Una España sin hogar

(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷 – Geschrieben in – 🇩🇪🇦🇹) 

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Hay derechos que deberían estar garantizados para todo el mundo. Uno de ellos es el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, en la España de 2026, encontrar un hogar donde poder vivir con tranquilidad se ha convertido, para cientos de miles de personas, en una auténtica carrera de obstáculos.

Y no hablamos solo de tener cuatro paredes y un techo. Una vivienda digna significa poder construir una vida. Significa dormir sin miedo a que te suban el alquiler de un día para otro, formar una familia si así lo deseas, independizarte, envejecer en tu barrio y no tener que elegir entre pagar la casa o llenar la nevera.

Eso es, precisamente, lo que reconocen tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, como la Constitución Española, en su artículo 47. Sobre el papel, el derecho existe. El problema es que, para muchísimas personas, la realidad va por un camino completamente distinto.

Hoy, acceder a una vivienda es especialmente complicado para la juventud. La edad media de emancipación en España sigue situándose entre las más altas de Europa. No porque los jóvenes no quieran marcharse de casa, sino porque, sencillamente, no pueden. Los salarios no crecen al mismo ritmo que el precio de la vivienda, la precariedad laboral sigue siendo una realidad para muchos y el coste de comprar o alquilar un piso continúa disparado.

Pero esta crisis ya no afecta solo a quienes intentan independizarse por primera vez. También golpea a familias que llevan décadas viviendo en el mismo barrio y que ahora reciben subidas de alquiler imposibles de asumir. Lo mismo sucede con personas mayores que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en la casa donde han pasado media vida y también con cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que, a pesar de contar con un empleo y con un sueldo relativamente asegurado, no consiguen acceder a una vivienda.

Basta con mirar a muchas ciudades españolas. Madrid continúa registrando algunos de los alquileres más elevados del país. Barcelona sigue sufriendo las consecuencias de años de presión turística y escasez de vivienda residencial. Málaga se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo la especulación inmobiliaria puede transformar una ciudad hasta hacerla prácticamente inaccesible para buena parte de quienes nacieron y trabajan en ella. Lo peor es que, poco a poco, esto se está extendiendo a otras ciudades del país para mal de muchos y beneficio de solo unos pocos. 

Detrás de esta situación hay muchos factores, pero uno de los más importantes es haber convertido la vivienda en un producto financiero. Cada vez hay más inmuebles en manos de grandes propietarios y fondos de inversión cuya prioridad no es garantizar el acceso a un hogar, sino maximizar beneficios. Cuando una vivienda deja de ser un lugar para vivir y pasa a ser simplemente un activo con el que especular, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los mismos.

Y mientras hay personas que se ven obligadas a abandonar sus casas porque no pueden asumir una hipoteca o un alquiler que algunos propietarios, movidos únicamente por la codicia, deciden subir sin medida, y mientras cientos de miles de jóvenes siguen atrapados en el hogar familiar porque los precios les impiden independizarse o comenzar un proyecto de vida propio, hay quienes acumulan viviendas como si fueran cromos. También hemos visto cómo algunos responsables públicos han acabado envueltos en polémicas por vender áticos adquiridos con dinero que debía destinarse a mejorar la sanidad pública o por comprar viviendas de lujo valoradas en más de seis millones de euros que, casualmente, desaparecen de su patrimonio cuando estalla el escándalo. Todo ello alimenta una sensación de profunda injusticia y de que no todos juegan con las mismas reglas.

La vivienda no puede convertirse en un privilegio reservado para quien más dinero tenga. No puede ser que el lugar donde una persona construye su vida dependa únicamente de cuánto pueda pagar. Porque un hogar no es una mercancía cualquiera. Es el espacio donde nacen los proyectos, donde crecen las familias, donde descansamos, donde cuidamos de quienes queremos y donde desarrollamos nuestra vida con dignidad.

Resolver este problema exige valentía política y una visión de largo plazo. Hace falta ampliar de forma decidida el parque de vivienda pública y asequible, reforzar la protección frente a los desahucios cuando existan situaciones de vulnerabilidad, perseguir el fraude, combatir la especulación, regular allí donde sea necesario los pisos turísticos que expulsan a los vecinos de sus barrios y favorecer un mercado del alquiler estable, transparente y con precios que permitan vivir, no simplemente sobrevivir.

Porque el derecho a la vivienda no consiste únicamente en tener un techo. Es el derecho a permanecer en tu barrio, a no vivir con el miedo permanente a perder tu casa, a poder planificar el futuro, a criar a tus hijos con estabilidad y a envejecer sin la angustia de no saber dónde vivirás mañana.

Ni la juventud pide mansiones, ni las familias no reclaman privilegios, ni las personas mayores no exigen lujos. Lo único que piden es algo tan sencillo como poder vivir con dignidad.

Porque un país donde trabajar no garantiza poder tener una casa es un país que está fallando a su gente.

Los derechos no se negocian. 

Se garantizan.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
A Spain Without Homes

There are rights that should be guaranteed to everyone. One of them is the right to decent housing. Yet in Spain in 2026, finding a place to call home where you can live with peace of mind has become a genuine uphill struggle for hundreds of thousands of people.

And we are not simply talking about having four walls and a roof. A decent home means being able to build a life. It means going to bed without fearing that your rent will suddenly increase, starting a family if that is what you want, becoming independent, growing old in your own neighbourhood and never having to choose between paying for your home or putting food on the table.

That is precisely what both the Universal Declaration of Human Rights in Article 25 and the Spanish Constitution in Article 47 recognise. On paper, the right exists. The problem is that, for far too many people, reality tells a very different story.

Today, accessing decent housing is particularly difficult for young people. Spain continues to have one of the highest average ages of leaving the family home in Europe. Not because young people do not want to become independent, but because, quite simply, they cannot. Wages are not rising at the same pace as housing costs, insecure employment remains a reality for many, and the cost of buying or renting a home continues to soar.

But this crisis no longer affects only those trying to leave home for the first time. It is also hitting families who have spent decades living in the same neighbourhood and are now facing rent increases they simply cannot afford. The same is true for older people who live with the constant uncertainty of whether they will be able to remain in the homes where they have spent much of their lives. It also affects hundreds of thousands of workers who, despite having stable employment and a regular income, are still unable to access decent housing.

All it takes is a look at many Spanish cities. Madrid continues to record some of the highest rents in the country. Barcelona is still dealing with the consequences of years of tourism pressure and a shortage of residential housing. Málaga has become one of the clearest examples of how property speculation can transform a city until it becomes almost unaffordable for many of the people who were born there and work there. The worst part is that this situation is gradually spreading to other cities across the country, to the detriment of many and the benefit of only a privileged few.

There are many reasons behind this situation, but one of the most significant is that housing has been turned into a financial asset. More and more homes are owned by large landlords and investment funds whose priority is not to guarantee access to a home, but to maximise profits. Once housing stops being a place to live and becomes little more than an investment, it is always ordinary people who pay the price.

While some people are being forced to leave their homes because they can no longer afford a mortgage or a rent increase imposed by landlords driven solely by greed, and while hundreds of thousands of young people remain trapped in the family home because housing costs make independence and any meaningful life project impossible, others continue to accumulate properties as though they were collecting souvenirs. We have also seen public figures become embroiled in controversy after selling luxury penthouses allegedly acquired with money that should have been used to improve public healthcare, or purchasing homes worth more than six million euros that mysteriously disappear from their assets once scandal breaks. All of this fuels a growing sense of injustice and reinforces the belief that the rules do not apply equally to everyone.

Housing cannot become a privilege reserved for those with the greatest wealth. It cannot be acceptable that the place where someone builds a life depends solely on how much they can afford to pay. A home is not just another commodity. It is where dreams begin, where families grow, where we rest, where we care for those we love and where we live our lives with dignity.

Addressing this crisis requires political courage and long term vision. It means expanding the supply of genuinely affordable public housing, strengthening protection against eviction in situations of vulnerability, tackling fraud, curbing speculation, regulating short term tourist accommodation where necessary and creating a stable and transparent rental market with prices that allow people to live rather than merely survive.

Because the right to housing is not simply about having a roof over your head. It is the right to remain in your own neighbourhood, to live without the constant fear of losing your home, to plan for the future, to raise your children in stability and to grow old without wondering where you will be living tomorrow.

Young people are not asking for mansions. Families are not demanding privileges. Older people are not seeking luxury. They are simply asking for something that should never have become extraordinary, the chance to live with dignity.

Because a country where working does not guarantee a home is a country that is failing its people.

Rights are not negotiable.

They must be guaranteed.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲
Una Spagna senza casa

Ci sono diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti. Uno di questi è il diritto a un’abitazione dignitosa. Eppure, nella Spagna del 2026, trovare una casa in cui vivere serenamente è diventato una vera e propria corsa a ostacoli per centinaia di migliaia di persone.

E non stiamo parlando semplicemente di avere quattro mura e un tetto. Una casa dignitosa significa poter costruire una vita. Significa andare a dormire senza la paura che l’affitto aumenti da un giorno all’altro, creare una famiglia se è questo che si desidera, diventare indipendenti, invecchiare nel proprio quartiere e non dover mai scegliere tra pagare la casa e fare la spesa.

È proprio questo che riconoscono sia la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’articolo 25, sia la Costituzione spagnola, all’articolo 47. Sulla carta questo diritto esiste. Il problema è che, per moltissime persone, la realtà racconta una storia completamente diversa.

Oggi accedere a un’abitazione è particolarmente difficile per i giovani. La Spagna continua ad avere una delle età medie di emancipazione più alte d’Europa. Non perché i giovani non vogliano lasciare la casa dei genitori, ma perché, semplicemente, non possono farlo. Gli stipendi non crescono allo stesso ritmo del costo delle abitazioni, la precarietà lavorativa continua a essere una realtà per molti e il prezzo per acquistare o affittare una casa continua ad aumentare.

Ma questa crisi non riguarda più soltanto chi cerca di rendersi indipendente per la prima volta. Colpisce anche famiglie che vivono da decenni nello stesso quartiere e che oggi si trovano ad affrontare aumenti dell’affitto impossibili da sostenere. Lo stesso vale per gli anziani che vivono con l’incertezza di non sapere se potranno continuare a restare nella casa in cui hanno trascorso gran parte della loro vita. E riguarda anche centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che, pur avendo un impiego stabile e uno stipendio regolare, non riescono comunque ad accedere a un’abitazione dignitosa.

Basta osservare molte città spagnole. Madrid continua a registrare alcuni degli affitti più elevati del Paese. Barcellona continua a subire le conseguenze di anni di pressione turistica e della scarsità di abitazioni destinate ai residenti. Malaga è diventata uno degli esempi più evidenti di come la speculazione immobiliare possa trasformare una città fino a renderla praticamente inaccessibile per gran parte di chi vi è nato e vi lavora. La cosa più preoccupante è che questa situazione si sta lentamente estendendo anche ad altre città del Paese, a danno di molti e a vantaggio di pochissimi.

Dietro questa situazione ci sono molte cause, ma una delle più importanti è aver trasformato la casa in un bene finanziario. Sempre più immobili sono nelle mani di grandi proprietari e fondi di investimento la cui priorità non è garantire il diritto a un’abitazione, ma massimizzare i profitti. Quando una casa smette di essere un luogo in cui vivere e diventa semplicemente un bene su cui speculare, a pagarne le conseguenze sono sempre le persone comuni.

Mentre ci sono persone costrette a lasciare la propria casa perché non riescono più a sostenere un mutuo o un affitto aumentato senza alcun limite da proprietari mossi esclusivamente dall’avidità, e mentre centinaia di migliaia di giovani restano bloccati nella casa dei genitori perché il costo delle abitazioni impedisce loro di diventare indipendenti o di costruire un proprio progetto di vita, c’è chi continua ad accumulare immobili come se fossero semplici oggetti da collezione. Abbiamo anche assistito a vicende che hanno coinvolto alcuni responsabili pubblici, finiti al centro delle polemiche dopo aver venduto attici acquistati con denaro che avrebbe dovuto essere destinato al miglioramento della sanità pubblica, oppure dopo aver comprato abitazioni di lusso del valore di oltre sei milioni di euro che, curiosamente, scompaiono dal loro patrimonio quando esplode lo scandalo. Tutto questo alimenta un profondo senso di ingiustizia e rafforza la convinzione che le regole non siano uguali per tutti.

La casa non può trasformarsi in un privilegio riservato a chi possiede più denaro. Non è accettabile che il luogo in cui una persona costruisce la propria vita dipenda esclusivamente da quanto può permettersi di pagare. Una casa non è una merce come le altre. È il luogo dove nascono i progetti, dove crescono le famiglie, dove riposiamo, dove ci prendiamo cura delle persone che amiamo e dove viviamo la nostra vita con dignità.

Affrontare questa crisi richiede coraggio politico e una visione di lungo periodo. Significa aumentare con decisione il patrimonio di edilizia pubblica e accessibile, rafforzare la tutela contro gli sfratti nelle situazioni di vulnerabilità, combattere le frodi, contrastare la speculazione, regolamentare gli alloggi turistici dove necessario e promuovere un mercato degli affitti stabile, trasparente e con prezzi che permettano alle persone di vivere e non semplicemente di sopravvivere.

Perché il diritto alla casa non significa soltanto avere un tetto sopra la testa. Significa poter restare nel proprio quartiere, vivere senza la paura costante di perdere la propria abitazione, poter progettare il futuro, crescere i propri figli in un contesto stabile e invecchiare senza l’angoscia di non sapere dove si vivrà domani.

I giovani non chiedono ville. Le famiglie non reclamano privilegi. Gli anziani non pretendono il lusso. Chiedono semplicemente qualcosa che non avrebbe mai dovuto diventare straordinario, poter vivere con dignità.

Perché un Paese in cui lavorare non garantisce una casa è un Paese che sta tradendo i propri cittadini.

I diritti non sono negoziabili.

Devono essere garantiti.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
Une Espagne sans logement

Il existe des droits qui devraient être garantis à chacun. L’un d’entre eux est le droit à un logement digne. Pourtant, dans l’Espagne de 2026, trouver un logement où vivre sereinement est devenu un véritable parcours du combattant pour des centaines de milliers de personnes.

Et il ne s’agit pas seulement d’avoir quatre murs et un toit. Un logement digne, c’est la possibilité de construire une vie. C’est pouvoir se coucher sans craindre une augmentation soudaine du loyer, fonder une famille si tel est son souhait, prendre son indépendance, vieillir dans son quartier et ne jamais avoir à choisir entre payer son logement ou remplir son réfrigérateur.

C’est précisément ce que reconnaissent à la fois la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 25 et la Constitution espagnole dans son article 47. Sur le papier, ce droit existe. Le problème est que, pour un très grand nombre de personnes, la réalité est tout autre.

Aujourd’hui, accéder à un logement est particulièrement difficile pour les jeunes. L’Espagne continue d’afficher l’un des âges moyens de départ du domicile familial les plus élevés d’Europe. Non pas parce que les jeunes ne souhaitent pas prendre leur indépendance, mais tout simplement parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Les salaires n’augmentent pas au même rythme que le coût du logement, la précarité de l’emploi reste une réalité pour beaucoup et le prix de l’achat comme de la location continue de s’envoler.

Mais cette crise ne touche plus seulement celles et ceux qui cherchent à quitter le domicile familial pour la première fois. Elle frappe aussi des familles qui vivent depuis des décennies dans le même quartier et qui doivent désormais faire face à des hausses de loyer devenues impossibles à supporter. Il en va de même pour les personnes âgées qui vivent dans l’angoisse de ne plus savoir si elles pourront rester dans le logement où elles ont passé une grande partie de leur vie. Elle concerne également des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui, malgré un emploi stable et un revenu régulier, ne parviennent toujours pas à accéder à un logement digne.

Il suffit d’observer de nombreuses villes espagnoles. Madrid continue d’enregistrer parmi les loyers les plus élevés du pays. Barcelone subit toujours les conséquences de plusieurs années de pression touristique et du manque de logements destinés aux habitants. Malaga est devenue l’un des exemples les plus frappants de la manière dont la spéculation immobilière peut transformer une ville jusqu’à la rendre pratiquement inaccessible à une grande partie de celles et ceux qui y sont nés et y travaillent. Plus inquiétant encore, cette situation s’étend progressivement à d’autres villes du pays, au détriment du plus grand nombre et au profit d’une minorité.

Les causes de cette situation sont nombreuses, mais l’une des principales est d’avoir transformé le logement en un actif financier. De plus en plus de biens immobiliers appartiennent à de grands propriétaires et à des fonds d’investissement dont la priorité n’est pas de garantir l’accès à un logement, mais de maximiser leurs bénéfices. Lorsqu’un logement cesse d’être un lieu de vie pour devenir un simple produit de spéculation, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui en paient le prix.

Alors que certaines personnes sont contraintes de quitter leur logement parce qu’elles ne peuvent plus assumer leur crédit immobilier ou un loyer augmenté sans limite par des propriétaires guidés uniquement par la cupidité, et tandis que des centaines de milliers de jeunes restent bloqués au domicile familial parce que le coût du logement les empêche de devenir indépendants ou de construire leur propre projet de vie, d’autres continuent d’accumuler des biens immobiliers comme s’il s’agissait de simples objets de collection. Nous avons également vu certains responsables publics être au cœur de polémiques après avoir vendu des appartements de luxe qui auraient été acquis avec des fonds destinés à améliorer le système de santé public, ou acheté des résidences de plus de six millions d’euros qui disparaissent mystérieusement de leur patrimoine lorsque l’affaire éclate. Tout cela nourrit un profond sentiment d’injustice et renforce l’impression que les règles ne sont pas les mêmes pour tous.

Le logement ne peut pas devenir un privilège réservé à ceux qui disposent des plus grandes ressources financières. Il n’est pas acceptable que l’endroit où une personne construit sa vie dépende uniquement de ce qu’elle est capable de payer. Un logement n’est pas une marchandise comme une autre. C’est le lieu où naissent les projets, où grandissent les familles, où nous nous reposons, où nous prenons soin de ceux que nous aimons et où nous vivons dans la dignité.

Répondre à cette crise exige du courage politique et une vision à long terme. Cela suppose d’augmenter résolument le parc de logements publics et abordables, de renforcer la protection contre les expulsions lorsque des situations de vulnérabilité existent, de lutter contre la fraude, de combattre la spéculation, d’encadrer les locations touristiques lorsque cela est nécessaire et de favoriser un marché locatif stable, transparent et proposant des loyers qui permettent de vivre et non simplement de survivre.

Car le droit au logement ne consiste pas seulement à avoir un toit au dessus de sa tête. C’est aussi le droit de rester dans son quartier, de vivre sans la peur permanente de perdre son logement, de pouvoir construire son avenir, d’élever ses enfants dans la stabilité et de vieillir sans l’angoisse de ne pas savoir où l’on vivra demain.

Les jeunes ne demandent pas des villas. Les familles ne réclament pas des privilèges. Les personnes âgées n’exigent pas le luxe. Elles demandent simplement quelque chose qui n’aurait jamais dû devenir exceptionnel, le droit de vivre dans la dignité.

Parce qu’un pays où le travail ne garantit plus un logement est un pays qui abandonne sa population.

Les droits ne se négocient pas.

Ils se garantissent.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
Uma Espanha sem casa

Há direitos que deveriam estar garantidos a todas as pessoas. Um deles é o direito a uma habitação condigna. No entanto, na Espanha de 2026, encontrar uma casa onde seja possível viver com tranquilidade tornou se uma verdadeira corrida de obstáculos para centenas de milhares de pessoas.

E não estamos apenas a falar de ter quatro paredes e um teto. Uma habitação condigna significa poder construir uma vida. Significa ir dormir sem o medo de que a renda aumente de um dia para o outro, constituir família se esse for o desejo de cada um, conquistar a independência, envelhecer no próprio bairro e nunca ter de escolher entre pagar a casa ou colocar comida na mesa.

É precisamente isso que reconhecem tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25, como a Constituição Espanhola, no seu artigo 47. No papel, este direito existe. O problema é que, para demasiadas pessoas, a realidade segue um caminho completamente diferente.

Hoje, o acesso à habitação é particularmente difícil para os jovens. A Espanha continua a apresentar uma das idades médias de emancipação mais elevadas da Europa. Não porque os jovens não queiram sair da casa dos pais, mas porque, simplesmente, não conseguem. Os salários não aumentam ao mesmo ritmo que o preço da habitação, a precariedade laboral continua a ser uma realidade para muitos e o custo de comprar ou arrendar uma casa continua a subir.

Mas esta crise já não afeta apenas quem tenta tornar se independente pela primeira vez. Afeta também famílias que vivem há décadas no mesmo bairro e que agora enfrentam aumentos de renda impossíveis de suportar. O mesmo acontece com pessoas idosas que vivem com a incerteza de não saber se poderão continuar na casa onde passaram grande parte da sua vida. E atinge igualmente centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, apesar de terem um emprego estável e um rendimento regular, continuam sem conseguir aceder a uma habitação condigna.

Basta olhar para muitas cidades espanholas. Madrid continua a registar algumas das rendas mais elevadas do país. Barcelona continua a sofrer as consequências de anos de pressão turística e da escassez de habitação destinada aos residentes. Málaga tornou se um dos exemplos mais claros de como a especulação imobiliária pode transformar uma cidade até a tornar praticamente inacessível para grande parte das pessoas que ali nasceram e trabalham. O mais preocupante é que esta realidade está, pouco a pouco, a estender se a outras cidades do país, em prejuízo de muitos e benefício de apenas alguns.

Por detrás desta situação existem muitas causas, mas uma das mais importantes é o facto de a habitação se ter transformado num ativo financeiro. Cada vez mais imóveis pertencem a grandes proprietários e fundos de investimento cuja prioridade não é garantir o acesso a uma casa, mas sim maximizar os lucros. Quando uma habitação deixa de ser um lugar para viver e passa a ser apenas um ativo de investimento, são sempre as pessoas comuns que acabam por pagar o preço.

Enquanto há pessoas obrigadas a abandonar as suas casas porque já não conseguem suportar uma prestação do crédito à habitação ou uma renda aumentada sem qualquer limite por proprietários movidos apenas pela ganância, e enquanto centenas de milhares de jovens permanecem na casa dos pais porque o preço da habitação lhes impede a independência ou a construção de um projeto de vida próprio, há quem continue a acumular imóveis como se fossem simples objetos de coleção. Também assistimos a polémicas envolvendo responsáveis públicos que venderam coberturas de luxo alegadamente adquiridas com dinheiro que deveria ter sido destinado à melhoria do sistema público de saúde, ou que compraram habitações de luxo avaliadas em mais de seis milhões de euros e que, curiosamente, desapareceram do seu património quando o escândalo veio a público. Tudo isto alimenta um profundo sentimento de injustiça e reforça a perceção de que as regras não são iguais para todos.

A habitação não pode transformar se num privilégio reservado apenas a quem dispõe de mais recursos financeiros. Não é aceitável que o lugar onde uma pessoa constrói a sua vida dependa exclusivamente daquilo que pode pagar. Uma casa não é uma mercadoria qualquer. É o lugar onde nascem os projetos, onde as famílias crescem, onde descansamos, onde cuidamos daqueles que amamos e onde vivemos com dignidade.

Enfrentar esta crise exige coragem política e uma visão de longo prazo. É necessário aumentar de forma decidida o parque habitacional público e acessível, reforçar a proteção contra os despejos em situações de vulnerabilidade, combater a fraude, travar a especulação, regular o alojamento turístico onde isso seja necessário e promover um mercado de arrendamento estável, transparente e com preços que permitam viver e não apenas sobreviver.

Porque o direito à habitação não significa apenas ter um teto. Significa poder permanecer no próprio bairro, viver sem o medo constante de perder a casa, planear o futuro, criar os filhos num ambiente de estabilidade e envelhecer sem a angústia de não saber onde se viverá amanhã.

Os jovens não pedem mansões. As famílias não exigem privilégios. As pessoas idosas não reclamam luxo. Pedem apenas algo que nunca deveria ter deixado de ser normal, viver com dignidade.

Porque um país onde trabalhar já não garante uma casa é um país que está a falhar às suas pessoas.

Os direitos não se negociam.

Garantem se.

🇩🇪DEUTSCH🇦🇹
Ein Spanien ohne Zuhause

Es gibt Rechte, die allen Menschen garantiert sein sollten. Eines davon ist das Recht auf angemessenen Wohnraum. Doch im Spanien des Jahres 2026 ist es für Hunderttausende von Menschen zu einem echten Hindernislauf geworden, ein Zuhause zu finden, in dem sie in Ruhe leben können.

Dabei geht es nicht nur um vier Wände und ein Dach. Angemessener Wohnraum bedeutet, sich ein Leben aufbauen zu können. Es bedeutet, abends schlafen zu gehen, ohne Angst vor einer plötzlichen Mieterhöhung zu haben, eine Familie zu gründen, wenn man das möchte, ein selbstständiges Leben zu beginnen, im eigenen Viertel alt zu werden und niemals zwischen der Miete und dem täglichen Lebensunterhalt wählen zu müssen.

Genau das erkennen sowohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Artikel 25 als auch die spanische Verfassung in Artikel 47 an. Auf dem Papier existiert dieses Recht. Das Problem ist, dass die Realität für sehr viele Menschen völlig anders aussieht.

Heute ist der Zugang zu angemessenem Wohnraum für junge Menschen besonders schwierig. Spanien gehört weiterhin zu den europäischen Ländern, in denen junge Menschen das Elternhaus im Durchschnitt am spätesten verlassen. Nicht weil sie es nicht möchten, sondern weil sie es sich schlicht nicht leisten können. Die Löhne steigen nicht im gleichen Tempo wie die Wohnkosten, unsichere Beschäftigungsverhältnisse gehören für viele weiterhin zum Alltag und die Preise für Kauf und Miete steigen unaufhörlich.

Doch diese Krise betrifft längst nicht mehr nur diejenigen, die zum ersten Mal von zu Hause ausziehen möchten. Sie trifft auch Familien, die seit Jahrzehnten im selben Viertel leben und nun mit Mieterhöhungen konfrontiert sind, die sie nicht mehr bezahlen können. Dasselbe gilt für ältere Menschen, die täglich in der Unsicherheit leben, ob sie in der Wohnung bleiben können, in der sie einen großen Teil ihres Lebens verbracht haben. Betroffen sind außerdem Hunderttausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die trotz eines festen Arbeitsplatzes und eines regelmäßigen Einkommens keinen Zugang zu angemessenem Wohnraum finden.

Ein Blick auf viele spanische Städte genügt. Madrid verzeichnet weiterhin einige der höchsten Mieten des Landes. Barcelona leidet nach wie vor unter den Folgen jahrelangen Tourismusdrucks und eines Mangels an Wohnraum für die Bevölkerung. Málaga ist zu einem der deutlichsten Beispiele dafür geworden, wie Immobilienspekulation eine Stadt so verändern kann, dass sie für viele der Menschen, die dort geboren wurden und arbeiten, nahezu unerschwinglich wird. Besonders besorgniserregend ist, dass sich diese Entwicklung nach und nach auch auf andere Städte des Landes ausweitet, zum Nachteil der Mehrheit und zum Vorteil weniger.

Für diese Situation gibt es viele Ursachen. Eine der wichtigsten ist jedoch, dass Wohnraum zu einem Finanzprodukt geworden ist. Immer mehr Immobilien befinden sich im Besitz großer Eigentümer und Investmentfonds, deren oberstes Ziel nicht darin besteht, Menschen ein Zuhause zu ermöglichen, sondern ihre Gewinne zu maximieren. Sobald Wohnraum aufhört, ein Ort zum Leben zu sein, und stattdessen zu einem Spekulationsobjekt wird, zahlen am Ende immer die gewöhnlichen Menschen den Preis dafür.

Während Menschen gezwungen sind, ihre Wohnungen zu verlassen, weil sie ihre Hypothek oder die Miete nach drastischen Erhöhungen durch Vermieter, die ausschließlich von Gier getrieben werden, nicht mehr bezahlen können, und während Hunderttausende junge Menschen weiterhin im Elternhaus leben müssen, weil die Wohnkosten ihnen ein eigenständiges Leben und eine Zukunftsperspektive unmöglich machen, häufen andere Immobilien an, als wären sie bloße Sammelobjekte. Zugleich wurden auch öffentliche Amtsträger in Skandale verwickelt, nachdem sie Luxuspenthäuser verkauft hatten, die angeblich mit Geldern erworben worden waren, die eigentlich für das öffentliche Gesundheitswesen bestimmt waren, oder Luxusimmobilien im Wert von mehr als sechs Millionen Euro gekauft hatten, die plötzlich aus ihrem Vermögen verschwanden, sobald der Skandal bekannt wurde. All dies verstärkt das Gefühl tiefer Ungerechtigkeit und den Eindruck, dass die gleichen Regeln nicht für alle gelten.

Wohnraum darf nicht zu einem Privileg werden, das nur den Wohlhabendsten vorbehalten ist. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Ort, an dem ein Mensch sein Leben aufbaut, allein davon abhängt, wie viel Geld er bezahlen kann. Ein Zuhause ist keine gewöhnliche Ware. Es ist der Ort, an dem Zukunftspläne entstehen, Familien wachsen, wir uns ausruhen, für die Menschen sorgen, die wir lieben, und unser Leben in Würde führen.

Diese Krise zu bewältigen erfordert politischen Mut und eine langfristige Vision. Es braucht einen entschlossenen Ausbau des öffentlichen und bezahlbaren Wohnungsbestands, einen besseren Schutz vor Zwangsräumungen in Fällen besonderer Schutzbedürftigkeit, einen konsequenten Kampf gegen Betrug und Spekulation, eine Regulierung von Ferienwohnungen dort, wo sie notwendig ist, sowie einen stabilen und transparenten Mietmarkt mit Preisen, die den Menschen ein Leben und nicht bloß ein Überleben ermöglichen.

Denn das Recht auf Wohnraum bedeutet weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Es bedeutet, im eigenen Viertel bleiben zu können, ohne die ständige Angst, das Zuhause zu verlieren. Es bedeutet, die Zukunft planen zu können, Kinder in einem stabilen Umfeld großzuziehen und alt zu werden, ohne sich sorgen zu müssen, wo man morgen leben wird.

Junge Menschen verlangen keine Villen. Familien fordern keine Privilegien. Ältere Menschen verlangen keinen Luxus. Sie wünschen sich lediglich etwas, das niemals außergewöhnlich hätte werden dürfen, ein Leben in Würde.

Denn ein Land, in dem Arbeit kein Zuhause mehr garantiert, ist ein Land, das seine Menschen im Stich lässt.

Menschenrechte sind nicht verhandelbar.

Sie müssen garantiert werden.