Transformando con Orgullo LGTBIQ+

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🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+)

Un año más, con la llegada del mes de junio, celebramos el Orgullo LGTBIQ+. Un periodo en el que no solo se celebra la diversidad, sino que también supone una exigencia de igualdad, libertad, respeto y justicia. Este año, bajo el lema «Educación, Derechos y Paz: el Orgullo que Transforma», reafirmamos nuestro compromiso por la consecución de un mundo en el que toda persona pueda vivir su vida libremente, sin miedo a la discriminación ni a la violencia. Así pues, en una fecha tan señalada, es necesaria la unión de toda la sociedad para construir un futuro en el que la diversidad sea siempre celebrada y reconocida, nunca castigada ni perseguida. 

LA EDUCACIÓN: EL PILAR ESENCIAL

La educación es, sin duda, la herramienta más poderosa para transformar la sociedad que nos rodea. Una educación inclusiva derriba prejuicios, fomenta el respeto y construye una cultura de aceptación y empatía. La falta de conocimiento y comprensión sobre las realidades que afectan a las personas LGTBIQ+ es una de las principales causas que perpetúan la discriminación y la violencia que sufren a diario las personas de la comunidad. Por esta razón, resulta del todo necesario que los sistemas educativos adapten sus currículos e incluyan la perspectiva LGTBIQ+ promoviendo los valores de respeto hacia los derechos y libertades fundamentales desde la diversidad y la inclusión.

Educación Inclusiva

Ciertamente, una educación inclusiva no se refiere únicamente a la inclusión de las personas LGTBIQ+ en las aulas, sino también a la inclusión de sus historias, logros y conquistas en los planes de estudio. Los currículos educativos deben reflejar la diversidad de la sociedad y enseñar a los estudiantes acerca de la historia y los derechos LGTBIQ+. Esto no solo incluye la presencia de personajes LGTBIQ+ en las artes y en las ciencias o en eventos históricos clave dentro del movimiento en favor de los derechos LGTBIQ+, sino también en la historia de toda la humanidad, visibilizando la diversidad presente en nuestra sociedad con inclusión de ejemplos y referentes durante las explicaciones en las aulas. 

Formación del Profesorado y Equipos Directivos de Centros Educativos

Obviamente, la formación continua de los educadores es del todo esencial para asegurar que los centros educativos sean espacios seguros y acogedores para todo el alumnado. Así, tanto el cuerpo docente como el equipo directivo han de recibir formación y la capacitación necesaria en materia de diversidad LGTBIQ+, para que puedan abordar el acoso, la discriminación y los prejuicios de la manera más efectiva dentro de las aulas. Todo ello con la finalidad de contar con la preparación suficiente para apoyar al alumnado LGTBIQ+ no solo en aquellas situaciones donde exista un trato degradante, sino también en cuanto a la orientación acerca de los recursos disponibles para la mejora de su bienestar y desarrollo personal.

Educación Sexual Integral acorde con la diversidad afectivo-sexual

Indudablemente, la educación sexual integral es otro elemento esencial de la educación que debe contar con información precisa y positiva sobre la diversidad en materia de orientación sexual e identidad de género. Las nuevas generaciones necesitan aprender todo lo necesario acerca de las relaciones saludables, basadas siempre en el consentimiento, así como recibir información adecuada sobre la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Todo ello, alejado de cualquier prejuicio y estereotipo injustamente atribuido a las personas LGTBIQ+ y que han servido de base para la perpetuación de conductas discriminatorias y violentas. 

POR LA IGUALDAD DE DERECHOS

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos son esenciales para que cualquier sociedad pueda ser considerada como una sociedad justa, libre, igualitaria, democrática y avanzada. Aunque los avances en muchos países de la comunidad internacional son significativos, la lucha por los derechos LGTBIQ+ está lejos de haber terminado. Es nuestra responsabilidad común garantizar que los derechos humanos de todas las personas, sin excepciones de ningún tipo, sean respetados y protegidos, sin importar la orientación sexual o identidad de género.

Marco Normativo

Es crucial que todos los países que conforman la comunidad internacional establezcan disposiciones normativas que protejan los derechos de las personas LGTBIQ+. Esto incluye la legalización del matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales, la protección contra toda forma de discriminación, así como aquellas medidas para la igualdad de trato en el mercado laboral, el acceso a la vivienda y a todos los servicios públicos. Estas disposiciones normativas tienen que estar inspiradas en el principio de igualdad, en la no discriminación y en el respeto hacia la dignidad humana inviolable de toda persona. Ninguna sociedad avanzada y democrática puede permitir la existencia de diferencias injustas entre quienes forman parte de la ciudadanía.  

Protección contra la Violencia

Lamentablemente, la violencia sobre las personas LGTBIQ+ sigue siendo un grave problema. En demasiadas regiones del mundo, siguen sufriendo la exclusión social, la violencia y el castigo a manos de leyes discriminatorias que les conducen a la cárcel e, incluso, a la pena de muerte. Es fundamental que los gobiernos y organismos internacionales implementen políticas y programas de acción para la prevención y rápida respuesta ante los casos de violencia y discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género. Esto incluye la capacitación de las fuerzas del orden, la creación de refugios seguros y el acceso a la justicia rápida y eficaz para las víctimas de violencia.

 El odio, en cualquiera de sus formas, no puede comandar las instituciones. Por ello, la comunidad internacional debe rechazar toda forma de LGTBIfobia de Estado y establecer sanciones a aquellos países que vulneren de forma sistemática o dejen de perseguir de forma deliberada las flagrantes violaciones de derechos humanos contra la población civil por razón de la orientación sexual y la identidad de género. Así, todos los agentes jurídicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad deben contar con la formación adecuada para garantizar la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+ ante los casos de agresión. No basta con la inclusión formal en la ley, es necesaria la aplicación real y efectiva de todos los mecanismos de protección y la participación de todas las instituciones de cualquier nivel, muy especialmente de la Administración Local como ente más cercano a la ciudadanía. 

Acceso a la Salud Adaptada

El acceso a la atención médica es un derecho humano básico. Por esta razón, las personas LGTBIQ+ deben poder acceder a servicios de salud que sean inclusivos y respetuosos hacia la diversidad afectivo-sexual. El personal sanitario debe recibir la formación adecuada para comprender y atender las necesidades específicas de la comunidad LGTBIQ+. Esto incluye la necesidad de contar con la formación necesaria para una atención adecuada de salud sexual y reproductiva para la prevención y tratamiento de las ETS, la atención especializada para las personas transgénero y también en materia de Salud Mental ante las situaciones de trauma como consecuencia de las agresiones sufridas, ya sean puntuales o cronificadas en el tiempo dentro del entorno familiar y social.  

DESEO COMPARTIDO DE UN FUTURO DE PAZ

La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino también la presencia de justicia, igualdad y respeto. Para las personas LGTBIQ+, la paz significa poder vivir libremente y sin miedo, con la absoluta garantía de que todos sus derechos serán protegidos y su dignidad humana inviolable respetada. Por tanto, la construcción de una auténtica cultura de paz conlleva un compromiso continuo por la erradicación de la violencia, el odio y la discriminación. El incumplimiento de este compromiso o la falta de exigencia a los poderes públicos para que asuman sus responsabilidades en la garantía y protección de los derechos inherentes a cualquier persona, supone un fracaso social del que toda la sociedad es responsable. 

Eliminación de la LGTBIfobia

La LGTBIfobia, en cualquiera de sus formas, es una barrera para la paz. La sociedad en su conjunto debe unirse para erradicarla de nuestras comunidades, de nuestros lugares de trabajo, centros educativos e instituciones de gobierno. Esto incluye desafiar los prejuicios y estereotipos, erradicar la violencia estructural y promover políticas inclusivas que creen espacios seguros donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. Todo ello con la finalidad última de convertir cualquier lugar en un espacio seguro, de libertad e inclusión donde no tenga cabida ninguna forma de violencia, odio y discriminación. 

Fomento de la Solidaridad

No es posible construir la paz si no practicamos la solidaridad hacia quienes nos rodean. Ya sea a título personal o desde el conjunto de la sociedad, hemos de apoyar la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad. Esto significa alzar la voz en contra de las injusticias, apoyar a las víctimas de la violencia y trabajar conjuntamente para crear un mundo más justo, igualitario y libre. De ahí que acabar con la LGTBIfobia sea una responsabilidad común ineludible si verdaderamente queremos construir una sociedad en la que toda persona pueda vivir libremente, en plena igualdad de derechos y con la protección de la Justicia ante cualquier forma de agresión. 

Hacia una Cultura de Paz

La construcción de un modelo de sociedad basado en la cultura de la paz conlleva el establecimiento de un modelo educativo basado en el respeto, la convivencia y la empatía entre iguales. La sociedad unida ha de trabajar desde la promoción de la no violencia y resolución pacífica de todos los conflictos, tanto en nuestras vidas personales como en el seno de nuestras comunidades. Una cultura de paz es una cultura en la que la diversidad se celebra y se protege, y donde cada persona puede vivir en libertad y con respeto hacia su dignidad. 

CONCLUSIÓN: SIGAMOS TRANSFORMANDO CON ORGULLO

El Orgullo LGTBIQ+ es mucho más que una legítima celebración por todos los logros alcanzados; también es una manifestación de resistencia, esperanza y de la capacidad transformadora que surge de la voluntad común de la sociedad. Hemos de ser capaces de crear una sociedad que abogue por la educación inclusiva, por la defensa de los derechos humanos, por la construcción de una cultura de paz y empatía y por un futuro en el que todas las personas puedan vivir libremente y sin sufrir violencia.

Ya sea a través de la educación, el activismo, el apoyo mutuo o la simple pero poderosa acción de ser quien libremente se desee ser, toda persona puede contribuir a un mundo más justo e igualitario, desempeñando un papel esencial capaz de transformar la comunidad que le rodea y a la que pertenece.  

Este Orgullo 2024, cuando nos unimos bajo el lema «Educación, Derechos y Paz: el Orgullo que Transforma», demostramos una vez más que nuestro compromiso con la igualdad, la libertad y la justicia para todas las personas y en cualquier lugar es totalmente inquebrantable. 

Toda la ciudadanía ha de unirse en la lucha en favor de la igualdad, celebrando los logros alcanzados y seguir avanzando con esperanza, fuerza y determinación para hacer realidad un futuro mejor. 

La sociedad unida es capaz de construir un mundo mejor en el que el Orgullo no solo sea un momento para celebrar quiénes somos, sino que también transforme nuestro presente y nuestro futuro común como sociedad libre y diversa. 

Porque celebrar el Orgullo es celebrar la diversidad, la libertad, la igualdad y el respeto.

Sigamos construyendo una sociedad mejor, una sociedad libre y diversa.

Sigamos avanzando sin retroceder jamás.

¡FELIZ ORGULLO 2024!

© Todos los derechos reservados

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

TRANSFORMING WITH LGTBIQ+ PRIDE

(International LGBTIQ+ Pride Day)

Once again, with the arrival of June, we celebrate LGTBIQ+ Pride. A period in which not only diversity is celebrated, but also a demand for equality, freedom, respect and justice. This year, under the slogan «Education, Rights and Peace: the Pride that Transforms», we reaffirm our commitment to achieving a world in which everyone can live their lives freely, without fear of discrimination or violence. Thus, on such an important date, it is necessary for society as a whole to come together to build a future in which diversity is always celebrated and recognised, never punished or persecuted.

EDUCATION: THE ESSENTIAL PILLAR

Education is undoubtedly the most powerful tool for transforming the society around us. Inclusive education breaks down prejudices, fosters respect and builds a culture of acceptance and empathy. Lack of knowledge and understanding about the realities that affect LGTBIQ+ people is one of the main causes that perpetuate the discrimination and violence that LGTBIQ+ people face on a daily basis. For this reason, it is absolutely necessary for education systems to adapt their curricula and include the LGTBIQ+ perspective, promoting the values of respect for fundamental rights and freedoms based on diversity and inclusion.

Inclusive Education

Inclusive education is certainly not only about including LGTBIQ+ people in the classroom, but also about including their stories, achievements and gains in the curriculum. Educational curricula should reflect the diversity of society and teach students about LGTBIQ+ history and rights. This includes not only the presence of LGTBIQ+ figures in the arts and sciences or key historical events in the LGTBIQ+ rights movement, but also in the history of all humanity, making visible the diversity present in our society by including examples and references during classroom explanations. 

Teacher Training and Management Teams of Educational Centers

Obviously, the continuous training of educators is absolutely essential to ensure that schools are safe and welcoming spaces for all students. Thus, both teaching and management staff must receive training and capacity building on LGTBIQ+ diversity so that they can deal with bullying, discrimination and prejudice in the most effective way in the classroom. The aim is to be sufficiently prepared to support LGTBIQ+ students not only in situations where there is degrading treatment, but also in terms of guidance on the resources available to improve their well-being and personal development.

Comprehensive Sex Education in line with affective-sexual diversity

Undoubtedly, comprehensive sexuality education is another essential element of education that must have accurate and positive information about diversity in sexual orientation and gender identity. New generations need to learn all they need to know about healthy relationships, always based on consent, as well as receive adequate information on the prevention of HIV and other sexually transmitted infections. All this, away from any prejudices and stereotypes unfairly attributed to LGTBIQ+ people and which have served as a basis for the perpetuation of discriminatory and violent behaviour. 

FOR EQUAL RIGHTS

The recognition and protection of human rights are essential for any society to be considered a just, free, egalitarian, democratic and advanced society. Although progress in many countries in the international community is significant, the struggle for LGTBIQ+ rights is far from over. It is our common responsibility to ensure that the human rights of all people, without exception of any kind, are respected and protected, regardless of sexual orientation or gender identity.

Normative Framework

It is crucial that all countries that make up the international community establish normative provisions that protect the rights of LGTBIQ+ people. This includes the legalisation of equal marriage, recognition of gender identity in official documents, protection against all forms of discrimination, as well as measures for equal treatment in the labour market, access to housing and all public services. These normative provisions must be inspired by the principle of equality, non-discrimination and respect for the inviolable human dignity of every person. No advanced and democratic society can allow the existence of unjust differences between citizens.  

Protection against violence

Sadly, violence against LGTBIQ+ people remains a serious problem. In too many regions of the world, they continue to suffer social exclusion, violence and punishment at the hands of discriminatory laws that lead to imprisonment and even the death penalty. It is essential that governments and international bodies implement policies and programmes of action for prevention and rapid response to violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. This includes training for law enforcement, the creation of safe havens, and access to prompt and effective justice for victims of violence.

Hate, in any form, cannot command institutions. Therefore, the international community must reject all forms of state LGTBIphobia and establish sanctions against countries that systematically violate or deliberately fail to prosecute gross human rights violations against civilians on the basis of sexual orientation and gender identity. Thus, all legal and law enforcement officials must be adequately trained to ensure the protection of the rights of LGTBIQ+ persons in cases of aggression. The formal inclusion in the law is not enough, it is necessary the real and effective application of all the protection mechanisms and the participation of all the institutions at any level, especially the Local Administration as the body closest to the citizens. 

Access to Adapted Health Care

Access to health care is a basic human right. For this reason, LGTBIQ+ people must be able to access health services that are inclusive and respectful towards affective-sexual diversity. Health workers must be adequately trained to understand and address the specific needs of the LGTBIQ+ community. This includes the need to have the necessary training for adequate sexual and reproductive health care for the prevention and treatment of STDs, specialised care for transgender people and also Mental Health care for situations of trauma as a result of the aggressions suffered, whether they are one-off or chronic over time within the family and social environment.  

SHARED DESIRE FOR A PEACEFUL FUTURE

Peace is not only the absence of conflict, but also the presence of justice, equality and respect. For LGTBIQ+ people, peace means being able to live freely and without fear, with the absolute guarantee that all their rights will be protected and their inviolable human dignity respected. Therefore, building a genuine culture of peace entails a continuous commitment to the eradication of violence, hatred and discrimination. Failure to fulfil this commitment or failure to demand that the public authorities assume their responsibilities in guaranteeing and protecting the inherent rights of all people is a social failure for which society as a whole is responsible. 

Eliminating LGTBIphobia

LGTBIphobia, in any form, is a barrier to peace. Society as a whole must unite to eradicate it from our communities, workplaces, educational establishments and government institutions. This includes challenging prejudice and stereotypes, eradicating structural violence and promoting inclusive policies that create safe spaces where all people feel valued and respected. The ultimate aim is to make any place a safe, free and inclusive space where all forms of violence, hatred and discrimination have no place. 

Promoting Solidarity

It is not possible to build peace if we do not practice solidarity with those around us. Whether as individuals or as a society as a whole, we must support the struggle for justice, freedom and equality. This means speaking out against injustice, supporting victims of violence and working together to create a more just, equal and free world. Hence, ending LGTBIphobia is an unavoidable common responsibility if we truly want to build a society in which everyone can live freely, in full equality of rights and with the protection of Justice against any form of aggression. 

Towards a Culture of Peace

The construction of a model of society based on a culture of peace entails the establishment of an educational model based on respect, coexistence and empathy among equals. A united society has to work from the promotion of non-violence and peaceful resolution of all conflicts, both in our personal lives and within our communities. A culture of peace is a culture where diversity is celebrated and protected, and where every person can live in freedom and with respect for their dignity. 

CONCLUSION: LET’S KEEP TRANSFORMING WITH PRIDE

LGTBIQ+ Pride is much more than a legitimate celebration of all that has been achieved; it is also a manifestation of resilience, hope and the transformative capacity that comes from the common will of society. We must be able to create a society that advocates for inclusive education, for the defence of human rights, for building a culture of peace and empathy, and for a future in which all people can live freely and free from violence.

Whether through education, activism, mutual support or the simple but powerful action of being whoever you want to be, everyone can contribute to a more just and equal world, playing a vital role in transforming the community around them and to which they belong.  

This Pride 2024, as we unite under the theme «Education, Rights and Peace: the Pride that Transforms», we demonstrate once again that our commitment to equality, freedom and justice for all people everywhere is unwavering. 

All citizens must unite in the fight for equality, celebrating achievements and moving forward with hope, strength and determination to make a better future a reality. 

A united society is capable of building a better world in which Pride is not only a moment to celebrate who we are, but also to transform our present and our common future as a free and diverse society. 

Because celebrating Pride is celebrating diversity, freedom, equality and respect.

Let us continue to build a better society, a free and diverse society.

Let’s keep moving forward without ever going backwards.

HAPPY PRIDE 2024!

© All rights reserved

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

TRASFORMANDO CON PRIDE LGTBIQ+

(Giornata Internazionale dell’Orgoglio LGBTIQ+)

Ancora una volta, con l’arrivo di giugno, celebriamo l’LGTBIQ+ Pride. Un periodo in cui non si celebra solo la diversità, ma anche la richiesta di uguaglianza, libertà, rispetto e giustizia. Quest’anno, con lo slogan «Educazione, diritti e pace: l’orgoglio che trasforma», riaffermiamo il nostro impegno per realizzare un mondo in cui tutti possano vivere liberamente la propria vita, senza temere discriminazioni o violenze. Per questo, in una data così importante, è necessario che la società nel suo complesso si unisca per costruire un futuro in cui la diversità sia sempre celebrata e riconosciuta, mai punita o perseguita.

L’EDUCAZIONE: IL PILASTRO ESSENZIALE

L’istruzione è senza dubbio lo strumento più potente per trasformare la società che ci circonda. L’educazione inclusiva abbatte i pregiudizi, promuove il rispetto e costruisce una cultura di accettazione ed empatia. La mancanza di conoscenza e comprensione delle realtà che riguardano le persone LGTBIQ+ è una delle cause principali che perpetuano la discriminazione e la violenza che le persone LGTBIQ+ affrontano quotidianamente. Per questo motivo, è assolutamente necessario che i sistemi educativi adattino i loro programmi di studio e includano la prospettiva LGTBIQ+, promuovendo i valori del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali basati sulla diversità e sull’inclusione.

Educazione inclusiva

L’educazione inclusiva non è solo l’inclusione delle persone LGTBIQ+ nelle classi, ma anche l’inclusione delle loro storie, dei loro successi e delle loro conquiste nel curriculum. I programmi scolastici dovrebbero riflettere la diversità della società e insegnare agli studenti la storia e i diritti delle persone LGTBIQ+. Ciò include non solo la presenza di figure LGTBIQ+ nelle arti e nelle scienze o di eventi storici chiave nel movimento per i diritti LGTBIQ+, ma anche nella storia di tutta l’umanità, rendendo visibile la diversità presente nella nostra società attraverso esempi e riferimenti durante le spiegazioni in classe. 

Formazione degli Insegnanti e dei Dirigenti Scolastici

Ovviamente, la formazione continua degli educatori è assolutamente essenziale per garantire che le scuole siano spazi sicuri e accoglienti per tutti gli studenti. Pertanto, sia il personale docente che quello direttivo devono ricevere una formazione e un rafforzamento delle capacità sulla diversità LGTBIQ+, in modo da poter affrontare il bullismo, la discriminazione e il pregiudizio nel modo più efficace possibile in classe. L’obiettivo è quello di essere sufficientemente preparati a sostenere gli studenti LGTBIQ+ non solo in situazioni di trattamento degradante, ma anche in termini di orientamento sulle risorse disponibili per migliorare il loro benessere e sviluppo personale.

Educazione sessuale completa in linea con la diversità affettivo-sessuale

Senza dubbio, l’educazione sessuale completa è un altro elemento essenziale dell’istruzione che deve avere informazioni accurate e positive sulla diversità di orientamento sessuale e identità di genere. Le nuove generazioni devono imparare tutto quello che c’è da sapere su relazioni sane, sempre basate sul consenso, oltre a ricevere informazioni adeguate sulla prevenzione dell’HIV e di altre infezioni sessualmente trasmissibili. Tutto questo, lontano da pregiudizi e stereotipi ingiustamente attribuiti alle persone LGTBIQ+ e che sono serviti come base per il perpetuarsi di comportamenti discriminatori e violenti. 

PER LA PARITÀ DI DIRITTI

Il riconoscimento e la tutela dei diritti umani sono essenziali perché una società possa essere considerata giusta, libera, egualitaria, democratica e avanzata. Sebbene i progressi compiuti in molti Paesi della comunità internazionale siano significativi, la lotta per i diritti delle persone LGTBIQ+ è tutt’altro che conclusa. È nostra responsabilità comune assicurare che i diritti umani di tutte le persone, senza eccezioni di alcun tipo, siano rispettati e protetti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Quadro normativo

È fondamentale che tutti i Paesi che compongono la comunità internazionale stabiliscano disposizioni normative che tutelino i diritti delle persone LGTBIQ+. Ciò include la legalizzazione del matrimonio egualitario, il riconoscimento dell’identità di genere nei documenti ufficiali, la protezione contro ogni forma di discriminazione, nonché misure per la parità di trattamento nel mercato del lavoro, l’accesso all’alloggio e a tutti i servizi pubblici. Queste disposizioni normative devono essere ispirate al principio di uguaglianza, non discriminazione e rispetto dell’inviolabile dignità umana di ogni persona. Nessuna società avanzata e democratica può permettere l’esistenza di differenze ingiuste tra i cittadini.  

Protezione dalla violenza

Purtroppo, la violenza contro le persone LGTBIQ+ rimane un problema serio. In troppe regioni del mondo, esse continuano a subire l’esclusione sociale, la violenza e la punizione per mano di leggi discriminatorie che portano all’incarcerazione e persino alla pena di morte. È essenziale che i governi e gli organismi internazionali attuino politiche e programmi d’azione per la prevenzione e la risposta rapida alla violenza e alla discriminazione basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Ciò include la formazione delle forze dell’ordine, la creazione di rifugi sicuri e l’accesso a una giustizia rapida ed efficace per le vittime di violenza.

L’odio, in qualsiasi forma, non può comandare le istituzioni. Pertanto, la comunità internazionale deve respingere tutte le forme di LGTBIfobia di Stato e stabilire sanzioni contro i Paesi che violano sistematicamente o omettono deliberatamente di perseguire gravi violazioni dei diritti umani contro i civili sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Pertanto, tutti i funzionari legali e delle forze dell’ordine devono essere adeguatamente formati per garantire la protezione dei diritti delle persone LGTBIQ+ in caso di aggressione. L’inclusione formale nella legge non è sufficiente; è necessaria l’applicazione reale ed effettiva di tutti i meccanismi di protezione e la partecipazione di tutte le istituzioni a qualsiasi livello, in particolare dell’Amministrazione locale in quanto organo più vicino ai cittadini. 

Accesso all’assistenza sanitaria adattata

L’accesso all’assistenza sanitaria è un diritto umano fondamentale. Per questo motivo, le persone LGTBIQ+ devono poter accedere a servizi sanitari inclusivi e rispettosi della diversità affettivo-sessuale. Gli operatori sanitari devono essere adeguatamente formati per comprendere e affrontare le esigenze specifiche della comunità LGTBIQ+. Ciò include la necessità di avere la formazione necessaria per un’adeguata assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva per la prevenzione e il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, l’assistenza specializzata per le persone transgender e anche l’assistenza di salute mentale per le situazioni di trauma a seguito delle aggressioni subite, siano esse una tantum o croniche nel tempo all’interno dell’ambiente familiare e sociale.  

DESIDERIO CONDIVISO DI UN FUTURO DI PACE

La pace non è solo l’assenza di conflitti, ma anche la presenza di giustizia, uguaglianza e rispetto. Per le persone LGTBIQ+, la pace significa poter vivere liberamente e senza paura, con la garanzia assoluta che tutti i loro diritti saranno tutelati e la loro inviolabile dignità umana rispettata. Pertanto, la costruzione di un’autentica cultura di pace implica un impegno costante per l’eliminazione della violenza, dell’odio e della discriminazione. Il mancato rispetto di questo impegno o la mancata richiesta alle autorità pubbliche di assumersi le proprie responsabilità nel garantire e proteggere i diritti intrinseci di tutte le persone è un fallimento sociale di cui è responsabile l’intera società. 

Eliminazione della LGTBIfobia

La LGTBIfobia, in qualsiasi forma, è un ostacolo alla pace. La società nel suo complesso deve unirsi per sradicarla dalle nostre comunità, dai luoghi di lavoro, dagli istituti scolastici e dalle istituzioni governative. Ciò significa sfidare i pregiudizi e gli stereotipi, sradicare la violenza strutturale e promuovere politiche inclusive che creino spazi sicuri in cui tutte le persone si sentano valorizzate e rispettate. L’obiettivo finale è quello di rendere ogni luogo uno spazio sicuro di libertà e inclusione, dove tutte le forme di violenza, odio e discriminazione non trovano posto.

Promuovere la solidarietà

Non è possibile costruire la pace se non pratichiamo la solidarietà con chi ci circonda. Sia come individui che come società nel suo complesso, dobbiamo sostenere la lotta per la giustizia, la libertà e l’uguaglianza. Ciò significa parlare contro le ingiustizie, sostenere le vittime di violenza e lavorare insieme per creare un mondo più giusto, equo e libero. Pertanto, porre fine alla LGTBIfobia è una responsabilità comune inevitabile se vogliamo veramente costruire una società in cui tutti possano vivere liberamente, in piena uguaglianza di diritti e con la protezione della giustizia contro qualsiasi forma di aggressione. 

Verso una cultura di pace

La costruzione di un modello di società basato su una cultura di pace implica l’istituzione di un modello educativo basato sul rispetto, sulla convivenza e sull’empatia tra pari. Una società unita deve partire dalla promozione della non violenza e dalla risoluzione pacifica di tutti i conflitti, sia nella nostra vita personale che all’interno delle nostre comunità. Una cultura di pace è una cultura in cui la diversità è celebrata e protetta e in cui ogni persona può vivere in libertà e nel rispetto della propria dignità. 

CONCLUSIONE: CONTINUIAMO A TRASFORMARE CON ORGOGLIO

Il Pride LGTBIQ+ è molto più di una legittima celebrazione di tutto ciò che è stato raggiunto; è anche una manifestazione di resilienza, speranza e capacità di trasformazione che deriva dalla volontà comune della società. Dobbiamo essere in grado di creare una società che sostenga un’educazione inclusiva, la difesa dei diritti umani, la costruzione di una cultura di pace e di empatia e un futuro in cui tutte le persone possano vivere liberamente e senza violenza.

Attraverso l’educazione, l’attivismo, il sostegno reciproco o la semplice ma potente azione di essere chiunque si voglia essere, ognuno può contribuire a un mondo più giusto ed equo, svolgendo un ruolo vitale nella trasformazione della comunità che lo circonda e a cui appartiene.  

In questo Pride 2024, unendoci sotto il tema «Educazione, diritti e pace: il Pride che trasforma», dimostriamo ancora una volta che il nostro impegno per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutte le persone ovunque è assolutamente incrollabile. 

Tutti i cittadini devono unirsi nella lotta per l’uguaglianza, celebrando i risultati ottenuti e andando avanti con speranza, forza e determinazione per realizzare un futuro migliore. 

Una società unita è in grado di costruire un mondo migliore in cui il Pride non è solo un momento per celebrare chi siamo, ma anche per trasformare il nostro presente e il nostro futuro comune come società libera e diversificata. 

Perché celebrare il Pride è celebrare la diversità, la libertà, l’uguaglianza, e il rispetto.

Continuiamo a costruire una società migliore, una società libera e diversa.

Continuiamo ad andare avanti senza mai tornare indietro.

BUON PRIDE 2024!

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🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

TRANSFORMANT AVEC FIERTÉ LGTBIQ+

(Journée Internationale de la Fierté LGBTIQ+)

Une fois de plus, avec l’arrivée du mois de juin, nous célébrons la LGTBIQ+ Pride. Une période au cours de laquelle on célèbre non seulement la diversité, mais aussi une demande d’égalité, de liberté, de respect et de justice. Cette année, sous le slogan «Éducation, droits et paix : la fierté qui transforme», nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un monde dans lequel chacun peut vivre sa vie librement, sans craindre la discrimination ou la violence. Ainsi, à l’occasion d’une date aussi importante, il est nécessaire que la société dans son ensemble s’unisse pour construire un avenir dans lequel la diversité sera toujours célébrée et reconnue, et jamais punie ou persécutée. 

L’ÉDUCATION : LE PILIER ESSENTIEL

L’éducation est sans aucun doute l’outil le plus puissant pour transformer la société qui nous entoure. L’éducation inclusive fait tomber les préjugés, encourage le respect et construit une culture de l’acceptation et de l’empathie. Le manque de connaissance et de compréhension des réalités qui touchent les personnes LGTBIQ+ est l’une des principales causes de la perpétuation de la discrimination et de la violence auxquelles les personnes LGTBIQ+ sont confrontées au quotidien. C’est pourquoi il est absolument nécessaire que les systèmes éducatifs adaptent leurs programmes et intègrent la perspective LGTBIQ+, en promouvant les valeurs de respect des libertés et des droits fondamentaux fondés sur la diversité et l’inclusion.

L’éducation inclusive

L’éducation inclusive ne consiste certainement pas seulement à inclure les personnes LGTBIQ+ dans la salle de classe, mais aussi à intégrer leurs histoires, leurs réalisations et leurs acquis dans le programme d’études. Les programmes d’enseignement doivent refléter la diversité de la société et enseigner aux élèves l’histoire et les droits des LGTBIQ+. Cela inclut non seulement la présence de personnalités LGTBIQ+ dans les arts et les sciences ou les événements historiques clés du mouvement pour les droits des LGTBIQ+, mais aussi dans l’histoire de l’humanité tout entière, en rendant visible la diversité présente dans notre société en incluant des exemples et des références pendant les explications en classe. 

Formation des Enseignants et des Équipes de Direction des Établissements Scolaires

Il est évident que la formation continue des éducateurs est absolument essentielle pour garantir que les écoles soient des espaces sûrs et accueillants pour tous les élèves. Ainsi, le personnel enseignant et de direction doit recevoir une formation et un renforcement des capacités sur la diversité LGTBIQ+ afin de pouvoir gérer les brimades, la discrimination et les préjugés de la manière la plus efficace possible dans la salle de classe. L’objectif est d’être suffisamment préparé pour soutenir les élèves LGTBIQ+ non seulement dans les situations de traitement dégradant, mais aussi en termes de conseils sur les ressources disponibles pour améliorer leur bien-être et leur développement personnel.

Une éducation sexuelle complète conforme à la diversité affectivo-sexuelle

Il ne fait aucun doute que l’éducation sexuelle complète est un autre élément essentiel de l’éducation qui doit comporter des informations précises et positives sur la diversité de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Les nouvelles générations doivent apprendre tout ce qu’il faut savoir sur les relations saines, toujours fondées sur le consentement, et recevoir des informations adéquates sur la prévention du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Tout cela, loin des préjugés et des stéréotypes injustement attribués aux personnes LGTBIQ+ et qui ont servi de base à la perpétuation de comportements discriminatoires et violents. 

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS

La reconnaissance et la protection des droits de l’homme sont essentielles pour qu’une société puisse être considérée comme juste, libre, égalitaire, démocratique et avancée. Bien que les progrès réalisés dans de nombreux pays de la communauté internationale soient significatifs, la lutte pour les droits des LGTBIQ+ est loin d’être terminée. Il est de notre responsabilité commune de veiller à ce que les droits de l’homme de toutes les personnes, sans exception d’aucune sorte, soient respectés et protégés, indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

Cadre normatif

Il est essentiel que tous les pays qui composent la communauté internationale établissent des dispositions normatives qui protègent les droits des personnes LGTBIQ+. Cela inclut la légalisation du mariage égalitaire, la reconnaissance de l’identité de genre dans les documents officiels, la protection contre toutes les formes de discrimination, ainsi que des mesures pour l’égalité de traitement sur le marché du travail, l’accès au logement et à tous les services publics. Ces dispositions normatives doivent s’inspirer du principe d’égalité, de non-discrimination et de respect de la dignité humaine inviolable de chaque personne. Aucune société avancée et démocratique ne peut admettre l’existence de différences injustes entre les citoyens.  

Protection contre la violence

Malheureusement, la violence à l’encontre des personnes LGTBIQ+ reste un problème grave. Dans de trop nombreuses régions du monde, elles continuent de souffrir d’exclusion sociale, de violence et de sanctions en vertu de lois discriminatoires qui conduisent à l’emprisonnement, voire à la peine de mort. Il est essentiel que les gouvernements et les organismes internationaux mettent en œuvre des politiques et des programmes d’action visant à prévenir la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et à y réagir rapidement. Cela inclut la formation des forces de l’ordre, la création de refuges sûrs et l’accès à une justice rapide et efficace pour les victimes de la violence.

La haine, sous quelque forme que ce soit, ne peut pas commander les institutions. Par conséquent, la communauté internationale doit rejeter toutes les formes de LGTBIphobie d’État et établir des sanctions contre les pays qui violent systématiquement ou ne poursuivent pas délibérément les violations flagrantes des droits de l’homme contre les civils sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Ainsi, tous les responsables juridiques et les forces de l’ordre doivent être formés de manière adéquate pour garantir la protection des droits des personnes LGTBIQ+ en cas d’agression. L’inclusion formelle dans la loi ne suffit pas ; il faut une application réelle et efficace de tous les mécanismes de protection et la participation de toutes les institutions à tous les niveaux, en particulier l’administration locale, qui est l’organe le plus proche des citoyens. 

Accès à des soins de santé adaptés

L’accès aux soins de santé est un droit humain fondamental. C’est pourquoi les personnes LGTBIQ+ doivent pouvoir accéder à des services de santé inclusifs et respectueux de la diversité affectivo-sexuelle. Les professionnels de la santé doivent être correctement formés pour comprendre et répondre aux besoins spécifiques de la communauté LGTBIQ+. Cela inclut la nécessité d’avoir la formation nécessaire pour des soins de santé sexuelle et reproductive adéquats pour la prévention et le traitement des MST, des soins spécialisés pour les personnes transgenres et également des soins de santé mentale pour les situations de traumatisme résultant des agressions subies, qu’elles soient ponctuelles ou chroniques dans le temps au sein de la famille et de l’environnement social.  

LA VOLONTÉ COMMUNE D’UN AVENIR PACIFIQUE

La paix n’est pas seulement l’absence de conflit, mais aussi la présence de la justice, de l’égalité et du respect. Pour les personnes LGTBIQ+, la paix signifie pouvoir vivre librement et sans crainte, avec la garantie absolue que tous leurs droits seront protégés et que leur dignité humaine inviolable sera respectée. Par conséquent, la construction d’une véritable culture de la paix implique un engagement continu en faveur de l’éradication de la violence, de la haine et de la discrimination. Le fait de ne pas respecter cet engagement ou de ne pas exiger des pouvoirs publics qu’ils assument leurs responsabilités en matière de garantie et de protection des droits inhérents à toutes les personnes est un échec social dont la société dans son ensemble est responsable. 

Élimination de la LGTBIphobie

La LGTBIphobie, sous toutes ses formes, est un obstacle à la paix. La société dans son ensemble doit s’unir pour l’éradiquer de nos communautés, de nos lieux de travail, de nos établissements d’enseignement et de nos institutions gouvernementales. Il s’agit notamment de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, d’éradiquer la violence structurelle et de promouvoir des politiques d’intégration qui créent des espaces sûrs où tous les individus se sentent valorisés et respectés. L’objectif ultime est de faire de chaque lieu un espace sûr, libre et inclusif où toutes les formes de violence, de haine et de discrimination n’ont pas leur place.

Promouvoir la solidarité

Il n’est pas possible de construire la paix si nous ne pratiquons pas la solidarité avec ceux qui nous entourent. Que ce soit en tant qu’individus ou en tant que société dans son ensemble, nous devons soutenir la lutte pour la justice, la liberté et l’égalité. Cela signifie s’élever contre l’injustice, soutenir les victimes de la violence et travailler ensemble pour créer un monde plus juste, plus égal et plus libre. Par conséquent, mettre fin à la LGTBIphobie est une responsabilité commune inévitable si nous voulons vraiment construire une société dans laquelle chacun peut vivre librement, en pleine égalité de droits et avec la protection de la Justice contre toute forme d’agression. 

Vers une culture de la paix

La construction d’un modèle de société fondé sur une culture de la paix implique la mise en place d’un modèle éducatif basé sur le respect, la coexistence et l’empathie entre égaux. Une société unie doit œuvrer à la promotion de la non-violence et à la résolution pacifique de tous les conflits, tant dans nos vies personnelles qu’au sein de nos communautés. Une culture de la paix est une culture où la diversité est célébrée et protégée, et où chaque personne peut vivre en liberté et dans le respect de sa dignité. 

CONCLUSION : CONTINUONS À TRANSFORMER AVEC FIERTÉ

La fierté LGTBIQ+ est bien plus qu’une célébration légitime de tout ce qui a été accompli ; c’est aussi une manifestation de résilience, d’espoir et de la capacité de transformation qui découle de la volonté commune de la société. Nous devons être capables de créer une société qui prône l’éducation inclusive, la défense des droits de l’homme, la construction d’une culture de la paix et de l’empathie, et un avenir dans lequel toutes les personnes peuvent vivre librement et sans violence.

Que ce soit par l’éducation, l’activisme, le soutien mutuel ou l’action simple mais puissante d’être qui l’on veut, chacun peut contribuer à un monde plus juste et plus égalitaire, en jouant un rôle vital dans la transformation de la communauté qui l’entoure et à laquelle il appartient.  

Lors de la Pride 2024, alors que nous nous unissons autour du thème «Éducation, droits et paix : la fierté qui transforme», nous démontrons une fois de plus que notre engagement en faveur de l’égalité, de la liberté et de la justice pour tous, partout dans le monde, est absolument inébranlable. 

Tous les citoyens doivent s’unir dans la lutte pour l’égalité, en célébrant les réalisations et en allant de l’avant avec espoir, force et détermination pour faire d’un avenir meilleur une réalité. 

Une société unie est capable de construire un monde meilleur dans lequel la Fierté n’est pas seulement un moment pour célébrer qui nous sommes, mais aussi pour transformer notre présent et notre avenir commun en tant que société libre et diverse. 

Car célébrer la Fierté, c’est célébrer la diversité, la liberté, l’égalité, et le respect.

Continuons à construire une société meilleure, une société libre et diverse.

Continuons à avancer sans jamais reculer.

BONNE FIERTÉ 2024 !

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🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

TRANFORMANDO COM ORGULHO LGTBIQ+

(Dia Internacional do Orgulho LGBTIQ+)

Mais uma vez, com a chegada de junho, celebramos o Orgulho LGTBIQ+. Um período em que se celebra não só a diversidade, mas também a exigência de igualdade, liberdade, respeito e justiça. Este ano, sob o lema «Educação, Direitos e Paz: o Orgulho que Transforma», reafirmamos o nosso empenhamento em alcançar um mundo em que todos possam viver as suas vidas livremente, sem medo de discriminação ou violência. Assim, nesta data tão importante, é necessário que toda a sociedade se una para construir um futuro em que a diversidade seja sempre celebrada e reconhecida, nunca punida ou perseguida.

EDUCAÇÃO: O PILAR ESSENCIAL

A educação é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa para transformar a sociedade que nos rodeia. A educação inclusiva quebra preconceitos, promove o respeito e constrói uma cultura de aceitação e empatia. A falta de conhecimento e compreensão sobre as realidades que afectam as pessoas LGTBIQ+ é uma das principais causas que perpetuam a discriminação e a violência que as pessoas LGTBIQ+ enfrentam diariamente. Por este motivo, é absolutamente necessário que os sistemas educativos adaptem os seus currículos e incluam a perspetiva LGTBIQ+, promovendo os valores do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais baseados na diversidade e na inclusão.

Educação inclusiva

A educação inclusiva não é certamente apenas a inclusão de pessoas LGTBIQ+ na sala de aula, mas também a inclusão das suas histórias, conquistas e ganhos no currículo. Os currículos educativos devem refletir a diversidade da sociedade e ensinar aos alunos a história e os direitos das pessoas LGTBIQ+. Isto inclui não só a presença de figuras LGTBIQ+ nas artes e nas ciências ou de acontecimentos históricos marcantes no movimento pelos direitos LGTBIQ+, mas também na história de toda a humanidade, tornando visível a diversidade presente na nossa sociedade através da inclusão de exemplos e referências durante as explicações em sala de aula. 

Formação de Professores e Equipes Diretivas de Centros Educativos

Educação sexual abrangente em consonância com a diversidade afetivo-sexual

Sem dúvida, a educação sexual abrangente é outro elemento essencial da educação que deve conter informações precisas e positivas sobre a diversidade da orientação sexual e da identidade de género. As novas gerações têm de aprender tudo o que precisam de saber sobre relações saudáveis, sempre baseadas no consentimento, bem como receber informação adequada sobre a prevenção do VIH e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Tudo isto, longe de quaisquer preconceitos e estereótipos injustamente atribuídos às pessoas LGTBIQ+ e que têm servido de base à perpetuação de comportamentos discriminatórios e violentos. 

PELA IGUALDADE DE DIREITOS

O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos são essenciais para que qualquer sociedade possa ser considerada uma sociedade justa, livre, igualitária, democrática e avançada. Embora o progresso em muitos países da comunidade internacional seja significativo, a luta pelos direitos LGTBIQ+ está longe de terminar. É nossa responsabilidade comum garantir que os direitos humanos de todas as pessoas, sem qualquer tipo de exceção, sejam respeitados e protegidos, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género.

Quadro normativo

É fundamental que todos os países que integram a comunidade internacional estabeleçam disposições normativas que protejam os direitos das pessoas LGTBIQ+. Isto inclui a legalização do casamento igualitário, o reconhecimento da identidade de género em documentos oficiais, a proteção contra todas as formas de discriminação, bem como medidas para a igualdade de tratamento no mercado de trabalho, o acesso à habitação e a todos os serviços públicos. Estas disposições normativas devem inspirar-se no princípio da igualdade, da não discriminação e do respeito pela dignidade humana inviolável de cada pessoa. Nenhuma sociedade avançada e democrática pode permitir a existência de diferenças injustas entre os cidadãos.  

Proteção contra a violência

Infelizmente, a violência contra as pessoas LGTBIQ+ continua a ser um problema grave. Em demasiadas regiões do mundo, estas pessoas continuam a ser vítimas de exclusão social, de violência e de punição por força de leis discriminatórias que conduzem à prisão e mesmo à pena de morte. É essencial que os governos e os organismos internacionais implementem políticas e programas de ação para a prevenção e a resposta rápida à violência e à discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género. Isto inclui a formação das forças policiais, a criação de refúgios seguros e o acesso à justiça rápida e efectiva para as vítimas de violência.

O ódio, sob qualquer forma, não pode comandar as instituições. Por conseguinte, a comunidade internacional deve rejeitar todas as formas de LGTBIfobia estatal e estabelecer sanções contra os países que violam sistematicamente ou que deliberadamente não processam violações graves dos direitos humanos contra civis com base na orientação sexual e na identidade de género. Assim, todos os funcionários judiciais e responsáveis pela aplicação da lei devem receber formação adequada para garantir a proteção dos direitos das pessoas LGTBIQ+ em casos de agressão. A inclusão formal na lei não é suficiente; é necessária a aplicação real e efectiva de todos os mecanismos de proteção e a participação de todas as instituições a qualquer nível, especialmente da Administração Local, enquanto órgão mais próximo dos cidadãos. 

Acesso a cuidados de saúde adaptados

O acesso aos cuidados de saúde é um direito humano fundamental. Por este motivo, as pessoas LGTBIQ+ devem poder aceder a serviços de saúde que sejam inclusivos e respeitem a diversidade afetivo-sexual. Os profissionais de saúde devem ser adequadamente treinados para compreender e atender às necessidades específicas da comunidade LGTBIQ+. Isto inclui a necessidade de ter a formação necessária para cuidados adequados de saúde sexual e reprodutiva para a prevenção e tratamento de DST, cuidados especializados para pessoas transgénero e também cuidados de Saúde Mental para situações de trauma resultantes das agressões sofridas, quer sejam pontuais ou crónicas ao longo do tempo no ambiente familiar e social.  

DESEJO PARTILHADO DE UM FUTURO DE PAZ

A paz não é apenas a ausência de conflitos, mas também a presença de justiça, igualdade e respeito. Para as pessoas LGTBIQ+, a paz significa poder viver livremente e sem medo, com a garantia absoluta de que todos os seus direitos serão protegidos e a sua dignidade humana inviolável respeitada. Por conseguinte, a construção de uma verdadeira cultura de paz implica um empenhamento contínuo na erradicação da violência, do ódio e da discriminação. Não cumprir este compromisso ou não exigir que os poderes públicos assumam as suas responsabilidades na garantia e proteção dos direitos inerentes a todas as pessoas é um fracasso social pelo qual toda a sociedade é responsável. 

Eliminação da LGTBIfobia

A LGTBIfobia, sob qualquer forma, é um obstáculo à paz. A sociedade como um todo deve unir-se para a erradicar das nossas comunidades, locais de trabalho, estabelecimentos de ensino e instituições governamentais. Isto inclui desafiar preconceitos e estereótipos, erradicar a violência estrutural e promover políticas inclusivas que criem espaços seguros onde todas as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. O objetivo final é fazer de qualquer lugar um espaço seguro de liberdade e inclusão, onde todas as formas de violência, ódio e discriminação não tenham lugar.

Promover a solidariedade

Não é possível construir a paz se não praticarmos a solidariedade com os que nos rodeiam. Seja como indivíduos ou como sociedade no seu todo, devemos apoiar a luta pela justiça, liberdade e igualdade. Isto significa falar contra a injustiça, apoiar as vítimas de violência e trabalhar em conjunto para criar um mundo mais justo, igualitário e livre. Por isso, acabar com a LGTBIfobia é uma responsabilidade comum incontornável se quisermos verdadeiramente construir uma sociedade em que todos possam viver livremente, em plena igualdade de direitos e com a proteção da Justiça contra qualquer forma de agressão. 

Rumo a uma Cultura de Paz

A construção de um modelo de sociedade assente numa cultura de paz passa pelo estabelecimento de um modelo educativo baseado no respeito, na convivência e na empatia entre iguais. Uma sociedade unida tem de trabalhar a partir da promoção da não-violência e da resolução pacífica de todos os conflitos, tanto na nossa vida pessoal como nas nossas comunidades. Uma cultura de paz é uma cultura onde a diversidade é celebrada e protegida, e onde cada pessoa pode viver em liberdade e com respeito pela sua dignidade. 

CONCLUSÃO: CONTINUEMOS A TRANSFORMANDO COM ORGULHO

O Orgulho LGTBIQ+ é muito mais do que uma celebração legítima de tudo o que foi alcançado; é também uma manifestação de resiliência, esperança e da capacidade transformadora que advém da vontade comum da sociedade. Temos de ser capazes de criar uma sociedade que advogue pela educação inclusiva, pela defesa dos direitos humanos, pela construção de uma cultura de paz e empatia e por um futuro em que todas as pessoas possam viver livremente e sem violência.

Seja através da educação, do ativismo, do apoio mútuo ou da simples mas poderosa ação de ser quem se quer ser, todos podem contribuir para um mundo mais justo e igualitário, desempenhando um papel vital na transformação da comunidade que os rodeia e à qual pertencem.  

Neste Pride 2024, ao unirmo-nos sob o tema «Educação, Direitos e Paz: o Orgulho que Transforma», demonstramos mais uma vez que o nosso compromisso com a igualdade, a liberdade e a justiça para todas as pessoas em todo o mundo é absolutamente inabalável. 

Todos os cidadãos devem unir-se na luta pela igualdade, celebrando as conquistas e avançando com esperança, força e determinação para tornar realidade um futuro melhor. 

Uma sociedade unida é capaz de construir um mundo melhor, no qual o Orgulho não é apenas um momento para celebrar quem somos, mas também para transformar o nosso presente e o nosso futuro comum como uma sociedade livre e diversificada. 

Porque celebrar o Orgulho é celebrar a diversidade, a liberdade, a igualdade, e o respeito.

Continuemos a construir uma sociedade melhor, uma sociedade livre e diversificada.

Continuemos a avançar sem nunca recuar.

FELIZ ORGULHO 2024!

© Todos os direitos reservados

La dignidad humana es inviolable

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷

 🇪🇸ESPAÑOL 🇲🇽

(Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura)

Con carácter general, los derechos no son absolutos. Siempre hay límites al ejercicio de los derechos de los que son titulares todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. Así, en las Facultades de Derecho se suelen poner casos muy variados para explicar la existencia de los límites en el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos fundamentes que se reconocen en la Constitución de cualquier país. 

A modo de ejemplo, es cierto que el derecho a la libertad es uno de los más preciados, pero si una persona comete un delito o realiza un acto que dañe los derechos de otra persona, puede ver su derecho a la libertad limitado con la prohibición de acudir a determinados lugares o, en los casos más graves, con la entrada en prisión. Igualmente, los derechos a la libertad de expresión e ideológica, son dos de los derechos más relevantes en cualquier democracia, pero, ¿incluye ese derecho a libertad de expresión el discurso de odio o la defensa de postulados que promueven limpiezas étnicas o el genocidio de comunidades enteras? Evidentemente, la respuesta es clara: NO. Incluso el propio derecho a la vida puede considerarse como un derecho que tampoco es absoluto si tenemos que actuar en legítima defensa para defender nuestra propia vida, ante un riesgo cierto de muerte inminente o para evitar una catástrofe que afecte a cientos o a miles de personas. En esos casos, puede entenderse que tampoco podría considerarse un derecho absoluto, siempre y cuando nos encontremos ante este tipo de situaciones de extrema gravedad que, afortunadamente, son siempre muy excepcionales. 

Pero, si hay un derecho que sea verdaderamente absoluto, un derecho que bajo ningún concepto pueda vulnerarse y un derecho que, por encima de cualquier otra consideración, tenga que respetarse siempre, ese derecho es, sin duda, el derecho que tiene toda persona a no ser torturada ni humillada física o emocionalmente bajo ninguna circunstancia. Así lo establece el art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando afirma que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Por tanto, cuando hablamos del acto de torturar a alguien estamos hablando de una acción que destruye y desprecia por completo la vida de otra persona, pisoteando por completo su condición de persona, su identidad como ser individual y, por tanto, su dignidad humana inviolable como ser humano. Porque es la dignidad la fuente común de la que nacen todos y cada uno de los derechos de los que todas las personas somos titulares, no hay excepciones. 

Pero, ¿qué debemos entender por tortura? Si leemos lo que dice la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984 – recordemos que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos – y que entró en vigor el 26 de junio de 1987, podremos comprobar que en su artículo 1 define la tortura de esta manera: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. Por tanto, la tortura es causar a otra persona un dolor físico o emocional insoportables con la finalidad de obtener información, conseguir alguna clase de confesión, castigar a esa persona por algo que ha hecho o se sospecha que ha podido hacer, coaccionar a alguien para la consecución de un determinado objetivo, o con el fin de intimidar, someter o degradar a alguien con finalidad basada en cualquier clase de discriminación. Todo ello, excluyendo aquellos perjuicios que sean consecuencia de las sanciones o castigos que legítimamente se impongan y siempre que sean adecuadas y proporcionales. 

Obviamente, cuando hablamos de tortura, siempre pensamos en aquellas acciones a manos de funcionarios públicos o de aquellas otras personas que realizan alguna clase de servicio público, a petición expresa, con su consentimiento y silencio. Así, los actos de tortura son cometidos por parte de aquellas personas que ejercen funciones de poder y, desde el abuso de autoridad, ejecutan diversos actos de agresión física, sexual y emocional que son totalmente impropias en cualquier servidor público y que son inadmisibles en la actualidad. 

Sin embargo, si bien es cierto que la Convención contra la Tortura ha sido firmada y ratificada por la práctica totalidad de los países del mundo (cosa distinta es que se cumplan), son muchos los países que no han firmado ni tampoco ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobado en 2002 y que entró en vigor en 2006. Justamente, estos países que no forman parte de este protocolo son acusados periódicamente de cometer actos de tortura en contra de la población civil o en los centros penitenciarios, aunque, a veces las acusaciones de torturas, también se dirigen en contra de aquellos países que sí han firmado y ratificado tanto la Convención como el Protocolo. Y es que, por desgracia, las acciones no son ajenas para casi ningún país y, en la gran mayoría de ellos, la tortura, sea cual sea su forma de comisión, está reconocida como un delito que debe perseguirse bajo cualquier circunstancia y sin excepciones. 

Ciertamente, hay que recordar que la tortura es una clara violación de derechos humanos y, por este motivo, está totalmente prohibida en el Derecho Internacional. Esta prohibición está recogida, no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención y en el Protocolo, también se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, en el Convenio Europeo para la prevención de la tortura de 1987, en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Pero aún podemos ir mucho más allá. Y es que, sea cual sea su forma de comisión, dentro del ámbito del Derecho Internacional, está considerada como delito de lesa humanidad y así se recoge expresamente en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7.1.f), y también en el Derecho Internacional Consuetudinario. Es decir, que estamos ante un delito tan grave y abominable, cuyo rechazo es unánime, su persecución no prescribe nunca y que todos los países están obligados a perseguir sin importar que hayan firmado o no los tratados internacionales que existen en contra del delito de tortura. 

Pero la realidad es bien distinta y, por esta razón, porque aún existe la tortura, muchas veces más cerca de lo que pensamos, los Estados tienen la obligación de garantizar que ninguna persona, sea quien sea, y bajo cualquier circunstancia, pueda ser sometida a forma alguna de tortura, humillación o trato inhumano y degradante. Así pues, el apoyo a las víctimas es del todo incuestionable. Pero no solo hay que trabajar desde la recuperación de las secuelas físicas, muchas de ellas permanentes, sino también en la recuperación de las secuelas psicológicas para que las víctimas de la tortura puedan volver a integrarse totalmente en la sociedad a la que pertenecen con pleno derecho. Todo ello sin olvidar el derecho que tienen todas las víctimas y a sus familias a la Justicia, a la Verdad, a la Reparación y a la Garantía de No Repetición. Porque solo así podrá ser garantizado el respeto hacia todas y cada una de las víctimas, hacia sus derechos más básicos y elementales, desde su empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad y junto con la acción de la Justicia para que los autores respondan de sus crímenes y que nunca más estas atrocidades vuelvan a cometerse. 

Llegados a este punto, es necesario mencionar que, la tortura va mucho más allá de lo que podemos llegar a pensar. Quizá, al menos en un primer momento, podemos no caer en la cuenta de que, a nuestro alrededor, y por desgracia, son muchos más los casos de humillación y de tortura física y emocional de lo que podemos llegar a imaginar. Si nos paramos a pensar un poco en aquellas situaciones en las que miles de personas sufren a diario acciones que atentan en contra de su dignidad, despojándolas de su condición de seres humanos, cosificándolas y, por tanto, destruyendo por completo quienes son hasta límites aberrantes, nos daríamos cuenta de que la tortura está mucho más presente en nuestras vidas y nuestras sociedades de lo que creemos. 

Es cierto, cuando humillamos o agredimos físicamente a otra persona por razón de su sexo, por el color de su piel, su país de procedencia, su orientación sexual e identidad de género, sus creencias religiosas o por cualquier otra circunstancia, lo que estamos haciendo es sencillamente despojarla de su condición de persona, cosificarla, infravalorarla como alguien inferior y, por tanto, anulando su dignidad inviolable como ser humano. A todas estas acciones, las llamamos violencia sobre la mujer, racismo, xenofobia, LGTBIfobia, acoso escolar y de muchas formas más, pero que, sin duda, también constituyen un acto de humillación y de tortura que atacan directamente a sus derechos más básicos y a su dignidad como ser humano, aunque vengan recogidas en distintos artículos del Código Penal y con distinto nombre como delito contra la integridad moral, delito de violencia sobre la mujer, delito de lesiones o, entre otras muchas denominaciones, como delito de odio. Porque, en esencia, todas estas acciones vulneran ese derecho que es verdaderamente absoluto, que no tiene límites y que todas las personas poseen por el mero de ser seres humanos: El derecho a no ser humillado ni torturado jamás, bajo ninguna circunstancia, respetando siempre la dignidad de la persona. Eso es lo que refleja el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ese es el núcleo esencial de todo sistema de protección de derechos: LA DIGNIDAD.

No podemos dejar de lado a las víctimas, porque algunas de ellas están mucho más cerca de lo que pensamos. Por eso, como sociedad y también toda la comunidad internacional, hemos de comprometernos exigiendo el fin de toda forma de tortura, no solo aquella que se reconoce como tal en los textos internacionales o en el Código Penal, sino también bajo esas otras formas que, aunque con otro nombre, indudablemente son un acto de humillación y de tortura. 

La impunidad ante toda forma de violencia, odio y discriminación, ante toda forma de humillación y de tortura, no puede ser admitida jamás como algo aceptable dentro de ninguna sociedad. 

Porque la dignidad de toda persona, sea quien sea, es totalmente inviolable y no puede haber excepciones de ningún tipo.

Basta de torturas y basta de impunidad. 

La dignidad humana es inviolable.

Siempre.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

HUMAN DIGNITY IS INVIOLABLE

(International Day in Support of Victims of Torture)

In general, rights are not absolute. There are always limits to the exercise of rights to which all human beings are entitled without distinction of any kind. Thus, in law schools, a wide variety of cases are often used to explain the existence of limits to the exercise of human rights and of the fundamental rights that are recognised in the constitution of any country. 

By way of example, it is true that the right to liberty is one of the most precious rights, but if a person commits a crime or performs an act that harms the rights of another person, that person’s right to liberty may be limited by a prohibition to go to certain places or, in the most serious cases, by imprisonment. Similarly, the rights to freedom of expression and ideological freedom are two of the most relevant rights in any democracy, but does this right to freedom of expression include hate speech or the defence of postulates that promote ethnic cleansing or the genocide of entire communities? Clearly, the answer is clear: NO. Even the right to life itself can be considered as a right that is not absolute if we have to act in self-defence to defend our own life, in the face of a certain risk of imminent death or to prevent a catastrophe affecting hundreds or thousands of people. In such cases, it can be understood that it could not be considered an absolute right either, as long as we are facing this type of extremely serious situations which, fortunately, are always very exceptional. 

However, if there is a right that is truly absolute, a right that cannot be violated under any circumstances and a right that, above all other considerations, must always be respected, that right is undoubtedly the right of every person not to be tortured or humiliated physically or emotionally under any circumstances. This is established in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights when it states that «no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment». Therefore, when we talk about the act of torturing someone, we are talking about an action that completely destroys and despises the life of another person, completely trampling on his or her personhood, his or her identity as an individual being and, therefore, his or her inviolable human dignity as a human being. For it is dignity that is the common source from which each and every one of the rights to which all persons are entitled are born, there are no exceptions. 

But what should we understand by torture? If we read what the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984 – remember that 10 December is Human Rights Day – which came into force on 26 June 1987, we can see that article 1 defines torture as follows: «any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions». Torture is therefore causing another person unbearable physical or emotional pain for the purpose of obtaining information, obtaining a confession of some kind, punishing that person for something he or she has done or is suspected of having done, coercing someone to achieve a certain objective, or for the purpose of intimidating, subduing or degrading someone on the basis of discrimination of any kind. This is to the exclusion of any harm resulting from sanctions or punishments that are legitimately imposed, provided that they are appropriate and proportionate. 

Obviously, when we speak of torture, we always think of those actions at the hands of public officials or those other persons performing some kind of public service, at their express request, with their consent and silence. Thus, acts of torture are committed by those persons who exercise functions of power and, from the abuse of authority, carry out various acts of physical, sexual and emotional aggression that are totally improper in any public servant and are inadmissible in this day and age.

However, while it is true that the Convention against Torture has been signed and ratified by practically all the countries in the world (although compliance with it is another matter), there are many countries that have neither signed nor ratified the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which was adopted in 2002 and entered into force in 2006. It is precisely those countries that are not party to this protocol that are regularly accused of committing acts of torture against the civilian population or in prisons, although sometimes the accusations of torture are also directed against those countries that have signed and ratified both the Convention and the Protocol. Unfortunately, the actions are not unknown to almost any country and, in the vast majority of them, torture, in whatever form it is committed, is recognised as a crime that must be prosecuted under all circumstances and without exception. 

Indeed, it must be remembered that torture is a clear violation of human rights and, for this reason, it is totally prohibited under international law. This prohibition is enshrined not only in the Universal Declaration of Human Rights, the Convention and the Protocol, but also in the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, the 1950 European Convention on Human Rights, the 1987 European Convention for the Prevention of Torture, the 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights and the 1969 American Convention on Human Rights.

But we can go much further. And the fact is that, whatever the form in which it is committed, within the scope of international law, it is considered a crime against humanity and is expressly included in the Rome Statute of the International Criminal Court, in article 7.1.f), and also in customary international law. In other words, we are dealing with such a serious and abominable crime, whose rejection is unanimous, whose prosecution is never time-barred, and which all countries are obliged to prosecute regardless of whether or not they have signed the international treaties that exist against the crime of torture. 

But the reality is quite different and, for this reason, because torture still exists, often closer than we think, states have an obligation to ensure that no person, whoever they are, under any circumstances, can be subjected to any form of torture, humiliation or inhuman and degrading treatment. Support for victims is therefore unquestionable. But it is not only necessary to work on the recovery of the physical sequelae, many of which are permanent, but also on the recovery of the psychological sequelae so that the victims of torture can fully reintegrate into the society to which they belong with full rights. All this without forgetting the right of all victims and their families to justice, truth, reparation and the guarantee of non-repetition. Because this is the only way to guarantee respect for each and every one of the victims, for their most basic and elementary rights, based on their empowerment in all spheres of society and together with the action of Justice so that the perpetrators are held accountable for their crimes and so that these atrocities are never committed again. 

At this point, it is necessary to mention that torture goes much further than we might think. Perhaps, at least at first, we may not realise that, unfortunately, there are many more cases of humiliation and physical and emotional torture around us than we can imagine. If we stop to think a little about those situations in which thousands of people suffer daily actions that violate their dignity, stripping them of their condition as human beings, objectifying them and, therefore, completely destroying who they are to aberrant limits, we would realise that torture is much more present in our lives and our societies than we think. 

It is true that when we humiliate or physically attack another person because of their sex, the colour of their skin, their country of origin, their sexual orientation and gender identity, their religious beliefs or any other circumstance, what we are doing is simply stripping them of their status as a person, objectifying them, undervaluing them as inferior and, therefore, annulling their inviolable dignity as a human being. We call all these actions violence against women, racism, xenophobia, LGTBIphobia, bullying and many other forms of bullying, but they also undoubtedly constitute an act of humiliation and torture that directly attack her most basic rights and her dignity as a human being, even though they are included in different articles of the Criminal Code and under different names such as crime against moral integrity, crime of violence against women, crime of injury or, among many other names, hate crime. Because, in essence, all these actions violate that right which is truly absolute, which has no limits and which all people possess by the mere fact of being human beings: the right to never be humiliated or tortured, under any circumstances, always respecting the dignity of the person. This is what is reflected in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and this is the essential core of any system of rights protection: DIGNITY.

We cannot leave the victims aside, because some of them are much closer than we think. That is why, as a society and also the entire international community, we must commit ourselves to demanding an end to all forms of torture, not only those that are recognised as such in international texts or in the Penal Code, but also under those other forms that, although with a different name, are undoubtedly an act of humiliation and torture. 

Impunity for all forms of violence, hatred and discrimination, for all forms of humiliation and torture, can never be acceptable in any society. 

Because the dignity of every person, whoever he or she may be, is totally inviolable and there can be no exceptions of any kind.

No more torture and no more impunity. 

Human dignity is inviolable.

Always.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

LA DIGNITÀ UMANA È INVIOLABILE

(Giornata Internazionale a Sostegno delle Vittime di Tortura)

In generale, i diritti non sono assoluti. Esistono sempre dei limiti all’esercizio dei diritti che spettano a tutti gli esseri umani senza distinzioni di sorta. Per questo motivo, nelle scuole di diritto si ricorre spesso a una grande varietà di casi per spiegare l’esistenza di limiti all’esercizio dei diritti umani e dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione di qualsiasi Paese. 

Ad esempio, è vero che il diritto alla libertà è uno dei diritti più preziosi, ma se una persona commette un crimine o compie un atto che lede i diritti di un’altra persona, può vedere il suo diritto alla libertà limitato dal divieto di recarsi in determinati luoghi o, nei casi più gravi, dalla reclusione. Allo stesso modo, i diritti alla libertà di espressione e alla libertà ideologica sono due dei diritti più rilevanti in qualsiasi democrazia, ma questo diritto alla libertà di espressione include i discorsi di odio o la difesa di postulati che promuovono la pulizia etnica o il genocidio di intere comunità? La risposta è chiara: NO. Anche lo stesso diritto alla vita può essere considerato un diritto non assoluto se dobbiamo agire per autodifesa per difendere la nostra vita, di fronte a un rischio certo di morte imminente o per prevenire una catastrofe che colpisce centinaia o migliaia di persone. In questi casi, si può capire che non si potrebbe nemmeno considerare un diritto assoluto, finché ci troviamo di fronte a questo tipo di situazioni estremamente gravi che, fortunatamente, sono sempre molto eccezionali. 

Tuttavia, se esiste un diritto veramente assoluto, un diritto che non può essere violato in nessun caso e un diritto che, al di sopra di ogni altra considerazione, deve essere sempre rispettato, questo diritto è senza dubbio il diritto di ogni persona a non essere torturata o umiliata fisicamente o emotivamente in nessun caso. Ciò è sancito dall’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, quando afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti». Pertanto, quando parliamo dell’atto di torturare qualcuno, parliamo di un’azione che distrugge e disprezza completamente la vita di un’altra persona, calpestando completamente la sua personalità, la sua identità come essere individuale e, quindi, la sua inviolabile dignità umana come essere umano. Perché è la dignità la fonte comune da cui nasce ogni singolo diritto di cui tutte le persone sono titolari, non ci sono eccezioni. 

Ma cosa dobbiamo intendere per tortura? Se leggiamo cosa dice la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 – ricordiamo che il 10 dicembre è la Giornata dei diritti umani – entrata in vigore il 26 giugno 1987, vediamo che l’articolo 1 definisce la tortura come segue: «qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate». La tortura consiste quindi nell’arrecare a un’altra persona un dolore fisico o emotivo insopportabile allo scopo di ottenere informazioni, ottenere una confessione di qualche tipo, punire quella persona per qualcosa che ha fatto o è sospettata di aver fatto, costringere qualcuno a raggiungere un certo obiettivo, o allo scopo di intimidire, sottomettere o degradare qualcuno sulla base di una discriminazione di qualsiasi tipo. Questo esclude qualsiasi danno derivante da sanzioni o punizioni legittimamente imposte, purché siano appropriate e proporzionate. 

Ovviamente, quando si parla di tortura, si pensa sempre a quelle azioni compiute per mano di pubblici ufficiali o di altre persone che svolgono un qualche tipo di servizio pubblico, su loro esplicita richiesta, con il loro consenso e silenzio. Quindi, gli atti di tortura sono commessi da quelle persone che esercitano funzioni di potere e che, abusando dell’autorità, compiono vari atti di aggressione fisica, sessuale ed emotiva che sono assolutamente impropri in qualsiasi funzionario pubblico e sono inammissibili al giorno d’oggi. 

Tuttavia, se è vero che la Convenzione contro la tortura è stata firmata e ratificata praticamente da tutti i Paesi del mondo (anche se il suo rispetto è un’altra questione), ci sono molti Paesi che non hanno firmato né ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato nel 2002 ed entrato in vigore nel 2006. Sono proprio i Paesi che non hanno aderito a questo protocollo a essere regolarmente accusati di commettere atti di tortura contro la popolazione civile o nelle carceri, anche se a volte le accuse di tortura sono rivolte anche ai Paesi che hanno firmato e ratificato sia la Convenzione che il Protocollo. Purtroppo, le azioni non sono sconosciute a quasi nessun Paese e, nella stragrande maggioranza di essi, la tortura, in qualsiasi forma venga commessa, è riconosciuta come un crimine che deve essere perseguito in ogni circostanza e senza eccezioni. 

Va infatti ricordato che la tortura è una chiara violazione dei diritti umani e, per questo motivo, è totalmente vietata dal diritto internazionale. Tale divieto è sancito non solo dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione e dal Protocollo, ma anche dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950, dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987, dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 e dalla Convenzione americana sui diritti dell’uomo del 1969.

Ma possiamo andare molto oltre. Il fatto è che, a prescindere dalla forma in cui viene commesso, nell’ambito del diritto internazionale, è considerato un crimine contro l’umanità ed è espressamente incluso nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, all’articolo 7.1.f), e anche nel diritto internazionale consuetudinario. In altre parole, ci troviamo di fronte a un crimine così grave e abominevole, il cui rifiuto è unanime, il cui perseguimento non va mai in prescrizione e che tutti i Paesi sono obbligati a perseguire indipendentemente dal fatto che abbiano o meno firmato i trattati internazionali che esistono contro il crimine di tortura. 

Ma la realtà è ben diversa e, per questo motivo, poiché la tortura esiste ancora, spesso più vicina di quanto si pensi, gli Stati hanno l’obbligo di garantire che nessuna persona, chiunque essa sia, in nessuna circostanza, possa essere sottoposta a qualsiasi forma di tortura, umiliazione o trattamento inumano e degradante. Il sostegno alle vittime è quindi indiscutibile. Ma non è necessario lavorare solo sul recupero dei postumi fisici, molti dei quali sono permanenti, ma anche sul recupero dei postumi psicologici, affinché le vittime di tortura possano reintegrarsi pienamente nella società a cui appartengono con pieni diritti. Tutto questo senza dimenticare il diritto di tutte le vittime e delle loro famiglie alla giustizia, alla verità, alla riparazione e alla garanzia di non ripetizione. Perché questo è l’unico modo per garantire il rispetto di ogni singola vittima, dei suoi diritti più basilari ed elementari, basandosi sulla sua responsabilizzazione in tutti gli ambiti della società e insieme all’azione della giustizia affinché i responsabili siano chiamati a rispondere dei loro crimini e affinché queste atrocità non vengano mai più commesse. 

A questo punto, è necessario ricordare che la tortura va molto più in là di quanto si possa pensare. Forse, almeno all’inizio, non ci rendiamo conto che, purtroppo, i casi di umiliazione e di tortura fisica ed emotiva intorno a noi sono molti di più di quelli che possiamo immaginare. Se ci fermassimo a pensare un po’ a quelle situazioni in cui migliaia di persone subiscono quotidianamente azioni che violano la loro dignità, spogliandole della loro condizione di esseri umani, oggettivandole e, quindi, distruggendo completamente ciò che sono fino a limiti aberranti, ci renderemmo conto che la tortura è molto più presente nelle nostre vite e nelle nostre società di quanto pensiamo. 

È vero che quando umiliamo o aggrediamo fisicamente un’altra persona a causa del suo sesso, del colore della sua pelle, del suo Paese di origine, del suo orientamento sessuale e della sua identità di genere, del suo credo religioso o di qualsiasi altra circostanza, quello che facciamo è semplicemente privarla del suo status di persona, oggettivarla, sottovalutarla come inferiore e, quindi, annullare la sua inviolabile dignità di essere umano. Chiamiamo tutte queste azioni violenza contro le donne, razzismo, xenofobia, LGTBIfobia, bullismo e molte altre forme di prepotenza, ma costituiscono indubbiamente anche un atto di umiliazione e tortura che attacca direttamente i suoi diritti più elementari e la sua dignità di essere umano, anche se sono incluse in diversi articoli del Codice Penale e con nomi diversi come reato contro l’integrità morale, reato di violenza contro le donne, reato di lesioni o, tra i molti altri nomi, reato di odio. Perché, in sostanza, tutte queste azioni violano quel diritto che è veramente assoluto, che non ha limiti e che tutte le persone possiedono per il solo fatto di essere esseri umani: il diritto a non essere mai umiliati o torturati, in nessuna circostanza, sempre nel rispetto della dignità della persona. Questo è ciò che si evince dall’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e questo è il nucleo essenziale di qualsiasi sistema di tutela dei diritti: DIGNITÀ.

Non possiamo lasciare da parte le vittime, perché alcune di loro sono molto più vicine di quanto pensiamo. Per questo motivo, come società e anche come intera comunità internazionale, dobbiamo impegnarci a chiedere la fine di tutte le forme di tortura, non solo di quelle riconosciute come tali nei testi internazionali o nel Codice penale, ma anche di quelle altre forme che, anche se con un nome diverso, sono senza dubbio un atto di umiliazione e tortura. 

L’impunità per tutte le forme di violenza, odio e discriminazione, per tutte le forme di umiliazione e tortura, non può mai essere accettabile in nessuna società. 

Perché la dignità di ogni persona, chiunque essa sia, è totalmente inviolabile e non ci possono essere eccezioni di alcun tipo.

Basta con la tortura e con l’impunità. 

La dignità umana è inviolabile.

Sempre.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

LA DIGNITÉ HUMAINE EST INVIOLABLE

(Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture)

En général, les droits ne sont pas absolus. Il existe toujours des limites à l’exercice des droits auxquels tous les êtres humains peuvent prétendre sans distinction aucune. Ainsi, dans les facultés de droit, des cas très variés sont souvent utilisés pour expliquer l’existence de limites à l’exercice des droits de l’homme et des droits fondamentaux qui sont reconnus dans la constitution de tout pays. 

À titre d’exemple, il est vrai que le droit à la liberté est l’un des droits les plus précieux, mais si une personne commet un crime ou accomplit un acte qui porte atteinte aux droits d’une autre personne, elle peut voir son droit à la liberté limité par une interdiction de se rendre dans certains lieux ou, dans les cas les plus graves, par une peine d’emprisonnement. De même, les droits à la liberté d’expression et à la liberté idéologique sont deux des droits les plus importants dans toute démocratie, mais ce droit à la liberté d’expression inclut-il les discours de haine ou la défense de postulats qui promeuvent l’épuration ethnique ou le génocide de communautés entières ? La réponse est claire : NON. Le droit à la vie lui-même peut être considéré comme un droit qui n’est pas absolu si nous devons agir en légitime défense pour défendre notre propre vie, face à un risque certain de mort imminente ou pour prévenir une catastrophe affectant des centaines ou des milliers de personnes. Dans de tels cas, on peut comprendre qu’il ne puisse pas non plus être considéré comme un droit absolu, tant que l’on est confronté à ce type de situations extrêmement graves qui, heureusement, sont toujours très exceptionnelles. 

Cependant, s’il existe un droit véritablement absolu, un droit qui ne peut être violé en aucune circonstance et un droit qui, avant toute autre considération, doit toujours être respecté, ce droit est sans aucun doute le droit de toute personne à ne pas être torturée ou humiliée physiquement ou émotionnellement en aucune circonstance. Ce droit est établi à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule que «nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Par conséquent, lorsque nous parlons de l’acte de torturer quelqu’un, nous parlons d’un acte qui détruit et méprise complètement la vie d’une autre personne, en piétinant complètement sa personnalité, son identité en tant qu’être individuel et, par conséquent, sa dignité humaine inviolable en tant qu’être humain. Car c’est la dignité qui est la source commune d’où naissent tous et chacun des droits auxquels toute personne peut prétendre, sans aucune exception. 

Mais que faut-il entendre par torture ? Si l’on lit ce que dit la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 – rappelons que le 10 décembre est la journée des droits de l’homme – entrée en vigueur le 26 juin 1987, on constate que l’article 1 définit la torture comme suit : «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. La douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, ne sont pas considérées comme des tortures». La torture consiste donc à infliger à une autre personne une douleur physique ou émotionnelle insupportable dans le but d’obtenir des informations ou des aveux, de la punir pour un acte qu’elle a commis ou dont elle est soupçonnée, de la contraindre à atteindre un certain objectif ou d’intimider, de soumettre ou d’avilir une personne sur la base d’une discrimination quelle qu’elle soit. Ceci à l’exclusion de tout préjudice résultant de sanctions ou de punitions légitimement imposées, à condition qu’elles soient appropriées et proportionnées. 

Bien entendu, lorsque nous parlons de torture, nous pensons toujours aux actes commis par des agents publics ou d’autres personnes exerçant une forme de service public, à leur demande expresse, avec leur consentement et leur silence. Ainsi, les actes de torture sont commis par des personnes qui exercent des fonctions de pouvoir et qui, par abus d’autorité, se livrent à divers actes d’agression physique, sexuelle et émotionnelle qui sont totalement inappropriés chez tout fonctionnaire et inadmissibles à notre époque. 

Cependant, s’il est vrai que la Convention contre la torture a été signée et ratifiée par pratiquement tous les pays du monde (bien que son respect soit une autre affaire), de nombreux pays n’ont ni signé ni ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adopté en 2002 et est entré en vigueur en 2006. Ce sont précisément les pays qui ne sont pas parties à ce protocole qui sont régulièrement accusés de commettre des actes de torture à l’encontre de la population civile ou dans les prisons, bien que parfois les accusations de torture soient également dirigées contre les pays qui ont signé et ratifié à la fois la Convention et le Protocole. Malheureusement, ces actes ne sont inconnus d’aucun pays et, dans la grande majorité d’entre eux, la torture, sous quelque forme qu’elle soit commise, est reconnue comme un crime qui doit être poursuivi en toutes circonstances et sans exception. 

En effet, il faut rappeler que la torture est une violation manifeste des droits de l’homme et que, pour cette raison, elle est totalement interdite par le droit international. Cette interdiction est inscrite non seulement dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention et le Protocole, mais aussi dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, la Convention européenne pour la prévention de la torture de 1987, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et la Convention américaine des droits de l’homme de 1969.

Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. En effet, quelle que soit la forme sous laquelle elle est commise, elle est considérée, dans le cadre du droit international, comme un crime contre l’humanité et figure expressément dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, à l’article 7.1.f), ainsi que dans le droit international coutumier. En d’autres termes, il s’agit d’un crime aussi grave et abominable, dont le rejet est unanime, dont les poursuites sont imprescriptibles et que tous les pays sont tenus de poursuivre, qu’ils aient ou non signé les traités internationaux qui existent contre le crime de torture. 

Mais la réalité est tout autre et, pour cette raison, parce que la torture existe encore, souvent plus près qu’on ne le pense, les États ont l’obligation de veiller à ce qu’aucune personne, quelle qu’elle soit, ne puisse, en aucune circonstance, être soumise à une forme quelconque de torture, d’humiliation ou de traitement inhumain et dégradant. Le soutien aux victimes est donc indiscutable. Mais il faut travailler non seulement à la guérison des séquelles physiques, dont beaucoup sont permanentes, mais aussi à la guérison des séquelles psychologiques afin que les victimes de la torture puissent se réintégrer pleinement dans la société à laquelle elles appartiennent, avec tous les droits qui s’y rattachent. Tout cela sans oublier le droit de toutes les victimes et de leurs familles à la justice, à la vérité, à la réparation et à la garantie de non-répétition. C’est en effet la seule façon de garantir le respect de chacune des victimes, de leurs droits les plus fondamentaux et les plus élémentaires, sur la base de leur autonomisation dans toutes les sphères de la société et avec l’action de la justice, afin que les auteurs soient tenus responsables de leurs crimes et que ces atrocités ne soient plus jamais commises. 

À ce stade, il est nécessaire de mentionner que la torture va beaucoup plus loin que nous ne le pensons. Peut-être, du moins au début, ne nous rendons-nous pas compte que, malheureusement, les cas d’humiliation et de torture physique et émotionnelle sont beaucoup plus nombreux que nous ne pouvons l’imaginer. Si nous nous arrêtons un peu pour réfléchir à ces situations dans lesquelles des milliers de personnes subissent quotidiennement des actes qui violent leur dignité, les dépouillent de leur condition d’êtres humains, les réduisent à l’état d’objet et, par conséquent, détruisent complètement ce qu’elles sont jusqu’à des limites aberrantes, nous nous rendrons compte que la torture est beaucoup plus présente dans nos vies et dans nos sociétés que nous ne le pensons. 

Il est vrai que lorsque nous humilions ou attaquons physiquement une autre personne en raison de son sexe, de la couleur de sa peau, de son pays d’origine, de son orientation sexuelle et de son identité de genre, de ses croyances religieuses ou de toute autre circonstance, nous la dépouillons tout simplement de son statut de personne, nous l’objectivons, nous la sous-évaluons, nous la considérons comme inférieure et, par conséquent, nous annulons sa dignité inviolable en tant qu’être humain. Nous appelons tous ces actes violence contre les femmes, racisme, xénophobie, LGTBIphobie, harcèlement moral et bien d’autres formes de harcèlement, mais ils constituent sans aucun doute un acte d’humiliation et de torture qui porte directement atteinte à ses droits les plus fondamentaux et à sa dignité en tant qu’être humain, même s’ils sont inclus dans différents articles du code pénal et sous différents noms tels que crime contre l’intégrité morale, crime de violence contre les femmes, crime de blessure ou, parmi bien d’autres noms, crime de haine. Car, par essence, toutes ces actions violent ce droit qui est véritablement absolu, qui n’a pas de limites et que toutes les personnes possèdent par le simple fait d’être des êtres humains : le droit de ne jamais être humilié ou torturé, quelles que soient les circonstances, en respectant toujours la dignité de la personne. C’est ce que reflète l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et c’est le noyau essentiel de tout système de protection des droits : LA DIGNITÉ.

Nous ne pouvons pas laisser les victimes de côté, car certaines d’entre elles sont beaucoup plus proches que nous ne le pensons. C’est pourquoi, en tant que société et communauté internationale, nous devons nous engager à exiger la fin de toutes les formes de torture, non seulement celles qui sont reconnues comme telles dans les textes internationaux ou dans le code pénal, mais aussi celles qui, bien que portant un nom différent, constituent indubitablement un acte d’humiliation et de torture. 

L’impunité pour toutes les formes de violence, de haine et de discrimination, pour toutes les formes d’humiliation et de torture, ne peut jamais être acceptable dans aucune société. 

Car la dignité de chaque personne, quelle qu’elle soit, est totalement inviolable et ne peut souffrir d’aucune exception.

Plus de torture, plus d’impunité. 

La dignité humaine est inviolable.

Toujours.

 🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

A DIGNIDADE HUMANA É INVIOLÁVEL

(Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura)

Em geral, os direitos não são absolutos. Há sempre limites ao exercício dos direitos que assistem a todos os seres humanos sem distinção de qualquer espécie. Assim, nas escolas de Direito, recorre-se frequentemente a uma grande variedade de casos para explicar a existência de limites ao exercício dos direitos humanos e dos direitos fundamentais reconhecidos na Constituição de qualquer país. 

A título de exemplo, é verdade que o direito à liberdade é um dos direitos mais preciosos, mas se uma pessoa cometer um crime ou praticar um ato que prejudique os direitos de outra pessoa, o seu direito à liberdade pode ser limitado pela proibição de se deslocar a determinados locais ou, nos casos mais graves, pela prisão. Da mesma forma, os direitos à liberdade de expressão e à liberdade ideológica são dois dos direitos mais relevantes em qualquer democracia, mas será que este direito à liberdade de expressão inclui o discurso de ódio ou a defesa de postulados que promovem a limpeza étnica ou o genocídio de comunidades inteiras? É evidente que a resposta é clara: NÃO. Mesmo o próprio direito à vida pode ser considerado um direito não absoluto se tivermos de agir em legítima defesa para defender a nossa própria vida, perante um certo risco de morte iminente ou para evitar uma catástrofe que afecte centenas ou milhares de pessoas. Nestes casos, compreende-se que também não possa ser considerado um direito absoluto, desde que estejamos perante este tipo de situações de extrema gravidade que, felizmente, são sempre muito excepcionais. 

No entanto, se há um direito que é verdadeiramente absoluto, um direito que não pode ser violado em circunstância alguma e um direito que, acima de todas as outras considerações, deve ser sempre respeitado, esse direito é, sem dúvida, o direito de cada pessoa a não ser torturada ou humilhada física ou emocionalmente em circunstância alguma. Este direito está consagrado no artigo 5.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando afirma que “ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante». Portanto, quando falamos do ato de torturar alguém, estamos a falar de uma ação que destrói e despreza completamente a vida de outra pessoa, espezinhando completamente a sua personalidade, a sua identidade enquanto ser individual e, portanto, a sua dignidade humana inviolável enquanto ser humano. Pois é a dignidade a fonte comum de onde nascem todos e cada um dos direitos a que todas as pessoas têm direito, não há excepções. 

Mas o que é que devemos entender por tortura? Se lermos o que diz a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 10 de dezembro de 1984 – lembremo-nos que 10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos – que entrou em vigor a 26 de junho de 1987, podemos ver que o artigo 1º define a tortura da seguinte forma «qualquer acto por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa com os fins de, nomeadamente, obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, a punir por um acto que ela ou uma terceira pessoa cometeu ou se suspeita que tenha cometido, intimidar ou pressionar essa ou uma terceira pessoa, ou por qualquer outro motivo baseado numa forma de discriminação, desde que essa dor ou esses sofrimentos sejam infligidos por um agente público ou qualquer outra pessoa agindo a título oficial, a sua instigação ou com o seu consentimento expresso ou tácito. Este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legítimas, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionados». A tortura consiste, portanto, em causar a outra pessoa dores físicas ou emocionais insuportáveis com o objetivo de obter informações, obter uma confissão de qualquer tipo, punir essa pessoa por algo que tenha feito ou seja suspeita de ter feito, coagir alguém a atingir um determinado objetivo, ou com o objetivo de intimidar, subjugar ou degradar alguém com base em qualquer tipo de discriminação. Isto com exclusão de qualquer dano resultante de sanções ou castigos legitimamente impostos, desde que sejam adequados e proporcionais. 

Obviamente, quando falamos de tortura, pensamos sempre em actos praticados por funcionários públicos ou por outras pessoas que prestam algum tipo de serviço público, a seu pedido expresso, com o seu consentimento e em silêncio. Assim, os actos de tortura são cometidos por aquelas pessoas que exercem funções de poder e que, por abuso de autoridade, praticam diversos actos de agressão física, sexual e emocional que são totalmente impróprios em qualquer funcionário público e que são inadmissíveis nos dias de hoje. 

No entanto, se é verdade que a Convenção contra a Tortura foi assinada e ratificada por praticamente todos os países do mundo (embora o seu cumprimento seja outra questão), há muitos países que não assinaram nem ratificaram o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que foi adotado em 2002 e entrou em vigor em 2006. São precisamente os países que não são parte deste protocolo que são regularmente acusados de cometer actos de tortura contra a população civil ou nas prisões, embora por vezes as acusações de tortura sejam também dirigidas contra os países que assinaram e ratificaram tanto a Convenção como o Protocolo. Infelizmente, as acções não são desconhecidas de quase nenhum país e, na grande maioria deles, a tortura, seja qual for a forma como é cometida, é reconhecida como um crime que deve ser perseguido em todas as circunstâncias e sem exceção. 

De facto, importa recordar que a tortura é uma clara violação dos direitos humanos e, por essa razão, é totalmente proibida pelo direito internacional. Esta proibição está consagrada não só na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção e no Protocolo, mas também no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, na Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura de 1987, na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de 1981 e na Convenção Americana dos Direitos do Homem de 1969.

Mas podemos ir muito mais longe. E o facto é que, qualquer que seja a forma como é cometido, no âmbito do direito internacional, é considerado um crime contra a humanidade e está expressamente incluído no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, no artigo 7.1.f), e também no direito internacional consuetudinário. Ou seja, estamos perante um crime tão grave e abominável, cuja rejeição é unânime, cuja ação penal nunca prescreveu e que todos os países são obrigados a julgar, independentemente de terem ou não assinado os tratados internacionais que existem contra o crime de tortura. 

Mas a realidade é bem diferente e, por isso, porque a tortura continua a existir, muitas vezes mais perto do que pensamos, os Estados têm a obrigação de garantir que nenhuma pessoa, seja ela quem for, em circunstância alguma, possa ser sujeita a qualquer forma de tortura, humilhação ou tratamento desumano e degradante. O apoio às vítimas é, portanto, inquestionável. Mas é necessário trabalhar não só na recuperação das sequelas físicas, muitas das quais permanentes, mas também na recuperação das sequelas psicológicas para que as vítimas de tortura possam reintegrar-se plenamente na sociedade a que pertencem com todos os direitos. Tudo isto sem esquecer o direito de todas as vítimas e das suas famílias à justiça, à verdade, à reparação e à garantia de não repetição. Porque esta é a única forma de garantir o respeito por todas e cada uma das vítimas, pelos seus direitos mais básicos e elementares, com base no seu empoderamento em todas as esferas da sociedade e em conjunto com a ação da Justiça para que os autores sejam responsabilizados pelos seus crimes e para que estas atrocidades nunca mais sejam cometidas. 

Neste ponto, é necessário mencionar que a tortura vai muito mais longe do que pensamos. Talvez, pelo menos no início, não nos apercebamos de que, infelizmente, há muito mais casos de humilhação e tortura física e emocional à nossa volta do que podemos imaginar. Se parássemos para pensar um pouco nessas situações em que milhares de pessoas sofrem diariamente acções que violam a sua dignidade, retirando-lhes a sua condição de seres humanos, objectivando-as e, por isso, destruindo completamente quem elas são até limites aberrantes, perceberíamos que a tortura está muito mais presente nas nossas vidas e nas nossas sociedades do que pensamos. 

É verdade que quando humilhamos ou agredimos fisicamente outra pessoa por causa do seu sexo, da cor da sua pele, do seu país de origem, da sua orientação sexual e identidade de género, das suas crenças religiosas ou de qualquer outra circunstância, o que estamos a fazer é simplesmente despojá-la do seu estatuto de pessoa, objectivando-a, desvalorizando-a como inferior e, portanto, anulando a sua dignidade inviolável como ser humano. Chamamos a todas estas acções violência contra as mulheres, racismo, xenofobia, LGTBIfobia, bullying e muitas outras formas de intimidação, mas também constituem, sem dúvida, um ato de humilhação e tortura que atenta diretamente contra os seus direitos mais elementares e a sua dignidade como ser humano, embora estejam incluídas em diferentes artigos do Código Penal e sob diferentes designações, como crime contra a integridade moral, crime de violência contra as mulheres, crime de injúria ou, entre muitas outras designações, crime de ódio. Porque, na sua essência, todas estas acções violam aquele direito que é verdadeiramente absoluto, que não tem limites e que todas as pessoas possuem pelo simples facto de serem seres humanos: o direito de nunca ser humilhado ou torturado, em nenhuma circunstância, respeitando sempre a dignidade da pessoa. É o que está refletido no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e é o núcleo essencial de qualquer sistema de proteção dos direitos: A DIGNIDADE.

Não podemos deixar de lado as vítimas, porque algumas delas estão muito mais próximas do que pensamos. É por isso que, enquanto sociedade e também toda a comunidade internacional, temos de nos empenhar em exigir o fim de todas as formas de tortura, não só as que são reconhecidas como tal nos textos internacionais ou no Código Penal, mas também sob aquelas outras formas que, embora com um nome diferente, são sem dúvida um ato de humilhação e tortura. 

A impunidade de todas as formas de violência, de ódio e de discriminação, de todas as formas de humilhação e de tortura, não pode ser aceite em nenhuma sociedade. 

Porque a dignidade de cada pessoa, seja ela quem for, é totalmente inviolável e não pode haver excepções de qualquer espécie.

Chega de tortura e chega de impunidade. 

A dignidade humana é inviolável.

Sempre.

Una emergencia global

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽- Written in 🇬🇧🇺🇸- Scritto in 🇮🇹🇸🇲- Rédigé en 🇫🇷🇨🇩- Escrito em 🇵🇹🇧🇷)

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

(Día Mundial de los Refugiados)

Nos basta con mirar las noticias para saber que el dolor y el sufrimiento humano existe. La inestabilidad social, el cambio climático o los conflictos bélicos en Oriente Medio, Ucrania, Sudán, Myanmar o la República Democrática del Congo son ejemplo de ello. 

Actualmente, de acuerdo con las fuentes de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, en todo el mundo hay más de 120 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza. De entre todas ellas, alrededor de 44 millones son personas refugiadas, casi tantas como la población entera de países como Argentina, Iraq, Argelia, Uganda o España. Así, cuando nos encontramos ante una crisis humanitaria global, es cuando debemos mostrar nuestra compasión, solidaridad y empatía para con quienes más necesitan ayuda. 

No es fácil para nadie tener que abandonar su hogar y su país por el hambre o por la destrucción y la muerte que provocan las guerras o el cambio climático. Por esta razón, cuando hablamos de personas refugiadas, debemos hablar también de su entereza, de su valor y de su capacidad de resiliencia. Todo ello sin olvidar el apoyo que merecen en cada etapa de su largo, extenuante y dramático viaje. 

Sin lugar a dudas, las personas refugiadas necesitan de nuestra solidaridad. Toda persona merece tener la oportunidad de poder reconstruir su vida y de vivir con dignidad alejada de toda forma de peligro para su seguridad y bienestar personal y familiar. Detrás de cada persona que se ha visto en situación de tener que huir de su hogar hay una historia de pérdida, de dolor y de resiliencia que no podemos infravalorar. Cada persona refugiada ha tenido que abandonar por la fuerza su hogar, su familia, su medio de vida y la tierra en la que nació. Y millones de personas han tenido que hacerlo por causas de las que no son culpables y que les colocan en una situación en enorme peligro y vulnerabilidad.

Tan como pronto como se les da una oportunidad en las sociedades de acogida, las personas migrantes aportan todo su potencial. Pero para poder hacerlo necesitan igualdad de oportunidades, poder acceder a una vivienda digna y, por supuesto, acceso a los recursos públicos, muy especialmente los relacionados con asistencia médica y salud mental cuando se hay tratar con las secuelas la guerra. 

El acceso a estos recursos en igualdad de oportunidades no solo es un derecho humano básico, también es algo que beneficia a las sociedades de acogida. Las personas refugiadas portan consigo todos sus habilidades, experiencia y visiones que pueden contribuir enormemente al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad de destino. Así, distintos estudios han demostrado que las personas refugiadas aportan su capacidad emprendedora, estableciendo negocios y fomentando la creación de empleo, tanto para con sus congéneres como para con el resto de la población local.

Cuando hablamos de menores y jóvenes refugiados, es indudable que necesitan el acceso a una educación de calidad para poder alcanzar todas su metas y sueños, aquellos que se vieron truncados que tuvieron que salir de su país de procedencia. Ciertamente, la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de cualquier sociedad. Pero para los menores y jóvenes refugiados representa además la oportunidad de poder recuperarse de todo el dolor que han tenido que soportar y recomponer sus vidas desde cero. Y es que, a través de la educación, puede adquirir esas nuevas habilidades para poder formar parte y progresar en la sociedad de acogida al mismo tiempo que la enriquecen. 

En este sentido, el acceso a una educación de calidad es todavía un enorme desafío para muchas personas refugiadas, que quieren retomar sus estudios y completar su formación, por razón de las barreras lingüísticas, sociales, legales y económicas. En muchas ocasiones, estas trabas, junto con una burocracia demasiado farragosa, dificultan enormemente la posibilidad de acceder a una educación de calidad que les permita desarrollar todo su potencial. Por tanto, es esencial que se establezcan políticas inclusivas y programas de apoyo para garantizar el acceso a la educación para que menores y jóvenes refugiados tengan la oportunidad de aprender, crecer y desarrollarse plenamente dentro de la sociedad de acogida.

Sin embargo, los países de acogida, que en su mayoría suelen ser países vecinos con niveles de renta medio o bajo, necesitan también de ayuda para poder dar asistencia a las personas refugiadas e integrarlas en su sociedad y economía nacional. Pero, obviamente, la responsabilidad de acoger y de asistir a los millones de personas refugiadas que hay en el mundo no pueden recaer en unos pocos países. Toda la comunidad internacional debe asumir la responsabilidad compartida de proporcionar el apoyo necesario a aquellas naciones que se encuentran en la primera línea de acogida ante las crisis migratorias y desplazamientos forzados. Dicha ayuda no consiste únicamente en el aporte de recursos financieros, técnicos o logísticos, también son necesarias políticas activas que contribuyan a la inclusión de las personas refugiadas. Así, lo países de acogida han de contar con el reconocimiento y el apoyo unánimes de la comunidad internacional por su generosidad, esfuerzo y solidaridad, ya que, a pesar de sus recursos limitados, demuestran la capacidad suficiente, no sin enormes sacrificios, para dar refugio y mismas oportunidades a millones de desplazados, manteniendo la estabilidad y la paz a nivel regional y global.

Como sociedad, hemos de comprometernos con nuestra responsabilidad colectiva en lo que respecta a la asistencia y ayuda hacia las personas refugiadas, respetando siempre su dignidad humana inviolable y defendiendo siempre los derechos humanos entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho a solicitar asilo. Esto conlleva no solo proporcionar un lugar seguro, sino también que las personas refugiadas puedan tener acceso a la justicia, a la defensa legal y a unas condiciones mínimas de vida digna. Por tanto, la protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas refugiadas tiene que ser siempre una prioridad para toda la comunidad internacional en su conjunto. Y, por supuesto, las personas refugiadas tienen que ser tratadas con absoluto respeto, dignidad y perseguir cualquier clase de violencia, odio y discriminación por razón de su lugar de procedencia, cultura, etnia, religión o creencias. Y es que el discurso de odio basado en prejuicios y estereotipos, o en bulos malintencionados y promovidos por las ideologías propias de la ultraderecha racista y xenófoba, están detrás de la gran mayoría de los ataques hacia las personas refugiadas en las sociedades de acogida.

Evidentemente, hemos de mejorar los mecanismos de protección de las personas refugiadas. El mecanismo establecido con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y Protocolo de 1967, necesita ser ampliamente fortalecido y defendido. Este mecanismo establece un marco legal que es vital para la protección de las personas refugiadas, garantizando la no devolución a las zonas de peligro, así como el apoyo necesario para intentar reconstruir sus vidas desde cero. Y esto ha de fortalecerse en un momento en el que cada vez se implementan más políticas restrictivas y los discursos racistas y xenófobos están cada vez más presentes en la sociedad. Por eso, hay reafirmar el compromiso en la defensa de los principios y valores fundamentales respeto, igualdad y justicia que, al mismo tiempo, también son derechos humanos indiscutibles. 

En todo caso, también tenemos la responsabilidad de colaboración en la resolución de los conflictos existentes para que los millones de personas refugiadas que se han visto obligadas a abandonar su país pueden volver a sus hogares a empezar de nuevo. Por ello, la paz y la seguridad son esenciales para evitar y resolver los millones de desplazamientos forzados de la actualidad. Así, la comunidad internacional no puede reducir sus esfuerzos, sino todo lo contrario. Tiene que redoblar todos sus esfuerzos en cuanto al uso de la diplomacia de carácter preventivo, en la solución pacífica de conflictos y en la defensa de una paz que sea sostenible y duradera en el tiempo. No olvidemos únicamente cuando se aborda la raíz principal de cualquier conflicto, siempre vinculada a situaciones de desigualdad, falta de oportunidades, corrupción sistémica y absoluta falta de justicia social, es cuando, verdaderamente, no solo puede reducirse el número de personas que se ven en situación de tener que salir huyendo sus hogares, también se sientan las bases para su regreso en condiciones se seguridad, libertad e igualdad. 

En todo caso, es esencial que cualquier solución duradera para las personas refugiadas pase siempre, no solo por un proceso de repatriación que debe ser siempre voluntario y seguro, sino que también ha de apostar por la integración e inclusión local y el reasentamiento en terceros países. Pero cada una de estas soluciones debe contar con la preparación suficiente además de con los recursos adecuados para que sean efectivas. Así, la repatriación solo puede ser una opción cuando existan garantías de seguridad y unos niveles de vida digna aceptables en el país de origen. Igualmente, toda medida de integración local tiene que poder ofrecer un mecanismo de vida y estabilidad dentro de la sociedad de acogida en igualdad de derechos y oportunidades. Finalmente, cualquier intento de reasentamiento tiene que ser una garantía de solución duradera para aquellas personas refugiadas que no tienen posibilidad de poder permanecer en el primer país al que han acudido en busca de asilo. Por tanto, dicho reasentamiento ha de contar siempre con los recursos necesarios para poder dotar de la ayuda necesaria facilitando la integración y la inclusión en el lugar de acogida, garantizando toda protección ante cualquier forma de marginación y riesgo de exclusión. 

No olvidemos que detrás de cada persona refugiada está la historia de la vida de un ser humano cuyos sueños y esperanzas han sido destruidos. Por eso, hay que actuar con celeridad y abordar las necesidades de las personas refugiadas y desplazadas para paliar su precaria situación. Al mismo tiempo, también debemos reconocer su resiliencia y todas aquellas contribuciones que han hecho a las sociedades de acogida. Pero, por encima de todo, tenemos que reconocer su fuerza y determinación para reconstruir su vida desde las cenizas y frente a cualquier adversidad. 

Hay que insistir en que estamos hablando de una responsabilidad compartida. Dicha responsabilidad recae en gobiernos, organismos internacionales, instituciones, empresas y, por supuesto, en la sociedad civil, ya sea a nivel individual de cada persona o a través de asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Toda la sociedad global en su conjunto puede sumar, ya sea desde el simple voluntariado, la donación de ropa o alimentos, el envío de material sanitario y medicinas o, simplemente, mostrando nuestra solidaridad hacia las personas refugiadas que conviven y lo dan lo mejor de sí mismos dentro de nuestra comunidad. 

Si en algún momento tuviésemos que responder a una pregunta acerca de cómo medimos nuestra humanidad, la respuesta sería por la manera en la que tratamos a quienes son más vulnerables. Por eso, cuando nos comprometemos con la defensa y el apoyo hacia las personas refugiadas, lo que hacemos es demostrar la compasión, la comprensión, la bondad y el amor que nace de ese sentimiento de solidaridad que debe regir en cualquier sociedad justa, igualitaria, democrática y avanzada. Si toda la sociedad colabora, sin duda podremos marcar la diferencia y mejorar la vida de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus países en contra de su voluntad y que solo sueñan con una cosa: volver a sus hogares, a una tierra en paz libre de violencia, hambre y muerte. 

Enfrentamos una crisis global refugiados sin precedentes en historia y la respuesta también tiene que ser global y sin precedentes. Trabajemos desde una sociedad unida para crear un mundo donde toda persona pueda vivir en paz, seguridad y con absoluto respeto hacia sus derechos más elementales y hacia su dignidad humana inviolable. Somos capaces de construir un mundo mejor para todas las personas, sin importar cuál sea su lugar de procedencia o las razones por las que se hayan visto obligadas a abandonar la tierra que les vio nacer en búsqueda de protección y refugio. 

Cooperemos, apoyemos a los países de acogida en la protección de las personas refugiadas y hagamos de este desafío global una oportunidad para seguir avanzando como sociedad y en beneficio de toda la humanidad. Haciéndolo, no solo contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas, también enriquecemos nuestra propia sociedad haciéndola más plural, diversa, justa y, sobre todo, solidaria. 

Es trabajo que queda por hacer es enorme, pero no hay nada imposible si existe la voluntad política suficiente, los recursos necesarios y demostramos un compromiso férreo con la igualdad, la libertad y la justicia. Si creemos en estas tres palabras, seremos capaces de conseguirlo. 

Nos enfrentamos a una emergencia global que precisa de nuestra solidaridad global y es nuestro deber común defender a los más vulnerables. 

Las personas refugiadas de todo el mundo merecen un mundo de esperanza, un mundo de prosperidad y paz. 

Confiemos en una sociedad donde toda persona se sienta bienvenida, apoyada y empoderada. 

Porque toda persona sueña con un futuro mejor. 

Pues hagámoslo posible. 

🇬🇧ENGLISH🇺🇸

A GLOBAL EMERGENCY

(World Refugee Day)

We only have to look at the news to know that human pain and suffering exists. Social instability, climate change or armed conflicts in the Middle East, Ukraine, Sudan, Myanmar or the Democratic Republic of Congo are examples of this.

Currently, according to UN sources and other international organisations, more than 120 million people worldwide have been forcibly displaced. Of these, around 44 million are refugees, almost as many as the entire population of countries such as Argentina, Iraq, Algeria, Uganda or Spain. So it is when we are faced with a global humanitarian crisis that we must show our compassion, solidarity and empathy for those who need help the most.

It is not easy for anyone to have to leave their home and country because of hunger or the destruction and death caused by war or climate change. For this reason, when we talk about refugees, we must also talk about their resilience, their courage and their resilience. Not to mention the support they deserve at every stage of their long, gruelling and dramatic journey.

There is no doubt that refugees need our solidarity. Every person deserves the opportunity to be able to rebuild their lives and to live in dignity away from any form of danger to their personal and family safety and well-being. Behind every person who has been forced to flee their home is a story of loss, pain and resilience that cannot be underestimated. Every refugee has had to forcibly leave their home, their family, their livelihood and the land of their birth. And millions of people have had to do so for reasons for which they are not to blame and which place them in enormous danger and vulnerability.

As soon as they are given a chance in their host societies, migrants bring their full potential to bear. But in order to do so, they need equal opportunities, access to decent housing and, of course, access to public resources, most especially those related to medical care and mental health when dealing with the aftermath of war.

Equal access to these resources is not only a basic human right, it is also something that benefits host societies. Refugees bring with them skills, experience and insights that can contribute enormously to the economic, social and cultural development of the host society. Studies have shown that refugees bring their entrepreneurial skills, setting up businesses and fostering job creation, both for their fellow refugees and for the rest of the local population.

When it comes to refugee children and young people, there is no doubt that they need access to quality education in order to achieve all their goals and dreams, those that were cut short when they had to leave their country of origin. Certainly, education is the most powerful tool for transforming the life of any society. But for children and young refugees, it is also an opportunity to recover from all the pain they have endured and to rebuild their lives from scratch. Through education, they can acquire these new skills to be able to take part and progress in the host society while enriching it.

In this sense, access to quality education is still a huge challenge for many refugees, who want to resume their studies and complete their education, due to linguistic, social, legal and economic barriers. In many cases, these obstacles, together with cumbersome bureaucracy, make it extremely difficult for refugees to access quality education that allows them to develop their full potential. It is therefore essential that inclusive policies and support programmes are put in place to ensure access to education so that refugee children and youth have the opportunity to learn, grow and develop fully within the host society.

However, host countries, most of which tend to be neighbouring countries with medium or low income levels, also need help in order to assist refugees and integrate them into their society and national economy. But of course, the responsibility for hosting and assisting the millions of refugees in the world cannot be the responsibility of just a few countries. The entire international community must assume a shared responsibility to provide the necessary support to those nations that are on the front line in the face of migration crises and forced displacement. This support does not only consist of financial, technical or logistical resources, but also requires active policies that contribute to the inclusion of refugees. Thus, host countries must have the unanimous recognition and support of the international community for their generosity, effort and solidarity, since, despite their limited resources, they demonstrate sufficient capacity, not without enormous sacrifices, to provide refuge and equal opportunities to millions of displaced people, maintaining stability and peace at regional and global level.

As a society, we must commit ourselves to our collective responsibility to assist and help refugees, always respecting their inviolable human dignity and always upholding human rights, including, of course, the right to seek asylum. This entails not only providing a safe place, but also that refugees can have access to justice, legal defence and a minimum of dignified living conditions. Therefore, the protection of the human and fundamental rights of refugees must always be a priority for the international community as a whole. And, of course, refugees must be treated with absolute respect and dignity, and any kind of violence, hatred and discrimination based on their place of origin, culture, ethnicity, religion or beliefs must be prosecuted. Hate speech based on prejudices and stereotypes, or on malicious hoaxes promoted by the ideologies of the racist and xenophobic far right, are behind the vast majority of attacks on refugees in host societies.

Clearly, we need to improve the mechanisms for the protection of refugees. The mechanism established with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and 1967 Protocol needs to be greatly strengthened and defended. This mechanism establishes a legal framework that is vital for the protection of refugees, guaranteeing non-refoulement to areas of danger, as well as the support needed to try to rebuild their lives from scratch. And this needs to be strengthened at a time when more and more restrictive policies are being implemented and racist and xenophobic discourses are increasingly present in society. Therefore, we must reaffirm our commitment to defend the fundamental principles and values of respect, equality and justice which, at the same time, are also indisputable human rights.

In any case, we also have a responsibility to cooperate in the resolution of existing conflicts so that the millions of refugees who have been forced to leave their country can return to their homes and start afresh. Peace and security are therefore essential to prevent and resolve today’s millions of forced displacements. Thus, the international community must not reduce its efforts, but rather the opposite. It must redouble all its efforts in the use of preventive diplomacy, in the peaceful resolution of conflicts and in the defence of a peace that is sustainable and lasting over time. Let us not forget that it is only by addressing the root causes of any conflict, which are always linked to situations of inequality, lack of opportunities, systemic corruption and a complete lack of social justice, that we can truly not only reduce the number of people who are forced to flee their homes, but also lay the foundations for their return in conditions of security, freedom and equality.

In any case, it is essential that any durable solution for refugees must always involve not only a repatriation process, which must always be voluntary and safe, but also local integration and inclusion and resettlement in third countries. But each of these solutions must have sufficient preparation as well as adequate resources to be effective. Thus, repatriation can only be an option when there are guarantees of security and acceptable standards of decent living in the country of origin. Likewise, any local integration measure must be able to offer a mechanism for life and stability within the host society with equal rights and opportunities. Finally, any attempt at resettlement must be a guarantee of a durable solution for those refugees who have no possibility of being able to remain in the first country to which they have sought asylum. Therefore, such resettlement must always have the necessary resources to be able to provide the necessary assistance to facilitate integration and inclusion in the host country, guaranteeing protection against any form of marginalisation and risk of exclusion.

Let us not forget that behind every refugee is the life story of a human being whose hopes and dreams have been destroyed. Therefore, we must act swiftly and address the needs of refugees and displaced persons to alleviate their precarious situation. At the same time, we must also recognise their resilience and the contributions they have made to their host societies. But above all, we must recognise their strength and determination to rebuild their lives from the ashes and in the face of adversity.

We must insist that we are talking about a shared responsibility. This responsibility lies with governments, international organisations, institutions, companies and, of course, civil society, whether at the individual level of each person or through associations and non-governmental organisations. All of global society as a whole can play a part, whether by simply volunteering, donating clothes or food, sending medical supplies and medicines, or simply showing our solidarity with the refugees who live and do their best within our community.

If ever we had to answer a question about how we measure our humanity, the answer would be by the way we treat those who are most vulnerable. So when we engage in advocacy and support for refugees, what we are doing is demonstrating the compassion, understanding, kindness and love that comes from that sense of solidarity that should govern any just, egalitarian, democratic and advanced society. If society as a whole works together, we can certainly make a difference and improve the lives of millions of people who have been forced to leave their homes and countries against their will and who dream of only one thing: to return home to a peaceful land free from violence, hunger and death.

We face a global refugee crisis unprecedented in history and the response must also be global and unprecedented. Let us work as a united society to create a world where all people can live in peace, security and with absolute respect for their most basic rights and inviolable human dignity. We are capable of building a better world for all people, regardless of where they come from or the reasons why they have been forced to leave the land of their birth in search of protection and refuge.

Let us cooperate, let us support host countries in protecting refugees and let us turn this global challenge into an opportunity to move forward as a society and for the benefit of all humanity. In doing so, we not only contribute to improving the living conditions of refugees, we also enrich our own society, making it more plural, diverse, fair and, above all, more caring.

The work that remains to be done is enormous, but nothing is impossible if there is sufficient political will, the necessary resources and if we demonstrate an unwavering commitment to equality, freedom and justice. If we believe in these three words, we can do it.

We face a global emergency that requires our global solidarity and it is our common duty to stand up for the most vulnerable.

Refugees around the world deserve a world of hope, a world of prosperity and peace.

Let us hope for a society where every person feels welcome, supported and empowered.

Because every person dreams of a better future.

So let’s make it happen.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲

UN’EMERGENZA GLOBALE

(Giornata Mondiale dei Rifugiati)

Basta guardare i telegiornali per capire che il dolore e la sofferenza umana esistono. L’instabilità sociale, i cambiamenti climatici o i conflitti armati in Medio Oriente, Ucraina, Sudan, Myanmar o Repubblica Democratica del Congo ne sono un esempio.

Attualmente, secondo le fonti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, più di 120 milioni di persone nel mondo sono sfollate con la forza. Di questi, circa 44 milioni sono rifugiati, quasi quanto l’intera popolazione di Paesi come l’Argentina, l’Iraq, l’Algeria, l’Uganda o la Spagna. È quindi quando ci troviamo di fronte a una crisi umanitaria globale che dobbiamo mostrare la nostra compassione, solidarietà ed empatia per coloro che hanno più bisogno di aiuto.

Non è facile per nessuno dover lasciare la propria casa e il proprio Paese a causa della fame o della distruzione e della morte causate dalla guerra o dai cambiamenti climatici. Per questo motivo, quando parliamo di rifugiati, dobbiamo anche parlare della loro capacità di recupero, del loro coraggio e della loro resistenza. Per non parlare del sostegno che meritano in ogni fase del loro lungo, faticoso e drammatico viaggio.

Non c’è dubbio che i rifugiati abbiano bisogno della nostra solidarietà. Ogni persona merita l’opportunità di ricostruire la propria vita e di vivere in modo dignitoso, lontano da qualsiasi forma di pericolo per la sicurezza e il benessere personale e familiare. Dietro ogni persona che è stata costretta a fuggire dalla propria casa c’è una storia di perdita, dolore e resilienza che non può essere sottovalutata. Ogni rifugiato ha dovuto lasciare con la forza la propria casa, la propria famiglia, i propri mezzi di sostentamento e la terra in cui è nato. E milioni di persone sono state costrette a farlo per ragioni di cui non hanno colpa e che le pongono in una situazione di enorme pericolo e vulnerabilità.

Non appena viene data loro una possibilità nelle società di accoglienza, i migranti mettono in campo tutto il loro potenziale. Per farlo, però, hanno bisogno di pari opportunità, di accesso a un alloggio dignitoso e, naturalmente, di accesso alle risorse pubbliche, soprattutto a quelle legate all’assistenza medica e alla salute mentale quando si tratta di affrontare le conseguenze della guerra.

La parità di accesso a queste risorse non è solo un diritto umano fondamentale, ma anche un vantaggio per le società ospitanti. I rifugiati portano con sé competenze, esperienze e intuizioni che possono contribuire enormemente allo sviluppo economico, sociale e culturale della società ospitante. Alcuni studi hanno dimostrato che i rifugiati apportano le loro capacità imprenditoriali, creando imprese e favorendo la creazione di posti di lavoro, sia per i loro compagni che per il resto della popolazione locale.

Per quanto riguarda i bambini e i giovani rifugiati, non c’è dubbio che abbiano bisogno di accedere a un’istruzione di qualità per raggiungere tutti i loro obiettivi e sogni, che sono stati tagliati quando hanno dovuto lasciare il loro Paese d’origine. L’istruzione è certamente lo strumento più potente per trasformare la vita di qualsiasi società. Ma per i bambini e i giovani rifugiati è anche un’opportunità per riprendersi da tutto il dolore subito e per ricostruire la propria vita da zero. Attraverso l’istruzione, possono acquisire queste nuove competenze per poter partecipare e progredire nella società ospitante, arricchendola.

In questo senso, l’accesso a un’istruzione di qualità è ancora una sfida enorme per molti rifugiati che vogliono riprendere gli studi e completare la loro formazione, a causa di barriere linguistiche, sociali, legali ed economiche. In molti casi, questi ostacoli, insieme alla burocrazia farraginosa, rendono estremamente difficile per i rifugiati accedere a un’istruzione di qualità che permetta loro di sviluppare appieno il proprio potenziale. È quindi essenziale mettere in atto politiche inclusive e programmi di sostegno per garantire l’accesso all’istruzione, in modo che i bambini e i giovani rifugiati abbiano l’opportunità di imparare, crescere e svilupparsi pienamente all’interno della società ospitante.

Tuttavia, anche i Paesi ospitanti, che tendono a essere per lo più Paesi limitrofi con livelli di reddito medi o bassi, hanno bisogno di aiuto per assistere i rifugiati e integrarli nella loro società e nell’economia nazionale. Ma naturalmente la responsabilità di ospitare e assistere i milioni di rifugiati nel mondo non può essere solo di alcuni Paesi. L’intera comunità internazionale deve assumersi la responsabilità condivisa di fornire il sostegno necessario a quelle nazioni che sono in prima linea di fronte alle crisi migratorie e agli spostamenti forzati. Questo sostegno non consiste solo in risorse finanziarie, tecniche o logistiche, ma richiede anche politiche attive che contribuiscano all’inclusione dei rifugiati. Pertanto, i Paesi ospitanti devono avere il riconoscimento e il sostegno unanime della comunità internazionale per la loro generosità, i loro sforzi e la loro solidarietà, poiché, nonostante le loro risorse limitate, dimostrano di essere in grado, non senza enormi sacrifici, di fornire rifugio e pari opportunità a milioni di sfollati, mantenendo la stabilità e la pace a livello regionale e globale.

Come società, dobbiamo impegnarci nella nostra responsabilità collettiva di assistere e aiutare i rifugiati, rispettando sempre la loro inviolabile dignità umana e sostenendo sempre i diritti umani, compreso, ovviamente, il diritto di chiedere asilo. Ciò implica non solo fornire un luogo sicuro, ma anche che i rifugiati possano avere accesso alla giustizia, alla difesa legale e a un minimo di condizioni di vita dignitose. Pertanto, la protezione dei diritti umani e fondamentali dei rifugiati deve essere sempre una priorità per l’intera comunità internazionale. Naturalmente, i rifugiati devono essere trattati con assoluto rispetto e dignità, e qualsiasi tipo di violenza, odio e discriminazione basata sul loro luogo di origine, cultura, etnia, religione o credenze deve essere perseguita. I discorsi d’odio basati su pregiudizi e stereotipi, o su bufale maligne promosse dalle ideologie dell’estrema destra razzista e xenofoba, sono alla base della stragrande maggioranza degli attacchi ai rifugiati nelle società di accoglienza.

È chiaro che dobbiamo migliorare i meccanismi di protezione dei rifugiati. Il meccanismo istituito con la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il Protocollo del 1967 deve essere notevolmente rafforzato e difeso. Questo meccanismo stabilisce un quadro giuridico fondamentale per la protezione dei rifugiati, garantendo il non respingimento nelle aree di pericolo, nonché il sostegno necessario per cercare di ricostruire le loro vite da zero. Questo deve essere rafforzato in un momento in cui vengono attuate politiche sempre più restrittive e i discorsi razzisti e xenofobi sono sempre più presenti nella società. Dobbiamo quindi riaffermare il nostro impegno a difendere i principi e i valori fondamentali del rispetto, dell’uguaglianza e della giustizia che, allo stesso tempo, sono anche diritti umani indiscutibili.

In ogni caso, abbiamo anche la responsabilità di collaborare alla risoluzione dei conflitti esistenti, in modo che i milioni di rifugiati che sono stati costretti a lasciare il loro Paese possano tornare alle loro case e ricominciare da capo. La pace e la sicurezza sono quindi essenziali per prevenire e risolvere i milioni di sfollati di oggi. Pertanto, la comunità internazionale non deve ridurre i suoi sforzi, ma piuttosto il contrario. Deve raddoppiare tutti i suoi sforzi nell’uso della diplomazia preventiva, nella risoluzione pacifica dei conflitti e nella difesa di una pace che sia sostenibile e duratura nel tempo. Non dimentichiamo che solo affrontando le cause profonde di ogni conflitto, che sono sempre legate a situazioni di disuguaglianza, di mancanza di opportunità, di corruzione sistemica e di totale assenza di giustizia sociale, possiamo davvero non solo ridurre il numero di persone costrette a fuggire dalle loro case, ma anche porre le basi per il loro ritorno in condizioni di sicurezza, libertà e uguaglianza.

In ogni caso, è essenziale che qualsiasi soluzione duratura per i rifugiati preveda sempre non solo un processo di rimpatrio, che deve essere sempre volontario e sicuro, ma anche l’integrazione e l’inclusione locale e il reinsediamento in Paesi terzi. Ma ognuna di queste soluzioni deve avere una preparazione sufficiente e risorse adeguate per essere efficace. Pertanto, il rimpatrio può essere un’opzione solo se ci sono garanzie di sicurezza e standard di vita dignitosi nel Paese d’origine. Allo stesso modo, qualsiasi misura di integrazione locale deve essere in grado di offrire un meccanismo di vita e stabilità all’interno della società ospitante, con pari diritti e opportunità. Infine, ogni tentativo di reinsediamento deve garantire una soluzione duratura per quei rifugiati che non hanno la possibilità di rimanere nel primo Paese in cui hanno chiesto asilo. Pertanto, tale reinsediamento deve sempre disporre delle risorse necessarie per poter fornire l’assistenza necessaria a facilitare l’integrazione e l’inclusione nel Paese ospitante, garantendo la protezione da qualsiasi forma di emarginazione e rischio di esclusione.

Non dimentichiamo che dietro ogni rifugiato c’è la storia di un essere umano le cui speranze e i cui sogni sono stati distrutti. Pertanto, dobbiamo agire rapidamente e rispondere alle esigenze dei rifugiati e degli sfollati per alleviare la loro situazione precaria. Allo stesso tempo, dobbiamo anche riconoscere la loro capacità di recupero e il contributo che hanno dato alle società che li ospitano. Ma soprattutto, dobbiamo riconoscere la loro forza e determinazione nel ricostruire le loro vite dalle ceneri e di fronte alle avversità.

Dobbiamo insistere sul fatto che stiamo parlando di una responsabilità condivisa. Questa responsabilità è dei governi, delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni, delle imprese e, naturalmente, della società civile, sia a livello individuale di ogni persona che attraverso le associazioni e le organizzazioni non governative. Tutta la società globale può fare la sua parte, sia semplicemente facendo volontariato, donando vestiti o cibo, inviando forniture mediche e medicinali, sia semplicemente mostrando la nostra solidarietà ai rifugiati che vivono e fanno del loro meglio all’interno della nostra comunità.

Se mai dovessimo rispondere a una domanda su come misuriamo la nostra umanità, la risposta sarebbe il modo in cui trattiamo coloro che sono più vulnerabili. Quindi, quando ci impegniamo nella difesa e nel sostegno dei rifugiati, dimostriamo la compassione, la comprensione, la gentilezza e l’amore che derivano da quel senso di solidarietà che dovrebbe reggere qualsiasi società giusta, egualitaria, democratica e avanzata. Se la società nel suo complesso lavora insieme, possiamo certamente fare la differenza e migliorare la vita di milioni di persone che sono state costrette a lasciare le loro case e i loro Paesi contro la loro volontà e che sognano solo una cosa: tornare a casa in una terra pacifica e libera da violenza, fame e morte.

Siamo di fronte a una crisi globale dei rifugiati senza precedenti nella storia e anche la risposta deve essere globale e senza precedenti. Lavoriamo come società unita per creare un mondo in cui tutte le persone possano vivere in pace, in sicurezza e nel rispetto assoluto dei loro diritti più elementari e della loro inviolabile dignità umana. Siamo in grado di costruire un mondo migliore per tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle ragioni per cui sono state costrette a lasciare la terra in cui sono nate in cerca di protezione e rifugio.

Cooperiamo, sosteniamo i Paesi ospitanti nella protezione dei rifugiati e trasformiamo questa sfida globale in un’opportunità per progredire come società e per il bene di tutta l’umanità. Così facendo, non solo contribuiamo a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati, ma arricchiamo anche la nostra società, rendendola più plurale, diversa, equa e, soprattutto, più attenta.

Il lavoro che resta da fare è enorme, ma nulla è impossibile se c’è sufficiente volontà politica, le risorse necessarie e se dimostriamo un impegno incrollabile per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia. Se crediamo in queste tre parole, possiamo farcela.

Siamo di fronte a un’emergenza globale che richiede la nostra solidarietà globale ed è nostro dovere comune difendere i più vulnerabili.

I rifugiati di tutto il mondo meritano un mondo di speranza, un mondo di prosperità e di pace.

Speriamo in una società in cui ogni persona si senta accolta, sostenuta e potenziata.

Perché ogni persona sogna un futuro migliore.

Quindi facciamo in modo che accada.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩

UNE URGENCE MONDIALE

(Journée mondiale des réfugiés)

Il suffit de regarder l’actualité pour savoir que la douleur et la souffrance humaines existent. L’instabilité sociale, le changement climatique ou les conflits armés au Moyen-Orient, en Ukraine, au Soudan, au Myanmar ou en République démocratique du Congo en sont des exemples.

Actuellement, selon les sources des Nations unies et d’autres organisations internationales, plus de 120 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de force. Parmi elles, environ 44 millions sont des réfugiés, soit presque autant que la population totale de pays comme l’Argentine, l’Irak, l’Algérie, l’Ouganda ou l’Espagne. C’est donc lorsque nous sommes confrontés à une crise humanitaire mondiale que nous devons faire preuve de compassion, de solidarité et d’empathie à l’égard de ceux qui ont le plus besoin d’aide.

Il n’est pas facile pour quiconque de devoir quitter sa maison et son pays à cause de la faim ou de la destruction et de la mort causées par la guerre ou le changement climatique. C’est pourquoi, lorsque nous parlons des réfugiés, nous devons également parler de leur résistance, de leur courage et de leur résilience. Sans oublier le soutien qu’ils méritent à chaque étape de leur long, éprouvant et dramatique voyage.

Il ne fait aucun doute que les réfugiés ont besoin de notre solidarité. Chaque personne mérite de pouvoir reconstruire sa vie et de vivre dans la dignité, à l’abri de toute forme de danger pour sa sécurité et son bien-être personnel et familial. Derrière chaque personne qui a été forcée de fuir son foyer se cache une histoire de perte, de douleur et de résilience qui ne peut être sous-estimée. Chaque réfugié a dû quitter de force sa maison, sa famille, ses moyens de subsistance et sa terre natale. Et des millions de personnes ont dû le faire pour des raisons qui ne leur sont pas imputables et qui les placent dans une situation de danger et de vulnérabilité extrêmes.

Dès qu’ils ont une chance dans leur société d’accueil, les migrants déploient tout leur potentiel. Mais pour ce faire, ils ont besoin d’égalité des chances, d’accès à un logement décent et, bien sûr, d’accès aux ressources publiques, plus particulièrement celles liées aux soins médicaux et à la santé mentale lorsqu’il s’agit de faire face aux conséquences de la guerre.

L’égalité d’accès à ces ressources n’est pas seulement un droit humain fondamental, c’est aussi quelque chose qui profite aux sociétés d’accueil. Les réfugiés apportent avec eux des compétences, une expérience et des connaissances qui peuvent contribuer énormément au développement économique, social et culturel de la société d’accueil. Des études ont montré que les réfugiés apportent leurs compétences entrepreneuriales, créant des entreprises et encourageant la création d’emplois, tant pour leurs compatriotes réfugiés que pour le reste de la population locale.

En ce qui concerne les enfants et les jeunes réfugiés, il ne fait aucun doute qu’ils doivent avoir accès à une éducation de qualité afin de réaliser tous leurs objectifs et leurs rêves, ceux qui ont été interrompus lorsqu’ils ont dû quitter leur pays d’origine. L’éducation est certainement l’outil le plus puissant pour transformer la vie de toute société. Mais pour les enfants et les jeunes réfugiés, c’est aussi l’occasion de se remettre de toutes les souffrances qu’ils ont endurées et de reconstruire leur vie à partir de zéro. Grâce à l’éducation, ils peuvent acquérir ces nouvelles compétences pour pouvoir participer et progresser dans la société d’accueil tout en l’enrichissant.

En ce sens, l’accès à une éducation de qualité reste un énorme défi pour de nombreux réfugiés qui souhaitent reprendre leurs études et terminer leur formation, en raison de barrières linguistiques, sociales, juridiques et économiques. Dans de nombreux cas, ces obstacles, associés à une bureaucratie pesante, font qu’il est extrêmement difficile pour les réfugiés d’accéder à une éducation de qualité qui leur permette de développer tout leur potentiel. Il est donc essentiel de mettre en place des politiques inclusives et des programmes de soutien pour garantir l’accès à l’éducation afin que les enfants et les jeunes réfugiés aient la possibilité d’apprendre, de grandir et de s’épanouir pleinement au sein de la société d’accueil.

Cependant, les pays d’accueil, dont la plupart sont des pays voisins à revenus moyens ou faibles, ont également besoin d’aide pour aider les réfugiés et les intégrer dans leur société et leur économie nationale. Mais bien entendu, la responsabilité d’accueillir et d’aider les millions de réfugiés dans le monde ne peut incomber à quelques pays seulement. L’ensemble de la communauté internationale doit assumer une responsabilité partagée pour apporter le soutien nécessaire aux nations qui sont en première ligne face aux crises migratoires et aux déplacements forcés. Ce soutien ne consiste pas seulement en des ressources financières, techniques ou logistiques, mais nécessite également des politiques actives qui contribuent à l’inclusion des réfugiés. Ainsi, les pays d’accueil doivent bénéficier de la reconnaissance et du soutien unanimes de la communauté internationale pour leur générosité, leurs efforts et leur solidarité, car, malgré leurs ressources limitées, ils font preuve d’une capacité suffisante, non sans d’énormes sacrifices, pour offrir un refuge et l’égalité des chances à des millions de personnes déplacées, tout en maintenant la stabilité et la paix au niveau régional et mondial.

En tant que société, nous devons nous engager à assumer notre responsabilité collective d’assister et d’aider les réfugiés, en respectant toujours leur dignité humaine inviolable et en défendant les droits de l’homme, y compris, bien sûr, le droit de demander l’asile. Cela implique non seulement de fournir un endroit sûr, mais aussi que les réfugiés puissent avoir accès à la justice, à une défense juridique et à un minimum de conditions de vie dignes. Par conséquent, la protection des droits humains et fondamentaux des réfugiés doit toujours être une priorité pour la communauté internationale dans son ensemble. Et, bien entendu, les réfugiés doivent être traités avec un respect et une dignité absolus, et toute forme de violence, de haine et de discrimination fondée sur leur lieu d’origine, leur culture, leur appartenance ethnique, leur religion ou leurs croyances doit être poursuivie. Les discours de haine fondés sur des préjugés et des stéréotypes, ou sur des canulars malveillants promus par les idéologies de l’extrême droite raciste et xénophobe, sont à l’origine de la grande majorité des attaques contre les réfugiés dans les sociétés d’accueil.

Il est clair que nous devons améliorer les mécanismes de protection des réfugiés. Le mécanisme établi par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 doit être considérablement renforcé et défendu. Ce mécanisme établit un cadre juridique essentiel pour la protection des réfugiés, garantissant le non-refoulement vers des zones de danger, ainsi que le soutien nécessaire pour tenter de reconstruire leur vie à partir de zéro. Ce cadre doit être renforcé à l’heure où des politiques de plus en plus restrictives sont mises en œuvre et où les discours racistes et xénophobes sont de plus en plus présents dans la société. C’est pourquoi nous devons réaffirmer notre engagement à défendre les principes et les valeurs fondamentales de respect, d’égalité et de justice, qui sont en même temps des droits de l’homme indiscutables.

En tout état de cause, nous avons également la responsabilité de coopérer à la résolution des conflits existants afin que les millions de réfugiés qui ont été contraints de quitter leur pays puissent rentrer chez eux et prendre un nouveau départ. La paix et la sécurité sont donc essentielles pour prévenir et résoudre les millions de déplacements forcés d’aujourd’hui. La communauté internationale ne doit donc pas réduire ses efforts, bien au contraire. Elle doit redoubler d’efforts dans l’utilisation de la diplomatie préventive, dans la résolution pacifique des conflits et dans la défense d’une paix durable et soutenable dans le temps. N’oublions pas que ce n’est qu’en s’attaquant aux causes profondes de tout conflit, qui sont toujours liées à des situations d’inégalité, de manque d’opportunités, de corruption systémique et d’absence totale de justice sociale, que nous pourrons véritablement non seulement réduire le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer, mais aussi jeter les bases de leur retour dans des conditions de sécurité, de liberté et d’égalité.

En tout état de cause, il est essentiel que toute solution durable pour les réfugiés implique toujours non seulement un processus de rapatriement, qui doit toujours être volontaire et sûr, mais aussi l’intégration et l’inclusion locales et la réinstallation dans des pays tiers. Mais chacune de ces solutions doit bénéficier d’une préparation suffisante et de ressources adéquates pour être efficace. Ainsi, le rapatriement ne peut être envisagé que s’il existe des garanties de sécurité et des normes acceptables de vie décente dans le pays d’origine. De même, toute mesure d’intégration locale doit pouvoir offrir un mécanisme de vie et de stabilité au sein de la société d’accueil, avec l’égalité des droits et des chances. Enfin, toute tentative de réinstallation doit garantir une solution durable aux réfugiés qui n’ont aucune possibilité de rester dans le premier pays où ils ont demandé l’asile. Par conséquent, cette réinstallation doit toujours disposer des ressources nécessaires pour pouvoir fournir l’assistance nécessaire afin de faciliter l’intégration et l’inclusion dans le pays d’accueil, en garantissant une protection contre toute forme de marginalisation et de risque d’exclusion.

N’oublions pas que derrière chaque réfugié se cache l’histoire d’un être humain dont les espoirs et les rêves ont été détruits. C’est pourquoi nous devons agir rapidement et répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées afin d’alléger leur situation précaire. Dans le même temps, nous devons également reconnaître leur résilience et les contributions qu’ils ont apportées à leurs sociétés d’accueil. Mais surtout, nous devons reconnaître leur force et leur détermination à reconstruire leur vie sur les cendres et dans l’adversité.

Nous devons insister sur le fait que nous parlons d’une responsabilité partagée. Cette responsabilité incombe aux gouvernements, aux organisations internationales, aux institutions, aux entreprises et, bien sûr, à la société civile, que ce soit au niveau individuel de chaque personne ou par le biais d’associations et d’organisations non gouvernementales. L’ensemble de la société mondiale peut jouer un rôle, que ce soit simplement en faisant du bénévolat, en donnant des vêtements ou de la nourriture, en envoyant du matériel médical et des médicaments, ou simplement en montrant notre solidarité avec les réfugiés qui vivent et font de leur mieux au sein de notre communauté.

Si jamais nous devions répondre à une question sur la manière dont nous mesurons notre humanité, la réponse serait la manière dont nous traitons les personnes les plus vulnérables. Ainsi, lorsque nous nous engageons dans la défense et le soutien des réfugiés, nous faisons preuve de la compassion, de la compréhension, de la bonté et de l’amour qui découlent du sens de la solidarité qui devrait régir toute société juste, égalitaire, démocratique et avancée. Si la société dans son ensemble travaille ensemble, nous pouvons certainement faire la différence et améliorer la vie de millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur maison et leur pays contre leur volonté et qui ne rêvent que d’une chose : retourner chez elles, dans un pays en paix, sans violence, sans faim et sans mort.

Nous sommes confrontés à une crise mondiale des réfugiés sans précédent dans l’histoire et la réponse doit également être mondiale et sans précédent. Travaillons en tant que société unie pour créer un monde où toutes les personnes peuvent vivre en paix, en sécurité et dans le respect absolu de leurs droits les plus fondamentaux et de leur dignité humaine inviolable. Nous sommes capables de construire un monde meilleur pour tous, quelles que soient leurs origines ou les raisons pour lesquelles ils ont été contraints de quitter leur terre natale à la recherche d’une protection et d’un refuge.

Coopérons, aidons les pays d’accueil à protéger les réfugiés et transformons ce défi mondial en une occasion de progresser en tant que société et pour le bien de l’humanité tout entière. Ce faisant, nous contribuons non seulement à améliorer les conditions de vie des réfugiés, mais nous enrichissons également notre propre société, en la rendant plus plurielle, plus diversifiée, plus juste et, surtout, plus solidaire.

Le travail qui reste à accomplir est énorme, mais rien n’est impossible s’il existe une volonté politique suffisante, les ressources nécessaires et si nous faisons preuve d’un engagement inébranlable en faveur de l’égalité, de la liberté et de la justice. Si nous croyons en ces trois mots, nous pouvons y arriver.

Nous sommes confrontés à une situation d’urgence mondiale qui requiert notre solidarité mondiale et il est de notre devoir commun de défendre les plus vulnérables.

Les réfugiés du monde entier méritent un monde d’espoir, un monde de prospérité et de paix.

Espérons une société où chaque personne se sentira accueillie, soutenue et responsabilisée.

Car chacun rêve d’un avenir meilleur.

Alors faisons en sorte que cela se produise.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷

UMA EMERGÊNCIA MUNDIAL

(Dia Mundial do Refugiado)

Basta olharmos para as notícias para sabermos que a dor e o sofrimento humanos existem. A instabilidade social, as alterações climáticas ou os conflitos armados no Médio Oriente, na Ucrânia, no Sudão, em Myanmar ou na República Democrática do Congo são exemplos disso.

Atualmente, de acordo com fontes da ONU e de outras organizações internacionais, mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas à força. Destes, cerca de 44 milhões são refugiados, quase tantos como a população total de países como a Argentina, o Iraque, a Argélia, o Uganda ou a Espanha. Por isso, é quando somos confrontados com uma crise humanitária global que devemos mostrar a nossa compaixão, solidariedade e empatia por aqueles que mais precisam de ajuda.

Não é fácil para ninguém ter de deixar a sua casa e o seu país por causa da fome, da destruição e da morte causadas pela guerra ou pelas alterações climáticas. Por isso, quando falamos de refugiados, temos de falar também da sua resiliência, da sua coragem e da sua capacidade de resistência. Para não falar do apoio que merecem em todas as fases da sua longa, penosa e dramática viagem.

Não há dúvida de que os refugiados precisam da nossa solidariedade. Cada pessoa merece a oportunidade de poder reconstruir a sua vida e de viver com dignidade, longe de qualquer forma de perigo para a sua segurança e bem-estar pessoal e familiar. Por detrás de cada pessoa que foi forçada a fugir da sua casa há uma história de perda, dor e resiliência que não pode ser subestimada. Todos os refugiados tiveram de abandonar à força a sua casa, a sua família, os seus meios de subsistência e a terra onde nasceram. E milhões de pessoas tiveram de o fazer por razões que não lhes são imputáveis e que as colocam em enorme perigo e vulnerabilidade.

Assim que lhes é dada uma oportunidade nas suas sociedades de acolhimento, os migrantes utilizam todo o seu potencial. Mas, para isso, precisam de igualdade de oportunidades, de acesso a uma habitação condigna e, evidentemente, de acesso a recursos públicos, muito especialmente os relacionados com os cuidados médicos e a saúde mental quando se trata de lidar com as consequências da guerra.

A igualdade de acesso a estes recursos não é apenas um direito humano básico, é também algo que beneficia as sociedades de acolhimento. Os refugiados trazem consigo competências, experiência e conhecimentos que podem contribuir enormemente para o desenvolvimento económico, social e cultural da sociedade de acolhimento. Os estudos demonstraram que os refugiados trazem consigo as suas capacidades empresariais, criam empresas e promovem a criação de emprego, tanto para os seus companheiros refugiados como para o resto da população local.

No que diz respeito às crianças e aos jovens refugiados, não há dúvida de que necessitam de ter acesso a uma educação de qualidade para alcançarem todos os seus objectivos e sonhos, aqueles que foram interrompidos quando tiveram de deixar o seu país de origem. É certo que a educação é o instrumento mais poderoso para transformar a vida de qualquer sociedade. Mas para as crianças e jovens refugiados, é também uma oportunidade de recuperar de toda a dor que sofreram e de reconstruir as suas vidas a partir do zero. Através da educação, podem adquirir estas novas competências para poderem participar e progredir na sociedade de acolhimento, enriquecendo-a ao mesmo tempo.

Neste sentido, o acesso a uma educação de qualidade continua a ser um enorme desafio para muitos refugiados que pretendem retomar os estudos e concluir a sua formação, devido a barreiras linguísticas, sociais, jurídicas e económicas. Em muitos casos, estes obstáculos, juntamente com a pesada burocracia, tornam extremamente difícil o acesso dos refugiados a uma educação de qualidade que lhes permita desenvolver todo o seu potencial. Por conseguinte, é essencial que sejam adoptadas políticas inclusivas e programas de apoio para garantir o acesso à educação, de modo a que as crianças e os jovens refugiados tenham a oportunidade de aprender, crescer e desenvolver-se plenamente na sociedade de acolhimento.

No entanto, os países de acolhimento, que na sua maioria tendem a ser países vizinhos com níveis de rendimento médios ou baixos, também precisam de ajuda para assistir os refugiados e integrá-los na sua sociedade e economia nacional. Mas é claro que a responsabilidade de acolher e ajudar os milhões de refugiados no mundo não pode ser da responsabilidade de apenas alguns países. Toda a comunidade internacional deve assumir uma responsabilidade partilhada para prestar o apoio necessário às nações que estão na linha da frente face às crises migratórias e às deslocações forçadas. Este apoio não consiste apenas em recursos financeiros, técnicos ou logísticos, mas exige também políticas activas que contribuam para a inclusão dos refugiados. Assim, os países de acolhimento devem ter o reconhecimento e o apoio unânime da comunidade internacional pela sua generosidade, esforço e solidariedade, uma vez que, apesar dos seus recursos limitados, demonstram capacidade suficiente, não sem enormes sacrifícios, para proporcionar refúgio e igualdade de oportunidades a milhões de pessoas deslocadas, mantendo a estabilidade e a paz a nível regional e global.

Como sociedade, temos de nos comprometer com a nossa responsabilidade colectiva de assistir e ajudar os refugiados, respeitando sempre a sua dignidade humana inviolável e defendendo sempre os direitos humanos, incluindo, evidentemente, o direito de requerer asilo. Isto implica não só proporcionar um lugar seguro, mas também que os refugiados possam ter acesso à justiça, à defesa legal e a um mínimo de condições de vida dignas. Por isso, a proteção dos direitos humanos e fundamentais dos refugiados deve ser sempre uma prioridade para toda a comunidade internacional. E, naturalmente, os refugiados devem ser tratados com absoluto respeito e dignidade, e qualquer tipo de violência, ódio e discriminação com base no seu local de origem, cultura, etnia, religião ou crenças deve ser objeto de ação penal. Os discursos de ódio baseados em preconceitos e estereótipos, ou em boatos maliciosos promovidos pelas ideologias da extrema-direita racista e xenófoba, estão por detrás da grande maioria dos ataques a refugiados nas sociedades de acolhimento.

É evidente que temos de melhorar os mecanismos de proteção dos refugiados. O mecanismo estabelecido com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 1967 precisa de ser fortemente reforçado e defendido. Este mecanismo estabelece um quadro jurídico que é fundamental para a proteção dos refugiados, garantindo a não repulsão para zonas de perigo, bem como o apoio necessário para tentarem reconstruir as suas vidas a partir do zero. E é necessário reforçá-lo, numa altura em que são implementadas políticas cada vez mais restritivas e em que os discursos racistas e xenófobos estão cada vez mais presentes na sociedade. Por isso, temos de reafirmar o nosso empenhamento na defesa dos princípios e valores fundamentais do respeito, da igualdade e da justiça que, ao mesmo tempo, são também direitos humanos incontestáveis.

Em todo o caso, temos também a responsabilidade de cooperar na resolução dos conflitos existentes para que os milhões de refugiados que foram obrigados a abandonar os seus países possam regressar às suas casas e começar de novo. A paz e a segurança são, portanto, essenciais para prevenir e resolver os milhões de deslocações forçadas actuais. Assim, a comunidade internacional não deve reduzir os seus esforços, antes pelo contrário. Deve redobrar todos os seus esforços no uso da diplomacia preventiva, na resolução pacífica dos conflitos e na defesa de uma paz sustentável e duradoura no tempo. Não esqueçamos que só atacando as causas profundas de qualquer conflito, que estão sempre ligadas a situações de desigualdade, de falta de oportunidades, de corrupção sistémica e de total ausência de justiça social, é que poderemos efetivamente não só reduzir o número de pessoas que são obrigadas a fugir das suas casas, mas também lançar as bases para o seu regresso em condições de segurança, de liberdade e de igualdade.

Em todo o caso, é essencial que qualquer solução duradoura para os refugiados passe sempre não só por um processo de repatriamento, que deve ser sempre voluntário e seguro, mas também pela integração e inclusão locais e pela reinstalação em países terceiros. Mas cada uma destas soluções deve ser objeto de uma preparação suficiente, bem como de recursos adequados para ser eficaz. Assim, o repatriamento só pode ser uma opção quando existem garantias de segurança e padrões aceitáveis de vida decente no país de origem. Do mesmo modo, qualquer medida de integração local deve poder oferecer um mecanismo de vida e de estabilidade na sociedade de acolhimento, com igualdade de direitos e de oportunidades. Por último, qualquer tentativa de reinstalação deve constituir uma garantia de solução duradoura para os refugiados que não têm qualquer possibilidade de permanecer no primeiro país onde pediram asilo. Por conseguinte, esta reinstalação deve dispor sempre dos recursos necessários para poder prestar a assistência necessária para facilitar a integração e a inclusão no país de acolhimento, garantindo a proteção contra qualquer forma de marginalização e risco de exclusão.

Não esqueçamos que por detrás de cada refugiado está a história de vida de um ser humano cujas esperanças e sonhos foram destruídos. Por conseguinte, temos de agir rapidamente e responder às necessidades dos refugiados e das pessoas deslocadas para aliviar a sua situação precária. Ao mesmo tempo, devemos também reconhecer a sua capacidade de resistência e os contributos que deram para as sociedades de acolhimento. Mas, acima de tudo, temos de reconhecer a sua força e determinação para reconstruir as suas vidas a partir das cinzas e perante a adversidade.

Temos de insistir que estamos a falar de uma responsabilidade partilhada. Esta responsabilidade cabe aos governos, às organizações internacionais, às instituições, às empresas e, naturalmente, à sociedade civil, quer a nível individual de cada pessoa, quer através de associações e organizações não governamentais. Toda a sociedade global pode desempenhar o seu papel, seja através de um simples voluntariado, doando roupas ou alimentos, enviando material médico e medicamentos, ou simplesmente mostrando a nossa solidariedade para com os refugiados que vivem e dão o seu melhor no seio da nossa comunidade.

Se alguma vez tivéssemos de responder a uma pergunta sobre como medimos a nossa humanidade, a resposta seria pela forma como tratamos aqueles que são mais vulneráveis. Por isso, quando nos empenhamos na defesa e no apoio aos refugiados, o que estamos a fazer é demonstrar a compaixão, a compreensão, a bondade e o amor que advêm do sentido de solidariedade que deve reger qualquer sociedade justa, igualitária, democrática e avançada. Se toda a sociedade trabalhar em conjunto, podemos certamente fazer a diferença e melhorar a vida de milhões de pessoas que foram forçadas a abandonar as suas casas e países contra a sua vontade e que só sonham com uma coisa: regressar a casa, a uma terra pacífica, livre de violência, fome e morte.

Enfrentamos uma crise global de refugiados sem precedentes na história e a resposta deve ser também global e sem precedentes. Trabalhemos como uma sociedade unida para criar um mundo onde todas as pessoas possam viver em paz, em segurança e com respeito absoluto pelos seus direitos mais básicos e pela sua dignidade humana inviolável. Somos capazes de construir um mundo melhor para todas as pessoas, independentemente da sua origem ou das razões pelas quais foram forçadas a deixar a sua terra natal em busca de proteção e refúgio.

Cooperemos, apoiemos os países de acolhimento na proteção dos refugiados e transformemos este desafio global numa oportunidade para avançarmos como sociedade e em benefício de toda a humanidade. Ao fazê-lo, não só contribuímos para melhorar as condições de vida dos refugiados, como também enriquecemos a nossa própria sociedade, tornando-a mais plural, diversificada, justa e, acima de tudo, mais solidária.

O trabalho que falta fazer é enorme, mas nada é impossível se houver vontade política suficiente, os recursos necessários e se demonstrarmos um empenhamento inabalável na igualdade, na liberdade e na justiça. Se acreditarmos nestas três palavras, somos capazes de o fazer.

Enfrentamos uma emergência mundial que exige a nossa solidariedade global e é nosso dever comum defender os mais vulneráveis.

Os refugiados de todo o mundo merecem um mundo de esperança, um mundo de prosperidade e de paz.

Esperemos por uma sociedade em que cada pessoa se sinta bem-vinda, apoiada e capacitada.

Porque todas as pessoas sonham com um futuro melhor.

Por isso, vamos torná-lo realidade.