Durante demasiado tiempo, las llamadas terapias de conversión han intentado esconderse detrás de palabras amables. Muchas veces, se han escuchado las palabras “acompañamiento”, “orientación”, «reencuentro personal” o “ayuda espiritual”. Sin embargo, cuando se rasca un poco la superficie de esos términos aparentemente inocentes, lo que aparece es una realidad mucho más dura. Hablo de personas sometidas a presión psicológica, culpabilización, humillaciones constantes, aislamiento emocional y, todo ello, junto con un mensaje constante y devastador: “Hay algo que está mal en ti y debe corregirse o curarse”. 

Las denominadas “terapias de conversión” son prácticas destinadas a modificar, reprimir o negar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. No importa si se realizan en una consulta, en una asociación, en un entorno religioso o en el ámbito familiar. El objetivo es siempre el mismo. Es decir, convencer a alguien de que deje de ser quien es para convertirse en aquello que otros consideran aceptable.

La comunidad científica lleva décadas siendo clara. La homosexualidad no es una enfermedad como tampoco lo son la bisexualidad, la transexualidad o cualquier otra realidad afectiva y sexual que forme parte de la diversidad humana. No existe ninguna evidencia científica que demuestre que estas prácticas funcionen. Lo que sí existe es una enorme cantidad de testimonios que hablan de ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, autodesprecio, rupturas familiares e incluso intentos de suicidio.

En España se han dado pasos importantes para prohibir estas prácticas. La legislación vigente reconoce que intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona constituye una vulneración grave de sus derechos más básicos y elementales. Obviamente, se trata de un avance necesario y largamente esperado tras años de vacío legal precedido de décadas de criminalización y represión por parte de la dictadura franquista. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos como sociedad es si basta con considerarlas una infracción administrativa o si, en determinados casos, estamos ante algo mucho más grave. Respuesta corta: Sí, lo es. Es algo mucho más grave. Es un delito contra la dignidad de la persona y sus derechos humanos y fundamentales. Respuesta algo más larga: Puede constituir un delito contra la integridad moral, la libertad o la integridad física y psicológica de la persona cuando concurran los elementos exigidos por el Código Penal.

El Código Penal español ya dispone de herramientas para perseguir muchas de las conductas asociadas a las terapias de conversión. Dependiendo de las circunstancias concretas, pueden resultar aplicables los delitos de lesiones regulados en los artículos 147 y siguientes, cuando se produzcan daños físicos o psicológicos acreditados; los delitos de detención ilegal de los artículos 163 y siguientes, en aquellos casos en los que la víctima sea privada de libertad o retenida contra su voluntad; o el delito de coacciones previsto en el artículo 172, cuando una persona sea obligada a participar en estas prácticas mediante presión, amenazas o cualquier otra forma de imposición.

Especial relevancia tiene el artículo 173.1 del Código Penal, que castiga a quien inflija a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral. Muchas de las terapias de conversión documentadas responden precisamente a esta lógica. La humillación sistemática, la culpabilización de la orientación sexual o de la identidad de género, la destrucción de la autoestima y la presión psicológica continuada constituyen ataques directos contra la dignidad humana que podrían encontrar encaje en este precepto.

Sin embargo, el delito de tortura regulado en los artículos 174 y siguientes mantiene una limitación importante. La legislación española lo reserva esencialmente a conductas cometidas por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio abusivo de sus funciones. Esto significa que, aunque determinadas terapias de conversión puedan generar sufrimientos físicos o psicológicos de enorme gravedad, normalmente no podrán ser calificadas técnicamente como tortura cuando sean ejecutadas por particulares. Precisamente por ello resulta necesario abrir un debate sobre la conveniencia de incorporar una modalidad específica de tortura entre particulares para aquellos supuestos en los que se inflijan deliberadamente sufrimientos graves con la finalidad de anular, modificar o reprimir aspectos esenciales de la identidad de una persona.

Además, dependiendo de cómo se desarrollen los hechos, también podrían resultar aplicables otros delitos previstos en el Código Penal. Si existen daños psicológicos o físicos que puedan acreditarse podrían concurrir delitos de lesiones previstos en los artículos 147 a 156 ter. Si la persona es obligada a participar contra su voluntad podrían apreciarse coacciones en la actuación de aquellas personas que realicen estas acciones en el artículo 172.1 y también podrían concurrir delitos de amenazas de los artículos 169 a 171. 

Por otra parte, en situaciones extremas de encierro o restricción de movimientos incluso podrían plantearse delitos de detención ilegal reflejado en los artículos 163 a 168. Por tanto, el ordenamiento jurídico español, a través de su Código Penal, ya dispone de mecanismos para sancionar muchas de las conductas asociadas a las “terapias de conversión”, aunque no exista todavía un delito específico referido a ellas y que debería de existir ya. Tampoco hay que perder de vista aquellos casos aberrantes en los se llevan a cabo actos sexuales no consentidos con la finalidad de “convertir” a la persona en heterosexual y que estarían enmarcados en un delito contra la libertad sexual en los artículos 178 y siguientes del Código Penal. Todo ello, sin perjuicio de la posible aplicación de la agravante discriminatoria que aparece en el artículo 22.4ª del Código Penal que puede aplicarse a buena parte de los delitos recogidos en el Código Penal cuyos rasgos sean reconocibles dentro de estas “terapias”, o los casos en los que la víctima acaba siendo inducida al suicidio como consecuencia de la presión psicológica sufrida, lo que podría situarnos ante alguna de las conductas previstas en el artículo 143 del Código Penal. Además, en determinados supuestos podría resultar aplicable el artículo 143 bis cuando se difundan contenidos destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, cuando, de acuerdo con esta abominable práctica, la muerte es la única alternativa para la “salvación del alma”, o directamente aquellos casos en los que se acaba directamente con la vida de la persona y que nos situaría en un delito de homicidio o asesinato de los artículos 138 y siguientes del Código Penal.

No olvidemos que cuando una persona es sometida durante meses o años a un proceso sistemático destinado a destruir su autoestima, a convencerla de que es defectuosa, enferma, pecadora o indigna, el daño no es solamente emocional. Se trata de un ataque directo a su dignidad. Es una agresión contra la integridad moral de la víctima. Y cuando ese sufrimiento alcanza niveles extremos, resulta legítimo preguntarse si el término adecuado sigue siendo simplemente “trato degradante”. Otra respuesta corta: No, no lo es. No es suficiente. 

Los organismos internacionales de derechos humanos llevan años alertando de ello. Voces expertas han señalado que determinadas terapias de conversión pueden constituir formas de trato cruel, inhumano o degradante. En los casos más graves, especialmente cuando existe coacción, violencia física, privación de libertad o sufrimiento psicológico intenso y prolongado, algunos informes han llegado a calificarlas como auténticas formas de tortura. Porque, indudablemente, aunque no exista autoridad o funcionario público que la ejerza, nos encontramos ante un acto de tortura.

Pero la realidad social actual obliga a abrir un debate más amplio. El sufrimiento extremo no pierde gravedad porque quien lo inflige no lleve un uniforme militar o sea una autoridad pública o ejerza un cargo público. Una persona puede ser sometida a una experiencia equiparable a la tortura por parte de particulares. Por supuesto, también puede sufrir un daño devastador a manos de familiares, líderes religiosos, asociaciones o supuestos terapeutas que ejercen sobre ella una posición de poder, dependencia o influencia.

Por eso cada vez son más las voces que reclaman una evolución o, al menos, una adaptación del marco legal. No se trata de vaciar de contenido el concepto de tortura, sino de reconocer que determinadas conductas extremadamente graves pueden producir los mismos efectos destructivos independientemente de quién sea el autor. Cuando alguien es sometido deliberadamente a un proceso destinado a quebrar su identidad, destruir su autoestima y provocar un sufrimiento psicológico severo con el fin de modificar quién es, nos encontramos ante una realidad que merece una respuesta jurídica contundente.

En este sentido, resulta razonable defender la creación de una tipificación específica que permita perseguir como tortura determinadas conductas cometidas también entre particulares cuando concurran elementos como la intencionalidad, la gravedad del sufrimiento causado, la situación de vulnerabilidad de la víctima y la finalidad de anular o modificar aspectos fundamentales de su personalidad. Las terapias de conversión constituyen uno de los ejemplos más evidentes de por qué este debate ya no puede seguir posponiéndose. La razón es muy simple: La defensa de la dignidad humana inviolable de toda persona no admite esperas. Y, además, en no pocas ocasiones, estas prácticas, que en numerosos casos pueden constituir delitos, quizá porque directamente lo son, acaban costando la vida de las personas que las sufren. 

Es verdad que la magnitud exacta resulta difícil de cuantificar, pero la existencia de víctimas es razón suficiente para justificar un debate legislativo serio sobre la necesidad de reforzar la protección penal. Es decir, aunque no haya datos estadísticos, un solo caso es suficiente para promover una reforma legislativa amplia que penalice este tipo de conductas calificándolas como lo que son, actos de tortura que niegan la identidad y, por tanto, la dignidad de la persona. Ese es el derecho más absoluto de todos los derechos básicos y elementales, el derecho a no recibir ninguna clase de humillación ni de tortura, ya sea física o emocional. Por ello, resulta legítimo sostener que determinadas terapias de conversión constituyen formas de trato cruel, inhumano o degradante y que, en sus manifestaciones más graves, pueden alcanzar niveles de sufrimiento equiparables a la tortura. Y es que, quizá, hablar de terapias de conversión es lo mismo que hablar de actos de tortura. Porque, al menos a mi juicio, son exactamente eso. No olvidemos que muchos organismos internacionales han llegado a calificarlas como formas de tortura cuando generan sufrimientos físicos o psicológicos severos.

No, hablar de estas prácticas no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de derechos humanos cuya defensa es esencial en cualquier democracia que se precie como tal. Porque nadie debería verse obligado a justificar su orientación sexual. Nadie debería crecer escuchando insultos, sufriendo humillaciones, agresiones o escuchando una y otra vez que su identidad necesita ser “corregida”. Nadie debería soportar sesiones de presión psicológica diseñadas para arrancarle una parte esencial de la persona que es. 

No olvidemos que la verdadera ayuda no consiste en cambiar a las personas para que encajen en las expectativas de otros. La verdadera ayuda consiste en acompañarlas para que vivan con dignidad, libertad y seguridad. Y esas “terapias de conversión” hacen exactamente lo contrario. Sustituyen la aceptación por la culpa, el respeto por la imposición y la libertad por el miedo.

Por eso es importante seguir denunciándolas. Porque detrás de cada estadística hay vidas reales. Hay jóvenes que han crecido pensando que estaban rotos. Hay familias que han sido convencidas de que el amor podía expresarse mediante la corrección y el castigo. Hay víctimas que todavía cargan con cicatrices invisibles muchos años después. Y hay víctimas que no pudieron soportarlo más y decidieron poner fin a sus vidas al encontrar odio y rechazo cuando deberían de haber recibido aceptación y amor en sus propios hogares. 

Una sociedad verdaderamente democrática no puede limitarse a prohibir estas prácticas. Debe reconocer plenamente la magnitud del daño que causan, garantizar la reparación de las víctimas y reforzar los mecanismos de prevención. Y también debe estar dispuesta a debatir si algunas de estas conductas, por su crueldad, por su finalidad y por el sufrimiento que generan, merecen una respuesta penal específica que permita calificarlas como lo que son, actos de tortura incluso cuando sean cometidas por particulares. 

Porque la dignidad humana inviolable de toda persona merece la máxima protección jurídica con independencia de quién sea el agresor.

La defensa de la dignidad humana es incompatible con cualquier intento de corregir aquello que nunca ha estado enfermo.

No hay nada que curar cuando nunca ha existido una enfermedad.

Por eso, no estamos hablando de terapias.

Sino de delitos.