La España que debemos construir

Hoy, 6 de diciembre de 2025, se cumplen 47 años desde la aprobación en referéndum de la Constitución Española, el corazón de nuestra democracia. Durante todo este tiempo, nuestra Norma Fundamental ha sido un faro que nos ha guiado hacia una sociedad más justa, plural y democrática, asentando las bases de nuestras instituciones y permitiéndonos vivir en paz tras una dictadura. Su verdadera fuerza ha estado radicada siempre en ser un marco que se ha adaptado a los cambios sociales y que sigue siendo relevante en la España de hoy.

Pero celebrar este día no significa tener que conformarse. Hoy, más que nunca, es imprescindible pensar en cómo mejorarla y adaptarla a los retos del siglo XXI, ahora que ya casi hemos cumplido una cuarta parte. La ultraderecha neofascista avanza, cuestionando derechos fundamentales y poniendo en riesgo los logros de décadas. La derecha tradicional, demasiado a menudo, calla para recuperar el poder, asumiendo parte de sus planteamientos y dejando que la Constitución sea manoseada a su antojo por quienes usan las instituciones, incluido el Poder Judicial, como herramienta de su estrategia política. Frente a esto, necesitamos reformas que hagan efectivos todos los derechos que promete la Constitución, en sintonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que aseguren que los gobiernos cumplan su deber de protegerlos, sin excepción.

Uno de los principales problemas sigue siendo la materialización del derecho de acceso a una vivienda digna, que es, sin duda, un problema urgente y que sigue sin resolverse. A pesar de los tímidos avances,  demasiadas personas no tienen acceso a un hogar seguro y adecuado. La Constitución debe garantizar que la vivienda no sea un lujo ni un negocio sujeto a especulación, sino un derecho básico. La sanidad pública también debe ser un derecho fundamental, accesible para todos, porque sin salud nada más tiene sentido y los intereses económicos nunca pueden estar por encima del bienestar de la población. Y, en tal caso, la salud mental debe ser tratada con la misma prioridad que la salud física, garantizando atención integral, prevención y acceso a tratamientos de calidad para todas las personas. Por tanto, ninguno de estos dos derechos puede ser objeto de negocio, porque no se trata solo de derechos, sino de la vida de decenas de miles de personas. Y cuando los derechos son objetos de negocio, se manda un mensaje que no es otro que “salvo que puedas pagarlo, tu vida, tu seguridad y tu salud no nos importan”. 

Por otro lado, la igualdad entre mujeres y hombres necesita reforzarse y blindarse aún más. A pesar de los avances, la discriminación y la violencia de género siguen presentes. Ninguna mujer debería sufrir violencia, en cualquiera de sus formas, por ser mujer, y la Constitución debe protegerla y garantizar su igualdad en todos los ámbitos de la vida. De hecho, hemos de trabajar por una sociedad en la que nadie sea víctima de violencia nunca. NADIE. 

Por desgracia, el odio sigue afectando a quienes reivindican el derecho a ser y a amar. El colectivo LGTBIQ+ ha logrado grandes avances, pero sigue enfrentando duras amenazas, negación de sus derechos y un alto riesgo de retroceso. Sus derechos, como los de cualquier otra persona, deben estar protegidos y blindados para que vivan en una sociedad de respeto y libre, sin miedo a perder lo conquistado, a veces a un precio demasiado alto si pensamos en quienes perdieron la vida por defender el derecho a la libertad y el derecho a amar. 

Las personas con discapacidad también deben ocupar un lugar central en nuestra atención y compromiso como sociedad. Sus derechos no solo deben ser reconocidos, sino garantizados de manera efectiva, para que puedan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida: la educación, el empleo, la cultura, el ocio y los servicios públicos, siempre sin barreras físicas, tecnológicas ni sociales, y sin paternalismos que limiten su autonomía. Reconocer y valorar lo que cada persona puede aportar enriquece a toda la sociedad, y asegurar su inclusión plena no es solo un deber legal, sino una obligación ética y un reflejo de la fuerza y la madurez de nuestra democracia. La accesibilidad universal, la eliminación de obstáculos y la promoción de la igualdad de oportunidades deben estar presentes en todas las políticas públicas, porque solo así podremos construir una España donde cada persona, con sus talentos y capacidades, pueda desarrollarse, contribuir y vivir con dignidad, libertad y plenitud.

Cuando hablamos de menores de edad, no podemos olvidar la necesidad de proteger su integridad física y su salud mental, así como de fomentar su bienestar emocional y desarrollo integral. Debemos seguir luchando frente al acoso escolar y al ciberacoso, asegurando que los centros educativos sean espacios seguros, libres de violencia, estrés y ansiedad. Todo ello, por supuesto, sin olvidar que el resto de espacios en los que se desenvuelve la infancia también deben ser seguros y promover su bienestar. Para lograrlo, toda la sociedad debe comprometerse y nunca mirar hacia otro lado. NUNCA.

Vivimos tiempos en los que hemos visto el resurgir del racismo y la xenofobia. Negar esta realidad es un acto de ceguera selectiva que solo nace del cinismo. Sean del lugar que sea, las personas migrantes y refugiadas deben ser tratadas con dignidad y respeto, y la Constitución debe garantizar mecanismos claros contra la trata de personas y los riesgos que siempre están aparejados a la exclusión social. Mientras exista una sola persona en situación de vulnerabilidad o exclusión social, especialmente cuando termina de la manera más dramática, incluyendo la afectación de su salud mental por la precariedad, muchas veces tan injusta como sobrevenida, toda nuestra sociedad será responsable de un fracaso social que siempre puede ser evitado.

Cuidar nuestro hogar común también es una prioridad. Por eso, la protección del medio ambiente es otro pilar esencial que debería estar blindado en nuestra Constitución. La crisis climática es real y urgente. Las voces que niegan la evidencia científica no pueden marcar la senda que permita que, poco a poco, acabemos con único hogar común que nunca podremos reemplazar. Por eso, nuestra Constitución debe asumir la obligación de proteger la naturaleza y garantizar un planeta habitable para las generaciones futuras. 

Las tensiones territoriales nunca han dejado de estar presentes. Por ello, es también fundamental garantizar un modelo territorial justo que respete la diversidad cultural y regional, distribuya los recursos de forma equitativa y permita que todas las comunidades participen activamente en las decisiones que les afectan. Solo así se fortalecerá la cohesión social y la convivencia pacífica entre todas las regiones de España. Nuestras diferencias, aquello que nos hace únicos como pueblos, nunca deben ser causa de división, sino de enriquecimiento mutuo. 

Les nostres diferències han de ser sempre una font de riquesa, mai de confrontació ni de divisió entre aquells que lluiten per un mateix futur i per una vida millor. Tot això és possible dins d’un projecte comú de convivència que reconegui les singularitats i construeixi sempre ponts d’entesa.

Les nostres diferències han de ser sempre una font de riquesa, mai de confrontació ni de divisió entre aquells que lluiten per un mateix futur i per una vida millor. Tot això és possible dins d’un projecte comú de convivència que reconega les singularitats i construïsca sempre ponts d’entesa.

Gure desberdintasunek beti izan behar dute aberastasun-iturri, inoiz ez konfrontazio edo zatiketarena, etorkizun bera eta bizi hobea lortzeko borrokatzen dutenen artean. Hori guztia posible da berezitasunak aitortzen dituen eta ulermen-zubiak eraikitzen dituen elkarbizitza-proiektu komun baten barruan.

As nosas diferenzas deben ser sempre unha fonte de riqueza, nunca de confrontación nin de división entre quen loita por un mesmo futuro e por unha vida mellor. Todo iso é posible dentro dun proxecto común de convivencia que recoñeza as singularidades e constrúa sempre pontes de entendemento. 

Muchas veces hablamos de los Padres de la Constitución. Sabemos sus nombres y lo que plasmaron en el texto constitucional que celebramos. Pero, igualmente, hoy es también el momento para recordar a las 27 mujeres diputadas que participaron en la legislatura constituyente, y que deben ser reconocidas también como auténticas Madres de la Constitución: Juana Arce Molina, Soledad Becerril, Gloria Begué Cantón, Pilar Brabo, Carlota Bustelo, Dolors Calvet Puig, Virtudes Castro García, Asunción Cruañes Molina, María Victoria Fernández-España, Carmen García Bloise, Dolores Ibárruri, María Izquierdo Rojo, Rosina Lajo Pérez, Belén Landáburu, Marta Mata, Amalia Miranzo Martínez, Mercedes Moll de Miguel, Dolores Blanca Morenas Aydillo, Elena María Moreno González, María Dolores Pelayo Duque, Palmira Pla Pechoavierto, María Teresa Revilla, María Rubiés Garrofé, Ana María Ruiz Tagle, Inmaculada Sabater Llorens, Esther Tellado Alfonso y Nona Inés Vilariño Salgado. Sin su labor, nuestra Constitución habría sido muy diferente, y quizá ni siquiera habría llegado a existir.

No quiero olvidar que, en este 2025, cuando se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, debe destacarse el papel de Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado gitano de España y miembro de las Cortes Constituyentes de 1977. Él, como constituyente y firmante de la Constitución de 1978 abrió por primera vez la puerta a que la comunidad gitana tuviera voz propia en la construcción del marco legal democrático. Gracias a su valentía y a su firme defensa de la identidad gitana, se impulsó la lucha contra el racismo institucional y social desde el propio Parlamento, algo que él mismo ha reivindicado recientemente en sus mensajes públicos sobre memoria y dignidad, pues, por desgracia, a pesar de los avances en la lucha contra el antigitanismo, el pueblo gitano aún sufre el rechazo, el prejuicio, la estigmatización y la discriminación en nuestro país. Por ello, el legado de Juan de Dios Ramírez Heredia, y de todo el pueblo gitano, está más vivo nunca. Porque la democracia solo es verdaderamente completa cuando incluye a todas las personas, pues la Constitución debe seguir siendo un espacio donde el pueblo gitano pueda defender sus derechos, su cultura y su libertad sin discriminación de ningún tipo. Por ello, nunca me cansaré de decir “¡OPRE ROMA!”. 

En un día como hoy también es indispensable defender con firmeza la memoria histórica y democrática de nuestro país. No podemos construir un futuro sólido si seguimos levantando muros de silencio sobre las heridas del pasado. Las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, así como sus familias, merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Durante décadas se impuso un silencio obligado y doloroso, y aún hoy algunas administraciones y determinados servidores públicos mantienen resistencias injustificables a cumplir con los principios básicos de dignidad y reconocimiento. Recordar no es reabrir heridas, es impedir que vuelvan a abrirse. Proteger la memoria histórica y democrática es una obligación moral del Estado y un pilar esencial para que nuestra Constitución, presente y futura, siga siendo un espacio de libertad real para todas las personas.

En unos días, también celebraremos el 77º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que nos debe hacer recordar que los derechos humanos fundamentales no admiten retrocesos y que la futura reforma constitucional debe reflejar ese compromiso. Cualquier reforma o actualización debe ser siempre inclusiva, participativa y guiada por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana inviolable de toda persona. De lo contrario, cualquier reforma constitucional o proceso constituyente, carecerá siempre de los principios y valores que son la verdadera fuente de inspiración de todo texto constitucional.

Es verdad, nuestra Constitución, con sus aciertos y carencias, ha sido clave para construir nuestra democracia, pero no podemos quedarnos estancados. Debe evolucionar con nuestra sociedad, adaptarse a los nuevos retos y blindar todos los derechos que han costado décadas conseguir gracias al trabajo, a la determinación y, también, al dolor y al sufrimiento de quienes nos precedieron y dieron su vida por la libertad. Por ello, debemos recuperar la fuerza de las instituciones y garantizar que ninguna ideología, ninguna presión política ni ningún interés económico ponga en riesgo la libertad, la igualdad y la justicia que nos legaron quienes hicieron posible este texto.

El futuro empieza ahora y debemos trabajar en él desde hoy, defendiendo lo conquistado y construyendo una España más justa, libre, plural, inclusiva, diversa, democrática  y avanzada para todas las personas.

Si nuestra sociedad está viva, nuestra Constitución también debe estarlo. 

Feliz Día de la Constitución.

Cuando la justicia llega tarde y mal

Como abogado que ha visto (casi) de todo, hay historias que duelen en lo más profundo porque no hablan solo de un caso concreto, sino de un fallo enorme de un sistema que debería proteger y que, sin embargo, demasiadas veces llega tarde. Y cuando llega tarde, ya no sirve para nada.

Eso es lo que ha pasado con mi clienta, una mujer que pidió ayuda una y otra vez, que denunció, que suplicó protección y a la que siempre se le respondió que no. Una mujer que murió el 2 de noviembre de 2024 sin haber recibido la mínima seguridad que cualquier persona en situación de peligro merece. Y hace unos días, más de un año después, me llega una resolución de la Audiencia Provincial dictada en febrero de 2025, donde nuevamente se le deniega la orden de alejamiento. Una resolución que llega cuando ella ya no está. Una resolución inútil, tardía y que, por si fuera poco, vuelve a negar lo que se le negó en vida.

Es imposible describir la mezcla de impotencia, rabia y tristeza que genera algo así. No es solo un retraso administrativo y desde luego no es una simple anécdota burocrática. Es una muestra evidente de que, demasiadas veces, el sistema de protección falla y que lo hace en el peor momento. Porque a una víctima no se la protege en abstracto, se la protege en vida. Y cuando la respuesta llega más de un año después de que haya fallecido, lo único que queda es un papel que duele como una bofetada bajo el frio del invierno.

Durante su vida, mi clienta denunció a su pareja en varias ocasiones. No lo hizo por capricho ni tampoco para molestar a nadie. Lo hizo porque tenía miedo. Porque sabía que necesitaba una barrera legal que la separase del riesgo. Esa barrera, esa orden de alejamiento que parece tan fácil de dictar cuando se trata de casos conocidos por la opinión pública, se le negó una y otra vez. Se le negó cuando estaba viva, cuando aún había tiempo de actuar, cuando todavía era posible protegerla. Y ahora, como una especie de broma macabra, aparece una resolución tardía que vuelve a decir que no hay bien jurídico que proteger.

Lo peor es que no sorprende. Y eso es quizás lo más angustioso. Se ha normalizado que la justicia llegue tarde y eso no debería ser normal bajo ningún concepto. No cuando hablamos de violencia. No cuando hablamos de personas que están sufriendo, asustadas, solas y pidiendo ayuda. La justicia no puede funcionar como un tren que pasa cuando ya no queda nadie en la estación. La justicia tiene que estar ahí, en el momento en que la víctima lo necesita. No diez meses después. No un año después. No cuando ya no importa.

Que la resolución se haya dictado en febrero de 2025 pero se haya notificado en diciembre del mismo año es una falta de respeto para la profesión, para quienes representamos a víctimas, para sus familias y especialmente para ella. ¿Para qué sirve este papel ahora? ¿A quién protege? ¿Qué utilidad tiene? La respuesta es fácil. A nadie. No sirve para nada. Durante meses se ignoraron sus peticiones en vida y ahora el sistema intenta cerrar un expediente que ya no tiene destinataria. ¿Cómo explico esto a su familia? ¿Voy ahora al cementerio a “explicárselo” a ella ante su lápida?

Lo más grave es que estas situaciones no son aisladas. Cualquier profesional que haya trabajado con víctimas sabe que la demora en las resoluciones, la falta de coordinación, la saturación de los juzgados y la lentitud de los procedimientos provocan daños reales. No hablamos de retrasos administrativos sin importancia, sino de retrasos que pueden costar, y cuestan, vidas.

Y es ahí donde nace la indignación, una indignación profunda y necesaria. Indignación porque esto no debería ocurrir. Indignación porque una víctima no debería tener que esperar meses para una decisión que puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Indignación porque recibir una resolución que ya no sirve para nada es una burla involuntaria, pero una burla al fin y al cabo. Indignación porque la justicia, cuando llega tarde, no es justicia, es una sombra vacía de sí misma.

Hay quienes dirán que el sistema hace lo que puede, que hay muchos casos, que los juzgados están saturados. Pero ninguna de esas excusas consuela ni alivia. Porque mientras discutimos estadísticas y trámites, las personas sufren. Y ella sufrió. Ella pidió ayuda. Ella merecía una protección que nunca llegó. Y lo único que ha llegado es una resolución que lo niega todo cuando ya es imposible combatir el riesgo.

Contar esto no es remover el pasado, sino una obligación moral. Es señalar lo que no funciona para que deje de repetirse. Es decir en voz alta que una justicia tardía es una justicia injusta. Y es recordar que detrás de cada expediente hay una vida real, un miedo real, una historia que merece respeto.

Porque lo que ha ocurrido con ella no debería volver a ocurrir jamás. Y porque cada vez que una resolución llega tarde, el sistema pierde credibilidad y las víctimas pierden esperanza.

Ojalá algún día podamos decir que estas cosas ya no pasan. Pero hoy, con este papel inútil en la mano, solo queda alzar la voz con indignación y recordar lo que debería ser una obviedad.

Que ninguna víctima tenga que esperar a que la justicia llegue cuando ya no queda nada que proteger.

Y aquí, ya no hay nada.

Solo su recuerdo.

D.E.P.

En memoria de M.B.L.

Andalucía en el Alma

Cada 4 de diciembre, Andalucía entera se viste de emoción. Es el Día de la Bandera , para quienes sentimos esta tierra es casi como mirarnos al espejo y reconocernos. Es recordar nuestras raíces, entender quiénes somos y abrir paso al futuro sin soltar la mano de lo que nos hace únicos.

La bandera verde, blanca y verde es mucho más que un símbolo colgado en un balcón. Es un resumen de nuestra forma de vivir. El verde habla de la esperanza que siempre nos acompaña y de esos campos que dan sentido a nuestra tierra. El blanco es la paz que tanto deseamos y que, por mucho que cueste, no dejamos de buscar. Y el segundo verde vuelve a recordarnos nuestra fuerza, nuestra naturaleza y esa manera tan nuestra de levantarnos una y otra vez. En el centro, el escudo con Hércules y las columnas deja claro que Andalucía siempre ha sido un lugar valiente, lleno de historia y con una identidad que nadie puede borrar.

El 4 de diciembre no se escogió al azar. Ese día, en 1977, miles y miles de andaluces llenaron las calles pidiendo autonomía, reconocimiento y respeto para su tierra. En Málaga estaba Manuel José García Caparrós, un chaval de 18 años con más ilusión que años vividos. Salió a defender lo que creía justo y la represión policial se llevó su vida de forma cruel e injusta. Su muerte golpeó a toda Andalucía, pero también encendió una llama que ya no se apagó nunca. Manuel José se convirtió en el símbolo de una lucha hecha por gente sencilla pero valiente, y cada año lo recordamos como parte de nuestra propia historia.

El legado de Manuel sigue presente en cada bandera que ondea ese día. Ese mismo legado nos enseñar que defender lo que uno siente, aunque duela, aunque cueste, siempre merece la pena. Por eso, su recuerdo despierta un pellizco en el pecho porque representa lo mejor de nosotros, que no es otra cosa sino la búsqueda de justicia, la libertad y las ganas de construir una Andalucía más digna y más humana.

Este día también sirve para mirarnos como pueblo, porque Andalucía es un tesoro inmenso. Desde la Alhambra  de Granada, que parece un sueño hecho piedra, hasta el mar infinito de olivos en Jaén. Desde las playas de Cádiz y Huelva hasta los atardeceres que pintan de oro la costa de Málaga. Desde las cumbres nevadas de Sierra Nevada hasta el desierto mágico de Tabernas en Almería. Desde la Mezquita de Córdoba hasta la Catedral de Sevilla con su Giralda vigilante. Y por encima de todo, lo más valioso que tenemos es nuestra gente. Personas que trabajan con ganas, que nunca pierden la sonrisa y que siempre están dispuestas a compartir lo que tienen, sea mucho o poco.

Pero también es un día para pensar en lo que queda por hacer. El paro juvenil, la lucha contra la desigualdad, el reto de cuidar nuestros paisajes, nuestros recursos y toda nuestra incalculable riqueza. Sabemos que hay camino por recorrer, pero también sabemos que cuando los andaluces nos unimos, no hay montaña que no podamos subir. Porque nuestra bandera, blanca y verde, nos recuerda que nuestra unión es lo que nos hace fuertes.

Por eso, cada 4 de diciembre se llena Andalucía entera de celebraciones, de banderas al viento y de actos en escuelas, pueblos y ciudades. Porque es nuestra forma de decir aquí estamos, aquí seguimos y aquí seguiremos, orgullosos de lo que somos.

Porque bajo el verde y el blanca late un corazón que no olvida su pasado y que mira al futuro con alegría, coraje y esperanza.

Un corazón que habla con acento propio.

Y ese corazón es Andalucía.