Como abogado comprometido con la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, hay pocas cosas más peligrosas para una democracia que convertir la mentira en una herramienta política. Y pocas leyes en España han sido objeto de una campaña de desinformación tan intensa como la conocida popularmente como «Ley Trans».
Desde que comenzó su tramitación, las redes sociales, determinados medios de comunicación y algunos representantes políticos han difundido una enorme cantidad de bulos que, repetidos una y otra vez, han acabado instalándose en la conversación pública como si fueran hechos demostrados. Pero no lo son.
Una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Y cuando hablamos de derechos humanos, las consecuencias de esa desinformación son especialmente graves, porque detrás de cada bulo hay personas de carne y hueso que terminan pagando el precio del odio, del miedo y del rechazo social.
Ya es hora de desmontar algunos de los grandes mitos que rodean a esta ley. ¿Por qué? Porque, aunque en democracia se puede cuestionar una ley, lo que nunca puede cuestionarse en la dignidad humana inviolable e inherente de las personas trans, porque eso sí que es verdaderamente inadmisible y toda democracia que se precie como tal.
Uno de los bulos más repetidos afirma que cualquier persona puede cambiar de sexo en el Registro Civil de un día para otro, simplemente porque se levanta una mañana y así lo decide. NO ES CIERTO. La ley establece un procedimiento administrativo regulado, con garantías y plazos concretos. Existe una comparecencia inicial y una segunda ratificación transcurrido un plazo legal. No se trata de un trámite instantáneo ni improvisado, sino de un procedimiento perfectamente definido.
Otro de los mensajes que más se ha difundido asegura que los menores pueden cambiar de sexo sin ningún tipo de control o sin intervención de sus familias. TAMPOCO ES VERDAD. La ley distingue claramente entre diferentes franjas de edad. Los menores de mayor edad tienen unos requisitos distintos de los menores de menos edad y, en determinados supuestos, puede ser necesaria la intervención judicial. Presentar la norma como si un niño pudiera acudir solo al Registro Civil para cambiar de sexo es sencillamente FALSO.
También se ha repetido hasta la saciedad que la ley elimina el sexo biológico. ESTA AFIRMACIÓN CARECE DE CUALQUIER FUNDAMENTO JURÍDICO O CIENTÍFICO. La biología sigue existiendo exactamente igual que antes. Los cromosomas no desaparecen por la aprobación de una ley. La medicina continúa utilizando criterios biológicos cuando resulta necesario para diagnosticar o tratar enfermedades. Lo único que regula la norma es el reconocimiento jurídico de la identidad de género de determinadas personas. Confundir ambos conceptos solo busca generar miedo.
Otro de los grandes bulos sostiene que cualquier hombre puede declararse mujer para entrar en cárceles femeninas, competir en deportes femeninos o acceder a espacios reservados para mujeres. ESTO TAMBIÉN ES FALSO. La realidad es mucho más compleja. Cada uno de esos ámbitos cuenta con normativa específica. Las instituciones penitenciarias aplican protocolos de seguridad individualizados. Las federaciones deportivas establecen sus propios criterios de participación. Y los espacios protegidos mantienen sus mecanismos de control cuando resulta necesario. La ley trans no convierte automáticamente cualquier situación en un derecho absoluto.
También se escucha con frecuencia que esta norma permite cometer fraude para obtener ventajas legales. MENTIRA. El ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos para perseguir el fraude de ley, independientemente de la materia de que se trate. Igual que existen personas que intentan defraudar en cuestiones fiscales, laborales o administrativas, también podría intentarse en otros ámbitos. Pero la posibilidad abstracta de un fraude nunca ha sido motivo suficiente para negar derechos al conjunto de una población.
Un ejemplo especialmente llamativo de esta forma de construir el debate lo acaba de protagonizar recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando afirmó que la falta de efectivos forestales y de bomberos en la ciudad era consecuencia de la “infame Ley Trans”. Sus declaraciones hacían referencia al caso de un aspirante que trató de acogerse fraudulentamente a la normativa durante un proceso selectivo. Sin embargo, ese intento no prosperó y la paralización del procedimiento obedecía también a otros recursos y trámites administrativos propios de cualquier oposición. Reducir un problema complejo de gestión de personal a la existencia de la ley trans supone ofrecer una explicación simplista que no se corresponde con el conjunto de los hechos. Si, además, se sacan del contexto en que el se dan, solo sirve para profundizar aún más en la desinformación.
Uno de los argumentos más utilizados consiste en afirmar que la ley pone en peligro a las mujeres. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia de que la aprobación de esta norma haya provocado un incremento de delitos contra mujeres. La violencia machista sigue siendo un problema gravísimo que requiere todos los esfuerzos posibles para combatirla, PERO ATRIBUIRLA A LAS PERSONAS TRANS CARECE DE RESPALDO EN LOS DATOS. De hecho, las propias personas trans se encuentran entre los colectivos que más sufren discriminación, agresiones y delitos de odio. Yo personalmente, he atendido a mujeres transgénero víctimas de la violencia de género y he tenido que ver cómo en sede judicial se cuestionaba su testimonio por su identidad de género. Afortunadamente, la última vez que sucedió, Su Señoría puso en su sitio a la letrada de la otra parte. Casi aplaudo allí mismo. Lo triste es que era una letrada muy joven y, al menos eso se supone, se supone que con una mentalidad más próxima a la realidad social. No fue así, cuestionó a la víctima por su identidad y fue duramente recriminada.
Otro bulo muy extendido afirma que ahora cualquiera puede cambiar constantemente de sexo según le convenga. ES LA MISMA MENTIRA REPETIDA UNA Y OTRA VEZ. La rectificación registral no está diseñada para convertirse en un procedimiento arbitrario o caprichoso. La modificación tiene importantes consecuencias jurídicas y la propia legislación contempla mecanismos para evitar un uso fraudulento del sistema.
Quizá uno de los aspectos más preocupantes de toda esta campaña de desinformación sea que ha conseguido desplazar el verdadero debate. EN LUGAR DE HABLAR DE CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS TRANS, REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR, COMBATIR EL ACOSO O FACILITAR SU ACCESO AL EMPLEO, GRAN PARTE DE LA CONVERSACIÓN PÚBLICA GIRA ALREDEDOR DE ESCENARIOS IMAGINARIOS QUE APENAS TIENEN RELACIÓN CON LA REALIDAD. Mientras tanto, miles de personas trans siguen enfrentándose diariamente a insultos, discriminación laboral, rechazo familiar, dificultades para acceder a una vivienda o graves problemas de salud mental derivados precisamente del clima constante de hostilidad que alimentan estos discursos.
No significa esto que la ley sea perfecta. Ninguna norma lo es. Como cualquier otra legislación, puede ser criticada, modificada o mejorada. En una democracia madura resulta perfectamente legítimo debatir sobre el contenido de cualquier ley. Lo que no debería ser aceptable es construir ese debate sobre falsedades.
Lo preocupante no es únicamente que se lancen afirmaciones difíciles de sostener con los hechos, sino el efecto que producen. Cuando un responsable público llega a sugerir que una ley destinada a proteger los derechos de una minoría es la responsable incluso de la falta de efectivos para prevenir o combatir incendios, se transmite a la ciudadanía la idea de que las personas trans son culpables de problemas que nada tienen que ver con ellas. Se construye un chivo expiatorio perfecto: un colectivo pequeño, históricamente discriminado y con escasa capacidad para defenderse del enorme altavoz mediático de quienes ocupan posiciones de poder. Ese tipo de discursos no resuelve ninguno de los problemas reales de la gestión pública; únicamente alimenta el prejuicio y desvía la atención de las verdaderas responsabilidades. Esto es algo que ya hizo el responsable directo de la muerte millones de personas durante los años de Segunda Guerra Mundial.
Evidentemente, la crítica exige rigor; exige conocer el contenido de la ley antes de opinar sobre ella; exige distinguir entre hechos y opiniones; y exige contrastar la información antes de compartirla. Porque una democracia no puede sostenerse sobre cadenas de WhatsApp, vídeos manipulados o titulares diseñados únicamente para provocar indignación.
La libertad de expresión protege el derecho a expresar opiniones, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo. Pero no convierte automáticamente cualquier afirmación en cierta. Y cuando una mentira alimenta el rechazo hacia un colectivo históricamente vulnerable, deja de ser una simple opinión para convertirse en un problema social de primer orden.
Las personas trans no piden privilegios. No pretenden situarse por encima de nadie. Lo que reclaman es algo mucho más sencillo, solo quieren vivir con dignidad, ser tratadas con respeto y disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona.
A lo largo de la historia prácticamente todos los avances en derechos humanos han ido acompañados de campañas de miedo. Ocurrió con el derecho al voto de las mujeres, con la abolición de la esclavitud, con el divorcio, con el matrimonio igualitario y con tantas otras conquistas sociales. Siempre hubo quienes anunciaban el fin de la sociedad. Siempre hubo quienes utilizaron el miedo como herramienta política. Y siempre, con el paso del tiempo, aquellos augurios terminaron revelándose falsos.
Hoy vuelve a suceder exactamente lo mismo; frente al ruido hacen falta datos; frente a los prejuicios, información; frente al odio, empatía. Y frente a los bulos, una ciudadanía capaz de pensar críticamente y de exigir responsabilidades a quienes difunden afirmaciones falsas. Deliberadamente falsas.
Los derechos humanos nunca deberían decidirse a golpe de mentira. Los bulos pueden ganar titulares, pero la verdad, aunque tarde más en abrirse camino, siempre acaba siendo el mejor antídoto contra el odio.
Una democracia solo puede avanzar cuando el debate se construye sobre hechos y no sobre bulos.
Porque la desinformación divide.
Pero la verdad protege.
LA ERA DE LOS DERECHOS HUMANOS 