(Escrito en 🇪🇸🇲🇽– Written in 🇬🇧🇺🇸– Scritto in 🇮🇹🇸🇲– Rédigé en 🇫🇷🇨🇩– Escrito em 🇵🇹🇧🇷) 

🇪🇸ESPAÑOL🇲🇽

Tener un lugar seguro donde vivir no debería ser un lujo. Pero lo es, o empieza a serlo. Una vivienda digna es un derecho humano reconocido por organismos internacionales, como las Naciones Unidas. No se trata solo de tener un techo, sino de poder vivir en un hogar que sea seguro, accesible, con los servicios básicos necesarios y en una comunidad donde toda persona pueda desarrollar su vida. Sin embargo, hoy en día, muchas personas, especialmente los jóvenes, ven ese derecho cada vez más lejos.

Pero, ¿qué es una vivienda digna? Cuando hablamos de «vivienda digna», no solo hablamos de paredes y un techo. Una vivienda digna significa poder vivir sin miedo al desalojo, tener acceso a agua, luz, calefacción, seguridad, y poder pagar el alquiler o la hipoteca sin tener que renunciar a lo más básico, como comer bien o ir al centro de salud cuando enfermamos. Significa vivir en un entorno donde haya escuelas, transporte público, centros de salud y oportunidades para poder desarrollar toda tu vida.

Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1) y en la Constitución Española (art. 47), que dice claramente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad hay un gran abismo. Como se suele decir, “del dicho al hecho, hay un trecho”. Y este “trecho” es enorme para, cada vez, más personas.

¿Por qué los jóvenes no pueden acceder a una vivienda? Es fácil entender las causas. Hoy en día, acceder a una vivienda digna es especialmente difícil para los jóvenes. En España, según el Consejo de la Juventud, la edad media de emancipación es de 30 años, muy por encima de la media europea. ¿Y por qué? Porque los sueldos son bajos, los contratos son temporales o precarios, y los precios del alquiler y la compra se han disparado en los últimos años.

A veces, solo es cuestión de mirar a nuestras ciudades. En Madrid, por ejemplo, se necesita un sueldo y medio para pagar el alquiler. Alquilar un piso de una sola habitación cuesta fácilmente más de 1.000 euros al mes. Esto significa que alguien que gane el salario mínimo, o incluso un sueldo medio, tendría que destinar más del 50% de sus ingresos solo al alquiler. Esto va en contra de todas las recomendaciones económicas, que aconsejan no gastar más del 30% del salario en vivienda. Por eso, muchos jóvenes se ven obligados a compartir piso, volver a casa de sus padres o, simplemente, vivir en condiciones muy precarias.

Barcelona también es un caso especialmente llamativo. Zonas enteras del centro han sido convertidas en apartamentos turísticos. Lo que antes eran barrios vivos, donde la gente hacía su vida diaria en comunidad, hoy están llenos de maletas con ruedas, check-ins a las 15:00 horas y molestas fiestas nocturnas. Esto ha provocado que los precios del alquiler se hayan disparado y que muchos vecinos de toda la vida, especialmente jóvenes y familias con bajos ingresos, hayan tenido que irse porque ya no pueden hacer frente al pago del alquiler.

Otro de los ejemplos donde más se ha notado esta situación es en Málaga. Hasta hace no demasiados años, Málaga era una ciudad relativamente accesible. Sin embargo, ahora vive una fuerte presión inmobiliaria. Atraída por el turismo y las inversiones extranjeras, muchas viviendas están siendo compradas por fondos de inversión (los llamados «fondos buitre») que no tienen interés en ofrecer alquileres asequibles a los habitantes de la ciudad. Lo que hacen es comprar edificios enteros, echar a los inquilinos y reformarlos por completo para alquilar a precios altísimos o convertirlos en pisos turísticos. Ante esta situación, las familias malagueñas, especialmente los jóvenes, y sin olvidar tampoco a la gente de edad avanzada, lo tienen cada vez más difícil para vivir en su propia ciudad o en la casa donde han vivido toda su vida.

¿Qué responsabilidad tienen los fondos buitre y la especulación en todo esto? La respuesta es sencilla: TODA. En estas ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, que son quizá los ejemplos más claros, muchas viviendas no están en manos de personas que viven en ellas, sino de grandes propietarios, como fondos de inversión o empresas inmobiliarias que compran para especular con la vivienda. Esto significa que compran barato, esperan que suba el valor y luego venden o alquilan a precios que casi nadie puede pagar, salvo personas con un altísimo nivel adquisitivo.

Esto ha convertido la vivienda, que es un derecho constitucional, pero no fundamental (ahí está la trampa), en un negocio, no en un derecho. Lo que debería ser un hogar, se convierte en una fuente de ganancias para unos pocos. Mientras tanto, miles de jóvenes tienen que renunciar a su independencia, vivir en pisos compartidos o aceptar condiciones indignas. Es decir, tienes derecho a una vivienda, pero solo si puedes pagarla.

Ante toda esta situación, ¿qué se puede hacer? La verdad es que la solución no es sencilla, pero hay medidas que el gobierno, ya sea a nivel autonómico o nacional, puede tomar si realmente se preocupa por el derecho a la vivienda y busca garantizar el acceso a la misma. En primer lugar, habría que limitar el número de pisos turísticos en aquellas zonas especialmente saturadas. En segundo lugar, hay que encontrar mecanismos para frenar la compra masiva de vivienda por fondos buitre cuyos fines son únicamente especulativos. Por supuesto, en tercer lugar, hay que construir más vivienda pública y social, con alquileres que sean verdaderamente proporcionados y asequibles. En cuarto lugar, dar ayudas al alquiler, realmente eficaces para jóvenes y familias especialmente vulnerables. Por último, en quinto lugar, hay que garantizar que los contratos de alquiler sean estables y proteger a los inquilinos ante subidas abusivas de precios.

Por tanto, el derecho a una vivienda digna no es solo el derecho a tener un techo. El derecho a una vivienda digna lleva consigo también el derecho a quedarte en tu barrio, a construir tu vida, a formar una familia si lo deseas y a no vivir con miedo constante al desahucio. Es el derecho a no tener que elegir entre pagar el alquiler o comer decentemente, entre vivir cerca del trabajo o pasarte dos horas al día conduciendo o en transporte público, quitándole ese tiempo a la familia que estás intentando crear.

La juventud no pide lujos. Pide algo que debería ser básico: poder vivir de forma digna, con seguridad y estabilidad. Por eso, la vivienda no puede seguir siendo solo un negocio. Tiene que volver a ser un derecho.

La ciudadanía tiene que exigir políticas valientes, que piensen en las personas antes que en los beneficios.

Porque una sociedad justa empieza en casa.

Y todos deberíamos tener una.

🇬🇧ENGLISH🇺🇸
The Human Right to Decent Housing

Having a safe place to live shouldn’t be a luxury. But it is—or it’s starting to become one. Decent housing is a human right recognized by international organizations like the United Nations. It’s not just about having a roof over your head, but about living in a home that is safe, accessible, with the necessary basic services, and in a community where every person can build their life. However, nowadays, many people—especially young people—see that right growing further and further out of reach.

But what exactly is decent housing? When we talk about “decent housing,” we’re not just talking about walls and a roof. Decent housing means being able to live without fear of eviction, having access to water, electricity, heating, safety, and being able to pay rent or a mortgage without having to give up basic needs like eating properly or going to a health center when you’re sick. It means living in an environment with schools, public transport, health centers, and opportunities to develop your life.

This right is recognized in the Universal Declaration of Human Rights (Art. 25.1) and in the Spanish Constitution (Art. 47), which clearly states: “All Spaniards have the right to enjoy decent and adequate housing.” But between what the law says and what actually happens, there is a huge gap. As the saying goes, “easier said than done.” And that “doing” is becoming increasingly difficult for more and more people.

Why can’t young people access housing? The causes are easy to understand. Today, accessing decent housing is especially difficult for young people. In Spain, according to the Youth Council, the average age for leaving the parental home is 30—far above the European average. Why? Because wages are low, contracts are temporary or precarious, and rental and housing prices have skyrocketed in recent years.

Sometimes, you just have to look at our cities. In Madrid, for example, you need one and a half salaries just to afford rent. Renting a one-bedroom flat can easily cost over €1,000 a month. This means someone earning the minimum wage—or even an average salary—would have to spend more than 50% of their income just on rent. This goes against all economic recommendations, which suggest spending no more than 30% of your income on housing. That’s why many young people are forced to share flats, move back in with their parents, or simply live in very precarious conditions.

Barcelona is also a particularly striking case. Entire areas of the city center have been turned into tourist apartments. What used to be vibrant neighborhoods, where people lived their daily lives as a community, are now full of rolling suitcases, 3 PM check-ins, and loud nighttime parties. This has caused rental prices to skyrocket, forcing many lifelong residents—especially young people and low-income families—to leave because they can no longer afford the rent.

Another example where this situation is strongly felt is Málaga. Until a few years ago, Málaga was a relatively affordable city. However, it’s now under intense real estate pressure. Attracted by tourism and foreign investment, many homes are being bought by investment funds (the so-called «vulture funds») that have no interest in offering affordable housing to local residents. They buy entire buildings, evict tenants, and completely renovate them to rent at extremely high prices or convert them into tourist apartments. In this situation, families from Málaga—especially young people and also elderly residents—find it increasingly difficult to live in their own city or in the home they’ve lived in all their lives.

What role do vulture funds and speculation play in all of this? The answer is simple: everything. In cities like Madrid, Barcelona, or Málaga—perhaps the clearest examples—many homes aren’t owned by people who live in them, but by large landlords, such as investment funds or real estate companies, who buy property just to speculate. This means they buy cheap, wait for the value to rise, then sell or rent at prices that very few can afford—only those with very high purchasing power.

This has turned housing—which is a constitutional right, though not a fundamental one (and there lies the trap)—into a business, not a right. What should be a home becomes a source of profit for a few. Meanwhile, thousands of young people are forced to give up their independence, live in shared apartments, or accept undignified conditions. In other words, you have a right to housing—but only if you can pay for it.

So, what can be done about this? The truth is, the solution is not simple. But there are measures that the government—both at the regional and national levels—can take if they truly care about housing as a right and want to guarantee access to it. First, the number of tourist apartments should be limited in oversaturated areas. Second, mechanisms must be put in place to stop the mass purchase of housing by vulture funds whose only goal is speculation. Third, more public and social housing must be built, with rents that are truly affordable. Fourth, rent assistance should be truly effective for young people and vulnerable families. And finally, fifth, rental contracts must be made stable, and tenants must be protected against abusive rent increases.

Therefore, the right to decent housing is not just the right to have a roof. It also includes the right to stay in your neighborhood, build your life, start a family if you wish, and not live in constant fear of eviction. It means not having to choose between paying the rent or eating properly, between living close to your job or spending two hours a day commuting, taking away time from the family you’re trying to create.

Young people aren’t asking for luxury. They’re asking for something that should be basic: to live with dignity, security, and stability. That’s why housing can no longer be just a business. It has to return to being a right.

Citizens must demand bold policies that prioritize people over profits.

Because a fair society starts at home.

And we all deserve one.

🇮🇹ITALIANO🇸🇲
Il Diritto Umano a una Casa Dignitosa

Avere un luogo sicuro in cui vivere non dovrebbe essere un lusso. Ma lo è — o sta iniziando a esserlo. Una casa dignitosa è un diritto umano riconosciuto da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. Non si tratta solo di avere un tetto sopra la testa, ma di vivere in una casa sicura, accessibile, con i servizi essenziali e situata in una comunità dove ogni persona possa costruire la propria vita. Tuttavia, oggi, molte persone — soprattutto i giovani — vedono questo diritto sempre più lontano.

Ma che cos’è una casa dignitosa? Quando parliamo di “casa dignitosa”, non parliamo solo di mura e tetto. Una casa dignitosa significa poter vivere senza la paura di uno sfratto, avere accesso ad acqua, elettricità, riscaldamento, sicurezza e poter pagare l’affitto o il mutuo senza dover rinunciare a bisogni fondamentali come mangiare bene o andare in un centro sanitario quando si sta male. Significa vivere in un ambiente con scuole, trasporti pubblici, centri sanitari e opportunità per crescere e realizzarsi.

Questo diritto è riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 25.1) e nella Costituzione spagnola (art. 47), che afferma chiaramente: “Tutti gli spagnoli hanno diritto a godere di un’abitazione dignitosa e adeguata.” Ma tra ciò che dice la legge e ciò che succede nella realtà, c’è un enorme divario. Come si dice: “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. E questo “mare” è sempre più difficile da attraversare per un numero crescente di persone.

Perché i giovani non riescono ad accedere a una casa? Le cause sono facili da comprendere. Oggi, ottenere una casa dignitosa è particolarmente difficile per i giovani. In Spagna, secondo il Consiglio della Gioventù, l’età media per lasciare la casa dei genitori è di 30 anni, ben al di sopra della media europea. Perché? Perché i salari sono bassi, i contratti sono temporanei o precari e i prezzi degli affitti e degli immobili sono saliti alle stelle negli ultimi anni.

A volte basta osservare le nostre città. A Madrid, ad esempio, è necessario almeno uno stipendio e mezzo per pagare l’affitto. Affittare un monolocale costa facilmente più di 1.000 euro al mese. Questo significa che una persona che guadagna il salario minimo, o anche uno stipendio medio, dovrebbe destinare oltre il 50% delle proprie entrate solo all’affitto. Questo è contrario a tutte le raccomandazioni economiche, che suggeriscono di non spendere più del 30% del reddito per l’abitazione. Per questo motivo, molti giovani sono costretti a condividere un appartamento, a tornare a vivere con i genitori o, semplicemente, a vivere in condizioni molto precarie.

Anche Barcellona è un caso particolarmente emblematico. Intere zone del centro sono state trasformate in appartamenti turistici. Quelli che una volta erano quartieri vivaci, dove si viveva in comunità, oggi sono pieni di valigie con le rotelle, check-in alle 15:00 e feste notturne rumorose. Questo ha fatto salire vertiginosamente i prezzi degli affitti e ha costretto molti abitanti storici, in particolare giovani e famiglie a basso reddito, a lasciare la propria casa perché non possono più permettersela.

Un altro esempio evidente è Málaga. Fino a pochi anni fa, Málaga era una città relativamente accessibile. Ora invece è sotto una forte pressione immobiliare. Attirati dal turismo e dagli investimenti stranieri, molti immobili vengono acquistati da fondi di investimento (i cosiddetti “fondi avvoltoio”) che non hanno alcun interesse a offrire affitti accessibili alla popolazione locale. Comprano interi edifici, sfrattano gli inquilini e li ristrutturano completamente per affittarli a prezzi altissimi o trasformarli in alloggi turistici. In questa situazione, le famiglie malagheghe — in particolare i giovani, ma anche gli anziani — trovano sempre più difficile vivere nella propria città o nella casa dove hanno vissuto tutta la vita.

Che responsabilità hanno i fondi avvoltoio e la speculazione in tutto questo? La risposta è semplice: totale. In città come Madrid, Barcellona o Málaga — che sono forse gli esempi più chiari — molte abitazioni non appartengono a chi ci vive, ma a grandi proprietari, come fondi di investimento o società immobiliari che acquistano per speculare. Comprano a basso costo, aspettano che il valore salga, poi vendono o affittano a prezzi che solo pochi, con un potere d’acquisto molto alto, possono permettersi.

Questo ha trasformato la casa — che è un diritto costituzionale, ma non fondamentale (ed ecco l’inganno) — in un affare, non in un diritto. Ciò che dovrebbe essere una casa, diventa una fonte di profitto per pochi. Nel frattempo, migliaia di giovani devono rinunciare alla propria indipendenza, vivere in appartamenti condivisi o accettare condizioni indegne. In altre parole, hai diritto a una casa, ma solo se puoi permettertela.

Cosa si può fare, dunque? La verità è che la soluzione non è semplice, ma ci sono misure che il governo — sia a livello regionale che nazionale — può adottare se davvero ha a cuore il diritto all’abitazione. Innanzitutto, bisogna limitare il numero di appartamenti turistici nelle zone già sovraffollate. In secondo luogo, servono meccanismi per fermare l’acquisto massiccio di case da parte dei fondi avvoltoio che agiscono solo per fini speculativi. In terzo luogo, è necessario costruire più alloggi pubblici e sociali, con affitti realmente proporzionati e accessibili. In quarto luogo, vanno fornite vere agevolazioni per l’affitto a giovani e famiglie vulnerabili. Infine, in quinto luogo, bisogna garantire contratti di affitto stabili e proteggere gli inquilini da aumenti abusivi dei prezzi.

Dunque, il diritto a una casa dignitosa non è solo il diritto ad avere un tetto. Include anche il diritto a restare nel proprio quartiere, a costruire la propria vita, a formare una famiglia, se lo si desidera, e a non vivere nel costante timore dello sfratto. Significa non dover scegliere tra pagare l’affitto o mangiare in modo decente, tra vivere vicino al lavoro o passare due ore al giorno in macchina o sui mezzi pubblici, togliendo tempo alla famiglia che si cerca di costruire.

I giovani non chiedono il lusso. Chiedono qualcosa che dovrebbe essere basilare: vivere in modo dignitoso, con sicurezza e stabilità. Ecco perché la casa non può continuare a essere solo un affare. Deve tornare a essere un diritto.

I cittadini devono esigere politiche coraggiose, che mettano le persone al primo posto, prima dei profitti.

Perché una società giusta comincia da casa.

E tutti dovremmo averne una.

🇫🇷FRANÇAIS🇨🇩
Le Droit Humain à un Logement Décent

Avoir un endroit sûr où vivre ne devrait pas être un luxe. Et pourtant, ça l’est – ou cela est en train de le devenir. Le logement décent est un droit humain reconnu par des organisations internationales comme les Nations Unies. Il ne s’agit pas seulement d’un toit au-dessus de sa tête, mais de vivre dans un foyer sûr, accessible, avec les services de base essentiels, situé dans une communauté où chaque personne peut construire sa vie. Pourtant, aujourd’hui, de nombreuses personnes — surtout les jeunes — voient ce droit s’éloigner de plus en plus.

Mais qu’est-ce qu’un logement décent ? Quand on parle de “logement décent”, on ne parle pas seulement de murs et d’un toit. Un logement décent, c’est pouvoir vivre sans crainte d’être expulsé, avoir accès à l’eau, à l’électricité, au chauffage, à la sécurité, et pouvoir payer un loyer ou un crédit immobilier sans devoir renoncer à l’essentiel : bien se nourrir ou aller chez le médecin quand on est malade. C’est vivre dans un environnement avec des écoles, des transports publics, des centres de santé et des opportunités pour se développer.

Ce droit est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 25.1) ainsi que dans la Constitution espagnole (art. 47), qui affirme clairement : « Tous les Espagnols ont le droit de jouir d’un logement digne et adéquat ». Mais entre ce que dit la loi et ce qui se passe réellement, il y a un gouffre. Comme on dit souvent : « entre dire et faire, il y a la mer à boire ». Et ce fossé est de plus en plus grand pour un nombre croissant de personnes.

Pourquoi les jeunes n’ont-ils pas accès au logement ? Les causes sont faciles à comprendre. Aujourd’hui, accéder à un logement décent est particulièrement difficile pour les jeunes. En Espagne, selon le Conseil de la Jeunesse, l’âge moyen pour quitter le domicile parental est de 30 ans, bien au-dessus de la moyenne européenne. Pourquoi ? Parce que les salaires sont bas, les contrats précaires ou temporaires, et les prix des loyers et de l’immobilier ont explosé ces dernières années.

Parfois, il suffit d’observer nos propres villes. À Madrid, par exemple, il faut un salaire et demi pour pouvoir payer un loyer. Louer un simple studio coûte facilement plus de 1 000 euros par mois. Cela signifie qu’une personne touchant le salaire minimum, ou même un revenu moyen, doit consacrer plus de 50 % de ses revenus au loyer. Ce qui va à l’encontre de toutes les recommandations économiques, qui conseillent de ne pas dépasser 30 % de son revenu pour le logement. C’est pourquoi beaucoup de jeunes sont contraints de vivre en colocation, de retourner chez leurs parents, ou tout simplement de vivre dans des conditions très précaires.

Barcelone est également un cas particulièrement frappant. Des quartiers entiers du centre-ville ont été transformés en appartements touristiques. Ce qui étaient autrefois des quartiers vivants, où les gens menaient une vie communautaire, sont aujourd’hui envahis de valises à roulettes, de check-ins à 15 h et de fêtes bruyantes la nuit. Cela a entraîné une flambée des loyers, forçant de nombreux habitants de longue date — en particulier des jeunes et des familles à faibles revenus — à quitter leur quartier car ils ne peuvent plus suivre financièrement.

Un autre exemple marquant est celui de Málaga. Il y a encore quelques années, Málaga était une ville relativement abordable. Aujourd’hui, elle est sous forte pression immobilière. Attirés par le tourisme et les investissements étrangers, de nombreux logements sont rachetés par des fonds d’investissement (les fameux « fonds vautours ») qui n’ont aucun intérêt à proposer des loyers accessibles à la population locale. Ils achètent des immeubles entiers, expulsent les locataires, les rénovent entièrement pour les louer à des prix exorbitants ou les transformer en locations touristiques. Dans ce contexte, les familles malaguènes — notamment les jeunes, mais aussi les personnes âgées — ont de plus en plus de mal à vivre dans leur propre ville, ou dans la maison où elles ont vécu toute leur vie.

Quelle est la responsabilité des fonds vautours et de la spéculation dans tout cela ? La réponse est simple : totale. Dans des villes comme Madrid, Barcelone ou Málaga — les exemples les plus flagrants — de nombreux logements n’appartiennent pas à ceux qui y vivent, mais à de grands propriétaires, des fonds d’investissement ou des sociétés immobilières qui achètent uniquement dans le but de spéculer. Ils achètent à bas prix, attendent que la valeur augmente, puis vendent ou louent à des prix que seule une minorité très aisée peut se permettre.

Cela a transformé le logement — qui est un droit constitutionnel, mais pas fondamental (voilà où réside le piège) — en marchandise. Ce qui devrait être un foyer devient une source de profits pour quelques-uns. Pendant ce temps, des milliers de jeunes doivent renoncer à leur indépendance, vivre en colocation, ou accepter des conditions indignes. En d’autres termes, vous avez droit à un logement… mais seulement si vous pouvez le payer.

Alors, que peut-on faire ? En vérité, la solution n’est pas simple. Mais il existe des mesures que le gouvernement — qu’il soit régional ou national — peut prendre s’il souhaite vraiment garantir ce droit. Tout d’abord, limiter le nombre de logements touristiques dans les zones déjà saturées. Ensuite, mettre en place des mécanismes pour freiner l’achat massif de logements par des fonds spéculatifs. Il faut aussi construire davantage de logements publics et sociaux, avec des loyers réellement abordables. Quatrièmement, accorder des aides efficaces au logement pour les jeunes et les familles vulnérables. Et enfin, garantir la stabilité des contrats de location et protéger les locataires contre les hausses abusives de loyers.

Le droit à un logement décent, ce n’est pas seulement avoir un toit. C’est aussi le droit de rester dans son quartier, de construire sa vie, de fonder une famille si on le souhaite, et de ne pas vivre dans la peur constante d’une expulsion. C’est le droit de ne pas avoir à choisir entre payer son loyer ou se nourrir correctement, entre vivre près de son lieu de travail ou passer deux heures par jour dans les transports, au détriment du temps en famille.

Les jeunes ne réclament pas le luxe. Ils demandent ce qui devrait être fondamental : vivre avec dignité, sécurité et stabilité. Le logement ne peut plus être considéré uniquement comme un business. Il doit redevenir un droit.

Les citoyens doivent exiger des politiques courageuses, qui placent les personnes avant les profits.

Parce qu’une société juste commence chez soi.

Et nous devrions tous en avoir une.

🇵🇹PORTUGUÊS🇧🇷
O Direito Humano a uma Moradia Digna

Ter um lugar seguro onde viver não deveria ser um luxo. Mas é. Ou está começando a ser. Uma moradia digna é um direito humano reconhecido por organismos internacionais, como as Nações Unidas. Não se trata apenas de ter um teto, mas de poder viver em um lar que seja seguro, acessível, com os serviços básicos necessários e em uma comunidade onde toda pessoa possa desenvolver sua vida. No entanto, hoje em dia, muitas pessoas, especialmente os jovens, veem esse direito cada vez mais distante.

Mas, o que é uma moradia digna? Quando falamos de «moradia digna», não falamos apenas de paredes e um teto. Uma moradia digna significa poder viver sem medo de despejo, ter acesso à água, luz, aquecimento, segurança, e poder pagar o aluguel ou o financiamento sem ter que renunciar ao mais básico como se alimentar bem ou ir ao centro de saúde quando adoecemos. Significa viver em um ambiente onde haja escolas, transporte público, centros de saúde e oportunidades para desenvolver plenamente sua vida.

Esse direito está reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25.1) e na Constituição Espanhola (art. 47), que diz claramente: “Todos os espanhóis têm direito a desfrutar de uma moradia digna e adequada.” Mas entre o que diz a lei e o que acontece na realidade, há um grande abismo. Como se costuma dizer, “do dito ao feito, há um longo caminho”. E esse “caminho” é enorme para, cada vez, mais pessoas.

Por que os jovens não conseguem acessar a moradia? É fácil entender as causas. Hoje em dia, ter acesso a uma moradia digna é especialmente difícil para os jovens. Na Espanha, segundo o Conselho da Juventude, a idade média de emancipação é de 30 anos, muito acima da média europeia. E por quê? Porque os salários são baixos, os contratos são temporários ou precários, e os preços de aluguel e compra dispararam nos últimos anos.

Às vezes, basta olhar para nossas cidades. Em Madri, por exemplo, é necessário um salário e meio para pagar o aluguel. Alugar um apartamento de um quarto custa facilmente mais de 1.000 euros por mês. Isso significa que alguém que ganha o salário mínimo, ou mesmo um salário médio, teria que destinar mais de 50% de sua renda apenas para o aluguel. Isso vai contra todas as recomendações econômicas, que aconselham não gastar mais de 30% da renda com moradia. Por isso, muitos jovens se veem obrigados a dividir apartamento, voltar para a casa dos pais ou, simplesmente, viver em condições muito precárias.

Barcelona também é um caso especialmente marcante. Zonas inteiras do centro foram convertidas em apartamentos turísticos. O que antes eram bairros vivos, onde as pessoas faziam sua vida diária em comunidade, hoje estão cheios de malas com rodinhas, check-ins às 15:00 horas e festas noturnas barulhentas. Isso fez com que os preços do aluguel disparassem e que muitos moradores de longa data, especialmente jovens e famílias com baixa renda, tivessem que sair porque já não conseguiam arcar com o valor do aluguel.

Outro dos exemplos onde mais se nota essa situação é em Málaga. Até poucos anos atrás, Málaga era uma cidade relativamente acessível. No entanto, agora vive uma forte pressão imobiliária. Atraída pelo turismo e os investimentos estrangeiros, muitas moradias estão sendo compradas por fundos de investimento (os chamados «fundos abutres») que não têm interesse em oferecer aluguéis acessíveis aos moradores da cidade. O que fazem é comprar edifícios inteiros, expulsando os inquilinos e reformando-os completamente para alugar por preços altíssimos ou convertê-los em apartamentos turísticos. Diante dessa situação, as famílias malaguenhas, especialmente os jovens, e sem esquecer também os idosos, têm cada vez mais dificuldade para viver em sua própria cidade ou na casa onde viveram toda a vida.

Qual é a responsabilidade dos fundos abutres e da especulação em tudo isso? A resposta é simples: TOTAL. Nessas cidades como Madri, Barcelona ou Málaga, que são talvez os exemplos mais claros, muitas moradias não estão nas mãos de pessoas que vivem nelas, mas de grandes proprietários, como fundos de investimento ou empresas imobiliárias que compram para especular com a moradia. Isso significa que compram barato, esperam que o valor suba e depois vendem ou alugam por preços que quase ninguém pode pagar, exceto pessoas com altíssimo poder aquisitivo.

Isso transformou a moradia, que é um direito constitucional, mas não fundamental (aí está a armadilha), em um negócio, não em um direito. O que deveria ser um lar, se transforma em uma fonte de lucros para poucos. Enquanto isso, milhares de jovens têm que renunciar à independência, viver em apartamentos compartilhados ou aceitar condições indignas. Ou seja, você tem direito a uma moradia, mas apenas se puder pagar por ela.

Diante de toda essa situação, o que pode ser feito? A verdade é que a solução não é simples, mas há medidas que o governo, seja em nível autonômico ou nacional, pode tomar se realmente se preocupa com o direito à moradia e busca garantir o acesso à mesma. Em primeiro lugar, seria necessário limitar o número de apartamentos turísticos nas zonas especialmente saturadas. Em segundo lugar, é preciso encontrar mecanismos para frear a compra massiva de moradias por fundos abutres cujos fins são unicamente especulativos. Claro, em terceiro lugar, é preciso construir mais moradias públicas e sociais, com aluguéis verdadeiramente proporcionais e acessíveis. Em quarto lugar, dar auxílios ao aluguel, realmente eficazes para jovens e famílias especialmente vulneráveis. Por fim, em quinto lugar, é preciso garantir que os contratos de aluguel sejam estáveis e proteger os inquilinos contra qualquer aumento abusivo de preços.

Portanto, o direito a uma moradia digna não é apenas o direito a ter um teto. O direito a uma moradia digna traz consigo também o direito de permanecer no seu bairro, construir sua vida, formar uma família se desejar, e não viver com medo constante de despejo. É o direito de não ter que escolher entre pagar o aluguel ou comer decentemente, entre viver perto do trabalho ou passar duas horas por dia dirigindo ou no transporte público, tirando esse tempo da família que você está tentando formar.

A juventude não pede luxos. Pede algo que deveria ser básico: poder viver com dignidade, segurança e estabilidade. Por isso, a moradia não pode continuar sendo apenas um negócio. Precisa voltar a ser um direito.

A cidadania tem que exigir políticas corajosas, que pensem nas pessoas antes dos lucros.

Porque uma sociedade justa começa em casa.

E todos deveríamos ter uma.