(Escrito en 🇪🇸🇻🇪- Written in 🇬🇧🇺🇸)
🇪🇸ESPAÑOL🇻🇪
Hay días en los que la política internacional deja de parecer un tablero de ajedrez para convertirse en un campo lleno de minas. Días en los que una declaración, una operación militar o una consigna lanzada desde el poder pueden tener consecuencias irreversibles para millones de personas en cualquier lugar del mundo. La reciente escalada protagonizada por Estados Unidos contra Venezuela, justificada bajo el discurso de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y envuelta en anuncios grandilocuentes sobre detenciones y operaciones quirúrgicas, nos tiene que hacer pensar acerca de la gravedad que este tipo de acciones suponen. No desde la ideología ni desde la simpatía o el rechazo a un gobierno concreto, sino desde algo mucho más básico como es la legalidad internacional y la protección de la vida humana. Porque cuando se cruza la línea del uso unilateral de la fuerza, lo que está en juego no es solo el destino de un país concreto. Lo que de verdad está en juego es el frágil equilibrio que sostiene la convivencia entre Estados y que evita que el mundo se rija exclusivamente por la ley del más fuerte.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es el riesgo directo para la población civil en Venezuela. Cada bomba, cada incursión militar en zonas habitadas, cada operación ejecutada sin un mandato internacional claro, convierte a hombres, mujeres y niños en daños colaterales de decisiones tomadas a miles de kilómetros. El derecho a la vida no es una abstracción jurídica, es la base de todos los demás derechos. Cuando se despliega fuerza militar en áreas pobladas, se crea deliberadamente una crisis humanitaria de consecuencias impredecibles. Y esa responsabilidad recae de forma directa sobre quien decide atacar de manera unilateral.
Esto no se trata de una cuestión de propaganda ni de bandos. El uso de la fuerza armada en territorio extranjero, sin autorización internacional y sin una situación de legítima defensa clara, supone una vulneración grave del Derecho Internacional. Es así de simple, pero también así de incómodo. La soberanía nacional y el principio de no intervención no son caprichos de la diplomacia, sino pilares que evitan que el planeta entero se convierta en un escenario de constantes agresiones de unos Estados sobre otros.
La Carta de las Naciones Unidas es clara en este sentido. Lo deja claro cuando afirma que el uso de la fuerza solo está permitido en dos supuestos. El primero de ellos es la legítima defensa frente a un ataque armado real o inminente. El segundo una autorización expresa del Consejo de Seguridad. Nada más. No existe una tercera vía basada en etiquetas políticas, acusaciones unilaterales o declaraciones institucionales. Declarar a un gobierno como colaborador del narcotráfico o del terrorismo no otorga automáticamente licencia para bombardear, invadir Estados soberanos o capturar a sus dirigentes.
Aquí conviene detenerse en una idea que se repite con demasiada ligereza. Y es que llamar terrorista a un Estado o a su gobierno no puede cambiar las reglas del juego. En el Derecho Internacional no existe una categoría jurídica llamada Estado terrorista o Estado narcotraficante que permita saltarse la legalidad vigente. Las listas de terrorismo elaboradas por algunos países forman parte de su derecho interno. Solo sirven para imponer sanciones, congelar activos financieros o abrir procedimientos judiciales en sus tribunales internos. Pero no sustituyen a la ONU, a los Tribunales Internacionales ni anulan la soberanía de otros países. Si aceptamos lo contrario, estaríamos abriendo una puerta peligrosa, porque bastaría con que una potencia declarase como terrorista o narcotraficante a un gobierno incómodo para justificar cualquier clase agresión. Así que, si hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país, incluso un país aliado. Y ese precedente no fortalece la seguridad global, sino que la dinamita por completo.
Por otra parte, existe una dimensión profundamente preocupante en el intento de deslegitimar instituciones democráticas desde el exterior. La soberanía de una nación reside en su pueblo y en las instituciones que este elige, con todas sus imperfecciones, contradicciones y conflictos internos. Ninguna potencia extranjera tiene legitimidad alguna para sustituir por la fuerza la voluntad de un electorado. La historia reciente nos enseña que las imposiciones externas, nunca traen estabilidad o democracia, más bien suelen dejar sociedades fracturadas que tardan décadas en cicatrizar sus heridas y ser claros ejemplos de estados fallidos. No se trata de idealizar gobiernos ni de cerrar los ojos ante los abusos, la corrupción o las flagrantes violaciones de derechos humanos. Denunciar esos abusos es necesario y combatirlos es del todo imprescindible. Pero siempre debe hacerse desde el respeto al marco jurídico internacional, porque es la única forma de que la justicia no se convierta en venganza ni la defensa de los derechos humanos en una coartada para el uso de la violencia desmedida en un territorio soberano, afectando a la población civil y de manera unilateral.
Pero hay otro elemento que no puede ignorarse, y es el uso del terror como herramienta. Cuando un Estado emplea su aparato militar para sembrar el miedo entre una población civil, para desestabilizar un país y para decapitar por la fuerza a un gobierno, entra en un terreno moral y jurídico profundamente peligroso. El terror no depende de quién lo ejerza, sino de sus efectos que causa. Así, los bombardeos, las amenazas constantes y las operaciones que ponen en peligro a la población civil encajan en la definición más básica de terrorismo, independientemente de la bandera que ondee sobre los aviones o enarbolen sus barcos de guerra.
Desde esta perspectiva, resulta cada vez más difícil sostener alianzas militares y acuerdos estratégicos con un actor que demuestra una disposición volátil a usar la fuerza sin respetar las reglas comunes del Derecho Internacional. La estabilidad internacional se basa en la previsibilidad y en el respeto a las normas. Pero cuando un país actúa de forma errática y muestra un desprecio absoluto por la legalidad internacional, todo ello se convierte en un factor de riesgo incluso para sus propios aliados.
Tampoco es casual que, fruto de esa situación de acción unilateral constante, crezca el debate sobre la necesidad de repensar las estructuras de gobernanza global, pensadas para la defensa y el mantenimiento de la paz mundial. Si el territorio de un Estado deja de ser un espacio neutral y seguro para la diplomacia internacional, se hace legítimo plantear alternativas y el traslado de las instalaciones a otro Estado que ofrezca garantías de neutralidad e imparcialidad. La credibilidad de las instituciones multilaterales depende de su independencia tanto real como percibida. Pero cuando esa independencia se ve seriamente comprometida por la política de hechos consumados, todo el sistema se resiente y es difícilmente reparable.
En el fondo, todo esto nos devuelve a una pregunta que tiene que considerarse como esencial. Y esa pregunta es, ¿queremos un mundo regido por normas o un mundo regido por los impulsos de quien tenga mayor poder militar? Es verdad que el Derecho Internacional no es perfecto. Es lento, a veces muy frustrante y a menudo totalmente insuficiente. Pero es lo único que impide que la fuerza militar sustituya definitivamente al derecho que debe amparar a todos los Estados. Abandonar el Derecho Internacional porque resulta incómodo para el más fuerte supone renunciar a cualquier pretensión de justicia global. Y si el resto de los Estados no alzan la voz, nada impedirá que, en teoría, cualquier Estado corra el riesgo de ser el siguiente si el Estado más poderoso así lo considera unilateralmente. Por eso es tan importante exigir el cumplimiento estricto de la Carta de las Naciones Unidas. No como un gesto simbólico, sino como una obligación real de todos los Estados. Defender la soberanía de Venezuela hoy no significa apoyar a un gobierno concreto, no supone defender a quien ejerce el poder, sino proteger un principio básico que mañana puede proteger a cualquier otro país. La legalidad internacional no se defiende a conveniencia, se defiende siempre, o deja de existir para siempre.
En todo caso, la solidaridad con el pueblo venezolano debe situarse en el centro de cualquier análisis. Es la población civil quien, como siempre, paga el precio de las aventuras militares, de las sanciones indiscriminadas y de los juegos de poder. Por eso, defender su derecho a vivir sin miedo, sin bombas y sin imposiciones externas es una responsabilidad de toda la comunidad internacional.
Tal vez la lección más incómoda que haya que sacar de todo esto es que no hay causa justa que se sostenga cuando se traicionan las reglas que nos protegen a todos los Estados.
Porque cuando el ruido de las armas sustituye al lenguaje del derecho, el mundo entero pierde un poco más de su humanidad.
Solo recordando que la ley está para frenar a la fuerza podremos evitar que la fuerza termine por devorar todo.
Porque siempre ha sido así.
La fuerza solo devora.
La ley protege.
🇬🇧ENGLISH🇺🇸
When Force Overrides Law
There are days when international politics ceases to resemble a chessboard and becomes a minefield. Days when a statement, a military operation, or a slogan issued from positions of power can have irreversible consequences for millions of people anywhere in the world. The recent escalation led by the United States against Venezuela, justified under the discourse of fighting drug trafficking and terrorism and accompanied by grandiose announcements about arrests and surgical operations, compels us to reflect on the gravity of such actions. Not from an ideological perspective, nor from sympathy or opposition towards any particular government, but from something much more fundamental: international law and the protection of human life. Because when the line of unilateral use of force is crossed, what is at stake is not only the fate of a single country. What is truly at stake is the fragile balance that sustains coexistence among states and prevents the world from being governed solely by the law of the strongest.
One of the most alarming aspects of this situation is the direct risk to the civilian population in Venezuela. Every bomb, every military incursion into populated areas, every operation carried out without a clear international mandate turns men, women, and children into collateral damage of decisions made thousands of kilometres away. The right to life is not a legal abstraction; it is the foundation of all other rights. When military force is deployed in populated areas, it deliberately creates a humanitarian crisis with unpredictable consequences. And that responsibility rests squarely on those who decide to attack unilaterally.
This is not a matter of propaganda or of sides. The use of armed force in foreign territory, without international authorisation and without a clear situation of self-defence, constitutes a serious violation of international law. It is that simple, yet also that uncomfortable. National sovereignty and the principle of non-intervention are not diplomatic whims; they are pillars that prevent the entire planet from becoming a stage for constant aggression by some states against others.
The United Nations Charter is clear on this point. It explicitly states that the use of force is only permitted in two cases. The first is legitimate self-defence against a real or imminent armed attack. The second is an explicit authorisation by the Security Council. Nothing more. There is no third path based on political labels, unilateral accusations, or institutional declarations. Declaring a government to be complicit in drug trafficking or terrorism does not automatically grant permission to bomb, invade sovereign states, or capture their leaders.
It is worth pausing over an idea that is repeated all too lightly. Calling a state or its government a terrorist cannot change the rules of the game. In international law, there is no legal category called a “terrorist state” or “drug-trafficking state” that allows a country to bypass existing legal norms. Terrorist lists issued by some countries are part of their domestic law. They only serve to impose sanctions, freeze financial assets, or initiate judicial proceedings in their own courts. They do not replace the UN, international tribunals, or annul the sovereignty of other nations. To accept otherwise would be to open a dangerous door, because it would be enough for a powerful state to declare a government inconvenient to it as terrorist or involved in drug trafficking to justify any form of aggression. If today it is Venezuela, tomorrow it could be any other country, even an ally. And such a precedent does not strengthen global security; it undermines it entirely.
Furthermore, there is a deeply troubling dimension in the attempt to delegitimise democratic institutions from abroad. The sovereignty of a nation resides with its people and the institutions they elect, with all their imperfections, contradictions, and internal conflicts. No foreign power has any legitimacy to forcibly override the will of an electorate. Recent history teaches us that external impositions rarely bring stability or democracy; rather, they tend to leave fractured societies that take decades to heal and serve as clear examples of failed states. This is not about idealising governments nor turning a blind eye to abuses, corruption, or flagrant violations of human rights. Denouncing such abuses is necessary, and combating them is absolutely essential. But it must always be done within the framework of international law, because it is the only way to ensure that justice does not become vengeance and that the defence of human rights does not become a pretext for disproportionate violence on sovereign territory, affecting the civilian population unilaterally.
Another element that cannot be ignored is the use of terror as a tool. When a state employs its military apparatus to instil fear in a civilian population, to destabilise a country, and to forcibly decapitate a government, it enters deeply dangerous moral and legal territory. Terror does not depend on who wields it but on its effects. Bombings, constant threats, and operations that endanger civilians fit the most basic definition of terrorism, regardless of the flag flying over the aircraft or displayed on their warships.
From this perspective, it becomes increasingly difficult to maintain military alliances and strategic agreements with an actor who demonstrates a volatile disposition to use force without respecting common rules of international law. International stability relies on predictability and adherence to norms. But when a country acts erratically and shows absolute disregard for international legality, it becomes a risk factor even for its own allies.
It is also no coincidence that, as a result of this constant unilateral action, debate grows about the need to rethink global governance structures designed to defend and maintain world peace. If the territory of a state ceases to be a neutral and safe space for international diplomacy, it becomes legitimate to consider alternatives and the relocation of facilities to another state that can offer guarantees of neutrality and impartiality. The credibility of multilateral institutions depends on their independence, both real and perceived. But when that independence is seriously compromised by a policy of fait accompli, the entire system suffers and is difficult to repair.
Ultimately, all of this brings us back to a question that must be regarded as fundamental. Do we want a world governed by rules, or a world governed by the impulses of whoever possesses the greatest military power? It is true that international law is not perfect. It is slow, sometimes very frustrating, and often wholly insufficient. But it is the only thing preventing military force from completely replacing the law that must protect all states. Abandoning international law because it is inconvenient for the strongest amounts to renouncing any claim to global justice. And if the other states do not raise their voices, nothing will prevent, in theory, any state from being next if the most powerful state so decides unilaterally. That is why it is so important to demand strict compliance with the United Nations Charter. Not as a symbolic gesture, but as a real obligation for all states. Defending Venezuela’s sovereignty today does not mean supporting a particular government, nor defending those in power, but protecting a fundamental principle that could safeguard any other country tomorrow. International legality is not defended selectively; it must be defended always, or it ceases to exist entirely.
In any case, solidarity with the Venezuelan people must be at the centre of any analysis. It is the civilian population that, as always, pays the price for military adventures, indiscriminate sanctions, and power games. That is why defending their right to live without fear, without bombs, and without external impositions is a responsibility of the entire international community.
Perhaps the most uncomfortable lesson to draw from all of this is that no cause can truly endure when the rules that protect all states are betrayed.
Because when the noise of arms replaces the language of law, the entire world loses a little more of its humanity.
Only by remembering that law exists to restrain force can we prevent force from consuming everything.
Because it has always been this way.
Force only devours.
Law protects.
LA ERA DE LOS DERECHOS HUMANOS 