Una deuda pendiente

Cuando hablamos de memoria histórica en España casi siempre pensamos en las fosas comunes, en “paseos” al amanecer, en exilios forzados a Francia o Argentina y en familias que todavía hoy buscan a sus seres queridos. Pensamos en la Guerra Civil, en la dictadura del genocida Franco, en el silencio impuesto durante décadas, incluso después de la muerte del dictador, y en la necesidad de reparar tanto dolor acumulado durante décadas. Y, sí, todo eso es verdad, todo eso es imprescindible. Pero también hay una parte de esa historia que durante mucho tiempo, durante décadas, ni siquiera apareció en los márgenes del relato oficial. Se trata de una parte incómoda, siempre invisibilizada y apartada incluso de los propios movimientos de memoria histórica y democrática. Por eso, desde el máximo respeto, quiero dedicar este texto a la memoria, casi siempre denostada deliberadamente, de las personas trans.

Durante años, mientras se construía el discurso de la memoria histórica en España, el foco siempre estuvo puesto en la represión política clásica. Se hablaba de militantes de izquierdas, de sindicalistas, de republicanos, de maestros depurados y de personas fusiladas o encarceladas por sus ideas. Era lógico empezar por ahí, porque la magnitud del horror durante la guerra y con la represión franquista era enorme. Pero ese enfoque dejó fuera de las reivindicaciones otras formas de persecución que también fueron sistemáticas, que también fueron crueles, inhumanas y que destrozaron vidas. Entre esas formas de persecución está la que sufrieron las personas trans.

No, no estamos hablando de casos aislados ni tampoco de anécdotas. Estamos hablando de personas que fueron detenidas, encarceladas, humilladas, golpeadas y medicalizadas a la fuerza por el simple hecho de existir. Bajo leyes como la de Vagos y Maleantes, reformada en 1954 para incluir a los homosexuales, y más tarde la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, el régimen dictatorial franquista convirtió la identidad y la expresión de género en un motivo de persecución. Muchas mujeres trans fueron encerradas en cárceles de hombres. Muchas fueron enviadas a centros como el de Tefía, en Fuerteventura, donde la represión tenía un componente ejemplarizante y brutal. Se las consideraba peligrosas, desviadas, enfermas. Se las castigaba con formas de tortura inhumana para que sirvieran de advertencia. El mensaje era claro: “no tienes derecho a existir”. 

Y, sin embargo, cuando décadas después comenzamos a hablar de memoria histórica, sus nombres tampoco estaban. No aparecían en los libros de texto, no estaban en los actos institucionales y no formaban parte del imaginario colectivo de las víctimas de la dictadura franquista. Era como si hubieran sufrido en una dimensión paralela que no merecía ser recordada. Ese es el olvido sistemático del que hablamos. No se trata de un despiste ni tampoco de una casualidad. Se trata de un olvido que tiene que ver con la incomodidad social hacia las identidades trans, con la marginación histórica del colectivo y con una “transición” democrática, si es que, con el paso de los años, aún se la puede llamar así, que priorizó la estabilidad sobre la revisión profunda de todas las heridas. De todas. 

Durante la Transición se habló mucho del llamado “pacto del olvido”. Se asumió que para construir la democracia había que mirar hacia adelante y no remover demasiado el pasado. Pero aquella decisión política tuvo consecuencias. Muchas injusticias quedaron sin investigar, muchas víctimas no fueron reconocidas y, dentro de ese silencio general impuesto o autoimpuesto, hubo silencios todavía más profundos. Las personas trans ni siquiera tenían un espacio propio desde el que reclamar. Su lucha apenas estaba empezando, su visibilidad era mínima y el estigma seguía pesando demasiado en la sociedad, tanto como la losa que cubría la tumba del dictador y de otras altas autoridades del régimen. 

Pero todas esas historias existen, aunque no se cuenten. Algunas de esas historias han ido saliendo a la luz gracias al empeño de las propias protagonistas, que han alzado la voz, y de quienes han querido escucharlas. Ahí está el caso de Tania Navarro Amo. Nacida en 1956 en Barcelona, vivió su infancia y adolescencia en plena dictadura. Fue internada, sufrió abusos y represión por su identidad de género. Su autobiografía, La infancia de una transexual en la dictadura, no es solo un testimonio personal, sino también un documento histórico de primer orden. En sus páginas se describe el miedo constante, la violencia institucional imperante y el aislamiento. Tania estuvo también en la primera manifestación del Orgullo en Barcelona en 1977, poniendo el cuerpo cuando todavía era extremadamente peligroso hacerlo. Su vida desmonta esa idea de que las personas trans aparecieron de repente en democracia. Es falso, siempre estuvieron ahí, resistiendo y pagando un precio altísimo solo por existir y reivindicar su existencia. 

Otro ejemplo es el de Marcela Rodríguez Acosta, nacida en 1955 en La Palma. Fue detenida en varias ocasiones bajo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. No por cometer delitos reales, sino por ser quien era. Marcela sufrió la persecución tanto en la dictadura como en los primeros años de la Transición. Participó en movilizaciones por la libertad sexual cuando la sociedad española todavía estaba aprendiendo a respirar sin miedo los aires de la democracia. Con el tiempo, su ciudad, Santa Cruz de Tenerife, le dedicó un espacio municipal como homenaje. Ese gesto simbólico es muy importante, pero también nos obliga a preguntarnos cuántas «Marcelas» ha habido y sigue habiendo que nunca recibieron ni recibirán reconocimiento alguno por la comunidad que les rodea.

Silvia Reyes, nacida en 1949 y fallecida en 2024, fue otra de esas pioneras. También participó en la histórica manifestación del Orgullo en Barcelona en 1977. Fue detenida bajo la dictadura y luchó durante décadas por los derechos del colectivo. En 2024 se anunció que recibiría la Medalla de Honor de Barcelona de manera póstuma. Que una ciudad reconozca oficialmente a una mujer trans represaliada es un paso enorme. Eso nadie lo duda, pero también evidencia que, muchas veces, el reconocimiento llega tarde, cuando las protagonistas ya no están para verlo, cuando ya no pueden disfrutarlo, cuando ya no podemos mirarles a los ojos y decirles: “GRACIAS”. 

Y no podemos olvidar a Trinidad Falcés, conocida como La Trini, nacida en 1942 y fallecida en 2022. Fue encarcelada en varias ocasiones durante el franquismo. Vivió la represión en primera persona y, tras la muerte de Franco, se implicó en el movimiento de liberación LGTBI. Con los años fue reconocida como víctima del franquismo y recibió premios por toda su trayectoria. Su vida conecta dos épocas diferentes. Por un lado, la del terror institucionalizado y, de otro, la de la lucha por la dignidad en democracia. Se trata, sin duda, de un puente entre el silencio impuesto y la dignidad recuperada.

No podemos hablar de memoria democrática y de dignidad trans sin mencionar a Mar Cambrollé. Activista histórica andaluza, mujer trans que vivió en primera persona la represión durante los últimos años del franquismo y la Transición, Mar fue detenida y perseguida bajo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Pero lejos de rendirse, convirtió el miedo en lucha. Fue una de las fundadoras del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria y ha dedicado su vida a exigir verdad, justicia y reparación para las personas trans represaliadas. Su activismo ha sido clave para que hoy exista un reconocimiento institucional más claro hacia las víctimas LGTBI de la dictadura. Mar no solo sobrevivió al silencio, lo rompió. Y lo hizo cuando todavía dolía demasiado hacerlo.

Junto a todos estos nombres es imprescindible recordar a Kim Pérez, una de las grandes pioneras del activismo trans en España. Profesora de Filosofía, mujer valiente y lúcida, Kim comenzó su transición en los años noventa cuando todavía el estigma era feroz y la incomprensión social prácticamente absoluta. Fue fundadora de la Asociación de Identidad de Género de Andalucía y se convirtió en una referencia ética e intelectual dentro del movimiento trans. No solo luchó por el reconocimiento legal, también defendió con firmeza la necesidad de un cambio cultural profundo, educativo y social. Kim representó la dignidad serena frente al insulto, la argumentación frente al prejuicio, la pedagogía frente al odio. Su figura demuestra que la memoria democrática no se construye solo con resistencia al pasado, sino también con pensamiento crítico y compromiso constante en el presente. Gracias a mujeres como ella, muchas personas trans pudieron encontrar referentes cuando casi no existían.

Y también es imprescindible nombrar a Manuela Saborido Muñoz, conocida públicamente como Manolita Chen, una de las figuras más valientes y combativas del activismo trans en España. Fue una de las primeras mujeres trans en conseguir la rectificación registral de su nombre y sexo en el DNI en los años ochenta, cuando hacerlo suponía enfrentarse a un sistema todavía profundamente hostil. Su historia es la de alguien que vivió la marginalidad, el rechazo y la exclusión en una España que apenas empezaba a sacudirse el miedo, pero que decidió no quedarse en la supervivencia individual. En 2021 se creó la Fundación Manuela Saborido “Manolita Chen”, destinada a preservar su legado y, sobre todo, a apoyar a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad. Desde esa fundación se han impulsado iniciativas de acogida y colaboración institucional para ofrecer techo, acompañamiento y dignidad a quienes han sufrido expulsión familiar o precariedad extrema. Porque la memoria no es solo recordar lo que pasó, también es garantizar que quienes resistieron no vuelvan a quedarse solas. Y en eso, Manolita convirtió su propia historia en una herramienta de justicia social.

Y si hablamos de abrir camino en democracia, el nombre de Carla Antonelli es imprescindible. Actriz, activista y hoy senadora, Carla fue la primera mujer trans diputada en una asamblea legislativa en España, y con el tiempo ha seguido ampliando ese espacio hasta ocupar un escaño en el Senado. Su trayectoria no se entiende sin décadas de lucha previa, de exposición pública, de debates constantes y de un desgaste personal enorme en un país que durante mucho tiempo cuestionó incluso la legitimidad de su identidad. Fue una de las impulsoras fundamentales de las leyes de identidad de género y ha estado en primera línea defendiendo que los derechos trans no son privilegios ni concesiones, sino derechos humanos básicos. Su presencia en las instituciones no es solo un logro individual, es la materialización de una conquista colectiva. Es la demostración de que aquellas personas que fueron perseguidas por existir ahora participan en la construcción de las leyes que garantizan la libertad de las generaciones futuras. Carla representa el tránsito del miedo al altavoz, del margen al centro, del silencio impuesto a la palabra con voz propia en el corazón mismo del Estado democrático.

Pero, incluso en democracia, la violencia siguió golpeando. El asesinato de Sonia Rescalvo Zafra en 1991 en el parque de la Ciutadella de Barcelona, a manos de un grupo neonazi, fue un acto brutal de esa transfobia que no desapareció con la Constitución. Sonia vivía en la calle y fue atacada por ese odio criminal que le arrebató la vida. Su muerte conmocionó a buena parte de la sociedad y, con el tiempo, recibió su homenaje con una glorieta del parque que lleva su nombre. Es verdad que los homenajes son importantes, pero también tenemos que recordar la fragilidad de las vidas trans, de cómo la exclusión social, la pobreza, la violencia  y el odio se entrelazan.

Todos estos nombres están de sobra documentados. Sus historias han sido recogidas en libros, en medios de comunicación y en reconocimientos institucionales. No son invenciones ni tampoco exageraciones, porque son parte de nuestra historia reciente. Y, sin embargo, durante mucho tiempo no formaron parte del relato central de la memoria histórica y democrática de este país.

En 2022, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se dio un paso significativo al incorporar explícitamente a las personas LGTBI como víctimas de la represión durante la dictadura franquista. Se reconoció de manera clara la persecución por orientación sexual e identidad de género, se abrió la puerta a reparaciones y a un reconocimiento institucional más amplio y se impulsaron actos, exposiciones y jornadas para la recuperación de la memoria trans, como iniciativas universitarias y municipales, que daban luz a todas estas experiencias sacándolas de la oscuridad de un pasado que les fue borrado. Todo eso no es solo positivo, también es necesario y, lo más importante, es justo. ¿Por qué? Porque supone devolver la dignidad a quienes vieron cómo les fue arrancada y pisoteada durante décadas. 

Así que la pregunta más incómoda sigue ahí. ¿Por qué hemos tardado tanto? ¿Por qué durante décadas la memoria de las personas trans no ha sido considerada prioritaria? Parte de la respuesta tiene que ver aún con el estigma. Las personas trans han estado históricamente en los márgenes de la sociedad, asociadas a la prostitución, a la marginalidad y a la noche. Muchas fueron expulsadas de sus familias, del sistema educativo y del mercado laboral. Sin redes de apoyo, sin capital social y sin altavoces. Cuando se empezó a hablar de memoria histórica, quienes tenían más capacidad para organizarse y presionar ocuparon todo el espacio. Y, en ese aspecto, tal vez pueda ser comprensible, porque cuando no se tiene voz o está silenciada, no se tiene posibilidad de alzarla y ocupar el espacio que corresponde por derecho propio. Pero eso en absoluto elimina la deuda que la sociedad tiene con la memoria de las personas trans.

También hay que decir algo muy claro. La memoria no es una competición de víctimas. No se trata de restar importancia a unas para dársela a otras. No, no se trata de eso. Se trata de entender que la represión durante la dictadura franquista fue múltiple, que tuvo muchas caras y que afectó de maneras distintas a diferentes colectivos. Por eso, si queremos una memoria democrática de verdad, tiene que ser necesariamente inclusiva. Tiene que reconocer todas las formas de violencia institucional que se ejercieron. Y la persecución por identidad de género hacia las personas trans fue, sin duda, una de ellas.

Hablar de todo esto en un lenguaje cercano no significa simplificar el dolor. Significa asumir que la historia no es solo cosa de estudios académicos, informes de investigación y archivos bibliográficos. Todo esto nos atraviesa aún y nos marca como sociedad. ¿Por qué? Porque cuando una mujer trans era detenida por la policía por llevar ropa femenina, cuando era sistemáticamente insultada, golpeada o encerrada en una celda por ser considerada peligrosa, el Estado estaba enviando un mensaje muy claro: “no tienes derecho a existir, porque tu existencia es un delito”. Y ese mensaje deja cicatrices muy profundas. No solo en quienes lo sufrieron directamente, sino en las generaciones posteriores que crecieron con ese mismo miedo heredado en un contexto de violencia, odio y discriminación hacia las personas trans que, desgraciadamente, no ha desaparecido. 

Recuperar todas estas historias de las personas trans que sufrieron la persecución y la represión franquista no es un capricho ideológico. Quien diga eso lo único que hace es hablar desde el cinismo más despreciable. Todo esto es un acto de justicia, verdad y reparación. Se trata de decirles a Tania, a Marcela, a Silvia, a La Trini, a Sonia, a Mar, a Carla y a tantas otras que todo su sufrimiento no fue invisible, que su lucha no ha sido en vano y que forman parte de nuestra sociedad. Decir todo esto, reconociendo la historia y a sus protagonistas, es también una forma de proteger el presente. Porque cuando una sociedad olvida a quienes fueron perseguidas por ser diferentes, corre el riesgo de repetir los patrones de la exclusión, de la violencia, del odio y de la discriminación. 

La memoria histórica y democrática nunca pueden ser selectivas. No pueden limitarse a lo que resulta más cómodo o más fácil de integrar y explicar en el relato oficial del Estado. Tiene que ser valiente y atreverse a mirar donde más duele. Durante mucho tiempo mirar hacia las personas trans ha dolido a una sociedad que prefería no cuestionar ciertos prejuicios. Pero hoy tenemos más instrumentos de reconocimiento, más conciencia democrática y más responsabilidad como ciudadanía.

Como sociedad, nos corresponde escuchar, leer esas autobiografías y conocer esos nombres. Tenemos que entender que la libertad que hoy damos por sentada fue conquistada también por las personas trans que se jugaron la vida en manifestaciones cuando todavía podían acabar en comisaría o tener un fin mucho peor. Por eso, nos corresponde exigir que las políticas públicas de memoria incluyan de manera clara y efectiva todas estas historias, que se investiguen en los archivos policiales para que se sepa la verdad, que se lleven a cabo todos los actos de reparación que sean necesarios y que se incorpore toda esta realidad, toda esta verdad histórica, en la educación. Solo así las próximas generaciones podrán ser conscientes de que la lucha por las libertades que ahora disfrutan, y que nunca hay que darla por ganada, también lleva sus nombres. 

La memoria histórica y democrática no son solo temas del pasado. También son el presente y el futuro, porque son la base sobre la que construimos nuestra idea de justicia, de igualdad, de libertad y de dignidad. Y porque una democracia que deja fuera a quienes fueron perseguidas por su identidad está incompleta y, por tanto, no puede denominarse como una verdadera democracia. 

La memoria histórica y la memoria democrática serán trans o no serán verdaderamente ni históricas ni tampoco democráticas. Solo cuando todas las vidas que fueron humilladas, encarceladas y asesinadas por ser quienes eran ocupen el lugar que les corresponde en nuestra historia común, podremos decir, con la frente muy alta, que hemos aprendido de nuestro pasado y que vivimos en una sociedad claramente democrática. 

Necesitamos una sociedad en la que todas las víctimas de la dictadura franquista sean reconocidas, validadas, recordadas y dignificadas. 

Porque ya no hay más excusas para el silencio.

Hoy podemos contar sus historias. 

Ya sabemos sus nombres. 

No pienso callarme

En menos de 8 semanas doce víctimas inocentes han sido cruelmente asesinadas. Hablamos de diez mujeres y dos menores de edad. No son solo cifras ni tampoco estadísticas para un informe de seguimiento o anual. Son vidas arrebatadas, habitaciones vacías y familias destrozadas para siempre. Son madres cuyas hijas e hijos nunca volverán a abrazar. Son niños y niñas que nunca crecerán ni podremos saber jamás lo que habría sido de sus vidas y de su futuro, porque, una vez más, el terrorismo machista y asesino no lo ha permitido. Cada vez que leemos una noticia así, sentimos algo que no se puede maquillar con lenguaje técnico. La palabra es asco. Un profundo asco seguido de una indignación profunda y de una necesidad urgente de actuar. Y, no, como hombre, como abogado, como ciudadano, no quiero seguir mirando hacia otro lado. 

Esto no son “crímenes pasionales”, no son discusiones que se fueron de las manos y no son tragedias inevitables. Lo he dicho antes, esto es terrorismo machista y asesino. Es la expresión más brutal de una cultura que ha enseñado durante siglos que los hombres pueden poseer, controlar y, si no lo consiguen, destruir y asesinar. 

Porque el asesinato no empieza el día que se aprieta el gatillo o se empuña el cuchillo. No, empieza mucho antes. Empieza con el control del móvil, con el aislamiento, con el “si me dejas, te destrozo la vida”. Empieza cuando una mujer empieza a medir sus palabras para no provocar una reacción violenta en su pareja o ex-pareja. Empieza cuando el miedo se instala en su propia casa.

En muchas ocasiones he visto ese miedo en mi despacho y he escuchado relatos por teléfono o leído correos electrónicos que hielan la sangre. Se trata siempre de amenazas constantes, de vigilancia continua, de humillaciones diarias y de chantaje emocional. He visto cómo el maltrato psicológico va erosionando, poco a poco, la identidad de la víctima hasta que duda incluso de su propia percepción.

Y también, como profesional del Derecho, he visto algo que me duele muchísimo: las grietas del sistema. La lentitud, las valoraciones de riesgo que no siempre captan la magnitud real del peligro, las órdenes de protección que llegan tarde y cómo las mujeres sienten que deben demostrar una y otra vez que su vida corre peligro. Por eso, cada vez que conoceos que una mujer ha sido asesinada, una mujer que había denunciado previamente, no podemos asumir que estamos ante un fracaso individual más. No, estamos ante un fracaso colectivo. ¿Por qué? Porque es un fracaso institucional, es un fracaso estructural, es un fracaso social. 

Además, cuando hablamos de los dos menores asesinados este año, el horror se multiplica más. La violencia vicaria es la forma más cruel de terrorismo machista: acabar con la vida de los hijos para destruir a la madre convirtiendo a los menores en instrumentos de castigo. Y eso no es locura momentánea, es cálculo psicópata y deliberado, es voluntad clara de hacer el máximo daño posible.

Así que, no, no podemos suavizarlo con palabras neutras. No se trata de “violencia intrafamiliar” y tampoco hablamos de un “conflicto doméstico”. Se trata de violencia machista que tiene una raíz clara, que tiene un patrón marcado y  que tiene un mensaje implícito: someter a las mujeres a través del miedo.

Como hombre, me niego a refugiarme en el cómodo “yo no soy así”. Claro que no lo soy, pero eso no me exonera de mi parte de responsabilidad. Nos corresponde revisar nuestras actitudes, señalar comportamientos y romper los silencios cómplices. Nos corresponde educar a los niños en una masculinidad que no esté basada en el control, en la violencia, en el uso de la fuerza y en la dominación. Nos corresponde incomodarnos cuando escuchamos una broma que humilla a una mujer o una justificación que minimiza una agresión o un asesinato. Porque ese silencio también sostiene la violencia que acaba con la vida de miles de mujeres al año en todo el mundo. La ONU habla de alrededor de 150 mujeres al día, es decir, 54.750 mujeres al año. Es como, si todos los años, una ciudad como Cuenca, Segovia, Tres Cantos, Utrera, Torrelavega, Linares o Villarreal fuera arrasada. 

Pero, no, nos estamos acostumbrando. Nos limitamos a leer el titular, nos indignamos, compartimos una publicación en redes sociales y, después, seguimos con nuestra vida como si nada. Mientras tanto, hay mujeres que duermen con un ojo abierto, madres que enseñan a sus hijas a enviar su ubicación “por si acaso” y víctimas que dudan si denunciar o no porque temen que el sistema no llegue a tiempo y les cueste la vida o las de sus hijos e hijas. 

Así que, no, no basta con minutos de silencio en plazas y en la puerta de los ayuntamientos. No basta con simples condenas formales repetidas hasta la saciedad cada vez que nos sacude la noticia. Como sociedad tenemos que exigir que la Administración esté a la altura de la gravedad de toda esta barbarie; que se doten de recursos reales a juzgados y fiscalías; que se refuercen las unidades especializadas; que haya una coordinación efectiva y una formación obligatoria en violencia de género y violencia vicaria; y que la protección sea inmediata y eficaz cuando una mujer da el paso valiente de denunciar. Porque cuando el sistema falla, no estamos ante un simple error burocrático, sino ante la pérdida de una vida que podría haberse evitado.

Y, no, esto no va de ideologías, sino de derechos fundamentales. Va de dignidad humana y de que ninguna mujer tenga que elegir entre vivir con miedo o arriesgar su vida por intentar ser libre. Son diez mujeres y dos menores en solo unas semanas. Pero no son números, son asesinatos, son muertes que podrían haberse evitado y ausencias que dolerán para siempre en sus familias.

Hay que decirlo alto y claro. El terrorismo machista asesino no puede seguir formando parte del paisaje de nuestra sociedad. No podemos resignarnos a contar víctimas año tras año como si fuera una macabra estadística inevitable. No podemos permitir que el miedo sea la herencia que dejemos a la próxima generación de jóvenes, sobre todo mujeres, el día de mañana. 

No podemos ser neutrales ante esto, yo no puedo serlo. La neutralidad frente a la barbarie no es más que una repugnante complicidad. Y si algo tengo claro como hombre, como ser humano, como ciudadano y como abogado es que el Derecho debe servir para proteger la vida, no para lamentar su pérdida cuando, una vez más, ya es demasiado tarde.

Tenemos que saber educar, proteger, intervenir, denunciar y acompañar; tenemos que exigir políticas eficaces y valientes y presupuestos reales; y tenemos que romper la cultura que ha permitido que algunos hombres crean que perder el control sobre una mujer justifica destruirla o acabar con su vida. No podemos acostumbrarnos a un solo minuto de silencio más sin acciones reales frente al terrorismo machista asesino que tenemos que erradicar de una vez por todas. 

Una sociedad que no protege a las mujeres víctimas y a sus hijos nunca puede ser una sociedad libre. 

Nadie tiene derecho a decidir quién vive y quién muere. Los celos no son un acto de pasión. 

El amor, cuando es de verdad, no hace daño.

Y nunca mata. 

S.O.S. Bullying: Ayúdame, por favor

(Esto es lo que tienes que hacer, paso a paso, si tu hijo o hija está sufriendo acoso o ciberacoso)

-Breve resumen-

Cuando un niño o una niña empieza a cambiar, deja de querer ir al colegio, tiene dolores de barriga constantes, llora sin saber explicar muy bien por qué o se encierra en su habitación con el móvil en la mano y miedo en los ojos, algo no va bien. Y cuando sospechas que puede haber acoso escolar, no estás exagerando. Lo que estás haciendo en detectar una señal. El bullying no es “cosa de críos”, no es una broma pesada ni algo que se arregle solo. Es una forma de violencia. Y ante la violencia, hay que actuar siempre. 

Lo primero que tienes que hacer es comunicarlo formalmente al centro educativo. Sí, has leído bien, debes hacerlo formalmente. Hablar con el tutor está bien, pedir una reunión también, pero no te quedes solo en la conversación de pasillo. Presenta un escrito firmado solicitando expresamente que se active el protocolo de acoso escolar. Entrégalo en el colegio y quédate con una copia sellada. Ese sello es tu prueba de que el centro ha sido informado. En el escrito explica lo que está pasando con fechas aproximadas, qué ha contado tu hijo o hija, si hay nombres y si hay testigos. No hace falta que lo tengas todo demostrado. Los protocolos se activan ante la sospecha, no solo cuando la situación de acoso está ya todo probado.

Después, reúne todo lo que puedas. No, guardar pruebas no es exagerar, lo que estás haciendo es proteger. Capturas de pantalla de mensajes, insultos por redes sociales, audios, fotos, correos electrónicos, partes médicos si los hay, informes psicológicos si la situación ha afectado a su salud emocional. Incluso puedes llevar un pequeño diario donde anotes cada episodio: qué pasó, cuándo, cómo reaccionó tu hijo o hija. Todo eso suma a la hora de probar lo que está sucediendo, muy especialmente en casos de ciberacoso, donde muchas veces el daño ocurre fuera del horario escolar pero tiene consecuencias dentro del aula. Y ahí, aunque suceda fuera del centro, también se puede actuar. 

Una vez que el colegio está notificado, tiene la obligación de tomar medidas inmediatas para proteger a la víctima. No pueden esperar a “investigar tranquilamente” mientras tu hijo o hija sigue bajo exposición a la violencia. Pueden vigilar más los recreos, separar a los implicados en clase, cambiar a los agresores de grupo si es necesario (sí, a los agresores, no a la víctima) y activar al equipo de orientación. Lo importante es que la seguridad física y emocional esté garantizada plenamente desde el minuto uno. Ningún menor debería sentir miedo en el lugar donde pasa tantas horas al día.

Luego viene la investigación. El centro debe entrevistar a la víctima, a los presuntos agresores y a posibles testigos. Debe recoger la información, analizarla y elaborar un informe formal. No basta con decir “ya hemos hablado con ellos”. Tiene que haber un acta, unas conclusiones y unas medidas. Y las familias deben ser plenamente informadas de todo y en todo momento. Si se confirma el acoso, tienen que aplicarse medidas disciplinarias y, además, un seguimiento para evitar que todo vuelva a empezar unas semanas después.

Ahora bien, ¿qué pasa si el centro no actúa o lo minimiza? Porque, sí, eso ocurre. En ese caso, tienes que insistir por escrito. Presenta una reclamación formal a la dirección pidiendo respuesta concreta. Si aun así no se activa el protocolo o la actuación es claramente insuficiente, puedes acudir directamente a la Inspección Educativa o a la Consejería de Educación de tu comunidad autónoma. Tienen la obligación de supervisar que el centro cumpla la normativa. Y si estamos ante agresiones graves, amenazas, lesiones o un acoso continuado que puede ser delito, puedes denunciar directamente ante la Fiscalía de Menores o en comisaría. La vía escolar y la penal son independientes, no tienes que esperar la una a la otra. 

Ten en cuenta esto, no vas a vivir esta situación en soledad. Existen entidades como la Fundación Internacional de Derechos Humanos, la Agrupación de Psicólogos y Profesionales para la Acción y la Asociación Visibles Jaén LGTBIQ+. Yo pertenezco a ellas y estamos siempre dispuestos a orientar a cualquier familia que lo necesite en la defensa de la infancia frente a toda forma de maltrato y el acoso. Y, no, pedir ayuda externa no es un fracaso, es buscar apoyo cuando más lo necesitas.

Y hay algo más que quiero que tengas muy claro. No necesitas demostrar el acoso para pedir que se active el protocolo. Basta con la sospecha razonable. La prioridad es proteger a tu hija o a tu hijo. Esperar a tener pruebas irrefutables mientras el daño continúa no es recomendable. Es más, puede ser peligroso y se pierde un tiempo precioso. 

Si tu hijo o hija te dice que lo está pasando mal en el colegio, créelo. Si ves algunas señales, actúa. No temas parecer insistente y no te dejes llevar por el “seguro que no es para tanto”. Para quien lo sufre, siempre es para tanto. El bullying no solo deja moretones, deja heridas invisibles que duran años que son las que más duelen. 

Tu papel como madre y como padre es acompañar, escuchar, sostener y exigir responsabilidad a quienes tienen la obligación de proteger tu hija y a tu hijo. El colegio tiene la obligación de proteger. Y tú tienes el derecho y el deber de reclamar esa protección. Ningún niño ni ninguna niña debería aprender que pedir ayuda no sirve para nada.

Recuerda siempre esto: cuando un menor se atreve a contar, tal vez después de mucho tiempo, que está sufriendo, no está buscando hacer drama de nada.

Lo que está haciendo es buscar refugio. 

No le falles.

Si me necesitas, escríbeme.