(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷)
🇪🇸ESPAÑOL 🇲🇽
(Día Mundial contra la Trata de Personas)
Cuando hablamos de la trata de seres humanos, estamos hablando de uno de los delitos más atroces que pueden cometerse. Y es que, la trata de seres humanos conlleva tratar a las personas, a otros seres humanos con los mismos derechos que cualquier otra persona en el mundo, como si fueran una simple mercancía, un objeto de consumo o un mero instrumento para aumentar los beneficios económicos a través de la explotación laboral, sexual o con fines de mendicidad. Sin embargo, hasta ahora poco se ha hecho para erradicar la trata de seres humanos de forma efectiva.
Las desigualdades, la pobreza extrema, las guerras, así como cualquier circunstancia que suponga una situación de especial vulnerabilidad, son elementos de los que se aprovechan las redes de trata de seres humanos para captar a las víctimas con el objeto de someterlas bajo el yugo de la explotación sexual, la más frecuente de todas; a la explotación laboral en condiciones de total esclavitud; a la trata con fines de mendicidad o cualquier otra forma de explotación. Todo ello a través del engaño y de la falsa promesa de una vida mejor que, en realidad, tras las amenazas que siguen al descubrimiento de la verdad por parte de las víctimas, las convierte en simple mercancía de “usar y tirar”, cosificándolas, deshumanizándolas y arrebatándoles su dignidad humana inviolable como seres humanos.
Según datos que constan en Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la trata de seres humanos, en especial aquella con fines de explotación sexual, afecta principalmente a mujeres y niñas (un 42% son mujeres y el 18% son niñas frente a un 23% de hombres y un 17% de niños). Así, de acuerdo con estos datos, los casos de trata a las que las víctimas se ven sometidas son, en primer lugar, con fines de explotación sexual; en segundo lugar la explotación con fines de mendicidad; en tercera posición la explotación laboral; y, finalmente, la trata de personas con fines de criminalidad forzada.
Algunos de los datos son particularmente alarmantes. Así, en los casos de explotación sexual, el 64% de las víctimas son mujeres, el 27% son niñas, el 4% son hombres y el 5% son niños. En cuanto a la explotación laboral, el 27% son mujeres, el 56% son hombres, el 5% son niñas y el 12% son niños. En los casos de explotación con fines de criminalidad, el 3% son mujeres, el 24% son hombres, el 4% son niñas y el 68% son niños. Como dato desgarrador y adicional, el 55% de los menores de edad captados por las redes de trata de seres humanos lo son con fines de explotación sexual. Un dato que en las víctimas de edades comprendidas entre los 18 y los 22 años asciende a un devastador 92% de los casos.
Pero lo peor y más doloroso es saber que todo sucede a plena luz del día, muy cerca de nuestros hogares, en nuestros barrios y ciudades y, en no pocas ocasiones, con conocimiento de las autoridades. Ciertamente, existe un deleznable silencio cómplice por parte de quienes tienen capacidad de evitar que las víctimas sigan sometidas dentro de las redes de trata de seres humanos. Un silencio que, además de contribuir a que las víctimas sigan siendo sistemáticamente explotadas, sigue reforzando el estigma, la criminalización y el señalamiento hacia las víctimas como únicas responsables de un delito del que no son culpables.
Debemos olvidar esa burda mentira que afirma que las víctimas han decidido entrar por voluntad propia en las redes de trata de personas. La realidad es bien distinta. Toda persona que se encuentre en situación de extrema necesidad, con presiones o amenazas de muerte en su propio entorno o que solo quiera escapar de una muerte segura por culpa del hambre o de la guerra, puede en un momento dado llegar a “consentir” en vender su cuerpo o trabajar hasta la extenuación bajo condiciones duras, casi de total esclavitud, que son aprovechadas por las redes de trata. Pero de no existir esas circunstancias de extrema necesidad, las víctimas jamás accederían voluntariamente, sobre todo cuando descubren que han sido víctimas de un engaño del que ya les resulta casi imposible escapar.
Es verdad, no podemos negarlo. Las redes de la trata disfrutan de una casi total impunidad. Ya sea en los países de origen, donde captan a sus víctimas y funcionan con total libertad, si es preciso, con sobornos a cargos públicos y fuerzas de seguridad, o en los países de destino, donde se aprovechan de la permisibilidad y de la falta de regulación, las víctimas de la trata se ven prácticamente desprotegidas y explotadas por sistema y hasta el agotamiento hasta que logran pagar, si es que pueden, una deuda que no para de crecer cada día. Todo ello bajo el miedo y la amenaza constante de no saber si algún día podrán regresar a su país, si podrán ver a sus familias de nuevo, qué va a pasar con ellas, quién las ayudará a escapar o a quién pueden pedir ayuda cuando, además, las redes de trata les han quitado su documentación y saben que sus familias dependen del poco dinero que consiguen enviar.
En modo alguno se puede señalar, criminalizar y culpar a las víctimas. Porque “su único delito” es haber nacido en la pobreza, sin oportunidades de futuro y en zonas azotadas por el hambre o devastadas por la guerra. Debemos tener claro que ninguna persona desea ser explotada, abusada, maltratada ni esclavizada. Ese es el argumento fácil de quienes sólo miran hacia otro lado y son cómplices con su silencio.
La respuesta es clara. Todos los gobiernos e instituciones del mundo deben poner todos los medios posibles para acabar con la trata de seres humanos. Ningún ser humano puede ser tratado JAMÁS como un mero objeto de consumo ni ser sometido bajo explotación sexual, laboral o de cualquier otro tipo.
No existe debate alguno a la hora de afirmar que la trata de seres humanos es una clara vulneración de los derechos humanos, una vulneración de la dignidad humana inviolable de las víctimas y, en consecuencia, un delito de extrema gravedad que debe ser perseguido por todas las naciones del mundo hasta su erradicación.
La vida y la dignidad humana no tienen precio. Por eso, las personas ni se compran ni se venden.
Sabemos qué sucede, cuándo sucede y dónde sucede.
La pregunta es: ¿vamos a seguir siendo cómplices?
Solo hay una única respuesta.
No, no lo seremos.
🇬🇧ENGLISH🇺🇸
ARE WE GOING TO REMAIN COMPLICIT?
(World Day against Trafficking in Persons)
When we talk about human trafficking, we are talking about one of the most heinous crimes that can be committed. Human trafficking involves treating people, other human beings with the same rights as any other person in the world, as if they were a mere commodity, an object of consumption or a mere instrument to increase economic benefits through labour, sexual or begging exploitation. So far, however, little has been done to effectively eradicate human trafficking.
Inequalities, extreme poverty, wars, as well as any circumstance that implies a situation of special vulnerability, are elements that human trafficking networks take advantage of to recruit victims with the aim of subjecting them to the yoke of sexual exploitation, the most frequent of all; to labour exploitation in conditions of total slavery; to trafficking for the purpose of begging or any other form of exploitation. All of this through deception and the false promise of a better life which, in reality, after the threats that follow the discovery of the truth by the victims, turns them into mere ‘disposable’ merchandise, objectifying them, dehumanising them and robbing them of their inviolable human dignity as human beings.
According to data from the United Nations and other international organisations, trafficking in human beings, especially for the purpose of sexual exploitation, mainly affects women and girls (42% are women and 18% are girls, compared to 23% men and 17% boys). Thus, according to these data, the cases of trafficking to which victims are subjected are, firstly, for sexual exploitation; secondly, exploitation for the purpose of begging; thirdly, labour exploitation; and finally, trafficking for the purpose of forced criminality.
Some of the data are particularly alarming. Thus, in cases of sexual exploitation, 64% of the victims are women, 27% are girls, 4% are men and 5% are boys. As for labour exploitation, 27% are women, 56% are men, 5% are girls and 12% are boys. In cases of criminal exploitation, 3% are women, 24% are men, 4% are girls and 68% are boys. As a heartbreaking and additional fact, 55% of the minors captured by human trafficking networks are for the purpose of sexual exploitation. This figure rises to a devastating 92% in the case of victims aged between 18 and 22.
But the worst and most painful thing is to know that it all happens in broad daylight, very close to our homes, in our neighbourhoods and cities and, not infrequently, with the knowledge of the authorities. Certainly, there is a despicable complicit silence on the part of those who have the capacity to prevent the victims from continuing to be subjected to human trafficking networks. A silence that, in addition to contributing to the victims continuing to be systematically exploited, continues to reinforce the stigma, the criminalisation and the branding of the victims as solely responsible for a crime for which they are not guilty.
We must forget the gross lie that victims have chosen to enter human trafficking networks of their own free will. The reality is quite different. Anyone who is in dire need, under pressure or death threats in their own environment or who simply wants to escape certain death due to hunger or war, may at some point ‘consent’ to sell their body or work to exhaustion under harsh conditions, almost total slavery, which are exploited by trafficking networks. But if these circumstances of extreme need did not exist, the victims would never agree voluntarily, especially when they discover that they have been victims of a deception from which it is now almost impossible for them to escape.
It is true, we cannot deny it. Trafficking networks enjoy almost total impunity. Whether in the countries of origin, where they recruit their victims and operate with total freedom, if necessary with bribes to public officials and security forces, or in the countries of destination, where they take advantage of the permissibility and lack of regulation, the victims of trafficking are practically unprotected and exploited by system and to the point of exhaustion until they manage to pay, if they can, a debt that is growing every day. All this under the constant fear and threat of not knowing if they will ever be able to return to their country, if they will be able to see their families again, what will happen to them, who will help them escape or who they can ask for help when, in addition, the trafficking networks have taken away their documents and they know that their families depend on the little money they manage to send.
In no way can the victims be singled out, criminalised and blamed. Because ‘their only crime’ is to have been born into poverty, with no future opportunities and in areas ravaged by hunger or war. We must be clear that no one wants to be exploited, abused, mistreated or enslaved. That is the easy argument of those who only look the other way and are complicit by their silence.
The answer is clear. Every government and every institution in the world must do everything possible to end human trafficking. No human being can EVER be treated as a mere object of consumption or be subjected to sexual, labour or any other kind of exploitation.
There is no debate that human trafficking is a clear violation of human rights, a violation of the inviolable human dignity of the victims and therefore an extremely serious crime that must be pursued by all nations of the world until it is eradicated.
Life and human dignity are priceless. That is why people are neither bought nor sold.
We know what happens, when it happens and where it happens.
The question is: are we going to remain complicit?
There is only one answer.
No, we will not.
🇮🇹ITALIANO🇸🇲 VOGLIAMO RIMANERE COMPLICI?
(Giornata Mondiale contro la Tratta di Persone)
Quando parliamo di tratta di esseri umani, parliamo di uno dei crimini più odiosi che si possano commettere. La tratta di esseri umani consiste nel trattare persone, altri esseri umani con gli stessi diritti di qualsiasi altra persona al mondo, come se fossero una mera merce, un oggetto di consumo o un mero strumento per aumentare i benefici economici attraverso lo sfruttamento del lavoro, del sesso o dell’accattonaggio. Finora, tuttavia, poco è stato fatto per sradicare efficacemente la tratta di esseri umani.
Disuguaglianze, povertà estrema, guerre, così come qualsiasi circostanza che implichi una situazione di particolare vulnerabilità, sono elementi di cui le reti di trafficanti di esseri umani approfittano per reclutare le vittime allo scopo di sottoporle al giogo dello sfruttamento sessuale, il più frequente di tutti; allo sfruttamento lavorativo in condizioni di totale schiavitù; alla tratta a scopo di accattonaggio o a qualsiasi altra forma di sfruttamento. Il tutto attraverso l’inganno e la falsa promessa di una vita migliore che, in realtà, dopo le minacce che seguono la scoperta della verità da parte delle vittime, le trasforma in mera merce “usa e getta”, oggettivandole, disumanizzandole e privandole della loro inviolabile dignità di esseri umani.
Secondo i dati delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, la tratta di esseri umani, soprattutto a scopo di sfruttamento sessuale, colpisce principalmente donne e bambine (il 42% sono donne e il 18% bambine, rispetto al 23% di uomini e al 17% di ragazzi). Secondo questi dati, quindi, i casi di tratta a cui sono sottoposte le vittime sono, in primo luogo, lo sfruttamento sessuale; in secondo luogo, lo sfruttamento a scopo di accattonaggio; in terzo luogo, lo sfruttamento lavorativo; infine, la tratta a scopo di criminalità forzata.
Alcuni dati sono particolarmente allarmanti. Nei casi di sfruttamento sessuale, il 64% delle vittime sono donne, il 27% ragazze, il 4% uomini e il 5% ragazzi. Per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, il 27% sono donne, il 56% uomini, il 5% ragazze e il 12% ragazzi. Nei casi di sfruttamento criminale, il 3% sono donne, il 24% uomini, il 4% ragazze e il 68% ragazzi. Un ulteriore dato straziante è che il 55% dei minori catturati dalle reti di trafficanti di esseri umani è destinato allo sfruttamento sessuale. Questa cifra sale a un devastante 92% nel caso di vittime di età compresa tra i 18 e i 22 anni.
Ma la cosa peggiore e più dolorosa è sapere che tutto ciò avviene in pieno giorno, molto vicino alle nostre case, nei nostri quartieri e nelle nostre città e, non di rado, all’insaputa delle autorità. Certamente, c’è un ignobile silenzio complice da parte di chi ha la capacità di impedire che le vittime continuino a subire le reti della tratta di esseri umani. Un silenzio che, oltre a contribuire a far sì che le vittime continuino a essere sistematicamente sfruttate, continua a rafforzare lo stigma, la criminalizzazione e l’etichettatura delle vittime come uniche responsabili di un crimine di cui non sono colpevoli.
Dobbiamo dimenticare la grossolana menzogna secondo cui le vittime hanno scelto di entrare nelle reti della tratta di esseri umani di loro spontanea volontà. La realtà è ben diversa. Chiunque si trovi in condizioni di estremo bisogno, sotto pressione o minaccia di morte nel proprio ambiente o semplicemente voglia sfuggire a una morte certa a causa della fame o della guerra, può a un certo punto “acconsentire” a vendere il proprio corpo o a lavorare fino allo sfinimento in condizioni dure, quasi di totale schiavitù, che vengono sfruttate dalle reti di trafficanti. Ma se non esistessero queste circostanze di estrema necessità, le vittime non acconsentirebbero mai volontariamente, soprattutto quando scoprono di essere state vittime di un inganno dal quale è ormai quasi impossibile sottrarsi.
È vero, non possiamo negarlo. Le reti di trafficanti godono di un’impunità quasi totale. Sia nei Paesi di origine, dove reclutano le loro vittime e operano in totale libertà, se necessario con tangenti a funzionari pubblici e forze di sicurezza, sia nei Paesi di destinazione, dove approfittano della liceità e della mancanza di regolamentazione, le vittime della tratta sono praticamente prive di protezione e sfruttate a sistema e fino allo sfinimento finché non riescono a pagare, se ci riescono, un debito che cresce ogni giorno. Tutto questo sotto la costante paura e minaccia di non sapere se potranno mai tornare nel loro Paese, se potranno rivedere le loro famiglie, cosa succederà loro, chi le aiuterà a fuggire o a chi potranno chiedere aiuto quando, inoltre, le reti di trafficanti hanno tolto loro i documenti e sanno che le loro famiglie dipendono dai pochi soldi che riescono a inviare.
In nessun modo le vittime possono essere individuate, criminalizzate e incolpate. Perché il loro “unico crimine” è quello di essere nati in povertà, senza opportunità future e in zone devastate dalla fame o dalla guerra. Dobbiamo essere chiari: nessuno vuole essere sfruttato, abusato, maltrattato o ridotto in schiavitù. Questo è il facile argomento di coloro che si limitano a guardare dall’altra parte e sono complici del loro silenzio.
La risposta è chiara. Ogni governo e ogni istituzione del mondo deve fare tutto il possibile per porre fine alla tratta di esseri umani. Nessun essere umano può essere trattato MAI come un mero oggetto di consumo o essere sottoposto a sfruttamento sessuale, lavorativo o di altro tipo.
È fuori discussione che la tratta di esseri umani sia una chiara violazione dei diritti umani, una violazione dell’inviolabile dignità umana delle vittime e quindi un crimine estremamente grave che deve essere perseguito da tutte le nazioni del mondo fino a quando non sarà sradicato.
La vita e la dignità umana non hanno prezzo. Per questo le persone non si comprano né si vendono.
Sappiamo cosa succede, quando succede e dove succede.
La domanda è: vogliamo rimanere complici?
La risposta è una sola.
No, non lo faremo.
🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
ALLONS-NOUS RESTER COMPLICES ?
(Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains)
Lorsque l’on parle de traite des êtres humains, on parle de l’un des crimes les plus odieux qui puissent être commis. La traite des êtres humains consiste à traiter des personnes, d’autres êtres humains ayant les mêmes droits que toute autre personne dans le monde, comme s’il s’agissait d’une simple marchandise, d’un objet de consommation ou d’un simple instrument permettant d’accroître les bénéfices économiques par le biais de l’exploitation du travail, du sexe ou de la mendicité. Jusqu’à présent, cependant, peu de choses ont été faites pour éradiquer efficacement la traite des êtres humains.
Les inégalités, l’extrême pauvreté, les guerres, ainsi que toute circonstance impliquant une situation de vulnérabilité particulière, sont des éléments que les réseaux de traite des êtres humains mettent à profit pour recruter des victimes dans le but de les soumettre au joug de l’exploitation sexuelle, la plus fréquente de toutes, à l’exploitation du travail dans des conditions d’esclavage total, à la traite à des fins de mendicité ou à toute autre forme d’exploitation. Tout cela à travers la tromperie et la fausse promesse d’une vie meilleure qui, en réalité, après les menaces qui suivent la découverte de la vérité par les victimes, les transforme en simple marchandise « jetable », les objectivant, les déshumanisant et les privant de leur dignité humaine inviolable en tant qu’êtres humains.
Selon les données des Nations unies et d’autres organisations internationales, la traite des êtres humains, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle, touche principalement les femmes et les filles (42 % de femmes et 18 % de filles, contre 23 % d’hommes et 17 % de garçons). Ainsi, selon ces données, les cas de traite auxquels sont soumises les victimes sont, premièrement, l’exploitation sexuelle, deuxièmement, l’exploitation à des fins de mendicité, troisièmement, l’exploitation par le travail et, enfin, la traite à des fins de criminalité forcée.
Certaines données sont particulièrement alarmantes. Ainsi, en cas d’exploitation sexuelle, 64 % des victimes sont des femmes, 27 % des filles, 4 % des hommes et 5 % des garçons. Quant à l’exploitation par le travail, 27 % sont des femmes, 56 % des hommes, 5 % des filles et 12 % des garçons. Dans les cas d’exploitation à des fins criminelles, 3 % sont des femmes, 24 % des hommes, 4 % des filles et 68 % des garçons. En outre, 55 % des mineurs capturés par les réseaux de traite des êtres humains le sont à des fins d’exploitation sexuelle. Ce chiffre atteint 92 % dans le cas des victimes âgées de 18 à 22 ans.
Mais le pire et le plus douloureux, c’est de savoir que tout cela se passe en plein jour, tout près de chez nous, dans nos quartiers et nos villes et, bien souvent, au vu et au su des autorités. Il est certain qu’il existe un silence complice méprisable de la part de ceux qui ont la capacité d’empêcher les victimes de continuer à être soumises aux réseaux de traite des êtres humains. Un silence qui, en plus de contribuer à la poursuite de l’exploitation systématique des victimes, continue à renforcer la stigmatisation, la criminalisation et la désignation des victimes comme seules responsables d’un crime dont elles ne sont pas coupables.
Nous devons oublier le mensonge grossier selon lequel les victimes ont choisi d’entrer dans les réseaux de traite des êtres humains de leur plein gré. La réalité est tout autre. Toute personne en situation d’extrême nécessité, soumise à des pressions ou à des menaces de mort dans son propre environnement ou souhaitant simplement échapper à une mort certaine due à la faim ou à la guerre, peut à un moment donné « consentir » à vendre son corps ou à travailler jusqu’à l’épuisement dans des conditions difficiles, proches de l’esclavage total, qui sont exploitées par les réseaux de trafiquants. Mais si ces circonstances d’extrême nécessité n’existaient pas, les victimes n’y consentiraient jamais volontairement, surtout lorsqu’elles découvrent qu’elles ont été victimes d’une tromperie dont il leur est désormais presque impossible de sortir.
C’est vrai, on ne peut pas le nier. Les réseaux de trafiquants jouissent d’une impunité presque totale. Que ce soit dans les pays d’origine, où ils recrutent leurs victimes et opèrent en toute liberté, au besoin en versant des pots-de-vin aux fonctionnaires et aux forces de sécurité, ou dans les pays de destination, où ils profitent de la permissivité et de l’absence de réglementation, les victimes de la traite sont pratiquement sans protection et exploitées par système et jusqu’à l’épuisement jusqu’à ce qu’elles parviennent à payer, si elles le peuvent, une dette qui s’alourdit de jour en jour. Tout cela dans la peur et la menace constantes de ne pas savoir si elles pourront un jour retourner dans leur pays, si elles pourront revoir leur famille, ce qui leur arrivera, qui les aidera à s’échapper ou à qui elles pourront demander de l’aide quand, en plus, les réseaux de trafiquants leur ont retiré leurs documents et qu’elles savent que leur famille dépend du peu d’argent qu’elles parviennent à envoyer.
En aucun cas, les victimes ne peuvent être montrées du doigt, criminalisées et blâmées. Car « leur seul crime » est d’être nées dans la pauvreté, sans perspectives d’avenir et dans des régions ravagées par la faim ou la guerre. Nous devons être clairs : personne ne veut être exploité, abusé, maltraité ou réduit en esclavage. C’est l’argument facile de ceux qui se contentent de regarder ailleurs et qui sont complices par leur silence.
La réponse est claire. Tous les gouvernements et toutes les institutions du monde doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la traite des êtres humains. Aucun être humain ne peut JAMAIS être traité comme un simple objet de consommation ou être soumis à l’exploitation sexuelle, au travail ou à toute autre forme d’exploitation.
Il ne fait aucun doute que la traite des êtres humains constitue une violation manifeste des droits de l’homme, une atteinte à la dignité humaine inviolable des victimes et, par conséquent, un crime extrêmement grave qui doit être poursuivi par toutes les nations du monde jusqu’à ce qu’il soit éradiqué.
La vie et la dignité humaine n’ont pas de prix. C’est pourquoi les personnes ne sont ni achetées ni vendues.
Nous savons ce qui se passe, quand et où cela se passe.
La question est la suivante : allons-nous rester complices ?
Il n’y a qu’une seule réponse.
Non, nous ne le ferons pas.
🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
VAMOS CONTINUAR A SER CÚMPLICES?
(Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas)
Quando falamos de tráfico de seres humanos, estamos a falar de um dos crimes mais hediondos que podem ser cometidos. O tráfico de seres humanos implica tratar pessoas, outros seres humanos com os mesmos direitos que qualquer outra pessoa no mundo, como se fossem uma mera mercadoria, um objeto de consumo ou um mero instrumento para aumentar os benefícios económicos através da exploração laboral, sexual ou da mendicidade. Até agora, porém, pouco foi feito para erradicar efetivamente o tráfico de seres humanos.
As desigualdades, a pobreza extrema, as guerras, bem como qualquer circunstância que implique uma situação de especial vulnerabilidade, são elementos que as redes de tráfico de seres humanos aproveitam para recrutar vítimas com o objetivo de as submeter ao jugo da exploração sexual, a mais frequente de todas; à exploração laboral em condições de total escravatura; ao tráfico para fins de mendicidade ou qualquer outra forma de exploração. Tudo isto através do engano e da falsa promessa de uma vida melhor que, na realidade, depois das ameaças que se seguem à descoberta da verdade por parte das vítimas, as transforma em meras mercadorias “descartáveis”, objectivando-as, desumanizando-as e roubando-lhes a sua inviolável dignidade humana enquanto seres humanos.
De acordo com dados das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, o tráfico de seres humanos, especialmente para fins de exploração sexual, afecta principalmente mulheres e raparigas (42% são mulheres e 18% são raparigas, contra 23% de homens e 17% de rapazes). Assim, de acordo com estes dados, os casos de tráfico a que as vítimas estão sujeitas são, em primeiro lugar, para fins de exploração sexual; em segundo lugar, para fins de mendicidade; em terceiro lugar, para fins de exploração laboral; e, por último, para fins de criminalidade forçada.
Alguns dados são particularmente alarmantes. Assim, nos casos de exploração sexual, 64% das vítimas são mulheres, 27% são raparigas, 4% são homens e 5% são rapazes. Quanto à exploração laboral, 27% são mulheres, 56% são homens, 5% são raparigas e 12% são rapazes. Nos casos de exploração para fins criminosos, 3% são mulheres, 24% são homens, 4% são raparigas e 68% são rapazes. Um facto adicional e desolador é que 55% dos menores capturados pelas redes de tráfico de seres humanos são capturados para fins de exploração sexual. Este número aumenta para uns devastadores 92% quando as vítimas têm entre 18 e 22 anos de idade.
Mas o pior e o mais doloroso é saber que tudo isto acontece em plena luz do dia, muito perto das nossas casas, nos nossos bairros e cidades e, não raras vezes, com o conhecimento das autoridades. É certo que existe um desprezível silêncio cúmplice por parte daqueles que têm a capacidade de impedir que as vítimas continuem a ser submetidas às redes de tráfico de seres humanos. Um silêncio que, para além de contribuir para que as vítimas continuem a ser sistematicamente exploradas, continua a reforçar o estigma, a criminalização e a estigmatização das vítimas como únicas responsáveis por um crime de que não são culpadas.
Temos de esquecer a mentira grosseira de que as vítimas escolheram entrar nas redes de tráfico de seres humanos por sua própria vontade. Mas a realidade é bem diferente. Qualquer pessoa que se encontre em situação de extrema necessidade, sob pressão ou ameaça de morte no seu próprio ambiente, ou que simplesmente queira escapar a uma morte certa devido à fome ou à guerra, pode, num dado momento, “consentir” em vender o seu corpo ou trabalhar até à exaustão em condições duras, de quase escravatura total, que são exploradas pelas redes de tráfico. Mas se não existissem estas circunstâncias de extrema necessidade, as vítimas nunca dariam o seu consentimento voluntário, sobretudo quando descobrem que foram vítimas de um logro do qual lhes é agora quase impossível escapar.
É verdade, não o podemos negar. As redes de tráfico gozam de uma impunidade quase total. Quer nos países de origem, onde recrutam as suas vítimas e operam com total liberdade, se necessário com subornos a funcionários públicos e forças de segurança, quer nos países de destino, onde tiram partido da permissibilidade e da falta de regulamentação, as vítimas do tráfico estão praticamente desprotegidas e são exploradas por sistema e até à exaustão, até conseguirem pagar, se conseguirem, uma dívida que não pára de crescer todos os dias. Tudo isto sob o medo e a ameaça constantes de não saberem se alguma vez poderão regressar ao seu país, se poderão voltar a ver as suas famílias, o que lhes irá acontecer, quem as ajudará a fugir ou a quem poderão pedir ajuda quando, além disso, as redes de tráfico lhes retiraram os documentos e sabem que as suas famílias dependem do pouco dinheiro que conseguem enviar.
As vítimas não podem, de modo algum, ser identificadas, criminalizadas e culpabilizadas. Porque “o seu único crime” é terem nascido na pobreza, sem oportunidades de futuro e em zonas devastadas pela fome ou pela guerra. É preciso que fique claro que ninguém quer ser explorado, abusado, maltratado ou escravizado. Esse é o argumento fácil daqueles que apenas olham para o outro lado e são cúmplices pelo seu silêncio.
A resposta é clara. Todos os governos e todas as instituições do mundo devem fazer tudo o que for possível para acabar com o tráfico de seres humanos. Nenhum ser humano pode JAMAIS ser tratado como um mero objeto de consumo ou ser sujeito a exploração sexual, laboral ou de qualquer outro tipo.
Não há dúvida de que o tráfico de seres humanos é uma clara violação dos direitos humanos, uma violação da dignidade humana inviolável das vítimas e, por conseguinte, um crime extremamente grave que deve ser perseguido por todas as nações do mundo até ser erradicado.
A vida e a dignidade humana não têm preço. É por isso que as pessoas não se compram nem se vendem.
Sabemos o que acontece, quando acontece e onde acontece.
(Escrito en 🇪🇸🇦🇷- Written in 🇬🇧🇺🇸 Scritto in 🇮🇹🇸🇲- Rédigé en 🇫🇷🇨🇩- Escrito em 🇵🇹🇧🇷)
🇪🇸ESPAÑOL🇦🇷
Hace unos días, el 19 de julio, se cumplieron 100 años de la Matanza de Napalpí, uno de los episodios más trágicos y sombríos en la historia de Argentina. Este oscuro acontecimiento, llevado a cabo en la provincia de Chaco, se cobró la vida de cientos de miembros de las comunidades indígenas Qom (Toba) y Mocoví, quienes fueron brutalmente asesinados por fuerzas policiales y militares del gobierno. Esta masacre no solo supuso un acto de atroz violencia sobre los pueblos originarios, sino también la negación sistemática de sus derechos más elementales en un intento de erradicar su cultura y su existencia.
A principios del siglo XX, las políticas del gobierno argentino estaban orientadas a la consolidación de un estado moderno y a la integración de todos sus territorios nacionales. Sin embargo, esto frecuentemente se realizó a expensas de la vulneración sistemática de los derechos humanos de las comunidades indígenas. La región del Chaco, rica en recursos naturales, se convirtió en un área de interés para la explotación agrícola y forestal. Los pueblos originarios fueron forzados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en los aserraderos y en las plantaciones de algodón y tanino. Todo bajo un sistema de explotación laboral y abuso constantes.
La situación se volvió totalmente insostenible, y las comunidades indígenas, agotadas por el maltrato y las pésimas condiciones de vida y de trabajo, comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales y respeto por sus derechos más elementales como seres humanos. Esta lucha culminó en una huelga que fue salvajemente reprimida por el gobierno, decidido a sofocar cualquier tipo de resistencia.
Así, el 19 de julio de 1924, un contingente de aproximadamente 130 policías y soldados, bajo las órdenes del gobernador del Chaco, Fernando Centeno, rodearon el campamento de Napalpí, donde se encontraban reunidos alrededor de 500 indígenas. Las tropas, sin previo aviso, abrieron fuego de forma indiscriminada contra toda multitud desarmada. Hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados en una carnicería indiscriminada. Sus cuerpos fueron mutilados, quemados y enterrados en fosas comunes para ocultar aquella masacre.
Las razones detrás de este acto de barbarie fueron claras: el gobierno quería poner fin a la resistencia indígena y reafirmar su control sobre la región. Aquella atrocidad también era una advertencia para disuadir futuras rebeliones y asegurar la continuidad de la explotación económica en el Chaco sin la menor resistencia.
Durante años, la Matanza de Napalpí fue silenciada y minimizada en la historia oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, las comunidades indígenas mantuvieron viva la memoria de sus mártires a través de sus relatos orales y prácticas culturales en forma de homenaje. Igualmente, en las últimas décadas, ha habido un esfuerzo creciente por parte de organizaciones de derechos humanos, historiadores y los propios descendientes de las víctimas para recuperar y honrar su memoria.
En 2014, cuando se conmemoraba el 90 aniversario de la masacre, se celebraron actos de homenaje que incluyeron la construcción de un monumento en Napalpí en memoria de las víctimas. Además, en 2019, se llevó a cabo el primer juicio por la verdad sobre la masacre, donde se recogieron testimonios y se reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado Argentino en aquel crimen.
Sin lugar a dudas, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Matanza de Napalpí son esenciales para poder avanzar hacia una justicia histórica y reconciliación con los pueblos originarios de Argentina. Esto implica no solo el reconocimiento de los crímenes cometidos, sino también la implementación de políticas que promuevan el respeto y la conservación de las culturas y tradiciones ancestrales indígenas.
La Masacre de de Napalpí nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos y de luchar contra la impunidad. Por eso, honrar a las víctimas es un paso esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde se respeten y valoren todas las culturas y comunidades que forman parte del tejido diverso de Argentina.
Porque las víctimas merecen ser recordadas.
Aunque pasen cien años más.
🇬🇧ENGLISH🇺🇸
THE NAPALPI MASSACRE: ARGENTINA’S DARK CHAPTER
A few days ago, on 19 July, it was 100 years since the Napalpí Massacre, one of the most tragic and darkest episodes in the history of Argentina. This dark event, carried out in the province of Chaco, claimed the lives of hundreds of members of the Qom (Toba) and Mocoví indigenous communities, who were brutally murdered by government police and military forces. This massacre was not only an act of atrocious violence against the native peoples, but also the systematic denial of their most basic rights in an attempt to eradicate their culture and existence.
At the beginning of the 20th century, the Argentine government’s policies were geared towards the consolidation of a modern state and the integration of all its national territories. However, this was often at the expense of the systematic violation of the human rights of indigenous communities. The Chaco region, rich in natural resources, became an area of interest for agricultural and forestry exploitation. The native peoples were forced to work in semi-slavery conditions in the sawmills and on the cotton and tannin plantations. All under a system of constant labour exploitation and abuse.
The situation became totally unsustainable, and the indigenous communities, exhausted by the mistreatment and appalling living and working conditions, began to organise to demand better working conditions and respect for their most basic rights as human beings. This struggle culminated in a strike that was savagely repressed by the government, determined to stifle any kind of resistance.
Thus, on 19 July 1924, a contingent of approximately 130 police and soldiers, under the orders of the governor of the Chaco, Fernando Centeno, surrounded the Napalpí camp, where around 500 indigenous people were gathered. The troops, without warning, opened fire indiscriminately on the unarmed crowd. Men, women and children were brutally murdered in an indiscriminate butchery. Their bodies were mutilated, burned and buried in mass graves to conceal the massacre.
The reasons behind this barbaric act were clear: the government wanted to put an end to indigenous resistance and reassert its control over the region. The atrocity was also a warning to deter future rebellions and ensure the continuation of economic exploitation in the Chaco without the slightest resistance.
For years, the Napalpí Massacre was silenced and minimised in official history by the authorities. However, the indigenous communities kept the memory of their martyrs alive through oral accounts and cultural practices in the form of homage. Similarly, in recent decades, there has been a growing effort by human rights organisations, historians and the victims’ own descendants to recover and honour their memory.
In 2014, when the 90th anniversary of the massacre was commemorated, tribute events were held, including the construction of a monument in Napalpí in memory of the victims. In addition, in 2019, the first trial for the truth about the massacre took place, where testimonies were collected and the responsibility of the Argentine State in that crime was officially recognised.
Undoubtedly, the recognition and reparation of the victims of the Napalpí Massacre are essential in order to move towards historical justice and reconciliation with the indigenous peoples of Argentina. This implies not only the recognition of the crimes committed, but also the implementation of policies that promote respect for and conservation of indigenous cultures and ancestral traditions.
The Napalpí Massacre reminds us of the importance of defending human rights and fighting against impunity. Therefore, honouring the victims is an essential step towards building a more just and inclusive society, where all cultures and communities that are part of Argentina’s diverse fabric are respected and valued.
Because the victims deserve to be remembered.
Even if another hundred years go by.
🇮🇹ITALIANO🇸🇲
IL MASSACRO DI NAPALPI: IL CAPITOLO OSCURO DELL’ARGENTINA
Pochi giorni fa, il 19 luglio, ricorreva il centenario del Massacro di Napalpí, uno degli episodi più tragici e oscuri della storia argentina. Questo evento oscuro, perpetrato nella provincia del Chaco, ha causato la morte di centinaia di membri delle comunità indigene Qom (Toba) e Mocoví, brutalmente assassinati dalla polizia e dalle forze militari del governo. Questo massacro non fu solo un atto di atroce violenza contro le popolazioni indigene, ma anche la negazione sistematica dei loro diritti più elementari nel tentativo di sradicarne la cultura e l’esistenza.
All’inizio del XX secolo, le politiche del governo argentino erano orientate al consolidamento di uno Stato moderno e all’integrazione di tutti i territori nazionali. Tuttavia, ciò avveniva spesso a spese della sistematica violazione dei diritti umani delle comunità indigene. La regione del Chaco, ricca di risorse naturali, divenne un’area di interesse per lo sfruttamento agricolo e forestale. Le popolazioni indigene furono costrette a lavorare in condizioni di semi-schiavitù nelle segherie e nelle piantagioni di cotone e tannino. Il tutto in un sistema di sfruttamento e abuso costante della manodopera.
La situazione divenne del tutto insostenibile e le comunità indigene, stremate dai maltrattamenti e dalle terribili condizioni di vita e di lavoro, iniziarono a organizzarsi per chiedere migliori condizioni di lavoro e il rispetto dei loro più elementari diritti di esseri umani. Questa lotta culminò in uno sciopero che fu selvaggiamente represso dal governo, deciso a soffocare qualsiasi tipo di resistenza.
Così, il 19 luglio 1924, un contingente di circa 130 poliziotti e soldati, agli ordini del governatore del Chaco, Fernando Centeno, circondò l’accampamento di Napalpí, dove erano riuniti circa 500 indigeni. Le truppe, senza preavviso, aprirono il fuoco indiscriminatamente sulla folla disarmata. Uomini, donne e bambini furono brutalmente uccisi in un massacro indiscriminato. I loro corpi furono mutilati, bruciati e sepolti in fosse comuni per nascondere il massacro.
Le ragioni di questo atto barbarico erano chiare: il governo voleva porre fine alla resistenza indigena e riaffermare il proprio controllo sulla regione. L’atrocità era anche un avvertimento per scoraggiare future ribellioni e garantire la continuazione dello sfruttamento economico del Chaco senza la minima resistenza.
Per anni, il Massacro di Napalpí fu messo a tacere e minimizzato nella storia ufficiale dalle autorità. Tuttavia, le comunità indigene hanno mantenuto viva la memoria dei loro martiri attraverso racconti orali e pratiche culturali sotto forma di omaggio. Analogamente, negli ultimi decenni si è assistito a un crescente sforzo da parte di organizzazioni per i diritti umani, storici e discendenti delle vittime per recuperare e onorare la loro memoria.
Nel 2014, in occasione del 90° anniversario del massacro, sono stati organizzati eventi di tributo, tra cui la costruzione di un monumento a Napalpí in memoria delle vittime. Inoltre, nel 2019, si è svolto il primo processo per la verità sul massacro, in cui sono state raccolte testimonianze ed è stata ufficialmente riconosciuta la responsabilità dello Stato argentino in quel crimine.
Senza dubbio, il riconoscimento e il risarcimento delle vittime del Massacro di Napalpí sono essenziali per procedere verso la giustizia storica e la riconciliazione con i popoli indigeni argentini. Ciò implica non solo il riconoscimento dei crimini commessi, ma anche l’attuazione di politiche che promuovano il rispetto e la conservazione delle culture indigene e delle tradizioni ancestrali.
Il massacro di Napalpí ci ricorda l’importanza di difendere i diritti umani e di lottare contro l’impunità. Pertanto, onorare le vittime è un passo essenziale verso la costruzione di una società più giusta e inclusiva, in cui tutte le culture e le comunità che fanno parte del variegato tessuto argentino siano rispettate e valorizzate.
Perché le vittime meritano di essere ricordate.
Anche se passeranno altri cento anni.
🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
LE MASSACRE DE NAPALPI : UN CHAPITRE SOMBRE DE L’HISTOIRE DE L’ARGENTINE
Il y a quelques jours, le 19 juillet, a été célébré le 100e anniversaire du massacre de Napalpi, l’un des épisodes les plus tragiques et les plus sombres de l’histoire de l’Argentine. Ce sombre événement, qui s’est déroulé dans la province du Chaco, a coûté la vie à des centaines de membres des communautés indigènes Qom (Toba) et Mocoví, qui ont été brutalement assassinés par la police et les forces militaires du gouvernement. Ce massacre n’est pas seulement un acte de violence atroce à l’encontre des peuples indigènes, mais aussi la négation systématique de leurs droits les plus fondamentaux dans le but d’éradiquer leur culture et leur existence.
Au début du XXe siècle, les politiques du gouvernement argentin étaient axées sur la consolidation d’un État moderne et l’intégration de tous les territoires nationaux. Cependant, cela s’est souvent fait au prix d’une violation systématique des droits de l’homme des communautés indigènes. La région du Chaco, riche en ressources naturelles, est devenue une zone d’intérêt pour l’exploitation agricole et forestière. Les populations indigènes ont été contraintes de travailler dans des conditions de semi-esclavage dans les scieries et les plantations de coton et de tanin. Le tout dans un système d’exploitation et d’abus constants de la main-d’œuvre.
La situation est devenue totalement insoutenable et les communautés indigènes, épuisées par les mauvais traitements et les conditions de vie et de travail épouvantables, ont commencé à s’organiser pour exiger de meilleures conditions de travail et le respect de leurs droits les plus fondamentaux en tant qu’êtres humains. Cette lutte aboutit à une grève sauvagement réprimée par le gouvernement, déterminé à étouffer toute forme de résistance.
Ainsi, le 19 juillet 1924, un contingent d’environ 130 policiers et soldats, sous les ordres du gouverneur du Chaco, Fernando Centeno, encercle le campement de Napalpí, où sont rassemblés environ 500 indigènes. Les troupes, sans avertissement, ont ouvert le feu sans discrimination sur la foule désarmée. Hommes, femmes et enfants ont été sauvagement assassinés dans une boucherie aveugle. Leurs corps ont été mutilés, brûlés et enterrés dans des fosses communes pour dissimuler le massacre.
Les raisons de cet acte barbare étaient claires : le gouvernement voulait mettre fin à la résistance indigène et réaffirmer son contrôle sur la région. L’atrocité était également un avertissement pour dissuader de futures rébellions et assurer la poursuite de l’exploitation économique du Chaco sans la moindre résistance.
Pendant des années, le massacre de Napalpí a été passé sous silence et minimisé dans l’histoire officielle par les autorités. Cependant, les communautés indigènes ont conservé la mémoire de leurs martyrs à travers des récits oraux et des pratiques culturelles sous forme d’hommages. De même, au cours des dernières décennies, les organisations de défense des droits de l’homme, les historiens et les descendants des victimes ont déployé des efforts croissants pour recouvrer et honorer leur mémoire.
En 2014, lors de la commémoration du 90e anniversaire du massacre, des événements d’hommage ont été organisés, notamment la construction d’un monument à Napalpí en mémoire des victimes. En outre, en 2019, le premier procès pour la vérité sur le massacre a eu lieu, au cours duquel des témoignages ont été recueillis et la responsabilité de l’État argentin dans ce crime a été officiellement reconnue.
Il ne fait aucun doute que la reconnaissance et la réparation des victimes du massacre de Napalpí sont essentielles pour progresser vers la justice historique et la réconciliation avec les peuples indigènes d’Argentine. Cela implique non seulement la reconnaissance des crimes commis, mais aussi la mise en œuvre de politiques qui promeuvent le respect et la conservation des cultures indigènes et des traditions ancestrales.
Le massacre de Napalpí nous rappelle l’importance de la défense des droits de l’homme et de la lutte contre l’impunité. Par conséquent, rendre hommage aux victimes est une étape essentielle vers la construction d’une société plus juste et plus inclusive, où toutes les cultures et communautés qui font partie du tissu diversifié de l’Argentine sont respectées et valorisées.
Parce que les victimes méritent qu’on se souvienne d’elles.
Même si cent ans s’écoulent encore.
🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
O MASSACRE DE NAPALPI: O CAPÍTULO NEGRO DA ARGENTINA
Há poucos dias, a 19 de julho, assinalou-se o 100º aniversário do Massacre de Napalpí, um dos episódios mais trágicos e negros da história da Argentina. Este acontecimento tenebroso, ocorrido na província do Chaco, custou a vida a centenas de membros das comunidades indígenas Qom (Toba) e Mocoví, que foram brutalmente assassinados pelas forças policiais e militares do governo. Este massacre não foi apenas um ato de violência atroz contra os povos indígenas, mas também a negação sistemática dos seus direitos mais básicos, numa tentativa de erradicar a sua cultura e existência.
No início do século XX, as políticas do governo argentino estavam orientadas para a consolidação de um Estado moderno e para a integração de todos os seus territórios nacionais. No entanto, isso foi muitas vezes feito à custa da violação sistemática dos direitos humanos das comunidades indígenas. A região do Chaco, rica em recursos naturais, tornou-se uma área de interesse para a exploração agrícola e florestal. Os povos nativos foram obrigados a trabalhar em condições de semi-escravatura nas serrarias e nas plantações de algodão e tanino. Tudo sob um sistema de exploração e abuso constante do trabalho.
A situação tornou-se totalmente insustentável e as comunidades indígenas, exauridas pelos maus tratos e pelas péssimas condições de vida e de trabalho, começaram a organizar-se para exigir melhores condições de trabalho e o respeito pelos seus direitos mais elementares enquanto seres humanos. Esta luta culminou com uma greve que foi selvaticamente reprimida pelo governo, determinado a sufocar qualquer tipo de resistência.
Assim, a 19 de julho de 1924, um contingente de cerca de 130 polícias e soldados, sob as ordens do governador do Chaco, Fernando Centeno, cercou o acampamento de Napalpí, onde se encontravam reunidos cerca de 500 indígenas. As tropas, sem aviso prévio, abriram fogo indiscriminadamente contra a multidão desarmada. Homens, mulheres e crianças foram brutalmente assassinados numa carnificina indiscriminada. Os seus corpos foram mutilados, queimados e enterrados em valas comuns para ocultar o massacre.
As razões por detrás deste ato bárbaro eram claras: o governo queria pôr fim à resistência indígena e reafirmar o seu controlo sobre a região. A atrocidade foi também um aviso para dissuadir futuras rebeliões e garantir a continuação da exploração económica no Chaco sem a mínima resistência.
Durante anos, o Massacre de Napalpí foi silenciado e minimizado na história oficial pelas autoridades. No entanto, as comunidades indígenas mantiveram viva a memória dos seus mártires através de relatos orais e práticas culturais sob a forma de homenagens. De igual modo, nas últimas décadas, tem-se registado um esforço crescente por parte de organizações de direitos humanos, historiadores e dos próprios descendentes das vítimas para recuperar e honrar a sua memória.
Em 2014, aquando da comemoração do 90.º aniversário do massacre, foram realizados eventos de homenagem, incluindo a construção de um monumento em Napalpí em memória das vítimas. Além disso, em 2019, teve lugar o primeiro julgamento pela verdade sobre o massacre, onde foram recolhidos testemunhos e foi oficialmente reconhecida a responsabilidade do Estado argentino nesse crime.
Sem dúvida, o reconhecimento e a reparação das vítimas do Massacre de Napalpí são essenciais para avançar em direção à justiça histórica e à reconciliação com os povos indígenas da Argentina. Isto implica não só o reconhecimento dos crimes cometidos, mas também a implementação de políticas que promovam o respeito e a conservação das culturas indígenas e das tradições ancestrais.
O Massacre de Napalpí recorda-nos a importância da defesa dos direitos humanos e da luta contra a impunidade. Por isso, homenagear as vítimas é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todas as culturas e comunidades que fazem parte do tecido diversificado da Argentina sejam respeitadas e valorizadas.
(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇮🇪– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷)
🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽
(Día Europeo de las Víctimas de Delitos de Odio)
El odio es un veneno que se extiende por toda nuestra sociedad. A diario, miles de personas sufren actos de violencia y discriminación que tienen su raíz en los prejuicios acerca de la identidad, el origen étnico, las creencias religiosas, la orientación sexual e identidad de género, el estado de salud de la persona, su discapacidad o cualquier otra característica personal, ya sea esta real o aparente. Por eso, hemos de ser muy conscientes de la importancia de combatir el odio y la intolerancia en cualquiera de sus formas si realmente queremos construir una sociedad que sea respetuosa con la diversidad presente en la humanidad y verdaderamente inclusiva.
En Europa la fecha del 22 de julio está tristemente marcada como el aniversario de uno de los episodios más sangrientos de su historia reciente. Ese día, el 22 de julio de 2011, el odio en su máxima expresión acabó con la vida de 77 personas, muchas de ellas jóvenes, en dos brutales atentados perpetrados por Anders Behring Breivik en Oslo y en la Isla de Utøya. Movido por su odio visceral hacia todo lo que implica la inclusión y la multiculturalidad, Breivik, radical de extrema derecha, colocó un coche bomba en las oficinas de quien era en ese momento Primer Ministro de Noruega y posterior Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. En aquel primer atentado con coche bomba, 8 personas perdieron la vida. Pero lo peor estaba aún por suceder.
Horas más tarde, Breivik se dirigió hacia la Isla de Utøya, donde un grupo de jóvenes participaban en un campamento juvenil organizado por el Partido Laborista de Noruega. Al llegar al lugar, disparó de forma indiscriminada asesinando salvajemente a 69 jóvenes. En total, el desenlace de ambas atrocidades dio como resultado 77 personas asesinadas y 319 heridas de distinta gravedad. Por está razón, desde 2015, cada 22 de julio se celebra el Día Europeo de las Víctimas de Delitos de Odio. Así pues, este día es mucho más que una simple fecha, es un auténtico recordatorio de hasta dónde puede llegar el odio y la violencia, pudiendo resurgir en cualquier momento y asestar un duro golpe en corazón de nuestra sociedad desgarrándola por completo. Por esta razón, es urgente que, desde todos los ámbitos de la sociedad, se aborde el problema de los delitos de odio y su expansión en una sociedad cada vez más polarizada, no solo en Europa, sino en todo el mundo.
Ciertamente, los delitos de odio son auténticas violaciones de derechos humanos perpetradas de manera cruel y salvaje sobre personas y, también, sobre sus propiedades. Las personas que llevan a cabo estos crímenes actúan motivadas por los prejuicios que causa el desconocimiento, la desinformación y los estereotipos que circulan en la sociedad. Así, las formas en las que el odio se manifiesta incluyen agresiones físicas, amenazas, coacciones, acoso, ciberacoso y actos de vandalismo. Todo ello manda un mensaje claro de deseo de destrucción y aniquilación de personas o grupos de personas por razón de sus características personales e identitarias.
Las huellas que deja el odio son mucho más profundas y duraderas de lo que podemos pensar en un primer momento. Cuando una víctima es agredida, no solo hablamos de las lesiones físicas que puedan derivarse de la agresión, también deben tenerse en cuenta las profundas heridas emocionales y psicológicas que pueden llegar a arrastrar las víctimas durante el resto de su vida. Así, las víctimas, más allá del dolor físico, también experimentan el miedo, la ansiedad, la depresión y una sensación constante de inseguridad. Todo ello genera una sensación de terror constante además de un ambiente de exclusión y de autoaislamiento debido al mensaje de intimidación, hostigamiento, rechazo e, incluso, de destrucción que lleva aparejado todo acto violento movido por el odio discriminatorio.
En los últimos años, los delitos de odio han ido en aumento de forma alarmante, no solo en Europa, sino también en todo el mundo. Así, de acuerdo con varios informes y datos publicados por la Agencia de Derechos Fundamentales de Unión Europea y la OSCE, se ha podido comprobar una alarmante tendencia ascendente de actos de violencia y discriminación contra personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y del colectivo LGTBIQ+. ¿Cuál es la causa de este incremento? No es sencillo determinar una causa concreta pero, sin lugar a dudas, los prejuicios, las campañas de desinformación y señalamiento deliberado, la criminalización de determinados grupos de población y, en definitiva, la violencia estructural y cultural muy presentes en nuestra sociedad, son el caldo de cultivo ideal para el incremento de los casos violencia por odio discriminatorio. A todo ello, hay que sumarle una creciente polarización social así como la retórica y el discurso de odio utilizado por partidos de extrema derecha. Por todas estas razones, la respuesta para acabar con los delitos de odio debe incluir no solo a los poderes públicos, que han de promover políticas activas de inclusión, también debe estar muy presente el papel esencial de la educación y, por supuesto, la acción indispensable de la sociedad civil.
Dicho lo anterior, en cuanto al papel de los poderes públicos, los países europeos, al igual que en el resto del mundo, deben llevar a cabo reformas legislativas que sean efectivas para luchar contra los delitos de odio. Pero, más allá de aumentar las penas para este tipo de delitos, toda reforma legislativa debe saber transmitir un claro mensaje por parte del legislador: ninguna democracia que se considere así misma como tal puede permitir la violencia, el odio y la discriminación entre su población. Por esta razón, también es esencial la cooperación internacional entre los países del entorno europeo, así como también fuera Europa, para unificar legislaciones e implementar políticas similares en los diferentes países. Solo así será posible dar pasos hacia adelante para erradicar el odio de nuestra sociedad.
Pero, por supuesto, el instrumento más importante para acabar con el odio es, sin duda alguna, la educación. Los programas educativos de cualquier nivel, desde educación primara hasta la educación universitaria, deben promover la diversidad, la inclusión y el respeto por los derechos humanos para evitar el aumento de las situaciones de discriminación y violencia, no solo en los centro educativos, sino también en los espacios públicos para, de esta manera, contribuir a la eliminación de los prejuicios y fomentar una cultura de paz, libertad, igualdad y respeto. De forma similar, la sensibilización de la sociedad a través de campañas públicas también debe de estar presentes para transmitir al conjunto de la sociedad que el odio puede tener cabida en nuestras vidas y que hemos denunciar los delitos de odio en todo momento y lugar.
Obviamente, dotar de apoyo a las víctimas de delitos de odio es absolutamente esencial para su recuperación. Más alla de la asistencia legal, es necesaria una atención médica y psicológica que sean adecuadas para las víctimas. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel vital al ofrecer apoyo y recursos hacia las víctimas de forma segura, gratuita y confidencial. Pero, en todo caso, esta ayuda de las organizaciones civiles nunca puede sustituir el papel de los poderes públicos para dotar de recursos y personal a los servicios públicos de atención a la víctima.
Por otra parte, en necesario monitorizar y registrar todos los casos de agresión para poder entender la enorme gravedad del problema y, de esta manera, poder desarrollar planes estratégicos para combatir el odio en cualquiera de sus formas. Por esta razón, las agencias y demás entidades que trabajan en favor de los derechos humanos han de mejorar los sistemas de registro y recopilación de datos para asegurar una rápida respuesta de las Fuerzas Seguridad y de la Administración de Justicia. Todo ello para que las víctimas puedan sentirse seguras a la hora de denunciar las agresiones sufridas.
Como ya se ha dicho, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel esencial en la lucha contra los delitos de odio. Y lo hacen, no solo ofreciendo apoyo directo a las víctimas, sino presionando para lograr cambios normativos y políticas inclusivas que mejoren la protección de las víctimas. Todo ello, unido a los enormes esfuerzos que realizan en favor de la educación y la sensibilización de toda la sociedad desde la defensa de los derechos humanos y la promoción de los valores de respeto y la convivencia pacífica.
Un ejemplo de entidades que colaboran en la erradicación de los delitos de odio es la RED Europea contra el Racismo (ENAR), que aglutina a entidades de toda Europa en la lucha contra la discriminación racial, a través de la influencia en las políticas públicas y el fomento de la cooperación entre comunidades que se han visto afectadas por el odio racial. Otro ejemplo sería International Human Rights Foundation (IHRF), que cuenta con representantes en más de una quincena de países y que tiene entre sus filas a profesionales de distintas ramas que aportan de manera totalmente altruista todo su buen hacer para asistir a las víctimas de toda forma de vulneración de derechos humanos y, por tanto, cualquier delito de odio y discurso de odio. Pero, más allá de las entidades, es en el conjunto de la población donde radica la capacidad transformadora para poner fin al odio y reivindicar los derechos humanos y la dignidad humana inviolable de las víctimas.
En nuestra memoria resuenan los ecos de aquellos casos de crímenes de odio que han conmocionado a la sociedad y han provocado una respuesta de solidaridad y ed exigencia de cambio para poner fin a las agresiones. Algunos casos han sido particularmente relevantes y dramáticos:
El asesinato de Stephen Lawrence (Reino Unido, 1993): Un joven afrodescendiente asesinado por un grupo de supremacistas, llevó a una revisión total de la actuación policial policía, así como de las leyes contra el racismo en el país. La reacción social y los cambios legislativos que siguieron a este caso destacaron la importancia de enfrentar los crímenes de odio con seriedad y determinación.
Atentados de London Nail Bombings (Reino Unido 1999): David Copeland, un neonazi, perpetró una serie de atentados con bombas rellenas de clavos en Londres en abril de 1999. Los ataques iban dirigidos contra las comunidades afrodescendientes, bengalíes y homosexuales. Tres personas resultaron asesinadas, una de ellas era una mujer embarazada de 4 meses, y otras 140 resultaron heridas. La intención de Copeland era iniciar una guerra racial en el Reino Unido.
Ataques a la comunidad gitana (Italia, 2008): Durante el año 2008, varias comunidades gitanas en Italia fueron brutalmente atacas. Se produjeron incendios provocados y agresiones físicas contra poblados en los que residían familias de etnia gitana en Nápoles y en otras ciudades italianas. Los ataques estaban motivados por el racismo y la xenofobia contra la comunidad gitana, reflejando un aumento de la violencia y la discriminación hacia los gitanos en Italia durante ese período. Un rechazo que aún se mantiene.
El asesinato de Jo Cox (Reino Unido, 2016): Jo Cox, una diputada del Partido Laborista británico y defensora de la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, fue asesinada a manos de Thomas Mair mientras mantenía un encuentro con sus electores a manos por Thomas Mair. Mair gritó «Britain First» durante el ataque, demostrando el marcado carácter político y de odio en la comisión del crimen.
Ataque a la sinagoga de Halle (Alemania, 2019): El 9 de octubre de 2019, Stephan Balliet, un extremista de derecha, intentó entrar en una sinagoga en Halle, Sajonia-Anhalt, durante el Yom Kipur, uno de las festividades más sagradas del calendario judío. Al no poder hacerlo, disparó y mató a dos personas en las cercanías. El ataque, transmitido en vivo por Balliet, estaba motivado por el antisemitismo y el odio hacia las personas migrantes.
Asesinato de Samuel Luiz (España, 2021): El 3 de julio de 2021, Samuel Luiz Muñiz, un joven de 24 años, fue brutalmente golpeado hasta la muerte en A Coruña. Todo comenzó con un malentendido en el que los agresores pensaron que Samuel estaba grabándolos con su teléfono móvil. Durante el ataque, los agresores profirieron insultos homofóbicos, lo que permite considerar el crimen como un posible delito de odio motivado por la orientación sexual de la víctima. Aún se está a la espera de juicio.
Esto es solo una pequeña muestra de lo que el odio puede llegar a hacer. No es un caso aislado, no es un hecho puntual y, por supuesto, no es únicamente un dramático suceso que ocupa, con suerte, unos cuantos programas informativos durante unos días. El odio está ahí, se nutre de los prejuicios de nuestra sociedad y se extiende de la mano de aquellas personas que creen que tienen derecho a cuestionar la existencia de quienes son diferentes por su origen nacional, credo religioso o su orientación sexual e identidad de género. Pero, el odio es mucho más, es un veneno, un veneno que destruye nuestra sociedad desde dentro. Un veneno que es mortal.
Los medios de comunicación deben ser conscientes del papel que tienen a la hora de dar cobertura mediática a los casos relacionados con los delitos de odio. Desde las libertad expresión, prensa e información, toda cobertura mediática ha de ser ética y responsable para poder cumplir con la función de sensibilización de la población acerca de la gravedad de los delitos de odio y la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para erradicarlos. Pero, sin embargo, en no pocas ocasiones, la forma en la que se tratan las informaciones relacionadas con los delitos de odio también pueden influir de manera negativa en la percepción pública de la sociedad y, por tanto, contribuir a la perpetuación de los prejuicios y estereotipos que se hallan detrás del odio que debemos combatir. Por esta razón, es esencial que los medios de comunicación eviten en todo momento tratar las informaciones relacionadas con los delitos de odio de forma sensacionalista y procuren informar de manera objetiva, sin ninguna clase de sesgo ideológico y destacando siempre la figura y la historia de las víctimas así como la respuesta que ha provocado en la sociedad. Y es que, los medios de comunicación pueden, y deben, contribuir al fomento de la empatía hacia las víctimas haciendo que la sociedad tome conciencia de la necesidad de luchar contra la violencia, el odio, la intolerancia y la discriminación.
Debemos ser muy conscientes de que, a pesar de los avances legislativos y de concienciación social, los delitos de odio continúan siendo un serio problema, una auténtica lacra para nuestra sociedad. Es más, uno de los mayores problemas que presentan los delitos de odio es el altísimo porcentaje de infradenuncia. La razón de este altísimo porcentaje que, a modo de ejemplo, supera el 90% en algunas zonas donde los ataques hacia el coelctivo LGTBIQ+ quedan en la total impunidad, radica en que muchas víctimas no llegan a denunciar por miedo a las represalias, a la falta de apoyo del entorno social y familiar, a la creencia de que nadie tomará en serio sus denuncia o la falta de confianza en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por eso, para acabar con estos altísimos niveles de infradenuncia, son necesarios esfuerzos constantes por parte de los poderes públicos para que las víctimas se sientan respaldadas y, así, puedan confiar en la Justicia, en la Policía o en cualquier servicio de atención a la víctima.
Indudablemente, el aumento del discurso de odio en las redes sociales es otro de los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad. Bajo el “anonimato” de las redes, un anonimato que no es del todo real, pero que sí dificulta en extremo la localización de sus responsables, los mensajes de odio hacia personas y grupos de personas son cada vez más frecuentes y reflejan la magnitud del problema al que nos enfrentamos, con una sociedad cada vez más polarizada y donde la desinformación deliberada contribuye a la radicalización y a la expansión del odio que luego se materializa fuera de las redes sociales. Quizá, la solución para el “ciberodio” no esté solo en la forma de poder contrarrestar el relato discriminatorio que circula por las redes, también en una mayor colaboración entre las plataformas digitales, la Justicia y las Fuerzas de Seguridad. En cualquier caso, cuando se habla de combatir el odio, de evitar más dolor y sufrimiento, no podemos esperar más.
Luchar contra el odio requiere la colaboración unánime de gobiernos, instituciones y, por supuesto, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Toda la sociedad en su conjunto debe actuar bajo un mismo compromiso si realmente queremos construir una sociedad libre, igualitaria y justa. Este compromiso no es otro que acabar con el odio. Solo así podremos honrar a las víctimas y recordar sus historias. Pero para ello las acciones tienen que ser concretas, reales y efectivas si queremos prevenir futuras agresiones y tener una capacidad de respuesta para las víctimas.
Todo suma en la lucha contra el odio y toda persona puede contribuir a construir una sociedad donde la diversidad sea celebrada y nunca odiada.
Una sociedad en la que ninguna persona sea señalada y perseguida por ser quien es.
Una sociedad sin lugar para el odio.
Y sin miedo.
🇬🇧ENGLISH🇮🇪
NO PLACE FOR HATRED
(European Day for Victims of Hate Crimes)
Hate is a poison that permeates our society. Every day, thousands of people suffer acts of violence and discrimination that are rooted in prejudice about identity, ethnicity, religious beliefs, sexual orientation and gender identity, health status, disability or any other personal characteristic, whether real or perceived. We must therefore be very conscious of the importance of combating hatred and intolerance in all its forms if we really want to build a society that is respectful of the diversity present in humanity and truly inclusive.
In Europe the date of 22 July is sadly marked as the anniversary of one of the bloodiest episodes in its recent history. On that day, 22 July 2011, hatred at its most extreme took the lives of 77 people, many of them young people, in two brutal attacks perpetrated by Anders Behring Breivik in Oslo and on Utøya Island. Driven by his visceral hatred of all things inclusive and multicultural, Breivik, a radical right-winger, planted a car bomb in the offices of the then Prime Minister of Norway and later NATO Secretary General, Jens Stoltenberg. In that first car bombing, eight people were killed. But the worst was yet to come.
Hours later, Breivik drove to Utøya Island, where a group of young people were participating in a youth camp organised by the Norwegian Labour Party. Upon arriving at the site, he fired indiscriminately, savagely murdering 69 young people. In total, the outcome of both atrocities resulted in 77 people killed and 319 injured in varying degrees of severity. For this reason, since 2015, the European Day for Victims of Hate Crimes has been celebrated every 22 July. Thus, this day is much more than a simple date, it is a real reminder of how far hatred and violence can go and how it can resurface at any time and strike a heavy blow at the heart of our society, tearing it apart completely. For this reason, it is urgent that, from all levels of society, the problem of hate crime and its spread in an increasingly polarised society is addressed, not only in Europe, but worldwide.
Indeed, hate crimes are genuine human rights violations perpetrated in a cruel and savage manner on people and also on their property. The people who carry out these crimes are motivated by prejudices caused by ignorance, misinformation and stereotypes circulating in society. Thus, the forms in which hate manifests itself include physical aggression, threats, coercion, harassment, cyber-bullying and acts of vandalism. All of these send a clear message of a desire to destroy and annihilate individuals or groups of individuals on the basis of their personal and identity characteristics.
The traces left by hatred are much deeper and more lasting than we might at first think. When a victim is assaulted, we are not only talking about the physical injuries that may result from the aggression, we must also take into account the deep emotional and psychological wounds that the victims may carry with them for the rest of their lives. Thus, victims, beyond the physical pain, also experience fear, anxiety, depression and a constant feeling of insecurity. All this generates a constant feeling of terror as well as an atmosphere of exclusion and self-isolation due to the message of intimidation, harassment, rejection and even destruction that any violent act motivated by discriminatory hatred carries with it.
Hate crimes have been increasing alarmingly in recent years, not only in Europe but also worldwide. According to various reports and data published by the European Union Agency for Fundamental Rights and the OSCE, there has been an alarming upward trend in acts of violence and discrimination against people belonging to ethnic, religious and LGTBIQ+ minorities. What is the cause of this increase? It is not easy to determine a specific cause but, without a doubt, prejudice, disinformation campaigns and deliberate targeting, the criminalisation of certain population groups and, in short, the structural and cultural violence that is very much present in our society, are the ideal breeding ground for the increase in cases of discriminatory hate violence. To all this, we must add a growing social polarisation as well as the rhetoric and hate speech used by extreme right-wing parties. For all these reasons, the response to end hate crimes must include not only the public authorities, which must promote active policies of inclusion, but also the essential role of education and, of course, the indispensable action of civil society.
Having said that, as regards the role of public authorities, European countries, as in the rest of the world, must carry out effective legislative reforms to combat hate crimes. But, beyond increasing penalties for this type of crime, any legislative reform must convey a clear message from the legislator: no self-respecting democracy can allow violence, hatred and discrimination among its population. For this reason, international cooperation between countries in the European neighbourhood, as well as outside Europe, is also essential to unify legislation and implement similar policies in different countries. Only in this way will it be possible to take steps forward to eradicate hatred from our society.
But, of course, the most important instrument to end hatred is undoubtedly education. Educational programmes at all levels, from primary education to university education, must promote diversity, inclusion and respect for human rights in order to prevent the rise of discrimination and violence, not only in schools, but also in public spaces, thus contributing to the elimination of prejudice and fostering a culture of peace, freedom, equality and respect. Similarly, raising awareness in society through public campaigns must also be present in order to convey to society as a whole that hate can have a place in our lives and that we must denounce hate crimes at all times and in all places.
Obviously, providing support to victims of hate crime is absolutely essential for their recovery. Beyond legal assistance, adequate medical and psychological care for victims is necessary. In this regard, civil society organisations play a vital role in offering support and resources to victims in a safe, free and confidential manner. But, in any case, this assistance from civil society organisations can never replace the role of public authorities in resourcing and staffing public victim services.
On the other hand, it is necessary to monitor and record all cases of aggression in order to understand the seriousness of the problem and, in this way, to develop strategic plans to combat hate in all its forms. For this reason, agencies and other entities working for human rights need to improve registration and data collection systems to ensure a rapid response by law enforcement and the justice system. This is so that victims can feel safe to report the assaults they have suffered.
As mentioned above, civil society organisations play an essential role in the fight against hate crime. They do so not only by offering direct support to victims, but also by lobbying for changes in legislation and inclusive policies to improve the protection of victims. All of this, together with the enormous efforts they make to educate and raise awareness throughout society by defending human rights and promoting the values of respect and peaceful coexistence.
One example of organisations that collaborate in the eradication of hate crimes is the European Network Against Racism (ENAR), which brings together organisations from all over Europe in the fight against racial discrimination, through influencing public policies and promoting cooperation between communities that have been affected by racial hatred. Another example would be the International Human Rights Foundation (IHRF), which has representatives in more than fifteen countries and has among its ranks professionals from different fields who altruistically contribute all their good work to assist victims of all forms of human rights violations and, therefore, any form of hate crime and hate speech. But, beyond the organisations, it is in the population as a whole that the transformative capacity to put an end to hatred and to vindicate human rights and the inviolable human dignity of the victims lies.
The echoes of those cases of hate crimes that have shocked society and provoked a response of solidarity and a demand for change to put an end to aggressions resound in our memory. Some cases have been particularly relevant and dramatic:
The murder of Stephen Lawrence (UK, 1993): A young man of African descent murdered by a group of supremacists, led to a total overhaul of policing and anti-racism laws in the country. The social reaction and legislative changes that followed this case highlighted the importance of tackling hate crimes with seriousness and determination.
London Nail Bombings (UK 1999): David Copeland, a neo-Nazi, perpetrated a series of nail bombings in London in April 1999. The attacks targeted communities of African descent, Bengalis and homosexuals. Three people were killed, one of them a woman four months pregnant, and 140 others were injured. Copeland’s intention was to start a race war in the UK.
Attacks on the Roma community (Italy, 2008): During 2008, several Roma communities in Italy were brutally attacked. Arson and physical attacks were carried out against villages where Roma families lived in Naples and other Italian cities. The attacks were motivated by racism and xenophobia against the Roma community, reflecting an increase in violence and discrimination against Roma in Italy during that period. A rejection that still continues.
The murder of Jo Cox (United Kingdom, 2016): Jo Cox, a British Labour MP and supporter of the UK remaining in the European Union, was murdered by Thomas Mair while meeting with her constituents at the hands of Thomas Mair. Mair shouted ‘Britain First’ during the attack, demonstrating the political and hateful nature of the crime.
Halle Synagogue attack (Germany, 2019): On 9 October 2019, Stephan Balliet, a right-wing extremist, attempted to enter a synagogue in Halle, Saxony-Anhalt, during Yom Kippur, one of the holiest holidays in the Jewish calendar. Unable to do so, he shot and killed two people nearby. The attack, broadcast live on Balliet, was motivated by anti-Semitism and hatred of migrants.
Assassination of Samuel Luiz (Spain, 2021): On 3 July 2021, Samuel Luiz Muniz, a 24-year-old man, was brutally beaten to death in A Coruña. It all started with a misunderstanding in which the assailants thought Samuel was filming them with his mobile phone. During the attack, the aggressors uttered homophobic insults, which allows the crime to be considered as a possible hate crime motivated by the victim’s sexual orientation. The case is still awaiting trial.
This is just a small sample of what hate can do. It is not an isolated case, it is not a one-off event and it is certainly not just a dramatic event that occupies, hopefully, a few news programmes for a few days. Hate is there, it feeds on the prejudices of our society and is spread by those who believe they have the right to question the existence of those who are different because of their national origin, religious beliefs or their sexual orientation and gender identity. But, hatred is much more, it is a poison, a poison that destroys our society from within. A poison that is deadly.
The media should be aware of their role in providing media coverage of hate crime cases. From freedom of expression, press and information, all media coverage must be ethical and responsible in order to fulfil the function of raising public awareness of the seriousness of hate crimes and the need to adopt all necessary measures to eradicate them. However, on more than a few occasions, the way in which hate crime-related information is treated can also have a negative influence on the public perception of society and thus contribute to the perpetuation of the prejudices and stereotypes that lie behind the hatred that we must combat. For this reason, it is essential that the media avoid at all times treating hate crime-related information in a sensationalist way and try to report objectively, without any kind of ideological bias and always highlighting the figure and the story of the victims as well as the response it has provoked in society. The media can, and should, contribute to the promotion of empathy towards the victims by making society aware of the need to fight against violence, hatred, intolerance and discrimination.
We must be very aware that, despite legislative and social awareness-raising advances, hate crimes continue to be a serious problem, a real blight on our society. Moreover, one of the biggest problems with hate crimes is the very high percentage of under-reporting. The reason for this very high percentage, which, for example, exceeds 90% in some areas where attacks against the LGTBIQ+ community go completely unpunished, lies in the fact that many victims do not report the crime for fear of reprisals, the lack of support from their social and family environment, the belief that no one will take their complaints seriously or the lack of confidence in the justice system and law enforcement agencies. Therefore, in order to put an end to these very high levels of under-reporting, constant efforts are needed on the part of the public authorities so that victims feel supported and can trust the justice system, the police or any victim assistance service.
Undoubtedly, the rise of hate speech on social networks is another challenge we face as a society. Under the ‘anonymity’ of the networks, an anonymity that is not entirely real, but which does make it extremely difficult to locate those responsible, hate messages towards individuals and groups of people are increasingly frequent and reflect the magnitude of the problem we face, with an increasingly polarised society and where deliberate misinformation contributes to the radicalisation and spread of hate that then materialises outside the social networks. Perhaps the solution to ‘cyberhate’ lies not only in how to counteract the discriminatory narrative that circulates on the networks, but also in greater collaboration between digital platforms, the judiciary and the security forces. In any case, when we talk about fighting hate, about preventing more pain and suffering, we cannot wait any longer.
Fighting hatred requires the unanimous collaboration of governments, institutions and, of course, civil society and the media. All of society as a whole must act under the same commitment if we really want to build a free, egalitarian and just society. This commitment is none other than to put an end to hatred. Only then can we honour the victims and remember their stories. But for this to happen, actions must be concrete, real and effective if we want to prevent future aggressions and have a capacity to respond to the victims.
Everything adds up in the fight against hate and everyone can contribute to building a society where diversity is celebrated and never hated.
A society where no one is singled out and persecuted for who they are.
A society with no place for hate.
And without fear.
🇮🇹ITALIANO🇸🇲
NON C’È POSTO PER L’ODIO
(Giornata Europea delle Vittime dei Crimini d’Odio)
L’odio è un veleno che permea la nostra società. Ogni giorno, migliaia di persone subiscono atti di violenza e discriminazione che hanno le loro radici in pregiudizi sull’identità, l’etnia, il credo religioso, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, lo stato di salute, la disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, reale o percepita. Dobbiamo quindi essere consapevoli dell’importanza di combattere l’odio e l’intolleranza in tutte le sue forme se vogliamo davvero costruire una società rispettosa della diversità presente nell’umanità e veramente inclusiva.
In Europa la data del 22 luglio è tristemente segnata come l’anniversario di uno degli episodi più sanguinosi della sua storia recente. Quel giorno, il 22 luglio 2011, l’odio più estremo ha tolto la vita a 77 persone, molte delle quali giovani, in due brutali attacchi perpetrati da Anders Behring Breivik a Oslo e sull’isola di Utøya. Spinto dall’odio viscerale per tutto ciò che è inclusivo e multiculturale, Breivik, un estremista di destra, ha piazzato un’autobomba negli uffici dell’allora primo ministro norvegese e poi segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. In quel primo attentato, otto persone rimasero uccise. Ma il peggio doveva ancora venire.
Alcune ore dopo, Breivik si recò sull’isola di Utøya, dove un gruppo di giovani stava partecipando a un campo giovanile organizzato dal Partito Laburista Norvegese. Arrivato sul posto, ha sparato indiscriminatamente, uccidendo selvaggiamente 69 giovani. In totale, il bilancio di entrambe le atrocità è stato di 77 morti e 319 feriti di varia gravità. Per questo motivo, dal 2015, ogni 22 luglio si celebra la Giornata europea delle vittime dei crimini d’odio. Questa giornata è quindi molto più di una semplice data, è un vero e proprio promemoria di quanto lontano possano arrivare l’odio e la violenza e di come possano riemergere in qualsiasi momento e colpire pesantemente il cuore della nostra società, lacerandola completamente. Per questo motivo, è urgente che, a tutti i livelli della società, si affronti il problema dei crimini d’odio e della loro diffusione in una società sempre più polarizzata, non solo in Europa, ma in tutto il mondo.
I crimini d’odio, infatti, sono vere e proprie violazioni dei diritti umani perpetrate in modo crudele e selvaggio sulle persone e anche sulle loro proprietà. Le persone che compiono questi crimini sono motivate da pregiudizi causati da ignoranza, disinformazione e stereotipi che circolano nella società. Le forme in cui l’odio si manifesta includono aggressioni fisiche, minacce, coercizione, molestie, cyber-bullismo e atti di vandalismo. Tutte queste forme inviano un chiaro messaggio di volontà di distruzione e annientamento di individui o gruppi di individui sulla base delle loro caratteristiche personali e identitarie.
Le tracce lasciate dall’odio sono molto più profonde e durature di quanto si possa pensare. Quando una vittima viene aggredita, non stiamo parlando solo delle lesioni fisiche che possono derivare dall’aggressione, ma dobbiamo anche tenere conto delle profonde ferite emotive e psicologiche che le vittime possono portare con sé per il resto della loro vita. Così, oltre al dolore fisico, le vittime sperimentano anche paura, ansia, depressione e una costante sensazione di insicurezza. Tutto ciò genera una costante sensazione di terrore, nonché un’atmosfera di esclusione e autoisolamento a causa del messaggio di intimidazione, molestia, rifiuto e persino distruzione che ogni atto violento motivato da odio discriminatorio porta con sé.
I crimini d’odio sono aumentati in modo allarmante negli ultimi anni, non solo in Europa ma anche nel mondo. Secondo vari rapporti e dati pubblicati dall’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali e dall’OSCE, si è registrata un’allarmante tendenza all’aumento degli atti di violenza e discriminazione nei confronti di persone appartenenti a minoranze etniche, religiose e LGTBIQ+. Qual è la causa di questo aumento? Non è facile determinare una causa specifica ma, senza dubbio, i pregiudizi, le campagne di disinformazione e i bersagli deliberati, la criminalizzazione di alcuni gruppi di popolazione e, in breve, la violenza strutturale e culturale che è molto presente nella nostra società, sono il terreno ideale per l’aumento dei casi di violenza d’odio discriminatoria. A tutto ciò si aggiunge una crescente polarizzazione sociale e la retorica e i discorsi d’odio dei partiti di estrema destra. Per tutti questi motivi, la risposta per porre fine ai crimini d’odio deve includere non solo le autorità pubbliche, che devono promuovere politiche attive di inclusione, ma anche il ruolo essenziale dell’educazione e, naturalmente, l’azione indispensabile della società civile.
Detto questo, per quanto riguarda il ruolo delle autorità pubbliche, i Paesi europei, come nel resto del mondo, devono attuare riforme legislative efficaci per combattere i crimini d’odio. Ma, al di là dell’inasprimento delle pene per questo tipo di reati, ogni riforma legislativa deve trasmettere un messaggio chiaro da parte del legislatore: nessuna democrazia che si rispetti può permettere la violenza, l’odio e la discriminazione tra la sua popolazione. Per questo motivo, la cooperazione internazionale tra i Paesi del vicinato europeo, così come al di fuori dell’Europa, è essenziale anche per unificare la legislazione e attuare politiche simili nei diversi Paesi. Solo in questo modo sarà possibile fare passi avanti per sradicare l’odio dalla nostra società.
Ma, naturalmente, lo strumento più importante per porre fine all’odio è senza dubbio l’istruzione. I programmi educativi a tutti i livelli, dall’istruzione primaria a quella universitaria, devono promuovere la diversità, l’inclusione e il rispetto dei diritti umani per prevenire l’aumento della discriminazione e della violenza, non solo nelle scuole, ma anche negli spazi pubblici, contribuendo così all’eliminazione dei pregiudizi e alla promozione di una cultura di pace, libertà, uguaglianza e rispetto. Allo stesso modo, la sensibilizzazione della società attraverso campagne pubbliche deve essere presente per trasmettere alla società nel suo complesso che l’odio può avere un posto nella nostra vita e che dobbiamo denunciare i crimini di odio in ogni momento e in ogni luogo.
Ovviamente, fornire sostegno alle vittime di crimini d’odio è assolutamente essenziale per il loro recupero. Oltre all’assistenza legale, è necessaria un’adeguata assistenza medica e psicologica per le vittime. A questo proposito, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo fondamentale nell’offrire sostegno e risorse alle vittime in modo sicuro, gratuito e riservato. In ogni caso, l’aiuto delle organizzazioni della società civile non potrà mai sostituire il ruolo delle autorità pubbliche nel fornire risorse e personale ai servizi pubblici per le vittime.
D’altra parte, è necessario monitorare e registrare tutti i casi di aggressione per comprendere la gravità del problema e, in questo modo, sviluppare piani strategici per combattere l’odio in tutte le sue forme. Per questo motivo, le agenzie e gli altri enti che lavorano per i diritti umani devono migliorare i sistemi di registrazione e di raccolta dei dati per garantire una risposta rapida da parte delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario. Questo affinché le vittime possano sentirsi sicure nel denunciare le aggressioni subite.
Come già detto, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella lotta contro i crimini d’odio. Lo fanno non solo offrendo sostegno diretto alle vittime, ma anche facendo pressione per ottenere cambiamenti nella legislazione e nelle politiche inclusive per migliorare la protezione delle vittime. Tutto questo, insieme agli enormi sforzi che compiono per educare e sensibilizzare l’intera società, difendendo i diritti umani e promuovendo i valori del rispetto e della convivenza pacifica.
Un esempio di organizzazioni che collaborano all’eliminazione dei crimini d’odio è la Rete europea contro il razzismo (ENAR), che riunisce organizzazioni di tutta Europa nella lotta contro la discriminazione razziale, influenzando le politiche pubbliche e promuovendo la cooperazione tra le comunità colpite dall’odio razziale. Un altro esempio è la Fondazione Internazionale per i Diritti Umani (IHRF), che ha rappresentanti in più di quindici Paesi e annovera tra le sue fila professionisti di diversi settori che contribuiscono altruisticamente con tutto il loro impegno ad assistere le vittime di ogni forma di violazione dei diritti umani e, quindi, di ogni forma di crimine e discorso d’odio. Ma, al di là delle organizzazioni, è nella popolazione nel suo complesso che risiede la capacità trasformativa di porre fine all’odio e di rivendicare i diritti umani e l’inviolabile dignità umana delle vittime.
Nella nostra memoria risuona l’eco di quei casi di crimini d’odio che hanno sconvolto la società e provocato una risposta di solidarietà e una richiesta di cambiamento per porre fine alle aggressioni. Alcuni casi sono stati particolarmente rilevanti e drammatici:
L’omicidio di Stephen Lawrence (Regno Unito, 1993): Un giovane di origine africana ucciso da un gruppo di suprematisti, ha portato a una revisione totale delle leggi di polizia e antirazzismo nel Paese. La reazione sociale e le modifiche legislative seguite a questo caso hanno evidenziato l’importanza di affrontare i crimini d’odio con serietà e determinazione.
Attentati al chiodo di Londra (Regno Unito 1999): David Copeland, un neonazista, ha perpetrato una serie di attentati con le unghie a Londra nell’aprile 1999. Gli attacchi presero di mira comunità di origine africana, bengalesi e omosessuali. Tre persone furono uccise, tra cui una donna incinta di quattro mesi, e altre 140 rimasero ferite. L’intenzione di Copeland era quella di scatenare una guerra razziale nel Regno Unito.
Attacchi alla comunità rom (Italia, 2008): Nel 2008, diverse comunità rom in Italia sono state brutalmente attaccate. Incendi dolosi e attacchi fisici sono stati compiuti contro villaggi in cui vivevano famiglie rom a Napoli e in altre città italiane. Gli attacchi sono stati motivati da razzismo e xenofobia contro la comunità rom, riflettendo un aumento della violenza e della discriminazione contro i rom in Italia in quel periodo. Un rifiuto che continua ancora oggi.
L’omicidio di Jo Cox (Regno Unito, 2016): Jo Cox, deputata laburista britannica e sostenitrice della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, è stata uccisa per mano di Thomas Mair mentre incontrava i suoi elettori. Mair ha gridato “Britain First” durante l’attacco, dimostrando la natura politica e odiosa del crimine.
Attacco alla sinagoga di Halle (Germania, 2019): Il 9 ottobre 2019, Stephan Balliet, un estremista di destra, ha tentato di entrare in una sinagoga di Halle, in Sassonia-Anhalt, durante lo Yom Kippur, una delle festività più sacre del calendario ebraico. Non riuscendovi, ha sparato e ucciso due persone nelle vicinanze. L’attacco, trasmesso in diretta da Balliet, è stato motivato dall’antisemitismo e dall’odio verso i migranti.
Assassinio di Samuel Luiz (Spagna, 2021): Il 3 luglio 2021, Samuel Luiz Muniz, un uomo di 24 anni, è stato brutalmente picchiato a morte a A Coruña. Tutto è iniziato con un malinteso: gli aggressori pensavano che Samuel li stesse filmando con il suo cellulare. Durante l’aggressione, gli aggressori hanno pronunciato insulti omofobi, il che permette di considerare il crimine come un possibile crimine d’odio motivato dall’orientamento sessuale della vittima. Il caso è ancora in attesa di giudizio.
Questo è solo un piccolo esempio di ciò che l’odio può fare. Non è un caso isolato, non è un evento isolato e certamente non è solo un evento drammatico che occupa, si spera, qualche telegiornale per qualche giorno. L’odio c’è, si nutre dei pregiudizi della nostra società ed è diffuso da coloro che credono di avere il diritto di mettere in discussione l’esistenza di chi è diverso a causa della sua origine nazionale, del suo credo religioso o del suo orientamento sessuale e identità di genere. Ma l’odio è molto di più, è un veleno che distrugge la nostra società dall’interno. Un veleno che è mortale.
I media devono essere consapevoli del loro ruolo nel fornire copertura mediatica ai casi di crimini d’odio. A partire dalla libertà di espressione, stampa e informazione, tutta la copertura mediatica deve essere etica e responsabile, al fine di svolgere la funzione di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità dei crimini d’odio e sulla necessità di adottare tutte le misure necessarie per sradicarli. Tuttavia, in più di qualche occasione, il modo in cui vengono trattate le informazioni relative ai crimini d’odio può anche avere un’influenza negativa sulla percezione pubblica della società, contribuendo così a perpetuare i pregiudizi e gli stereotipi che sono alla base dell’odio che dobbiamo combattere. Per questo motivo, è essenziale che i media evitino sempre di trattare le informazioni relative ai crimini d’odio in modo sensazionalistico e cerchino di riferire in modo oggettivo, senza alcun tipo di pregiudizio ideologico e mettendo sempre in evidenza la figura e la storia delle vittime e la reazione che ha suscitato nella società. I media possono e devono contribuire a promuovere l’empatia verso le vittime, sensibilizzando la società sulla necessità di combattere la violenza, l’odio, l’intolleranza e la discriminazione.
Dobbiamo essere consapevoli che, nonostante i progressi legislativi e di sensibilizzazione sociale, i crimini d’odio continuano a essere un problema serio, una vera e propria piaga per la nostra società. Inoltre, uno dei maggiori problemi dei crimini d’odio è l’altissima percentuale di sottodenunce. La ragione di questa altissima percentuale, che ad esempio supera il 90% in alcune aree in cui gli attacchi contro la comunità LGTBIQ+ rimangono del tutto impuniti, risiede nel fatto che molte vittime non denunciano il reato per paura di ritorsioni, per la mancanza di sostegno da parte del loro ambiente sociale e familiare, per la convinzione che nessuno prenderà sul serio le loro denunce o per la mancanza di fiducia nel sistema giudiziario e nelle forze dell’ordine. Pertanto, per porre fine a questi altissimi livelli di sottodenuncia, è necessario un impegno costante da parte delle autorità pubbliche, affinché le vittime si sentano sostenute e possano fidarsi del sistema giudiziario, della polizia o di qualsiasi servizio di assistenza alle vittime.
Senza dubbio, l’aumento dei discorsi di odio sui social network è un’altra sfida che dobbiamo affrontare come società. Sotto l’“anonimato” delle reti, un anonimato che non è del tutto reale, ma che rende estremamente difficile individuare i responsabili, i messaggi di odio verso individui e gruppi di persone sono sempre più frequenti e riflettono l’entità del problema che dobbiamo affrontare, con una società sempre più polarizzata e in cui la disinformazione deliberata contribuisce alla radicalizzazione e alla diffusione dell’odio che poi si concretizza al di fuori delle reti sociali. Forse la soluzione al “cyber-odio” non sta solo nel contrastare la narrativa discriminatoria che circola sulle reti, ma anche in una maggiore collaborazione tra piattaforme digitali, magistratura e forze di sicurezza. In ogni caso, quando si parla di lotta all’odio, di prevenire altro dolore e sofferenza, non si può più aspettare.
La lotta all’odio richiede la collaborazione unanime di governi, istituzioni e, naturalmente, della società civile e dei media. L’intera società deve agire con lo stesso impegno se vogliamo davvero costruire una società libera, egualitaria e giusta. Questo impegno non è altro che quello di porre fine all’odio. Solo allora potremo onorare le vittime e ricordare le loro storie. Ma perché ciò avvenga, le azioni devono essere concrete, reali ed efficaci, se vogliamo prevenire future aggressioni e avere la capacità di rispondere alle vittime.
Tutto concorre alla lotta contro l’odio e tutti possono contribuire a costruire una società in cui la diversità sia celebrata e mai odiata.
Una società in cui nessuno sia individuato e perseguitato per ciò che è.
Una società in cui non ci sia posto per l’odio.
E senza paura.
🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
PAS DE PLACE POUR LA HAINE
(Journée Européenne des Victimes de Crimes de Haine)
La haine est un poison qui imprègne notre société. Chaque jour, des milliers de personnes subissent des actes de violence et de discrimination qui prennent racine dans des préjugés sur l’identité, l’ethnie, les croyances religieuses, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’état de santé, le handicap ou toute autre caractéristique personnelle, qu’elle soit réelle ou perçue. Nous devons donc être très conscients de l’importance de combattre la haine et l’intolérance sous toutes leurs formes si nous voulons réellement construire une société respectueuse de la diversité présente dans l’humanité et véritablement inclusive.
En Europe, la date du 22 juillet est tristement marquée par l’anniversaire d’un des épisodes les plus sanglants de son histoire récente. Ce jour-là, le 22 juillet 2011, la haine à son paroxysme a coûté la vie à 77 personnes, dont de nombreux jeunes, lors de deux attaques brutales perpétrées par Anders Behring Breivik à Oslo et sur l’île d’Utøya. Poussé par sa haine viscérale de tout ce qui est inclusif et multiculturel, Breivik, un extrémiste de droite, a posé une voiture piégée dans les bureaux du Premier ministre norvégien de l’époque et futur secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Ce premier attentat à la voiture piégée a fait huit morts. Mais le pire restait à venir.
Quelques heures plus tard, Breivik s’est rendu en voiture sur l’île d’Utøya, où un groupe de jeunes participait à un camp de jeunes organisé par le parti travailliste norvégien. Arrivé sur place, il a tiré à l’aveugle, tuant sauvagement 69 jeunes. Au total, ces deux atrocités ont fait 77 morts et 319 blessés plus ou moins graves. C’est pourquoi, depuis 2015, la Journée européenne des victimes des crimes de haine est célébrée chaque 22 juillet. Ainsi, cette journée est bien plus qu’une simple date, c’est un véritable rappel de la portée de la haine et de la violence qui peuvent ressurgir à tout moment et porter un coup dur au cœur de notre société, la déchirant complètement. C’est pourquoi il est urgent de s’attaquer, à tous les niveaux de la société, au problème des crimes de haine et de leur propagation dans une société de plus en plus polarisée, non seulement en Europe, mais dans le monde entier.
En effet, les crimes de haine sont de véritables violations des droits de l’homme perpétrées de manière cruelle et sauvage sur des personnes et sur leurs biens. Les auteurs de ces crimes sont motivés par des préjugés dus à l’ignorance, à la désinformation et aux stéréotypes qui circulent dans la société. Ainsi, les formes sous lesquelles la haine se manifeste comprennent l’agression physique, les menaces, la coercition, le harcèlement, la cyberintimidation et les actes de vandalisme. Toutes ces formes envoient un message clair de volonté de destruction et d’anéantissement d’individus ou de groupes d’individus sur la base de leurs caractéristiques personnelles et identitaires.
Les traces laissées par la haine sont beaucoup plus profondes et durables qu’on ne le pense à première vue. Lorsqu’une victime est agressée, il ne s’agit pas seulement des blessures physiques qui peuvent résulter de l’agression, il faut également prendre en compte les profondes blessures émotionnelles et psychologiques que les victimes peuvent porter en elles pour le reste de leur vie. Ainsi, au-delà de la douleur physique, les victimes ressentent la peur, l’anxiété, la dépression et un sentiment constant d’insécurité. Tout cela génère un sentiment constant de terreur ainsi qu’une atmosphère d’exclusion et d’auto-isolement en raison du message d’intimidation, de harcèlement, de rejet et même de destruction que tout acte violent motivé par une haine discriminatoire porte en lui.
Les crimes de haine ont augmenté de façon alarmante ces dernières années, non seulement en Europe mais aussi dans le monde entier. Selon divers rapports et données publiés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’OSCE, les actes de violence et de discrimination à l’encontre des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et LGTBIQ+ ont connu une tendance alarmante à la hausse. Quelle est la cause de cette augmentation ? Il n’est pas facile de déterminer une cause précise mais, sans aucun doute, les préjugés, les campagnes de désinformation et le ciblage délibéré, la criminalisation de certains groupes de population, bref, la violence structurelle et culturelle très présente dans notre société, constituent le terreau idéal pour l’augmentation des cas de violence haineuse discriminatoire. A cela s’ajoutent une polarisation sociale croissante ainsi que la rhétorique et les discours de haine des partis d’extrême droite. Pour toutes ces raisons, la réponse pour mettre fin aux crimes de haine doit inclure non seulement les autorités publiques, qui doivent promouvoir des politiques actives d’inclusion, mais aussi le rôle essentiel de l’éducation et, bien sûr, l’action indispensable de la société civile.
Cela dit, en ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics, les pays européens, comme dans le reste du monde, doivent procéder à des réformes législatives efficaces pour lutter contre les crimes de haine. Mais au-delà de l’aggravation des peines pour ce type de crime, toute réforme législative doit véhiculer un message clair du législateur : aucune démocratie qui se respecte ne peut tolérer la violence, la haine et la discrimination au sein de sa population. C’est pourquoi la coopération internationale entre les pays du voisinage européen, ainsi qu’en dehors de l’Europe, est également essentielle pour unifier les législations et mettre en œuvre des politiques similaires dans les différents pays. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de progresser dans l’éradication de la haine dans notre société.
Mais, bien sûr, l’instrument le plus important pour mettre fin à la haine est, sans aucun doute, l’éducation. Les programmes éducatifs à tous les niveaux, de l’enseignement primaire à l’enseignement universitaire, doivent promouvoir la diversité, l’inclusion et le respect des droits de l’homme afin de prévenir la montée de la discrimination et de la violence, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les espaces publics, contribuant ainsi à l’élimination des préjugés et à la promotion d’une culture de la paix, de la liberté, de l’égalité et du respect. De même, la sensibilisation de la société par le biais de campagnes publiques doit également être présente afin de faire comprendre à l’ensemble de la société que la haine peut avoir sa place dans nos vies et que nous devons dénoncer les crimes de haine à tout moment et en tout lieu.
Il est évident que le soutien aux victimes de crimes de haine est absolument essentiel à leur rétablissement. Au-delà de l’assistance juridique, une prise en charge médicale et psychologique adéquate des victimes est nécessaire. À cet égard, les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel en offrant un soutien et des ressources aux victimes de manière sûre, gratuite et confidentielle. Mais, en tout état de cause, cette aide des organisations de la société civile ne peut jamais remplacer le rôle des autorités publiques dans l’attribution de ressources et de personnel aux services publics d’aide aux victimes.
D’autre part, il est nécessaire de surveiller et d’enregistrer tous les cas d’agression afin de comprendre la gravité du problème et, ainsi, de développer des plans stratégiques pour combattre la haine sous toutes ses formes. C’est pourquoi les agences et autres entités travaillant pour les droits de l’homme doivent améliorer les systèmes d’enregistrement et de collecte de données afin de garantir une réponse rapide de la part des forces de l’ordre et du système judiciaire. Ceci afin que les victimes puissent se sentir en sécurité pour signaler les agressions qu’elles ont subies.
Comme mentionné ci-dessus, les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les crimes de haine. Elles le font non seulement en offrant un soutien direct aux victimes, mais aussi en faisant pression pour que des changements soient apportés à la législation et aux politiques d’inclusion afin d’améliorer la protection des victimes. Tout cela s’ajoute aux efforts considérables qu’elles déploient pour éduquer et sensibiliser l’ensemble de la société en défendant les droits de l’homme et en promouvant les valeurs de respect et de coexistence pacifique.
Un exemple d’organisations qui collaborent à l’éradication des crimes de haine est le Réseau européen contre le racisme (ENAR), qui rassemble des organisations de toute l’Europe dans la lutte contre la discrimination raciale, en influençant les politiques publiques et en promouvant la coopération entre les communautés qui ont été affectées par la haine raciale. Un autre exemple serait la Fondation internationale des droits de l’homme (IHRF), qui a des représentants dans plus de quinze pays et compte dans ses rangs des professionnels de différents domaines qui, par altruisme, mettent tout en œuvre pour aider les victimes de toutes les formes de violations des droits de l’homme et, par conséquent, de toutes les formes de crimes et de discours de haine. Mais, au-delà des organisations, c’est dans la population dans son ensemble que réside la capacité de transformation pour mettre fin à la haine et défendre les droits de l’homme et la dignité humaine inviolable des victimes.
Les échos des cas de crimes de haine qui ont choqué la société et provoqué une réaction de solidarité et une demande de changement pour mettre fin aux agressions résonnent dans notre mémoire. Certains cas ont été particulièrement pertinents et dramatiques :
Le meurtre de Stephen Lawrence (Royaume-Uni, 1993) : Un jeune homme d’origine africaine assassiné par un groupe de suprémacistes a conduit à une révision totale des lois sur le maintien de l’ordre et la lutte contre le racisme dans le pays. La réaction sociale et les changements législatifs qui ont suivi cette affaire ont mis en évidence l’importance de s’attaquer aux crimes de haine avec sérieux et détermination.
Attentats à la bombe dans les clous de Londres (Royaume-Uni 1999) : David Copeland, un néo-nazi, a perpétré une série d’attentats à la bombe avec des clous à Londres en avril 1999. Les attaques visaient les communautés d’origine africaine, les Bengalis et les homosexuels. Trois personnes ont été tuées, dont une femme enceinte de quatre mois, et 140 autres ont été blessées. L’intention de Copeland était de déclencher une guerre raciale au Royaume-Uni.
Attaques contre la communauté rom (Italie, 2008) : En 2008, plusieurs communautés roms ont été brutalement attaquées en Italie. Des incendies criminels et des agressions physiques ont été perpétrés contre des villages où vivaient des familles roms à Naples et dans d’autres villes italiennes. Ces attaques étaient motivées par le racisme et la xénophobie à l’égard de la communauté rom, reflétant une augmentation de la violence et de la discrimination à l’égard des Roms en Italie au cours de cette période. Un rejet qui perdure.
Le meurtre de Jo Cox (Royaume-Uni, 2016) : Jo Cox, députée travailliste britannique et partisane du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, a été assassinée par Thomas Mair alors qu’elle rencontrait ses électeurs. Mair a crié « Britain First » pendant l’attaque, démontrant ainsi la nature politique et haineuse du crime.
Attaque de la synagogue de Halle (Allemagne, 2019) : Le 9 octobre 2019, Stephan Balliet, un extrémiste de droite, a tenté d’entrer dans une synagogue à Halle, en Saxe-Anhalt, pendant le Yom Kippour, l’une des fêtes les plus sacrées du calendrier juif. N’y parvenant pas, il a abattu deux personnes qui se trouvaient à proximité. L’attaque, retransmise en direct par Balliet, était motivée par l’antisémitisme et la haine des migrants.
Assassinat de Samuel Luiz (Espagne, 2021) : Le 3 juillet 2021, Samuel Luiz Muniz, un jeune homme de 24 ans, est sauvagement battu à mort à La Corogne. Tout a commencé par un malentendu au cours duquel les agresseurs ont cru que Samuel les filmait avec son téléphone portable. Au cours de l’attaque, les agresseurs ont proféré des insultes homophobes, ce qui permet de considérer le crime comme un possible crime de haine motivé par l’orientation sexuelle de la victime. L’affaire est toujours en attente de jugement.
Ce n’est qu’un petit exemple de ce que la haine peut faire. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, il ne s’agit pas d’un événement unique et il ne s’agit certainement pas d’un événement dramatique qui occupe, avec un peu de chance, quelques journaux télévisés pendant quelques jours. La haine est là, elle se nourrit des préjugés de notre société et est propagée par ceux qui croient avoir le droit de remettre en question l’existence de ceux qui sont différents en raison de leur origine nationale, de leurs croyances religieuses ou de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Mais la haine est bien plus que cela, c’est un poison, un poison qui détruit notre société de l’intérieur. Un poison mortel.
Les médias doivent être conscients de leur rôle dans la couverture médiatique des affaires de crimes de haine. Dans le cadre de la liberté d’expression, de la presse et de l’information, toute couverture médiatique doit être éthique et responsable afin de remplir la fonction de sensibilisation du public à la gravité des crimes de haine et à la nécessité d’adopter toutes les mesures nécessaires pour les éradiquer. Cependant, à plusieurs reprises, la manière dont les informations relatives aux crimes de haine sont traitées peut également avoir une influence négative sur la perception de la société par le public et contribuer ainsi à la perpétuation des préjugés et des stéréotypes qui sont à l’origine de la haine que nous devons combattre. C’est pourquoi il est essentiel que les médias évitent à tout moment de traiter les informations relatives aux crimes de haine de manière sensationnaliste et s’efforcent de les rapporter de manière objective, sans aucun parti pris idéologique et en mettant toujours en évidence la figure et l’histoire des victimes ainsi que la réaction qu’elles ont suscitée au sein de la société. Les médias peuvent et doivent contribuer à promouvoir l’empathie envers les victimes en sensibilisant la société à la nécessité de lutter contre la violence, la haine, l’intolérance et la discrimination.
Nous devons être bien conscients que, malgré les avancées législatives et de sensibilisation sociale, les crimes de haine restent un problème grave, un véritable fléau pour notre société. En outre, l’un des plus grands problèmes liés aux crimes de haine est le pourcentage très élevé de sous-déclaration. La raison de ce pourcentage très élevé, qui dépasse par exemple 90 % dans certaines régions où les agressions contre la communauté LGTBIQ+ restent totalement impunies, réside dans le fait que de nombreuses victimes ne signalent pas le crime par peur des représailles, par manque de soutien de leur environnement social et familial, parce qu’elles pensent que personne ne prendra leur plainte au sérieux ou par manque de confiance dans le système judiciaire et les autorités chargées de l’application de la loi. Par conséquent, pour mettre fin à ces niveaux très élevés de sous-déclaration, des efforts constants sont nécessaires de la part des autorités publiques afin que les victimes se sentent soutenues et puissent faire confiance au système judiciaire, à la police ou à tout service d’aide aux victimes.
Sans aucun doute, la montée des discours de haine sur les réseaux sociaux est un autre défi auquel nous sommes confrontés en tant que société. Sous l’« anonymat » des réseaux, un anonymat qui n’est pas tout à fait réel, mais qui rend extrêmement difficile la localisation des responsables, les messages de haine envers des individus et des groupes de personnes sont de plus en plus fréquents et reflètent l’ampleur du problème auquel nous sommes confrontés, avec une société de plus en plus polarisée et où la désinformation délibérée contribue à la radicalisation et à la propagation de la haine qui se matérialise ensuite en dehors des réseaux sociaux. Peut-être que la solution à la « cyberhaine » ne réside pas seulement dans la manière de contrer le récit discriminatoire qui circule sur les réseaux, mais aussi dans une plus grande collaboration entre les plateformes numériques, le système judiciaire et les forces de sécurité. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il s’agit de lutter contre la haine, de prévenir davantage de douleur et de souffrance, nous ne pouvons plus attendre.
La lutte contre la haine nécessite la collaboration unanime des gouvernements, des institutions et, bien sûr, de la société civile et des médias. L’ensemble de la société doit agir avec le même engagement si nous voulons réellement construire une société libre, égalitaire et juste. Cet engagement n’est autre que celui de mettre fin à la haine. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons honorer les victimes et nous souvenir de leur histoire. Mais pour cela, les actions doivent être concrètes, réelles et efficaces si nous voulons prévenir les agressions futures et avoir la capacité de répondre aux victimes.
Tout s’additionne dans la lutte contre la haine et chacun peut contribuer à construire une société où la diversité est célébrée et jamais haïe.
Une société où personne n’est isolé et persécuté pour ce qu’il est.
Une société où la haine n’a pas sa place.
Et sans peur.
🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
NÃO HÁ LUGAR PARA O ÓDIO
(Dia Europeu das Vítimas de Crimes de Ódio)
O ódio é um veneno que permeia a nossa sociedade. Todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de actos de violência e discriminação que radicam em preconceitos de identidade, etnia, crenças religiosas, orientação sexual e identidade de género, estado de saúde, deficiência ou qualquer outra caraterística pessoal, real ou percebida. Devemos, por isso, estar muito conscientes da importância de combater o ódio e a intolerância em todas as suas formas, se queremos efetivamente construir uma sociedade que respeite a diversidade presente na humanidade e que seja verdadeiramente inclusiva.
Na Europa, a data de 22 de julho é tristemente assinalada como o aniversário de um dos episódios mais sangrentos da sua história recente. Nesse dia, 22 de julho de 2011, o ódio no seu estado mais extremo tirou a vida a 77 pessoas, muitas delas jovens, em dois ataques brutais perpetrados por Anders Behring Breivik em Oslo e na ilha de Utøya. Movido pelo seu ódio visceral a tudo o que é inclusivo e multicultural, Breivik, um radical de direita, colocou um carro armadilhado no gabinete do então Primeiro-Ministro da Noruega e mais tarde Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg. Nesse primeiro atentado com carro-bomba, oito pessoas foram mortas. Mas o pior ainda estava para vir.
Horas mais tarde, Breivik dirigiu-se à ilha de Utøya, onde um grupo de jovens participava num acampamento organizado pelo Partido Trabalhista norueguês. Ao chegar ao local, disparou indiscriminadamente, assassinando selvaticamente 69 jovens. No total, o resultado de ambas as atrocidades resultou em 77 pessoas mortas e 319 feridas em diferentes graus de gravidade. Por esta razão, desde 2015, o Dia Europeu das Vítimas de Crimes de Ódio é celebrado todos os dias 22 de julho. Assim, este dia é muito mais do que uma simples data, é um verdadeiro lembrete de quão longe o ódio e a violência podem ir e como podem ressurgir a qualquer momento e desferir um duro golpe no coração da nossa sociedade, dilacerando-a completamente. Por esta razão, é urgente que, a todos os níveis da sociedade, o problema dos crimes de ódio e da sua propagação numa sociedade cada vez mais polarizada seja abordado, não só na Europa, mas em todo o mundo.
De facto, os crimes de ódio são verdadeiras violações dos direitos humanos perpetradas de forma cruel e selvagem contra pessoas e também contra os seus bens. As pessoas que cometem estes crimes são motivadas por preconceitos causados pela ignorância, desinformação e estereótipos que circulam na sociedade. Assim, as formas de manifestação do ódio incluem agressões físicas, ameaças, coação, assédio, cyber-bullying e actos de vandalismo. Todas elas transmitem uma mensagem clara de desejo de destruição e aniquilação de indivíduos ou grupos de indivíduos com base nas suas características pessoais e identitárias.
Os traços deixados pelo ódio são muito mais profundos e duradouros do que se poderia pensar à primeira vista. Quando uma vítima é agredida, não estamos a falar apenas das lesões físicas que podem resultar da agressão, temos também de ter em conta as profundas feridas emocionais e psicológicas que as vítimas podem carregar consigo para o resto das suas vidas. Assim, as vítimas, para além da dor física, sentem também medo, ansiedade, depressão e um constante sentimento de insegurança. Tudo isto gera um sentimento constante de terror, bem como uma atmosfera de exclusão e auto-isolamento devido à mensagem de intimidação, assédio, rejeição e até destruição que qualquer ato violento motivado pelo ódio discriminatório acarreta.
Os crimes de ódio têm vindo a aumentar de forma alarmante nos últimos anos, não só na Europa, mas também a nível mundial. De acordo com vários relatórios e dados publicados pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e pela OSCE, tem-se verificado uma tendência alarmante para o aumento dos actos de violência e discriminação contra pessoas pertencentes a minorias étnicas, religiosas e LGTBIQ+. Qual é a causa deste aumento? Não é fácil determinar uma causa específica, mas, sem dúvida, o preconceito, as campanhas de desinformação e o direcionamento deliberado, a criminalização de determinados grupos populacionais e, em suma, a violência estrutural e cultural muito presente na nossa sociedade, são o terreno ideal para o aumento dos casos de violência discriminatória e de ódio. A tudo isto há que acrescentar uma crescente polarização social, bem como a retórica e o discurso de ódio utilizados pelos partidos de extrema-direita. Por tudo isto, a resposta para acabar com os crimes de ódio deve passar não só pelos poderes públicos, que devem promover políticas activas de inclusão, mas também pelo papel essencial da educação e, naturalmente, pela indispensável ação da sociedade civil.
Dito isto, no que respeita ao papel das autoridades públicas, os países europeus, tal como no resto do mundo, devem levar a cabo reformas legislativas efectivas para combater os crimes de ódio. Mas, para além do aumento das penas para este tipo de crimes, qualquer reforma legislativa deve transmitir uma mensagem clara do legislador: nenhuma democracia que se preze pode permitir a violência, o ódio e a discriminação entre a sua população. Por esta razão, a cooperação internacional entre países da vizinhança europeia, bem como fora da Europa, é também essencial para unificar a legislação e implementar políticas semelhantes em diferentes países. Só assim será possível dar passos em frente para erradicar o ódio da nossa sociedade.
Mas, evidentemente, o instrumento mais importante para acabar com o ódio é, sem qualquer dúvida, a educação. Os programas educativos a todos os níveis, desde o ensino primário até ao ensino universitário, devem promover a diversidade, a inclusão e o respeito pelos direitos humanos, a fim de evitar o aumento da discriminação e da violência, não só nas escolas, mas também nos espaços públicos, contribuindo assim para a eliminação dos preconceitos e fomentando uma cultura de paz, liberdade, igualdade e respeito. Da mesma forma, a sensibilização da sociedade através de campanhas públicas também deve estar presente para transmitir a toda a sociedade que o ódio pode ter lugar nas nossas vidas e que devemos denunciar os crimes de ódio em todos os momentos e em todos os lugares.
Obviamente, prestar apoio às vítimas de crimes de ódio é absolutamente essencial para a sua recuperação. Para além da assistência jurídica, é necessário prestar cuidados médicos e psicológicos adequados às vítimas. A este respeito, as organizações da sociedade civil desempenham um papel vital na oferta de apoio e recursos às vítimas de forma segura, gratuita e confidencial. Mas, em todo o caso, esta assistência das organizações da sociedade civil nunca pode substituir o papel das autoridades públicas em termos de recursos e de pessoal dos serviços públicos de apoio às vítimas.
Por outro lado, é necessário monitorizar e registar todos os casos de agressão para se perceber a gravidade do problema e, assim, desenvolver planos estratégicos de combate ao ódio em todas as suas formas. Por isso, os organismos e outras entidades que trabalham em prol dos direitos humanos precisam de melhorar os sistemas de registo e recolha de dados para garantir uma resposta rápida por parte das autoridades policiais e do sistema de justiça. Isto para que as vítimas se sintam seguras para denunciar as agressões que sofreram.
Como já foi referido, as organizações da sociedade civil desempenham um papel essencial na luta contra os crimes de ódio. Fazem-no não só oferecendo apoio direto às vítimas, mas também exercendo pressão para que a legislação e as políticas inclusivas sejam alteradas de forma a melhorar a proteção das vítimas. Tudo isto, a par do enorme esforço que fazem para educar e sensibilizar toda a sociedade, defendendo os direitos humanos e promovendo os valores do respeito e da convivência pacífica.
Um exemplo de organizações que colaboram na erradicação dos crimes de ódio é a Rede Europeia Contra o Racismo (ENAR), que reúne organizações de toda a Europa na luta contra a discriminação racial, influenciando políticas públicas e promovendo a cooperação entre comunidades afectadas pelo ódio racial. Outro exemplo é a International Human Rights Foundation (IHRF), que tem representantes em mais de quinze países e conta com profissionais de diferentes áreas que, de forma altruísta, contribuem com todo o seu trabalho para ajudar as vítimas de todas as formas de violação dos direitos humanos e, portanto, de qualquer forma de crime de ódio e discurso de ódio. Mas, para além das organizações, é na população como um todo que reside a capacidade transformadora de pôr fim ao ódio e de reivindicar os direitos humanos e a dignidade humana inviolável das vítimas.
Na nossa memória ressoam os ecos dos casos de crimes de ódio que chocaram a sociedade e provocaram uma reação de solidariedade e de exigência de mudança para pôr fim às agressões. Alguns casos foram particularmente relevantes e dramáticos:
O assassinato de Stephen Lawrence (Reino Unido, 1993): Um jovem de ascendência africana assassinado por um grupo de supremacistas, levou a uma revisão total do policiamento e das leis antirracismo no país. A reação social e as alterações legislativas que se seguiram a este caso realçaram a importância de combater os crimes de ódio com seriedade e determinação.
Atentados a pregos em Londres (Reino Unido, 1999): David Copeland, um neonazi, perpetrou uma série de ataques bombistas com pregos em Londres, em abril de 1999. Os ataques visaram comunidades de origem africana, bengalis e homossexuais. Três pessoas foram mortas, uma das quais uma mulher grávida de quatro meses, e 140 outras ficaram feridas. A intenção de Copeland era desencadear uma guerra racial no Reino Unido.
Ataques contra a comunidade cigana (Itália, 2008): Em 2008, várias comunidades ciganas em Itália foram brutalmente atacadas. Em Nápoles e noutras cidades italianas, foram cometidos fogo posto e ataques físicos contra aldeias onde viviam famílias ciganas. Os ataques foram motivados por racismo e xenofobia contra a comunidade cigana, reflectindo um aumento da violência e da discriminação contra os ciganos em Itália durante esse período. Uma rejeição que ainda continua.
Assassinato de Jo Cox (Reino Unido, 2016): Jo Cox, deputada trabalhista britânica e apoiante da permanência do Reino Unido na União Europeia, foi assassinada por Thomas Mair quando se encontrava com os seus eleitores. Durante o ataque, Mair gritou “Britain First”, o que demonstra a natureza política e odiosa do crime.
Ataque na sinagoga de Halle (Alemanha, 2019): Em 9 de outubro de 2019, Stephan Balliet, um extremista de direita, tentou entrar numa sinagoga em Halle, Saxónia-Anhalt, durante o Yom Kippur, um dos feriados mais sagrados do calendário judaico. Não o conseguindo fazer, disparou e matou duas pessoas que se encontravam nas proximidades. O ataque, transmitido em direto pelo canal Balliet, foi motivado pelo antissemitismo e pelo ódio aos imigrantes.
Assassinato de Samuel Luiz (Espanha, 2021): Em 3 de julho de 2021, Samuel Luiz Muniz, um homem de 24 anos, foi brutalmente espancado até à morte na Corunha. Tudo começou com um mal-entendido em que os agressores pensaram que Samuel os estava a filmar com o seu telemóvel. Durante o ataque, os agressores proferiram insultos homofóbicos, o que permite que o crime seja considerado como um possível crime de ódio motivado pela orientação sexual da vítima. O caso ainda está a aguardar julgamento.
Esta é apenas uma pequena amostra do que o ódio pode fazer. Não é um caso isolado, não é um facto isolado e não é certamente um acontecimento dramático que ocupa, esperemos, alguns programas noticiosos durante alguns dias. O ódio existe, alimenta-se dos preconceitos da nossa sociedade e é propagado por aqueles que acreditam ter o direito de questionar a existência daqueles que são diferentes devido à sua origem nacional, crenças religiosas ou à sua orientação sexual e identidade de género. Mas o ódio é muito mais do que isso, é um veneno, um veneno que destrói a nossa sociedade a partir do seu interior. Um veneno que é mortal.
Os meios de comunicação devem estar cientes do papel que desempenham ao dar cobertura midiática aos casos relacionados com os crimes de ódio. Desde a liberdade de expressão, imprensa e informação, toda cobertura midiática deve ser ética e responsável para cumprir a função de sensibilização da população acerca da gravidade dos crimes de ódio e da necessidade de adotar todas as medidas necessárias para erradicá-los. No entanto, em muitas ocasiões, a forma como as informações relacionadas aos crimes de ódio são tratadas pode influenciar negativamente na percepção pública da sociedade e, assim, contribuir para a perpetuação dos preconceitos e estereótipos que estão por trás do ódio que devemos combater. Por essa razão, é essencial que os meios de comunicação evitem em todo momento tratar as informações relacionadas aos crimes de ódio de forma sensacionalista e procurem informar de maneira objetiva, sem qualquer tipo de viés ideológico e destacando sempre a figura e a história das vítimas, bem como a resposta que provocaram na sociedade. Os meios de comunicação podem, e devem, contribuir para o fomento da empatia em relação às vítimas, fazendo com que a sociedade tome consciência da necessidade de lutar contra a violência, o ódio, a intolerância e a discriminação.
Devemos estar muito cientes de que, apesar dos avanços legislativos e da conscientização social, os crimes de ódio continuam sendo um sério problema, uma verdadeira chaga para nossa sociedade. Além disso, um dos maiores problemas dos crimes de ódio é o altíssimo índice de subnotificação. A razão para esse altíssimo índice, que, por exemplo, supera 90% em algumas áreas onde os ataques ao grupo LGTBIQ+ permanecem na total impunidade, é que muitas vítimas não chegam a denunciar por medo de represálias, pela falta de apoio do entorno social e familiar, pela crença de que ninguém levará suas denúncias a sério ou pela falta de confiança na Justiça e nas Forças de Segurança. Portanto, para acabar com esses altíssimos níveis de subnotificação, são necessários esforços constantes por parte dos poderes públicos para que as vítimas se sintam amparadas e, assim, possam confiar na Justiça, na Polícia ou em qualquer serviço de atendimento à vítima.
Indubitavelmente, o aumento do discurso de ódio nas redes sociais é outro dos desafios que enfrentamos como sociedade. Sob o “anonimato” das redes, um anonimato que não é totalmente real, mas que dificulta extremamente a localização de seus responsáveis, as mensagens de ódio contra pessoas e grupos de pessoas são cada vez mais frequentes e refletem a magnitude do problema que enfrentamos, com uma sociedade cada vez mais polarizada e onde a desinformação deliberada contribui para a radicalização e a expansão do ódio que depois se materializa fora das redes sociais. Talvez, a solução para o “ciberódio” não esteja apenas na forma de poder contrapor o relato discriminatório que circula pelas redes, mas também em uma maior colaboração entre as plataformas digitais, a Justiça e as Forças de Segurança. Em qualquer caso, quando se fala de combater o ódio, de evitar mais dor e sofrimento, não podemos esperar mais.
Lutar contra o ódio requer a colaboração unânime de governos, instituições e, claro, da sociedade civil e dos meios de comunicação. Toda a sociedade como um todo deve agir sob um mesmo compromisso se realmente queremos construir uma sociedade livre, igualitária e justa. Este compromisso não é outro senão acabar com o ódio. Só assim poderemos honrar as vítimas e lembrar suas histórias. Mas, para isso, as ações precisam ser concretas, reais e eficazes se quisermos prevenir futuras agressões e ter uma capacidade de resposta para as vítimas.
Tudo soma na luta contra o ódio e toda pessoa pode contribuir para construir uma sociedade onde a diversidade seja celebrada e nunca odiada.
Uma sociedade na qual nenhuma pessoa seja apontada e perseguida por ser quem é.
LA ERA DE LOS DERECHOS HUMANOS 