not only as a right, but also as a civic and democratic culture. That is why the dissolution of the Franco Foundation is much more than an administrative measure. It should be understood as a political statement whose main idea is that Spanish democracy cannot protect those who deny it. And that statement should be extended to all organisations that spread hatred under the banner of the false ‘patriotism’ they seek to impose. 

If we look at Europe, the comparison is striking. In Germany, anyone who glorifies Nazism is committing a crime and can go to prison. In Italy, glorifying Mussolini’s fascism is punishable by law. In Austria, Nazi symbols are banned even in private. And this is not about authoritarianism, but about defending democratic memory. Spain, on the other hand, has coexisted with the presence of Francoist symbols, far-right associations and nostalgic foundations. There are still streets named after military coup leaders and, as far as we know, until recently public masses were held for the dictator’s soul in official churches. And even today there are media outlets that talk about ‘the social work of Francoism’ without blushing or feeling ashamed. The dissolution of the Francisco Franco Foundation brings Spain closer to European standards of democratic memory. This is not revenge, but consistency. Because a democracy that respects itself cannot allow fascism to have any kind of protection or legal legitimacy. In 2025, all this is still happening, although less and less, or at least in a more covert manner. 

Let us not forget that this step is also, in large part, a victory for the victims. For all those people who were shot, imprisoned, tortured or silenced for forty years. For their families, who searched for decades for their loved ones who had disappeared into ditches, mass graves and cemeteries. For the memory associations that were branded as ‘revengeful’ simply for demanding justice. The dissolution of the Franco Foundation does not restore what they lost, but it recognises them for what they always were: people who deserved respect for their dignity. For years, these victims saw their executioner honoured while they remained without truth or reparation. The state owed them a gesture, and this is undoubtedly it. Even so, the debt is not entirely paid. Thousands of families are still searching for their missing loved ones, many archives of the repression remain closed, and no Spanish court has tried the crimes of the Franco regime because they are still considered ‘time-barred’ or ‘amnestied’. The closure of the Franco Foundation should be the beginning of a new era, one in which democratic memory translates into real and effective justice for the victims. 

As expected, the dissolution of the foundation has generated criticism from conservative sectors and, above all, from nostalgic ultra-conservatives. Some lawyers and politicians argue that it could violate freedom of association or expression. Others present it as an attempt to ‘reopen wounds’. But in reality, the wounds never closed, they were only covered up, which is not the same thing. Because defending democracy is not about reopening the past, but about preventing it from repeating itself. The arguments of those who relativise Francoism are too similar to those used during the Transition to demand, or rather impose, silence with arguments such as ‘we must look forward’, ‘we must not divide’ or ‘everyone was guilty’. But looking forward does not mean forgetting; looking forward means learning from the past so that it never happens again.

It is true that freedom of association is a right, but no right is absolute, except the right not to be tortured or humiliated, which is precisely what the victims suffered for decades. At the same time, the Spanish Constitution prohibits associations that promote hatred or undermine the democratic order. And that is exactly what the glorification of Francoism does, because it undermines the values on which democracy is based.

Ultimately, this is all about dignity. The dignity of a country that decides not to pay tribute to the dictator who subjugated it. The inviolable dignity of the victims, who deserve not to have their suffering mocked. The dignity of institutions, increasingly degraded, which must protect the truth from lies.

Francoism was not just ‘another stage’ in our history. It was a cruel, criminal and genocidal dictatorship that persecuted freedom, censored culture, tortured thousands of people and condemned entire generations to exile. Those who glorify it today are not defending an opinion, but a crime against humanity and an attack on the dignity of the victims. And the state cannot be neutral in the face of that. The dissolution of the Francisco Franco Foundation does not erase history, it illuminates it. History is not rewritten by removing Francoist symbols, which are, in reality, authentic symbols of hatred; it is rewritten when we remain silent in the face of them, because that silence validates a narrative that only seeks to perpetuate the impositions of those who believed that this country belonged to them or, worse still, that it still belongs to them. That is why we must never remain silent in the face of any symbol or glorification, because that silence gives them a legitimacy that is unacceptable in any democracy. The removal of these symbols, and all that it entails, is not only an act of rebellion against complicit silence, but also dignifies the victims through a memory that has been hijacked for decades. The dissolution of the Francisco Franco Foundation does not erase the past, because that cannot be done, no matter how hard anyone tries, but it does allow us to face it with responsibility and, above all, with dignity for the victims. 

The legal process to dissolve the foundation may take months. It is likely that the entity will appeal, file arguments or attempt to transform itself into another legal form in order to survive. But the precedent has been set and the message has been sent. And that message is none other than that Spanish democracy will no longer tolerate the glorification of Francoism under legal cover.

The challenge now will be to maintain that consistency. Because it is not enough to close a foundation; education, memory and democratic culture are also needed. Young people need to know what happened, it needs to be discussed in classrooms, they need to visit the Valley of the Crosses knowing who built it and how, and they need to understand words such as ‘coup d’état’ and ‘dictatorship’ not as distant concepts, but as warnings of what could return if we forget their meaning and the history surrounding them. The future is not defended by laws alone, but by awareness. And democratic awareness is built by remembering, never forgetting.

Fifty years after the dictator’s death, Spain is taking steps that should have been taken much earlier, but better late than never. Let no one be deceived, this process is not revenge, but maturity. It is the realisation that a consolidated democracy is not afraid to review its past, but is strengthened by doing so. The state is reacting late, but it is reacting. And in that gesture, in that late but firm reaction, there is a promise for the future. The promise that Spanish democracy has learned that equidistance from fascism is not neutrality, but complicity. That is why closing the Francisco Franco Foundation is not an attack on freedom, but a defence of freedom itself. Because freedom without memory becomes fragile, manipulable and empty. And a democracy without memory is a democracy without roots.

The path that is now opening up, which should have opened up much earlier, is that of responsibility. The dissolution of the foundation is a starting point, not the final goal. Spain still has much work to do. All the mass graves must be exhumed to remove the remains, identify them, return them to their families and give them dignity; all the archives must be opened so that the history that has been hidden can be known; democratic memory must be taught in schools and, of course, hate speech must be prevented from continuing to be normalised in the media and in politics.

This step is undoubtedly important, very important. It is important because, for the first time, the state has stated in no uncertain terms that Francoism was a crime and that its glorification has no place in a democratic society. It is important because it restores dignity to hundreds of thousands of victims who were despised, to their families and to the citizenry as a whole, which has been stripped of its history because it has been deprived of its memory. And it matters because it reminds us that democracy is not inherited, it is defended, day after day, from a threat that is still there, latent, waiting for the moment to take back what some people believe belongs only to them. 

Francoism wanted Spain to live on its knees. But democracy is built standing up, looking at the past without fear, so as not to repeat it, and also looking to the future with hope.

Because memory is not a form of revenge, but of justice. 

And justice is the noblest form of remembrance.

So that it will never happen again.